Reforma laboral: la disputa por el trabajo en un modelo que debilita la producción

* El autor del artículo es industrial Pyme, titular de la línea de calzado Justicialistas

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional e introdujo modificaciones al texto original, entre ellas la eliminación del polémico artículo 44, que reducía la percepción salarial en casos de enfermedades inculpables. En consecuencia, la iniciativa deberá regresar al Senado para su tratamiento definitivo.

El oficialismo presenta la iniciativa como una “modernización” del mercado de trabajo, orientada a estimular la formalización del empleo y reducir la litigiosidad judicial laboral. Sin embargo, el contenido de los artículos aprobados en ambas cámaras permite advertir un patrón claro: el eje central de la reforma recae exclusivamente sobre los derechos de los trabajadores.

Entre los cambios debatidos se encuentra la posibilidad de extender la jornada diaria de 8 a 12 horas mediante un sistema de “banco de horas”, modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad, la redefinición de la base de cálculo indemnizatoria y la creación de un Fondo de Cese o Asistencia Laboral financiado por aportes empresariales como mecanismo alternativo al esquema tradicional de indemnización.

¿Cuál es el problema que se intenta resolver?

Argentina enfrenta niveles elevados de informalidad laboral: más del 40% de las personas ocupadas trabaja sin registración formal. Es un dato estructural. La pregunta es si la flexibilización de normas laborales ataca la raíz del problema o si actúa únicamente sobre el segmento ya formalizado.

La evidencia histórica argentina sugiere que los procesos más intensos de formalización coincidieron con etapas de fuerte crecimiento económico y expansión productiva. Entre 2003 y 2007, en un contexto de aumento sostenido del empleo y del PBI, la informalidad descendió significativamente, aun cuando se mantenían mecanismos como la doble indemnización. La formalización estuvo asociada al dinamismo productivo más que a la reducción de derechos.

La falsa dicotomía

En el debate público suele instalarse una idea simplificadora: para que las Pymes mejoren su competitividad es necesario reducir derechos laborales. Es la lógica de la “sábana corta”.

Con distintos matices y en contextos históricos diferentes, esa idea reapareció en las reformas de los años noventa impulsadas por el gobierno del riojano. Volvió a expresarse durante la gestión de la Alianza, más tarde bajo la administración de Mauricio Macri y hoy encuentra una nueva formulación en el actual gobierno. En todos los casos, subyace una premisa similar: considerar al trabajo como variable de ajuste para mejorar la competitividad.

El efecto cultural de esa simplificación es significativo. Capital y trabajo dejan de percibirse como factores complementarios dentro de un mismo sistema productivo y pasan a verse como adversarios naturales. Se fragmenta el entramado productivo y se desplaza la discusión hacia un conflicto inconducente, dejando en segundo plano los verdaderos desafíos: innovación, financiamiento, integración tecnológica y desarrollo industrial.

Reducir el debate a la tensión entre derechos y competitividad no solo empobrece la discusión. También condiciona las políticas públicas, porque instala en el sentido común la idea de que modernizar equivale a recortar.

Pero una economía no se fortalece debilitando alguno de sus factores. Se fortalece cuando logra articularlos de manera virtuosa. La relación entre ellos no es de suma cero, sino de complementariedad. Si se debilita uno se reciente el conjunto del aparato productivo.

La voz ausente: las Pymes

Las pequeñas y medianas empresas generan alrededor de siete de cada diez empleos privados en Argentina. Sin embargo, su representación en el debate público resulta marginal frente a la polarización entre gobierno y centrales sindicales o grandes cámaras empresariales.

Mientras el proyecto regresa al Senado, miles de unidades productivas enfrentan caída del consumo, dificultades de financiamiento, presión tributaria y competencia externa creciente. En ese contexto, reducir el análisis a la normativa laboral resulta, cuanto menos, incompleto.

Desde fines del 2023 hasta principios de 2026, cerraron sus puertas más de 22.000 Pymes nacionales. Un dato no menor es que son unidades productivas con trabajadores formalizados, por lo que de incluirse aquellas pymes del mercado informal el número podría duplicarse.

La preocupación no termina allí, según datos oficiales durante diciembre del 2025 el Banco Central informó 119.285 valores rechazados. La a cantidad de cheques sin fondos se triplicó en un año, marcando un aumento del 200% respecto a las cifras de diciembre de 2024.

Cuando se interrumpe la cadena de pagos se desencadena un efecto dominó que impacta, en primer lugar, sobre las Pymes que están en contacto directo con el consumidor final. La caída en las ventas o el retraso en los cobros no se detiene allí: se traslada hacia atrás a lo largo de toda la cadena de valor, afectando a distribuidores, fabricantes y proveedores que hasta ese momento no habían percibido con claridad los efectos de la crisis. Lo que comienza como una contracción en el consumo termina convirtiéndose en un problema sistémico que compromete la estabilidad financiera de todo el entramado productivo.

En ese escenario, reducir el debate sobre competitividad a una discusión estrictamente laboral no solo resulta insuficiente, sino conceptualmente erróneo. El problema estructural de la economía argentina no se explica exclusivamente por su régimen de derechos laborales, sino por una combinación de factores que incluyen desbarajustes tributarios, impericia de la clase política que se traduce en inestabilidad macroeconómica, restricciones financieras, debilidad tecnológica, desvinculación entre las pymes con los centros de producción de conocimiento y una estructura productiva fragmentada sólo por mencionar algunas variables.

Una verdadera modernización del mercado de trabajo debería inscribirse dentro de una estrategia más amplia de desarrollo productivo. Sin crecimiento sostenido, inversión y ampliación del mercado interno, la formalización del empleo seguirá siendo una promesa declamativa.

La reforma laboral que hoy regresa al Senado no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una concepción más amplia sobre cómo se organiza la economía y qué lugar ocupa el trabajo dentro de ella. Si el trabajo es concebido como variable de ajuste, el resultado será una economía más flexible, pero también más frágil. Si, en cambio, se lo entiende como un factor complementario dentro de un sistema productivo integrado, la discusión cambia de eje.

El desafío no es elegir entre derechos o competitividad. El desafío es reconstruir un modelo en el que capital, trabajo, conocimiento y Estado vuelvan a actuar de manera coordinada. La discusión de fondo no es jurídica. Es estratégica, es productiva, es política.