A doce años de la Masacre de Magdalena

Por el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica)*

El 15 de octubre de 2005 se produjo una pelea entre reclusos en el pabellón 16 de la Unidad 28 penal de Magdalena. Personal penitenciario ingresó con pery disparando munición antitumulto. Algunos internos iniciaron un foco de incendio para que cesaran los disparos y los golpes. El humo se propagó rápidamente. Los penitenciarios se replegaron y cerraron las puertas. A pesar del fuego y de la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar la integridad física de los reclusos, los penitenciarios no abrieron las puertas, privándolos del auxilio necesario para sobrevivir. 33 personas murieron. El juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N 5 de La Plata, integrado por los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena, debatirá la suerte de 15 agentes del SPB que ese día prestaban servicios de seguridad en el Penal, acusados de no haber cumplido con su obligación de auxiliar a los detenidos. También son juzgados el entonces jefe de la Unidad Penal 28, Daniel Oscar Tejeda y Cristian Alberto Núñez, el Jefe de la guardia de Seguridad Exterior. Ambos son acusados de haber actuado con negligencia y haber avalado las condiciones de detención que posibilitaron las muertes.

La impunidad se hace también con olvido. Los doce largos años transcurridos desde la Masacre de Magdalena hasta la actualidad han sido una constante lucha en su contra. La estrategia de dilación judicial pretendió extinguir los hechos como el fuego extinguió las 33 vidas. Once testigos por entonces privados de la libertad no pudieron ganarle al tiempo y murieron luego del incendio. Muchos ya no quieren recordar tanto dolor. Otros, sin embargo, han enfrentado al tiempo y a sus carceleros: se sabe, en las instituciones represivas reina el espíritu de cuerpo y la mutua protección. Los relatos de víctimas y testigos que sobrevivieron y que aún siguen detenidos enfrentaron además la coacción, la intimidación y las amenazas. A pesar del amedrentamiento, los relatos de los detenidos han aportado mucha claridad a esa noche oscura.

– Voy a hablar porque los pibes eran presos como nosotros –contó un testigo.
–Fijate lo que vas a hablar– le dijeron agentes del servicio penitenciario. El aislamiento prolongado, la pérdida de derechos eran los castigos mínimos que podía sufrir. 
–Lo que les pasó a ellos me puede pasar a mí– sostuvo en su declaración a pesar de las amenazas.
La última frase condensa la verdadera problemática que esconde este juicio. Lo que les pasó a ellos les pasó a otros y espera oculto en las mismas condiciones estructurales que aún tienen los lugares de detención carcelaria: hacinamiento, violencia sistemática, ausencia de medidas mínimas de seguridad, políticas criminales equivocadas y una justicia y vecinocracia clasistas.

La Masacre de Magdalena es un eslabón más en una sucesión de acontecimientos en los que la vida de las personas privadas de su libertad nada valen y que parecen confirmar ciertos discursos sociales sobre los que se apoyan y alimentan las políticas de seguridad de mayor punitivismo y mano dura. Expresiones muy habituales y socialmente compartidas con virulencia tales como “que se pudran en la cárcel”, “uno menos”, o “hay que matarlos a todos” parecen protocolizar una respuesta estatal y sistemática de violencia y muerte en las cárceles. En este sentido, los reiterados hechos con las mismas características nos hablan sino de un plan sistemático, al menos de una autocomplacencia en el dolo hecha de prácticas y rutinas institucionales. Un año antes de la Masacre de Magdalena ocurrió la muerte de cuatro adolescentes que se encontraban alojados en calabozos y celdas de la Comisaría 1ª de Quilmes. Las víctimas murieron por intoxicación y por quemaduras generadas por un incendio que comenzó por los colchones. Como en muchos casos, los adolescentes allí detenidos sufrían las torturas y flagelos que les propinaban los oficiales que los custodiaban y que según el fallo que los condenó nada hicieron por detener el avance del fuego. Seis meses antes (3/5/2005) el fallo Verbitsky ponía de relieve la grave situación de hacinamiento carcelario: “…si el estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aun las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa” sostuvo el fallo por hábeas corpus de la Corte Suprema. 

Como constatación de una regla que opera sobre prácticas y rutinas completamente institucionalizadas, dos años después de la Masacre de Magdalena, 35 personas perdieron la vida en el incendio del Penal de Varones de Santiago del Estero luego de que los efectivos del Servicio Penitenciario provincial cerraran con candado las puertas de los pabellones que comenzaron a arder tras las protestas de reclusos. El fallo determinó que hubo responsabilidades y tres agentes penitenciarios fueron condenados por homicidio culposo. Los políticos cambian pero las instituciones sobreviven, las prácticas son las mismas: el 2 de marzo de este año, siete jóvenes detenidos en la Comisaría 1era de Pergamino -aquella que operó en el marco del plan sistemático de tortura y exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar- fueron abandonados a su muerte, encerrados en una celda de 2m x 2m durante un incendio en los calabozos. 
En el comunicado de organismos de derechos humanos que intervenimos en el juicio por la Masacre de Magdalena (CIAJ-CELS-CPM) sostuvimos: “En 2005 había 26.421 personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses, alojadas en condiciones violatorias de derechos humanos; 12 años después la situación se ha agravado aun más. En la actualidad, hay más de 39 mil personas detenidas en la Provincia; el incremento incesante de la tasa de encarcelamiento profundizó los índices de hacinamiento y violaciones de los derechos humanos. En la actualidad, más de 120 personas mueren por año bajo custodia del Estado, la mayoría de ellas por razones de salud no atendidas.” En varias denuncias la Red de Jueces Penales ha aportado un diagnóstico en el que sostiene el colapso del sistema de salud carcelaria ante la ausencia de médicos de guardia, psiquiatras y psicólogos, escasa o nula provisión de medicamentos básicos y materiales de emergencia, así como fármacos para el tratamiento de enfermedades y afecciones crónicas. Los traslados de emergencia de enfermos a centros sanitarios de mayor complejidad resultan de imposible cumplimiento por no contar con ambulancias en funcionamiento, lo que genera retardos injustificados, cuando no incumplimientos de las órdenes judiciales de derivación, de tratamientos médicos complejos y/o de intervenciones quirúrgicas de internos que lo requieren con urgencia. El colapso se evidencia, además, en la escasa o nula distribución alimentaria, por lo que muchas veces la alimentación y subsistencia de las personas privadas de libertad dependen de las raciones que pueden acercarles sus familiares en las visitas. Intramuros, esta situación genera una verdadera guerra por el alimento y propicia la corrupción de agentes penitenciarios que lucran con el hambre de las personas privadas de libertad. 

El crecimiento de la tasa de prisionización no encuentra correlato con los datos aportados recientemente por la Procuración que muestran el decrecimiento del delito predatorio. Como sostiene el Informe de la Defensoría del Pueblo, el fenómeno de la superpoblación carcelaria no es producto tampoco de la cantidad de plazas con que el sistema cuenta, sino con la incorrecta política criminal en el combate contra el delito. Así, la persecución penal selectiva, el clasismo judicial, la vecinocracia activa, son los motivos principales por los cuales las unidades se encuentran colmadas de personas con un alto grado de vulnerabilidad previa: el 63% de la población carcelaria a nivel nacional tiene menos de 35 años. El 90% no alcanzó el nivel secundario. El 31% tiene la escolarización primaria incompleta y el 17% el secundario. “La falta de programas preventivos -sostiene el informe de la Defensoría- en materia de drogadependencia, la crisis en materia educativa, la no creación de dispositivos para la aplicación de una ley de salud mental superadora, la falta de articulación entre los organismos del estado, la desaparición de programas de salud -o su casi desaparición -(Remediar) y en materia específica carcelaria la reforma regresiva practicada sobre la ley nacional de Ejecución Penal (24.660) que incumple con el principio de progresividad de la pena” completan el complejo panorama. Si a esto le sumamos las torturas y vejámenes sistemáticos -a los que la sociedad ya se ha acostumbrado-, las condiciones de inhabitabilidad edilicia, de insalubridad y hacinamiento, vemos entonces que la situación ha alcanzado un grado de insostenible violencia e indolencia social que sólo requiere de otra mecha para que explote nuevamente. Las condiciones estructurales del sistema carcelario bonaerense y argentino que hicieron posibles las muertes en el penal 28 y en muchos otros se han profundizado. La oportunidad del juicio que se está llevando adelante sobre el caso puntual de Magdalena implica poder poner de relieve las erradas políticas públicas que sobreviven para que estos hechos no vuelvan a repetirse.

(*) Esta nota se completa con una siguiente “La Masacre no fue un motín” que publicaremos en breve.