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Géneros //// 23.08.2016
Belén está libre

Belén pudo hacer valer sus derechos. Aún mejor, el conservadurismo judicial tucumano debió rever el fallo que la privó ilegítimamente de su libertad y acatar el cese de prisión preventiva.

Por Julia PascoliniEl 12 de Agosto se llevó adelante la Marcha Nacional por la Libertad de Belén, la joven tucumana condenada a 8 años de prisión por ser víctima de un aborto espontáneo y de la posterior criminalización mediática y judicial. Cientos de organizaciones, sindicatos, instituciones y autoconvocadas/os de todo el país se movilizaron en pos de su pronta libertad. Cuatro días más tarde la Corte Suprema tucumana ordenó su liberación inmediata a partir del pedido de cese de prisión presentado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez validado por la clara falta de fundamentos con que contaba el fallo.
Pese a los obstáculos, ganó el derecho
Aunque la orden de liberación de Belén por parte de la Corte Suprema fue inmediata, la misma tardó 53 horas en ser efectivizada. Soledad Deza, abogada de Belén, se vio obligada inclusive a presentar un habeas corpus que hiciera regir el urgente cese de prisión preventiva.
Pudo haber salido el mismo 16 de agosto, pero el conservadurismo de la Sala III de la Cámara Penal retrasó la notificación de libertad y los trámites pertinentes. Fue retenida en la Unidad Penitenciaria Femenina N° 4, institución en que transitó la mayor parte de la condena, dos días y medio más hasta que finalmente fue real el reconocimiento, a medias, de su derecho. El fallo sigue vigente y Soledad Deza, junto con el grupo de abogadas que conforman la defensa, busca ahora la absolución completa de Belén.
Tratamiento mediático: ferviente machismo, conservadurismo evidente
El mismo día de la marcha que desencadenó en parte la liberación de Belén, el diario argentino La Nación tituló “Marcha por la liberación de una madre acusada de matar a su bebe”. Ni los eufemismos a los que suelen referir se hicieron presentes. Es claro que la justicia no es la única que acusa y criminaliza a las mujeres y al aborto en particular, sin fundamentos.
Si fuera insuficiente, el 16 de agosto, día en que se dictaminó el cese de prisión preventiva, tituló “Quién es Belén, la joven acusada de asesinar a su hijo que fue liberada por la Corte Suprema de Tucumán”. El artículo que relata los hechos con lujo de detalles carece de conjugaciones condicionales que, irónicamente, suelen abundar en dicho medio. Se asume de esta forma que el fallo se apoya en argumentos válidos y testimonios (de las/os médicas/os, enfermeras/os, etcétera) seguros.
“Los jueces se inclinaron por el relato de los profesionales.” Reza uno de los párrafos. Para algún/na despistada/o puede parecer un análisis demasiado forzado, pues dudamos que lo sea. Hacer uso del término ‘profesionales’ es una herramienta sumamente efectiva; si lo dice alguien profesional tiene que ser cierto ¿no? La deslegitimación constante de la defensa de Belén, y de su propia voz, es ardua y de un carácter misógino enorme.
“Tucumán: condenan a una mujer por matar a su bebé y ella dice que fue un aborto espontáneo” es otro de los títulos a través del cual La Nación criminalizó a Belén y al aborto. Aquella vez, la nota corresponde al mes de abril, el sistema patriarcal tajó aún más fuerte. El artículo no sólo asume como veraz el fallo judicial sino que además agrega “El caso guarda similitud con el de Romina Tejerina, la joven jujeña que purgó una condena de 9 años y 4 meses por haber asesinado a puñaladas, en 2003, a una beba cuyo embarazo había ocultado y que, según siempre sostuvo, fue fruto de una violación.” Más allá del caso de Romina, que no aspiramos abordar ahora, a quien escribe no le tiembla el pulso al comparar el caso de Belén (aborto espontáneo) con el nombrado anteriormente.
En conclusión, Belén se encuentra en libertad, pero su caso representa el de muchas otras mujeres. No sólo se trata de aquellas que hoy se encuentran ilegítimamente privadas de su libertad sino además de la reivindicación de un pedido mayor: aborto legal, seguro y gratuito para evitar la judicialización y penalización de la interrupción del embarazo (siendo o no voluntaria) y eliminarla en su condición de clandestinidad, expresada en números mayores a 500.000 anuales, de los cuales más de un centenar terminan en la muerte de mujeres, en su mayoría de condición económica baja, por tratarse de una práctica insegura e insalubre, física y psíquicamente.