Investigan en España al senador radical Rached

Por Nicolás Adet Larcher

Emilio Rached fue intendente de la ciudad de Pinto en Santiago del Estero. Luego de la victoria de Gerardo Zamora, asumió como vicegobernador en 2005. Antes de votar contra las retenciones a la soja favoreciendo a las patronales agropecuarias, Rached había sido "apretado" por los productores sojeros, que le aseguraron “no vuelve a pisar Pinto”; además de haber recibido mensajes de texto que el propio radical reconoció que decían “pedí lo que quieras”.

Rached participará en estas elecciones, pese a la marea turbia que lo acompaña. En el año 2007, fue denunciado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase – Vía Campesina) y el delegado internacional de derechos humanos, Javier Álvarez del Castillo, que se encontraba de visita en el país para realizar un relevamiento de territorios rurales. La denuncia es por haber firmado un convenio donde el municipio español de Pinto se comprometía a girar 1,7 millones de euros a la ciudad de Pinto de Argentina, con el fin de crear obras para sectores populares. El destino no fue ése. Según la investigación de Álvarez de más de tres años (2004), los fondos fueron hacia la fundación PinArEs (Pinto-Argentina-España) donde la comisión directiva estaba integrada por Emilio Rached y Antonio Fernández González. Según la denuncia PinArEs está vinculada a AFAGRO S.A. una empresa de agronegocios radicada en Pinto donde es accionista el Alcalde Antonio Fernández González,  la Pinto española que entregó la ayuda a Rached. Afagro reclamó su deseo por más de 40 mil hectáreas donde habitaban campesinos desde hace más de 70 años, por lo que la tierra les pertenecía (Ley 14.159 de Catastro Nacional, sobre la Prescripción Adquisitiva de Inmuebles). Los mismos fueron desalojados por fuerzas paramilitares por orden de Emilio Rached.

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De aquella suma de dinero, según informa TeleMadrid desde España, 650 mil euros estaban destinados a viviendas sociales. La idea era que las mismas fueran gratuitas y para personas necesitadas. La documentación conseguida dice lo contrario. Allí figura que las viviendas fueron vendidas por el propio Antonio Fernández y que además se hizo al precio de $50 mil por vivienda más un ingreso de 1000 pesos que debe tener el que la habita. Los precios se fijan por medio de la fundación PinArEs donde, en calidad de representante, el alcalde de Pinto figuraba como vendedor. Telemadrid expresa: “La relación de adjudicatarios demuestra que no han ido a parar a personas necesitadas, entre ellos está Laura Rached, hija del ex-vicegobernador Emilio Rached, Antonio Fernández le apoyó en las últimas elecciones argentinas.”

Pero no todo termina aquí. Ángel Strappazon, portavoz del MOCASE, viajó en 2007 a Madrid y dio una conferencia de prensa en donde denunció públicamente a Antonio Fernández y a Emilio Rached de ser cómplices de AFAGRO S.A. contratando a paramilitares para reprimir a campesinos violando los derechos humanos. En 2009, el abogado Luis Miguel Martin Batres, pinteño, denunció a Antonio Fernández y a la Fundación PinArEs en la cooperación internacional entre Pinto (España) y Pinto (Argentina), por el delito de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros. En ese mismo año, el gobierno formado por el PSOE, IU y JpP hicieron un requerimiento a Pinto Argentina para que justifique todas las subvenciones que fueron enviadas desde España. Juan José Martin Nieto (alcalde 2008-2011) en acuerdo junto a Reyes Maestre (JpP) y Carlos Penit (IU) hicieron dicho requerimiento judicial hacia Pinto para pedir justificaciones, más tarde en 2012 Reyes Maestre seria citado como testigo a declarar.

Guillermo Ganon, intendente de Pinto en Argentina, reconoció en una entrevista: "Lo único que puede ser discutible es que no hayan sido indigentes las personas a las que se les adjudicaron las casas” y a continuación Julio Rodríguez – periodista que lo entrevistaba – advierte: “Una de las adjudicatarias es la hija del ex intendente Emilio Rached, también ex vicegobernador y actual senador nacional. En 2011 la comisión conformada para la investigación del hecho en España llego a las conclusiones preliminares, que dio lugar a seguir avanzando en la causa abierta en el Juzgado Nº6 de Parla donde en febrero de 2010 ya había acudido a declarar el exalcalde de Pinto, Antonio Fernández, por la querella criminal impuesta por Batres".

El caso causó gran revuelo en España, sin embargo en Argentina tanto AFAGRO, como la fundación PinArEs, Rached, y demás partícipes continúan sin dar explicaciones al respecto. Con la llegada de Rajoy a la presidencia en España el caso quedó estancado, y en el 2012 el PSOE protestó amenazando con abandonar la comisión investigadora argumentando "si obraran de buena fe, seguirían con el procedimiento iniciado y no concluido", y le han exigido que soliciten el reintegro mediante una demanda internacional, interpongan un recurso en los Tribunales españoles, o denuncien el caso en los Juzgados de Parla, "pero no sigan alimentando este circo mediático".

Frente a la usencia de intereses de la justicia Argentina ante el caso, y la incompetencia de Mariano Rajoy y su Partido Popular para tratar temas que demuestran intereses de parte de la sociedad, sólo queda aguardar a una resolución que logre aclarar los puntos oscuros que encubren el caso.