Se cumplieron ocho meses del asesinato del joven Ariel Villa en el Bajo Flores

Por Santiago Asorey

La complicidad de las fuerzas de seguridad en las muertes en el Bajo Flores, la cobertura mediática estigmatizante de los asesinatos del Sur de la Ciudad  y  el  rol negativo de la denuncia de Gustavo Vera en la discusión sobre la violencia. La asignatura pendiente de la violencia institucional.

Hace unos días se cumplieron ocho meses de la muerte de Ariel Villa, ex alumno de la Escuela “3” del Bajo Flores.  Ariel o “Yiyo”, como le decían sus familiares y amigos, había hecho la primaria en la Escuela 4 del Barrio Illia y era un pibe lleno de vida y alegría. Tenía 19 años cuando fue asesinado de 22 balazos en el Bajo Flores el 2 de Septiembre del 2014. Su asesinato ocurrió bajo la ceguera de la Gendarmería y la complicidad del Estado porteño que desfinancia y vacía sistemáticamente, hace casi una década, los programas de inclusión social y escolar. El 16 de Agosto de ese mismo año, tiempo antes de su asesinato, Ariel había cumplido años. Su muerte no tuvo la cobertura mediática y no fue parte de la "agenda" como lo han sido otras muertes de jóvenes en el norte de la ciudad, como el caso de Ángeles Rawson.  El racismo de los grandes medios lo quiso condenar al silencio.  

La historia de Ariel, de hecho, tardó casi siete meses en ser contada por un medio de comunicación popular a través de un comunicado de organizaciones sociales del sur de la ciudad.  Pero en todo ese tiempo su familia, docentes y amigos pedimos justicia y castigo para los culpables.  La causa esta en curso de investigación en la fiscalia de Pompeya, a cargo del fiscal Adrián Gimenez.  El caso de Ariel es uno, en una larga lista de jóvenes fusilados en el barrio en los últimos nueve meses. Entre ellos se encuentra el joven futbolista del club Sacachispas, Maxi Milessi, también Juan Pablo Molina, Delia Herrera y la lista sigue. La gran mayoría de los casos no transcendieron.  El 20 de Febrero de este año, los familiares de Maxi Milessi convocaron a una marcha hacia la fiscalía de Pompeya reclamando por justicia, apoyada por amigos, vecinos, organizaciones sociales y docentes. 

Durante la muerte de muchos de estos jóvenes los grandes medios de comunicación en una tarea vergonzosa y estigmatizante cargaron sus tintas contra el barrio. Haciendo referencia siempre a sus habitantes como “criminales”, sin dar cuenta efectivamente de las condiciones reales y la complicidad de las fuerzas de seguridad con los mercados criminales y  con la liberación de las zonas.

La misma denuncia de Gustavo Vera, levantada por el diario La Nación el 19 de Marzo volvió a fortalecer el etiquetamiento construido sobre el Bajo Flores.  El conservador diario de derecha tomó la denuncia de Vera para fortalecer la desigualdad poniendo la carga criminal en los barrios y no en las condiciones paupérrimas del Estado porteño que generan condiciones para que los mercados criminales se instalen en el barrio. Vera fue cómplice de esta operación. Nadie puede dudar del valor que tuvo la Alameda en la visibilización de los talleres clandestinos y en la vulneración de derechos de los trabajadores de la industria textil.  Pero el rol que cumplieron sus denuncias sobre el Bajo Flores fueron profundamente nocivas en lo que, finalmente, no fue otra cosa que estigmatizar la pobreza.

 Los mercados criminales no se instalan en los barrios por que sí. Son las condiciones de desigualdad y de violencia social las que permiten que esto suceda. El abandono del Estado porteño a los vecinos del sur de la ciudad y el fracaso rotundo del Ministerio de Seguridad en el operativo Cordón Sur, motivó que docentes, trabajadores y vecinos expresaran en un comunicado reciente una fuerte crítica a la gestión porteña y la gestión del Ministerio de Seguridad en el Operativo Cinturón Sur:   “La emergencia habitacional que concluye en incendios en conventillos, tomas y desalojos. La precarización y el vaciamiento en dispositivos de atención a la infancia y la adolescencia. La inacción del Estado ante el trabajo reglado sólo por la voracidad; denunciamos y repudiamos: Las zonas liberadas por las fuerzas de seguridad que terminan en el fusilamiento de los pibes, el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad y su complicidad con los mercados criminales".

El Gobierno Nacional ha impulsado un avance grande en materias de derechos humanos con una batería de derechos destinados a la juventud que representan un nuevo paradigma. A pesar de esto, la violencia institucional todavía “es una de las asignaturas pendientes de la democracia”, como se reconoce en el portal del Ministerio de Educación.  La lucha por la justicia sostenida por la familia de Ezequiel Demonty, el joven asesinado por la Policía Federal en el ex Puente Uriburu en Septiembre del 2002, hoy llamado Puente Ezequiel Demonty, fue fortalecida por el ex Director de la EMEM 3, Eugenio Perrone, el Diputado Nacional Leonardo Grosso y por otros compañeros que lograron con su lucha y persistencia llevar el nombre de Ezequiel finalmente al Congreso de la Nación. Ariel Villa pertenecía al mismo barrio al que pertenecía Ezequiel, los dos tenían 19 años cuando fueron asesinados. 

A Ariel no lo mató directamente la policía, ni la Gendarmería, pero su muerte es también una muerte indirecta de la violencia institucional. Su lucha y la de su familia también necesitan el acompañamiento que en su momento tuvo la causa de Ezequiel. Para que no haya nunca más un pibe asesinado como resultado de la violencia social.

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