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Dossier //// 19.05.2021
Educación Superior: resistencias y luchas a la privatización menemista

La década del noventa fue atravesada por intensas luchas encabezadas por organizaciones estudiantiles en rechazo a las reformas neoliberales del menemismo. El autor de esta nota describe con diversos documentos los duros años de la resistencia. 

Por Leandro Andrini  |​ Fotos: gentileza de Leticia Rubio Puzzo

El historiador británico Eric Hobsbawm ha sostenido la tesis sobre el breve siglo XX (1917 - 1989) para periodizar una etapa marcada por el auge y el derrumbe de la U.R.S.S. Siguiendo su tesitura, podríamos hablar de la larga década de los ‘90 (1989 - 2001), y todas las consecuencias políticas de estos doce años. Sin más, 1989 es el punto de llegada en un caso y el punto de partida en otro. Este punto de partida podría llamarse “consenso de Washington” o “ideologías del fin” atendiendo a las proclamas de Francis Fukuyama, y su impacto sobre todo lo que denominamos América Latina.
En este párrafo previo, en un exceso de síntesis, podemos ubicar a las reformas neoliberales en Educación Superior de la larga década argentina.

Algunos datos de contexto

El 17 de agosto de 1989 se sancionó la Ley 23696, denominada “Ley Dromi” y sintetizada en “todo lo que sea del Estado dejará de estar en manos del Estado”, la que supuso la mayor reforma del Estado desde la década del ’50, pero fundamentada sobre un paradigma neoliberal. Dentro de este esquema de reformas, la educación en todos sus niveles estaba incluida, debido a los lineamientos internacionales y prioritariamente a los exigidos por el Banco Mundial.
En términos de educación de Nivel Medio y Superior No Universitario, la Ley 24049 (Ley de Transferencia de Establecimientos), sancionada en 1991, y complementada por la Ley 24195 (Ley Federal de Educación), sancionada en 1993, constituyeron los dispositivos político-legales de descentralización educativa más importante ocurridos en la Argentina. Este proceso de transferencia, que significó la provincialización y la municipalización educativa, vino a romper la matriz «estado-céntrica» en educación inaugurada por las épocas 1880-1890 y consolidada por los modelos de acceso popular. A su vez, la educación ingresaba en la coyuntura de déficit fiscal, se asentaba en el cómputo del gasto y adquiría una estructuración tecnocrática de plena demanda economicista.
En los sucesivos desguaces del Estado vemos cómo el nombre de la figura de Frondizi reaparece. En este caso, Menem, entre 1989 y 1991, “se rodeó de un equipo que había acompañado a Frondizi treinta años antes” sostiene el especialista en Ciencias de la Educación Mariano Echenique. Este equipo fue el encargado de transferir las escuelas nacionales (Nacional, Normal, ENET) a las jurisdicciones provinciales o a la ciudad de Buenos Aires. Aquí nace la paradojal circunstancia de tener un Ministerio de Educación nacional sin establecimientos educativos a cargo, hasta el día de hoy.
Diferentes autorxs y/o analistas del campo de la educación, coinciden en que estas dos leyes se sientan sobre pilares de “cobertura, calidad, eficiencia y equidad” (discurso esgrimido también para el sistema de salud, y para los regímenes jubilatorios), “descentralización” (como argumento democratizante), y “competitividad y/o reconversión laboral docente”. Este discurso también afectó a la educación superior y se convirtió en el campo de las disputas discursivas y simbólicas. Guardamos en nuestra memoria la lucha docente corporizada en la Carpa Blanca.

Banco Mundial: reasignación de recursos para el mejoramiento de la educación

Por esas épocas, en cuanto a lo que se conocía, y con los medios mucho más escasos que en la actualidad (Internet no era lo que conocemos) se tenían algunos datos de los “papers” del Banco Mundial y las recomendaciones para la Argentina y para el continente latinoamericano en general.
En la Serie Estudios del Banco sobre países (Banco Mundial) fueron apareciendo los documentos que lleva por título esta sección. De importancia trascendental es el documento de reasignación escrito en 1991, exactamente una década después del ensayo en la Chile pinochetista: primer país en el que practicaron la flexibilización universitaria. Cuarenta años después, el vecino país aún intenta cortar vínculos con los lastres de esa dictadura, que diezmó por completo a su sistema universitario, convirtiendo al acceso a la educación universitaria en un privilegio y trastocando el derecho inalienable a la educación que tiene los pueblos.
Pueden encontrarse los criterios propuestos para la Educación Superior por el Banco Mundial en el trabajo para la entidad realizado por Jamil Salmi. La claridad del lenguaje técnico utilizado exime de toda interpretación. Siempre “la crisis de la educación superior”, las “implicancias del financiamiento estatal de la educación superior”, el grado de “desarrollo de la educación superior (financiada por el estado)”, la “diversificación institucional”, el uso de los “recursos y subsidios públicos”, la “descentralización del sistema para ganar autonomía”, el “rol de las agencias financiantes (de la educación superior)”, en el marco del mercado.
Esto se traducía en un lenguaje llano: el Estado debe retirarse de la asignación de recursos a la educación superior, por lo que el arancelamiento era el primero de los pasos, luego la privatización de la educación superior (lo que se denominó por entonces “las fábricas de diplomas” rentables), la desvinculación de toda la producción de conocimientos enraizados en las sociedades donde la universidad se desenvuelve, la creación de organismos estructurales de control y evaluación permanente, la aparición de las fundaciones para el financiamiento de la investigación y transferencia tecnológica (pérdida de autonomía, ya no universitaria). El coletazo último: los cursos eliminatorios, para disgregar la universidad de masas que en Argentina se había ido conformando (con sus debes, pero de masas).

Mayo del 95

Llegó la fecha…
Mayo de 1995 significó la organización estudiantil – universitaria en contra de las políticas del Banco Mundial, o sea del menemismo, en términos de educación superior.
¿Por qué fue este mes? Porque el oficialismo dispuso el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de Ley de Educación Superior, conocida como LES (Ley 24521).
¿Qué ocurrió? Se extendieron territorialmente las tomas de facultades y universidades en oposición a la norma que pretendía sancionarse. Se tradujo en una acción singular, que no estaba dentro de los pronósticos triunfalistas del oficialismo. Es más, el 14 de mayo Menem validó su segundo mandato con un 49,94% de los votos.
En esas tomas se organizaron jornadas de interiorización del marco legal, se diagramaroan los esquemas de manifestación pública en las diferentes facultades/universidades. Se tejieron lazos con organizaciones desocupadas incipientes, y con los gremios combativos a las políticas neoliberales de la época, entre otras cuestiones que sellarían –a la larga- una simbiosis política en las luchas (que se emprendieron como comunes, solidariamente).
El esquema propuesto para la educación superior era un calco al organizado para la educación media y superior no universitaria. El discurso de la época era “cobertura, calidad, eficiencia y equidad”, “descentralización”, y “competitividad y/o reconversión laboral docente”. En cada uno de estos términos aparecía el despliegue máximo del recorte neoliberal de época.
En la LES aparecían figuras de reconocimiento y validez de títulos (art. 41, 42 y 43), lo que imponía una falsa autoridad a cada universidad y trastocaba la finalidad de las mismas. Esto luego fue transparentado con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), objeto de repudio durante años debido al cercenamiento de carreras (al punto que la UBA llegó a desconocer su autoridad). Este organismo descentralizado, bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, tiene –inclusive en la actualidad- por objetivo la evaluación de las instituciones universitarias y la acreditación de carreras de grado declaradas de interés público y de las carreras de posgrado.
El mes de mayo de 1995 es poco valorado en la historia (reciente) de las luchas universitarias. Ha quedado sepultado por las resistencias que exigió el neoliberalismo al pueblo todo durante ese tiempo, que culminó en diciembre de 2001, con una irrupción esporádica entre 2015 y 2019 al mando de las instituciones políticas del país.

Foto del diario platense Hoy (25 de mayo de 1995).

31 de mayo: un abrazo para la historia
En ese mes fue consolidándose la idea de marchar al Congreso de la Nación el día del tratamiento. La comunidad universitaria comenzó a sostener la idea de un “abrazo” al Congreso, rodeando todo el edificio, y que a su vez quedara manifestación en la plaza. Para ello debía generarse masividad, y ese fue el trabajo durante esos días: convencer de la importancia de la medida.

Foto del diario Popular (1° de junio de 1995). El “abrazo” estudiantil fue un cerco inexpugnable. La multitudinaria protesta impidió que se tratara la Ley de Educación Superior.

Diputados y diputadas no pudieron ingresar al recinto a legislar. La masividad de la protesta había sido lograda. Pero también se aprendió que no hay masividad sin legitimidad. Y la legitimidad estaba construida sobre el ideario (aspiracional) socio-simbólico que representa la universidad en Argentina (desde Florencio Sánchez para acá, en todos sus vaivenes).
Este hecho también transformó en anti-institucionalistas a quienes nos habíamos manifestado, más allá de la legitimidad del reclamo y el ideario socio-simbólico que representa (o representaba) la universidad para amplios márgenes de la población. Y hubo que deconstruir ese mote. Tracemos un paralelismo: en el 2016 la universidad fue tildada de “ñoqui” y la inefable Laura Alonso envió a cada una de las facultades de cada una de las universidades públicas argentinas una intimación de denuncia por corrupción. Los discursos se suceden, se repiten. El ataque es parte de la sistematicidad.

Ese, aquel, abrazo fue una sorpresa dentro del establishment. Esa parte incontada, no tenida en cuenta en el cálculo, que irrumpe en la escena y vuelve política la anomia de un tiempo.