Sobre la represión en Santiago del Estero

Por Nicolás Adet Larcher I Con una población rural superior al 39%, y un déficit habitacional de un 46,7% (INDEC) que la ubica como la segunda provincia a nivel nacional en padecer este problema, Santiago del Estero enfrenta, hasta el día de hoy, graves marginaciones por parte del poder político.

En cuestión, los problemas de tierras en la provincia aumentan año tras año ante el avance del modelo sojero y de los negociados inmobiliarios que empresarios aliados al gobierno y el propio gobierno muchas veces pretenden instalar por las buenas, y con bastante regularidad por las malas. Los asesinatos de campesinos como Cristian Ferreyra y Miguel Galván con tan solo 11 meses de diferencia, dejaron expuesta a la provincia en los medios de comunicación a nivel nacional.

La situación fue tal que incluso el propio FPV salió a repudiar en su momento el asesinato de los miembros del MOCASE, en palabras de Hugo Yasky, de la CTA; los diputados nacionales Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Edgardo Depetri (FPV), Diana Conti (FPV), Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y el legislador Andrés Larroque (FPV). Trascender las fronteras regionales hacia todo el país es la única forma de conocer y dar a conocer esta problemática incluso en la propia provincia que enfrenta un silenciamiento de parte de la totalidad de los medios, aliados al gobierno de Gerardo Zamora.

Luego de las muertes de Ferreyra y Galván, en un acto insólito, el Gobernador fue declarado “Defensor y garante de las comunidades originarias” (El Liberal 22/10/12) por parte de representantes alineados al gobierno provincial. La garantía expiro al poco tiempo, y la fuerza represiva de la policía santiagueña dio un lamentable espectáculo disparando contra la comunidad indígena Tonocoté que fue sorprendida a las cinco de la madrugada con una orden de desalojo de parte del Juez Guillermo Tarchini, pariente político del Gobernador Zamora, sobre terrenos aledaños al patio del “Indio” Froilán. Las topadoras arrasaron con todo a su paso sobre terrenos pertenecientes a la comunidad indígena, y fueron detenidos: Kamachej Walter Barraza y Fredi Lunas y llevados hacia la seccional 49 sin posibilidad de apreciar la orden de desalojo de las 20 hectáreas en cuestión.

En el blog oficial de la Comunidad Tonocoté, se expresó un repudio contra la represión y se informó sobre los hechos en una breve crónica. Según consta en la descripción, los heridos por el accionar represivo fueron:

Patricia Santillán – (37 Años) embarazada, golpeada y herida con balas de gomas, corre riesgo su embarazo, está siendo intervenida quirúrgicamente.
Graciela López – (42 Años) golpeada y con heridas de bala de gomas.
Axel Santillán – (3 Años) herido con balas de gomas.
José López – (11 Años) herido con balas de gomas en el rostro y en el cuerpo.
Andrés Santillán – (19 Años) herido con balas de gomas en el cuerpo.

Luego de enumerar a los heridos, la comunidad advirtió “Responsabilizamos al gobierno provincial por cualquier situación que viole y ponga en riesgo físico y territorial a los Miembros de la comunidad Auqajkuna. A 30 años de Democracia, y con los avances en Derechos Humanos en el país, son inaceptables estos signos represivos.”

El salvaje desalojo en cuestión, tiene la finalidad de habilitar la zona para dar margen a un negocio inmobiliario de parte del Gobierno Provincial, que en este caso sería un complejo habitacional. No solo se necesitarían las hectáreas pertenecientes a la comunidad, sino que además se tomarían unas cuatro hectáreas del famoso patio del “Indio” Froilán que es una de las atracciones turísticas con las que cuenta la provincia.

Desmontar para dar paso al progreso no es algo nuevo en la provincia, pese a que fue el primer lugar del país donde se implementó la ley de bosques, Santiago del Estero sigue figurando entre las tres provincias más desmontadas del territorio nacional con una tala de árboles superior a las 500 mil hectáreas. Otro conflicto ya se había desatado en este contexto, cuando el Gobernador pretendía obtener un terreno perteneciente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero donde funcionaba un Jardín Botánico. La obtención de los terrenos en se debía a la ambición de construir allí un estadio de futbol con tecnología de avanzada. El gobierno tuvo que enfrentar protestas de parte de estudiantes, docentes de la universidad, y de organismos que repudiaban el accionar. Los medios de comunicación se encargaron de invisibilizar las protestas, y asegurar que el gobierno solo utilizaría una “fracción de los terrenos”, mientras que el resto seguiría perteneciendo a la universidad.

Desde el MOCASE ya se había denunciado el ocultamiento frente a los homicidios perpetrados por los empresarios sojeros, y el silencio de parte del gobernador y sus ministros. En el día de hoy cambian los actores, pero la película es la misma. Pese a que el Gobierno había anunciado un relevamiento territorial para determinar con exactitud la pertenencia de las tierras a los pueblos originarios el 22 de noviembre de 2011, nada cambio desde aquel entonces.

Las promesas siguen siendo las mismas, los negocios los mismos, y los muertos de la historia siguen perteneciendo a los marginados de siempre. Dudosamente se puede avanzar y “seguir creciendo” cuando se tropieza con la misma piedra, día a día.