fbpx Volnovich desmintió a Quirós: “Nunca fuimos convocados para vacunar, como informó el Gobierno porteño" | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Salud //// 25.02.2021
Volnovich desmintió a Quirós: “Nunca fuimos convocados para vacunar, como informó el Gobierno porteño"

En el marco del debate por la privatización del plan de vacunación del GCBA, la directora ejecutiva de PAMI rechazó las declaraciones del ministro de Salud de Horacio Rodríguez Larreta.

La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, se refirió en redes sociales a las declaraciones de Fernán Quirós quien sostuvo que el gobierno de la ciudad "abrió la posibilidad a las prepagas y las obras sociales de participar en la campaña de vacunación".

Tras las declaraciones de Quirós, la máxima autoridad del PAMI desmintió los dichos del funcionario larretista y señaló: "PAMI es la obra social más grande de Argentina. Sólo en CABA tiene más de 100 mil afiliados y afiliadas mayores de 80 años y 300 mil mayores de 70 años. Nunca fuimos convocados para vacunar, como informó el Gobierno porteño".

A su vez, la titular del PAMI confirmó la resolución de PAMI "para vacunar en la ciudad" y, enfatizó que la obra social de jubilados y pensionados ya lo "está haciendo en todo el país". 

"Le pido encarecidamente al gobierno de la Ciudad que no se olvide de las afiliadas y de los afiliados de PAMI, que son los más vulnerables", resaltó la funcionaria nacional.

Denuncias en la Ciudad

La gestión liderada por el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta fue denunciada por la instrumentación de un plan de vacunación mediante la defensa de intereses de negocios privados. La presentación de la abogada Natalia Salvo recayó n el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo. El expediente se encuentra en manos también del fiscal federal Carlos Stornelli, acusado de integrar una red de espionaje ilegal y extorsiones, junto al espía Marcelo D´alesio.

“Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, subrayó Salvo en su denuncia.

Además, explicó: "Como se puede apreciar, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido privatizar la campaña de vacunación en clara violación de lo dispuesto por la ley nacional, violando los deberes de funcionario público".

Una segunda denuncia por estos mismos hechos fue ejecutada por el abogado Yamil Castro Bianchi ante sede judicial, quien sostuvo que “el Gobierno de la Ciudad habría decidido distribuir la gran mayoría de las dosis en Comités partidarios, a amigos y familiares del poder. Incluso, dentro de los vacunatorios informados por el GCBA para acceder a la vacuna contra el coronavirus, se encontraría la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur en la calle Picheuta 1517 de la Comuna 7”. El denunciante añadió que “sería un comité radical (Unión Cívica Radical) conducido por la Auditora General de la Ciudad, Lic. Raquel Herrero“.

Pedido de informe de Amnistía Internacional

La ONG Amnistía Internacional también se refirió al debate por la privatización del plan de vacunación del GCBA y solicitaron “mayor información a las autoridades porteñas, para monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al Covid-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios".

"La igualdad y no discriminación deben ser el eje de toda respuesta a la pandemia", advirtió la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en un comunicado, en el que afirmó que "la situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el Covid-19".

En esta misma dirección, fundamentaron: "En la Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del Covid-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar".

"Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella", Belski.