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DDHH //// 21.12.2020
Santa Fe: desafíos de la política de Memoria, Verdad y Justicia en el gobierno peronista

AGENCIA PACO URONDO entrevistó a Valeria Silva, directora de Memoria, Verdad y Justicia de la provincia de Santa Fe. Ella forma parte de la nueva gestión que se hizo cargo de la Secretaría de Derechos Humanos en el Gobierno del peronista Omar Perotti. 

Por Daniel Dussex

El peronista Omar Perotti puso al frente de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe a hombres y mujeres que provienen de diferentes organismos y organizaciones tales como Familiares, H.I.J.O.S. o el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia. AGENCIA PACO URONDO habló con Valeria Silva, directora de Memoria, Verdad y Justicia.

APU: ¿Cómo ves, ahora desde la función pública las políticas de DDHH del Estado?

Valeria Silva: Vengo del ámbito de la militancia, pertenezco a la agrupación H.I.J.O.S. y hoy me toca esta función que me resulta importante por el desafío de estar en un lugar desde donde se puede intentar hacer posible nuestros reclamos. Es un desafío muy difícil, porque encontramos una Secretaría de Derechos Humanos que ya no es más Secretaría de Estado como era cuando se creó en 2003, dependemos de otro ministerio. Tiene muy poco personal y muchos huecos, muchos agujeros para llenar. Entonces es un desafío muy grande trabajar y ponerle militancia a ese trabajo para que sea posible.

APU: ¿Cuál es tu función estando al frente de la Dirección Provincial de Memoria, Verdad y Justicia?

V. S.: Aquí nucleamos toda la documentación que tiene que ver con terrorismo de Estado, intervenimos en todas las leyes reparatorias a las víctimas de la última dictadura cívico militar; trabajamos en la búsqueda por la identidad de los nietos, articulando con Abuelas y los nodos que existen en Santa Fe y Rosario. También, en los juicios por violación a los derechos humanos intervenimos desde el Archivo Provincial de la Memoria con investigación y relevamiento de las pruebas documentales que la fiscalía nos requiere de manera continua. Nosotros trabajamos en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para la búsqueda e identificación de las víctimas fatales. También estamos presentes en los espacios de Memoria, ya sea la ex Comisaría 4ta., el ex Servicio de Informaciones, La Calamita y Quinta de Funes.

APU: Hace un mes se encontró un archivo policial en la casa de un vecino de la ciudad que la alquiló para uso familiar y denunció ese hallazgo a la Secretaría ¿Qué ocurrió con ese material encontrado?

V. S.: Toda esa documentación hoy es parte del Archivo Provincial de la Memoria, pensemos en su importancia ya que toda la lucha, la histórica lucha de los organismos de Derechos Humanos, cuando se comenzó a trabajar por el juicio y castigo tuvo necesidad de buscar la documentación que existía y chocaron con la negativa constante de los distintos actores del Estado y de las Fuerzas de Seguridad. Fue durante el gobierno de (Jorge) Obeid que se dio la orden a todas las comisarías para que enviaran los libros que tuvieran que ver con la época de la dictadura. Con ese acervo y un acervo muy importante que se secuestró donde hoy es el espacio de la ex Comisaría 4ta. se creó el Archivo de la Memoria para guardar esos documentos, catalogarlos, ponerlos como prueba y también hacérselos llegar a los familiares de las víctimas, ya que no solo estamos hablando de pruebas documentales sino de historias, de pedacitos de historias arrebatadas.

APU: Seguramente llevará tiempo ordenar ese archivo policial recientemente encontrado, pero trascendió que encontraron material revelador de historias que atañen en lo personal, en el caso de la Dra. Lucila Puyol, ella misma lo dijo, apareció el legajo de su madre ¿A vos te sucedió algo similar?

V. S.: Sí, es cierto. En este archivo o fondo documental había mucha documentación del D3, del Departamento de Operaciones Policiales y es allí que encontramos muchos legajos de compañeros y compañeras que tenían que presentarse en las comisarías semanalmente después de salir de las cárceles, "la vigilada" le decían ellos. Encontramos el legajo de la mamá de Lucila, y en el caso de mi mamá también encontramos libros diarios del Centro de Operaciones Policiales (COP) donde hay una descripción del operativo que termina con su asesinato el 11 de abril del '77. Material que sin lugar a dudas será parte de la prueba del juicio que investigue la muerte de mi madre. Hay mucha información más, esto que nosotros estamos contando así es por haber manipulado el material en el traslado.

Es un archivo muy importante, pero falta mucho por explorar y creo que va haber una gran cantidad de información muy valiosa. A veces me gusta pensar que son archivos que "nos estaban esperando", muy especialmente creo que la estaban esperando a Lucila porque es la segunda vez que ella interviene en una gestión de archivos grandes. La primera fue hace veinte años con esos 500 libros secuestrados por la comisión ad hoc con la fiscal (Griselda) Tessio que ella integraba.

APU: Hablaste de desafíos, ¿Cuál es el principal desafío que te proponés o que se proponen como equipo?

V. S.: El principal desafío es, no en palabras mías sino de García Lineras: "Cambiar nuestro sentido común", no sé si el nuestro, pero sí el de gran parte de la sociedad. Nosotros estuvimos durante muchos años, con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández intentando modificar este sentido común que no naturalice el horror y lo condene. Además, pelear para que no se vuelva a repetir ese horror.

Son tantas las asignaturas pendientes y hay que darles mucha batalla, pensemos que en medio de la pandemia, en Venado Tuerto, una directora de Escuela hizo apología del delito de manera descarnada en las redes sociales, y eso para ella es un “sentido común”, pues bien es esa pelea la que tenemos que dar, no solo desde la Secretaría sino con toda la sociedad. Disputar esos discursos y espacios simbólicos donde hacen apología del delito o reivindican la muerte. Este creo que es el gran desafío, que no se arregla en una gestión seguramente, pero sí es un compromiso de la nuestra empezar a desafiar esos discursos, a disputar ese "sentido común" y establecer uno diferente, un sentido que hable de derechos, de garantías, que repudie la violencia y que no tolere la muerte.

Ese sentido común que respete lo que piensa el otro sin necesidad de secuestrarlo, torturarlo o hacerlo desaparecer. Un sentido común que nos permita vivir en una sociedad más democrática.