"Le estamos dando a Lorenzetti el rol de Vélez Sársfield y eso no es menor"

Por Enrique de la Calle

AGENCIA PACO URONDO: Te pido una primera reflexión sobre la unificación de los códigos Civil y Comercial que se está proponiendo.

LA: Dictar un código es un proceso que debe tener ciertas características, especialmente ahora, en el 2013, con una realidad súper compleja, con legislación que se ha adjuntado al código, sobre todo pensando en el matrimonio igualitario, identidad de género y otras legislaciones que han cambiado el perfil conservador del código civil de Vélez Sársfield. Es un cambio legislativo razonable y sobre todo, necesario. Después podemos discutir, la oportunidad, el momento y las formas pero en cuanto a la necesidad del cambio, me parece que en general, hay pocas razones para rechazarlo o para decir que el Código de Vélez Sársfield dictado en 1871 se mantiene vigente.

APU: Decía que hay razones de forma sobre las cuales sí se puede volver. ¿Cuáles serían sus objeciones?

LA: Hay varias, primero fui una de las pocas personas como profesor de Derecho Constitucional que al menos criticó, no por las cualidades técnicas, darle la redacción del código civil al Presidente de la Corte Suprema y a una jueza de la Corte Suprema, que son personas muy bien formadas y que merecerían estar en una suerte de comisión entre muchos otros juristas. Presidir una Comisión y darle la autoría del nuevo Código Civil al presidente de la Corte, también genera restricciones. Por ejemplo, el Presidente de la Corte va a tener que resolver si el código que el redactó en su proyecto principal, es constitucional o no. ¿Qué va a hacer el Presidente de la Corte, se va a abstener?

APU: Que se le haya dado la redacción a dos jueces de la Corte Suprema. ¿No puede pensarse que se hizo con el objetivo de ahorrarse toda esa discusión posterior en la justicia en torno a la constitucionalidad?

LA: Como razón puede ser estratégica en el tablero del juego político, como razón legal, genera estos problemas. Lorenzetti no podría decidir sobre la constitucionalidad de su propio código. Obviamente hay formas de excusarse, por ejemplo, el proceso legislativo hace que el anteproyecto sea diferente al código efectivamente sancionado. Pero eso es una estrategia política, no es una estrategia legal: si soy redactor de la ley o del proyecto de ley principal en que el código se basa, yo debería excusarme y eso genera distorsiones.

Además, creo que debió realizarse una comisión más plural en términos de licuar la importancia de una persona. En cambio acá, le estamos dando a Lorenzetti, que tal vez se lo merece como académico y ahora circunstancialmente Presidente de la Corte Suprema, el rol y el lugar de Vélez Sársfield en el futuro y eso no es menor.

APU: ¿Qué perfil ideológico tiene Lorenzetti como jurista?

LA: No soy un especialista en Lorenzetti. Piensa o se proyecta a sí mismo como un hombre del derecho civil muy vinculado con el derecho constitucional, con un perfil progresista. Creo que Lorenzetti tiene un corte progresista en su doctrina. Después está lo que se dice en un libro y otra muy diferente suele ser lo que se hace en los cargos judiciales o en los cargos políticos.

El corte progresista de un discurso académico, desde mi punto de vista, no nos asegura ejecuciones políticas o judiciales igualmente progresistas.

APU: Que se haya propuesto la unificación de los códigos civil y comercial es una práctica habitual, posible, o es algo extraño. ¿Cómo lo ve?

LA: No, no es llamativo, es un proyecto como que viene de los comienzos de la transición democrática, desde el primer gobierno radical. Después se reiteró dos o tres veces en el gobierno de Menem y después en el gobierno de De La Rúa. De hecho antes esos proyectos llegaron a tener media sanción. Es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo, sobre todo por el código de comercio en sí mismo, que ha perdido autonomía.

APU: Una de las objeciones planteada tiene que ver con una visión que sería muy favorable al Estado. Sectores de la derecha han objetado esto. ¿Cómo lo ve?

LA: Del proyecto lo que diría es lo siguiente: primero ha habido una cobertura bastante interesante a nivel político, sobre todo para los abogados o para la gente que ve el derecho como algo apolítico. La discusión del código en Argentina fue muy zigzagueante y creo que tuvieron que ver con la coyuntura política y no tanto con lo que el código decía. El año pasado, cuando parecía que el código iba a ser sancionado en 90 días, La Nación y gran parte de los grupos vinculados a la iglesia se oponían fuertemente a las reformas en el derecho de familia, al alquiler de vientres, a la fecundación in vitro.

Después cuando el gobierno enfrentó al Poder Judicial, La Nación aparece defendiendo el anteproyecto. El mismo diario que criticaba al código por extremadamente progresista, vanguardista e innovador que violaba las construcciones más tradicionales de familia estaban diciendo, miren que acá está el código y se está bloqueando por razones políticas y miren que mal esto que hace el gobierno.

En relación a los litigios contra el Estado, muchos piensan que va a traer un corte con los abusos de litigios innecesarios y sobre todo que implican altos costos para el Estado pero no de sentencias, sino altos costos de defensa del Estado. Hay otros que dicen que ésta es una oportunidad que va a tomar el Estado, incluso, bajo unas buenas razones de reducir su  responsabilidad. Desde mi punto de vista, todo depende de cómo quede finalmente redactado el código y cuán razonables son después los jueces en aplicar o interpretar esa norma en el marco constitucional.