fbpx Massot, de La Nueva Provincia: indagatoria y prohibición de salida del país
DDHH //// 04.04.2014
Massot, de La Nueva Provincia: indagatoria y prohibición de salida del país

Así lo resolvió el juez interviniente, Álvaro Coleffi, a pedido de los fiscales que acusan al director y dueño de La Nueva Provincia de participar en el homicidio de dos obreros gráficos en 1976.


Por Diego Kenis
El juez Álvaro Coleffi resolvió finalmente citar a prestar declaración indagatoria, el próximo jueves 24 de abril a las 8, 15 de la mañana, y prohibir la salida del país a Vicente Massot, dueño y director del diario La Nueva Provincia (desde este año “La Nueva.”) de Bahía Blanca.
De este modo, Coleffi hizo lugar a dos de los tres pedidos de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que además habían solicitado la detención del empresario y “periodista”, algo que “por ahora” el magistrado no ordenó. Las solicitudes de los fiscales para indagar y detener a Massot datan de hace un año, y fueron reiteradas al cabo de la audiencia en que el 18 de marzo último Massot expuso un monólogo de dos horas para defenderse de las acusaciones que pesan en su contra, bajo la figura procesal de “declaración espontánea” que el Código Procesal Penal prevé en su artículo 279 para los imputados sobre los que se hubiera iniciado o estuviera por iniciarse un proceso penal.
Aunque el mismo artículo señala que el juez puede convertir en el acto la declaración en indagatoria e incluso ordenar la detención del acusado, Coleffi prefirió tomarse una quincena para decidir. Lo oído no debe haberlo dejado conforme, puesto que accedió a que los fiscales y él mismo pudieran formular preguntas al imputado. Fuentes judiciales indicaron que la prueba reunida por los representantes del Ministerio Público a lo largo de la investigación es abrumadora y que las explicaciones que el 18 de marzo intentó dar para exculparse no lo ayudaron a rebatirlas.
Con la decisión de Coleffi se producirá un segundo hecho histórico en la ciudad de Bahía Blanca, que conoce un siglo de poder hegemónico mediático por parte de La Nueva Provincia y más de medio de apoyo irrestricto del diario a cada dictadura cívico militar. A lo ocurrido el 18 de marzo, cuando el heredero del clan Massot Julio se sentó por primera vez ante dos fiscales y un juez y debió enfrentar en persona el repudio de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas que aguardaban fuera, se sumará ahora la posibilidad de que los funcionarios le formulen preguntas sobre su participación en los hechos investigados.
¿Algún lugar encontraré?
La prohibición de salida del país, por su parte, reafirma el carácter de imputado por delitos de lesa humanidad del empresario que elige llamarse periodista. Aunque tampoco tendría muchos lugares adonde ir, al menos si pretendiera pasar desapercibido, ya que su caso cobró relevancia internacional en las últimas semanas.
El diario El País de España, por ejemplo, retrató su perfil el 19 de marzo y reseñó las acusaciones que pesan en su contra. Un rápido repaso por los artículos que sobre la Argentina publica el medio madrileño deja sin efecto la interpretación inicial de Massot, que un año atrás adjudicó las imputaciones a una campaña en su contra por parte del gobierno nacional y llamó “comisarios políticos del kirchnerismo” a los fiscales que lo acusaban y a los periodistas de los dos medios que difundieron el original pedido de detención, la AGENCIA PACO URONDO y el diario Página/12.
Las acusaciones
Vicente Massot es, de momento, el único superviviente del grupo directivo que tenía el diario al momento de prestar colaboración a la última dictadura argentina, que defiende hasta nuestros días. Los otros están fallecidos: su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos socios suyos ya en el periodo en cuestión, y el Jefe de Redacción Mario Gabrielli, quien murió en julio pasado.
A los dos primeros responsabilizó el imputado respecto de las acusaciones que pesan en su contra y que pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado, el secuestro y homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y, por otro, los aportes del matutino al genocidio llevado a cabo por la dictadura a través de operaciones psicológicas, desinformación y propaganda negra, que el Tribunal Oral Federal que dictó sentencia en 2012 en la denominada “Causa Bayón” había considerado ya por entonces “comprobada” y orquestada con el objetivo de “imponer la versión de los victimarios” y crear “un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado terrorista. Antecedentes existen: dos tribunales internacionales condenaron a los dueños del diario Der Sturmer y de la revista Kangura por su participación, desde la prensa, en operaciones necesarias para la concreción de los genocidios en la Alemania nazi y Ruanda.
De ese fallo del TOF bahiense de 2012 se derivó la orden judicial de investigar la relación de la cúpula directiva de La Nueva Provincia con el plan criminal, tarea a que se abocaron los fiscales Palazzani y Nebbia. Decenas de artículos, anuncios y editoriales dan cuenta de que el diario no sólo fue la usina ideológica del golpe del 24 de marzo, sino que además obstruyó el derecho de la población a informarse, omitiendo datos verdaderos y publicando otros falsos, como –sólo por ejemplo- los enfrentamientos fraguados. Coberturas especiales, datos precisos, fotografías y croquis que no se emitían en comunicados oficiales y sólo podían tener como fuente a los organismos de inteligencia de la represión eran parte del desarrollo de notas donde desde los titulares se estigmatizaba al grupo social que sería víctima del genocidio, en ediciones que con recuadros especiales instaban a los vecinos a la delación entre sí. No por no reunir ningún mérito el represor Adel Vilas, que había reconocido las prácticas de operaciones psicológicas ya en 1987, calificó al medio de prensa como “un valioso auxiliar de la conducción”.
El caso de los obreros gráficos
Si el segundo comandante del V Cuerpo de Ejército calificó de esa manera a La Nueva Provincia, la Prefectura Naval lo hizo de un modo parecido: “un medio de difusión fundamental”. Así lo escribió en el borrador de inteligencia que en 1975 había estudiado a los miembros de la “guerrilla sindical”, como preferían llamar a los delegados y militantes gremiales que el diario calificaba “soviets infiltrados”.
Ese documento enumeraba los nombres del “personal a ser raleado”. A la cabeza de la lista figuraban los nombres de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Ambos trabajaban en los talleres del diario y para 1975 eran Secretario General y Tesorero del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, respectivamente. A mediados de ese año, en reclamo de la efectiva aplicación de un Convenio Colectivo ya firmado por las partes, encabezaron una huelga contra la patronal que impidió la edición de La Nueva Provincia durante varias semanas seguidas y muchos días discontinuos.
El 24 de marzo, momentos después de confirmarse el golpe, Massot y su madre Diana Julio bajaron a los talleres y desafiaron a los trabajadores a “hacernos una huelga ahora”. Antes, desde uno de sus editoriales, les habían advertido acerca de los peligros de considerarse miembros de “una nueva raza invulnerable de por vida”.
Heinrich y Loyola fueron secuestrados el 30 de julio de 1976 y permanecieron desaparecidos hasta que sus cuerpos fueron hallados el 4 de agosto siguiente, a la vera de una ruta cercana y perforados por más de cincuenta balazos. En una entrevista con la historiadora Belén Zapata, Massot se desligó de toda relación con los trabajadores en conflicto con la patronal, pese a que su madre y socia le había delegado “todo trato” con el personal en huelga. Durante su declaración del 18 de marzo, deslizó que ambos asesinatos podrían haber sido responsabilidad de la organización Montoneros. Sin embargo, pese a definirse como “periodista”, ser dueño de un diario y considerar a los Montoneros como enemigos a erradicar, Massot jamás propició ni desarrolló investigaciones periodísticas para confirmar sus hipótesis sobre las muertes de dos asalariados suyos, cuyos crímenes le causaron “estupor”. No lo hizo ni durante la dictadura ni una vez recuperada la democracia, de uno de cuyos gobiernos (el de Carlos Menem) llegó a ser funcionario. El 5 de agosto de 1976 el diario publicó que los homicidios de Heinrich y Loyola, “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” según la Prefectura, estaban siendo “investigados”. Por espacio de treinta y seis años no volvió a ofrecer a sus lectores información sobre las investigaciones que había anticipado. Hasta que el año pasado debió volver a mencionar sus nombres, porque las investigaciones por fin habían comenzado a caminar. Apuntando a él como instigador y llevadas adelante y difundidas por fiscales y periodistas que formaban parte de un comisariado político kirchnerista al que ahora se han sumado medios internacionales y un juez federal que lo cita a indagatoria y le prohíbe la salida del país.