Siete millones de trabajadores/as están en la informalidad (41% del total)

Por Elizabeth Pontoriero

Cerca de siete millones y medio de personas trabajan en la economía informal, según reveló un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que fue difundido por el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Pablo Chena. 

El trabajo recopila datos de 2019 y concluye que ese sector representa el 41,5 % del total de la población ocupada en Argentina (17 millones). Esa cifra creció alrededor de 10 puntos por las políticas del gobierno de Mauricio Macri. “El informe nos permite dimensionar la relación entre la economía informal y la popular; hay que decir que el índice está cercano al promedio de América Latina que es de 46 por ciento. Sin embargo, sorprende los pocos instrumentos que tiene nuestro país para formalizar a esta economía de pequeña escala y baja productividad”, expresó Chena en diálogo con la agencia ANSOL. 

Según el estudio, el universo informal se divide en: empleadores de microempresas (510.000 personas), asalariados que trabajan allí (2.305.600), trabajadoras y trabajadores en empleo doméstico o amas de casa (1.249.600) y trabajadores independientes no calificados (3.203.200).

Además, el informe da cuenta de la brecha de género ya que el 44% de las mujeres en actividad desarrolla tareas en la informalidad, mientras que en el caso de los hombres el número llega al 39,4%. En el caso del empleo doméstico, por ejemplo, casi el 100% del personal son mujeres. 

Para contrarrestar la situación, el funcionario nacional aseguró que “no alcanza con las transferencias sociales de ingresos a grupos vulnerables para disminuir los niveles de pobreza y desigualdad social que existen hoy en la Argentina. Se necesita desarrollar el RENATEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) que ya llegó a 2,7 millones de personas para organizar y registrar económicamente a este sector, y luego dar crédito productivo  y acompañamiento estatal a la economía diaria de quienes intentan vivir de su trabajo. Esto nos va a permitir reconstruir la movilidad social ascendente para vastos sectores de nuestra población trabajadora”.

Entonces, es necesario que el Estado implemente una estrategia que Chena describió como "una escalera". En el primer escalón se apoyaría el RENATEP, en el segundo el Monotributo Social, que busca la formalización fiscal y el acceso al derecho jubilatorio y a la salud y, en los últimos que llevan a la formalización de los empleos se encuentran los proyectos productivos asociativos y la conformación de cooperativas. El desafío de las políticas estatales es mayúsculo, ya que se trata de formalizar a 7 millones de personas.