fbpx “Propongo que se le exija a las empresas de servicios que demuestren cómo invierten sus recursos” | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Sociedad //// 29.03.2019
“Propongo que se le exija a las empresas de servicios que demuestren cómo invierten sus recursos”

Segunda parte de la entrevista al fiscal Gabriel De Vedia en donde reflexiona acerca de los efectos de la crisis que atraviesa el país. Tarifazos, caída de la producción industrial y el reciente fallo de la Corte Suprema sobre el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los jubilados.

Por Estefanía Cendón

APU: Frente al malestar económico se multiplicaron las manifestaciones públicas pidiendo por mejores condiciones de vida. ¿Cómo definiría el abordaje actual de esa protesta social?

GDV: Durante muchos años han pretendido criminalizar la protesta social. De hecho, el término piquetero se utiliza de manera despectiva asociado a cualquiera que salga a la calle a reclamar por sus derechos. La protesta es un termómetro social, el pueblo en la calle no puede ser visto desde una visión criminal. Todo lo contrario, debe enfocarse desde el reclamo de los derechos que le corresponden. El Estado nacional debe hacer una autocrítica, buscar una solución al problema y de este forma ponerse al servicio del pueblo.

El DPN tiene la obligación de requerir una solución al Estado argentino, así como debe pelear para que no se criminalice la protesta en ningún sentido. Cuando hablo de criminalizar me refiero a que no se judicialice y a analizar el aspecto discursivo enlos medios de comunicación. Es necesario salir a explicar ante la opinión pública que la protesta es un termómetro de la sociedad que obliga al Estado argentino a dar una respuesta a ese reclamo y no criminalizarlo.

APU: Los tarifazos han sido motivo de numerosas movilizaciones ¿Considera que se realizaron las inversiones correspondientes para que los servicios funcionen de manera eficiente?

GDV: Puede ser que no haya inversiones, otra posibilidad es que los cortes se produzcan deliberadamente a los efectos de querer generar consciencia de no inversión para justificar la suba. Estas son alternativas, pero lo que nos tiene que importar a nosotros como ciudadanos es el resultado. Los servicios son derechos humanos. Es una obligación del Estado nacional, en este caso de los distintos estados que tercerizan la prestación del servicio.

No es una obligación de medios sino de resultados, lo que hace irrelevante si hubo o no esfuerzo por brindar el servicio: el servicio debe ser brindado. Eso es una obligación de resultado. Lo que al ciudadano le debe importar es prender la llave de luz y tener luz, abrir la llave del agua y tener agua, contar con gas en su cocina y en su estufa. Disponer de los servicios es un derecho que debe ser plenificado y prestado por el Estado a través de empresas. Para brindar ese servicio de forma sostenida en el tiempo debe haber inversiones. Desde la Defensoría del Pueblo propongo que se le exija a las empresas de servicios que demuestren de forma transparente cómo invierten sus recursos y si cumplen con los pliegos de licitación que se les da cuando se les concede la prestación del servicio.

APU: La producción industrial ha sido otro de los sectores más castigados por la recesión económica. En 2018 cerraron 10.896 PyMES y la proyección del INDEC para el 2019 habla de una caída de la industria del 1,5%. ¿Cómo candidato a DPN tiene alguna propuesta o reflexión en relación al momento que atraviesa este sector?

GDV: Con las herramientas que cuenta la Defensoría del Pueblo vamos a defender los derechos de las empresas, en especial de las PyMES. Estoy en contacto permanente con la gente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) con quienes trabajamos sobre el tema. Ellos han realizado un informe que alerta acerca del cierre de 28.000 kioscos en los últimos tres años. Esta situación es consecuencia del impacto de los tarifazos, sumado a otros factores como la caída del consumo y el aumento de los alquileres. Las PyMES son víctimas espantosas del tarifazo porque no pueden producir, se ven obligados a despedir a la gente y de esta forma terminan cerrando.

APU: ¿Cuáles son las herramientas o recursos legales que dispone un DPN para mediar ante las contingencias mencionadas?

GDV: El DPN cuenta con la acción judicial directa: interponer demandas o denuncias. Diferencio la denuncia que es imputarle un delito a alguien de lo que es exigir una demanda, por ejemplo contra las tarifas. Un DPN también puede hacer reclamos administrativos, convocar a audiencias de conciliación, presentar denunciar en los Foros Internacionales como la ONU.

APU: Teniendo en consideración a la Seguridad Social como un derecho humano ¿Con qué mecanismos cuentan los argentinos para que sea efectiva la seguridad social ante la ausencia de un DPN?

GDV: Hay un tema grave a destacar: al no haber un DPN baja el nivel de participación ciudadana en la búsqueda de soluciones porque la Defensoría del Pueblo es el lugar donde puede reclamar el ciudadano para que lo defienda un organismo público nacional. Ante la acefalía, disminuye notablemente la posibilidad de encontrar una solución. Con lo único que cuenta es con el reclamo administrativo, que siempre le es denegado, y la acción judicial. No tiene muchos mas mecanismos, por eso es imprescindible un DPN.

APU: El martes 26 se conoció el fallo de la Corte Suprema en relación al pago del Impuesto a las ganancias de jubilados. El fallo es acotado a la persona que realizó el reclamo y se extiende a aquellos jubilados que presentaron demandas similares y sus expedientes llegaron a la Corte. Para que tenga alcance a todos los jubilados cada uno debería hacer una demanda similar ¿Cuál es su opinión al respecto?

GDV: En primer lugar el haber jubilatorio no es una ganancia, por lo tanto no se le debe imponer un tributo de ganancias. Cuando la legislación esta destinada al bien común y hay plena efectivización de los derechos sociales no se necesita acudir a la solución judicial. La solución judicial también genera inequidad porque diferencia entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda: aquellos cuya situación se ve resuelta por una cautelar o por una sentencia definitiva que los favoreció y el 90% de los que están involucrados en esa situación que no pueden iniciar juicio por problemas económicos. Es lamentable que se tengan que resolver las cosas desde los juicios y la demarcación del Derecho. Quienes toman decisiones deberían contemplar su alrededor y pensar que el jubilado también es partícipe de la pobreza que está creciendo.

APU: Son poco razonables en nuestro país los plazos para el tratamiento de temas que afectan a importantes sectores de la ciudadanía, en este caso los jubilados.

GDV: Es lamentable que La Corte Suprema no esté a la altura de los derechos constitucionales de los ciudadanos ¿De qué sirven derechos legislados en una Constitución Nacional si son letra muerta? Los derechos tienen que ser efectivos. Todas las potencialidades del ser humano deben ser plenificados en un derecho. Ese derecho es subjetivo y contamos con una herramienta, la acción judicial, para exigir su pleno cumplimiento. Pero repito: es triste que tengamos que resolver estos temas desde los juicios...