Cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores

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Cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores

02 Agosto 2016

 

Por Manuel Barrientos 

“El represor circulaba entre los cinco abogados con lentitud, marcando cada paso con los tacos.

-¿Qué es esto? —preguntaba, hacía una pausa breve y respondía: —Esta es la Noche de las Corbatas.

A sus pies estaban las víctimas: encapuchadas, torturadas, temerosas y confundidas.

-¿Qué es esto? —insistía—. Esta es la Noche de las Corbatas, pero resulta que ahora los que administramos justicia somos nosotros.”

Así comienza “La noche de las corbatas: cuando la dictadura silenció a los trabajadores”, de Pablo Waisberg y Felipe Celesia, publicado de forma reciente por la editorial Aguilar. Se trata del cuarto libro conjunto, luego de “La ley y las armas. Biografía de Rodolfo Ortega Peña”, “La Tablada. A vencer o morir. La última batalla” y “Firmenich, la historia jamás contada del jefe montonero”.

Aquí reconstruyen el secuestro y la desaparición de un grupo de abogados laboralistas de Mar del Plata durante la última dictadura. Entre el 6 y el 8 julio de 1977, un grupo de tareas secuestró a Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, Tomás Fresneda y su esposa María de las Mercedes Argañaraz, que estaba embarazada de cuatro meses. En los días siguientes, detuvieron a José Verde y su esposa; y a María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. Jorge Candeloro y su esposa Marta García habían sido secuestrados en Neuquén y luego los trasladaron a Mar del Plata.

Todos fueron llevados al centro clandestino “La Cueva”, las instalaciones del viejo radar de la base aérea situada a 12 kilómetros de esa ciudad. Centeno murió en la mesa de torturas y su cuerpo fue arrojado en un camino vecinal. Candeloro también fue asesinado, pero su cuerpo nunca fue entregado. Sólo sobrevivieron Marta García Candeloro, Ricci, Bozzi, José Verde y su esposa. Arestín, Alais, Candeloro, Fresneda, Argañaraz, María Esther Vázquez y García Mantica aún permanecen desaparecidos.

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¿Por qué la dictadura persiguió a estos abogados laboralistas en una ciudad como Mar del Plata? Esa fue la pregunta que disparó el trabajo de los periodistas.

Luego de más de tres años de investigación, Celesia tiene una respuesta: “La dictadura intervino directamente en la disputa sobre la distribución del ingreso en una ciudad que estaba creciendo económicamente por medio de la industria pesquera. Estos abogados tenían un código ético muy firme, de defensa de los trabajadores y sus organizaciones. Así subvertían el orden cultural que la burguesía marplatense pretendía imponer”.

El libro evoca un nombre clave: Norberto Centeno. Considerado uno de los grandes especialistas del derecho laboral en la historia argentina y militante peronista, fue el redactor principal de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, sancionada y promulgada en 1974. La normativa reguló la tercerización al establecer que el trabajador mantenía una relación directa con el empleador principal más allá del modo de contratación, amplió el derecho a huelga y a la retención de tareas, consagró la protección ante el despido por embarazo, incluyó la posibilidad de oponerse a la transferencia del lugar de trabajo, entre otros avances. Los expertos en legislación laboral aún elogian el trabajo de Centeno y la califican como una “ley antifraude”, “protectora” de los derechos de los trabajadores.

La dictadura implementada el 24 de marzo de 1976 no tardó en desandar ese camino. El día del golpe suspendió por decreto la actividad gremial e impuso una ley que autorizaba los despidos sin indemnización al personal estatal vinculado a actividades “de carácter subversivo o disociador”. También aplicó una ley de “prescindibilidad”, con la que despidieron a doscientos mil trabajadores estatales. En abril de 1976, cercenó la ley 20.744: se restituyeron los beneficios de la contratación tercerizada, se quitó el derecho a defensa frente a una sanción disciplinaria, se limitó el derecho a huelga y a otras medidas de acción directa, dentro de un extenso y siempre sesgado etcétera.

Los números muestran la radicalidad de la transformación de la estructura económica y social que provocó el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El nivel de ocupación se redujo un 34 por ciento entre 1974 y 1983; y los índices de pobreza pasaron del 5,8 por ciento en 1974 al 37,4 por ciento en 1982. Al mismo tiempo, la deuda externa se elevó de los 7.875 millones de dólares de 1975 a 45.069 en 1983. En 1974, la clase trabajadora tenía una participación en el ingreso cercana a los 47 puntos del PBI. En 1983, se redujo a menos de treinta puntos.

En ese marco, entonces, deben inscribirse los secuestros de los abogados laboralistas marplatenses. “La Noche de las Corbatas representó llevar al territorio, a la calle, aquella reforma legislativa que se había hecho en los escritorios”, resume Waisberg.

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El segundo capítulo del libro retrocede en el tiempo, salta de 1976 a 1971. Las universidades son un campo de lucha. En una asamblea de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Provincial de Mar del Plata, cae asesinada de un tiro en la frente Silvia Filler, una estudiante de primer año. Es el debut homicida de la Concentración Nacional Universitaria. La luego célebre CNU. Una organización peronista de ultraderecha, que actúa como grupo de choque con el objetivo de desarticular al movimiento estudiantil ligado al “liberalismo materialista” y al “comunismo ateo”.

Con la llegada de Oscar Ivanissevich al Ministerio de Educación en agosto de 1974, los miembros de la CNU suman poder y son contratados por las facultades para cumplir tareas de “vigilancia y preservación del patrimonio”. Uno de sus referentes, Gustavo Demarchi es nombrado fiscal federal de Mar del Plata en octubre de ese mismo año.  Las disputas con varios de los abogados luego secuestrados en la Noche de las Corbatas se vuelven cada vez más intensas.

Si a partir de la reapertura de los juicios de lesa humanidad en 2006, secomenzaron a saldar muchas de las asignaturas pendientes vinculadas al accionar del terrorismo de Estado, aún quedan nichos de impunidad sobre los que está siendo más difícil avanzar: en especial, la responsabilidad empresarial, judicial, eclesiástica y civil. La causa denominada“CNU” –actualmente en etapa de indagatorias- es el primer juicio realizado en la Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles en 1975.

La investigación de Waisberg y Celesia también analiza la complicidad judicial. El último capítulo está dedicado al actual juez provincial Pedro Cornelio Federico Hooft, acusado de no haber tramitado los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas en la Noche de las Corbatas, pese a tener conocimiento de que se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas. Además se le reclama no haber solicitado el cuerpo de Candeloro, pese a que el Ejército le informó que había muerto “en un enfrentamiento”.

En el jury que se le llevó adelante en 2014, Hooft fue absuelto por el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense. Sin embargo, la causa penal previa sigue abierta,pero el magistrado provincial se rehúso a asistir las seis veces en las que fue convocado el juez federal Martín Bava. “Hooft se niega a declarar ante el sistema que él mismo administra”, sostiene Celesia.

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Centeno, Candeloro, Fresneda, Alais, Arestín. Cada uno de los abogados laboralistas tiene un capítulo propio en los que se reconstruye su vida y su militancia. Algunos de ellos provenían del marxismo, otros del maoísmo o del peronismo. El libro los hace presentes en sus compromisos, sus obsesiones, sus pasiones, sus tensiones internas, sus adscripciones y replanteos con respecto a la militancia y la opción (o no) de un camino revolucionario.

El trabajo de Waisberg y Celesia recupera sus biografías por medio de palabras, en muchos casos, calladas por más de tres décadas. Hay testimonios de familiares y amigos y compañeros de trabajo o de militancia que estuvieron silenciados, por temores e incertidumbres.

Ex secretario de Derechos Humanos de la Nación y actual legislador provincial por Córdoba Podemos, Martín Fresneda es el hijo de Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz, ambos desaparecidos en la Noche de las Corbatas. En la presentación del libro que se realizó en el Espacio Memoria, admitió que no fue fácil, para él, dar testimonio. Desconfiaba de periodistas a los que no conocía y que se volvían muy insistentes. Sin embargo, finalmente no sólo dialogó con los autores sino que propició que alguno de sus familiares contara aquello que había callado durante décadas. Subrayó el valor de la palabra de quienes sobrevivieron a la dictadura y hoy testimonian tanto en este tipo de libros como en los juicios de lesa humanidad. “Debemos reivindicar también a los sobrevivientes, y a todos los que hacen el esfuerzo por construir la memoria de un pueblo.Ojalá que todos los hijos de desaparecidos puedan contar con periodistas que cuenten la historia de sus padres, porque a nosotros nos cuesta mucho hacerlo”, reconoció.

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Es necesario preguntarse si vale la pena volver sobre hechos ocurridos hace tantos años.

Arestín, Alais, Candeloro, Fresneda, Argañaraz, María Esther Vázquez y García Mantica aún permanecen desaparecidos. Abuelas de Plaza de Mayo aún busca al hermano o hermana de Martín y Ramiro Fresneda. La reconstrucción de las biografías de los abogados secuestrados en La Noche de los Corbatas los vuelve presentes y (nos) recuerda que –pese a los avances logrados en las últimas décadas- hay preguntas que la sociedad argentina todavía no respondió plenamente: ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio? ¿Quiénes son los responsables materiales e ideológicos de esos crímenes?

En julio se cumplieron 39 años de los asesinatos y las desapariciones. En julio, se editó el libro que estamos reseñando. En julio, también, el diario La Nación publicó el editorial “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”. Allí proponen salir del esquema de paritarias implementado desde 2003, avanzando en negociaciones descentralizadas y eliminando la obligatoriedad de la homologación estatal. Además, aseveran que la mejor forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es “flexibilizar y facilitar” la contratación; que los nuevos procesos y el avance de las tecnologías hacen necesaria “la multifuncionalidad, la polivalencia funcional y la jornada variable o flexible”; y que la indemnización por despido debería sustituirse por un “sistema contributivo”.

Por eso, la respuesta a la validez de investigar hoy aquella “Noche de las Corbatas” es, otra vez, sí: la disputa por los derechos de los trabajadores está vigente.