fbpx El Sistema Penitenciario Bonaerense abandona y criminaliza a la comunidad trans/travesti | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
Géneros //// 23.03.2017
El Sistema Penitenciario Bonaerense abandona y criminaliza a la comunidad trans/travesti

Angie Velásquez Ramírez, mujer travesti de 36 años, perdió la vida en la Unidad N°22 de Olmos al no recibir los medicamentos que necesitaba. “La dejaron que se muera. Es así como opera la justicia y el poder dentro de las cárceles”, denunciaron. 

Por Julia Pascolini

Angie Velásquez Ramírez, mujer travesti de 36 años, perdió la vida en la Unidad N°22 de Olmos después de ser transferida de la 32 de Florencio Varela. No recibió los medicamentos que su débil estado de salud exigía ni tampoco fue respetada la Ley de género autopercibido 26.743. “La dejaron que se muera. Es así como opera la justicia y el poder dentro de las cárceles”, dijo Claudia Vazquez Haro. 

Nació en Perú pero llevaba 10 años viviendo en Argentina. Formaba parte activa de la Asociación Civil Otrans de la que es referencia Claudia Vazquez Haro. El 18 de febrero la detuvieron y el 9 de marzo la trasladaron a la Unidad N° 32 de Florencio Varela. Unos días después la llevaron a la Unidad N°22 de Olmos, donde perdió la vida: “La dejaron que se muera. Es así como opera la justicia y el poder dentro de las cárceles”, aseguró Claudia a Diario Contexto. Además, desde Otrans y el Frente TLGB, La Plata, Berisso y Ensenada, denunció  la persecución sistemática a las compañeras trans/travestis por parte de agentes policiales y estatales, y el abandono a la comunidad por parte de las mismas fuerzas. 

La muerte de Angie no fue aislada ni la única. Pamela Macedo Panduro, mujer travesti de 29 años y de nacionalidad peruana con 10 años de residencia en Argentina, fue allanada y detenida el 9 de noviembre del año anterior. Formaba parte de Otrans Capital Federal y en 2014 había sido nombrada Miss Latinoamérica Trans. Tras su detención, fue llevada a una comisaría de Ensenada y posteriormente trasladada a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Florencio Varela, donde permaneció hasta el 23 de diciembre. El 1 de enero de 2017 perdió la vida luego de ser derivada a uno de los hospitales de la zona como consecuencia del rápido deterioro de su salud: “Las condiciones de detención terminan deteriorando la vida de las compañeras. Es un colectivo vulnerable; más del 50% tiene enfermedades crónicas”, aseveró Claudia Vazquez Haro a Cosecha Roja. Y manifestó al mismo medio que “estuvo más de un mes en una comisaría de Ensenada que no está habilitada para que ninguna persona esté privada de su libertad. Estaba sin comida y sin medicamentos”. 

En un comunicado tras la muerte de Pamela Macedo Panduro, Claudia Vazquez Haro expresó: “A diferencia de los colectivos trans y travestis nacionales, las trans migrantes aún estamos luchando por estar en libertad, poder transitar las calles libremente y acceder a una vida digna”. Al mismo tiempo que aseguró que: “del 100% de mujeres trans y travestis presas, el 98% son migrantes y, de estas, la totalidad está detenida por la Ley 23.737”. 

Los procedimientos de detención fueron ilegales. A Angie la llevaron por menos de dos gramos de cocaína, mientras que en el caso de Pamela se trató de una llamada anónima denunciando la supuesta tenencia de estupefacientes. En ambos casos las vejaciones y maltratos fueron denunciados por la organización Otrans y por Luciana Sánchez, su representante legal, a través de habeas corpus ante el juez de garantías nro. 4, Juan Pablo Massi. Además él mismo (al igual que el secretario de Derechos Humanos de la provincia Buenos Aires ,Santiago Cantón) recibió aviso por parte de Otrans de que una y otra se encontraban en delicados estados de salud. La respuesta a las exigencias fue un poco de suero y la vuelta al pabellón. 

En 2016 fue presentado ante la ONU un informe que denunciaba la situación de persecución de la que es víctima la comunidad trans/travesti que llevaba la firma de Otrans. A partir del caso de Pamela Macedo Panduro se dio un fallo histórico que lleva la firma del juez de Garantías N° 6 de Quilmes, Diego Agüero. El mismo, obliga al Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SPB) a destinar un pabellón exclusivo para mujeres trans/travestis dentro de la Unidad Carcelaria N° 32 de Florencio Varela. Además, exige que sea reconocida la identidad de género autopercibida (Ley 26.743) de las personas que se encuentran detenidas. Las denuncias llegaron también a Vitit Muntarbhorn, experto independiente de la ONU en derechos de la población LGBT, que en un encuentro con Otrans pudo hacerse eco de los conflictos de los que son víctimas las personas de la comunidad trans/travesti.