Blanqueo de capitales para familiares: ¿cuántas empresas offshore tiene Franco Macri?

Por Juan Cruz Guido

Luego de que el Ejecutivo firmara el polémico decreto que modifica sustancialmente la ley aprobada por el Congreso en lo que refiere al blanqueo de capitales, varios diputados y referentes políticos cuestionaron el fondo de la cuestión: ¿Es este un decreto a medida del padre del Presidente, Franco Macri?

Justamente lo que se modifica de la ley es el artículo que había desatado polémicas dentro de la Cámara de Diputados. El Articulo 83 (Libro II/Titulo V) asienta claramente que “quedan excluidos de las disposiciones” del blanqueo “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios. La aprobación del artículo dividió, por primera vez, al oficialismo en el Congreso. Por un lado se ubicaron los supuestos “defensores de la República”, como lo son Elisa Carrió, que ejerce una banca en Diputados, y Ernesto Sanz que, a través de Mario Negri, alineó al radicalismo con el actual articulado. De todas maneras, la ley sigue siendo bastante cuestionable ya que permite el blanqueo a hermanos o primos, como podría ser el caso de Ángelo Calcaterra, los cuales pueden perfectamente actuar de testaferros o intermediarios de activos en el exterior.

Con todas las deficiencias que presentaba el actual blanqueo, que llevó el nombre de “sinceramiento fiscal” para atenuar el origen delictual del mismo, ponía un límite (para algunos mínimo, pero un límite al fin). El nuevo decreto que firmó el presidente Mauricio Macri, además de estar expuesto a un claro pedido anticonstitucionalidad ya que neutraliza la acción del Congreso y modifica el “espíritu” de la ley, pareciera diseñado de manera burda para su propio padre.

Sería iluso pensar que esta acción del presidente se enmarca dentro de los números pasos en falso del gobierno en materia política, con el consecuente costo político. Hace unas semanas Francisco (Franco) Macri pareció haber cambiado su estrategia judicial en lo que refiere a la causa iniciada a raíz de la investigación mundial conocida como los “Panama Papers”. En un escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, donde desligaba a su hijo, el actual primer mandatario, de la creación y las operaciones de evidente evasión fiscal que significaron Fleg Trading Ltd. y Kagemusha SA. Ambas sociedades anónimas tenían a hijos del empresario de la obra pública en el directorio junto a él, lógicamente. A partir de esto, Macri padre argumenta que sus hijos no tenían relación directa con las mismas y que es sólo una maniobra que él acostumbraba hacer.

A pesar de que el padre del presidente no presentó ninguna prueba documental contundente que respalde sus dichos, desde el gobierno respiraron en lo que significó un cambio en la estrategia judicial con respecto a su silencio inicial en el expediente que investiga el posible lavado de activos a través de cuentas offshore. De todas maneras, lo interesante que se desprende de esta declaración, además de la liviandad con la que se refiere a un accionar que es cuestionando a nivel mundial, como el operar con cuentas en “paraísos fiscales”, es el hecho de que en el caso de ser cierto, el nuevo decreto lo habilitaría a blanquear esos activos y todos los que el padre de Macri haya ido fugando del país. De allí la gravedad institucional de propuesto por el Ejecutivo.

A partir de esta presentación firmada por Franco Macri y su representación letrada, el empresario asume, de manera provisoria ya que se deberá probar lo allí referido, la responsabilidad en la creación y mantenimiento de las cuentas en países de reconocida fama como plazas financieras para la evasión fiscal y el lavado de activos. El nuevo decreto elimina de manera especifica la limitación a los padres de los funcionarios políticos permitiéndole, en caso de no de ser declarado inconstitucional, al padre del presidente blanquear y reingresar en el país los millones de dólares que desde la dictadura militar y durante toda la democracia ha ido sacando del país.

El retroceso en materia institucional que representaría la instrumentación de este decreto debe funcionar como alarma para todo el arco político. La propia autonomía del órgano legislativo estaría en juego degradando de manera significativa la democracia. Inclusive cual aceptación de la difusa palabra “república”.