Los límites del cordobesismo ante la cuestión nacional

Córdoba ya forma parte, por la fuerza de su producción, de un mundo del que la Argentina decidió políticamente mantenerse al margen desde el año 2024. Mientras el gobierno de Javier Milei rechazó la incorporación a los BRICS y reorientó su política exterior hacia un alineamiento preferencial con Estados Unidos e Israel, la economía cordobesa se mueve sobre otro mapa; vehículos y autopartes encuentran en Brasil un mercado fundamental; aceites, granos y alimentos viajan hacia India y China.

Los datos son elocuentes. En 2025 Córdoba exportó cerca de USD 10.910 millones —el 12,5 % del total argentino— y llegó a 136 mercados. Durante los primeros cinco meses de 2026, Brasil, India y China, tres integrantes de los BRICS, fueron sus principales destinos.

Pero los vínculos son diferentes. Con Brasil se expresa principalmente la Córdoba industrial; en 2025, el 64 % de las exportaciones hacia ese país fueron manufacturas industriales, especialmente vehículos, autopartes y motores. India y China, en cambio, concentran sus compras en aceites, soja, maní y derivados. Brasil revela el potencial de una integración regional basada en cadenas industriales compartidas; los gigantes asiáticos, la oportunidad y el desafío de aprovechar su escala para incorporar mayor valor, tecnología, industria y trabajo argentino a nuestras exportaciones.

La paradoja liberal

Mientras el mundo multipolar amplía mercados, socios y alternativas de financiamiento, la política económica nacional debilita capacidades necesarias para aprovecharlos. La apertura importadora presiona sectores estratégicos para Córdoba, como la maquinaria agrícola y su entramado metalmecánico, mientras el ajuste sobre universidades, ciencia e infraestructura erosiona las posibilidades de agregar valor y tecnología.

La paradoja se vuelve nítida cuando el liberalismo económico asumido por Juan Schiaretti y el pragmatismo político que caracteriza a la actual conducción de Martín Llaryora, aun presentándose como defensores de los intereses de Córdoba, claro está; terminan acompañando o facilitando con demasiada frecuencia orientaciones económicas nacionales que debilitan el mercado interno, comprimen salarios y consumo y exponen a la industria y a las pymes que constituyen buena parte de la fortaleza productiva provincial. Lo hicieron durante el gobierno liberal de Mauricio Macri y vuelven a hacerlo, bajo condiciones todavía más severas, frente al programa económico de Javier Milei.

Y allí aparece una responsabilidad que la dirigencia oficialista de Córdoba no puede eludir. Mientras proclama la defensa de la producción y de los intereses provinciales, brinda sustento político a un Gobierno nacional cuyo programa de ajuste, apertura y vaciamiento no se limita a ordenar las cuentas públicas; avanza sobre capacidades estratégicas que la Argentina tardó generaciones en construir. La caída del consumo y el debilitamiento del mercado interno; el creciente recurso de las familias al endeudamiento y el deterioro de su capacidad de pago; la retracción de sectores sensibles de la actividad económica; la desindustrialización y la pérdida de empleo productivo; el cientificidio, el debilitamiento de las universidades y de los organismos tecnológicos; la paralización de infraestructura y la retracción del Estado en áreas estratégicas no constituyen fenómenos aislados. Son distintas expresiones de un mismo proceso de pérdida de densidad nacional que deteriora la demanda, debilita el entramado productivo, desalienta la inversión y reduce las capacidades científicas, tecnológicas y materiales necesarias para el desarrollo. Y todo ello afecta directamente el interés de una provincia como Córdoba, cuya fortaleza depende precisamente de que existan consumidores, empresas, crédito, conocimiento, infraestructura y un mercado nacional capaz de sostener su producción.

“Federalismo” de caja y dependencia provincial

Durante décadas una parte importante del debate quedó encerrado en una contabilidad legítima pero insuficiente; cuánto aporta Córdoba, cuánto recauda la Nación y cuánto vuelve. Y no hablamos de una provincia marginal en la generación de riqueza.

En 2025 Córdoba explicó el 12,5 % de las exportaciones argentinas; dicho de manera más gráfica, uno de cada ocho dólares que el país obtuvo por sus exportaciones fue generado por la producción cordobesa. La discusión por la coparticipación, las transferencias y los recursos provinciales es necesaria, pero un “federalismo" reducido exclusivamente a esa contabilidad fiscal resulta demasiado pequeño para una provincia con semejante gravitación económica, productiva, universitaria e histórica. El problema se vuelve todavía más profundo cuando la necesidad financiera de las provincias termina condicionando su autonomía política y los gobernadores deben negociar oxígeno fiscal a cambio de acompañamientos circunstanciales. Allí la cuestión federal deja de ser solamente una discusión administrativa sobre coparticipación y comienza a transformarse en una forma áspera de disciplinamiento político.

No es sencilla la tarea de gobernar una provincia a la que el poder central recorta recursos, paraliza obras y obliga permanentemente a administrar todo tipo de urgencias; pero esa dificultad no puede convertirse en justificación para asociarse una y otra vez con un proyecto antinacional que erosiona muchas de las mismas capacidades productivas, sociales y fiscales que luego se pretende defender. Gobernar la escasez puede explicar la negociación; no debería justificar el indisimulable alineamiento. Y sería injusto desconocer que el Gobierno provincial intenta amortiguar algunos de los efectos de la crisis. El programa Córdoba Impulsa procura sostener el consumo y financiar capital de trabajo; las nuevas líneas acordadas con el CFI buscan acercar crédito a las PyMEs; Bancor subsidia financiamiento para maquinaria agrícola y producción, y el Programa Primer Paso vuelve a utilizar recursos públicos para facilitar la incorporación de jóvenes al empleo. Son políticas necesarias y, en algunos casos, valiosas. Pero también revelan la dimensión del problema.

Si la política nacional contrae el mercado interno, deteriora salarios, abre indiscriminadamente las importaciones y debilita industria, ciencia, infraestructura y capacidades estatales, los instrumentos provinciales terminan funcionando fundamentalmente como paliativos frente a un proceso que se decide en otra escala. La misma dirigencia que destina recursos de Córdoba a reparar esos daños presta luego sustento político al programa nacional que contribuye a producirlos. Si Córdoba subsidia crédito, sostiene consumo, financia PyMEs y promueve empleo, es porque su propio gobierno reconoce en los hechos que mercado, financiamiento, producción y trabajo necesitan políticas públicas activas.

Lo cierto es que una política internacional soberana necesita de un proyecto productivo nacional y ningún proyecto productivo puede sostenerse sin una estrategia internacional que le proporcione mercados, escala, financiamiento, tecnología y capacidad de negociación.

El provincialismo de nicho

A nuestro juicio, el problema comienza cuando la autonomía provincial deja de concebirse como una herramienta para construir la Nación y se convierte, principalmente, en una estrategia de administración y conservación del poder territorial. A esa transformación contribuyó un proceso de larga duración, iniciado con el quiebre del 24 de marzo de 1976 y profundizado por el liberalismo menemista y la arquitectura institucional de los años noventa, incluida la reforma constitucional de 1994.

La dictadura impuso mediante el terrorismo de Estado una profunda reestructuración económica y social bajo la conducción económica de Martínez de Hoz y Adolfo César Diz — formado este último en la Universidad de Chicago y vinculado a la escuela monetarista de Milton Friedman— quien presidiera el Banco Central durante la Reforma Financiera de 1977, pieza decisiva del nuevo modelo económico. Monetarismo, liberalización financiera y retracción del Estado ¿les suena? Es el propio BCRA el que establece una continuidad histórica entre ambos momentos. Su historia institucional sostiene que en 1992 la Convertibilidad “radicaliza aún más la política de liberalización iniciada en 1976”. Medio siglo después, algunas de aquellas ideas vuelven a resonar, con particular intensidad, en el programa económico de Javier Milei. Apertura financiera y comercial, endeudamiento, disciplinamiento del trabajo y debilitamiento de buena parte de la estructura industrial construida durante las décadas anteriores. El menemismo no inauguró esa matriz; significó, en aspectos decisivos, su continuidad, profundización y consolidación política bajo un régimen democrático. A la retracción económica y desguace del Estado nacional se sumó un desmembramiento jurídico e institucional de competencias, recursos y responsabilidades que reforzó la fragmentación territorial de funciones que hasta entonces habían conservado una dimensión algo más nacional.

La reforma constitucional de 1994 profundizó la reorganización territorial del poder; aseguró la autonomía municipal, reconoció a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales y amplió sus posibilidades de articulación regional e internacional; al mismo tiempo, otorgó autonomía política, legislativa y jurisdiccional a la Ciudad de Buenos Aires, reforzando institucionalmente un territorio que ya concentraba buena parte del poder económico, financiero, mediático y administrativo del país. Sin una política nacional capaz de integrar el conjunto, aquella descentralización terminó alimentando una suerte de balcanización política. Provincias fortalecidas como unidades de administración y negociación de sus propios intereses, mientras las grandes decisiones nacionales continuaron gravitando, paradójicamente, alrededor de Buenos Aires. Se fragmentó la administración del territorio sin federalizar verdaderamente el poder.

Un menemismo residual

No parece casual, entonces, que de aquella matriz haya sobrevivido una forma de provincialismo que puede convivir cómodamente con el liberalismo económico. En ese sentido, el cordobesismo podría pensarse —con todas las diferencias históricas que corresponde reconocer— como una suerte de menemismo residual o aletargado; pragmático en la administración, liberal en buena parte de su concepción económica, celoso del poder territorial y federalista en la negociación con la Nación, pero sin una visión nacional equivalente a la fortaleza de su aparato productivo provincial. Una obviedad difícil de asumir para un peronismo cordobés cuya identidad política fue construida durante décadas más para diferenciar a Córdoba de la Nación que para imaginarla como parte de un proyecto nacional.

Y así fue que el cordobesismo desarrolló durante años una notable capacidad para autonomizar la política provincial de las grandes disputas nacionales. Esa estrategia tiene una racionalidad evidente; se trata de preservar recursos, conseguir obras, defender la caja, mantener gobernabilidad y evitar que Córdoba quede sometida políticamente al gobierno de turno. Pero esa aparente virtud puede convertirse en su límite. Cuando defender los intereses de Córdoba pasa a significar obtener el mejor resultado posible para Córdoba cualquiera sea la orientación general del país, la pregunta por el proyecto nacional comienza a desaparecer.

La República mediterránea

No queda otra que la disciplina urgente del acuerdismo. Esa concepción insular del federalismo contiene, además, una limitación que el propio cordobesismo encuentra cada vez que intenta proyectar alguna de sus principales figuras a la escala nacional. Es difícil construir una alternativa para gobernar la Argentina cuando durante años se ha construido identidad política presentando a Córdoba casi como una república aparte, virtuosa y agraciada precisamente por diferenciarse del resto del país. Por más que se inviertan millones en cartelería en las principales avenidas de Capital Federal, no se conduce la Nación por extensión de un modelo provincial. Para alcanzar esa escala es necesario integrar realidades, intereses, tradiciones y conflictos que desbordan largamente las fronteras de una provincia.

Quien aspire a conducir la Argentina debe ofrecerles a los argentinos una idea de Nación, no simplemente invitarlos a parecerse a Córdoba. Allí quizá resida una de las razones de los constantes intentos de proyección nacional del cordobesismo que posee una identidad provincial fuerte, una estructura territorial eficaz y dirigentes con experiencia de gobierno, pero encuentra mayores dificultades para traducir esas fortalezas en una concepción nacional capaz de interpelar al conjunto. Esa lógica insular, además, choca de frente con el persistente centralismo porteño, que también piensa la Argentina desde una parcialidad y pretende convertirla en el todo. Así, provincialismo y centralismo terminan alimentándose mutuamente para su parcelación; uno se repliega sobre Córdoba mientras el otro confunde Buenos Aires con la Nación.

La estrechez es evidente; cuanto más se construye políticamente a Córdoba como excepción argentina, más difícil resulta presentar luego a sus dirigentes como expresión de una síntesis nacional. Y aquí emerge la clave. El camino inverso parece más fecundo; no imaginar a Córdoba como una pequeña república que negocia con la Argentina, sino como una de las grandes fuerzas interiores llamadas a pensarla, integrarla y conducirla.

El problema entre el original y la copia

Hay, además, una razón de base social que no debería subestimarse. Durante años, el cordobesismo construyó buena parte de su identidad en oposición al kirchnerismo —que contribuyó largamente a esa fractura con sus propios errores— y reunió alrededor suyo un arco heterogéneo de peronistas, radicales, independientes, empresarios, productores agropecuarios con poderosa influencia en localidades del interior provincial, clases medias urbanas y sectores de centro y centroderecha. Macri primero y Milei después penetraron precisamente en ese universo; confrontarlos supone, por lo tanto, disputar una porción significativa de la propia base social y electoral del cordobesismo.

El problema de un peronismo de tinte conservador es que termina compitiendo, en la psiquis de cierto electorado, en el terreno ideológico de su adversario. Y cuando la elección queda reducida a escoger entre un liberalismo administrado por peronistas y otro asumido sin complejos por liberales puros, suele operar una regla bastante elemental del mercado; entre el original y la copia, el consumidor termina prefiriendo el original. Por eso se desdobla. Eso explica, al menos en parte, una de las grandes paradojas políticas de Córdoba. Mientras el peronismo gobierna la provincia desde hace más de dos décadas, el liberalismo antiperonista nacional encuentra en ella uno de sus territorios electoralmente más fértiles.

Sucede que la actual es una composición social muy distinta de aquella Córdoba que, en 1973, llevó al gobierno a Ricardo Obregón Cano y al Negro Atilio López, expresión política de una sociedad atravesada por un poderoso movimiento obrero organizado y una juventud universitaria intensamente movilizada, cuya confluencia había alcanzado en el Cordobazo su manifestación histórica más formidable. Entre aquella experiencia y el cordobesismo contemporáneo no cambió solamente el voto; cambió la alianza social sobre la cual el peronismo construyó poder en Córdoba.

El giro histórico

Con el tiempo, aquella Córdoba obrera y estudiantil, que había alimentado un peronismo de vocación transformadora, fue dejando lugar a una identidad provincial más defensiva, administrativista y crecientemente permeable al liberalismo económico. José Manuel De la Sota comprendió tempranamente que para disputar la hegemonía radical debía ampliar la base social y electoral del peronismo cordobés, incorporando sectores empresarios, productivos, cooperativistas, del agro e independientes que también nutrían el predominio político de Angeloz. La incorporación de Domingo Cavallo —principal figura intelectual del IERAL-Fundación Mediterránea, vinculada a empresarios como Piero Astori y Fulvio Pagani — como candidato a diputado nacional del PJ en 1987 fue una expresión temprana de esa estrategia, que luego se profundizaría hasta desembocar en la amplia coalición con la que Unión por Córdoba conquistó la provincia en 1998.

Comenzaba así a desplazarse el centro de gravedad de aquel peronismo cordobés; sin perder su estructura territorial y electoral, reducía el peso político de su antigua matriz sindical/estudiantil y procuraba integrar a una coalición más amplia sectores empresarios y concepciones económicas provenientes de la Mediterránea. Esa transformación sería uno de los antecedentes de la síntesis política que, años después, permitiría al peronismo recuperar Córdoba y construir una prolongada estabilidad de gobierno hasta nuestros días.

Más allá del cordobesismo

Córdoba necesita defender sus intereses, naturalmente, pero también comprender que buena parte de esos intereses sólo pueden realizarse plenamente dentro de una Argentina industrializada, productiva, integrada y soberana. Ese debería ser también el horizonte de su dirigencia política; poner la potencia de Córdoba al servicio de la reconstrucción nacional, en lugar de comprometerla tácticamente en acuerdos circunstanciales con proyectos que debilitan el trabajo, la producción y las capacidades soberanas del país que Córdoba necesita para desarrollarse.

Recordemos. En 2024, el Gobernador Llaryora justificó reiteradamente el acompañamiento a la Ley Bases con el argumento de la gobernabilidad y de darle herramientas a Milei. El 27 de mayo fue explícito: “La necesitamos para que el presidente tenga las herramientas para gobernar”. Un mes después, durante el tratamiento definitivo, afirmó: “Le damos gobernabilidad a la Nación pero exigimos lo que nos corresponde”. Pero entre esas herramientas no había solamente instrumentos administrativos o fiscales; la Ley Bases contenía también una reforma laboral de carácter regresivo, que alteró en perjuicio de los trabajadores aspectos relevantes de la relación laboral y redujo mecanismos de protección existentes. Ese acompañamiento formó parte de la “gobernabilidad” que el cordobesismo decidió concederle a Milei. El contraste surgió desde el propio peronismo cordobés; en una lectura inteligente, Natalia de la Sota rechazó esa lógica de acompañamiento y votó en contra de la Ley Bases, demostrando que gobernabilidad y convalidación de políticas antipopulares no eran necesariamente la misma cosa.

Lo cierto es que el cordobesismo parece haber desarrollado una idea bastante definida de cómo gobernar Córdoba, pero mucho menos definida acerca de qué Argentina necesita Córdoba. Allí reside probablemente su principal limitación histórica y aquello que, entre el juego táctico, la administración de urgencias y un pragmatismo que por momentos se vuelve obsceno, su actual dirigencia todavía no parece haber comprendido. Porque Córdoba no puede proteger indefinidamente su industria si se destruye el mercado interno argentino; no puede sostener su sistema científico si se desfinancia el sistema nacional; no puede resolver por sí sola la infraestructura que conecta su producción con puertos y fronteras; no puede construir aisladamente una política comercial con Brasil, China o India; ni puede proporcionar a sus empresas la escala que sólo pueden ofrecer la Argentina y un proyecto de integración sudamericana. El interés provincial, llevado hasta sus últimas consecuencias, termina necesitando del interés nacional. Gobernar Córdoba exige administrar la provincia; si, pero pensar su futuro exige pensar la Nación.

Córdoba no es una pequeña república obligada a defenderse de la Argentina, sino una de las grandes fuerzas interiores llamadas a construirla. Y porque, en definitiva, antes que cordobeses que habitamos la Argentina, somos argentinos nacidos en Córdoba. Una distinción elemental que, a juzgar por su práctica política, el cordobesismo todavía no termina de descubrir.