Las internas golpean al Gobierno de Macri

Por Juan Cruz Guido

Cuando hablamos de Sottogoverno, término del jurista italiano Norberto Bobbio, hablamos del “gobierno tras el gobierno”. Ese espacio de poder que se mueve por los pasillos del Estado como un fantasma, ya que es ajeno para el público, operando en los más altos cargos. Un claro ejemplo de esta figura fue Antonio Jaime Stiuso aunque, definitivamente, no fue el único, ni son errados los análisis que ya lo consideran un “muerto” de este submundo. De todas maneras, lo interesante de su figura no es tanto su poder de acción real en este momento, el cual conserva principalmente en la justicia federal, sino el legado que ha dejado. La sistematización de un negocio millonario en las grietas del organigrama estatal sustentado, o más bien protegido, por el accionar conocido como “carpetazo”.

Para entender todo este entramado hay que remontarse a los comienzos del gobierno de De la Rua, más específicamente al año 1999, donde una delegación de servicios de inteligencia integrada por la MOSSAD israelí, la CIA norteamericana, el BND alemán y el CIN español compartió lo último en tecnología para la prevención de lo que, en ese momento, se denominaba el posible “tercer atentado”. Esto incluía, lógicamente, sistemas de avanzada, tanto analógicos como digitales, para realizar escuchas telefónicas. Como, imagino, usted lector está pensando, la mesa estaba servida para la “avivada criolla”.

Fue justamente entonces cuando el poder de la SIDE empezó a crecer exponencialmente desde las sombras. En ese momento el Señor 8, como se conoce al subdirector del organismo en la jerga de los servicios, era el hoy vicepresidente tercero del club Boca Juniors, Darío Richarte, y el director de operaciones era, nada más ni nada menos, que Antonio Jaime Stiuso. Debido a la inminente conflictividad social que se palpitaba ya a inicios del 2001, la Secretaría de Inteligencia comenzó a escuchar y operar desde adentro, con agentes infiltrados, en las “Organizaciones Sociales Sindicales Territoriales y Combativas”, como ellos mismos las catalogaban. Estas incluía decenas de organizaciones como la CTA liderada por Víctor Degenaro, la Federación por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV) conducida por Luis Ángel D`Elía o la Corriente Clasista y Combativa (CCC) del “Perro” Santillán, entre otras.

La presión que en ese momento se ejercía sobre la SIDE desde el gobierno para que entregará resultados concretos ante un futuro turbio que ya se vislumbraba en el horizonte, llevó a la SIDE a desarrollar su proyecto más ambicioso, el de intervenir la novedad del momento, los correos electrónicos. Gracias a los agentes infiltrados, descubrieron que gran parte de la información barrial y sobre las movilizaciones por venir se informaban a través de ese medio. Esto dio origen a uno de los proyectos más ambiciosos de la inteligencia argentina que, finalmente, derivó en el conflicto internacional conocido como el “watergate sudamericano”. A partir de un sistema desarrollado en Argentina, lograron intervenir correos electrónicos de figuras tanto políticas como de relevancia pública no sólo de la Argentina, sino que involucró a políticos de Chile y Uruguay.

El reinado de Stiuso

Uno de los principales legados de Stiuso fue el modo que tuvo de operar la SIDE, actuar “de cabotaje”. Lejos de perseguir o prevenir verdaderas amenazas para la seguridad nacional, se encargó de escuchar e intervenir las comunicaciones de la primera línea del gobierno, jueces, empresarios y referentes sociales. Montó un verdadero servicio paraestatal que, por momentos, pudo haber sido funcional a algún político de turno, pero que finalmente, se lo terminaría devorando. Stiuso no sólo logró conseguir información privada e íntima para presionar sino que inauguró un sistema que hoy pareciera no haber quedado para nada obsoleto, el de la judicialización. Esta fue su arma más efectiva. A partir de jueces pantalla, que el mismo logró colocar en esos lugares, o a través de fiscales con línea directa con él, era capaz de armar una causa. Él mismo se jactaba de eso. Fotografías, una grabación anónima, alguna filmación. Todo era suficiente para iniciar una causa e inclusive que se pidiera la indagatoria del supuesto acusado. No importaba la inminente exposición a un pedido de nulidad sobre esa fotografía, ese audio o ese video que eran evidentemente conseguidos de manera ilegal. Ya la misma SIDE se había encargado de enviar los sobres cerrados a las redacciones, para que los diarios amigos reventaran sus primeras planas con la causa legitimada por su condición sacrosanta de provenir de la Justicia.

Desde la elección legislativa de 2013, la desconfianza de Cristina Fernández de Kirchner para con la SIDE en su conjunto venía en aumento. Uno de los blindajes que justamente tenía era la condición de fondos reservados que la ley de inteligencia le otorgaba. Era una virtual autarquía de cualquier organismo de control estatal. Lo mismo ocurría con los agentes de los cuales estaba prohibido revelar su identidad, lo que los hacía, para gran parte de los estamentos del Estado, intocables.

La crisis se veía como inevitable y como un gran estratega, Stiuso venía trabajando con uno de sus fiscales favorito Alberto Nisman. Este último reconocía su afición por el espionaje y se sentía a gusto trabajando, justamente, para el jefe de los espías. Preparaban en conjunto una denuncia contra la presidenta y la primera línea del gobierno por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Aquí ya la historia no es tan lineal pero señala que fuentes del gobierno, o quizás de la misma SIDE, le filtraron esta nueva jugada de Stiuso que velozmente generó el descabezamiento del organismo. Luego, la secuencia ya es conocida. Jaime Stiuso le ordena a Nisman que vuelva antes, durante la feria de Enero, para presentar su denuncia. Le promete escuchas “reveladoras” para la presentación en el Congreso que nunca llegan. Finamente, los llamados desesperados del fiscal en la noche del sábado y el posterior desenlace.

La AFI hoy

Luego de esta crisis que significó uno de los golpes más duros a un gobierno democrático, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó una nueva Ley de Inteligencia, que dio origen a la actual Agencia Federal de Inteligencia. Una de las primeras acciones fue precisamente quitarle el control de la “Ojota” (forma en que se conoce a la División de Observación Judiciales, encargada de las escuchas telefónicas) a la AFI y eliminar la lógica de los “Fondos Reservados” para su financiamiento.
El gran problema que esto significó, a pesar de ser un avance institucional gigante, fue la “mano de obra” que dejó desocupada y también a los criminales que dejó en su cargo aunque, en los papeles, limitados de operatividad.

Esto generó un fenómeno que acaba de estallar en las manos del macrismo. Al perder el poder sobre las escuchas, la Agencia Federal de Inteligencia, bajo el mando de la nueva subdirectora Silvia Majdalani (estrechamente vinculada a Larcher y Pocino, históricos rivales de Stiuso en la ex SIDE), comenzó a subcontratar a esta “mano de obra” desocupada a través de consultoras privadas. A partir de allí, y utilizando las técnicas desarrolladas y perfeccionadas a lo largo de los años dentro de la SIDE, se comenzaron a gestar disputas de poder que derivaron en estos nuevos conflictos que amenazan al propio frente Cambiemos.

Uno de los ex espías involucrados en el ya mencionado “watergate sudamericano” y preso por el mismo en Uruguay, explicó claramente como opera parte de este sistema en una entrevista concedida al Diario Perfil: “Te llamaban al celular personal y te pasaban una conversación privada que habías tenido previamente con otra persona. También hacían “maniobras de integraciones” que es armar frases o diálogos con palabras extraídas de distintas conversaciones para armar una supuesta escucha y pasarla como válida”.

El caso Gómez Centurión
Justamente fueron estás “maniobras de integraciones” las que acaban de generar el primer cimbronazo en el gobierno. Hace exactamente dos semanas, llegó un sobre anónimo, según declararon fuentes oficiales, al despacho de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich con grabaciones en las cual se podía a escuchar al ex carapintada y, para ese momento, titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión confesando supuestos sobornos.

En las semanas previas a este hecho, se había instalado en los medios, con la consecuente venia oficial, que el presidente Mauricio Macri quería que algún funcionario de su riñón cayera por corrupción para demostrar que el presidente “era implacable contra la corrupción”.

En Gómez Centurión Macri vio allí a su chivo expiatorio perfecto, un militar jamás discutiría una orden de “su superior”. Debido a sus formas castrenses, adoptaría el silencio y se mantendría sumiso. Finalmente, esto no sucedió y el ex carapintada recorrió la grilla televisiva denunciando una operación desde la ex SIDE. Uno de los empresarios que forman parte de los audios apuntó directamente contra Majdalani. Mientras tanto, la número dos de la AFI ordenó desmantelar una de sus estaciones de espionaje ilegal creada a partir de esta tercerización de las escuchas, mencionada previamente.

El audio, evidentemente editado, termina por significar algo más profundo para el gobierno de Mauricio Macri. El hecho de que haya removido a un funcionario, corrupto o no, por una escucha ilegal y además editada, legitima la idea de que hay servicios por fuera de la AFI que están operando y escuchando de manera clandestina (o no tanto).

En última instancia, lo que esta situación demuestra a las claras es que no es suficiente, como creyó el presidente, con poner a un binguero como Angelici, por más llegada que tenga con la justicia federal, a operar o mantener a raya a un grupo de contrabandistas que disfrutan de la protección de ciertas grietas del Estado. Para enfrentarlas es necesario, a pesar del desgaste que pueda generar, hacerlo con la política. La única forma de deslegitimar a estas bandas es denunciarlas públicamente para asestar una puñalada efectiva sobre su operatividad. Mientras el macrismo, a través de Gustavo Arribas (léase Angelici-Richarte) y Silvia Madjalani (léase Larcher-Pocino), siga dándole protección a estas verdadera mafias, el gobierno va tener que seguir desactivando bombas con el riesgo de que, como en este caso, les exploten en las manos.