Caso Mariano Ferreyra: quince años después, dos condenas por encubrimiento

El jueves el Tribunal Oral Federal N°8, conformado por María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, condenó a dos personas por considerarlas responsables del encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra. El objetivo, a través de una trama de sobornos, era proteger a José Pedraza, dirigente de la Unión Ferroviaria. El resto de los imputados que llegaron a juicio fueron absueltos.

En primer lugar, Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, recibió una pena a 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por el delito de “tráfico de influencias agravado y cohecho activo y pasivo”. Por su parte, Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces de Casación Penal, tuvo una condena condicional de 3 años de prisión y el mismo tipo de inhabilitación por encontrarlo responsable de "tráfico de influencias agravado” en calidad de "participe necesario".

Por otro lado, Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, fue beneficiado dado que los magistrados evaluaron que su conducta era constitutiva “del delito de cohecho activo agravado, en calidad de partícipe secundario”, por lo que ordenaron la “extinción de la acción penal por prescripción”. En igual sentido, Susana Planas, directiva de Belgrano Cargas, fue absuelta. El quinto imputado, Juan José Riquelme, falleció antes del inicio de las audiencias.

El caso Mariano Ferreyra

El asesinato del joven militante del Partido Obrero, mientras reclamaba junto a trabajadores ferroviarios tercerizados, es un caso emblemático en materia laboral, gremial y judicial en nuestro país. Ese 20 de octubre de 2010 una larga trama de deudas pendientes quedó, otra vez, evidenciada. 

Aquella mañana los trabajadores, en compañía del PO y el Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras organizaciones, reclamaban por el pase a planta permanente y reincorporación de despedidos de empresas que prestaban servicios para la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia. Al intentar ocupar las vías del Ferrocarril General Roca, a la altura de la estación Avellaneda -Hoy estación Darío y Maxi-, fueron agredidos por una patota sindical de la Unión Ferroviaria (UF). Desde entonces, los manifestantes fueron custodiados por la Policía Bonaerense y los agresores por la Policía Federal.

Cerca del mediodía, ya en la Ciudad de Buenos Aires, la patota comenzó a arrojar piedras hacia los manifestantes, quienes en paralelo eran reprimidos por la Bonaerense. Cuando decidieron desconcentrar, el grupo de la UF avanzó hacia ellos, avalados por los móviles de la Federal que, en vez de separar, se apartaron y permitieron el paso. Cristian Favale y Gabriel Sánchez dispararon reiteradas veces contra los trabajadores, asesinando a Mariano Ferreyra e hiriendo a Ariel Pintos, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre. Luego del ataque, las armas fueron ocultadas.

En 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal N°21 condenó a 15 años de prisión a Pedraza y Juan Carlos Fernández, titulares del sindicato, por ser instigadores. Pablo Díaz, jefe de la Comisión de Reclamos que manejaba la patota en el lugar, fue condenado a 18 años, al igual que Favale y Sánchez, autores materiales. Daniel González recibió una pena de 11 años por amenazar a periodistas para que no filmaran. Los ferroviarios Salvador Pipito y Claudio Alcorcel fueron condenados a 11 y 8 años respectivamente, y Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez fueron absueltos. Meses antes, Alfonso Severo, que había denunciado al gremio y debía declarar, desapareció 24 horas y reapareció golpeado.

Por el lado de las fuerzas policiales, los agentes Luis Mansilla y Jorge Ferreyra recibieron 10 años por liberar la zona, y Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti 2 años en suspenso. El camarógrafo David Villalba debió pagar una multa por suspender la grabación. Rolando Garay, subcomisario a cargo de los patrulleros, fue absuelto. Las condenas fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia en 2017. Un año después murió José Pedraza, en prisión domiciliaria.

La trama del encubrimiento

La investigación derivada por intentos de sobornos con el objetivo de buscar impunidad no había corrido la misma suerte. Según las escuchas, el mecanismo partía desde Pedraza, involucraba a su tesorero, a empleados y funcionarios judiciales, a lobistas, a ex agentes de inteligencia y tenía como destinatario las cuentas de Eduardo Riggi, uno de los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal N°3, sobreseído en 2016 por Norberto Oyarbide -y jubilado en 2023-. Más de veinte jueces se excusaron, planteos de nulidad y competencia, y definiciones demoradas del fuero correspondiente provocaron que, a pesar de estar elevada a juicio oral, tuviéramos que esperar más de quince años.  

La fiscal de la causa, Cristina Caamaño, había pedido la indagatoria de Pedraza el 8 de noviembre de 2010. Sin embargo, al día siguiente del asesinato de Ferreyra, la trama del encubrimiento ya estaba en marcha. Por un lado, Juan José Riquelme, agente de inteligencia. Por otro, Octavio Aráoz de Lamadrid, exjuez federal vinculado al camarista Riggi. El objetivo era que la causa sea asignada a la Sala III de la Cámara de Casación para que Riggi pudiera presionar. A su vez, también se relacionaba con Luis Ameghino Escobar, designado por pedido de Riggi en la oficina que se encargaba de los sorteos.

Según la reconstrucción de la investigación, en febrero de 2011 Ángel Stafforini, contador de la UF, extrajo miles de dólares de una caja de seguridad del Banco Galicia. Más tarde, se dirigió junto a Susana Planas hasta el estudio de Aráoz de Lamadrid. Riquelme también pasó por el despacho y al rato ocurrió el allanamiento, por lo que los involucrados cortaron toda comunicación. Las condenas llegarían, de esa manera, más de quince años después.

La querella de Beatriz Rial, madre de Mariano, estuvo a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hace unos años, Pablo Ferreyra, hermano del joven, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, afirmó que la demora en la sentencia hablaba “mucho del poder judicial y de su corrupción y podredumbre interna”. De todas formas, sostenían la expectativa para que se pueda avanzar, y así finalmente fue. El proceso judicial evidenció las vinculaciones entre el poder político, la justicia federal y el sistema de inteligencia: “Es el propio poder judicial mostrando el nivel de involucramiento que tiene con la corrupción”.