Justicia para el poeta Paco Urondo

La democracia era esto.  Era tomar los hechos que habían sido denunciados por Rodolfo Walsh en su Carta Abierta ala Junta Militar, escrita en la clandestinidad mientras era perseguido, a un año del golpe de 1976. Era cuestión de recurrir a los miles de Habeas Corpus, esos recursos presentados ante los jueces, uno por cada persona que había sido secuestrada en el país, e impartir la orden de investigar los crímenes y condenar a los autores. Y sobre todo, era cuestión de procurar encontrar los cuerpos de los que desaparecieron, que en Mendoza suman más de 300. Y cosa de cerrar de verdad el ominoso ciclo del terrorismo de Estado.

A cambio de eso, el país fue por la vía de la concesión, siendo la primera el reconocimiento que hiciera el gobierno radical de Raúl Alfonsín de la jurisdicción militar de las causas en Córdoba –cabeza del Tercer Cuerpo del Ejército– lo que significó la inmediata paralización de todo lo que había investigado el Dr. Antonio González Macías desde la justicia federal de Mendoza. Después de eso las plegarias de justicia fueron sistemáticamente desatendidas, primero por efecto de las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida, y por último con  los decretos presidenciales de Indulto. Se instauró entonces otro ciclo. El del destiempo, el de la eterna espera de las Madres de Plaza de Mayo y de los familiares de detenidos políticos en la escalinata del edificio de Tribunales, en  Pedro Molina y Avenida España.

Mientras ese ciclo era demoledor para las víctimas que igual se empecinaban en luchar y  exhibir como bandera la imagen de los desaparecidos, los que debían estar en prisión eran reivindicados por el poder,  eran los grandes señores dispuestos a disfrutar la garantía de impunidad. Esta situación sólo fue desactivada en el 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner habilitó la vía de los juicios ordinarios por delitos contra la humanidad. Y paralelamente, impulsó una política donde  de verdad y la memoria acompañarían la labor de los jueces.

Sólo así la post-dictadura fue perdiendo terreno en la región. Un primer gran paso lo dio el Tribunal Oral Federal de San Luis, cuando hacia marzo del 2009 daba a conocer la sentencia condenando a un alto jefe del Ejército, un ex capitán y tres ex comisarios de la policía. El año pasado, hizo lo suyo el Tribunal Oral N°2 de San Rafael, extendiendo el brazo de la justicia a la complicidad civil de la dictadura condenando a 8 años de prisión a un abogado que había fraguado las actas de libertad de los prisioneros que desaparecieron y a 3 represores que ya cumplen sus respectivas condenas a prisión perpetua en el complejo penitenciario de Almafuerte. La última novedad se produjo el pasado 6 de octubre de 2011, fecha que será recordada en la historia de Mendoza como un día histórico de justicia para 24 víctimas, entre ellas el escritor Francisco “Paco” Urondo. Con la sentencia del Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, ya son 14 los condenados en Cuyo, con la particularidad que los últimos ingresarán a la prisión común en calidad de genocidas.

Tal como ocurrió en el Juicio de Nuremberg, celebrado contra los dirigentes nazis al término dela II GuerraMundial, este juicio supone un hito en la toma de conciencia en el interior de la sociedad. Y es que son muchos los mendocinos que aún no advirtieron la naturaleza de esos crímenes ni la trascendencia que tiene este tipo de juicio.  

En ese sentido, fue el fiscal Dante Vega quien alertó sobre el desafío que la lesa humanidad ha abierto, en todos sus frentes: “Por un lado, debo reconocer que al tener la sentencia tenemos algo asegurado como sociedad, sólo corre por cuenta de los condenados el pensar en un eventual indulto de un futuro gobierno, pero eso no quiere decir que no haya que seguir dando la pelea para que la sociedad entienda qué es lo que ha pasado. Lo mismo habrá que hacer con el conjunto del establishment de la provincia que ha ignorado este juicio, de ahí que parte de la prensa, la academia, el colegio de abogados yla Iglesiano se hayan pronunciado en ningún momento.”

En una jornada de reflexión organizada porla Universidad Nacionalde Cuyo, que sí apoyó el juicio como institución pública de educación superior, Vega se refirió a la ambigüedad de los discursos que muchas veces provienen de una clase media que creyó en la teoría de los dos demonios, y que si bien es un planteo absolutamente cretino y falso, sigue alentando cabezas en la actualidad. Al respecto señaló: “Sólo hubo un fallo, en los años ochenta, que dio a entender la existencia de dos bandos en guerra, pero pasó mucho tiempo desde entonces, y fue parte de un contexto donde se había instalado el ‘algo habrán hecho’, expresión que después en los noventa fue reemplazada por un ‘hay que cerrar viejas heridas’ y  finalmente, en la actualidad, sin poner en entredicho a los juicios, viene a mutar como  ‘hay que juzgar a los montoneros’. Se trata, esta última, de una expresión ignorante puesto que ya se hicieron dichos juicios, a comienzos de los setenta, con los resultados que ya conocemos”.

En representación dela Secretaríade Derechos Humanos dela Naciónestuvo Marcelo Duhalde, quien destacó el cuadro de situación del país. Dijo que al día de hoy existen 254 condenados por delitos de lesa humanidad y casi 300 condenas y que a fin de año se espera superar la cifra de los 300 condenados. También explicó que es algo inédito en el mundo que un Estado (democrático) querelle a otro Estado (terrorista), esto es algo que no ha pasado en ningún lado y por tanto no tiene punto de comparación con ninguna experiencia similar en el mundo.

Frente a la perplejidad que estas situaciones despiertan señaló que “lo importante es que están actuando los tribunales ordinarios de cada lugar, eso no fue una disposición al azar, no se quiso crear un tribunal especial para no ofrecer ningún argumento que sirviera para calificar a estas condenas de “políticas”. El resultado está confirmando que era lo correcto ya que los imputados han tenido su derecho a la defensa y se ha podido ver la profundidad del trabajo técnico que realizan los abogados en general, incluso se ha visto que los abogados defensores oficiales han trabajado muchas veces mejor que aquellos que fueron contratados de manera particular. O sea, se les ha dado la oportunidad que quizás no se merecen, pero eso es precisamente lo que nos reafirma como distintos”.

Saquen fotos. Un 6 de octubre de 1976, la estudiante de secundaria Luz Faingold recibía la visita en su casa de personal no identificado del Ejército o de la policía. El episodio no hacía más que abrir un período negro para ella y toda su familia que luchó denodadamente para que las autoridades la liberaran y tuviese al menos la opción del exilio del país. Un 6 de octubre pero de 2011 ella y su madre asisten a la lectura de la sentencia. La imagen de ellas juntas, emocionadas, se repite en muchísimos otras personas, al punto tal que la escalinata del Poder Judicial es un mar de estremecimiento. Una verdadera celebración. Las víctimas que sobrevivieron y relataron sus torturas, tienen sentimientos encontrados. En la jornada de reflexión posterior a ese día,  Silvia Ontivero logra encontrar el meollo de eso: “Sentimos que estuvimos tanto tiempo esperando que dijeran dónde están los desaparecidos y nos encontramos con que finalmente siguen siendo unos asesinos que jamás tuvieron la mínima actitud de arrepentimiento en ningún momento, y sin embargo, estamos aliviados en la reparación que necesitábamos”.

Los ojos de Silvia como los otros muchos gestos de familiares y abogados de derechos humanos fueron fotografiados y filmados por una decena de cámaras apostadas dentro y fuera de la sala ya que ningún medio periodístico quiso perderse ese testimonio visual del impacto del instante de justicia, tan contrastante con la irretratable desazón interior que reinaba en esas mismas personas cuando todo apuntaba a que el juicio jamás se realizaría.

El foco también estuvo en los rostros de los ex policías Eduardo Smaha, Celustiano Lucero, Alberto Rodríguez Vázquez y Juan Agustín Oyarzábal. Se obtuvo en ese caso, un documento visual de un horror que como dice Ángela Urondo “sólo les pertenece a ellos y se va con ellos, de ninguna manera nos significa como personas”

Ángela también participó de la jornada de reflexión posterior a la lectura de la sentencia de este proceso judicial que puntualmente hizo justicia en el caso de su madre desaparecida Alicia Cora Raboy. Ángela instaló el tema de la contención de la que es capaz un Estado, que no es poca cosa a la hora de torcer una historia del país pero también los trayectos de la vida de quienes eran niños con recuerdos y una estela de memoria cuando la dictadura los arrancó de los brazos de sus padres.

“De todos los testimonios que ví me impactaron especialmente aquellos en los que había una madre secuestrada con hijos y fue ahí que pensé en la cantidad enorme de chicos que no es que fuésemos un bolso que llevaban nuestros padres sino que fuimos compañeros de celda, abusados, víctimas también del cautiverio pese a que no tenemos calidad de detenidos políticos, lo cual es muy grave y convoca a pensar en una actualización legal de esta situación que de no revertirse será como seguir invisiblizando a los que hasta ahora han estado invisibilizados” .

Pablo Salinas, abogado querellante, se sintió movilizado por el planteo de Ángela. “Yo también tengo recuerdos de haber estado de niño en el D2 de Córdoba y como si esto fuese una cadena, creo que lo que está proponiendo Ángela me contagió a mí y está contagiando a otros porque está en consonancia con ese reconocimiento de lo que sucedió, algo que es central en nuestras vidas”.

Para Pablo Salinas, el juicio de Mendoza logró un giro fenomenal. “Pasamos de ser una provincia atrasada, con un epicentro dominado por la influencia de Romano y de Miret, que era y aún es muy fuerte, a hacer punta en algunos aspectos como por ejemplo en el reconocimiento de que las violaciones eran algo sistemático. Esta revelación sólo pudo ser posible por un Tribunal respetuoso que diera lugar a que los testigos que estuvieron prisioneros en el D2 hablaran de ello, además de la especial valentía de algunos de los testigos como por ejemplo el actor David Blanco”. 

Montoneros, el epílogo. Una de las mentiras más difundidas e instaladas en el país para fundamentar la supuesta existencia de fuerzas equilibradas recayó en el caso Urondo. Al cabo de este juicio, ese demonio se desmoronó. 

Los hechos, irrefutables y ajenos a toda controversia, son que Francisco Urondo fue enviado en el mes de mayo de 1976 porla Conducción Nacionalde Montoneros, como responsable regional, ante la desarticulación total de esa organización en la zona de Cuyo, debiendo enfrentar las duras condiciones que imponía el plan criminal de represión del terrorismo de estado que en el D2 manifestaba una particular crueldad.

La declaración de Ema René Ahuali (La Turca), indica que Urondo llegó en un contexto desolador. Era una situación crítica de una organización absolutamente desarticulada por la represión instalada aún antes del golpe de estado. También Daniel Hugo Rabanal contó en el juicio que mientras él estaba en la penitenciaría el “Porteño”, torturador del D2, le dijo después de exhibirle una foto con el cadáver de Urondo: “Este es el que te reemplazó a vos, como ves, no queda nada de lo que eran ustedes. De lo poco que queda ya nos encargamos.”

Rabanal había sido secuestrado un 6 de febrero de 1976. Desde entonces hubo una serie de operativos expresamente orientados a diezmar a los militantes que quedaban. Y cada paso dado por las fuerzas de seguridad era ex profeso planificado desde la cúpula de inteligencia, que constantemente actualizaba la información. Así fue como montaron una “ratonera”, un allanamiento disimulado en una casa a la espera de que alguien llamara a la puerta,  o una “cita envenenada”  que no era más que un dato arrancado a un militante a fuerza de tortura sobre cuándo y dónde se encontrarían dos o tres personas que necesitaban hablarse.   

El tremendo destino de Urondo estuvo condicionado por esos operativos. Fue asesinado.

Rodolfo Walsh tuvo un destino similar pocos meses después y tuvo ocasión de reflexionar sobre lo que había sucedido en Mendoza. En un texto del 29 de diciembre de 1976 Walsh dejó en claro que el traslado de Paco a Mendoza había sido un error de la conducción de Montoneros y que Cuyo era una sangría permanente desde 1975, que nunca se la había podido mantener en pie por lo que era previsible que  Paco durara pocas semanas.

Sabiendo del impacto de la muerte de Urondo entre los muchos militantes del país, los dictadores manipularon la verdad sobre aquella cita envenenada y tomaron su caso con un cinismo especial, distinto al del resto de los asesinados o  desaparecidos.

En el juicio quedó demostrado que fue Celustiano Lucero quien asesinó a Francisco Paco Urondo, golpeándolo con la culata de su arma cuando la víctima se encontraba indefensa. La persecución había concluido y Urondo se encontraba en el Renault 6 sin oponer resistencia alguna.  También quedó demostrado que Luciano Benjamín Menéndez pretendió imponer una versión oficial según la cual Urondo había muerto por un proyectil de arma de fuego –era lo que se condecía con el comunicado del Tercer Cuerpo del Ejército que hablaba de un “enfrentamiento”–.

Otra cosa que se desestimó por completo fue la versión del autoenvenenamiento por cianuro que tiene su origen en el testimonio de Ema Renee Ahualli. Ella misma se ocupó de aclarar este punto en la audiencia al afirmar que “no vi la pastilla de cianuro ni vi el gesto y ningún efecto de la pastilla”. Es decir, ella sólo  escuchó que Urondo decía que la había tomado. La prueba pericial es contundente en el sentido de demostrar que no la tomó.

Más allá de esta contundencia científica y legal, Alfredo Guevara hijo, en representación de su padre y de Beatriz Urondo, las dos personas que empezaron la investigación de este emblemático caso, rescató a la hora de los alegatos las palabras de Juan Gelman: “Buitres de la derrota –que siempre se han cuidado mucho cada centímetro de piel– le han reprochado a Paco su capacidad de arriesgar la vida por un ideal. Paco no quería morir, pero no podía vivir sin oponer su belleza a la injusticia, es decir, sin respetar el oficio que más amaba”.

A continuación también compartió la opinión de Ángela Urondo cuando dijo: “Leí todos los textos de Walsh y nadie de la conducción de Montoneros me dio una explicación. Creo que le hicieron un juicio revolucionario por faltar a la moral”. Preguntada por el Tribunal sobre si había una interna entre el personal de Noticias, Ángela contestó: “eso es lo que refiere Rodolfo Walsh, que responsabiliza a la conducción por enviarla acá a mi padre. Pero los asesinos son los asesinos. Seguramente hubo otros motivos y aquello de la infidelidad conyugal fue una excusa”.

“Este juicio pone de manifiesto nuestra responsabilidad como sociedad, abre debates sobre nuestra historia recuperamos la memoria y la capacidad de proyectarnos hacia el futuro. La coherencia y entrega de Urondo, Walsh y muchos otros no nos impide la reflexión crítica y los debates que aún hoy siguen abiertos en nuestra sociedad. Pero la responsabilidad exclusiva por los crímenes de lesa humanidad que aquí se juzgan es de los imputados y quienes conjuntamente ejecutaron un plan destinado a secuestrar, torturar, dar muerte y ocultar los cuerpos de las víctimas, entre muchos otros delitos”, cerró Alfredo Guevara.