Poder Judicial: una carta para condicionar al Legislativo

Ayer martes 23, un día antes de la votación que tendrá lugar entre hoy y mañana en el Congreso para determinar la aprobación de parte de la reforma judicial anunciada por Cristina Fernández dos semanas atrás, tomó estado público una carta que la Corte Suprema de Justicia envió a la Cámara de Diputados en la simbólica fecha del 18A, abandonando de ese modo la tensa prudencia que había llevado a su presidente Ricardo Lorenzetti a no manifestarse sobre el paquete de proyectos para evitar explicitar un prejuicio sobre un tema que advertía que podía llegar al máximo Tribunal.

La carta que junto a la vicepresidenta de la Corte Elena Highton de Nolasco remitieron al titular de la Cámara Baja Julián Domínguez adjuntaba la que a la Corte había llegado desde la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales “de todo el país”. En ella, los Supremos repitieron su obligación de no pronunciarse de antemano sobre los proyectos aunque a la hora de citar un argumento para justificar el reenvío –que finalmente motivó modificaciones parciales a las propuestas- subrayaron la advertencia de los camaristas en torno a que “de sancionarse algunas de las normas de los proyectos en cuestión, puede producirse una verdadera paralización del Poder Judicial”.  

Así, Lorenzetti y Highton de Nolasco se reservaron para sí el rol de meros carteros, lo que no obstante podría ser sólo lo aparente. Aunque no modifica el espíritu del documento que reseña, el párrafo escogido por los miembros de la Corte Suprema recorta sólo tres renglones sobre un total de tres páginas del original. Seleccionar es una forma de opinar o, cuanto menos, enfatizar. Tampoco es cierto que en la carta que citan estén representadas las Cámaras de todo el país. La nómina de firmantes que Lorenzetti y Highton enumeran excluye por ejemplo al presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, quien en junio de 2011 debió hacerse cargo de la titularidad del Tribunal Oral Federal subrogante de Bahía Blanca, que enjuició y condenó a catorce represores a prisión perpetua poco más de un año más tarde.

Ferro desembarcó en territorio bahiense, porque el panorama que ofrecía y ofrece la ciudad se constituye en sí mismo en un argumento acerca de por qué es necesaria una profunda democratización de la Justicia. En un exclusivo Club el titular natural del Tribunal, Leopoldo Velázquez, fue visto compartiendo una mesa de café con el abogado defensor de uno de los represores cuyo comportamiento habría debido valorar en juicio y con un imputado de participar en el mismo plan criminal. Ese cuadro no se ha modificado desde entonces. Sigue siendo posible dar con testimonios o imágenes que muestran a un camarista que designa a un subrogante y debe ser instancia de apelación de sus fallos compartiendo degustaciones con él y con el fiscal que ante ambos debe peticionar como acusador oficial público.

Música de Cámara

La carta de la Junta de Presidentes incluye entre los firmantes a Néstor Montezanti, desde comienzos de este año titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a la que llegó favorecido por la ampliación menemista que sobre ella había operado como disciplinamiento un tiempo antes. Cuando durante la década de los ‘80 estaba conformada por tres miembros y no cinco, la opinión mayoritaria de los luego desplazados magistrados Luis Cotter e Ignacio Larraza convirtió a esa Cámara en la única del país que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida, una aberración jurídica con que el Ejecutivo y el Legislativo alfonsinistas ordenaron a la Justicia no hacer lo que debe. Poco después, en 1990, el menemato llevó a cabo lo que Cotter todavía señala como una medida “llamativa”: le quitó jurisdicción sobre las provincias de Río Negro y Neuquén y al mismo tiempo elevó a cinco el número de sus miembros. En seguida hizo su ingreso triunfal el juez Augusto Fernández, que se jubiló en 2012 luego de excarcelar a 36 represores y dedica ahora sus noches de compromiso militante a cacerolear en contra del gobierno nacional.

En 2010, el nombre de Néstor Montezanti apareció en el documento que bajo la firma del general César Milani detallaba el listado del Personal Civil de Inteligencia (PCI) que durante la última dictadura prestó servicios bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, por el que pasaron tres de los represores condenados a prisión perpetua en septiembre pasado. La nómina, que respondía al decreto presidencial 4/2010 firmado por Cristina Fernández, agregaba que Montezanti había cumplido allí tareas de “asesor universitario” entre el primer día de 1981 y el comienzo de junio del año siguiente. De ese dato se valió el camarista para defenderse ante el pedido de Juicio Académico que aún enfrenta en la Universidad Nacional del Sur (UNS), en cuyo Departamento de Derecho dicta tres materias, al aludir que durante dicho periodo no había ocurrido ningún secuestro ni homicidio producto del Terrorismo de Estado en la ciudad. Sin embargo, tampoco detalló cuál era el rol que cabía a un “asesor universitario” en el armado de un Destacamento que para 1981 venía de ser parte activa de una comunidad informativa que resultaba basal en el plan criminal, como lo demuestran las tres condenas mencionadas.

Un nombre que no Sierra

Desde diciembre de 2010, la Unidad Fiscal de derechos humanos de Bahía Blanca considera probada la participación de Hugo Sierra y Gloria Girotti en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, cuando ambos eran secretarios del Juzgado Federal entonces a cargo de Guillermo Madueño, quien mantenía reuniones nocturnas con el comandante del V Cuerpo Adel Vilas para discutir los siguientes pasos del plan criminal.

El mundo es un pañuelo, y Bahía Blanca es el nudo del pañuelo: en 2002, Sierra y Montezanti demostraron su comunión ideológica cuando participaron de la lista “Fundacional” en elecciones del Departamento de Derecho de la UNS. Entre otros nombres, los acompañaba Luis Esandi. Casi diez años más tarde, cuando un Tribunal ordenó detener a Sierra, Esandi fue el juez ad hoc que lo liberó. Cuando el fiscal Abel Córdoba objetó su participación por los vínculos que ostentaba con el imputado a favor del que falló, los pares de Montezanti en la Cámara Federal respaldaron al magistrado ad hoc y, de ese modo, le permitieron al acusado continuar en libertad.

En 2006, Montezanti querelló al ex estudiante universitario Alberto Rodríguez, que lo vinculó con la organización criminal de ultraderecha Triple A. Su abogado fue Hugo Sierra. Durante el juicio, un testigo afirmó haber visto en 1984 en el estudio de Montezanti “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general (Carlos) Suárez Mason”, comandante del V Cuerpo en 1975. Ese testigo era el hoy diputado radical Juan Pedro Tunessi, quien el 18A participó sonriente junto a Ricardo Alfonsín de la marcha opositora cuya principal consigna era la defensa del modelo de Justicia que permitió que sucedan y se mantengan en el tiempo los hechos que reseña esta nota.

Tunessi deberá hoy debatir y votar a favor o en contra de las reformas propuestas sobre el Poder Judicial. Si reconsidera su tesitura y acompaña cuanto menos parte del paquete de proyectos, podrá contribuir a la democratización del Consejo de la Magistratura, cuerpo al que criticó duramente cuando pocas semanas atrás decidió por mayoría archivar una denuncia contra Montezanti que elevó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en 2008 por “mal desempeño”, “violación de los deberes de funcionario público” y por  sostener una “clara actitud antisindical”.

La decisión del Consejo “es la consagración de la impunidad, pone en evidencia el doble discurso del kirchnerismo de manera dramática. Una operación comandada por el diputado de Tres Arroyos, Cuto Moreno, y seguida por los demás consejeros oficialistas hizo que se archivara la causa de este hombre que es una afrenta a la democracia y al poder judicial que siga siendo un alto magistrado. A Montezanti lo que han decidido es protegerlo”, acusó el legislador radical ante la prensa bahiense. “Que dicen los Nac And Pop de Bahía?” (sic), aguijoneó. La pregunta, por estas horas, se invierte. Tunessi tendrá la  oportunidad de democratizar al cuerpo que cuestionó.

En Bahía Blanca, tal como ya lo ha reseñado Agencia Paco Urondo, se pudo ver en la misma marcha a un grupo de caceroleros destacados. Uno de ellos fue Augusto Fernández, hasta 2012 compañero de Montezanti en la Cámara Federal. A él se suman Mario y Sebastián Arruiz, que aparecieron ante las cámaras de televisión como entusiastas participantes. Padre e hijo resultaron públicos defensores en el ámbito de la UNS de Gloria Girotti, sobre quien pesan acusaciones análogas a las que recaen sobre Sierra. Mario Arruiz fue, además, otro de los miembros de la lista “Fundacional” de Derecho que integraban Sierra, Montezanti y Esandi. También caceroleó Fernando Rey Saravia, marido de Ana Araujo, a quien los camaristas federales convirtieron en titular subrogante del Juzgado Federal 2 bahiense. La magistrada es hija de Ricardo Araujo, un marino retirado acusado de graves delitos de lesa humanidad que purga prisión domiciliaria en casa de su heredera.

En la noche del 18A, un cartel se dejó ver en un muro. Decía “CFK: Democratizame ésta”. Toda una definición.