La defensa de las inequidades se mide por el valor del m²

Por Nicolás Ferme y Geraldine Oniszczuk l Los desmesurados hechos violentos que se sucedieron el viernes pasado en los terrenos del Hospital Borda son parte de una crónica anunciada sobre una política que tiene como objeto la valorización de los terrenos de la zona sur de nuestra Ciudad. Bajo la excusa de promover el desarrollo de zonas relegadas y corregir inequidades frente al resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad confunde el mejoramiento de la calidad de vida los vecinos de esos barrios con el incremento del valor del suelo.

La zona sur, las comunas 4 y 8, presentan un escenario de indicadores sociales deteriorados frente al resto de la ciudad. Confluyen allí los niveles más bajos de escolarización, más altos de deserción escolar y de déficit habitacional. Con sus villas y conjuntos habitacionales conforman una imagen antagónica a los lujos sociales y culturales que se despliegan en el resto de la ciudad construyendo un escenario de contrastes y exclusión.

El Gobierno porteño intervino activamente en estas comunas mediante la creación de distritos: el Tecnológico, de Diseño, de las Artes, de la Música. Estas intervenciones, supusieron un conjunto de inversiones focalizadas en las comunas menos favorecidas de la Ciudad que construyen islas de embellecimiento urbano para convocar a los profesionales y ciudadanos del resto de la ciudad a “acercarse al sur”. Paralelamente, el Banco Ciudad, además de trasladar su sede central al sur, ofrece créditos diferenciados para promover a que quienes no viven allí, compren terrenos e inviertan en esta zona de la Ciudad. Sin embargo, las inversiones que requieren quienes hoy sí viven en el sur de la Ciudad, tienen que ver mucho más con la promoción de la salud, la educación y la integración urbana que con la llegada de distritos profesionales o nuevos vecinos.

En esa línea, se erige el controversial proyecto del “Parque Cívico” que, innecesariamente, se insiste en instalar en terrenos del Hospital Borda. La antesala del conflicto está dada por una conjunción de políticas que se remontan a los primeros días de gestión del actual gobierno. Desde las primeras manifestaciones de este proyecto y con el paralelo intento de terciarizar la salud mental, organizaciones gremiales y profesionales de la salud han conducido medidas de denuncia para la defensa de lo público, que ha implicado una resistencia pacífica que se ha traducido paulatinamente en una escalada de tensión con las autoridades del GCBA. Sin embargo, la puja entre estos sectores y el GCBA, tenía como trasfondo el intento ‘liberar’ las tierras del Borda.

Frente al escenario de criticidad y vulnerabilidad en la zona sur, el GCBA ha respondido con desinversión y subejecución en las áreas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos del sur. Nos referimos a los presupuestos de salud, educación y vivienda. Por ejemplo, en el área vivienda para el año 2012 programas estratégicos como el de urbanización de villas se ejecutó en menos de 4% del total asignado. Mientras tanto, las inversiones por parte del GCBA en estas zonas consisten en la realización de hitos urbanos con las cuales se pretenden dar señales al sector privado para dinamizar la compra de terrenos, construcción de nuevos conjuntos y, de esta forma, casi sin poder verlo, garantizar expulsión vía mercado de los sectores populares de la Ciudad.

Esto es así porque no se puede ignorar que ninguna de estas obras repercute directamente en mejorar los deteriorados indicadores sociales de estas comunas. Sin ir más lejos, hoy se ofrece intercambiar la construcción de oficinas de gobierno en terrenos en los que actualmente se tratan pacientes psiquiátricos que dejarán de contar con una oferta de servicios públicos para tratar las situaciones que atraviesan.

Además de las cuestionables consecuencias de estos proyectos, preocupa el proceso político por el cual el actual gobierno de la Ciudad atropella a las instituciones y avanza con la Fuerza pública para desalojar un predio que se encuentra protegido por el Código de Planeamiento (Ley 3.5380/2010) y a través de medidas cautelares específicas que ratifican la imposibilidad por parte del Gobierno de la Ciudad para avanzar en el desalojo del predio. La ilegalidad del procedimiento no es un condimento menor en la cadena de sucesos.

Por el contrario, simboliza un posicionamiento por parte del partido de gobierno respecto del rol de la Justicia y del procesamiento de decisiones adversas. Desde la gestión PRO, ante una medida cautelar que le impide desarrollar un eje de gobierno, no hay margen de discusión, sino que simplemente se desconoce.

Esta situación, en la que el Poder Ejecutivo avanza contra las medidas dispuestas por la Justicia, contra los acuerdos presupuestarios realizados en la Legislatura local y contra la resistencia de organizaciones gremiales y sociales ponen en evidencia el desarrollo de un proceso político autoritario que tiene como objetivo generar, bajo cualquier circunstancia, una exponencial valoración del suelo en el Sur de la Ciudad.

Estas intervenciones no favorecen a los sectores más vulnerables de la Ciudad, sino que se presentan como las condiciones de posibilidad para que el mercado inmobiliario local pueda expandirse. Los intereses de mercado encuentran como principal socio a un Estado colonizado por sus mismos objetivos y dispuesto a desplegar todas sus herramientas para cumplir con lo que es, a su entender, la promoción de una política de desarrollo urbano que va a permitir embellecer a una zona sur, hoy tan distinta al resto de la Ciudad.
 
Fuente: Generación Política Sur / La Fábrica Porteña