Reforma laboral: el plan de Milei para castigar a los trabajadores

El Senado otorgó media sanción, con 42 votos a favor y 30 en contra, a la llamada Ley de Modernización Laboral. El proyecto modifica el régimen de indemnizaciones, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como alternativa al sistema tradicional, habilita el pago en cuotas de sentencias judiciales, cambia las licencias por enfermedad, permite fraccionar vacaciones, incorpora un banco de horas, amplía los servicios considerados esenciales y restringe el ejercicio efectivo del derecho a huelga. La Cámara de Diputados definirá ahora si la reforma se convierte en ley.

Mientras el debate se extendía durante más de catorce horas en el recinto, manifestantes se concentraron frente al Congreso y la represión policial volvió a hacerse presente. La escena confirmó que la discusión excede el plano técnico y que se inscribe en un conflicto social abierto.

La iniciativa impacta sobre el núcleo histórico de la justicia social en la Argentina, consolidado durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, cuando se institucionalizaron la indemnización por despido, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la negociación colectiva como pilares del orden laboral. La reforma altera el régimen que estructura las relaciones de casi diez millones de trabajadores registrados y no ofrece respuesta al 43 por ciento que permanece en la informalidad.

Javier Milei sostiene que la libertad consiste en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo y en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, y presenta la reforma como un paso hacia la formalización y la eficiencia. Lo cierto es que de aprobarse el proyecto, los trabajadores registrados quedarán con menor protección ante el despido y la enfermedad, en un contexto de ajuste mayor al que imaginaba el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esta coyuntura, el gobierno administra el dolor en la sociedad con mayor exactitud porque el proyecto fragmenta la protección laboral, redefine la base indemnizatoria, habilita el pago en cuotas de sentencias, reduce el ingreso durante la enfermedad, amplía la categoría de servicios esenciales y debilita la fuerza de los convenios colectivos. En conjunto, desplazan el riesgo hacia el trabajador y de este modo el Estado redistribuye el costo social y lo desplaza hacia quien vive de su salario.

El cambio central afecta a las indemnizaciones y excluye del cálculo conceptos como aguinaldo y vacaciones, lo que reduce el monto final. Además, las sentencias podrán pagarse en cuotas y el fondo financiado con aportes patronales se compensará con descuentos en cargas sociales, con impacto en el sistema previsional.

La reforma permite pagar salarios en moneda extranjera, establece un banco de horas para compensar con descansos, habilita pagar porcentajes del sueldo con vales y elimina la ultraactividad de los convenios colectivos. En las licencias por enfermedad el trabajador percibirá el 50 por ciento del salario durante un período determinado, o el 75 por ciento en ciertos casos y se habilita el control por parte del empleador en cada situación.

Frédéric Bastiat sostuvo que cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano tiene la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder el respeto por la ley. En esa tensión se juega algo más que una reforma laboral. Se juega el sentido mismo del contrato social. Cuando la norma reduce la protección del trabajo en nombre de la eficiencia, la modernización deja de ser un avance y comienza a convertirse en una ruptura del pacto entre el capital y el trabajo.

La erosión silenciosa de los derechos laborales opera por acumulación; y si el Congreso convierte esta media sanción en ley, la Argentina habrá decidido modificar uno de los pilares que ordenaron su vida social durante décadas. Y esa decisión, más que técnica, será un castigo histórico.

*Periodista y autor de La descomposición de un Estado. Argentina 2023–2025 (2026)