Alimentos y tierras: debates para disminuir la desigualdad

Por Carlos Baraldini*

Parto de un principio civilizatorio y otros para defender la democracia: "Ninguna persona debe estar en peores condiciones de vida que las que tuviera en estado de naturaleza".  A nadie le puede faltar techo, comida, ingreso, educación, salud, justicia….en un estado civilizado, en una sociedad como la actual. Otros principios de sentido común ciudadano:

La desigualdad es evitable. “Siempre hubo pobres” es un razonamiento perverso y enfermo, anterior a la civilización, es un principio de la guerra de todos contra todos.

La desigualdad no se combate solo aumentando los impuestos. Es posible, es racional, que pague más impuestos el que más gane y el que más posea patrimonio o riquezas. Que al pobre no le falta y que al rico no le sobre. En el tema tierras y alimentos no se puede hacer reduccionismo, ya que tienen las zonas, los territorios su propia particularidad. Aquí caben las propuestas específicas que pueden aportar los municipios y sus fuerzas productivas, sindicatos, cámaras, movimientos sociales.

Alimentos

Se trata de estudiar los conglomerados urbanos (6 más importantes) y buscar la forma de aplicar allí, en principio, un tope al dominio de tierras, dentro de un radio de 50 Km, expropiando y pagando con bonos de la Nación el excedente. Con este excedente se distribuyen tierras a nuevos propietarios con destino a la agricultura comunitaria, tanto de verduras y frutas, no descartando otras explotaciones de productos de la canasta alimentaria: leche, derivados, huevos, etc., esto según las características territoriales (que son físicas y culturales); esto es en cuanto a mejorar la producción en fresco. Esto no se trata de una migración masiva de la ciudad al campo: son pocos los pobladores necesarios hoy para emprender estos modelos productivos, muy cercanos a los centros urbanos. No hay utopía de “volver al campo”, solo hay necesidad de alimentos y garantizar su consumo en calidad y precio, conservando el medio ambiente libre de contaminaciones.

Un tema muy complicado es el de la #distribución# (que es la operación donde el capital se apropia del plus valor), esto está en un cartel de intermediarios que compran y distribuyen en flotas de camiones refrigerados e imponen el valor de la mercancía: precio al productor (y muchas veces en cuotas) y precio al público.

Esto te poda cualquier racionalidad y cualquier idea de mercado (libre fluctuación de la oferta y la demanda). Para esto habrá que crear cooperativas de distribución con capital mixto (municipio, provincia, nación, privados) que fijen precios testigos, que son esos precios sobre los cuales nadie quiere agregar nada, sencillamente porque no va a vender el producto. En otro tiempo, el vino común de mesa tenía ese precio testigo de una bodega muy grande estatizada: fue la manera de controlar el precio al consumidor. Otro tanto pasó con el precio del tomate perita en fresco y con destino a la producción conservera.

¡Dónde compra el consumidor los productos frescos? Este es otro tema del debate. Dado que los supermercados han fracasado como aquellos entes que, al comprar en escala y producciones enteras al productor, no han reducido los precios al consumidor y tampoco han respetado los costos de producción del productor o chacarero. Se han apropiado del valor en los dos extremos: en la producción y en el consumo. Al hacerlo, son los que fijan los precios del mercado. No hay libertad de mercado. Y aquí vamos a otro tema teórico de tipo económico: ahora no estamos en épocas del fordismo, donde el costo de producción era el principal elemento para fijar un precio de venta. Ahora, los industriales de productos alimenticios poco reparan en esos costos, ahora se impone la lógica neoliberal: ¿cuál es el precio que fijo? Muy simple, razonan, el que puede pagar el consumidor. Y el consumidor está estratificado: algunos por el código postal donde viven pueden pagar cualquier precio, otros, con menos capacidad de pago, pagarán tercera o cuarta calidad y marca de sus productos o se privarán.

Hoy la realidad indica que a ciertos supermercados concurren solamente las clases altas y con capacidad de pago. Las clases humildes y sectores medios van a otros, donde ofrecen descuentos y ofertas que muchas veces son estafas, por su calidad y por haber sufrido remarcas de precios la noche anterior, pero acceden por su tarjeta de crédito.

En ambos tipos de supermercados los productos frescos tienen precios superiores a algunos comercios pequeños y a mercados barriales. ¿En qué quedó la compra en escala?

Esto indica el fracaso de la red de supermercados para vender al público la producción en fresco. La cuestión es abrir un canal de ventas masivas para estos sectores medios y humildes, dado que las ferias itinerantes barriales tampoco han cumplido esa función.

Los precios de los supermercados son libres. Si aumentan y son superiores al aumento medio de los alimentos de la canasta según el Indec, en forma automática serán gravados con un adicional inflacionario del impuesto a los ingresos brutos que liquidan.

La ley de góndolas permitirá a las pymes acceder a los supermercados, muy modesta y con ciertos límites: cantidad, precios, calidad, donde nunca se pondrá en peligro el efecto dominante que tiene el supermercado en esa materia. Y es probable que queden lugares vacíos por falta de productos de ese origen, dada la limitación productiva de este sector.

La tarjeta alimentaria debería estar orientada a productos frescos y nutritivos, debería contar con un descuento promocional a cargo del Estado, que pagaría a los supermercados en cuenta corriente, con premios y castigos.

Se trata entonces de construir en forma cooperativa centros de distribución barriales de la canasta familiar alimentaria, con los rubros en fresco de verduras, frutas, carnes, leche y derivados, huevos, y otros productos a granel, como harinas, legumbres, arroz, etc. Con la activa participación municipal, tanto en logística (calidad, precios, etc.) como en contralor bromatológico. Con precios accesibles, calidad y volumen garantizados, como precios testigos que frenen los aumentos injustificables.

Tierras

Otro tema es el de las tierras de la pampa húmeda extensiva, creo que también debe tener un coto, un límite a su dominio, no más de 15 mil hectáreas por propietario -dependiendo de la productividad de los suelos- cualquiera sea la figura jurídica, sociedad, individuos, etc. Debe haber una programación productiva de las tierras, demostrando su función social y su defensa del medio ambiente. Los latifundios no pueden existir en un país que está en emergencia alimentaria. Y en un planeta contaminado que debe recuperar sus tierras, aguas y subsuelos para la comunidad.

*Especialista en costos y organización