Piden al Papa que allane el camino de Justicia por cura prófugo

Por Diego Kenis

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la regional de H.I.J.O.S. y la filial bahiense de la Red por el Derecho a la Identidad informaron ayer, en conferencia de prensa, que remitieron cartas a la jerarquía eclesiástica para lograr su colaboración en el proceso de Justicia contra el sacerdote Aldo Omar Vara, quien se encuentra prófugo y es buscado en todo el mundo por Interpol desde hace un trimestre para ser puesto a disposición de la Justicia argentina, que investiga su participación en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

Las cartas, aún sin respuesta, fueron remitidas al arzobispo de Bahía Blanca monseñor Guillermo Garlatti y a su par de Buenos Aires Mario Poli, quien sucedió a Jorge Bergoglio cuando se convirtió en Francisco. Una tercera buscó el camino de Roma a través del Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Emil Paul Tscherrig, “para que por su intermedio sea dirigida a SS Papa Francisco”.

“Nuestro pedido concreto al Papa Francisco es que, en virtud de su autoridad canónica y espiritual, interceda, instruya, ordene, o cuanta acción considere útil, para que Aldo Vara se allane al proceso judicial que se sustancia en la República Argentina en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el estado de derecho democrático”, dice el párrafo central de la misiva dirigida al Nuncio.

La sotana del capitán Vara

Durante la dictadura y hasta 1979, Vara se desempeñó como capellán del V Cuerpo de Ejército ostentando el grado de capitán. El sacerdote fue mencionado una y otra vez por víctimas que prestaron declaración testimonial en el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo, que pudo desarrollarse luego de la caída de las leyes de impunidad y concluyó en Bahía Blanca en septiembre de 2012. El fallo del Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava incluyó el señalamiento de las responsabilidades del sacerdote en el plan criminal y la remisión de copias de los testimonios al Juzgado Federal que el año pasado quedó a cargo del subrogante Santiago Martínez, quien delegó la investigación en la Unidad Fiscal que conducen los doctores Miguel Palazzani y José Nebbia.

Luego del trabajo de investigación del caso, los fiscales solicitaron la detención y la toma de declaración indagatoria al acusado, pero el magistrado de primera instancia denegó ambos pedidos. Sin embargo, la Cámara Federal bahiense dio lugar a la apelación elevada por Nebbia y Palazzani y determinó la orden de captura internacional del cura. Hasta el momento, el último dato que se tiene sobre su paradero es que salió del país en 2011.

De Bahía Blanca se había ido una década antes, luego de una serie de episodios que le dieron notoriedad nacional. El primero ocurrió en 1998, cuando durante un acto conmemorativo de la guerra por las Islas Malvinas aconsejó “colgar” de la Pirámide de Mayo al ex canciller Dante Caputo. El segundo, de mayor trascendencia aún, lo configuró su declaración en el Juicio por la Verdad que se desarrolló en Bahía Blanca en 1999: sentado frente al Tribunal, bajo juramento y con libros del dogma católico en sus manos, Vara mintió sobre su rango de capitán, señaló como “gran persona” al condenado genocida Jorge Mansueto Swendsen y reconoció haber visitado a personas ilegalmente detenidas y previamente torturadas en el predio del V Cuerpo, aunque no encontró objetable su actitud de aconsejarles “guardar silencio” ni el incumplimiento del pedido de comunicación hacia sus seres queridos.

El caso más notorio de entre sus víctimas lo configura el del grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) 1 de Bahía Blanca, que fueron secuestrados y confinados al Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”, donde los torturaron durante su cautiverio. Tras un simulacro de liberación, los recondujeron al CCD del Batallón de Comunicaciones 181, hasta donde se acercó a visitarlos el cura. Vara constató las torturas físicas que habían padecido, les aconsejó no narrar a nadie lo ocurrido y escuchó los ruegos de los chicos para que les comunicara a sus padres sobre su estado y el lugar donde se encontraban secuestrados. Nunca lo hizo. En 1999 dijo que pensó que el paso por el Batallón de los menores “era una antesala de su libertad”, lo que efectivamente conformaba el plan de los represores.

Las responsabilidades del capellán

La actuación de Vara no es casual, sino que se inserta en las normativas castrenses vigentes por entonces, inscriptas en el marco de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que tipificaban el rol de cada engranaje de la represión clandestina. La presencia y actuación de los capellanes en el marco de un “combate” como el que se utilizaba para enmascarar el terrorismo de Estado estaban reguladas desde 1968, cuando el dictador Alejandro Lanusse firmó el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, cuyo artículo 3. 013 enumera entre las “responsabilidades del capellán” la de evaluar qué impacto o motivaciones tiene la religión dentro de “la zona de interés”. Es decir, de qué modo puede usarse la sotana para arrancar información a los detenidos en un CCD como aquellos que Vara visitaba.

El compromiso del cura con su función puede leerse incluso en uno de los párrafos de su nota de dimisión de 1979, dirigida al Jefe del Batallón en que revistaba. Allí, le agradece por permitirle el “honor (de) haber podido comprometer mi vida y arriesgarla, durante estos largos años de iniquidad y salvajismo. Fue un honor brindar mi aporte sacerdotal a una empresa tan difícil”.

“Comprometedor para la Iglesia Católica”

Tras escuchar los testimonios que referían al accionar de Vara en el ámbito castrense durante el imperio del terrorismo de Estado, el Tribunal Oral Federal incluyó en su sentencia de septiembre del año pasado la orden de extraer el material probatorio incorporado a la causa y remitirlo al juzgado en turno para comenzar una investigación contra el sacerdote. Dos meses después, al dar a conocer los fundamentos del fallo, los jueces escribieron que “resulta prima facie, comprometedor para la Iglesia Católica, la intervención y presencia de unos de sus pastores, tal el Padre Aldo Omar Vara en los centros clandestinos de detención y en los encuentros con las personas ahí detenidas”.

El pedido de detención e indagatoria fue presentado por los fiscales pocas horas después de la elección de Jorge Bergoglio para suceder en el papado a Joseph Ratzinger. Desde entonces, la Iglesia ha guardado silencio sobre el tema. Hace pocos meses, sonó un teléfono en Bahía Blanca: el de Mónica Dambolena, madre de Juan Cruz Manfredini. El joven murió cuando explotó en 2010 un laboratorio clandestino instalado por una firma para la que trabajaba, en un hecho que continúa impune. Su madre escribió a Roma y a los pocos días el papa la llamó para expresarle su acompañamiento.

Otros teléfonos no suenan: el sacerdote católico Vara está acusado por delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales tuvieron como víctimas a otros católicos. Violó públicamente dos mandamientos fundamentales, no mentir y no matar. Se encuentra prófugo y es buscado en todo el mundo por Interpol. Su actuación, según escribió un Tribunal de la Nación, compromete institucionalmente a la Iglesia Católica. Pero el teléfono, ese teléfono, continúa sin sonar: no hay palabras de consuelo ni promesas de colaboración para llevar ante la Justicia a aquel cura- capitán que, luciendo su sotana, visitaba a los secuestrados y les aconsejaba olvidar su paso por el infierno.