Denuncian a Angelici y al macrismo por privatización de espacio público
Por La Boca Resiste y Propone
Desde hace años el barrio de La Boca se ve afectado por múltiples problemáticas sociales. Son frecuentes los casos de gatillo fácil; son históricas la falta de viviendas, los incendios y la precariedad habitacional, y la violencia institucional; la falta de espacios de inclusión y contención para los jóvenes son la norma. Frente a esta realidad, la política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –antes con Macri y hoy con Larreta– consiste en una total desidia; y lejos de atender a estas urgencias, recurren a desalojos masivos para expulsar a los sectores populares del barrio y reemplazarlos por sectores de alto poder adquisitivo, dando espacio a una voraz especulación inmobiliaria.
En la misma línea, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici (PRO), pretende construir en La Boca un nuevo estadio para el club dejando La Bombonera para partidos de la Copa Davis, recitales y otros espectáculos, a través de un convenio con el Fenix Entertainment Group, según afirmó en declaraciones públicas. Para ello, debe apropiarse de “los campitos”, las manzanas ubicadas junto al predio de Casa Amarilla, que pertenecían al Instituto de la Vivienda (para la construcción de viviendas sociales) y que a través del decreto 723/10 fueron transferidas a la Corporación Buenos Aires Sur (sociedad del Estado) para que las destine a alguna función social (recreativa, de salud o educativa).
En noviembre de 2014, el entonces vicepresidente del club y legislador PRO, Oscar Moscariello, presentó en la Legislatura un proyecto de ley en el que se planteaba cambiar la zonificación de estas mismas tierras para poder así construir un "Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors" (título del proyecto de ley). Esta iniciativa se frenó gracias a la movilización de vecinos, organizaciones e hinchas de Boca.
Sin embargo, esto no impidió al PRO avanzar de todas formas y en agosto pasado su presidente presentó a la Corporación Sur una propuesta de iniciativa privada para adquirir las tierras. El proyecto avanzó rápidamente por las distintas áreas del Gobierno porteño y –evadiendo el compromiso asumido en octubre ante los vecinos de llamar a una audiencia pública para escuchar la opinión del barrio– el 4 de diciembre de 2015 el Boletín Oficial publicó el llamado a “Licitación con Iniciativa Privada para el desarrollo y Mejoramiento Urbano Casa Amarilla” y fijó el 19 de enero de 2016 como fecha para la apertura de sobres. En esa instancia, el macrismo en Boca Juniors buscará concretar la adquisición de los terrenos.
Los vecinos y vecinas de La Boca nos oponemos a la privatización de estos terrenos que nos pertenecen; somos nosotros quienes debemos tomar una decisión sobre los mismos según las necesidades del barrio, ya sean viviendas o espacios verdes. Además, también rechazamos la venta de las tierras por el devastador impacto ambiental que supone la construcción de otro estadio a 200 metros de La Bombonera.
Por su parte, los y las hinchas de Boca también rechazan este proyecto porque la construcción de un “estadio-shopping”, con locales comerciales, sin tribunas populares y sólo con plateas y palcos VIP (según declaraciones de Angelici), supone un proceso similar al que se lleva a cabo en el barrio de La Boca: el reemplazo de los sectores populares por sectores con mayor poder de consumo.
Ante esta situación, vecinos y vecinas, hinchas y organizaciones del barrio presentaremos este lunes un recurso de amparo con el fin de ponerle un freno a esta privatización ilegal y el 19 de enero próximo iremos a la puerta de la Corporación Sur para manifestarnos en contra de esta licitación y este negociado que desde el macrismo porteño busca favorecer al macrismo en Boca Jrs.
Decenas de organizaciones sociales, políticas y culturales de La Boca y de toda la Ciudad adhieren a la acción judicial y a la movilización contra la cesión de terrenos públicos a un privado, contra la elitización del barrio de La Boca, de la CABA y del CABJ, y por el cumplimiento y garantía de los derechos de todas las personas afectadas.
