Donde nadie cuida, alguien trabaja

En enero de 2023, el Estado argentino presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y las obligaciones que genera para los Estados.

La respuesta llegó en 2025. Mediante la Opinión Consultiva OC-31/25, la Corte reconoció la existencia de un derecho humano autónomo al cuidado, integrado por tres dimensiones: el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado.

La pregunta la formuló un Estado que estaba construyendo políticas de cuidado. La respuesta la recibió un gobierno que estaba desmontando buena parte de esa institucionalidad.

La paradoja es política, pero sus consecuencias son materiales. Mientras los organismos internacionales avanzan hacia el reconocimiento del cuidado como derecho, trabajo y responsabilidad pública, la Argentina atraviesa un proceso de retracción de políticas nacionales destinadas a sostenerlo. Esa contradicción se expresa en las condiciones en las que las familias organizan su vida cotidiana, en las posibilidades de las personas adultas de acceder a un trabajo digno y en los derechos de las infancias.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), esa relación adquiere una dimensión concreta.

En actividades productivas atravesadas por la informalidad, la estacionalidad y la precariedad, niñas y niños pueden quedar expuestos al trabajo infantil por una combinación de factores: ingresos familiares insuficientes, condiciones laborales inadecuadas, organización familiar de la producción y falta de alternativas de cuidado.

El trabajo infantil no puede explicarse mediante una única causa. Pero muchas veces expresa una doble deuda de nuestra organización social: la insuficiencia de políticas de cuidado para las infancias y la falta de trabajo digno para las personas adultas.

Donde nadie cuida, alguien termina trabajando. Y, en determinadas condiciones, ese alguien puede ser una niña o un niño.

El cuidado entró en la agenda mundial

Durante décadas, la economía feminista sostuvo una discusión que cuestionó los fundamentos de la organización económica: ¿cómo es posible que las actividades indispensables para sostener la vida hayan quedado fuera de aquello que reconocemos socialmente como trabajo?

Cristina Carrasco, Nancy Folbre, Lina Gálvez y Corina Rodríguez Enríquez, entre otras investigadoras, contribuyeron a demostrar que la producción económica no comienza cuando una persona ingresa a su lugar de trabajo. Antes hubo alimentación, crianza, limpieza, acompañamiento y una enorme cantidad de actividades que permiten sostener la vida cotidiana.

Ese trabajo, realizado mayoritariamente por mujeres, fue históricamente invisibilizado, naturalizado y distribuido de manera desigual. La discusión feminista no consistió solamente en reclamar reconocimiento para esas tareas. También cuestionó la separación entre producción y reproducción social, entre economía y vida cotidiana, entre aquello que tiene precio y aquello que hace posible la vida.

Hoy esa discusión ocupa un lugar central en la agenda internacional.

En junio de 2024, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una resolución sobre trabajo decente y economía del cuidado. El documento retoma el marco de las cinco R: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado, recompensar adecuadamente el trabajo remunerado y garantizar la representación de quienes lo realizan.

Esta última dimensión resulta particularmente significativa desde el mundo del trabajo. Reconocer el cuidado implica también discutir condiciones laborales, protección social, formación, negociación colectiva y representación de las personas trabajadoras.

En agosto de 2025, los países de América Latina y el Caribe aprobaron el Compromiso de Tlatelolco, que establece una década de acción hasta 2035 para avanzar hacia la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado.

La agenda mundial está cambiando de escala. El cuidado deja de ser pensado exclusivamente como una responsabilidad familiar o una prestación asistencial para convertirse en una cuestión de derechos, desarrollo, organización económica y responsabilidad pública.

Sin embargo, reconocer un derecho no equivale todavía a garantizarlo.

Cuidar las infancias también exige trabajo digno para las personas adultas

Hay una dimensión de esta agenda que resulta especialmente relevante para quienes trabajamos en la prevención y erradicación del trabajo infantil.

En 2015, los Estados asumieron, mediante la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el compromiso de terminar con el trabajo infantil en todas sus formas para 2025. La meta no se cumplió.

Según las estimaciones publicadas por la OIT y UNICEF en junio de 2025, aproximadamente 138 millones de niñas y niños se encontraban en situación de trabajo infantil durante 2024, de los cuales alrededor de 54 millones realizaban trabajos peligrosos.

Los organismos internacionales señalaron la necesidad de acelerar las intervenciones mediante protección social, educación de calidad, trabajo decente para las personas adultas y políticas de protección de las infancias.

La prevención del trabajo infantil exige mirar más allá de las situaciones individuales de vulneración de derechos. Supone preguntarse por las condiciones materiales en las que las familias organizan su vida cotidiana.

En los territorios donde las personas adultas enfrentan empleos precarios, ingresos insuficientes o actividades productivas que involucran al conjunto familiar, el trabajo infantil no puede comprenderse exclusivamente como una decisión doméstica. Tampoco alcanza con explicar su persistencia por la ausencia de espacios de cuidado.

Hay dos dimensiones que deben pensarse conjuntamente: el derecho de niñas y niños a ser cuidados y el derecho de las personas adultas a acceder a un trabajo digno, con ingresos suficientes y protección social.

La experiencia acumulada por los equipos territoriales de la COPRETI permite reconocer la importancia de esa articulación. Un espacio de cuidado puede contribuir a proteger a las infancias, pero no modifica por sí solo las condiciones laborales de las personas adultas. Del mismo modo, mejorar los ingresos familiares no resuelve automáticamente las necesidades de cuidado cuando faltan servicios accesibles y adecuados.

Ese conocimiento institucional no comienza con una nueva gestión. Se construye a lo largo del tiempo, mediante la experiencia de trabajadoras y trabajadores que conocen los territorios, las actividades productivas, las organizaciones y las dificultades que atraviesan las familias.

Porque el conocimiento de una institución no se encuentra solamente en sus documentos, sus programas o sus estructuras administrativas. También está en la memoria de quienes sostienen cotidianamente sus políticas públicas.

Una responsabilidad de gestión consiste precisamente en escuchar ese conocimiento, sistematizarlo y convertirlo en mayor capacidad institucional.

Cuando el Estado se retira, el cuidado cambia de manos

La Argentina había construido una institucionalidad específica en materia de cuidados.

La Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, creada en 2020, buscaba articular organismos nacionales, producir información y avanzar hacia una organización más integral de las responsabilidades de cuidado. También se desarrollaron instrumentos como el Mapa Federal del Cuidado, programas de infraestructura y políticas destinadas a la primera infancia, las personas mayores y quienes realizan tareas de cuidado.

En materia de prevención del trabajo infantil, el país había sido reconocido como País Pionero de la Alianza 8.7 y contaba con instrumentos de planificación y programas específicos.

Entre ellos, Buena Cosecha, destinado a fortalecer espacios de cuidado para hijas e hijos de trabajadoras y trabajadores rurales durante las temporadas productivas. Era una experiencia que permitía observar concretamente la articulación entre protección de las infancias y condiciones laborales de las personas adultas.

Esa arquitectura institucional tenía limitaciones, pero expresaba una orientación de política pública: el cuidado requería intervención estatal, coordinación, recursos y perspectiva de derechos.

Desde diciembre de 2023, esa orientación nacional cambió.

El monitoreo de la iniciativa intersectorial La cocina de los cuidados, integrada por organizaciones sociales, sindicales, comunitarias y académicas, informó en agosto de 2026 que 48 de las 50 políticas nacionales de cuidado relevadas habían sido eliminadas o desfinanciadas.

En el campo específico del trabajo infantil, el informe anual del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos documentó reducciones de financiamiento y demoras en los desembolsos de programas argentinos durante 2024, entre ellos Buena Cosecha, que continuó funcionando con recursos reducidos.

Estos datos permiten analizar una orientación de política pública que contrasta con los compromisos internacionales asumidos en materia de cuidados, protección social y erradicación del trabajo infantil.

El cuidado no desaparece cuando desaparece una política pública. Cambia de manos.

Cuando se reduce la oferta de servicios, las necesidades permanecen. Alguien debe reorganizar su tiempo, interrumpir una actividad laboral, asumir nuevas responsabilidades o buscar alternativas.

La economía feminista ha demostrado que esas responsabilidades recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. En determinadas situaciones, también pueden trasladarse hacia niñas y adolescentes que asumen tareas domésticas y de cuidado intensivas, muchas veces naturalizadas como una forma de colaboración familiar.

Por eso, el desfinanciamiento no puede analizarse únicamente como una reducción del gasto público. También debe examinarse por sus efectos sobre la distribución del trabajo, los tiempos familiares, la autonomía económica y la protección de las infancias.

La discusión sobre el Estado no es abstracta. Se expresa en quién termina asumiendo las responsabilidades que dejan de estar socialmente organizadas.

La decisión bonaerense: construir presencia, organizar capacidades

Frente a este escenario, la provincia de Buenos Aires tomó un camino diferente. No se trata de una continuidad inercial: es una decisión política del gobernador Axel Kicillof, que colocó la prevención y erradicación del trabajo infantil entre las prioridades del Estado provincial y la sostuvo con recursos, estructura y equipos.

La COPRETI funciona desde 2004 en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense, con respaldo en la Ley 13.803, que creó el Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Cuenta con una trayectoria construida durante años y con equipos técnicos que han desarrollado experiencias de intervención territorial, articulación interinstitucional y acompañamiento de estrategias locales.

En 2022, el Decreto 21 fortaleció su estructura mediante la creación de una Secretaría Ejecutiva y direcciones específicas para el abordaje territorial y sectorial y para las medidas de protección y restitución de derechos. Como señaló el ministro de Trabajo, Walter Correa, la bonaerense es la única COPRETI del país que cuenta con presupuesto propio, como resultado de la decisión del gobernador de abordar el trabajo infantil con políticas de Estado.

En junio de 2024, Kicillof encabezó en la Casa de Gobierno la presentación del Plan Operativo Provincial 2024-2028, que incorporó como ejes transversales la centralidad del territorio, el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes, y el enfoque de género y el derecho a los cuidados.

Esa decisión política encuentra expresión en una trama de trabajo que articula ministerios y organismos provinciales, municipios, sindicatos, cooperativas, clubes y organizaciones comunitarias. A través de los Nodos de Acción, esa red permite construir respuestas situadas, promover espacios de cuidado y acompañar estrategias de prevención del trabajo infantil, reconociendo las capacidades y necesidades de cada comunidad.

El programa Vacaciones sin Trabajo Infantil 2026 proyectó alcanzar a 2.600 niñas, niños y adolescentes durante el receso escolar. A su vez, la Provincia realizó la primera Encuesta Provincial de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EPANNA), cuyos resultados fueron presentados en la 54.ª reunión plenaria de COPRETI.

El propio gobernador sintetizó el sentido de esta política cuando afirmó que al trabajo infantil "se lo combate erradicando la pobreza" y los problemas de distribución del ingreso. Es la doble deuda formulada desde la conducción política: no hay infancia protegida sin cuidado, pero tampoco sin ingresos y trabajo digno para quienes la crían.

Los Nodos no constituyen por sí mismos un sistema integral de cuidados. Su finalidad específica es prevenir y contribuir a erradicar el trabajo infantil mediante estrategias locales e intersectoriales. Pero su experiencia permite observar cómo una política pública puede organizar capacidades institucionales y comunitarias para intervenir sobre problemas concretos.

Una escuela conoce las trayectorias de sus estudiantes. Una organización comunitaria conoce las necesidades de las familias. Un sindicato conoce las condiciones de trabajo de su sector. Un municipio identifica demandas y recursos locales. Los organismos provinciales cuentan con competencias, información e instrumentos de intervención.

Cuando esas capacidades permanecen dispersas, sus posibilidades de respuesta pueden resultar limitadas. Cuando se articulan mediante una estrategia pública, pueden producir algo distinto de la suma de intervenciones individuales.

Pueden convertirse en potencia pública organizada.

A esa capacidad de las instituciones para construir presencia, articulación y continuidad en los territorios propongo pensarla desde la noción de capilaridad institucional.

La capilaridad no se mide solamente por la cantidad de oficinas o programas existentes. Se expresa en la posibilidad de conectar actores, movilizar recursos y sostener vínculos que transformen necesidades en acceso efectivo a derechos.

Una política capilar no espera únicamente que las personas lleguen hasta el Estado. También construye mecanismos para reconocer las realidades donde esas personas desarrollan su vida cotidiana.

Y aquí hay una idea del papa Francisco que ayuda a comprender esta forma de construir lo público: la cultura del encuentro.

En Fratelli tutti, Francisco propone la imagen del poliedro, donde las diferencias no desaparecen, sino que encuentran una forma de contribuir a una construcción común.

Esa mirada también interpela a las instituciones.

Una escuela, un sindicato, una organización comunitaria y un organismo estatal no tienen las mismas responsabilidades ni los mismos saberes. Pero cuando logran encontrarse alrededor de un problema compartido, pueden construir respuestas que ninguno produciría por separado.

La cultura del encuentro, pensada desde la política pública, no es solamente una disposición al diálogo. Exige organización, responsabilidades y continuidad.

Los Nodos permiten observar esa posibilidad: transformar la proximidad territorial en una capacidad pública sostenida.

No se trata de reemplazar la responsabilidad estatal por la buena voluntad comunitaria. Se trata de construir un Estado capaz de reconocer saberes, coordinar responsabilidades y sostener políticas junto con las organizaciones.

Comunidad, trabajo y responsabilidad pública

Mucho antes de que los sistemas integrales de cuidados ocuparan un lugar central en la agenda internacional, jardines comunitarios, espacios de primera infancia y redes barriales, sostenidos en su mayoría por mujeres organizadas, ya habían construido respuestas colectivas. Las investigaciones de Eleonor Faur y Carla Zibecchi muestran que esas experiencias forman parte de la organización social y política del cuidado, y la Ley 14.628 avanzó en el reconocimiento de las instituciones educativas comunitarias bonaerenses.

Pero reconocer esa potencia exige no idealizarla: las redes territoriales no pueden justificar la transferencia de responsabilidades estatales sin recursos ni sostenerse sobre la precarización de las mujeres que históricamente asumieron esas tareas. La comunidad puede organizar respuestas; la garantía de los derechos exige responsabilidad pública.

Esa responsabilidad también es laboral. Durante demasiado tiempo, las políticas de empleo y las de cuidado se pensaron por separado, como si quién cuida mientras las personas trabajan fuera un asunto ajeno a las jornadas, los salarios o la negociación colectiva.

Desde un Ministerio de Trabajo, esa separación ya no se sostiene: incorporar el cuidado a la negociación colectiva, ampliar la formación y certificación de competencias de quienes cuidan, fortalecer su protección social y promover trabajo decente para las personas adultas son parte de la misma agenda.

En la prevención del trabajo infantil no alcanza con detectar situaciones de vulneración de derechos: es necesario intervenir sobre las condiciones sociales y laborales que contribuyen a producirlas. Y allí los gobiernos provinciales y locales tienen un papel que no puede considerarse secundario.

Hacer del cuidado una responsabilidad pública

El siglo XXI está colocando los cuidados en el centro de una discusión sobre el desarrollo, la igualdad y la organización de nuestras sociedades.

No se trata solamente de ampliar prestaciones, aunque hacerlo sea indispensable. Tampoco alcanza con reconocer el valor económico de un trabajo que durante décadas permaneció invisible.

El desafío es construir una organización social que garantice derechos sin reproducir las desigualdades sobre las que históricamente se sostuvo.

En la Argentina, esa discusión ocurre en medio de una contradicción profunda: mientras la agenda internacional avanza hacia mayores compromisos públicos, el gobierno nacional ha reducido buena parte de los instrumentos destinados a sostenerlos.

Frente a ese escenario, la experiencia bonaerense muestra que otra orientación es posible cuando existe decisión política: fortalecer instituciones, reconocer el conocimiento de sus equipos y organizar capacidades junto con las comunidades y el mundo del trabajo.

La capilaridad no es solamente llegar más lejos. Es construir una trama pública que conecte responsabilidades, saberes y recursos. Es transformar capacidades dispersas en potencia organizada.

Porque cuidar no es una actividad que sucede al margen del trabajo, de la economía o de la política. Es una condición de posibilidad de todas ellas.

Y porque proteger a las infancias exige también que las personas adultas puedan trabajar dignamente.

La agenda mundial de los cuidados necesita financiamiento, legislación y sistemas integrales. Pero necesita, además, instituciones capaces de sostener los derechos allí donde transcurre la vida.

Que nunca sea una infancia la que deba ocupar el lugar que dejan vacío la falta de cuidado y la ausencia de trabajo digno.

Esa responsabilidad no puede quedar librada a la suerte, al ingreso familiar o al lugar donde se nace. Es una tarea pública que exige decisión política, organización y comunidad.

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Florencia Lizaraso es licenciada en Artes, profesora, docente y maestranda en Estudios Feministas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de Perspectiva de Cultura y Trabajo. La arquitectura del trabajo: entre la comunidad y el algoritmo. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.