fbpx Robo millonario de combustible: extraían petróleo de oleoductos para luego refinarlo y venderlo | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Sociedad //// 07.09.2020
Robo millonario de combustible: extraían petróleo de oleoductos para luego refinarlo y venderlo

La fiscal Cecilia Incardona que lleva adelante la investigación le expresó a AGENCIA PACO URONDO que los empresarios Gustavo Cesar Degliantoni y Gustavo Degliantoni se encuentran siendo investigados por el presunto financiamiento de la operación.

Por Fernando Latrille

En la investigación llevada adelante por la fiscal Cecilia Incardona de la Fiscalía Federal n º2 de Lomas de Zamora en la causa por robo de petróleo a oleoductos de YPF que destilaban y refinaban para su posterior venta en forma clandestina, fueron detenidas 21 personas, entre ellas los empresarios Gustavo César Degliantoni y Gustavo Degliantoni (padre e hijo). Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal en diálogo con AGENCIA PACO URONDO ambos se encuentran siendo investigados por el presunto financiamiento de la operación.

En este marco, en un allanamiento en Villa Ramallo a los Degliantonoi se les secuestró más de diez millones de pesos, una pistola Glock, una escopeta Maverick y una carabina Smirt and Wesson, como así también herramientas y vehículos.

La investigación comenzó a fines del año pasado. Se inició como un delito ambiental y terminó con el desmantelamiento de plantas clandestinas y otras subsidiarias dedicadas a la destilación de petróleo crudo. Además, la apertura del expediente judicial permitió evitar daños ambientales. Intervino el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo del comisario inspector Rubén Haidar, que en diálogo con este mdio informó que “la investigación comenzó por delitos ambientales, por contaminación y vuelco de líquidos en la cuenca Matanza-Riachuelo”. La denuncia se radicó en la fiscalía federal de Lomas de Zamora quien puso en conocimiento al juzgado federal de la misma jurisdicción a cargo de Juan Pablo Augé.

“Cuando comenzamos a trabajar, a medida que la investigación fue avanzando y fuimos colectando distintos elementos probatorios a través del trabajo de campo y escuchas telefónicas, seguimientos, nos llevaron a tener la certeza de que esto era originado por un grupo de personas que tenían en práctica una organización criminal que se dedicaba y tenía como objeto la sustracción de petróleo de los oleoductos de la empresa YPF y también de otras petroleras con asiento en nuestro país”, señaló Haidar a AGENCIA PACO URONDO.

Tanto el delito ambiental como el de robo de combustible “estaban vinculados desde un origen pero en principio no surgía, pero apenas comenzó la investigación se pudo establecer la vinculación entre ambos”, añadió el comisario inspector. La investigación demandó un trabajo de diez meses que concluyó el 1 de septiembre. El juzgado de Lomas de Zamora dispuso que se hicieran 39 allanamientos y se llevaron adelante 21 detenciones.

“Se secuestraron herramientas y maquinarias de precisión para cometer el delito”, expresó Haidar. Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos del conurbano -tanto del sur, como del oeste y del norte- y del resto de la provincia de Buenos Aires, como Olavarría, Azul y Villa Ramallo, y en las ciudades de San Lorenzo (Santa Fe), General Roca (Río Negro) y Neuquén. “Lugares por donde pasa la red de oleoductos de YPF y también en otros donde tienen asiento algunas de las refinerías donde tenía como destino final el petróleo sustraído y de ahí se obtenía subproductos como ser gasoil o nafta que finalmente era comercializado en el mercado ilegal”, detalló el funcionario policial.

En este marco, se está investigando el delito federal de lavado de activos e evasión impositiva. En tanto, AFIP está trabajando en toda la documentación producto de los allanamientos. “Intervinieron más de 120 funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la subdirecciones generales de operaciones impositivas del interior y metropolitana y por supuesto la AFIP va a seguir tomando intervención en esta compleja trama delictual. Probablemente hay delitos alcanzados por el régimen penal tributario y será nuestra función profundizar en el tema”, expresó Juan Capello de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional de AFIP, en la conferencia brindada sobre la investigación.

La característica que llamó la atención a los investigadores sobre el robo de petróleo fue la especialización de la mano de obra de los autores. “Perforar un oleoducto y obtener el petróleo que circula en su interior no lo hace cualquiera y seguramente en algún momento han tenido alguna vinculación con el rubro petrolero. No solamente se necesita un conocimiento técnico para llevar adelante la actividad sino también herramientas de mucha precisión, bombas de achique, toda una logística que realmente nos llamó la atención. Estaban muy bien organizados”, expresó Haidar, que se encuentra a cargo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. “Suponemos que es un grupo que viene operando desde hace mucho tiempo por la estructura y solidez que presentaba la organización, la cual hoy estamos en condiciones de sostener que fue desarticulada en su totalidad”, concluyó.

La operación delictiva

La operación que realizaban era efectuar perforaciones en el oleoducto que transporta el petróleo desde Puerto Rosales (Bahía Blanca) a la refinería más grande de YPF, ubicada en Ensenada. La planta que utilizaban para el refinamiento del combustible robado está ubicada en Valentín Alsina y es un establecimiento clandestino. La organización delictiva extraía petróleo ilícitamente mediante punciones al oleoducto en inmediaciones de la localidad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Para ello se habría alojado en la ciudad de Bahía Blanca. Las escuchas sobre los imputados lograron determinar que para la maniobra se utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y que se realizaba un circuito que permitía efectuar dos cargas de petróleo.

En la banda de 21 personas detenidas que realizaba punciones en oleoductos para el robo de petróleo que luego destilaba y refinaba para su comercialización figura el concejal de Juntos por el Cambio de Lanús Alberto Torres que protegía a un ex colaborador suyo, Gerardo Rodríguez que ocupó su rol a cargo de la refinería. Rodríguez se ocupaba de deshacerse de los desechos, vertiéndolos al Riachuelo y cometiendo delitos contra el medio ambiente. Tomadas las declaraciones indagatorias los detenidos solicitaron su excarcelación, la fiscalía pidió se les dicte prisión domiciliaria, como se viene realizando en tiempos de Pandemia.

Degliantoni: una línea de conducta empresarial delictiva

En el año 2002 Degliantoni padre se presentó ante el Concejo Deliberante de Ramallo solicitando un cambio de zonificación con el fin de obtener la habilitación municipal de la empresa DEGAB, petrolera y destilería de residuos peligrosos instalada en su casa-quinta, ubicada en el acceso Maiztegui de la localidad de Villa Ramallo, a escasos metros de la toma (tanque) de agua para la población. Los concejales de ese entonces solicitaron un dictamen a la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires para que realice un estudio de diagnóstico y factibilidad respecto de su incidencia en el medio ambiente del procesamiento de petróleo crudo y su obtención de distintos combustibles en la zona urbana. La respuesta del estudio de impacto ambiental fue denegar ese pedido.

Fue así que se le derogó la habilitación municipal para que operara en el lugar. Sin embargo en apoyo del emprendimiento el intendente municipal de aquel entonces-Ariel Santalla-, con la aprobación del Concejo Deliberante, decidió otorgarle un terreno en el Parque Industrial Comirsa a un precio simbólico de un dólar el metro cuadrado para que traslade su infraestructura y opere desde allí. Degliantoni tomó la generosa oferta pero siguió trabajando en las antiguas instalaciones sin la habilitación correspondiente, gozando de la impunidad que le otorgaba el nulo control por parte del Estado y su poder económico que le permitía operar en la clandestinidad. Pero un accidente que pudo terminar en tragedia, dejó en evidencia su operar clandestino. El 7 de octubre de 2008, a las 18, los Bomberos de Ramallo llegaron a la quinta de calle Maiztegui propiedad de Degliantoni observando dos camiones tanque de transporte de combustibles totalmente incendiados.

La quinta que se encontraba funcionando comercialmente en forma ilegal como destilería no podía ocultarse al calor de las llamas. Bomberos de Ramallo; de la policía de la provincia de Buenos Aires con dos unidades; Delegación ecologista de San Nicolás; Destacamento de Gobernador Castro con una autobomba; Bomberos voluntarios de Pérez Millán (localidad del partido de Ramallo); Bomberos de Arrecifes; Bomberos de Villa Constitución, y más dos camiones de arena que se le solicitaron al municipio y una motoniveladora, se utilizaron entre recursos humanos y materiales para la realización de un terraplén de contención por el derrame de combustible. El negocio clandestino de Degliantoni quedó así a la luz de las llamas y derivó en una causa que tramitó en el poder judicial.

Luego, ya operando en el parque industrial COMIRSA, la empresa DEGAB de Degliantoni fue noticia cuando el miércoles 26 de marzo de 2014 una explosión en su planta produjo la muerte de un joven trabajador. Bomberos de San Nicolás y Ramallo respondieron al llamado de auxilio. La explosión en una planta de derivados de petróleo, en el sector Pymes II del Parque produjo la desfragmentación de la pieza metálica de grandes dimensiones, voladura de techo y caída de mampostería. En el lugar el instructor judicial y los peritos iniciaron las tareas de investigación pertinentes. La víctima fatal de la negligencia empresaria de Degliantoni fue Bruno Jeremías Weiss, de 29 años, domiciliado en el Barrio Güemes de San Nicolás.

La línea de conducta de Degliantoni que se maneja en helicóptero, también quedó en evidencia por la apropiación del espacio público, como señalamos hace dos años en AGENCIA PACO URONDO, cuando el empresario decidió privatizar la boca de un Arroyo en Ramallo alambrándolo.