fbpx Fiscal De Vedia sobre las reuniones de Borinsky y Hornos con Macri: "Cualquier explicación que den es insuficiente" | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Política //// 05.04.2021
Fiscal De Vedia sobre las reuniones de Borinsky y Hornos con Macri: "Cualquier explicación que den es insuficiente"

El Fiscal Federal dialogó con AGENCIA PACO URONDO RADIO (domingos de 10 a 12, FM La Patriada) sobre el lawfare en Argentina impulsado por el ex presidente Mauricio Macri y la persecución a la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó.

Por Martin Massad y Juan Cruz Guido

El Fiscal Federal Gabriel de Vedia dialogó con AGENCIA PACO URONDO RADIO (domingos de 10 a 12, FM La Patriada) sobre el lawfare en Argentina impulsado por el ex presidente Mauricio Macri y la persecución a  la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó.

AGENCIA PACO URONDO: A su entender, ¿cómo actuaba la mesa judicial que operó durante el gobierno de Mauricio Macri?

Gabriel De Vedia: Días previos a la asunción de Mauricio Macri, algunos sus funcionarios y funcionarias ya empezaban a pedirle a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que renunciara. Hay incluso tapes de noticieros de algunos programas políticos y algunos diarios que solicitan esa renuncia. Si mal no recuerdo, incluso el día de la asunción, el mismo Macri hizo una declaración solicitando la renuncia de la Procuradora.

A lo largo de toda la gestión presidencial macrista, fue avanzando un plan que incluía la persecución, el lawfare y, además, la necesidad, desde esa mesa judicial, de conseguir la renuncia de la Procuradora. Ahora bien, debido a que no tenía ninguna causal de juicio político, que era el mecanismo institucional para removerla de su cargo, idearon, planificaron y orquestaron este esquema para conseguirlo. El objetivo era amedrentarla y cansarla con estas persecuciones a través de los medios de comunicación donde explícitamente se orquestaba este plan. Recordemos que en forma coordinada salían notas en distintos medios hegemónicos sobre situaciones que no eran ciertas. En el estadio judicial, se iniciaron causas penales, por ejemplo, a las hijas.  También se iniciaron causas en el fuero contencioso administrativo, en el que la idea era encontrar la forma de hacerla renunciar o que se la destituyera. De aquí que no podemos descartar el móvil que era lograr la posibilidad de elegir algún procurador o procuradora por decreto. Acá hablamos entonces del tercer estadio, que es el Poder Ejecutivo.

Este marco de persecución se agrava cuando un matutino publica los números de celulares de las hijas de Alejandra Gils Carbó y, como consecuencia, las hijas recibieron mensajes y llamadas espantosas, injuriantes y amenazantes. Esta situación hizo que intentemos buscar alguna herramienta más directa para ver si, por lo menos, desde el punto de vista humano, éramos capaces de conseguir que frenaran esto. Sabíamos que había conformada una mesa judicial y que Fabián Rodríguez Simón formaba parte de ella, pero la persecución la hacían de una manera muy inteligente porque en ese momento ninguno de estos funcionarios pedía explícitamente la renuncia de la Procuradora. En este contexto, coordiné una reunión con Fabián Rodríguez Simón, quien me pidió hacerla en la Casa de Gobierno, algo que me causó sorpresa porque él era diputado del Parlasur y director de YPF. En esa reunión solicité que terminara la persecución contra la Procuradora y sus hijas, y le dije que ella no estaba dispuesta a renunciar porque siente un compromiso institucional y humano. La respuesta que recibí de Rodríguez Simón fue que iban a meter presas a las hijas y a ella si no renunciaba. Ante esa respuesta, en mi cabeza lo que pensé es "acá se termina la reunión", pero lo que le pregunté es para qué querían sacarla y a quién querían poner como procurador, a lo que él me responde: "A ningún fiscal". Ante esto, di por terminada la reunión. Ahora bien, la configuración que realicé después de esa reunión fue, primero, la interpretación literal de sus palabras, es decir, una respuesta mafiosa. Segundo, que eran capaces de hacerlo. Tercero, que era una confesión explicita de que armaban causas, y cuarto, que estaba involucrado el ex presidente Mauricio Macri. 

APU: ¿Cómo analiza el mecanismo de distintos funcionarios judiciales para tener reuniones en los despachos de Casa Rosada y las pericias al celular de Fabián Rodríguez Simón donde surgen comunicaciones con el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz?

G. D. V.: Tanto las pericias del celular de Fabián Rodríguez Simón como la documentación de las entradas de funcionarios y magistrados en la Casa de Gobierno y en Olivos son documentaciones muy importantes. En primer lugar, esta documentación no es algo potencial, sino que son constancias fehacientes que acreditan que esos hechos ocurrieron. Esto, por supuesto, está siendo ninguneado por los poderes hegemónicos de forma intencional.

En segundo lugar, tenemos que reflexionar sobre las respuestas que dan algunos. Hasta ahora no han confesado, sino que han expresado coartadas diciendo que iban a jugar al tenis, al fútbol o paddle. De todas formas, las repetidas entradas muestran una relación de confianza, habitualidad y amistad, lo cual también es peligroso e invalida para seguir siendo magistrado de determinadas causas. Lo que correspondía, entonces, es que deberían haberse excusado y tendría que proceder cualquier recusación.

Por último, hay que hacer un análisis semántico y de intensidad de las palabras. Si alguien menciona que fue a Olivos a participar de reuniones de la mesa judicial, estaría dando lugar a la sospecha. Sin embargo, buscan una excusa espantosa, de menor intensidad y compromiso, pero que igual generan un compromiso e invalidan la situación. A tal punto esto es grave que no pueden encontrar una excusa que no sea invalidante porque el hecho en sí es grave, entonces cualquier explicación es insuficiente.

APU: Ante la gravedad de estos hechos, ¿cómo se procede con los distintos jueces de Casación?

G. D. V.: Habría que buscar distintas soluciones. En el plano corto, la responsabilidad corresponde a cada magistrado, por lo que el Consejo de la Magistratura tendrá que requerir las explicaciones del caso. Pero también genera una responsabilidad muy fuerte al Estado nacional argentino de hacer un análisis de la situación, y, de hecho, por eso se creó una comisión de notables expertos para proponer reformas, porque esto no puede seguir así. Es decir, la independencia y la imparcialidad tienen que ser una moneda corriente del Poder Judicial argentino.

Ahora, tenemos que tener una mirada omnicomprensiva de todos los estadios que se deben examinar. La solución no es solamente pensar en una reforma judicial que es insuficiente en sí misma, sino que es necesario hacerla, como también es necesario que se sancionen la Ley de Ministerio Público y la Ley de Reforma del Poder Judicial, que Diputados lo vote. Dentro de este esquema, tenemos que tener una mirada más amplia del Poder Judicial. Por ejemplo, que tenga perspectiva de derechos humanos, de género, de medio ambiente que realmente sea cercana al pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas, que resuelva de manera rápida, oportuna y de acuerdo a justicia toda las causas laborales, civiles y comerciales. Por otro lado, es fundamental tener una justicia que resuelva los problemas y los conflictos que se suscitan en el seno de la sociedad defendiendo a las víctimas, dando prioridad a la violencia familiar y las cuestiones de género, pero también es insuficiente si pensamos esto aislado de la sociedad. Por eso es importante que tengamos una Ley de Medios.   

APU: ¿Qué lectura realiza sobre la reunión del papa Francisco con la procuradora Alejandra Gils Carbó en el 2017?

G. D. V.: Alejandra Gils Carbó tenía una relación previa a que Francisco sea elegido Sumo Pontífice. Cuando empezamos a idear, en el año 2013, el concepto de lo que fue ATAJO, que son agencias territoriales, delegaciones de fiscalías en los barrios populares, tuvimos reuniones con distintos curas villeros y también con Jorge Bergoglio. Entonces, empieza allí una relación de trabajo entre el Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, obispos y Alejandra Gils Carbó.

Otro dato que no se comentó en ningún lado, y es muy importante, es que ni bien lo eligen Papa, el 8 de marzo de 2013, la Procuradora General generó un convenio entre el Vaticano y la Procuración General de la Nación en el que el Vaticano se comprometía a desclasificar todos los archivos de la época de la dictadura. Este convenio se firmó y hubo incluso fiscales que lo cumplieron. El Papa estuvo siempre interesado en el trabajo de la Procuradora y en ese marco, en el 2017, en la época de mayor persecución y difamación a sus hijas, invitan a Alejandra Gils Carbó a una jornada de trabajo. El Papa siempre enviaba mensajes de apoyo y acompañamiento hacia la Procuradora, porque el problema no era ella, sino la Procuración General de la Nación y la confianza de lo justiciable en que se respeten las instituciones y la Constitución Nacional, y esto tanto Francisco como los obispos lo tienen claro.