Modificaciones en la reforma judicial

El primero de los cambios implica que el manejo del presupuesto y del personal del Poder Judicial quede en manos de la Corte Suprema como sucede actualmente. En el proyecto original se delegaba esta facultad al Consejo de la Magistratura. Por otra parte, el tribunal superior consideró que los jueces deben elegir directamente a sus secretarios para que sean de su absoluta confianza y no por concurso público como lo estipula el proyecto de ley para el resto de los cargos.

Los dos proyectos modificados, el de la reforma del Consejo de la Magistratura y el de acceso igualitario al Poder Judicial, deberán volver  a la cámara de origen para aprobar o rechazar los cambios.

En el anexo de la Cámara baja se reunieron ayer las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia, de Presupuesto y de Legislación General  para tratar los tres proyectos más polémicos: la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de nuevas Cámaras de Casación y el proyecto que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional.

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando la diputada neuquina Alicia Comelli interrumpió el discurso de Fernando Straface, representante de la ONG CIPPEC, para denunciar que había sido amenazada telefónicamente obligándola a votar en contra de la reforma judicial. Comelli es una de los doce legisladores indecisos a los que apunta una campaña promovida por dicha ONG junto con otras del ámbito judicial, que tiene como objetivo frenar la reforma.

Por su parte, el ministro de Justicia Julio Alak defendió el método de voto universal para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura. Destacó que en países como Francia y España, de donde se tomó el modelo para la creación de este organismo, se reconoció que el sistema judicial tiene un déficit democrático de origen y se buscó corregirlo. Agregó que en España los consejeros son elegidos por el Parlamento, mientras que en Francia la cabeza del organismo es el Poder Ejecutivo. También afirmó que la creación de nuevas Cámaras de Casación acelerarán los procesos judiciales porque permitirán la unificación en la interpretación de la ley. Con respecto a las medidas cautelares, puntualizó que no hay provincia que no tenga un código contencioso administrativo que regule, entre otras cosas, las medidas cautelares contra el Estado.

Destacó, sin embargo: “El gobierno federal no lo tiene porque los factores económicos, los estudios de abogados, se han opuesto para ganarle fácil e injustamente al Estado”.

Más temprano se pronunciaron las asociaciones de magistrados, abogados, ONG’s  y constitucionalistas. La mayor parte de los representantes hicieron hincapié en los futuros juicios por inconstitucionalidad que objetarán la elección mediante voto universal de los consejeros.  También se refirieron a que el Poder Judicial debe ser un poder contramayoritario que controle al resto de los poderes y, por lo tanto, no debe quedar en manos de la misma fuerza política que gane la elección presidencial. Los planteos a la regulación de las medidas cautelares contra el Estado se basaron principalmente en que, aún con los cambios propuestos por el CELS, los términos que definen los derechos y grupos de afectados que quedarían exentos de las restricciones que impone la ley, no están lo suficientemente definidos.  Por último, la creación de nuevos tribunales de casación fue criticada por retardar el proceso judicial.

Este miércoles 24 se votará en la Cámara de Diputados el proyecto sobre la creación de nuevas Cámaras de Casación y el de regulación de cautelares contra el Estado.