Debates pendientes sobre la violencia contra las mujeres

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Debates pendientes sobre la violencia contra las mujeres

06 Junio 2014

El cuerpo de las mujeres: territorio de violencia, por Alicia Gutiérrez

De la lucha contra la trata a la criminalización del trabajo sexual, por Débora Daich y Cecilia Varela

Violencia de género: hablemos de los medios, Myriam Pelazas

Desafíos de la ley que "protege" a las mujeres contra la violencia, por Mabel Gabarra

La ilegalidad del aborto es violencia contra las mujeres, por Alicia Cacopardo

Violencia obstétrica: cuerpo disciplinado, sexualidad castigada, por Valeria Fornes

Mónica Tarducci: "La violencia mata, no es una joda que te den un cachetazo"

Presentación

Por Cynthia Rivero (antropóloga-UBA)

Este dossier intenta abordar cuáles son los significados y modalidades en que se expresa la violencia contra las mujeres. En ciertas ocasiones, el abordaje de tal problemática lejos de estar dirigida a indagar los procesos históricos y las relaciones de dominio que provocan las situaciones de violencia, tienden a construir una imagen congelada de víctimas y victimarios. Esto puede producir cierta indignación, condena o incluso impugnación pero no alcanza para comprender las causas y particularidades que las provocan y hacen que persistan en el tiempo.

La perspectiva de género y el movimiento feminista representan una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones cuestionando aquello que, más allá de cambios y transformaciones, aún se presenta como “natural”. Este movimiento de profundo cuestionamiento al orden social existente, ha sido el primero en denunciar la necesidad de politizar la vida cotidiana.

En este sentido, se publica una entrevista a Mónica Tarducci, docente e investigadora, quien propone recuperar la tradición del feminismo orientada a expandir los límites de lo político. En este contexto se visibiliza que la violencia ejercida contra las mujeres es una cuestión política, histórica, social y no algo natural. El feminismo, nos dice Tarducci, viene a cuestionar el corazón de la cultura occidental, una de sus instituciones más protegidas: la familia, las relaciones de poder dentro de la familia y la concepción del amor que implica poder de los varones sobre las mujeres.

Dentro de este horizonte reflexivo la privación del derecho a abortar en condiciones de libertad, seguridad y salubridad constituye una flagrante violación a los derechos humanos y también es violencia contra las mujeres. Alicia Cacopardo, médica e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nos recuerda en su texto que el Estado supuestamente laico niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, a elegir el momento y las circunstancias en que quieren ser madres (si quieren), de separar sexualidad y procreación. En el mismo sentido María Alicia Gutiérrez, socióloga e integrante de la Campaña, advierte que la consigna central “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” remite a la ampliación de derechos igualitarios, enfatizando que el derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser ejercidos sino existen con plena vigencia también los derechos económicos y sociales.

Por otra parte, el artículo de la  antropóloga  Valeria Fornes, pone el foco en la llamada violencia obstétrica como otra forma de control y disciplinamiento que comprende el castigo ejercido por el personal de salud, sea médico, auxiliar o administrativo, sobre los cuerpos y decisiones de las mujeres, sea que estén en situación de parto o post aborto. Frente a esta violencia se han sancionado dos leyes, disposiciones y reglamentaciones orientadas a respetar las decisiones de las mujeres. Sin embargo, Fornes advierte que los avances son escasos y que es ineludible extender la lucha por el derecho a una sexualidad libre y segura, una maternidad elegida y un parto respetado.

Dentro de este vasto movimiento reivindicativo fue sancionada en marzo de 2009 la Ley 26.485  de  “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar  la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”. Mabel Gabarra, abogada y Feminista, analiza en su artículo los avances y desafíos de tal Ley que inaugura en Argentina un proceso de transformación del paradigma legal sobre la violencia contra las mujeres. Una de sus virtudes más innovadoras es  el carácter integral de dicha Ley, que considera todos aquellos lugares donde las mujeres son agredidas: el hogar, el trabajo, los medios de comunicación,  las instituciones públicas o privadas, o los ámbitos de atención de salud. Inclusive contempla la violencia simbólica, considerada “madre de todas las violencias”. Justamente aquella que se encuentra, nos dice Gabarra, tan invisibilizada y normalizada que, en muchos casos, resulta difícil reconocerla para la gran mayoría de las personas.

En relación con este tipo de violencia es interesante también el artículo realizado por Myriam Pelazas, coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, quien revela los resultados obtenidos en un Monitoreo de Violencia contra las Mujeres llevado a cabo durante los primeros cuatro meses del año 2013 en los noticieros nocturnos. Pelazas informa que la mayoría de las noticias refieren a situaciones de violencia física que generalmente terminaron en la muerte de la mujer y que hay escasa cobertura de violencias de otros tipos. Tal como sosteníamos al inicio, se perpetúa a través de diversos soportes, imágenes y patrones estereotipados la subordinación de las mujeres en la sociedad, impidiendo resituarla desde una perspectiva de género que desnaturalice las numerosas formas que adopta tal dominación.

Por último un desafío polémico plantea el artículo de Deborah Daich y Cecilia Varela. Ambas docentes e investigadoras invitan a pensar la cuestión de la violencia contra las mujeres en la encrucijada de profundas diferencias entre la trata de personas y la criminalización del trabajo sexual. En sus investigaciones han detectado que muchas de las políticas implementadas desde las agencias gubernamentales para combatir la trata, penalizan el ejercicio voluntario del trabajo sexual, volviéndolo aún más precario. Una vez más la victimización obstruye la posibilidad de pensar cuáles son los entramados históricos, políticos y sociales que sostienen la violencia contra las mujeres así como los deseos y aspiraciones legítimas de todas y cada una de ellas.