Comunicado del CELS ante el balotaje

COMUNICADO COMPLETO

En la última década, la democracia argentina dio grandes pasos en el camino de garantizar la vigencia de los derechos humanos.

La etapa de la impunidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, posterior al informe de la Conadep y el histórico Juicio a las Juntas Militares, comenzó a cerrarse en 2001 cuando el trabajo de los organismos de derechos humanos condujo a la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En los años siguientes, una hasta entonces inédita articulación de políticas públicas transformó el escenario. Decisiones simultáneas de distintas instancias estatales generaron la reapertura de las causas judiciales y el comienzo de nuevas investigaciones en todo el país, el desarrollo de políticas de memoria y verdad en los distintos ámbitos, el apoyo a la labor de los organismos de derechos humanos que durante años habían desarrollado en soledad tareas urgentes. Muchas cuestiones permanecen pendientes: hay causas judiciales abiertas que exigen el compromiso del Poder Judicial y del Ministerio Público, y la colaboración de los demás poderes. Hay cientos de familias que todavía no han encontrado a niñas y niños, hoy adultos, que fueron secuestrados durante la dictadura y miles de víctimas que aún no saben qué ha ocurrido con sus familiares detenidos y desaparecidos. Al mismo tiempo, las responsabilidades en el plan represivo de los sectores civiles, entre ellos, el empresarial, todavía son materia de investigación, tanto en lo relacionado con la reconstrucción histórica como en el ámbito judicial. La realización de estas políticas de memoria, de verdad y de justicia ha sido posible porque todos los poderes del Estado tuvieron en estos años un papel activo y protagónico.
El Estado ha asumido un papel central en la ampliación de derechos de diversos sectores con la universalización de las políticas sociales, la institución de las paritarias, la recuperación del sistema previsional y de las empresas estatales y las mejoras en las condiciones laborales, entre ellas las de los trabajadores rurales y de casas particulares.

Esto fue realizado en el contexto de la más grave crisis internacional en casi un siglo y de una incesante fuga de capitales. Al mismo tiempo, la Argentina adoptó opciones estratégicas de política internacional que fortalecieron la relación política y económica con los países de Sudamérica y la capacidad nacional de tomar decisiones soberanas.
El poder legislativo ha sancionado leyes que implicaron cambios paradigmáticos para el ejercicio de derechos como las de migraciones, salud mental, matrimonio igualitario, protección integral a las mujeres y servicios de comunicación audiovisual. Buena parte de estas transformaciones fue producto de la confluencia de la militancia social y de decisiones políticas. En algunos casos, estas reformas enfrentan intereses corporativos que se transformaron en obstáculos para su implementación plena.

La dificultad para llevar adelante reformas estructurales se manifestó en las políticas de vivienda y acceso a la tierra en los ámbitos rural y urbano. Aún con los grandes avances y la inversión estatal realizada en esta materia, la falta de acceso a un hábitat digno sigue siendo el problema social más grave que persiste en nuestro país y un foco de reproducción de desigualdad y violencia. Para transformar las dinámicas excluyentes y poco sustentables de las ciudades del país son necesarias políticas públicas que se propongan transformar el funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario y del suelo. La Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de este tipo de reformas necesarias para privilegiar el interés colectivo por encima de la acumulación privada. La persistencia de la precarización y la tercerización laboral como el principal problema que afecta a los trabajadores, situación a la que se asocian otras afectaciones de derechos, también integra una agenda de reformas pendientes que requieren un rol activo de los poderes del Estado.

Las instituciones penitenciarias y las fuerzas de seguridad son los espacios en los que hoy se reproducen las más graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. En los últimos tres gobiernos, hubo reformas e intentos de reforma de gran valor como, por ejemplo, la prohibición de que las fuerzas federales utilicen armas de fuego durante las protestas sociales, política que tuvo valiosos resultados pero que no impactó en las fuerzas provinciales y tuvo regresiones en los últimos años. Las reformas estructurales de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios necesarias para transformar el funcionamiento de las instituciones de seguridad quedaron pendientes, al igual que la puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Las consecuencias negativas de esta postergación se observan en la continuidad de prácticas violentas y discriminatorias por parte de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios, cuyo peso cae principalmente sobre los sectores populares. Esta agenda pendiente de reformas refuerza sus efectos negativos cuando las medidas y los discursos punitivos son la principal respuesta estatal a los problemas generados por las prácticas delictivas violentas. En los últimos años, también hemos asistido a crisis de gobernabilidad y a muestras de la penetración de las redes de criminalidad en las fuerzas de seguridad de varias provincias del país gobernadas por distintas fuerzas políticas, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Este escenario exige que los poderes del Estado se comprometan en una discusión seria de una agenda de seguridad democrática capaz de reducir los problemas del delito y la violencia, y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Al mismo tiempo, ante las propuestas cíclicas de debilitar el principio de demarcación que excluye a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad interior para hacerle frente a distintos delitos es indispensable el compromiso de las fuerzas políticas de sostenerlo.

Los años por venir deben implicar el sostenimiento y profundización de todas las políticas que han ampliado derechos sociales, económicos, educativos, culturales y que han significado la consolidación del Estado democrático. Al mismo tiempo, las reformas pendientes requieren un compromiso activo de los tres poderes del Estado para avanzar en las transformaciones necesarias para la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Agenda con la cual el CELS ratifica su compromiso.

Horacio Verbitsky, Laura Jordán de Conte, Damián Loreti, David Blaustein, Eduardo Basualdo, Mariana Carbajal, Marcelo Alejandro Ciaramella, Luis Fara, María José Guembe, Gustavo F. Palmieri, Victorio Paulón, Julieta Rossi, Carolina Scotto, Sofía Tiscornia, Carmen Aguiar de Lapacó, Gastón Chillier, Paula Litvachky, Diego Morales.