"Kirchner dio un golpe de Estado judicial"

Con la sala casi llena, el imputado se sentó en el banquillo para ampliar su declaración indagatoria. No fue una presentación más. El juez Leopoldo Bruglia, en ejercicio de la presidencia del Tribunal durante la audiencia, le pidió que diga sus datos personales. "Soy el Capitán de Fragata de la Armada Argentina, Alfredo Astiz. No voy a responder ninguna otra pregunta". Inmediatamente, Bruglia le explicó que debe responder sobre sus datos personales, porque es obligatorio. "Eso es problema de ustedes", contestó y Bruglia le dijo: "nuestro y suyo".

Astiz aclaró que dedica el trabajo (el documento que leyó en la audiencia) a "los suboficiales privados ilegalmente de su libertad, en particular a los muertos en cautiverio. Son las víctimas más injustas de este proceso".

Desde ese momento, hizo permanente referencia al juicio como un "linchamiento", "ilegítima causa". Se refirió al actual gobierno como una "tiranía", a pesar de haber sido elegido por el voto popular, a diferencia de los gobiernos dictatoriales de los que formó parte.

Terrorismo judicial

En su extensa exposición, Astiz, recordado por ser quien se infiltró entre las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y haberlas secuestrado y desaparecido, dijo que hoy se vive un "terrorismo judicial", que él atribuye a Néstor Kirchner.

Según el imputado, el ex Presidente Néstor Kirchner dio un "golpe de Estado contra la Corte, reemplazándola por una de facto". Además, lo acusó de ejercer "acciones de gobierno, usando la justicia como arma, hostigamiento y privación ilegal de la libertad", destinadas a sus enemigos. Agregó que la actual Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, decidió mantener estas acciones, incluso en actos públicos en "homenaje a los grupos terroristas".

Tras estas declaraciones, se dedicó a hablar sobre un concepto reiterativo en su exposición, la "obediencia indebida". Según Astiz, esta práctica es realizada por los jueces federales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. La "obediencia debida", en cambio, es la que pesaba sobre los uniformados, según sostuvo el mismo imputado.

En ese momento, el juez Bruglia lo interrumpió para pedirle que su declaración se centre exclusivamente en los hechos por los que está imputado. A partir de entonces, se abrió una discusión entre Astiz y el juez, que mantuvo en alerta a toda la sala.

"¿Me tiene miedo?", le preguntó al juez

Astiz sostuvo que tiene derecho a hablar durante 3 horas, dado que lleva 9 años de "privación ilegítima de su libertad". "Tengo una falsa prisión perpetua y seguramente recibiré otra. ¿Soy privado de hablar 3 horas y media?". El juez Bruglia le pidió, nuevamente, que se centre en los hechos procesales y que los demás lo declare en los medios de comunicación.

Insistente, Astiz dijo, subiendo el tono, que "estoy sentado acá (en el juicio) por una política de persecución del Poder Ejecutivo". Esta situación abrió un diálogo entre el juez y el imputado, para intentar avanzar con una audiencia acorde a los hechos juzgados: delitos de lesa humanidad.
"¿No me deja mostrar la ilegitimidad de este juicio? ¿A qué le tiene miedo? ¿Me tiene miedo?", fueron las preguntas de Astiz al juez Bruglia. El fiscal Friele decidió intervenir y citó el artículo 370 que establece sanciones para quienes no mantengan el respeto y decoro dentro de la sala, por lo que Astiz fue advertido sobre la posibilidad de usar esta herramienta.

Posteriormente, Astiz se explayó con sus críticas sobre la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal de abreviar los juicios por delitos de lesa humanidad. "Propongo hacer un juicio por escrito".

Papel Prensa

Habló sobre los testigos, a quienes acusó de mentir, y puntualizó el caso de Lidia Papaleo, sobre quien sostuvo que "cambió impunemente su declaración sin consecuencias penales".
Dijo también que los testigos "tienen licencia para mentir", y acusó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las querellas "le dan libreto".

Venganza

En el público hubo integrantes de organismos de Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. A pesar de las declaraciones agraviantes del imputado Astiz, la sala se mantuvo en calma, incluso cuando se refirió a los organismos cono "grupos de persecución, venganza y rapiña".
También acusó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de no hacer honor a su nombre.

Un político frustrado

Astiz decidió usar su derecho a la legítima defensa para hablar sobre el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; el ex procurador general de la Nación, Estaban Righi; el juez federal Daniel Rafecas; al juez Norberto Oyarbide; la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, y el Ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Se refirió a todos ellos como parte del "universo kirchnerista".
El Tribunal tuvo que disponer pasar a un cuarto intermedio cuando el imputado Alfredo Astiz provocó a la audiencia: "Cito a un diputado", dijo y miró a la sala, como si estuviera en el recinto del Congreso Nacional: "Que levante la mano acá el que piense que Oyarbide no es corrupto". Volvió a mirar al público y dijo: "Veo que todos piensan igual que yo". Esta provocación generó el enojo unánime de los participantes en la sala, por lo que los jueces decidieron reunirse para resolver cómo debe continuar la declaración del imputado.

Tras el cuarto intermedio, siguieron las provocaciones

Astiz se dedicó a agredir verbalmente al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, a quien acusó de ser "el responsable intelectual de que yo esté sentado acá". Se tomó el tiempo de exhibir la tapa de un diario sensacionalista (LIBRE), para recordar una denuncia hecha al mencionado juez. Ante el repudio del público por las provocaciones permanentes por parte del imputado, un abogado defensor pidió el desalojo de la sala y el apercibimiento del público que no mantenga el silencio. El juez que preside la audiencia, Leopoldo Bruglia, rechazó el pedido.

El imputado también se refirió a Otilio Romano, juez destituido en diciembre de 2011, por estar procesado por 103 delitos de lesa humanidad. Romano está prófugo de la justicia argentina, viviendo en Chile con una visa otorgada por ese país. "Para no ser una víctima más de la privación ilegítima de la libertad, tuvo que pedir asilo político en Chile", dijo Astiz.

Dedicó un tramo de la declaración al juez Sergio Torres, a cargo de la instrucción de la megacausa ESMA. "Me procesó ilegítimamente en no sé cuántas causas".

Otro cuarto intermedio

Lo dispuso el Tribunal, debido a las provocaciones del imputado Astiz. Algunos familiares no pudieron contener el enojo y emitir algunas expresiones de repudio a las declaraciones aberrantes hechas por el imputado. Esto provocó que las defensas reiteren el pedido de desalojo de la sala y los jueces resolvieron tomarse unos minutos para debatir cómo seguir.

El fin de la declaración

Tras el cuarto intermedio, el TOF Nº 5 decidió que el público no ingrese a la sala y se le informó al imputado Astiz que daba por terminada la declaración y que podría ampliarla toda vez que quiera, en uso de su derecho a la defensa.

El imputado se paró y se dirigió a los jueces a los gritos. Las defensas presentaron su queja por el corte de la declaración.

Por su parte, el abogado defensor Luis Zamora solicitó que el público pueda ingresar a la sala. El juez Bruglia respondió que podrían hacerlo una vez que concluya la etapa indagatoria de Astiz, hecho que sucedió inmediatamente, para dar paso a la declaración del imputado Ricardo Miguel Cavallo.

Un piloto

Otro de los imputados que prestaron declaración indagatoria hoy fue Ricardo Jorge Lynch Jones, quien se arrimó al estrado con un maletín, al cual le resultó difícil abrirlo. Comenzó a sacar papeles y sentó. Los papeles le temblaban en las manos y empezó la lectura. Saludó amenamente y dijo que va a contar cómo fue su carrera naval.

Aceptó declarar, pero aclaró que sólo responderá preguntas de sus abogados. Ratificó sus declaraciones anteriores y planteó que esclarecería la información sobre las fechas de la declaración anterior.

Dijo que formó parte del Grupo de Tareas y que sólo está capacitado para conducir aviones de caza, y que piloteó aviones panter 328. Mostró una del avión, para intentar evidenciar que es el único que sabe comandar, y alegó que no está capacitado y que no tiene habilitación para volar otro tipo de aviones.

Decidió leer su declaración y detalló los aviones que voló. Mostró imágenes de las mismas, Hizo descripciones de la capacidad de los aviones que piloteó, destacando la “imposibilidad de llevar pasajeros”.

Sostuvo que en 1976 fue destinado a la ESMA hasta enero del 1977 para hacer un curso, y que después del golpe cívico-militar  les asignaron “tareas” cuando el curso fue suspendido hasta nuevo aviso.

El juego de no ser quien está acusado

En su defensa, sostuvo que “se me imputan a mí hechos que podría haber cometido mi hermano”, quien está muerto. Por eso, le pidió a la fiscalía que aclare a cuál de los dos hermanos se refiere.
Se refirió a la noche del 24 de marzo, cuando dijo haber sido destinado a recuperar la sede de la  Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Narró que cuando llegó al lugar, ya había sido desalojado y sólo quedaba un policía de guardia. Contó que ocuparon el lugar durante algunos días, hasta que fue destinado al Ministerio de Bienestar Social.

Según Lynch Jones, desde esa función fue enviado a entrevistar al personal de las de obras sociales para “regularizar” las actividades, dado que había irregularidades. Dijo que cumplió esas tareas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.

En 1977 asumió como comandante de cuadrilla en Punta Indio. Sostuvo que el comandante aeronaval le comunicó, que debía preparar a los comandantes para el combate, por eventual un conflicto con Chile. “Estuvimos a dos horas de un conflicto”. Explicó que los pilotos que le asignaron no tenían experiencia en  aviones y que tuvo que capacitar a todo el personal asignado en Trelew.

En 1978 asumió como responsable de cuadrilla y, simultáneamente, por su capacidad fue designado a la comisión que debía probar las naves que se compraron para el conflicto con Chile. Luego, ese mismo año, fue a Francia e Italia  a probar los aviones que iban a comprar.

El imputado Lynch Jones declaró que en la Base de Punta Indio recibían grupos de ciudadanos que eran llevados para instruirlos como conscriptos para aviación naval y que muchos llegaban e condiciones deplorables de salud, por lo que algunos eran dados de baja y otros eran curados.

Admitió que fue jefe de Inteligencia, porque era muy inteligente y que, a pesar de no estar capacitado, lo asignaron igual, en el marco de la inminencia del posible conflicto con Chile.

Sostuvo que estuvo en  Río Gallegos hasta finales de 1979 y que, por esta razón, es imposible que estuviera físicamente en el lugar de los hechos que se le imputan (la ESMA). Según él, en estuvo en la ESMA, haciendo un curso, porque lo iban a mandar a Perú en comisión como asesor aeronaval del Ejército de ese país.

Para concluir, sostuvo que a pesar de ser piloto de aviones de guerra, no podría “encender” un avión de transporte.

Cavallo: “En un juicio normal, los muertos no declaran, en estos sí”

El imputado Ricardo Miguel Cavallo declaró hoy, leyendo desde su computadora. A diferencia de Astiz, aceptó responder sobre sus datos personales. Después de las formalidades empezó su declaración. Se declara inocente de los cargos que le imputan. Al igual que Astiz, se quejó de no conocer la totalidad de las acusaciones en su contra, dado que en Marcos Paz no hay suficientes computadoras. “Todavía no pude enterarme de qué me acusan”.

Sostuvo que se lo “acusa de cosas que no son delitos y no lo eran en ese momento”. Agregó que se lo acusa causa violando la Constitución Nacional, el Código Penal, el Pacto de San José de Costa Rica, el Tratado de Roma y leyes internacionales.

En reiteradas ocasiones dijo que “no hay igualdad de armas”, porque no puede leer la causa en las pocas computadoras del Penal de Marcos Paz, donde cumple su condena a prisión perpetua, obtenida en el juicio anterior por la megacausa. También vinculó esto con quienes tienen arresto domiciliario, quienes “tienen acceso a un teléfono e internet” y no tienen “un horario rígido”.

En su declaración provocó el rechazo del público cuando se refirió a una “alquimia que se está haciendo con elementos de muertos y testigos de dudosa legalidad”. Nombró que, a su criterio, hay dos tipos de testigos: “los genuinamente afectados” y los “otros, notoriamente coordinados” para perjudicar a los imputados. “En un juicio normal, los muertos no declaran, en estos sí”.

En línea con Astiz y otros imputados, sostuvo que “los tribunales son incompetente e ilegales, los juicios son nulos”. “Acá se aplica el derecho del vencedor, acá la diferencia es que los vencedores crearon un mecanismo judicial que es un verdadero derecho paralelo, que está sólo en nuestro perjuicio”. Y como si no fuera suficiente agregó que esto se da en el marco de una “persecución política hasta el exterminio”.

Amenazas a la justicia

Cavallo dijo que “los jueces están involucrados en una sangrienta venganza, pero los que dieron las órdenes en ese momento no las firmaron, ustedes sí: son buscables y ubicables”.

Cerca del final de su exposición sostuvo que “Soy un preso político”. Planteó que el de mayor graduación se hace responsable de las de menor graduación, por lo que pidió que las pruebas en contra de los imputados para Altamira, Baucero Binotti, Cuomo, Daer, Izaguirre, Galián, Orlando González, Navarro, Olivera, Pereyra, Poch, Polchi, Hess “me las imputen a mí y que a ellos se los exonere”.

Fuente: www.espaciomemoria.ar