Eduardo Luis Duhalde: "La Triple A no contaba con la anuencia de Perón para operar"

En Miradas al Sur, por Raúl Arcomano I Un cierre tardío de la revista De frente, que editaba con su socio y amigo Rodolfo Ortega Peña, salvó a Eduardo Luis Duhalde de la muerte. El diputado Ortega Peña fue asesinado de quince tiros el 31 de julio de 1974, treinta días después de la muerte de Perón. Fue el primer crimen que asumió la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A. Días después, a Duhalde lo fueron a buscar a su casa de Flores. Un operativo de la Federal. Ya le habían alertado y pudo escapar con su familia. Los abogados Duhalde y Ortega Peña eran molestos para la derecha peronista: desde su anterior publicación,Militancia, habían denunciado a las patotas paraestatales que comendaba El Brujo José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. “La Triple A no contaba con la anuencia de Perón para operar”, aclara a Miradas al Sur desde el décimo piso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que dirige desde hace ocho años.

–¿Cómo caracterizaría a la Triple A?
–Como una organización paraestatal que ejerció la violencia contra militantes populares. Su primera acción fue la bomba que le pusieron al dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen, en noviembre del ’73. Ellos lo asumieron con un comunicado. Pudieron haber hecho otras operaciones sin firma, pero el primer asesinato notorio fue el del sacerdote Carlos Mugica, en el ’74. No se llegó a una condena, pero testigos identificaron la presencia del comisario (Rodolfo) Almirón en el atentado. No lo “firmaron”, tal vez porque Perón vivía. Y López Rega, mentor de la Triple A, no tenía la autorización de Perón para el lanzamiento de esa actividad criminal. Muy por el contrario, Perón mandó a Isabel y a López Rega a visitar a Solari Irigoyen para saludarlo y repudiar al atentado. Fue una señal clara de que la Triple A no contaba con la anuencia de Perón para operar.

–Si Perón no autorizó el funcionamiento de la Triple A, ¿Isabel sí lo hizo, siendo ya presidenta?
–Isabel fue un títere que nunca dispuso ni siquiera qué era lo que iba a comer al mediodía. Fue un instrumento usado por López Rega y por los sectores que rodearon a Perón y que luego continuaron con ella. En una conversación que tuve con el ministro Antonio Benítez, a fines del ’73, me dijo que el comisario Villar y López Rega habían hecho un planteo a Perón de crear un grupo que operara al margen de las estructuras legales. Perón, me dijo Benítez, los había escuchado y había guardado silencio. Creo que Perón sabía que se iba a hacer el proyecto, pero hay dos gestos que fortalecen mi convencimiento de la ajenidad de Perón en las acciones de la Triple A. Uno: mandar a López Rega y a Isabel a solidarizarse con Solari Irigoyen. Dos: el hecho de que en vida de Perón el primer crimen que cometieron, el de Mugica, no se lo adjudicaron.

–Entonces usted ubica a López Rega como el máximo jefe político de las tres A.
–Sí. Isabel era una mera figura decorativa, lamentable por cierto, pero que no tenía ninguna incidencia en las decisiones políticas que se tomaban. Su opinión no les importaba.

–¿Hasta cuándo operó la Triple A?
–Como Triple A, hasta mediados del ’75. Porque después del Rodrigazo, López Rega y los más connotados miembros de la organización debieron marchar al exilio. Lo que pasa es que el nombre Triple A se generalizó para identificar a toda la violencia represiva e ilegal de derecha. A veces, para adjudicarle hechos que fueron cometidos por otras organizaciones, como el Comando Nacional Universitario (CNU), con sede en La Plata y Mendoza, que produjo muchos muertos.

–O el Comando Libertadores de América, en Córdoba.
–Sí. Era una organización paraestatal formada por oficiales del Tercer Cuerpo de Ejército y el D2, la División de Inteligencia de la Policía de Córdoba. Tenían el mismo propósito que la Triple A, pero eran diferentes organizaciones, con comandos autónomos.

–¿No había una organicidad allí? Porque se habla de una “federalización” de la Triple A, con “sedes” en diferentes provincias.
–No, no creo. Sí tenían un propósito consecuente, y eran alentadas desde las propias Fuerzas Armadas. Tuvieron en común características operativas: secuestrar para matar. La metodología de la detención y la desaparición no fue el criterio operativo de la Triple A.

–¿Las bandas de la Triple A dejaron una “experiencia operativa” que fue usada luego por los grupos de tareas de la dictadura?
–No creo. Sí prestaron sus recursos humanos. Y se integraron a la represión. Como el caso de Aníbal Gordon, jefe de Automotores Orletti que antes había participado de la Triple A. Otros fueron juzgados y condenados por su actuación en dictadura, y no por aquella etapa oscura que no hemos podido iluminar con pruebas sobre la Triple A.

–Usted se salvó dos veces de la Triple A.
–El día que asesinaron a Ortega Peña yo estaba cerrando el número de la revista De Frente, que dirigíamos los dos. Llegué tarde al Congreso para encontrarme con él. Ya se había ido. Sin duda, si hubiéramos estado juntos, hubiera seguido el mismo destino que él. Unos días después, un secretario de un juzgado federal, luego detenido-desaparecido, me avisó que Villar en persona había pedido una orden de detención para mí. Cuando él se la negó, le dijo: “Me lo voy a llevar lo mismo”. Esa noche irrumpieron en mi casa de Flores. No estaba. Me había ido con mi familia.

–¿Cómo evalúa el papel del juez Norberto Oyarbide en la causa Triple A?
–Entiendo que hay una dificultad para avanzar judicialmente. Porque casi todos los posibles imputados ya han muerto. Y porque por el modus operandi de la Triple A de secuestrar y matar no es como el caso de los centros clandestinos, donde hay testigos sobrevivientes. Las causas judiciales no se centran en la investigación histórica, sino en el juzgamiento de personas que hoy en día puedan estar vivas, con capacidad de estar a juicio, y que haya pruebas de su responsabilidad. Los responsables están muertos.

–¿Qué destino le ve a la causa? El periodista Juan Gasparini sostiene que Oyarbide “la está dejando apagar”.
–No lo creo. Sucede que es muy difícil orientar la investigación. Quizás, cuando en un futuro se pueda acceder más libremente a los archivos de la Policía Federal, se puedan encontrar elementos que puedan ir armando una prueba de esta causa.

–¿Es difícil acceder a esos archivos?
–No hemos tenido acceso libre a los archivos de la Policía Federal. Los jefes policiales que estuvieron antes no eran partidarios de la apertura. Y faltó decisión política. Creemos que Nilda Garré, así como abrió los archivos de Defensa, también va a producir la apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad.

–¿Cree que allí puede haber pistas sobre los crímenes de la Triple A? 
–Nunca se va a encontrar la prueba directa. No se va a encontrar un listado que diga “miembros de la Triple A”. Pero el estudio de los legajos personales de los miembros de la Federal podrá avanzarse en información colateral que, correlacionada, se transforme en indicios. Uno nunca debe cesar en la búsqueda de pruebas.