Un fiscal pidió la suspensión del DNU de Macri para modificar el cálculo de las indemnizaciones laborales

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Un fiscal pidió la suspensión del DNU de Macri para modificar el cálculo de las indemnizaciones laborales

07 Octubre 2019

El fiscal Gabriel de Vedia, a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo N°3, dictaminó a favor de una medida cautelar que solicita la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

De esta manera, el representante del MPF intervino en un amparo colectivo, presentado por el Colegio de Abogados de la Capital Federal, para para suspender el DNU 669/2019, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido modificar el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En sentido, el fiscal De Vedia consideró que el Poder Ejecutivo se usurpó facultades legislativas vedadas por el artículo 99 inciso 3° de la CN. A su vez destacó que las manifestaciones expresadas en los considerados del decreto carecerían de razonabilidad y justificación para sortear la intervención del Congreso tal como lo exige la Carta Magna.

Además, señaló que los tratados internacionales con validez constitucional, obligan a adoptar las medidas necesarias para garantizar el progreso y la plena efectividad de los derechos humanos. Por lo cual explicó que existe una doble responsabilidad de los Estados: por un lado están obligados a avanzar en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, de modo de satisfacerlos cada vez con mayor intensidad. Asimismo, recordó que por el otro les está prohibido todo retroceso en esta área, lo que implica que una vez que un derecho social ha sido reconocido, pueda en el futuro -salvo casos excepcionales- ser desconocido. 

Asimismo, De Vedia sostuvo en el dictamen que la aplicación de la Tasa RIPTE (Remuneraciones Imponibles promedio de los Trabajadores Estatales) disminuiría notablemente las indemnizaciones y afirmó que de la lectura del decreto pareciera que se intenta dar primacía a los intereses de las empresas aseguradoras por sobre los derechos y las limitaciones de los trabajadores accidentados en ocasión del trabajo.