fbpx DDHH | Page 147 | Agencia Paco Urondo | Periodismo militante
DDHH
20.09.2010

La Plata, Buenos Aires (Agencia Paco Urondo, publicado en Prensa de Frente, por María Isabel Greco - HIJOS La Plata, dibujo de Chelo Candia) Julio López, Luciano Arruga, Silvia Suppo. Tres nombres que, con todas las diferencias que existen entre sí, proyectan una misma pregunta, a su vez una consulta retórica. ¿Todavía es posible cometer secuestros y asesinatos políticos y que estos queden impunes, amparados en la complicidad e impotencia de los poderes del Estado?
Sigue faltando López… ¿no hay nada para decir?
El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López -detenido y torturado durante la dictadura por las “fuerzas de seguridad”- pasó a ser nuevamente un desaparecido. El hombre, de 77 años de edad, fue secuestrado mientras concurría a la audiencia final del juicio al ex policía Miguel Etchecolatz. En las semanas previas había aportado un testimonio clave a ese juicio. Como resultado de esa declaración, y las de otras personas secuestradas por la dictadura, Etchecolatz fue condenado como autor de “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983", según expresó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata al dar a conocer la sentencia, histórica.A 4 años de la segunda desaparición, esta vez en una democracia, el 18 de septiembre de 2010 encontró más continuidades que rupturas en relación a los aniversarios anteriores. En primer lugar, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas volvieron a movilizarse en demanda de justicia. En la ciudad de Buenos Aires, destacando el tiempo transcurrido –“de impunidad y encubrimiento”-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocó a una marcha que fue desde las vallas que protegen al Congreso hasta las vallas que protegen a la Casa Rosada. Un rato después, en La Plata, una multitud se movilizó hacia la gobernación bonaerense. Allí, de espaldas a la Casa de Gobierno que habita Scioli, el ex detenido-desaparecido Carlos Zaidman y María Isabel Greco, integrante de HIJOS, leyeron un documento que no ahorró críticas a la “larga cadena de impunidad”. En ella incluyeron “al entonces Ministro del Interior Aníbal Fernandez, el entonces Gobernador de la Provincia y hoy ‘opositor’ Felipe Solá” y a “la Presidenta Cristina Fernández, que ya ni siquiera menciona el tema”. Además, señalaron “la indiferencia ostensible del Legislativo”, a la Justicia Provincial “que durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a ‘buscar’ al compañero en una ‘averiguación de paradero’” y a la Justicia Federal, “que no investigó a ninguno de los represores denunciados por López en su declaración: los jueces federales Corazza y Blanco responsables de la causa paralización de la causa y de mantenerla errante entre los intrincados intereses judiciales”. Al igual que en Capital Federal, rechazaron “la actitud pasiva y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es complicidad y encubrimiento”. En ambas movilizaciones participaron organizaciones de muy variados signos políticos, con la excepción del oficialismo y la oposición de derecha, que se mantuvieron ausentes y con un llamativo silencio, salvo alguna declaración de compromiso, como en el caso de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier de Cobacho, que señaló que “la Provincia de Buenos Aires -así, en abstracto- aún tiene la enorme carga de la desaparición de Jorge Julio López". Su jefe, el gobernador Scioli, continuó la línea de silencio de alto nivel: salvo el cartel que anuncia la recompensa, llevada a un millón y medio de pesos en los días previos, el portal oficial de la provincia no tiene ninguna mención a la causa López. En cambio, destaca que mientras la movilización popular exigía justicia, el gobernador se encontraba junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en un recital de Ricardo Montaner en Isidro Casanova. Luciano Arruga, también
El caso López es una verdadera piedra en el zapato para un gobierno como el de los Kirchner, con un discurso que tiene a los desaparecidos entre sus principales ejes de acumulación, pero sin una política decidida a avanzar sobre el poder paralelo que ostentan las fuerzas policiales. “Mientras el pretendido ‘gobierno de los Derechos Humanos’ no tiene un sólo imputado en la causa López, en la Bonaerense continúan en actividad efectivos que fueron parte del terrorismo de Estado”, denunciaron los organismos que luchan por los derechos sociales y políticos. Con este panorama de impunidad, no es de extrañar la emergencia de casos como el de Luciano Arruga. El joven de 16 años de La Matanza está desaparecido desde el 31 de enero de 2009, y todo apunta a la responsabilidad de agentes del Destacamento policial de Lomas del Mirador, que sin embargo fueron protegidos por el entonces ministro de Seguridad de Scioli, Carlos Stornelli. “El gobernador Scioli sigue fortaleciendo, amparando y encubriendo a la policía de la provincia, la más grande corporación mafiosa de la Argentina. Asesinatos, torturas, trata de personas, drogas, imposición a jóvenes para que roben y todo tipo de delito imaginable e inimaginable es manejado por la Bonaerense”, expresó el documento de la Multisectorial La Plata en el acto por López.¿Y Silvia Suppo?Por último, en todas las movilizaciones se recordó a Silvia Suppo, ex detenida desaparecida durante la dictadura militar, que el 29 de marzo de este año fue asesinada en su comercio de Rafaela, Santa Fé, en una situación todavía sin esclarecer. Por el hecho se encuentran detenidos dos jóvenes cuidacoches de 18 y 22 años, a quienes se les adjudica el homicidio, como parte de un robo “común”. Sin embargo, los organismos de derechos humanos encuentran muchas preguntas sin respuestas y vienen señalando que “se pretendió dar el caso por cerrado presentándolo como un delito común, a pesar de las serias contradicciones que aparecen en la causa”. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia criticó duramente por eso al gobernador Hermes Binner y a la justicia provincial, expresando que “actuaron como garantes de la impunidad”.Como dándole la razón a la sospecha de los organismos, en los últimos días trascendió que un testigo de identidad reservada aportó información que podría darle un giro a la causa, al vincular directamente el asesinato con la participación de Suppo en los juicios contra represores. Entre ellos, el que incluyó al ex juez federal Víctor Brusa, en el que la militante declaró, y el que se tramita por la desaparición de su compañero Reinaldo Hattemer, secuestrado en la catedral de Rafaela en enero de 1977. A partir de esta novedad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa, pidiendo que pase al fuero federal. Casualidad o no, el anuncio fue realizado pocas horas antes de las marchas por López, acaso para anticipar las críticas que aparecerían con repercusión en un nuevo aniversario, tal vez para no hacer tan evidente un silencio oficial en un tema –el de los secuestros y asesinatos relacionados con las fuerzas estatales- en el que todavía hay mucho por aclarar. Y un gobierno al que el preocupan los derechos humanos debería ser el primero en recordarlo, para impulsar acciones concretas de justicia más allá de las efemérides. (Agencia Paco Urondo)

20.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El nieto recuperado 102 es un abogado de 32 años, hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos en 1977. Nació en la ESMA. 
En el mediodía de este lunes 20 que parece haberse anticipado a la primavera, finalmente se dio a conocer la identidad del nieto Nº102 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. Es un abogado de 32 años, nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y es hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos en 1977.
Los padres del ahora abogado militaban en Montoneros y fueron secuetrados el 15 de mayo del ’77, cuando María Graciela estaba embarazada de cuatro meses. Por esta causa está acusado el oficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, por apropiación e inscripción con nombre falso del niño. Aunque está prófugo de la justicia.
En la conferencia de prensa que se armó para el anuncio estuvieron presentes la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, otros integrantes de la asociación, organismos de derechos humanos y familiares del joven restituido. Cabe recordar que el último nieto recuperado fue Francisco Madariaga Quintela, hijo de Silvia Mónica Quintela y Abel Pedro Madariaga, en febrero pasado. (Agencia Paco Urondo)

20.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) Este lunes 20 de Septiembre a las 12 en Virrey Cevallos se hará la conferencia de prensa por la restitucion de identidad del nieto recuperado 102. (Agencia Paco Urondo)

17.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, comunicado de prensa) Campaña Nacional de Recolección de Firmas. “Nobel de la Paz para las Abuelas. Ponele la firma” •          Para que triunfe la lucha por los derechos humanos, la verdad, la justicia y la memoria encabezada por las Abuelas de Plaza de Mayo.
•          Para que triunfe el compromiso de Abuelas con la identidad individual y colectiva.
•          Para que las Abuelas sepan que el pueblo argentino reconoce y agradece su labor, de tantos años. Acercate a las mesas. El Premio Nobel de la Paz es para las Abuelas… Ponéle  la firma” … en: -           Diagonal Norte y Florida-           Perú y Diagonal Sur-           Lima y Moreno-           Avda. de Mayo y Tacuarí-           Florida y Corrientes  Y en cada plaza pública de cada provincia; de  cada ciudad y de cada pueblo, a lo largo y ancho del país…   Podemos hacerles llegar: afiches, calcos, planillas y audioMuchas gracias (Agencia Paco Urondo)

14.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Agencia Walsh, gentileza La Cantora) Detenidos de la Unidad n° 48 del Penal de José León Suárez sufrieron la locura de uno de sus guardianes, quien bajo los dominios del alcohol disparó a quemarropa contra ellos y sus familiares en el horario de visita. Después, la represión se generalizó dentro de los pabellones. Habría un interno desaparecido. Varios de los denunciantes se encuentran amenazados.
A las 14:30 hs del sábado 28 de agosto, la Unidad N° 48 del penal de José León Suárez se cubrió de más represión que la que ya existe en cualquier situación de encierro. Transcurría la hora de la visita. El lugar estaba repleto de mujeres y niños cuando un guardia penitenciario de apellido Ruiz sacó su arma de fuego reglamentaria y comenzó a disparar.
Quien debía cuidar que todo se desarrollase con total tranquilidad y armonía, sin medir consecuencias, disparó en todas direcciones: "con una pistola 9 mm y con la escopeta, con cartucho de goma y luego de plomo, a los internos de los pabellones 2, 3, 4, 5 y 7 y a la Sede de la UNSAM (Universidad de San Martín) que funciona en la Unidad N°48". Según consta en el pedido de habeas corpus presentado por los mismos internos. Acto seguido otros agentes penitenciarios, también bajo el efecto del alcohol, en lugar de detener al guardia agresor, irrumpieron de manera violenta en los pabellones, abriéndose paso con palos y más disparos.
Tal fue el salvajismo y la impunidad con que actuaron los agentes del servicio penitenciario que no se puede, siquiera, precisar el número exacto de heridos. Varios de ellos con balas de plomo. Los propios penitenciarios no escaparon a la locura represiva. Un guardia apellidado Ponce tiene una fractura consecuencia de un garrotazo que recibió de un compañero. Fugado no. Desaparecido Marcelo Almeijeiras, interno estudiante de la UNSAM, es uno de los heridos de bala por el guardia Ruiz. Él recibió un tiro en un pie. Sin ser el único baleado, fue el único que pidió atención médica. Otros no lo hicieron por temor a las represalias.
Para recibir dicha atención, Marcelo debió firmar un acta que decía que se lesionó el pie con la puerta de la celda. Sin embargo y luego de informar lo sucedido al Secretario de ejecución Penal, Dr. Juan Manuel Casolati y de mantener su decisión de denunciar todo lo ocurrido, Marcelo desapareció. No fue visto salir del penal por ningún guardia, ni por internos. Curiosamente y según el SPB, se fugó. Hoy se desconoce su paradero. Los temores sobre su seguridad y su vida no son infundados. Amenazas A raíz de estas denuncias se abrió la IPP (Investigación Penal Provisoria) Nº 30.164-10.
La investigación la lleva adelante el fiscal de la UFI Nº 7, Dr. Marcelo Segarra. El pasado jueves 9 de setiembre el Dr. Casolatti presentó un escrito a laUFI Nº 7donde se denuncian amenazas a los internos que tuvieron la valentía de denunciar lo ocurrido. El escrito de cuenta de "múltiples llamados telefónicos de internos alojados en la Unidad 48 San Martín, en el que han señalado que en el marco de la denuncias formuladas en contra de agentes del SPB y específicamente en relación al hecho en que esta involucrado el Guardia Ruiz, "han recibido amenazas de diversa índole de parte del SPB, tanto en cuanto a que pueden ser lastimados por otros internos, como así también de ser trasladados de la unidad 48...".
El escrito hace referencia a que las amenazas se han acrecentado luego de que el miércoles 8 de setiembre se les tomara a diversos internos, testimonio judicial en el SUM de la Universidad de San Martín que funciona en la U 48. El servicio pretende que quienes firmaron el Habeas Corpus retiren y rectifiquen todas y cada una de las denuncias presentadas. Cuando el gato no está los ratones se divierten Estos hechos no son casuales ni se inscriben en el marco de la (i)responsabilidad de uno o un grupo de penitenciarios borrachos o drogados.
Se trata de un modus operandi del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Es parte del negocio. La cárcel sigue siendo un gran negocio para muchos, no para los presos, evidentemente. Una semana atrás, el domingo 22 de agosto, otro altercado fue pasado por alto, naturalizándose de esta manera cualquier situación de violencia que se pueda vivir dentro de la Unidad Penal. Se produjo una pelea con armas blancas entre internos, también en horario de visita. Un interno resultó herido y una mujer recibió un corte que casi le hace perder una falange de la mano izquierda. ¿Cómo es posible que un interno ingrese al SUM con una faca? ¿Quién se la proveyó?
Que los internos estén armados en la visita, la presencia de facas y elementos punzo-cortantes es responsabilidad directa de los agentes penitenciarios que son quienes se las facilitan. "Los fines de semana, los días viernes, hay pocos jefes, y los subalternos se drogan, se emborrachan, hacen fiestas, generan negociados con familiares de los detenidos para ingresar drogas y facas. Esto hace que sea la propia visita un polvorín a punto de estallar", declaró a esta agencia Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría Gral. de San Martín. Casolati fue el único funcionario judicial que se acercó a la Unidad N° 48, ni bien se enteró de lo sucedido el sábado 28 de agosto, a partir de los llamados de los familiares de los detenidos. Durante el recorrido a las instalaciones del penal que realizó el 1 de setiembre, encontró en las bolsas donde los agentes penitenciarios arrojan sus residuos: seis cajas de tetra, dos botellas de vino, una de licor, y un Fernandito. A los ojos de cualquiera, los hechos revisten una gravedad indiscutible: disparos hacia una multitud indefensa; guardias alcoholizados; golpes indiscriminados a los internos.
Pero para Mario Aranda, Director de la Unidad 48°, lo ocurrido en sí no merecía tanta alarma, para él "la envergadura de los hechos ameritaba sólo actuación administrativa interna". ¿Inoperancia? ¿"Vista gorda"? ¿Complicidad? Ocurre que cuando el gato no está los ratones se divierten... con consentimiento del gato, claro está. "Esta bolsa la llevo a la oficina del director de la unidad" nos dice Casolati refiriéndose a la bolsa que contenía envases vacíos de bebidas alcohólicas, "y recién ahí el director de la unidad "blanquea" el suceso, lo que había pasado ese sábado". Negocios y más negocios La venta de drogas y facas no constituye un hecho aislado, y mucho menos un negocio exclusivo de los penitenciarios del penal de San Martín, es una práctica generalizada. Según el secretario de Ejecución Penal de San Martín "es una práctica habitual en todos los penales. En los fines de semana se relajan los sistemas de control. Generalmente los directores no están. Dejan las unidades a cargo de subalternos.
Los directores saben que paso esto, porque cuando van los lunes se enteran de estos sucesos y no hacen nada. Esto pasa en todas las unidades, pero en San Martín en los últimos meses se ha agravado esta situación." El mismo Casolati agregó más adelante "esto está en conocimiento de los subalternos de la unidad porque son los que permiten, del director y de los directores máximos de las unidades. Y está en conocimiento de jefe de todo el complejo San Martín de apellido Molina (Claudio), que sabe lo que pasa en las 3 unidades y nada hace." ¿Por qué se permite, y de alguna manera se alienta, que esto ocurra? No estamos hablando sólo de lo que podría pensarse como un pequeño negocio comparado con los grandes negociados que todos sabemos ocurren dentro del sistema carcelario. Tampoco se trata de pensar sólo en lo que el poder político recauda a través de las contrataciones fraudulentas, ni de los negociados con proveedores, ni de las múltiples formas que tienen de hacer caja, todos. Desde el guardia penitenciario a los máximos responsables políticos. Sólo se puede entender lo que ocurre en el marco de políticas destinadas a mantener el Status Quo. Se trata de políticas para disciplinar el "afuera" y el "adentro". De desarticular cualquier resistencia a las injusticias. Alcohol y violencia afuera y adentro. Palos y balas afuera y adentro. Sembrar el miedo y desalentar solidaridades. Absolutamente coherente con el discurso de la "seguridad". Indispensable para mantener el sistema de opresión. Indispensable para continuar con la recaudación.
Por eso fiscales, jueces y poder político, por acción u omisión, son parte del negocio. Juan Manuel Casolati, quien debe soportar varios sumarios por sus denuncias opina que "los fiscales están condicionados por los superiores, por el poder político de la Provincia de Bs. As. para investigar este tipo de hechos. Y terminan las denuncias en la nada, archivadas. Denuncias con un montón de pruebas, con un montón de elementos, terminan archivadas." Más adelante el funcionario completa su pensamiento: "El poder político, los cómplices de todo esto no le temen a nada. No le temen a nada porque saben que están. protegidos. A lo único que le temen es a la exposición pública, a ser escrachados." No denunciarás El servicio penitenciario de San Martín, nos decía Juan Manuel Casolati, "trabaja con la amenaza constante, directa y concreta de trasladar a cualquier interno que denuncia cualquier hecho irregular".
El traslado significa ser apartados de sus familias, a unidades carcelarias lejanas, por esto muchos internos no quieren denunciar las vejaciones que padecen por parte del servicio penitenciario, por temor a que esto ocurra. Así operan, así se manejan, sembrando el terror como motor de su acción. Los estudiantes universitarios se encuentran amparados por una resolución administrativa, que prohíbe al servicio el traslado de esos internos; el resto de los internos, que no cursan en la universidad, se encuentran desprotegidos y a la espera de la decisión arbitraria de los Jefes del Servicio sobre sus destinos. Denuncias que se archivan, se cajonean, se minimizan, se olvidan
Y la realidad de las cárceles lejos de mejorar, empeora, día a día, quien muere en un pabellón es un número tachado en un registro para el servicio o el poder judicial, los golpes, la tortura, la mala alimentación, las pésimas condiciones habitacionales, son características comunes en muchas unidades carcelarias. "Se naturaliza lo que está mal", expresaba Casolati a esta agencia, y agregaba "(...) sabés que si hacés la denuncia no pasa nada, pero si no la hacés estás siendo cómplice también del sistema, entonces se siguen naturalizando esas cosas, lo que habría que hacer es seguir denunciando esto, y darle visibilidad...". No Denunciarás es uno de los mandamientos que el servicio introduce dentro y fuera del penal, dentro a los internos, fuera a los abogados como Casolati, que denuncian las constantes violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles. A unos se los traslada, a otros se los recarga de sumarios. La idea es silenciar voces, aquietar cuerpos, controlar el pensamiento. Mejor no ver, no oír, no pensar, no sentir. La idea de muchos puede ser esa, pero a toda idea se le contrapone otra: Desnaturalizar el horror, hacerlo visible, es la única manera de empezar a combatirlo, de un lado y del otro del muro. (Agencia Paco Urondo)

13.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, gentileza La Polilla) Los Angeles, 11 de septiembre de 2010) Los actores y activistas Danny Glover y Edward Asner, Coordinadores de “Actores y Artistas Unidos por la Libertad de los Cinco Cubanos”, hicieron un llamado a sus colegas en Estados Unidos invitándolos a sumar sus nombres para enviar una carta al Presidente Obama pidiéndole que otorgue una orden de Clemencia Ejecutiva a favor de los Cinco Cubanos.
En la carta, los actores y artistas unidos por esta noble causa indicaron: “Estamos sumamente consternados de que los Cinco Cubanos, quienes no cometieron ningún crimen contra los EEUU ni tampoco constituyeron una amenaza contra la seguridad nacional de este país, llevan 12 años presos. Los Cinco monitoreaban las actividades de grupos violentos de exiliados cubanos en Miami, actividades que han resultado en la muerte de miles de cubanos. Los Cinco simplemente estaban protegiendo a su país contra futuros actos de terrorismo.”
Otros actores y artistas que suman sus nombres a la carta dirigida al Presidente Obama: James Cromwell, Mike Farrell, Bruria Finkel, Richard Foos, Elliott Gould, Greg Landau, Francisco Letelier, Esai Morales, Betty and Stanley K Sheinbaum y Andy Spahn.Recientemente, el 8 de agosto, Glover visitó a Gerardo Hernández uno de los 5 Cubanos en una prisión de máxima seguridad en Victorville. Hernández acababa de ser transferido a la población general después de haber permanecido 13 días en “el hueco” sin razón alguna. Glover salió de esa visita con un fuerte compromiso de pedirle a otros actores y artistas que se unan a la Campaña por la libertad de los Cinco Cubanos.“El Presidente Obama debería perdonar a Gerardo Hernández y a los otros miembros de los Cinco Cubanos. Ellos eran soldados de primera línea en el combate contra el terrorismo. Pero en lugar de utilizar la información que ellos recopilaron para arrestar a las personas que estaban llevando a cabo atentados contra civiles, el FBI arrestó a esos cinco hombres. Por otro lado, los que cometieron esos actos tales como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, caminan libres por Miami y organizan cenas para recaudar fondos allí.” Danny Glover, Coordinador de Actores y Artistas Unidos por la Libertad de los 5 Cubanos.
Ed Asner recientemente habló en Los Ángeles en la inauguración de una exposición de arte de Antonio Guerrero, otro de los Cinco Cubanos, y dijo: “Encarcelar falsamente a personas de color es una industria americana. Los Cinco Cubanos no son una excepción.” Edward Asner, Coordinador de Actores y Artistas Unidos por la Libertad de los 5 Cubanos.
La carta de actores y artistas estadounidenses será enviada a Obama el 12 de septiembre en el décimo segundo aniversario del arresto de los 5 Cubanos en 1998. Agencia Paco Urondo)

13.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) “El trabajo de investigación lo inicié en el 2002 y el libro se publicó en el 2008, aunque durante el 2003 y 2004 salió como anticipo en algunos folletos. Lo hice en conjunto con otros investigadores y periodistas argentinos y latinoamericanos como Estela Calloni, Norberto galazzo y otros. El libro ya fue presentado en Rosario, Córdoba, Mendoza y otras provincias”, comentó el periodista Carlos Suárez, autor de Torres Gemelas-Pentágono y Cia. Autoatentados. El pacto oscuro detrás del 11- S.
El texto fue presentado ayer en la sala Paco Urondo del la librería El Griego. Durante su paso por la provincia, Suárez con total predisposición dialogó con TucumánHoy.com.
“La hipótesis que manejo es que el 11-S fue producto de un autoatentado armado por la Cia y el Pentágono para tener el pretexto de intervenir Afganistán e Irak esto se sustenta  con los testimonios de los que ayudaron después del atentado, es decir los de la Cruz Roja, bomberos, técnicos. Todas personas expertas en siniestros que se dieron cuenta de algunos puntos flojos. Principalmente que la forma en que se derrumbaron las torres solamente se puede producir a través de una implosión, o sea una explosión interna con cargas colocadas con anterioridad que hicieron coincidir con el choque de los aviones”, explicó el especializado en asuntos de política nacional y latinoamericana. “Lo particular”, continúa “es que los aviones comerciales tienen prohibido volar por zona céntrica, quienes violan esa normativa son interceptados por aviones militares que los desvían de su trayectoria”. Esto no sucedió, al contrario “luego de que caen las torres gemelas pasaron 50 minutos y no apareció ningún avión militar lo cual indica que fue una zona liberada”. A su vez, expresó que “en el otro atentado, el del Pentágono, donde supuestamente chocó otro avión, nunca se encontró el fuselaje, ni cadáveres, por lo tanto, indudablemente no hubo choque de avión sino que fue un proyectil”. ¿Cuáles fueron las principales fuentes que utilizaste en la investigación? En principio, diversas redes de internet que iban difundiendo todo esto. Luego comencé a meterme en la web. A su vez me puse en contacto permanente con periodistas como Estela Calloni, que tiene muchos documentos y bibliografía, por lo tanto logramos una base de datos en conjunto que fuimos estudiando. De esta manera me encuentro con documentos del ex ministro de Defensa de Alemania, ministro de Medio Ambiente de Inglaterra, Francesco Cossiga, ex presidente de Italia, todos coinciden en que la Cia y el Mossad son autores intelectuales y materiales de la conspiración. “Los autoatentados en Estados Unidos no son nuevos” Mencionó, quien fue miembro del consejo superior del Movimiento Peronista Montonero. Y agregó: “Estados Unidos históricamente utilizó esa política para justificar declaraciones de guerra, invasiones y determinadas políticas intervencionistas”. ¿Por qué se acusó a Bin Laden o Alkaeda del atentado? Desde los 80 Bin Laden es uno de los principales agentes de la Cia que cumple funciones en extremo y Medio Oriente. Alkaeda participó de la guerra en Afganistán, Chechenia, Yugoslavia siempre para la Cia. Bin Laden es un doble agente que hizo las veces de chivo expiatorio para que le echen el fardo de todo esto. En este sentido, a una semana de la reelección de Bush, cuando todas las encuestas decían que perdía aparece Bin Laden diciendo por tv que está preparando un nuevo ataque, lo que desató mucho pánico en la población lo cual se volcó a favor de Bush. Incluso el equipo de producción que arma todos estos discursos de Bin Laden es el mismo que el de películas como Duro de matar. ¿Cuál fue el impacto en la sociedad norteamericana? De acuerdo a las encuestas, más de la mitad de la población no cree en la versión oficial. Un 30 y 40% sostiene que fue un hecho interno, preparado por el gobierno. Incluso existe un movimiento que los 11 de cada mes salen con pancartas en distintas ciudades exigiendo el esclarecimiento. Además hay demandas penales de abogados que representan a 400 familiares de las víctimas de las Torres Gemelas que acusan a Bush y todo su gabinete de haber planificado esto. El autor Carlos Suárez es periodista y escritor especializado en asuntos de política nacional y latinoamericana. De hecho, es profesor de Historia de América Latina en la UBA y en universidades de México y de Italia. Militante peronista, fue miembro de Prensa del Frejuli y del PJ, integrante de la mesa nacional de Intransigencia y Movilización Peronista, y miembro del consejo superior del Movimiento Peronista Montonero. (Agencia Paco Urondo)

13.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Indimedya.org) Utilizando como excusa un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, los máximos dirigentes de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de Ley Antiterrorista. Lleva las firmas de Ricardo Gil Lavedra, Oscar Aguad, Federico Pinedo, Roy Cortina, Juan P. Tunessi, Juan C. Vega, Lidia Satragno, Elisa Carrió, Adrián Pérez, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Patricia Bullrich y Felipe Solá.

Esta iniciativa parlamentaria reviste suma importancia para todas las organizaciones políticas, obreras, populares y defensoras de los derechos humanos. Con la aprobación de esta ley se permitiría que una metodología de reclamo tan extendida como el corte de ruta pueda ser calificada como "acto terrorista".
Decimos que este proyecto implicaría una nueva escalada en la criminalización de la protesta social porque, como hemos venido denunciando, hoy ya se utilizan figuras gravísimas del Código Penal, para intentar acallar las protestas y reclamos: los trabajadores que toman una fábrica son acusados de privación ilegítima de la libertad, los delegados de trabajadores en lucha son acusados de coacción, los trabajadores que enfrentan a patotas para-estatales son acusados de daños y lesiones.
De aprobarse esta ley se estaría elevando toda la tipificación del código penal argentino, por ende las figuras con las que se persigue a la protesta social, a la categoría de acto terrorista internacional. En su artículo 1º el proyecto tipifica, decenas de medidas de lucha utilizadas por nuestro pueblo cotidianamente, como actos terroristas. En su artículo 2º el proyecto, tal cual lo realiza el presentado oportunamente por el gobierno nacional y aprobado por la mayoría de los bloques del Congreso, avanza en definir cuales serían las organizaciones "terroristas". Toda organización que lleve adelante cualquiera de las medidas de protestas tipificadas en el artículo 1º con la intención de "obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo". De esta manera y como manera de ejemplo, se acusaría de organización terrorista a toda organización de estatales que pretenda que el gobierno se abstenga de despedir trabajadores, o los desocupados que cortan rutas para pedir trabajo o por supuesto los organismos de derechos humanos que durante años y años reclamamos y exigimos, por ejemplo la anulación de las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En los fundamentos de este proyecto de ley se aclara que se intentan escandalosamente igualar las acciones que pretende condenar, con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Otra vez entonces, se pretende imponer la teoría de los dos demonios, que ha sido repudiada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Decimos, una vez más que, antes el gobierno de los Kirchner y ahora parte de la oposición, utilizan el atentado a la AMIA para justificar sanciones de leyes represivas, bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo, cuando es el propio Poder Ejecutivo Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables,
negando la apertura de los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando la investigación según los intereses de EE.UU. e Israel. Mientras al mismo tiempo, se mantiene detenido a Roberto Martino, acusado falsamente de antisemitismo, por ser parte de una movilización que condenaba al terrorismo del estado de Israel contra el pueblo palestino. (Agencia Paco Urondo)

13.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, gentileza Giselle Tepper) NOVEDADES DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: COMIENZA EL PRIMER JUICIO A GENOCIDAS EN SANTIAGO DEL ESTERO. CONTINÚAN LOS ALEGATOS EN EL JUICIO POR ABO (Atlético, Banco y Olimpo). 

- Santiago del Estero: comienza el 14 de septiembre. El Tribunal decidió apartar a los genocidas Videla y Menéndez, porque están siendo juzgados en Córdoba, e incluir al resto de los imputados, que son los ex policías Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi. A todos se les imputan los delitos de secuestro, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita. Se los juzga por el secuestro y asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, cometido en agosto de 1976. Días antes del inicio del juicio, el genocida Antonio Domingo Bussi fue apartado del juicio por supuestas razones de salud.

Audiencias de los juicios en curso en la Ciudad de Buenos Aires: Lugar: Tribunales de  AV. Comodoro Py 2002, Retiro
 

- ABO (Club Atlético, Banco, Olimpo)- Próximas audiencias- ALEGATOS de las querellas: lunes 13, martes 14,  lunes 27 y martes 28/9 desde las 9:00 horas Sala AMIA. Acreditación: 6º piso, TOF Nº 2.  IMPORTANTE: durante estas audiencias se puede tomar fotografías dentro de la Sala al inicio de las mismas y se puede tomar la imagen filmada (a cargo del INCAA) para ser transmitida en vivo y en directo por radio y televisión. Difundir los juicios a los genocidas es garantizar el derecho a la información de la población.
 

- El Vesubio- Próximas audiencias- TESTIMONIOS: lunes 13 y martes 14/9 desde las 10:00 horas en la Sala SUM. Acreditación: directamente en la Sala.
 
- Mega-Causa ESMA- Próximas audiencias- TESTIMONIOS: jueves 16, viernes 17, jueves 23, miércoles 29 y jueves 30/9 desde las 9:30 horas. Sala AMIA. Acreditación: TOF Nº 5, 6º piso.
 
- "Automotores Orletti"- Próximas audiencias- TESTIMONIOS: miércoles 15, jueves 16, viernes 17, jueves 23, viernes 24, miércoles 29 y jueves 30/9. Sala SUM. Acreditación: TOF Nº 1, 6º piso.
 
 
Para ver el cronograma de todas las audiencias del país e Italia: www.hijos-capital.org.ar
 
Próximo juicio anunciado:
  
- Juicio al genocida Luis Abelardo Patti: comenzaría el lunes 27 de septiembre a las 9:30 horas en el Auditorio Municipal de San Martín, Sáenz Peña y 9 de julio, en José León Suárez. Junto a Patti serán juzgados el último dictador, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros (ambos ya recibieron condena a cárcel común por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo) y Juan Fernando Meneghini. Serán juzgados por 9 víctimas, por homicidios, secuestro, tormentos y allanamientos ilegales.
 
 
También podés seguir la información sobre los Juicios  todos los viernes de 17:00 a 18:00 horas (Bs. As.) en "La lucha que nos parió", el programa de H.I.J.O.S. Capital en FM La Tribu (FM 88.7 Mhz y www.fmlatribu.com).
JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD: VENÍ A LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS, TU PRESENCIA ES IMPORTANTE. Son orales y públicos: si tenés 18 años o más podés ingresar con tu DNI o cédula (pasaporte para extranjeros) media hora antes de las audiencias. Podés consultar el cronograma actualizado de todas las audiencias en www.hijos-capital.org.ar. A LOS GENOCIDAS LOS JUZGA UN TRIBUNAL, PERO LOS CONDENAMOS TODOS. 
H.I.J.O.S. 15 años.  Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. www.hijos-capital.org.ar (Agencia Paco Urondo)

09.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) "Mi nombre es Angela. Soy hija de Alicia Raboy y de Francisco Urondo. Perdí a mis padres el 17 de Ju.nio de 1976, en Mendoza, luego de que la policía tiroteara el auto en el que viajábamos. Papá fue asesinado y mamá fue secuestrada, llevada a la D2 y desde entonces continúa desaparecida.
El 11 de febrero de este año, debía comenzar el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos por el personal de la D2 de Mendoza, en perjuicio de 24 víctimas, incluidos mis padres. El juicio debía llevarse a cabo en el Tribunal Oral Federal N° 1 de la provincia de Mendoza, presidido por el Juez Juan Antonio González Macías e integrado por los camaristas Héctor Cortés y Alejandro Piña, pero pocos días antes de su comienzo, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, resolvió apartar al juez González Macías. Hoy la Corte declaró nula la resolución y se abre una esperanza de que puedan comenzar los juicios finalmente en Mendoza.LA CAMARA FEDERAL DE MENDOZALos camaristas federales Julio Demetrio Petra junto a Pereyra Gonzalez (hoy renunciado a partir de una compulsa penal en San Luis para que se investigue su participación en crímenes contra la humanidad), dejaron en libertad a todos los represores imputados, otorgándoles el beneficio de prisión domiciliaria (con la amenaza que esto significa para los sobrevivientes) y sus resoluciones, inclusive le permitieron a uno de ellos irse de vacaciones a Mar del Plata, sin importarles que están acusados de delitos gravísimos como: la desaparición de personas, secuestros, torturas y homicidios.
Pero la complicidad de los camaristas garantistas de la impunidad, va mucho más lejos. El día 20 de Agosto el juez federal Walter Bento imputó a los camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano (compañeros de Petra y Pereyra Gonzalez), por ser cómplices de la violación sistemática a los Derechos Humanos, durante la última dictadura militar. Fue en respuesta a un requerimiento presentado por el fiscal federal Omar Palermo, para que magistrados y ex funcionarios judiciales que actuaron durante los años de la dictadura, sean acusados formalmente de haber formado parte del aparato represivo en Mendoza. Luis Miret fue imputado por no promover la investigación penal de 31 hechos relacionados a desapariciones de personas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y homicidios, mientras se desempeñaba como juez federal de primera instancia. Está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, precisamente, por las denuncias vinculadas con su actuación entre 1975 y 1983. Otilio Romano está señalado como partícipe secundario de esos delitos y de haber garantizado la impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. De no estar protegido por los fueros que posee por ser magistrado, Romano debería haber sido detenido inmediatamente después de ser citado a indagatoria.
Luis Miret y Otilio Romano siguen en funciones dentro del poder Judicial, con el agravante de que Luis Miret es además profesor de ética y filosofía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (fue expulsado por la Universidad pero un conjuez designado a partir de un procedimiento que esta denunciado para ser investigado resolvió otorgar un amparo a Miret y obligar a la Universidad Nacional de Cuyo a reincorporarlo). Romano también consiguió que un conjuez le hiciera lugar a un amparo contra el consejo de la Magistratura, para no ser investigado, ni suspendido como magistrado a pesar de los graves delitos de los que esta acusado (como partícipe de crímenes contra la humanidad y también está denunciado penalmente, para que se investigue como se produjo el amparo contra el Consejo de la Magistratura).Las causas contra los represores, no pueden estar en manos de represores.Es mi intención generar conciencia sobre la difícil situación judicial de Mendoza, para que sea una voz amplia y potente, exigiendo la urgente depuración del poder Judicial para que pueda haber Justicia.Agradezco por anticipado la difusión y las adhesiones que todos puedan sumar a esta causa. Atentamente, Angela (Agencia Paco Urondo)

08.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, en elargentino.com) Llegaron de Italia con un sueño y conocieron el horror. El diputado estuvo detenido en el “pabellón de la muerte” del penal de Sierra Chica. Su madre y el menor de sus hermanos fueron secuestrados y continúan desaparecidos.    Cada mañana, cuando las campanas de la iglesia anunciaban el regreso de los pescadores, la niña hacía un esfuerzo para asomarse por la ventana. Aún estaba lejos del metro de altura, pero Ángela María Aieta –todos le decían María– se las ingeniaba para mirar el color del mar. Hasta el horizonte, el Tirreno era una manta infinita, azul y verde. El mar ofrecía aventuras. La promesa de un futuro próspero. María vivía en la zona costera de Fuscaldo, en la provincia calabresa, bien al sur de Italia. La ribera del pueblo era conocida como la Marina. Su hogar era una casona amplia y llena de voces que sus padres compartían con otras cuatro familias: los Franco, los Moliné, los Luca y los Pollola.
Humberto Victorio Gullo también vivía en Fuscaldo, a unos cuantos metros de la costanera. Cuando le preguntaban su dirección, contestaba con algo de vanidad: “Número 1 de la calle del Castelo.” Humberto solía bajar desde la parte alta de Fuscaldo –el Paese– para ir al muelle a comprar pescado. Para llegar debía pasar por delante de la casa de los Aieta. Ni María ni Humberto podían imaginarse que varios años después se cruzarían en Buenos Aires, capital de ese sueño de la abundancia llamado Argentina. Aquella era una infancia llena de privaciones, anterior a la Segunda Guerra. Aún no había llegado el tiempo de “hacer la América”.
María y Humberto llegaron por separado. Habían partido del mismo lugar, pero se conocieron en Buenos Aires. Se casaron a mediados de 1936, un año y medio más tarde nacía su primer hijo. Después llegó el segundo. Y en 1947, al año del triunfo de la fórmula Perón-Quijano, tuvieron al tercero. Humberto pensó en hacerle un homenaje al presidente. Quiso llamarlo Juan Domingo. María no estaba muy convencida. Al final lo llamaron Juan Carlos Dante. El primer nombre por Perón, los otros dos en un gesto a las tradiciones familiares y a Italia.
Eran la típica familia inmigrante, sin estudios pero con una voluntad de progresar a toda prueba. En Fuscaldo, María había hecho hasta tercer grado. Pero era curiosa. Autodidacta, leía todo lo que pasaba por sus manos. Humberto sabía el oficio de sastre. Consiguió trabajo como capataz en la sastrería Spiro y Demetrio. María lo ayudaba cosiendo trajes, zurciendo prendas para adelantar arreglos. Cuando pudieron, levantaron una casa. La hicieron de dos plantas. Se instalaron en Cachimayo al 1900, Bajo Flores, un barrio de casas bajas y fábricas, de fundiciones y repuestos para la industria metalmecánica. Después de la casa, la prioridad sería que los hijos tuvieran una carrera universitaria. En 1950 nació el cuarto hijo. Le pusieron Salvador Jorge, enseguida le quedó Jorge, a secas.
 A mediados de los ’70, cuarenta años después de la llegada a la Argentina, María y Humberto vivían a su modo la efervescencia camporista. La casona de Cachimayo solía ser escenario de reuniones acaloradas. Dos de sus hijos formaban parte de la Juventud Peronista. Hacía tiempo que Juan Carlos Dante Gullo, el tercero, a quien su familia llamaba Dante y sus compañeros Canca, se había convertido en uno de los rostros más conocidos de la agrupación juvenil del peronismo. Era el dirigente de la JP, regional 1. Jorge, el menor de los cuatro, había seguido su camino. Fanático de River, jugaba al fútbol en el club Oeste, de José María Moreno y Alberdi. “Era un muy buen cinco, un buen centrojás. Lo habían venido a buscar de Ferro”, lo recuerda hoy Dante.  El dirigente de la JP fue arrestado en abril de 1975. La detención de su hijo Dante hizo aflorar el carácter de María, su impulso maternal. Se convirtió en una de las mujeres más activas de la Comisión de Familiares de Presos Políticos. La conocían en Villa Devoto, sabían de ella en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica. María organizaba a los familiares de otros detenidos para viajar juntos hasta la cárcel del sur bonaerense.      La tarde del 5 de agosto de 1976, María conversaba con su marido cuando escuchó ruidos en el fondo de la casa. Pensó que era la hora del cambio de turno en la fábrica de cocinas Volcán. Pero no eran obreros que entraban o salían por el cambio de turno. La calle estaba ocupada por una patrulla militar. Zona liberada. De pronto, sin que Humberto pudiera hacer nada, el patio trasero se había llenado de individuos con armas largas. Venían a secuestrarla.
 Dante estaba detenido en el “pabellón de la muerte” de Sierra Chica. Lo integraban miembros de la JP, Montoneros, el PRT y el ERP. A los dos días del secuestro de su madre, un guardia del Servicio Penitenciario que en secreto simpatizaba con la JP se acercó a su celda. Lo preparó para lo peor.  “Me parece que hay problemas con tu vieja.” El penitenciario le mostró un pedido de hábeas corpus firmado por su padre y por uno de sus hermanos. El hábeas corpus había sido publicado en Clarín. Dante escribió una carta dirigida a Albano Harguindeguy: “La cosa es conmigo.” Pidió que dejaran libre a su madre. Que hicieran con él lo que quisieran. La carta salió de la cárcel en secreto. Fue remitida por otro miembro del Servicio Penitenciario; la despacharon desde el correo de la localidad vecina de Hinojo. Nadie se hizo eco del pedido. Tampoco hubo respuesta.
  María no volvió a aparecer con vida. Jorge pudo salir del país después del golpe. Participó en la campaña internacional para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos. En abril de 1979 volvió al país con la primera contraofensiva montonera. Lo secuestró un grupo de tareas de la ESMA. “Murió después de varios días de tortura”, dice su hermano.  (Agencia Paco Urondo)

08.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El Espacio Social y Cultural COMUNArte, en el marco de la Semana de Boedo 2010, organiza el Acto-Homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo con motivo de la candidatura al Premio Nobel de la Paz.
La actividad se realizará en el Bar Esquina Homero Manzi (Av. San Juan y Boedo) este viernes 10 de septiembre a las 18.00 hs., con la presencia de Ildefonso Pereyra, integrante de la Red de Cultura de Boedo; Raúl Sánchez, coordinador del Espacio Comunarte; Alejo Ramos Padilla, abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad, Estela de Carlotto,  presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y Daniel Filmus, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires.
           
“Es un orgullo para nuestro país y nuestro pueblo que estas mujeres luchadoras y tenaces sean candidatas para recibir el Nobel de la Paz en reconocimiento a esta lucha de casi 30 años. Este es un homenaje a su inmensa lucha y valentía", expresó el lic. Raúl Sánchez, coordinador del Espacio COMUNArte y uno de los impulsores de la actividad. (Agencia Paco Urondo)

06.09.2010

Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Tiempo Argentino, por Gimena Fuertes) Los Graiver, los Gutheim y los Greco no fueron los únicos obligados a vender sus bienes bajo amenazas y torturas.
Los casos, relevados hasta ahora por la Secretaría de Derechos Humanos, corresponden a exitosos hombres de negocios que resultaban un obstáculo para los grupos monopólicos cercanos a las cúpulas de las Fuerzas Armadas. En el país hay 604 casos de empresarios despojados por el accionar represor de la última dictadura militar, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos. Son víctimas del saqueo y de delitos de lesa humanidad, debido a que el avance de su actividad económica en determinados rubros era un obstáculo para los grupos monopólicos cercanos al poder político dictatorial.
 
La metodología que denunció Lidia Papaleo para explicar cómo Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa es similar a la que sufrieron todos los dueños de empresas apropiadas: secuestro, amenaza, libertad ambulatoria y firma de cesión de propiedades o acciones a empresas fantasmas y venta final a empresas monopólicas o vaciamiento. Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino eran prósperos empresarios lácteos hasta que los represores tomaron el poder del Estado. Entonces fueron secuestrados y torturados hasta que –obligados– vendieron sus campos de 25 hectáreas en Santiago del Estero y su avión privado cuyo valor ronda los 120 millones de dólares.
 
A cambio, la familia recibió tres documentos valuados en alrededor de 300 mil dólares y las escrituras de 28 hectáreas de la cancha de golf del Sierras Hotel de Alta Gracia, que actualmente se encuentra en manos del Alta Gracia Golf Club y que aún reclaman los Iaccarino. En tanto, Daniel Paskvan, un prominente empresario agrícola, perdió durante la dictadura sus fábricas de Roque Pérez y Lobos, y las acciones de otra empresa en Santa Fe. En diálogo con Tiempo Argentino, las víctimas de estos delitos destacaron que todavía están en litigio con el Estado para recuperar sus bienes. Mientras los Iaccarino están en juicio en el Tribunal Federal N˚ 1 de La Plata, a cargo del juez Hugo Corazza, Paskvan logró probar ante la justicia federal los delitos de subversión económica y violación de deberes de funcionario público. Como todavía la provincia de Buenos Aires no lo resarció, viajó el jueves pasado a La Haya para poder recuperar algo de su dinero.
 
Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos, a cargo de la Unidad Especial de Víctimas de Despojo Económico durante la época de la dictadura, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora querellante en la causa de los Graiver, investiga delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. El funcionario confirmó a Tiempo Argentino que hasta ahora están registrados 604 casos de empresarios despojados. -El ministro de Economía de facto José Alfredo Martínez de Hoz y su grupo llevaron adelante una operatoria para concentrar la actividad económica en pocos grupos que respondieran a sus intereses.
 
Hay una actividad común y un modus operandi similar en todas las apropiaciones, contextualizó. -No son saqueos de las casas de los secuestrados por parte de los grupos de tareas para obtener un botín de guerra, sino que son aquellos casos en los cuales lo que se hizo fue despojar a las víctimas con una motivación que era el despojo planificado. Tenía que ver con el verdadero objetivo que era el sistema económico del cual Martínez de Hoz era la cabeza visible, explicó Alén. Y agregó: -Es un tipo de delito que no es igual que los crímenes comunes, necesita un tratamiento diferenciado por sus características particulares.
 
Hoy Martínez de Hoz cumple prisión domiciliaria por el caso de los empresarios Miguel y Federico Gutheim, a partir de la derogación del decreto de Carlos Menem que lo indultaba. Los Gutheim, quienes fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976 y quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional porque Martínez de Hoz estaba negociando créditos con el gobierno de Hong Kong y ellos, dueños de la empresa importadora y exportadora de algodón, tenían desacuerdos comerciales con empresarios asiáticos. Cinco meses de cautiverio bastaron para ablandar a los Gutheim para que terminaran firmando lo que pretendía la cúpula represora.
 
El caso de Daniel Paskvan, el empresario avícola que tenía plantas productoras en Lobos y Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, es tan paradigmático como el de los Gutheim, los Iaccarino y los Graiver. El 16 de mayo de 1980 con un operativo policial y militar los militares toman la empresa por orden del que era entonces ministro del Interior de la última dictadura, Albano Harguindeguy. -Vino la policía y nos dijeron: -estos son los nuevos dueños. Nos despojan de todo, de la empresa avícola y la fábrica de alimentos balanceados de Roque Pérez y Lobos, de un depósito en Capital Federal y de varios vehículos. Parecía una película. Todo el personal con uniforme de combate rodeando la empresa en el medio del campo. En ese momento ningún escribano nos quiso hacer un acta en que figurara que teníamos la empresa tomada por el ejército, recordó en diálogo con este diario. Los militares no necesitaron secuestrar a Paskvan para hacerse de las acciones de las dos empresas, ya que las robaron directamente del Banco Tornquist, propiedad del grupo de Héctor Capozzolo.
 
-Agarran las acciones y se quedan con las dos empresas, una de Santa Fe, de mi padre, Dalmacio Paskvan, que era el principal accionista y la otra de Roque Pérez y Lobos, de la que éramos dueños mi padre y yo. Según cuenta este empresario, una empresa multinacional que se llamaba Nutrimentos, que había comprado parte de la empresa local Purina, -pretendía quedarse con nuestras empresas y pasar a manejar el mercado. Paskvan inició una tarea judicial titánica para poder probar estos delitos y hasta ahora logró probar defraudación, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el juzgado penal de La Plata. En los tribunales de Azul probó subversión económica. Sin embargo, todavía no pudo recuperar un peso de todo lo perdido. Las acciones robadas de la empresa de Santa Fe no las volvió a ver, pero a partir de las condenas por el operativo en la provincia de Buenos Aires, recuperó la administración judicial de lo que quedaba de su empresa: sólo deudas. -Me devolvieron un muerto, sintetizó.
 
Ahora reclama una reparación por parte del Estado y está tratando de llevar adelante un juicio político contra el fiscal del Estado de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Szelagowki, en ese cargo desde 1987, quien todavía no ordenó el resarcimiento por los delitos cometidos contra estos empresarios durante la dictadura. Este jueves viajó a la ciudad de La Haya en donde está tramitando desde hace tres años una causa en la Corte Penal Internacional. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Alén opina que -el país sigue pagando las consecuencias de estas acciones. Es necesario establecer las complicidades del bloque civil con la parte militar, ya que fue una dictadura cívico-militar. Los grupos concentrados tuvieron una fuerte participación para instalar un modelo que pretendía que hubiera pocos grupos con actividad concentrada, y todo lo que se les escapaba tenía que ser suprimido. (Agencia Paco Urondo)

06.09.2010

Madrid, España (Agencia Paco Urondo, publicado en diario El País, por Natalia Junquera) El Gobierno de España deberá informar si está investigando la existencia de un plan de exterminio de republicanos en la Guerra Civil y la dictadura.- Familiares de los represaliados creen que es una "gran noticia" y recuerdan a Garzón

Argentina reabre la causa contra el franquismo. La Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal ha declarado este viernes nulo el auto de la juez María Romilda Servini de Cubría por el que archivó la querella por genocidio presentada en Buenos Aires el pasado 14 de abril por familiares de desaparecidos españoles y las diez organizaciones de derechos humanos más importantes del país.

Los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, personada en la causa, están "muy emocionados por la noticia". Su vicepresidente, Santiago Macías, que viajó a Buenos Aires para presentar la querella el pasado 14 de abril, declaró que tienen "mucha ilusión puesta en este proceso" después de que en España se les hubieran cerrado todas las puertas. "¡Estamos muy contentos!", ha exclamado. Respecto a la respuesta que pueda dar el Gobierno español al exhorto por vía diplomática que enviará Argentina para que aclare si en España ya se está investigando el genocidio franquista, Macías se teme cualquier cosa y lo peor. "Cuando presentamos la querella, José Bono dijo que locos había en todas partes. Si responden que en España ya se ha investigado estarían mintiendo, y todo el que está afectado sabe por qué.
Lo único que hay en España es una ley de memoria que da subvenciones a los familiares para que busquen a sus desaparecidos. Si el Gobierno respeta tanto a la justicia como dice, incluso cuando toma la decisión que ha tomado sobre debería respetar también a la justicia argentina, que en este aspecto, ha hecho bastante más que la española".
el juez Baltasar Garzón,
El auto, firmado por el juez Horacio Holando Cattani, declara nulo "por carecer de fundamentación y de sustento en el ordenamiento procesal vigente" el archivo de la causa y estima la petición de los querellantes de que se libre exhorto por vía diplomática "a fin de que el Gobierno español informe si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".
El juez señala que el fiscal obtuvo "de Internet" la argumentación por la que decidió no apoyar la apertura de la causa y que motivó que la juez decidiera archivarla, esto es, que en España ya estaba abierta "una investigación penal con idéntico objeto". Y añade que el hecho de que el fiscal fuera partidario de no abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo no debiera implicar el coerre automático de la causa porque de lo contrario no se estaría garantizando "el derecho a la tutela judicial efectiva".
La primera razón por la que un Estado debe perseguir un delito, explica el juez, es "la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, entendiendo a la persecución penal como un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en el que se establezca la existencia o no de la violación a su derecho, se identifique a los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes".
Beinusz Szmukler, abogado de los querellantes, opinó que la respuesta del Gobierno español a ese exhorto por vía diplomática para que explique si en España hay abierta una "investigación penal con idéntico objeto" en ningún caso podría ser sí, "porque en España desde que el juez Baltasar Garzón repartió la causa entre los juzgados territoriales, se investiga la desaparición de personas concretas, pero no un genocidio". (Agencia Paco Urondo)

06.09.2010

Santiago, Chile (Agencia Paco Urondo, enviado por Asamblea Nacional Por Los Derechos Humanos Chile)
Señor: Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Palacio La Moneda
Santiago, Chile
Presente:
 
Lo primero que quiero decirle es que escribo esta carta con mucha tristeza. Mi nombre es Relmutray Cadin Calfunao, de 12 años de edad, en estos momentos vivo en Suiza, y desde el 10 de Septiembre del año 2008 estoy a la espera del resultado de mi solicitud de asilo político en este país. Soy la hija menor de la lonko Juana Calfunao Paillalef, presa política mapuche que se encuentra encarcelada en la cárcel de Temuco por más de 4 años, sentenciada por ofender la a autoridad.
 
A pesar de la buena conducta de mi madre, y no haber herido ni causado daño a nadie, las autoridades judiciales le han negado en tres ocasiones la solicitud de libertad incondicional. En estos momentos, mi madre está enferma, producto de las torturas, tanto físicas como psicológicas, de las que ha sido objeto durante su detención.
 
La mala salud de mi madre se ve agravada por la tristeza que la embarga al observar que la vida de su hijo Waikilaf, quien se encuentra en huelga de hambre por más de 50 días, se consume lentamente. Mi hermano Waikilaf se encuentra en huelga de hambre desde el 12 de julio, junto a otros 32 hermanos mapuches. Además de la tristeza que me causa la mala salud de mi madre y de mi hermano, quien en los últimos días ha sido llevado de urgencia al hospital para salvarle la vida, ayer me enteré que otros tres niños mapuches se sumaron a la huelga de hambre, protestando por su inocencia y por haber sufrido torturas en las cárceles chilenas.
 
Sr. Presidente, yo no entiendo de política, porque soy solo una niña, pero me pregunto, ¿porque existe tanta represión contra mi pueblo? Los mapuches que llevan años encarcelados, como mi madre, no han matado ni robado a nadie, mientras que policías, que en los últimos años han matado a cinco jóvenes e hicieron desaparecer otro, están libres. ¿Donde está la justicia?
 
Señor presidente, como exiliada mapuche solicito que atienda usted las siguientes demandas que están solicitando mis hermanos mapuches en huelga de hambre:
 
- No aplicación de la ley antiterrorista
- Derogación del doble procesamiento, civil y militar
- La desmilitarización de las comunidades mapuches, y no más violencia contra los niños y niñas mapuches
- Respeto al debido proceso (juicios justos)
- La retirada de nuestro territorio de las empresas forestales y de las empresas contaminantes
 
Señor presidente, a pesar de las pesadillas que me causan el brutal asalto de mi casa, los allanamientos reiterados de mi comunidad y el apaleo de mi madre que observe cuando pequeña, mi gran deseo es volver a mi tierra. Si esta represión cesara en nuestra comunidad y tuviera un hogar, libres de allanamientos y además se respetara a los niños, yo bien podría volver a mi comunidad a disfrutar del paisaje de los ríos y de la naturaleza de mi tierra y volver a estar junto a mis padres y hermanos. “De usted depende, señor presidente”.
 
Atentamente.
Relmutray Cadin Calfunao
Exiliada Política Mapuche
Suiza 02 de Septiembre 2010
 
P.D.- Pido a quien quiera que lea esta carta, que si tiene a bien visitar a mi madre la Lonko, Juana Calfunao Paillalef, lo puede hacer en la cárcel de mujeres, Callejón Carmines 0249, Temuco, IX Región, y a mi Hermano Waikilaf Cadin Calfunao Cárcel de Ango; o a mi Padre en Chile. Antonio Cadin Huentelao (Agencia Paco Urondo)