Ciberseguridad y redes de datos, acuerdos y elecciones del 2027
El gobierno de Javier Milei ha realizado acuerdos estratégicos que profundizan el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel en materia de seguridad y tecnología digital. Este posicionamiento geopolítico abre interrogantes sobre el futuro de la cooperación tecnológica entre los países que suscriben los acuerdos. Los planes de Ciberseguridad y el modelo de multi-proveedores sobre el equipamiento inteligente de la infraestructura de telecomunicaciones argentina quedan concentrados y alineadas con las tecnologías de origen estadounidense y la modernización del software para el recuento del escrutinio electoral pone a Israel como unos de los posibles proveedores.
La pregunta que debería comenzar a recorrer los ámbitos de la política argentina es ¿cómo se controlará el recuento de votos en las elecciones de 2027, con qué tecnología e implementaciones de Ciberseguridad se operará el escrutinio electoral?
En octubre de 2026, se formalizó un acuerdo con EE. UU. que incluye un aporte no reembolsable de 15 millones de dólares, a cargo del Departamento de Estado, destinado a la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC) en Argentina. Además, mediante la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, publicada en el Boletín Oficial, Argentina adoptó el estándar estadounidense Telecommunications Industry Association (TIA) SCS 9001 como referencia obligatoria para evaluar proveedores tecnológicos en el sector público. Es decir, la disposición se orienta a sustituir progresivamente equipamiento crítico y redes de datos de firmas de origen chino, como Huawei, ZTE en la infraestructura estatal y la red troncal de la empresa pública ARSAT.
Los acuerdos con EE. UU. incluyen convenios sobre criptografía, protección de infraestructura crítica e intercambios para considerar a éste como país con “protección adecuada” de datos personales, monitoreados en acuerdos bilaterales más amplios de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Con Israel los acuerdos se centran en el modelo de Ciberseguridad. Como la adhesión e implementación de los Acuerdos de Isaac, estructurando el entendimiento y cooperación de defensa, inteligencia y articulación policial-militar. Acuerdos de cooperación en inteligencia y defensa, que abarcan el intercambio de información sensible y el fortalecimiento de capacidades operativas. Por ejemplo, en abril de 2026 se suscribió un acuerdo estratégico enfocado en Inteligencia Artificial (IA), innovación tecnológica, capacitación de talento especializado y ciberseguridad aplicada a sectores productivos.
Sobre el estándar TIA
La Disposición 7/2026 del CNC, que desde el 9 de noviembre impone la certificación estadounidense SCS 9001 de la TIA para infraestructuras críticas de la Argentina, desencadenó un rechazo unánime en la industria, que alega desde la falta de consulta previa, la afectación económica a los pequeños operadores hasta el alineamiento geopolítico que supone una dependencia digital inaceptable.
Representantes empresariales de la industria coinciden en que la ciberseguridad, la protección de las infraestructuras críticas y la adecuación de las redes de datos son objetivos correctos, necesarios y compartidos, pero con la misma voluntad se manifiestan preocupados porque la medida anunciada se tomó sin consulta pública previa, afectando a la industria local prioritariamente. Rechazan la adopción exclusiva de un estándar privado, de origen estadounidense, pensado para evaluar procesos administrativos de la cadena de suministro, pero que no certifica la seguridad técnica real de los equipos.
A través de Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC), que reúne a los grandes operadores del país, se erigió un pedido corporativo para revisar estos nuevos requisitos y abrir una instancia de diálogo. “La industria comparte plenamente el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes, infraestructuras estratégicas para el desarrollo del país” dijeron y plantearon la “preocupación” que les significa quedar atadas “a un único esquema privado de certificación que evalúa procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro, pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos. La protección efectiva de las redes requiere mecanismos complementarios de evaluación y la posibilidad de acreditar el cumplimiento mediante estándares internacionales reconocidos”.
La normativa se vuelve obligatoria para la contratación y construcción de infraestructuras que el Estado argentino evalúe críticas, y para sus empresas públicas; algo que impacta directamente a la satelital argentina ARSAT, declarada superavitaria hace un año pero incluida entre los posibles activos nacionales plausibles de ser privatizados.
Sin embargo, hay un detalle en su articulado que abre el juego para que también alcance a los privados a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Hace referencia al impacto que esta medida podría tener en los licenciatarios privados porque, aunque sólo tenga vigencia al sector público nacional, podría ser de aplicación a través del regulador para todo el ecosistema de telecomunicaciones, operadores, cooperativas y PyMEs; lo que genera sobrecostos artificiales, achicamiento de la competencia, encarecimiento de la tecnología y afectación del despliegue de conectividad. Por ejemplo, el artículo 9 instruye al ENACOM a evaluar su extensión a la homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios. Es decir, abre la puerta a trasladarle a todo el ecosistema de telecomunicaciones un estándar excluyente que se considera perjudicial para el desarrollo de la infraestructura digital del país.
La neutralidad tecnológica es un principio rector central, que además está en línea con lo que establece la ley Argentina Digital N° 27.078; con esta disposición e termina en Argentina la neutralidad mencionada.
Existen modelos vigentes como el Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS), creado entre la GSMA y el 3GPP para evaluar y asegurar la infraestructura de redes móviles; y el ISO/IEC 27036, que ofrece criterios para valorar y enfrentar los riesgos de seguridad de la información en la relación con proveedores y la cadena de suministro. Sin embargo, estos procedimientos de evaluación irían en camino inverso a una normativa que prioriza intereses geopolíticos e imponer barreras al mercado local.
Que el Estado se ocupe de la seguridad de la cadena de suministro de la infraestructura crítica de telecomunicaciones es correcto y sumamente necesario. Es un riesgo real por el riesgo a componentes falsificados, firmware manipulado, falta de soporte, pero debe garantizar la nuetralida tecnológica referida a los proveederos y su evaluación técnica.
Es en este contexto que se produce la renuncia de Ariel Waissbein al frente del CNC y expone una nueva etapa de incertidumbre sobre la política de protección digital del Estado argentino. Waissbein presentó su renuncia a fines de octubre, por no tener respaldo para reunir a empresas del sector y avanzar en la construcción de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. También dejó su cargo el subdirector Ezequiel Gutesman y, días más tarde, fue desplazado Ariel Cessario, coordinador del CERT.ar, el equipo encargado de responder a incidentes informáticos.
La transición ocurre mientras conviven un préstamo de 30 millones de dólares del BID y un nuevo aporte de 15 millones de dólares anunciado por EE. UU. para infraestructura digital, cuyo esquema de ejecución aún no fue definido.
Soberanía digital y Ciberseguridad
El Consejo Asesor del Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo (LITAT) de los Trabajadores Infortmáticos; presentó una declaración sobre el extractivismo de datos, el tecnocesarismo y la necesidad de una arquitectura institucional que convierta capacidades técnicas argentinas en soberanía digital efectiva. “Argentina y América Latina enfrentan una nueva forma de dependencia estructural: el extractivismo de datos y el tecnocesarismo. La capacidad de los grandes actores tecnológicos globales para controlar infraestructuras, datos y estándares digitales compromete la soberanía estatal, la autonomía económica y los derechos ciudadanos. El país no carece de capacidades, pero sí de una estrategia articulada”.
El índice global de ciberseguridad posiciona a Argentina por debajo de Brasil y EE. UU. De la lista de 194 países, Argentina está en un nivel intermedio en su desarrollo respecto de la temática.
En Argentina, las Infraestructuras Críticas (IC) son aquellas instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos esenciales cuya interrupción, destrucción o degradación tendría un impacto grave en la seguridad nacional, la economía, la salud pública o el funcionamiento del Estado. Dentro de este concepto, las Infraestructuras Críticas de Información (ICI) abarcan específicamente las redes y sistemas digitales que soportan esos servicios básicos. Podemos mencionar como principales sectores abarcados por IC los siguientes:
Telecomunicaciones y TIC. Redes troncales de fibra óptica, centros de datos, sistemas satelitales y nodos de conectividad.
Energía y Agua. Generación y distribución eléctrica, redes de gas, petróleo, centrales nucleares y suministro de agua potable.
Finanzas y Administración Pública. Sistemas bancarios, medios de pago, recaudación tributaria y bases de datos de identidad ciudadana.
Transporte y Salud. Control del tráfico aéreo, puertos, sistemas ferroviarios y redes hospitalarias de alta complejidad.
Los Ciberataques más destacables en el período 2025/2026 se enuncian en:
La cadena de suministro es la principal superficie de ataque. Los terceros participan en el 48% de las brechas, contra 30% en la medición previa, y el ataque se trasladó a componentes de software e IA que las empresas no controlan.
Los atacantes llegan antes que el parche. La explotación de vulnerabilidades desplazó al robo de credenciales como primer vector de entrada y ocurre, en promedio, siete días antes de que exista la corrección. Mientras tanto, la remediación empeoró en 45 días en promedio.
La IA dejó de ser una amenaza teórica. Se documentó la primera vulnerabilidad de día cero atribuida a desarrollo con IA, y el 21% de las brechas ya involucra sistemas de IA de la propia organización. El uso no autorizado de IA se duplicó.
El fraude migró a la voz y a la suplantación. El phishing (técnica de suplantación de identidad e ingeniería social en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por personas, bancos, empresas o instituciones de confianza para engañar a las víctimas) por voz es el segundo vector de entrada y el fraude por email corporativo causó más de US$ 3.000 millones en pérdidas denunciadas en un solo país.
Latinoamérica es la región más atacada del mundo. Con 3.364 ataques semanales por organización y un crecimiento del 78% en eventos de ransomware en 2025, la región combina alta exposición con la menor confianza en su capacidad de proteger infraestructura crítica.
Los tres riesgos de ciberataques principales para 2027 se estiman en:
Explotación masiva acelerada por IA. Vulnerabilidades halladas por IA, explotadas a escala a través de proveedores y componentes de código abierto, antes de que los equipos puedan reaccionar.
Identidad bajo asedio, humana y no humana. Suplantación en tiempo real por voz y video contra procesos de aprobación, y agentes de IA con credenciales y permisos que nadie gobierna.
Extorsión que destruye la recuperación. Robo de datos combinado con ataques a backups e infraestructura de virtualización, con impacto directo en continuidad, cumplimiento y reputación.
El ingreso de Argentina a la alianza PAX SILICA es un caso alarmante, que muestra esta adopción de estándares estadounidenses. El nuevo orden geopolítico que garantiza el control de la cadena de suministro de semiconductores, microchips e infraestructura de redes de telecomunicaciones y de IA al eje EE. UU. – Israel, promotor de alianzas bilaterales y multilaterales supeditadas a una agenda internacional, buscan controlar toda América Latina. Con la pertenencia a la PAX SILICA, la derecha argentina ejecuta una mutación soberana que los analistas analógicos insisten en leer con categorías del siglo pasado que resultan insuficientes.
No estamos ante una simple entrega de recursos u otra configuración política transitoria. Su diseño material esta blindado para ser irreversible, el modelo no reside solamente en el acto de entrega, sino en los candados jurídicos, lógicos y financieros implantados para que cualquier gobierno futuro quede mutilado si intenta recuperar lo cedido. En el caso argentino se hace visible con las facilidades y beneficios del Super RIGI.
La adopción de estándares técnicos privados estadounidenses y el reemplazo o adquisición de equipamiento de origen chino por otro norteamericano en la red de ARSAT, y las posibles redes provinciales y nacionales privadas, representa un avance hacia la dependencia y la pérdida de soberanía sobre la infraestructura de redes y los datos de Argentina. Expone el riesgo de monopolizar la tecnología con un único proveedor extranjero, facilitar el control a distancia de las redes y la fuga de datos; demás de otorgar ventajas comerciales injustificadas.
El Hacking electoral
Es un conjunto de acciones que configuran una plataforma de manipulación ilegal del proceso democrático. Ataques cibernéticos a bases de datos y sistemas de escrutinio, campañas de desinformación, difusión de deepfakes (imágenes, videos o audios creados o manipulados mediante IA y técnicas de aprendizaje profundo) para desestabilizar campañas o alterar la percepción pública.
Los procesos electorales se enfrentan cada vez más a la amenaza de intervenciones tecnológicas trasnacionales. Los ciberataques ponen el proceso electoral en jaque, discontinuidad eléctrica (de transporte de datos) son algunos de los ciberataques conocidos. Las urnas ya no son el objetivo, sino la última instancia de un hacking electoral que urge entender para defender las democracias.
El dispositivo de hacking electoral opera de forma coordinada sobre tres dimensiones estructurales:
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Capa de Infraestructura: ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuido) es un ciberataque en el que múltiples dispositivos automatizados inyectan tráfico de datos maliciosos a un servidor web o una red de datos. Esto agota los recursos de la infraestructura y lo vuelve inaccesible para los usuarios legítimos. Además, el software conocido como ransomware dirigidos a colapsar la difusión de resultados e inducir un pánico automatizado.
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Capa Lógica: inyección de puertas traseras (backdoors) en el software de escrutinio para desviar porcentajes quirúrgicos de votos sin activar alertas.
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Capa Cognitiva: el uso de la infraestructura algorítmica para impactar en la subjetividad de las personas. En esta instancia cognitiva, lo que se hackea es la atención ciudadana. A través de procesos de minería de datos, se extraen perfiles psicométricos para inyectar campañas de miedo personalizadas. Luego, las granjas de bots coordinadas, alteran el algoritmo de recomendación de las plataformas para viralizar difamaciones artificiales e inundar el ambiente de deepfakes cuyo objetivo no es persuadir al electorado, es paralizarlo o radicalizarlo por saturación y miedo.
El equipo de Jorge
En el mercado paralelo de desinformación, empresas tanto oficiales como clandestinas, se han convertido en expertas en el arte de manipular la realidad y difundir historias engañosas. Dando continuidad al trabajo de Gauri Lankesh, periodista india asesinada en 2017 que investigaba la desinformación y las fábricas de mentiras, se adentró en una industria que utiliza todas las armas a su alcance para manipular a los medios y la opinión pública a expensas de la información y la democracia. La investigación concluyó que el armado y despliegue de una máquina de desinformación global es la plataforma donde se potencia la derecha internacional.
Forbidden Stories dejo al descubierto que la empresa Demoman International dirigida por Tal Hanan, un exmiembro de las fuerzas especiales israelíes que ahora trabaja de forma privada con el seudónimo de “Jorge” y que ha estado ejecutando tareas de forma clandestina en elecciones de varios países durante más de dos décadas. Hanan, afirma haber participado de forma encubierta en 33 elecciones presidenciales. Sus servicios encubiertos que describen como “operaciones secretas”, y estaban a disposición de agencias de inteligencia, campañas políticas y empresas privadas que deseaban manipular la opinión pública de forma encubierta. Afirmó que se habían utilizado en África, América del Sur y Central, Estados Unidos y Europa.
Uno de los servicios clave del Equipo Jorge es un sofisticado paquete de software, Advanced Impact Media Solutions (AIMS). Este controla un vasto ejército de miles de perfiles falsos en redes sociales como Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram y YouTube. Algunos avatares incluso tienen cuentas de Amazon con tarjetas de crédito, monederos de bitcoin y cuentas de Airbnb. La preocupación de las organizaciones de derechos digitales radica en los antecedentes globales de este entramado tecnológico, que representa una radiografía del riesgo por el negocio electoral:
Vigilancia y Datos. Empresas tecnológicas de origen israelí han estado bajo la lupa global por el desarrollo de software de intrusión masiva y espionaje (como el conocido sistema israelí Pegasus). Los críticos advierten que el manejo de la base de datos de millones de electores argentinos y la arquitectura de los servidores de transmisión no deberían quedar expuestos a firmas ligadas a agencias de inteligencia extranjeras.
La pantalla de las “empresas locales”. El mecanismo habitual de desembarco no siempre es directo. Se realiza a través de firmas locales que actúan como representantes o integradoras, adquiriendo las licencias de software y el hardware diseñado en Tel Aviv, lo que dificulta el rastreo del verdadero origen del algoritmo que sumará los votos.
El riesgo para Argentina de acordar con el uso de sistemas cerrados en tecnología y software se puede resumir en:
Aspecto Crítico: Soberanía Tecnológica | Dependencia absoluta de soporte técnico y servidores fuera de la jurisdicción nacional | Nivel de riesgo: Alto
Aspecto crítico: Auditoría de Partidos | Los fiscales informáticos locales no pueden revisar el código fuente de origen israelí por restricciones de “secreto comercial” el software es cerrado. No poseen capacidad operativa tecnológica para realizarlo | Nivel de riesgo: Crítico
Aspecto crítico: Seguridad de Datos | Centralización de datos biométricos y padrones electorales en plataformas integradas por corporaciones externas. Nivel de riesgo: Alto
Los acuerdos con empresas y gobiernos tecnológicamente avanzados representan una oportunidad para mejorar los distintos procesos públicos. Pero las políticas y acuerdos del gobierno argentino sobre los temas de digitalización representan la entrega ciega de la soberanía tecnológica. Mientras el discurso oficial defiende la velocidad del recuento provisorio y la “fama” internacional de los proveedores, el riesgo de deslegitimar los resultados electorales por falta de auditorías independientes es una certeza.
La integridad de una elección exige una transparencia absoluta. Entregar el código fuente a firmas extranjeras que responden a otras jurisdicciones es un acto de ceguera política y tecnológica voluntaria. Argentina es un laboratorio de ensayo sobre Ciberseguridad y Ciberataques que anuncia en proceso electoral manipulado y oscuro.
Forbidden Stories dejo al descubierto que la empresa Demoman International dirigida por Tal Hanan, un exmiembro de las fuerzas especiales israelíes que ahora trabaja de forma privada con el seudónimo de “Jorge” y que ha estado ejecutando tareas de forma clandestina en elecciones de varios países durante más de dos décadas.