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Debates //// 13.10.2020
Rucci, movimiento obrero y el kirchnerismo: nueva respuesta a la Izquierda Diario

El historiador peronista Horacio Bustingorry continuó con el debate en torno a la figura de José Ignacio Rucci y contesta las apreciaciones de Facundo Aguirre en la Izquierda Diario. 

Por Horacio Bustingorry 

Facundo Aguirre desde la Izquierda Diario continuó el debate en torno la figura de José Ignacio Rucci, la batalla cultural del kirchnerismo e, incidentalmente, sobre la toma de Guernica. Su escrito abarca un sinfín de cuestiones, cada una de ellas con su impronta, en un intento por unificar bajo una misma lógica hechos de la más diversa índole. Pese al derroche de creatividad del autor, se recoge el guante y sigue la polémica.

La toma de Guernica

Aguirre aduce que el kirchnerismo propone una solución represiva en la toma de Guernica basándose en las declaraciones de Sergio Berni. Sin embargo, el ministro de Seguridad quedó completamente apartado de la resolución del conflicto y sus dichos deben enmarcarse en la autoconstrucción electoral de sesgo derechista que viene realizando desde hace ya varios meses. Con juego propio dada su probada lealtad a Cristina —cuando tantos otros ponían en duda su liderazgo— Berni, sin embargo, cosecha repudios al interior del kirchnerismo y esta página no fue la excepción.

Declaraciones al margen, esa retórica derechista no tiene ninguna incidencia real en el tratamiento que el gobierno de Axel Kicillof le dio al conflicto. La presencia del Estado mediante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y no del Ministerio de Seguridad es todo un indicador del enfoque elegido. También lo es el accionar de alguien como Andrés Larroque, con largos años de militancia territorial, quien continuamente ha referido a las necesidades de las familias y la imperiosidad de que el Estado resuelva derechos vulnerados. Por otra parte, Larroque no ha estigmatizado a los ocupantes como pretende Aguirre, sino que planteó una discusión política con las organizaciones intervinientes en la toma. Cada sector tendrá sus legítimas razones para proponer una determinada salida, pero negar que el gobierno provincial eligió la mirada social por sobre la securitaria es falsear la realidad. 

 Ahora, qué tiene que ver todo esto con Rucci sólo Aguirre lo sabe. El vínculo que establece entre la reivindicación del dirigente asesinado y una política macartista en la toma de Guernica es completamente antojadizo. ¿O acaso el discurso de Máximo Kirchner evocando la figura de Agustín Tosco sería una postura contra la represión en la toma?

Rucci y el kirchnerismo

Aguirre insiste en que existe unanimidad en el kirchnerismo respecto a la necesidad de reivindicar a Rucci. Basta con pispear los comentarios de lectores kirchneristas en el especial elaborado por la Agencia Paco Urondo para constatar que no es así. Incluso el homenaje en la Legislatura Bonaerense, que Aguirre esgrime como prueba, contradice su postura. La polémica previa suscitada entre los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio da cuenta de las tensiones vigentes en el kirchnerismo, amén de los fundamentos oportunistas y grotescos presentados por el diputado macrista Mauricio Viviani. Acostumbrado a manejar con suma destreza el microscopio para captar las diferencias al interior de la izquierda, Aguirre olvidó el telescopio para analizar, no ya el peronismo, sino al propio kirchnerismo.

Un balance histórico sobre Rucci

Saldado el punto sobre la militancia de Palabra Obrera en las 62 Organizaciones cuando decían “Rucci compañero”, Aguirre plantea un contraste con la trayectoria posterior del dirigente metalúrgico. Según el autor, a partir de 1959 se consolidó una nueva dirección de carácter burocrático producto de la derrota de la huelga del Frigorífico Lisandro de La Torre. Esta afirmación que identifica en aquel año una derrota obrera de enormes proporciones es una idea muy arraigada, popularizada por el historiador británico Daniel James y suscripta por el PTS sin ningún tipo de matiz ni crítica.

Por el contrario, a partir la sanción de la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales en 1958, el Movimiento Obrero obtuvo una conquista de envergadura al barrer con el Decreto 9270 de la Fusiladora que instauraba el “pluralismo sindical”. Con la 14.455, nuevamente era reconocido el sindicato único por rama de actividad que hasta las coordinadoras que tanto gustan al PTS reivindicaban como eje constitutivo del modelo sindical argentino. Dicho marco posibilitó el accionar de una dirigencia fortalecida que garantizó numerosas cláusulas favorables a los trabajadores en muchos de los nuevos convenios y doblegó el intento de Arturo Illia de reintroducir el pluralismo sindical. En 1959 sí fue derrotada la apuesta insurreccionalista, pero no el Movimiento Obrero Organizado.

Rucci y la derecha

Los vínculos de Rucci con grupos de la derecha peronista son innegables no así las responsabilidades endilgadas. Es cierto que estableció lazos con la CNU de Mar del Plata, pero las relaciones con su símil de La Plata fueron más difusas. Por el contrario, Rucci fue la principal apoyatura política-sindical con la que contó el gobernador bonaerense Oscar Bidegain quien estuvo duramente enfrentado con la CNU platense.  Como sea, la deriva que tuvo esta agrupación de ultraderecha, que pasó de actuar en los ámbitos universitarios a integrar las bandas paraestatales de la Triple A, no es responsabilidad de Rucci; como tampoco puede acusarse al PST de golpista por haber entablado relación con las seccionales de la UOM que respondían a Victorio Calabró durante el Plan Mondelli. De igual modo, es arbitrario señalar al PST de cómplice en el homicidio del dirigente sindical Marcelino Mansilla por haber hecho una alianza con las FAP Comando Nacional en los astilleros de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense. A propósito, nada dice Aguirre sobre los asesinatos de dirigentes sindicales mencionadas en la nota anterior; entre ellos, el del secretario privado de Rucci en febrero de 1973, el mismo mes de la formación de la Juventud Sindical Peronista.

Es cierto, en cambio, lo que menciona respecto a los ataques a los sindicatos de Luz y Fuerza y el Smata de Córdoba, pero es inexacto que la CGT cordobesa fuese intervenida durante el mandato de Rucci. La modificación de la composición de la seccional mediterránea recién sucedería al año siguiente cuando ya hacía varios meses que el dirigente cegetista había sido asesinado.

Respecto a los hechos de Ezeiza, Aguirre considera que es inapelable la responsabilidad de Rucci en el ataque perpetrado desde el palco. Tan afecto a criticar al peronismo, sigue a pie juntillas la interpretación sostenida por Montoneros que sería canonizada por Horacio Verbitsky en su emblemático libro. Suscribe así, uno de los puntos más endebles para justificar dicha interpretación: la participación del Negro Corea en las torturas del Hotel Internacional de Ezeiza.

Es correcto, como señala Aguirre, que Rucci participó de la Comisión Organizadora pero la responsabilidad de la seguridad del palco quedó a cargo de Jorge Osinde. Tanto la policía Federal como la de la Provincia de Buenos Aires lo sindicaron como culpable de lo sucedido y en ninguno de sus informes se menciona una supuesta responsabilidad de Rucci. Si realmente la hubo es algo que debe ser probado y no deducido por afinidad ideológica. En la Comisión Organizadora también estaba Juan Manuel Abal Medina a quien nadie atribuiría ninguna incidencia en lo ocurrido.

Que hubo una avanzada de la derecha contra Héctor Cámpora es innegable. Lo del golpe palaciego es más discutible. Que Rucci jugó un rol relevante en ese supuesto golpe es aún más dudoso. Que el Pueblo finalmente tuvo la oportunidad de votar al candidato de su preferencia no cabe ninguna duda. ¿No pretenderá Aguirre ahora participar de un homenaje a Cámpora?

El programa del FreJuLi

Según Aguirre, el capitalismo nacional de liberación implementado por el FreJuLi no era una política de enfrentamiento con el imperialismo sino de “desvío y confrontación con la insurgencia obrera y popular que cuestionaba al capitalismo”. Medidas como la nacionalización de los depósitos bancarios y, sobre todo, la ley de inversiones extranjeras desmienten esa afirmación. No solo por su contenido intrínseco, sino porque la propia embajada de Estados Unidos hizo lobby para que las iniciativas fuesen eliminadas. La respuesta no se hizo esperar y tuvo carácter soberano: la declaración de “persona no grata” del Encargado de Negocios de dicha sede diplomática y la exigencia de su expulsión del país.

Contra lo que sostiene Aguirre sobre el carácter antipopular del Pacto Social, pueden contraponerse los indicadores económico-sociales del periodo. Tomando como base 100 a 1970 —el punto más alto desde 1959—, el salario real hacia 1974-1975 había llegado a 125. Su desplome recién ocurriría en los inicios de la dictadura hasta descender a 76.

Es verdad que hubo huelgas muy duras que no fueron del agrado de Perón. Pero calificarlas como huelgas contra el Pacto Social es un exceso de conceptuación. El grado de radicalización obrera del periodo no tienen parangón y acierta Aguirre si surgiere que las medidas de fuerza tensionaban los marcos del acuerdo. Pero el repudio explícito al Pacto Social fue —usando la terminología trotskista— una denuncia de la vanguardia, no del conjunto de las masas. Jamás hubo una movilización masiva a Plaza de Mayo para repudiar el programa, a diferencia de lo ocurrido durante el Rodrigazo, cuando el Pacto Social ya había sido barrido por derecha.

Lo curioso de la postura de Aguirre es que coincide con Alberto Fernández en reducir el Pacto Social a un mero acuerdo de precios y salarios. Con esa visión tan estrecha ignora el conjunto de reformas estructurales que el Acta de Compromiso Nacional contemplaba y que implicaban una profunda reestructuración del capitalismo argentino. Entre esas reformas figuraba la Ley de Contrato de Trabajo que el autor analiza de forma puntual y aislada del resto del programa.

Los alcances de la LCT

Según Aguirre la ley mejoraba los salarios, pero era letra muerta. Aun sí hubiese sido un texto sin voluntad de aplicación, el conflicto de la metalúrgica Santa Rosa relevado por el autor demuestra que la ley generaba conciencia e incentivaba a la lucha. Quienes con toda seguridad no veían letra muerta en la LCT eran las patronales. A través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, iniciaron una campaña de desprestigio calificándola de “sovietizante” y con esa y otras denuncias, impulsaron el lock out golpista de febrero de 1976. El gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla tampoco la consideraba letra muerta. En abril de ese año modificó la mitad de su articulado en detrimento de los trabajadores y, como corolario, en julio de 1977 fue secuestrado y asesinado Norberto Centeno, el principal mentor de la normativa.

En cuanto al conflicto de Santa Rosa es verdad que la lucha de los obreros fue clave para que los “turnos americanos” comiencen a pagarse según lo estipulado en la ley. También es cierto que la dirección de la UOM Matanza tuvo un rol vacilante, aunque algunas de las asambleas fueron realizadas en la sede de esa seccional. Lo que Aguirre omite es que el PJ de La Matanza también prestó su local partidario y que el conflicto llegó a buen puerto, no solo por la lucha obrera, sino por el apoyo explícito que les dio Lorenzo Miguel a los trabajadores del establecimiento.

¿Batalla cultural o doctrina peronista?

Contra lo que cree Aguirre, la reivindicación de Rucci no es ninguna capitulación del progresismo ni de la centroizquierda porque ni el progresismo ni la centroizquierda reivindican a Rucci. El rescate de su figura es realizado por (algunos) sectores del kirchnerismo que suscriben la tradición peronista. Pensar que la reivindicación de Rucci implica el abandono de “la batalla cultural” es reducir el kirchnerismo a Ricardo Forster y al otrora 678.

Como fue planteado en la nota anterior, en la reivindicación de Rucci hay todo un planteo programático. Pero no se trata, como cree Aguirre, de ningún programa de rescate del capital; el capitalismo no necesita ser rescatado porque está vigente, sólido y en su faceta más antipopular. De lo que se trata es de impulsar un programa alternativo que ponga al capital en función social para construir una Patria Justa, Libre y Soberana.