Derechos y humanos contra las libertades

Fotografía: María José Grenni

Por Lucía Barrera Oro

En esta sociedad aprendemos que hay subsidios buenos y subsidios malos, y que la diferencia se basa en si quien los recibe es merecedor de ello o no. Entre los subsidios malos están las asignaciones universales por hijo (“se embarazan para cobrar un plan” dijo el diputado macrista Julián Dindart), los planes jefes y jefas de hogar, la reparación histórica a la población trans y travesti que en promedio no supera los 45 años de edad, la ley Brisa que contempla un apoyo económico a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género y cualquier otro tipo de estímulo a los sectores vulnerables. Los subsidios buenos, en cambio, son aquellos que gozan de la impunidad social y exenciones impositivas como los millones presupuestados anualmente al mantenimiento de la Iglesia Católica (del presupuesto aprobado por el Congreso para el 2016, por ejemplo, $134 millones fueron destinados al pago de salarios del episcopado).

Es entre estos subsidios “buenos” que se quiere incluir, mediante un proyecto de ley, a las muchas otras religiones que se profesan en el país y que actualmente tienen la obligación de inscribirse como tales en el Registro Nacional de Cultos. Según explicó Santiago de Estrada,  responsable de la Secretaria de Culto a La Nación, lo que se pretende es pasar de un régimen de control de las comunidades religiosas a una “profundización de la libertad religiosa como un derecho humano”. Queda por ver cómo impactará esa profundización en la sociedad, aunque es posible prever hacia dónde irá el camino: no debería sorprender que aumenten las persecuciones ideológicas -principalmente a las mujeres y a las comunidades LGBTIQ- basadas en la religiosidad y en la moral.

Siguiendo esa línea, la propuesta incluye en el artículo 7, la protección a aquellas personas que se amparen en la “objeción de conciencia” para no realizar determinadas acciones que vayan contra su religión. Dicha objeción es usada frecuentemente por profesionales de la salud que niegan el derecho de las mujeres de acceder a información y a abortos no punibles en los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal. La aprobación de este proyecto implica un agravio contra las mujeres que -cada vez más- son empujadas a abortar en condiciones inseguras, antihigiénicas, en total clandestinidad y con altísimos riesgos para su salud: aproximadamente 100 mujeres mueren por año según las estadísticas oficiales, siendo la principal causa de muerte de mujeres gestantes. 

Otra de las propuestas, incorpora modificaciones a los Códigos Civil y Comercial y Penal respecto de los lugares de culto y objetos sagrados: no sólo los declararía inembargables, sino que también se considerarían como agravantes en delitos de hurto y daños. Esto significaría otorgarle un escudo legal a las represiones y persecuciones cometidas tanto por la iglesia (en Tucumán se llamó a una “caza de brujas” contra las socorristas que hicieron la performance de la Virgen María abortista el 8 de marzo frente a la catedral, alentando violaciones correctivas y femicidios), como por la policía, que protege y defiende (el 7 de marzo, 6 militantes fueron hostigadas por varones al grito de “Viva Cristo rey” y luego detenidas en la comisaría 9na de Almagro con un despliegue policial conformado por 3 patrulleros, una moto y 10 oficiales; el 8 de marzo, la misma policía de la ciudad realizó una razzia en las inmediaciones de Plaza de Mayo luego del Paro Internacional de Mujeres y el 3 de junio se reprimió -saliendo del vallado de la Catedral- a fotógrafos y periodistas que cubrían el acto de Ni Una Menos).

En este sentido, el proyecto de ley, más que ampliar la “libertad religiosa” e incluir a diferentes cultos -entre los privilegios históricamente otorgados sólo a la Iglesia Católica-, supone una obstrucción en la lucha por los derechos de las mujeres, principalmente a la hora de saldar la mayor deuda de los últimos 40 años de democracia: el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este, en conjunto con la educación sexual integral en las escuelas, reduciría la tasa de mortalidad entre mujeres jóvenes, como se ha probado en países como Uruguay, en donde la misma disminuyó en casi un 30 por ciento. En un año electoral en el cual la cancha se divide en dos polos políticos (y la población queda entre medio), es clave lograr un frente que se oponga a este tipo de leyes retrógradas y machistas para evitar la avanzada macrista sobre los derechos humanos.