Contra los beneficios a los genocidas

Por Rocío Cereijo

En la puerta de la Cámara Federal de La Plata se llevó a cabo una movilización para exigir que no se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Convocaron Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Asociación ex Detenidos Desaparecidos, Fundación Anahí, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Unión por los Derechos Humanos de La Plata, Justicia Ya La Plata, APEL, CEPRODH, H.I.J.O.S. La Plata, LIBERPUEBLO, MEDH, CTA provincia de Buenos Aires y CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, FULP, ADULP y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras organizaciones.

“Lo que se intenta con la posible libertad de Etchecolatz es un golpe simbólico a los juicios por crímenes de lesa humanidad, porque fue el primero de todos, fue el que inició esta etapa de juzgamiento”, dijo la abogada querellante Guadalupe Godoy. “Hoy estamos acá para mostrarle al Poder Judicial que el reclamo sigue vigente. Y sigue vigente a pesar de que sabemos que son tan permeables a los cambios políticos que hoy se quieren dar el lujo de que volvamos a hacer juicios con los genocidas en sus casas”, agregó.

Según datos publicados por la Comisión Provincial por la Memoria, sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia está efectivamente en prisión. Pero, además, estas detenciones se cumplen en mejores condiciones y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos. En el transcurso del año más de cincuenta condenados por delitos de lesa humanidad fueron favorecidos con fallos judiciales que les permiten cumplir la pena en sus hogares.

El nieto recuperado n° 81, Leonardo Fossati afirmó: “No hay justicia si Etchecolatz cumple la condena en su casa. Todavía estamos buscando saber la verdad del paradero de nuestros padres, de nuestros hermanos. Él sabe qué paso en los centros clandestinos de detención; él amenazó a la justicia y se burló de los testigos. Constantemente tuvo una conducta amenazante en el transcurso de los juicios y, los especialistas de la salud corroboraron que está en condiciones de cumplir la condena en la cárcel”.

Además, Fossati destacó: “Hoy las Madres, las Abuelas (de Plaza de Mayo) en muchos casos superan los 90 años y siguen luchando por justicia; por encontrar los restos de sus hijos y por encontrar esos bebés robados en plena dictadura militar. ]No nos confundamos, esto es un avance de la derecha para que los juicios se terminen, para que los condenados cumplan sus condenas en sus casas, cómodos y nosotros no lo vamos a permitir.

Un genocida que denuncia “torturas”

La médica forense Virginia Creimer, quien realizó el examen médico al genocida Etchecolatz, comentó en la movilización que fue la única profesional que accedió a hacerle el reconocimiento. En este sentido, reconoció que los peritos forenses de Nación, de parte y del ministerio público de la defensa se negaron a hacerle el examen físico al genocida que ella realizó junto con dos doctores del Hospital Ramos Mejía, quienes constataron desde el punto de vista neurológico y clínico el buen estado de salud. “Esos médicos que se silenciaron, que no hicieron el examen físico y que firmaron como si lo hubieran hecho tendrían que tener una denuncia por irresponsabilidad profesional”, afirmó Creimer sobre este tema.

Pero lo más insólito e indignante de este episodio fue que cuando la médica solicitó una interconsulta para un examen proctológico haciendo lugar al pedido del abogado defensor de genocidas, Mariano Castex,  éste la denunció penalmente por torturas. “Esa denuncia penal, es contra todos nosotros y nosotras. Esa denuncia fue por totura. Etchecolatz, con las palabras de Mariano Castex, basándose en las encíclicas papales y en ningún concepto médico; sino, conceptos políticos y religiosos me denunció por torturar a Etchecolatz. Fíjense qué irónico: que una médica de la democracia, por hacer el trabajo que tenía que hacer porque un juez lo había ordenado fue denunciada en esta sede, penalmente por torturas”, finalizó Creimer.