¿De qué seguridad estamos hablando?

El martes 20 de octubre, a primera hora de la mañana, dos personas encapuchadas ingresaron al CeSAC 24, conocido en Villa Soldati como la salita de Carrillo. Saltaron un cerco y entraron por una puerta de emergencia, justo cuando comenzaba la jornada laboral. Robaron insumos y pertenencias perdonales y agredieron violentamente a dos trabajadoras de enfermería. Una recibió un golpe en el pecho. Ambas se sintieron profundamente violentadas; afortunadamente, se encuentran bien.

En el otro extremo del establecimiento, efectivos policiales custodiaban otro acceso. Sin embargo, recién tomaron conocimiento de lo sucedido una vez que el hecho ya había ocurrido.

Lo ocurrido nos enfrenta a preguntas necesarias: ¿qué significa hablar de seguridad? ¿Alcanza con que haya presencia policial? ¿Qué se protege cuando esa presencia no logra evitar que se produzca una situación como esta? ¿De qué seguridad estamos hablando cuando quienes sostienen cotidianamente un espacio de cuidado quedan expuestas a la violencia?

El CeSAC 24 no es solamente un edificio público. Es una institución fundamental para Villa Soldati, un lugar al que los vecinos se acercan en busca de atención de salud, escucha, acompañamiento y respuestas. Es también un espacio que construye lazos, sostiene vínculos y forma parte de una red comunitaria indispensable para la vida del barrio. Lo que allí sucede no afecta únicamente a quienes estaban presentes: interpela a toda una comunidad.

Frente a lo ocurrido, las y los trabajadores convocaron a las autoridades, realizaron una asamblea y recibieron la visita del comisario de la Comuna 8, junto con el abrazo de personas de otras instituciones y vecinos. Dos días después volvieron a reunirse para reflexionar colectivamente sobre lo sucedido. A partir de estos encuentros, también comenzaron a organizar una respuesta comunitaria.

El jueves 29 de octubre, desde las 8 de la mañana, se realizará una caravana que partirá del CeSAC 24 y llegará a al comedor Las Gemelas, donde, a las 10, comenzará un posta de salud. La iniciativa expresa una decisión política y colectiva: frente a la violencia, encontrarse, acompañarse y sostener los espacios que hacen posible el cuidado en el territorio.

En el ámbito legislativo también se impulsó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer las circunstancias del hecho, las condiciones de seguridad del centro de salud y las medidas preventivas previstas. La iniciativa incluye, además, la posibilidad de evaluar una mesa de trabajo con los trabajadores y los vecinos. Son acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y exigir respuestas institucionales.

Ahora bien, lo ocurrido en Villa Soldati no puede analizarse de manera aislada. La pregunta por la seguridad en un centro de salud también nos lleva a una discusión más amplia sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y sobre el modelo de protección que se promueve desde el Gobierno porteño.

Asistimos a reiteradas situaciones de violencia institucional contra quienes se movilizan para defender sus derechos, contra trabajadores de la economía popular y contra quienes habitan los barrios populares. Las imágenes de represión, persecución y hostigamiento se vuelven parte de una escena cotidiana. En nuestros barrios, las llamadas tormentas negras también expresan una forma de intervención estatal de intimidación y avasallamiento, en vez de garantizar derechos.

En este contexto, también es necesario preguntarnos cómo se construye socialmente la idea de seguridad y qué sentidos se promueven desde el discurso público. Se monta un espectáculo mediático destinado a convencer a una parte de la sociedad de que perseguir, reprimir y expulsar es cumplir con la ley y garantizar el orden.

Pero ¿de qué orden hablamos? ¿De una ciudad que reconoce a sus habitantes como sujetos de derechos o de una que parece imaginar un muro alrededor de la avenida General Paz, mientras acorrala a los habitantes de las villas en sus propios barrios?

Esta forma de entender el orden social entra en contradicción con una concepción de la seguridad basada en la garantía de derechos. Porque si la respuesta a los conflictos consiste en perseguir, segregar y expulsar, la pregunta ya no es solamente cómo se protege a la población, sino también quiénes quedan fuera de esa protección.

La seguridad no puede construirse sobre el miedo, la persecución ni la vulneración de derechos. Tampoco puede limitarse a la presencia policial una vez que el conflicto ya estalló. Necesitamos preguntarnos por las causas, por las condiciones sociales que atraviesan a nuestras comunidades y por las responsabilidades políticas e institucionales que suelen quedar fuera de escena.

Discutir qué seguridad queremos implica también revisar qué entendemos por proteger y cuidar. Desde esa perspectiva, una institución de salud no es solamente un edificio que debe ser custodiado: es un espacio de encuentro, de cuidado y de construcción de vínculos. Una escuela no es únicamente un establecimiento que debe permanecer protegido: es también un lugar donde se construye ciudadanía. Un barrio no es un territorio que deba ser controlado: es una comunidad que necesita condiciones dignas para vivir, encontrarse y desarrollarse.

Construir otras formas de seguridad requiere, entonces, fortalecer las condiciones que hacen posible el cuidado colectivo. Cuando la violencia irrumpe en estos espacios, no alcanza con buscar respuestas individuales ni con reforzar la vigilancia. Necesitamos construir respuestas colectivas que permitan abordar los conflictos, recuperar la confianza y fortalecer las redes comunitarias.

Esto no significa desconocer la gravedad de los hechos ni renunciar a la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad. Significa discutir cómo debe hacerlo, con qué políticas y bajo qué principios. Porque garantizar seguridad también es garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda digna y las condiciones materiales que permiten construir una vida en comunidad.

En ese camino, la palabra ocupa un lugar fundamental. Allí donde hay violencia y vulneración de derechos, necesitamos poner palabras. Nombrar lo que sucede, habilitar la escucha y construir espacios para elaborar colectivamente aquello que nos duele y nos preocupa.

La comunicación también es una práctica de cuidado. Permite que circule la palabra, que las experiencias individuales encuentren un sentido colectivo y que nadie tenga que atravesar en soledad aquello que nos afecta como comunidad. Comunicar no es solamente transmitir información: es encontrarnos, reconocernos y construir herramientas para transformar aquello que nos lastima.

Frente a la violencia, el abrazo simbólico, la organización y la presencia comunitaria no son gestos ingenuos ni respuestas menores. Son formas de construir un tejido social capaz de sostenernos, defender nuestros derechos y disputar los sentidos que se imponen sobre nuestros barrios.

Todo esto nos devuelve a la pregunta que atraviesa esta reflexión: ¿qué seguridad queremos? ¿Una seguridad que confunda orden con obediencia, protección con vigilancia y justicia con castigo? ¿O una seguridad que garantice derechos, cuide a quienes cuidan y reconozca a los habitantes de los barrios populares como sujetos de derecho y protagonistas de las políticas públicas?

La pregunta no es solamente quién nos protege. También es cómo nos cuidamos, qué Estado necesitamos y qué comunidad queremos construir.

La salida es colectiva. La seguridad también debe ser un derecho.

* Contacto del autor: Instagram: @laurentzandriessen