Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Silvia Stang, publicado en La Nación) La idea de que los trabajadores participen de las ganancias empresariales está traducida en un hecho real, por lo menos por una compañía instalada en la Argentina: la fabricante de neumáticos Bridgestone. La firma, que cuenta con una planta en la localidad bonaerense de Llavallol, emplea a 1300 personas, que cada año tienen derecho a un ingreso adicional, pero sólo si la rentabilidad empresarial supera determinados niveles, según lo acordado con el sindicato de la actividad hace casi una década.

David Benvenuti, presidente de Bridgestone Argentina Foto: Archivo
 
El tema de la distribución de parte de las utilidades entre los trabajadores ganó protagonismo en los últimos días, a partir de declaraciones del diputado kirchnerista Héctor Recalde. El abogado, hombre cercano a la CGT, y particularmente a su secretario general, Hugo Moyano, dijo que en julio presentará un proyecto de ley para darle vida a lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que indica que las leyes le asegurarán al trabajador, entre otros derechos, "participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección".
"En nuestro caso, el mecanismo de participación en las ganancias surgió como una forma de resolver algunos problemas en 2001, cuando había una situación de crisis importante. La empresa dispuso medidas de reducción de costos, y en una negociación se estableció que si todo eso daba resultado, una vez que volviera a haber ganancias se participaría a los trabajadores", explicó a LA NACION Daniel Benvenuti, presidente de Bridgestone Argentina.
Por las condiciones que se establecieron y los resultados obtenidos por la firma, la cláusula de participación se aplicó en la práctica en tres años: 2003, 2004 y 2005. Según recordó Pedro Wasiejko, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino, el mejor año fue 2003, cuando cada empleado recibió cerca de $ 12.000. Al año siguiente, la asignación se redujo a menos de la mitad. Y en los últimos períodos no hubo reparto, porque no se alcanzó la rentabilidad fijada como umbral.
Tal como explicaron tanto en la empresa como en el sindicato, para que exista una distribución de recursos, la utilidad neta de la compañía (después del pago de impuestos) debe ser superior al 6 por ciento. Del excedente de esa ganancia, se distribuye el 33 por ciento. La cifra es igual para todos, sin establecer diferenciaciones por categorías. Según lo acordado, otro tercio se destina a capital de trabajo y otra parte igual, a inversiones para asegurar la continuidad de la compañía.
Cuidar el capital
Benvenuti explicó que la definición del esquema y de los límites para dar participación en las ganancias tiene que ver con las características propias de la actividad y con la necesidad de resguardar una tasa de retorno mínima para el buen funcionamiento de la empresa. "No se puede quitar capital que se considera necesario para seguir creciendo, porque se elimina la posibilidad de creación de empleos", explicó.
Siguiendo el criterio de la necesidad de evaluar los rasgos propios de cada sector, el directivo opinó que una eventual ley sobre el tema no debería imponer una única modalidad de participación en las ganancias para todas las compañías.
Entre los sistemas vigentes en varios países de América latina, el de Brasil prevé, justamente, que las pautas sean establecidas en negociaciones entre las partes. En cambio, en países como México, la normativa establece cuánto se debe distribuir, aunque se exceptúa de la obligación a las firmas que no llegan a determinado nivel de facturación y a quienes desarrollan nuevos emprendimientos en ciertos rubros.
Benvenuti apuntó también que el mecanismo implica un mayor costo. Y advirtió: "Todo mayor costo se traslada al producto, y si eso hace perder competitividad, se puede llegar a salir del mercado", lo que implica un punto a tener en cuenta al evaluar cómo instrumentar el reparto.
En la opinión de Benvenuti, cuando las empresas establecen pagos adicionales para sus empleados atados a la productividad, de alguna manera está también haciendo una distribución de las ganancias. "Si tienen mayor productividad, seguro que también están ganando más", evaluó.
El debate en el Congreso por una ley que obligue a distribuir parte de las utilidades aún no comenzó. Y tanto desde el sector empresarial como desde algunos sectores del sindicalismo, hay quienes piensan que es muy probable que la discusión ni siquiera llegue a darse. (Agencia Paco Urondo)