Riachuelo: entre el fallo de la Corte y el saneamiento

Por Enrique de la Calle

Hace cinco años, la Corte Suprema innovó con un histórico fallo en el que obligó a los gobiernos nacional, porteño y de la provincia de Buenos Aires a la realización de un “plan integral de saneamiento” del Riachuelo. El pedido incluía políticas para las familias que viven – muchas de ellas en pobrísimas condiciones - sobre la ribera de la Cuenca que recorre CABA y 12 municipios de GBA.

El Máximo Tribunal propuso de este modo un nuevo paradigma en lo que hace a las relaciones entre poderes del Estado. El Judicial le “exigió” al Ejecutivo acciones concretas, le puso plazos, estableció un procedimiento de control, incluyó a organizaciones para que fiscalizaran lo actuado. Comenzó así una historia con elementos virtuosos que ahora muestra resultados insoslayables, como es un río con otro color (y olor), con menos basura y con reurbanizaciones en marcha que darán un destino más digno a centenares de familias. Este último punto, el más trascendente, muestra avances y retrocesos.

La causa comenzó en 2004 cuando vecinos afectados por la contaminación se presentaron a la Justicia acompañados por ONGs. Una década después el salto cualitativo logrado es tal que se abre un espacio para la discusión en torno a cuál será el futuro de la Cuenca. ¿Debe volver a ser navegable? ¿Qué río para que área metropolitana Buenos Aires? “Lo importante es que el fallo logró poner en marcha un conjunto de resortes institucionales (…) que parecen conducirnos por fin a un cambio de paisaje en la cuenca más contaminada de la Argentina”, describe el urbanista Luciano Pugliese.

Qué se hizo

En el marco de la causa se creó la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo), un ente interjurisdiccional que involucra a Nación, Buenos Aires y Capital. También reserva lugar para la participación de los municipios abarcados por la Cuenca y de la sociedad civil. Se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente del Gobierno Nacional, cuyo titular es Juan José Mussi.

Básicamente, su línea de acción se puede dividir en cuatro ejes: urbanización o reubicación de asentamientos, control de las empresas (o traslado en algunos casos), infraestructura sanitaria (cloacas, principalmente) y limpieza del agua y los márgenes.

El último ítem, posiblemente el de más fácil resolución, es el que presenta un mayor nivel de avance. Se sacaron del Riachuelo “12 mil camiones llenos de basura, 190 mil toneladas de residuos”, según graficó Mussi. La limpieza la realizan a diario 2100 cooperativistas del programa "Argentina Trabaja". Además, se sacaron más de 70 embarcaciones, cuyos hierros abandonados eran parte del paisaje del río.

Vivir en la contaminación

Cuando empezó la causa, vivían sobre los márgenes del Riachuelo - en condiciones edilicias paupérrimas - alrededor de 4000 familias. Hoy, ese número se redujo muy poco, aunque están avanzados diferentes proyectos para relocalizar los asentamientos.

Uno de los casos emblemáticos es el de Villa Inflamable, en Avellaneda, frente al centro petroquímico de Dock Sur. Su nombre da cuenta de la precariedad del barrio y de la adversidad a la que se enfrentan las 1500 familias que allí viven. El proceso de traslado no es sencillo e incluye una negociación compleja entre el Estado (en sus diferentes niveles) y los pobladores. No pocas veces, el primero quiere llevarse puesto a los segundos, sin consultarlos.

En una entrevista realizada por AGENCIA PACO URONDO en septiembre del año pasado, la antropóloga y vecina de la Villa, Débora Swiston, narró las dificultades de la relocalización: “La gente se opuso, cambiaron el proyecto pero siempre sin consulta; los vecinos están reclamando una mesa de trabajo. Cuando uno trabaja en relocalizaciones hay un montón de impactos y uno de esos son las redes de supervivencia cotidiana”, describe. Ahora, las negociaciones avanzaron aunque todavía no hay un acuerdo definitivo.

Otro foco conflictivo está en la zona sur de Capital Federal, en las villas 26 y 21 – 24, donde viven alrededor de 1000 familias. En este caso, el diálogo es más engorroso, ya que, aseguran en off los funcionarios de la ACUMAR, “es difícil negociar con el macrismo, el Instituto de la Vivienda no se quiere hacer cargo o pone muchas trabas”. Según un estudio, 1 de cada 4 chicos analizados de la villa 21 – 24 tiene “plomo en sangre”. Ellos no pueden seguir soportando la desidia estatal.