El gobierno de Javier Milei y el costo millonario de reprimir jubilados durante 2025

El Gobierno de Javier Milei destinó más de 2.000 millones de pesos a los operativos de seguridad desplegados durante las movilizaciones de jubilados que, cada miércoles, se concentran frente al Congreso de la Nación durante 2025 para reclamar una mejora en sus ingresos. El dato surge de un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de información oficial proporcionada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva. En paralelo, el Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre jubilaciones, salarios, educación y salud pública.

El relevamiento indicó que las fuerzas federales participaron de 43 operativos entre enero y diciembre, con un promedio de 915 efectivos por jornada. En esas intervenciones actuaron integrantes de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval. De acuerdo con la información oficial, cada operativo demandó un gasto promedio de $48.535.094, cifra que contempló combustible y equipamiento. Sin embargo, el CELS sostiene que el monto informado no refleja el costo total de los despliegues.

Además, el CELS explicó que “el calculó queda muy por debajo del costo real si se agregan, entre otros gastos, las horas de servicio obligatorio y los adicionales de los cerca de 40 mil efectivos desplegados”, que el Ministerio no informó. Consultados por AGENCIA PACO URONDO sobre este punto, desde el organismo expresaron que, ante los dos pedidos de acceso a la información pública que llevaron a cabo, sólo respondió sobre la cantidad de efectivos y costos de cada operativo, excluyendo la discriminación de costos de personal, vehículos, equipos, logística y otros gastos asociados -como combustible- y por fuerza, ya sea uniformados, carros hidrantes, motos y móviles desplegados.

El relevamiento identificó al 12 de marzo de 2025 como la jornada con mayor despliegue de recursos, es decir, el más costoso. Ese día participaron 1.266 efectivos. Durante la represión resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno. La causa judicial por el hecho mantiene procesado al gendarme Héctor Guerrero, acusado de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” y “abuso de armas agravado”, y también busca determinar las responsabilidades dentro de la cadena de mando.

Según plantea el organismo, 28 de las 43 manifestaciones terminaron con represión. Las organizaciones que monitorearon las protestas registraron 149 detenciones consideradas arbitrarias y, al menos, 501 personas heridas, con lesiones provocadas por balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Como contraparte, apenas cuatro son los efectivos de fuerzas de seguridad procesados por su accionar: el mencionado Guerrero; el prefecto Sebastián Martínez, como autor del disparo que le provocó a Jonathan Navarro la pérdida de la visión de su ojo izquierdo; el inspector de la Policía Federal, Nicolás Céspedez, por las lesiones a Beatriz Blanco, jubilada a quien empujó frente al Congreso -los tres hechos durante el 12 de marzo de 2015-; y el policía de la Federal Cristian Rivaldi, quien le arrojó gas pimienta a una nena de 10 años el 11 de septiembre de 2024.

En sus conclusiones, el CELS cuestionó la política oficial frente a las manifestaciones. “El gobierno no garantiza el derecho a la protesta social. Aborda el conflicto, no como algo propio de las democracias, sino como un problema de seguridad, al que responde con un despliegue descomunal de recursos. Cada miércoles destina cientos de efectivos para reprimir a jubiladas, jubilados y quienes los apoyan”.