Los padres de Cromañón fueron espiados y no solo por la SIDE

Por Rodrigo Lugones

A partir de la presentación espontánea del cuestionable abogado, y padre de una de las víctimas de la tragedia de Cromañón, José Iglesias, ante la fiscal del caso Nisman, muchos tomaron conocimiento de algo que, en su momento, pasó desapercibido: el espionaje que ciertos sectores de la inteligencia local realizaron sobre los padres de la tragedia no natural más grande de la Argentina.

José Iglesias, padre de una víctima de Cromañón que tuvo una profusa difusión en los medios de comunicación, dijo, bajo juramento, conocer a Diego Lagomarsino (el dueño del arma con que se disparó Nisman). Además, se puede deducir, lo sindicó como posible espía, al señalar que se infiltró en las marchas que los padres de Cromañón vienen realizando hace 10 años el día 30 de cada mes. Según lo afirmado por el letrado, sacó innumerables fotografías, participó de reuniones (incluso de algunas que se llevaron adelante en el Ministerio del Interior) y se le “pegó como una estampilla” al mismo Iglesias, durante unos 20 días. A su vez, afirmó que 7 meses después lo cruzó en la calle Viamonte y Lagomarsino “se cruzó de vereda y salió corriendo”.

Iglesias posee un currículum complejo, que muchos han calificado de prontuario. Defensor de Rubén Beraja, ex titular de la DAIA, está procesado por estar acusado de haber lavado dinero junto a él. Además de estar vinculado al vaciamiento de la cooperativa Hogar Obrero. Causas que él mismo reconocía cuando estaba en plena campaña de búsqueda de representados y realizaba diversas reuniones con familiares y sobrevivientes de la tragedia: “…Se van a decir muchas cosas sobre mí, que tengo causas, lo principal es que sepan qué es verdad, y qué no”.

Consultando diversas fuentes, este cronista pudo verificar que la desconfianza en la figura de Iglesias se extendió entre los padres de Cromañón. Lo cierto es que, al día de la fecha, se cumplen ya 5 años que Iglesias no marcha con los padres que se reúnen en Once todos los 30 de cada mes. Abandonó la causa, cediendo toda su representación legal en la figura de su hija (recordemos que él era uno de los abogados que concentraba la defensa de un gran grupo de familiares y sobrevivientes de la tragedia).

Estos datos que pueden arrojar diversas lecturas, constituyen, al menos, un llamado de atención para analizar con cuidado cualquier denuncia, o declaración que pueda presentar.

Si bien los padres y sobrevivientes consultados no pueden afirmar que lo que sostiene en su declaración Iglesias sea falso (ni verdadero), un dato central no puede ser soslayado. Todos los padres y sobrevivientes coinciden en que fueron espiados. Sólo en una oportunidad pudieron corroborarlo, pero todos dudan de que haya sido la única. En ese caso se trataba de Américo Balbuena, lanzado a la fama por ser el policía secreto (de la Federal) infiltrado en la agencia de noticias militante Rodolfo Walsh. Descubierto en las movilizaciones e interpelado por los mismos padres, Balbuena tuvo que retirarse. Su paradero, hoy por hoy, es incierto, aunque algunos padres aseguraban haberlo visto el último 30 de diciembre, en Plaza de Mayo, mientras otros afirmaban que está cumpliendo condena en una unidad penitenciaria (dato que no pudimos confirmar).

Dos de las madres consultadas para esta nota dijeron que la presentación de Iglesias produjo gran conmoción al interior de los padres de las víctimas de la tragedia. Llamó la atención que Iglesias asegurara que otros padres también habían visto a Lagomarsino presenciar reuniones y tomar fotografías. Sin embargo, hasta el momento, no pudimos dar con ninguno que confirme los dichos de Iglesias. Habrá que consultarle al letrado los nombres propios de los padres a los que hizo oportuna referencia.

Sin embargo, una de las madres consultada planteó que, aproximadamente en el 2005 (mismo año del relato de Iglesias), dos fotógrafos se acercaron a su casa, tomaron fotografías del cuarto de su hijo, de su ropa, de la casa, y de los integrantes de su familia, y luego desaparecieron. Nunca supo ni dónde ni para qué fueron usadas dichas imágenes, ni volvió a ver a los fotógrafos.

Más allá de la denuncia de Iglesias, que debe investigarse, sobran evidencias sobre un modo de operar de los servicios (¡no solo de la ex SIDE!) en el país. Esa lógica deberá ser fuertemente regulada por el proyecto de ley que se discutirá en el Congreso en las próximas semanas. La democracia argentina necesita un salto cualitativo.