Crítica de los jueces a Macri por su apoyo a Chocobar: “Una indebida injerencia”

La Asociación de Magistrados criticó al presidente Mauricio Macri por su respaldo al policía Luis Chocobar y el gatillo fácil y sus cuestionamientos a los miembros de la Cámara del Crimen que ratificaron el procesamiento del agente que mató por la espalda a un delincuente desarmado que acababa de cometer un asalto y huía.

La entidad, que reúne a la mayoría de los jueces de todo el país, advirtió que los dichos del Presidente constituyen una “indebida injerencia” en asuntos del Poder Judicial.

"En ese contexto, sus expresiones respecto a cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho", sentenciaron los magistrados a Macri por sus reiterativos dichos y presiones a la justicia respecto de esta temática.

La cerrada defensa del Gobierno a Chocobar y la decisión de imponer a partir de su caso una nueva doctrina de seguridad que da vía libre al accionar policial abrió una brecha entre los socios de Cambiemos. También abrió una grieta con un sector del Poder Judicial que hasta aquí estaba en sintonía con el macrismo.

La declaración pública de la Asociación de Magistrados no hace más que reflejar el malestar que en Tribunales generaron las críticas que Macri hizo el último viernes a los camaristas Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Rodolfo Pociello Argerich, quienes no sólo confirmaron el procesamiento a Chocobar, sino que además agravaron la acusación en su contra.

“Como ciudadano, no entiendo cómo en el fallo dice que hizo todo bien, pero en el último instante se excedió”, dijo Macri, quien en su momento también recibió a Chocobar como un héroe en la Casa Rosada.

En ese sentido, los jueces remarcaron que, al hablar en “rol de ciudadano” intenta “desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la Nación que le debe respeto e independencia a los demás Poderes de la República; ni la implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones”.

La Asociación de Magistrados está presidida por la camarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. El vicepresidente 1 es el también camarista Néstor Costabel y el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal es Ricardo Sáenz, muy cercano al Gobierno nacional. En su cuenta de Twitter, Sáenz había salido a respaldar el accionar del policía. 

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional  expresa su preocupación por las expresiones críticas del señor Presidente de la Nación, relacionadas con las decisiones jurisdiccionales tomadas en los últimos días por los magistrados de distintas instancias que intervienen en el expediente número 74191/17, caratulado: “Chocobar, Luis Oscar y otros s/homicidio agravado”.

Tenemos la firme convicción de que cualquier habitante de la Nación se encuentra investido del absoluto derecho a expresar sus opiniones respecto de la actuación de cualquier órgano estatal. Empero, resulta inadmisible que el titular de uno de los Departamentos del Gobierno Federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial aduciendo que lo hace desde su “rol de ciudadano” intentando, de ese modo, desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la Nación que le debe respeto e independencia a los demás Poderes de la República; ni la implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones.

En ese contexto, sus expresiones respecto a cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho.

Por ello, esta Asociación reitera su postura en cuanto a la necesidad de evitar intromisiones, sea del sector que fuera, en procura de obtener una determinada resolución judicial, invocando para ello el sentir popular, pues ello implica una inaceptable interferencia en las funciones exclusivas del Poder Judicial, a la vez que coadyuva a generar un infundado enfrentamiento de la sociedad con los magistrados.