Juicio político contra juez de la dictadura

En septiembre de 2006 se inicia el Iure de enjuiciamiento contra el juez Pedro Federico Hooft, hombre vinculado a la dictadura y acusado por crímenes de lesa humanidad. La causa impulsada por las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia de Buenos Aires, de la Comisión Provincial de la Memoria y de organismos de Mar del Plata, para mayo de 2007 ya contaba con el apartamiento del juez Soria, la primera de una serie de excusaciones.

A pesar de las sucesivas trabas en el proceso, en marzo de 2009 el Tribunal de Iure dicta una resolución en la que ordena “formar causa” contra el juez Hooft, y para marzo de 2012 se integra el Tribunal “al solo efecto” de tratar las excusaciones.

La resolución de marzo de 2009 es apelada por Hooft, y la Corte Provincial habilita la “vía federal” por inaplicabilidad de la ley a pesar de que antes había rechazado el planteo.  Con este recurso, el magistrado ganó tres años y siete meses de tiempo. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró “inexistentes” los requisitos y ordenó al máximo tribunal provincial que dicte una nueva resolución que aún sigue pendiente.

La apelación de Hooft se inscribe en una serie de maniobras judiciales aplicadas para obstaculizar el proceso judicial en su contra. Así, ha ganado tres años y ocho meses de tiempo, gozando del beneficio de no haber sido destituido del cargo que detenta como juez federal. De prolongarse los tiempos y retirarse del cargo por su propia voluntad, el juicio por Iure quedaría sin efecto.

Ante el agotamiento de los recursos internos y frente a las constantes dilaciones, los abogados querellantes acompañados por la asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos, realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado Nacional tome cartas en el asunto ante la inacción del Estado Provincial frente al irresuelto juicio político contra Hooft.

¿Quién es el juez Hooft?

En la conferencia de prensa convocada por Familiares de Detenidos-Desaparecidos, los abogados querellantes señalaron algunos vínculos del magistrado con la dictadura. De esta manera, detallaba Cesar Sivo la ligazón con el aparato represivo:

“En dictadura visitaba centros clandestinos de detención y veía personas ilegalmente detenidas y torturadas y las dejaba en esa condición. Allí pedía las listas de las personas que estaban en cautiverio, detenidas ilegalmente, no de los detenidos en forma legal.

“Trabajaba con gente de la CNU, concretamente con Chicota, quien estuvo detenido en la causa de La Cueva como parte del aparato represivo. Chicota prestaba funciones en la universidad de Mar del Plata y había generado una patota de información, secuestro y tortura que después pasó integrar la patota mixta de La Cueva, que era de la Base Aérea, el Ejército, la policía de la provincia y los civiles de la Universidad".

Según explica el abogado Sivo, Hooft con Chicota decidían quienes eran los “rescatables” de los secuestrados. El juez se comunicaba directamente con La Cueva, pedía la lista de los detenidos y se comunicaba con Chicota, quien después iba a hablar con los torturadores para decirles a quienes había que rescatar.

En la Noche de las Corbatas,  rescatan a Carlos Bossi y a Camilo Ricci quien reconoce públicamente las “gestiones”. Otros  abogados que habían sido secuestrados junto a Bossi y  Ricci quedan en el centro, es decir que con su omisión, Hooft permitió que siguieran en cautiverio.

Además, aparece en los informes de inteligencia asistiendo a la Catedral para verse con el cura Pérez con quien elaboraba las listas de familiares que iban a pedir por las personas secuestradas. Esas listas aparecen en los documentos de los servicios de inteligencia aportadas por Hooft y la Iglesia Católica.

A través de omisiones, acciones y legitimaciones varias, el magistrado Pedro Federico Hooft colaboró activamente con el Estado represor de los militares. A seis años y ochos meses de iniciado el juicio político en su contra, es un caso emblemático de la relación Poder Judicial y Dictadura y de lo problemático que resulta avanzar sobre uno de los poderes más conservadores y corporativos de la Argentina.