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El industricidio que estamos viviendo es multicausal. En primer término se intentará desbrozar sus causas principales, comenzando por una visión rígida y estrecha de la economía y de los procesos de desarrollo que niega su complejidad; continuando con las inconsistencias que presentan las actuales políticas de promoción industrial, el RIGI, el RIMI y el recientemente anunciado Super RIGI; y por último el empleo permanente e indiscriminado del ajuste.

Seguidamente se analizarán las consecuencias de esas políticas sobre el tejido industrial, la caída del consumo, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, incluyendo la salida del país de numerosas e importantes empresas multinacionales.

Para finalizar mostrarán algunas soluciones al industricidio que estamos viviendo, soluciones que será necesario profundizar, debatir y consensuar.

Principales causas del industricidio

La negación de la realidad

El presidente Milei hasta aquí viene planteando que el único problema de nuestra economía son el déficit fiscal y el de la balanza comercial y que una vez solucionadas ambas cuestiones la inflación se verá controlada y las fuerzas del mercado se encargarán por sí mismas de encauzar primero la senda de un crecimiento económico sostenido y el derrame de beneficios al conjunto de la sociedad, después.

Para resolver el déficit Milei fiscal plantea que el único camino posible es el ajuste del gasto público y no sólo niega la posibilidad de eliminar el déficit por la vía del crecimiento sino que acusa a ese camino de un populismo que debe ser completamente erradicado, asegurando que "Argentina va a ser investment grade el día que los argentinos terminen de sepultar al populismo"

La linealidad de su pensamiento también niega considerar la experiencia de países como EE.UU. y Brasil, entre muchos otros que logran mantener niveles inflacionarios reducidos, tasas de crecimiento sostenidas a largo plazo, a pesar de mantener un pequeño déficit fiscal.

También niega ver que las fuerzas del mercado, con las grandes empresas a la cabeza, vienen actuando a tono con los preceptos del neoliberalismo y se encuentran más concentradas en acumular sus propios beneficios que en pergeñar soluciones que hagan al bien común. Esa postura explica que las únicas propuestas de las grandes empresas para lograr crecimiento sean la reducción al mínimo de la estructura gubernamental y la reducción del salario y sus costos asociados.

Es imprescindible destacar que la actual gestión sólo viene manteniendo una apariencia de superávit fiscal, ya que el mismo es alcanzado mediante un ajuste permanente del gasto y las inversiones que forman parte de las funciones indelegables del estado, como son la salud, educación, sistema previsional, desarrollo científico tecnológico y la defensa nacional. Asimismo el último reporte del FMI advirtió sobre el empleo de subterfugios contables que permiten mostrar cierto superávit fiscal.

Por añadidura Milei favorece a las grandes empresas con reducciones impositivas que obligan a un ajuste creciente y permanente, lo que genera una cada vez mayor caída de la demanda y por ende de la producción, del empleo y de la propia recaudación fiscal, generando el círculo vicioso en que estamos sumergidos.

Aunque inconexas las recientes políticas destinadas a promover nuevas inversiones muestran que el propio Milei comienza a ver la insuficiencia de pensamiento originario.

Las inconsistencias entre el RIGI, el RIMI1 y el Super RIGI

Lo primero a señalar son las limitaciones que imponen esos regímenes al dejar sin promover a cualquier inversión de empresas grandes (con ventas superiores a los $ 64.239 millones anuales, hoy unos US$ 45 millones) que no alcancen la inversión mínima requerida por el RIGI de US$ 200 millones que exige el RIGI como inversión mínima.

También quedarían sin promoción inversiones inferiores a US$ 150 mil realizadas por microempresas, inferiores a US$ 600 mil realizadas por empresas pequeñas, inferiores a US$ 3,5 millones realizadas por empresas medianas del tramo 1 o a US$ 9 millones para medianas del tramo 2.

Asimismo corresponde señalar las asimetrías entre los beneficios dispuestos por el RIMI para PyMEs y los beneficios establecidos por el RIGI y el Super RIGI.

Para PyMEs los beneficios del RIMI se limitan a la posibilidad de acceder a un régimen acelerado de amortización en el impuesto a las ganancias de las inversiones realizadas en bienes muebles amortizables, obras, equipos de riego agrícola, mallas antigranizo o bienes semovientes amortizables; mientras que los principales beneficios del RIGI son la reducción hasta el 25% de la tasa del impuesto a las ganancias, tasa que en el Super RIGI se reduce al 15%, con una duración de 30 años en ambos casos.

Entre los regímenes del RIGI y el Super RIGI existen tres diferencias centrales.

La primera es el destino, mientras el RIGI ya vigente está dirigido a proyectos energéticos, mineros y logísticos e incluye la posibilidad de incorporar proyectos foresto-industriales, tecnológicos o turísticos, el super RIGI se enfoca en nuevas producciones de mayor valor agregado, como baterías de litio, semiconductores, data centers, IA, biotecnología avanzada, defensa, etc.

La segunda diferencia estriba en las inversiones mínimas exigidas por cada régimen, que en el caso del RIGI varían entre US$ 200 y 600 millones, según el sector, mientras que el Super RIGI exige para todos los casos una inversión mínima de US$ 1.000 millones.

Por último la tercera gran diferencias es el nivel de los incentivos. Respecto al Impuesto a las Ganancias el RIGI otorga una tasa del 25% por 30 años que el super RIGI la reduce al 15% por igual período. Respecto a la amortización acelerada el RIGI prevé 40% en año 1, 30% año 2, 30% año 3; el super RIGI la profundiza hasta 60% en el año 1, 20% en el año 2 y 20% el año 3. Sobre los aranceles de exportación del 0% recién aplican a los 3 años desde la puesta en marcha en el RIGI que pasa en el Super RIGI al 0% desde el día 1 de producción comercial en el nuevo proyecto; mientras que en el caso de los aranceles de importación se pasa del 0% sólo para bienes de capital en el RIGI al 0% para todos los bienes de producción, incluyendo bienes de capital, insumos, repuestos, servicios importados en el Super RIGI.

Resulta también imprescindible poner de manifiesto la enorme contradicción que significa en intento de dar impulso a inversiones de alto valor agregado y de frontera tecnológica mediante el Super RIGI, mientras en simultáneo se desfinancia la educación en todos sus niveles y en especial el universitario, así como el sistema científico tecnológico y se intenta el cierre del INTI.

Lo dicho para estos sistemas destinados a promocionar las inversiones demuestra la falta de conocimientos y de profesionalidad de quienes lo diseñaron y los que los pusieron en vigencia o dieron inicio a su trámite legislativo, en el caso del Super RIGI.

El ajuste permanente

La necesidad del ajuste impuesto por la política gubernamental se ve reforzada por las cada vez más estrictas y contraproducentes recomendaciones del FMI.

El Staff Report 2026 para el Artículo IV Segunda Revisión y en especial el anexo de los Selected Issues resaltan los ajustes que “se recomiendan” a nuestro país en materia tributaria, así como las lecciones resultantes del programa de ajuste, la necesidad imperiosa de fortalecer las reservas internacionales y las implicancias de la reforma laboral incluyendo algunas sugerencias adicionales.

El staff el FMI “sugiere” aprobar en este mismo año una reforma tributaria que amplie al 20% la proporción de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, a la vez que sugiere igualar los aportes de los monotributistas al mismo nivel que los autónomos. La reforma incluye la mejora en la recaudación que se lograría eliminando los regímenes y programas que otorgan reducciones impositivas a ciertos sectores económicos.

Según estima el staff del FMI con la aplicación de esta reforma se podría aumentar la recaudación en un 3,3% del PIB. La eliminación de exenciones impositivas, tales como las excepciones al IVA y la eliminación de zonas libres de impuestos, aportaría una mejora en la recaudación 0,8 puntos del PIB; la ampliación de la base que aporta impuesto a las ganancias sumaría una mejora de 1,4 puntos del PIB, mientras que la alineación de los monotributistas con los autónomos agregaría un aumento de 1 punto adicional.

Según el staff las reformas que aumentan los ingresos deberían permitir la eliminación gradual de los impuestos distorsivos sobre el comercio y las transacciones financieras.

Cualquiera sea la reforma que finalmente se apruebe resulta evidente que las directivas del FMI resultarán en más ajuste, con mayor impacto sobre los trabajadores y los sectores menos favorecidos y resultará en una mayor caída del consumo y sus consecuencias sobre la actividad manufacturera y el empleo.

Las consecuencias del industricidio

Aunque conocidas no se puede dejar mencionar el daño producido al tejido social y en el productivo de los primeros 2 años y medio de la presidencia MiIei, que sintéticamente son las siguientes:

• Se perdieron aproximadamente 300.000 trabajos registrados. Los sectores más afectados fueron la construcción con una pérdida de 76.292 puestos de trabajo; la industria, con una pérdida de 63.787 puestos y el empleo público nacional que perdió 62.768 puestos de trabajo;

• Aumento del empleo informal a un nivel del 44,2%;

• Las paradojas del crecimiento con menos empleo: el sector agrícola mejoró su actividad en un 41% y su nivel de empleo aumentó en sólo 1,8%; la minería e hidrocarburos aumentaron su actividad en 16% mientras reducían su empleo en 3,3%; por último el sector financiero aumentó la actividad en 18,7% con una reducción del empleo del 2%;

• Se ha registrado el cierre de aproximadamente 24.180 a 25.000 unidades productivas. Los sectores más afectados fueron los orientados al mercado interno y la manufactura, especialmente en el comercio minorista, la construcción y las PyMEs;

• Según INDEC la tasa de desempleo en aumentó del 5,7% a fines de 2023 al 7,5% al cierre de 2025, lo que representa un aumento de más de 270.000 personas en la búsqueda activa de trabajo. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes menores de 29 años;

• Incremento del porcentaje de trabajadores que para subsistir deben recurrir a dos o más empleos.

Para finalizar con las consecuencias del industricidio no se puede dejar de mencionar la salida del país o el abandono de actividades productivas de empresas multinacionales.

Durante 2024 se retiraron del país, dejaron de producir, reemplazaron producción local por importaciones o cedieron el uso de su marca a empresas nacionales ExxonMobil, HSBC, Prudential, Procter & Gamble, Clorox, Xerox e Internexa. En 2025, hicieron lo propio Petronas, Enap Sipetrol, Mercedes Benz, Telefónica, Southern Cross, SHV Holding (Makro), Nutrien, Dasa y Magnera.

Algunas soluciones posibles

En respuesta al descalabro social, económico y productivo distintos equipos político-técnicos de la oposición vienen trabajando en la elaboración de programas destinados a un próximo gobierno.

Hasta donde se conoce se destaca en primer lugar la propuesta “La industrialización del país como política de estado - Una propuesta industrializadora para Argentina”, un aporte de sindicatos industriales que reafirma el rol del Estado en la definición de la política pública, y en particular de la política industrial, recuperando su papel central como organizador y regulador de las actividades económicas, con presencia estratégica en sectores y empresas claves, tanto públicas como privadas.

• En materia tributaria la propuesta consiste en el reemplazo del modelo de acumulación de valorización financiera por la promoción de la inversión productiva y la competitividad de la industria nacional, en base al financiamiento estratégico para la producción y el desarrollo la reforma tributaria y justicia fiscal para una distribución equitativa del ingreso; define los ejes para una posible reforma tributaria y propone un régimen de incentivos tributarios para el desarrollo de las PyMEs y la industria nacional;

• Respecto de infraestructura, logística y obra pública, propone un plan que garantice la conectividad, reduzca costos y potencie las capacidades productivas del territorio, incluyendo transporte multimodal y repoblamiento federal los aportes a la Red de Nodos Logísticos Multimodales para integrar la Argentina y el Canal Magdalena para mejorar la conectividad;

• En materia energética propone redefinir la matriz energética, estableciendo una estructura tarifaria competitiva y alineada con las necesidades de la industria nacional, acompañada por la promoción de energías estratégicas (litio, eólica, nuclear, solar, entre otras) y tomando en cuenta las particularidades en materia de generación de energía, industrialización y transición energética, y el papel del sector energético en los proyectos de desarrollo industrial;

• Respecto a las políticas productivas plantea fundarlas en el trabajo y la producción, fortalecer el desarrollo de capacidades locales, respetar la diversidad productiva de cada región y fomentar la agregación de valor en origen mediante cadenas de valor con presencia federal, dar impulso a las PyMEs con eje en el desarrollo con inclusión, y proponer como sectores estratégicos a la industrialización del litio, el desarrollo de baterías, la promoción de la movilidad sustentable, la industria naval y la producción de bienes de capital;

• Las propuestas se completan con un programa de capacitación y formación profesional, con contenidos adaptados a los cambios tecnológicos vinculados a la Industria 4.0 y la transformación digital, complementado con el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, el impulso a los institutos técnicos de apoyo (INTI, INTA, CONICET, etc.) y la recuperación de las carreras científicas bajo la órbita de un ministerio especializado. En materia educativa plantea la necesidad de capacitación y formación técnico-profesional.

A su vez el Foro Economía y Trabajo ha elaborado y publicado a lo largo de los últimos 22 meses más de cincuenta textos de análisis, diagnóstico y propuestas sobre aspectos centrales para un plan de gobierno, incluyendo temas como la deuda externa, reforma impositiva integral, reforma laboral, jubilaciones, política de ingresos, política energética, inflación precios y salarios, política federal productiva, desarrollo científico y tecnológico, entre otros. En estos momentos el Foro está encarando la consolidación de sus propuestas dando forma a un plan de gobierno integrado.

A su vez el Movimiento Productivo 25 de Mayo, integrado por entidades y empresarios PyME y cooperativas, viene publicando decenas de trabajos de sus integrantes en materia de trabajo, producción y soberanía, ejes centrales de sus propuestas. Caben destacar sus aportes a una política de promoción del laboral y productiva que abarca a la totalidad de los sectores productivos y presenta como novedades la obligación de los beneficiarios de realizar una contraprestación al conjunto de la sociedad por los beneficios que reciban, así como que el nivel de beneficios a otorgar será diferenciado según el sector productivo, la localización y el tamaño de la empresa que lleve adelante el proyecto.

Por su parte el Centro de Estudios Derecho al Futuro, con menos de tres meses de existencia ya inició su tarea publicando documentos en materia de educación, salud, seguridad, infraestructura, trabajo y producción.

Con seguridad deben existen otras iniciativas que, en lo posible, deberían confluir en un programa consensuado para que el próximo gobierno ponga fin al desguace productivo y la desintegración social que hasta aquí venimos soportando.

1 Curiosamente establecido como parte de la ley de reforma laboral en su título XXIII.

Este martes la Confederación General del Trabajo (CGT) le presentó un reclamo al Consejo Federal Pesquero por el impacto de una iniciativa sobre la estabilidad laboral, la actividad de la flota fresquera y el sostenimiento de la industria pesquera en los puertos argentinos. Fue a través de una carta dirigida al presidente del organismo, Juan Antonio López Cazorla, y firmada por el triunviro, que compartimos a continuación:

Por medio de la presente nos dirigimos a ese Organismo con el objeto de manifestar nuestra profunda preocupación respecto de una iniciativa que posee impacto directo sobre la estabilidad laboral, la actividad de la flota fresquera y el sostenimiento de la industria pesquera en los puertos argentinos, conforme lo informado por los sectores trabajadores y empleadores de la actividad pesquera de la ciudad de Mar del Plata.

El denominado "Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi" (FOP) altera el equilibrio legal y operativo de la pesquería, perjudicando de manera directa a la flota fresquera y comprometiendo la continuidad de los puestos de trabajo vinculados a dicha actividad.

Asimismo, el traslado de materia prima hacia esquemas de procesamiento a bordo afecta el desarrollo de los puertos y las plantas de procesamiento en tierra, con la consecuente pérdida de valor agregado e industrial nacional.

Es de destacar que la solución a las tensiones de cuota existentes en la flota congeladora debe buscarse mediante una mayor transparencia en los sistemas de control y la revisión de los factores de conversión aplicables a dicha flota, y no a través de la detracción de recursos asignados a la flota fresquera.

Por todo ello, esta Confederación General del Trabajo solicita al Consejo Federal Pesquero:

La suspensión de cualquier reasignación estructural hasta tanto se realice una auditoría técnica independiente a cargo de un tercero imparcial y especializado (v.g., Bureau Veritas o entidad equivalente) bajo control estatal.

Determinación científica del rendimiento real de la operatoria a bordo de los buques factoría, para comprobar si los coeficientes actuales no están sobredimensionando artificialmente el consumo de CITC.

Alineación con Estándares Internacionales: Una revisión transparente no solo otorgaría previsibilidad al empleo, sino que reforzaría los procesos de mejora y certificación de la pesquería bajo los estándares del Marine Stewardship Council (MSC) en los que se encuentra la flota, un objetivo que el propio Estado ha comprometido apoyar

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

El gobierno dio un paso en falso al intentar el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo (VAT), símbolo de la política social retrógrada que impulsa Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano. La medida estaba prevista en la reglamentación del VAT, donde se establece una vigencia de solo dos años. Días antes del vencimiento, el ministerio difundió en redes sociales un sobrio comunicado para anunciar que el de abril sería el último pago. A partir de entonces, los beneficiarios dejarían de cobrar el dinero que originariamente percibían como complemento salarial por el trabajo que realizan, cuyo monto el programa había congelado en la magra cifra de 78 mil pesos y reducido a la condición de mera “ayuda” social. En lugar de este ingreso, el comunicado prometía a los interesados “vouchers para capacitación laboral”.

En casa rosada se disponían a celebrar la jugada magistral de Pettovello, como un nuevo peldaño en la ardua tarea de “hacer grande a la Argentina nuevamente". Puertas adentro se apresuraban a tachar otro casillero del itinerario fanfarrón TMAP (“Todo Marcha Acorde al Plan"). La prensa amiga no tardó en hacerse eco del exitismo oficial, y explicó el “cambio de paradigma”. Con la baja definitiva del VAT, el gobierno decretaba el punto final de la Argentina planera. Más pettovellistas que la propia Pettovello, los comunicadores aprovecharon una ambigua intervención de la funcionaria para enfatizar que, gracias a su gestión, “ya no existen los planes sociales”. La superministra solo había deslizado que "técnicamente, los planes no existen". Aunque al terminar en el falaz autoelogio de que su cartera barrió con los “intermediarios”, en el fondo parecía haber querido decir lo que los periodistas le atribuían. Al margen de la sobreactuación, las expresiones suenan desafortunadas en boca de la máxima autoridad de Capital Humano. Desde el minuto uno, su ministerio se dedicó a restaurar la lógica asistencial de los viejos planes sociales. El VAT es una clara muestra de ello: reformuló en clave asistencialista el Potenciar Trabajo, que tenía el acento puesto en el reconocimiento de las tareas laborales de los beneficiarios. Para ser más exacta, la ministra debió agregar que ella no combate los planes, sino el trabajo que realizan las personas estructuralmente excluidas del mercado laboral. Pero tampoco hay que pedir peras al olmo.

Como sea, a ojos del gobierno el círculo comenzaba a cerrarse. El VAT había eliminado a los “gerentes de la pobreza”. Ahora, con el cierre del programa, tocaba el turno de las propias organizaciones sociales. La asfixia económica las obligaría a desaparecer. El objetivo se sentía cerca, tanto que parecía cumplido. Era el último suspiro del país invivible. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo. Pese al aire victorioso de los despachos oficiales, la ministra Pettovello tuvo que recular. Se vio obligada a dar continuidad al VAT, restableciendo en contra de su voluntad el pago a los beneficiarios. Y en el camino, el gobierno libertario dejó en evidencia un grosero error de diagnóstico.

En un puñado de días, el sector más humilde de la clase trabajadora lo expuso a una triple derrota: primero en la calle, luego en tribunales, y, por último, en las propias oficinas de Capital Humano. La ágil reacción de organizaciones nucleadas en espacios de representación del sector (entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), fue clave para anotarse varios porotos a su favor en un partido con final abierto: consiguió que un tribunal de justicia les diera la razón, reinstaló el debate sobre “los planes” y desmintió el latiguillo sobre la desaparición de la movilización callejera (repetido con malicia por propios y extraños). El claro tropezón del gobierno no fue accidental, llegó forzado por la presión de la organización popular. En virtud de ella, la anunciada estocada final no pasó de ser otra rimbombante declaración de las crueles intenciones oficiales. Aunque todavía es prematuro asegurarlo, da la impresión de que el tiro de gracia salió por la culata.

Un laboratorio antipueblo a cielo abierto

En simultáneo a la puesta en vigencia del mega DNU 70/2023 y al accidentado tratamiento de la Ley Bases -aprobada con una feroz represión en las calles-, el ministerio de Capital Humano se obsesionó tácticamente con tres grandes hitos de la organización popular. Comenzó desabasteciendo y criminalizando a los comedores comunitarios que actúan como malla solidaria de contención en las barriadas más humildes. El conflicto escaló con el hallazgo de toneladas de alimentos en vías de pudrirse y la escandalosa eyección del funcionario estrella de la cartera. Luego de casi dos años de apilar reveses judiciales, que expusieron y condenaron los estragos del ministerio en materia de vulneración de derechos básicos, la Corte Suprema desestimó la apelación del gobierno y lo intimó a distribuir los alimentos almacenados (algo que viene cumpliendo solo a medias).

Al mismo tiempo desmanteló el programa de urbanización de barrios populares (cerca de 6500 en todo el territorio), modelo reconocido de política pública en cuya gestación, elaboración e implementación fueron protagonistas las propias organizaciones territoriales. Allí cumplió una destacada participación el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que el gobierno intentó vanamente desvirtuar a través de incontables operaciones mediáticas y judiciales. Durante años, la iniciativa gozó del acompañamiento transversal de todo el arco político, hasta que, con la mala excusa de la “caja negra”, el gobierno actual decidió interrumpir las obras, desmantelar la estructura administrativa del programa y eliminar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), no sin antes redireccionar los recursos hacia las arcas del Ministerio de Economía.

El último y más reciente capítulo de esta verdadera saga antimovimientos sociales es la transformación del ex Potenciar Trabajo en estos dos programas, Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social (PAS), que, en conjunto, niegan a los beneficiarios su condición de trabajadores. La misma condición que motivó al papa Francisco llamarlos “poetas sociales”, por su capacidad para convertir la exclusión en trabajo socialmente útil y así “crear esperanza” en un mundo que los somete a la cultura del descarte. La discrepancia no es menor, pero se comprende al advertir que el foco de estos programas estuvo puesto en destruir.

El gobierno los presentó con bombos y platillos, como santo remedio para todos los vicios de la política social K, cuando en verdad las diferencias de concepción son bastante menores a las deseadas. Formalmente dejaron sin efecto al Programa de Inclusión Laboral, lanzado sin pena ni gloria en el ocaso de la gestión de Alberto Fernández, a pocos días del ballotage que lo convertiría en letra muerta. Más allá de alguna importante concesión, fue un claro anticipo del rumbo que tomaría esta política pública en manos libertarias. El acento estaba en la “capacitación”, para mejorar la “empleabilidad” en el ámbito de la economía popular y así garantizar la inclusión en el “sistema formal de trabajo”. Otra vez el ciego propósito, común a todas las administraciones, de convertir “planes” en empleo. Tras la noble intención de cubrir demandas insatisfechas de formación, nuevamente se diluía la dimensión específicamente laboral del programa. Entre los más avispados, nadie dudaba de que el “giro pedagógico” significaría un nuevo retroceso. A fin de cuentas, ya había sucedido antes, con el programa Hacemos Futuro del macrismo. Pero las cosas resultaron aún peores de lo imaginado. Con el terreno servido por la gestión peronista saliente, la motosierra no tuvo más que redoblar la apuesta.

Con fecha de caducidad a cuestas, el nacimiento del VAT y el PAS (su gemelo complementario) fueron el primer episodio del ataque gubernamental contra una de las mayores conquistas del movimiento de la economía popular: el Salario Social Complementario. El último fue el anuncio oficial de la finalización del VAT (el PAS durará dos años más), truncado por las organizaciones. A caballo del andamiaje preexistente, la verdadera finalidad de estos programas fue la de romper por dentro al Potenciar. El gobierno los pergeñó en el marco de la estrategia de destrucción de las capacidades organizativas y productivas de los trabajadores más humildes, involuntariamente excluidos del mercado formal. Su diseño “planero”, asistencialista, no hizo más que desvirtuar la naturaleza sociolaboral del Potenciar, justificando el carácter transitorio (una simple “ayuda” que se pagaría en “24 cuotas”) y la pretendida cualificación laboral como falsa garantía de transición al empleo formal. El caso es que, en todo este tiempo, el VAT no logró ninguno de sus pomposos objetivos: no capacitó, no empalmó con el empleo privado (“de calidad”), y, para colmo de sus artífices, tampoco dejó de existir.

La capacitación emprendedora, una vil pantalla

En el entorno de Capital Humano no se cansan de hablar de formación. La palabra está por todas partes, casi tanto como otra que inunda los discursos oficiales: ‘emprender’. Juntas anidan en el corazón del programa de gobierno. Hay que “aprender a emprender”, desarrollar “capacidades emprendedoras”, adquirir “competencias laborales”. Es la llave para ingresar al lejano mundo del “empleo genuino” o “decente”. El empleo decente es el del sector privado, registrado, idealmente calificado. Suena curioso o desfachatado este énfasis, viniendo de un gobierno que practica un tipo extremo de ortodoxia económica que, a cifras vista, no para de destruir el empleo asalariado formal (300 mil y contando), al tiempo que multiplica el “trabajo basura” (empleo informal y cuentapropismo precario). Indiferentes a los dictámenes inapelables de la realidad, los funcionarios de Pettovelo celebran las contribuciones de su política social a la “inclusión laboral”, hechas por la senda de la “formación”. A sus ojos, el VAT funge como caso ejemplar. Aunque los datos se empecinan en desmentirlos.

En su carta de presentación, el VAT llegaba para corregir la falta de efectividad del Potenciar, venía a saldar las deudas de ese “plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal”. Por eso era preciso poner el foco en la formación laboral, desplegar una interminable batería de prestaciones educativas que sirvieran de puente al empleo. Se ignoraba que, en sus aspectos más progresivos, el Potenciar respondió a la necesidad de fortalecer el trabajo ya existente fuera del circuito salarial; pese a sus ambigüedades, la prioridad no fue el “empalme”. Sin embargo, más allá de estos errores de comprensión, el VAT no solo resultó incapaz de cumplir sus metas de transición al empleo, sino que ni siquiera garantizó los medios que consideró necesarios para lograrlas.

Para empezar, las “prestaciones” que enorgullecen al gobierno ya existían. Son las líneas históricas de formación profesional y promoción laboral de la Secretaría de Empleo. Pero eso no es todo. En estos dos años, muy pocos beneficiarios accedieron a alguna forma de capacitación; en parte porque casi todas las prestaciones quedaron virtualmente paralizadas debido al vaciamiento y desfinanciamiento que estos programas sufrieron en el contexto de la ostensible subejecución (y no ejecución) presupuestaria del gobierno. Un ítem donde Capital Humano exhibe niveles récord, tal como surge de los informes y denuncian los delegados gremiales de ATE en el organismo. De paso, valga una pequeña digresión. Bajo la sacrosanta premisa de la reducción del déficit fiscal, el gobierno se permite una curiosa asimetría en la ecuación del gasto público: lo reduce para programas clave de salud, educación y desarrollo social (entre otros), mientras lo sube para la SIDE y el pago de la deuda externa. Volviendo a las capacitaciones, según datos oficiales bastante desactualizados (el último informe oficial es de mediados de 2025), solo el 5,9% del padrón del VAT participó de alguna actividad de capacitación laboral (en su mayoría de Formación Profesional), es decir, poco más de 56 mil personas sobre los casi un millón de titulares del programa. Y el panorama no mejora al considerar información más reciente, difundida a cuentagotas y de manera confusa por el ministerio: apenas un exiguo incremento compartido con otro programa, que deja a los “capacitados” todavía por muy por debajo del 10%.

No parece casual la opacidad de Capital Humano. A excepción de un puñado de acuerdos con empresas, institutos y ONG, celebrados de urgencia en el último tiempo, los resultados del VAT en torno a las capacitaciones casi no se dan a conocer. Al punto de que se hace difícil precisar cuándo, dónde y quiénes prestaron esos servicios, a los pocos afortunados que efectivamente pudieron recibirlos. En general reina el desconcierto, sobre todo entre los beneficiarios. Lo que refuerza la idea de que, tras el cacareado y sesgado giro pedagógico, el superministerio esconde una mentira con la que busca disimular la auténtica finalidad de su política social: destruir las reales capacidades comunitarias, productivas y formativas de las organizaciones territoriales. Por eso es que sus referentes, enemigos predilectos del gobierno, vienen alertando que las capacitaciones “no son reales” (en la proporción y trascendencia declamada), sino tan solo una vil pantalla para ocultar la intención de disciplinar al sector. Algo que no resulta para nada descabellado si se atiende a la sed vampírica de los funcionarios libertarios, quienes no han dejado de vociferar a los cuatro vientos que sus posibilidades de éxito descansan sobre la asfixia económica y el debilitamiento funcional de los sectores más díscolos de la clase trabajadora.

Un cero para Pettovello

A las viejas estrategias del programa neoliberal de miseria planificada, las nuevas derechas agregan la destrucción sistemática de la trama organizativa de los movimientos populares que vieron la luz poscolapso de 2001 (cooperativas, sindicatos, federaciones). El objetivo es prístino: deshacer los avances logrados en la institucionalización de la economía popular, disolverla en las actuales formas de precarización del trabajo vía reforma laboral seudomodernizadora y economía de plataformas desregulada. En la argentina libertaria, se sabe, los ganadores son pocos y están en otra parte. Para todos los demás, la salida es volverse emprendedor… y empezar a pedalear.

Sea por falta de vocación, por impericia en la ejecución o un poco de ambas, las famosas prestaciones educativas destinadas a los más humildes dejaron mucho que desear. En ausencia e insuficiencia de las “prestaciones” con las que se suponía iban a mejorar la “empleabilidad inicial real” y sus oportunidades de “inserción laboral”, mal podían esperarse buenos resultados. Por más que Capital Humano siga invocando un cambio de paradigma y se jacte de estar convirtiendo planes sociales en empleo genuino (retórica calcada de la gestión anterior, mal que le pese a ambos lados de la grieta), los números no acompañan el entusiasmo. A las irreparables fallas de concepción e incumplimientos en las prestaciones, hay que sumar los calamitosos logros del VAT como puente al empleo formal. A juzgar por los escasos datos disponibles, tan solo una porción minúscula de beneficiarios logró inserción laboral. La cantidad oscila entre 1500 y 4800 personas; es decir, entre 0,17% y 0,41% del padrón, según tomemos una u otra fuente, ambas sustentadas en información oficial (la discrepancia en el segundo dato surge de considerar solo el universo del VAT). En cualquier caso, los números son lapidarios. Si el Potenciar no había funcionado como programa de empalme, el VAT ostenta cifras aún peores en ese sentido. Tal vez sea por eso que no las difunden o ni siquiera se molestan en actualizarlas.

Como sea, el mutismo del gobierno es comprensible. Los hechos muestran que lo único que pudo bajar a cero fue la empleabilidad de los beneficiarios del VAT. No ya la tasa de inflación, tampoco el déficit fiscal. La empleabilidad cero del programa atenta contra la narrativa oficial, y se convierte en el hecho oprobioso que debe ocultarse. A diferencia del Potenciar, que en su mejor faceta reconocía la especificidad de la economía popular y pretendía fortalecerla, la empleabilidad fue (en los papeles) la razón de ser del VAT. En ese sentido, la contundencia de los datos desnuda el fracaso del programa.

Con importantes diferencias de enfoque y duración, no es casual que el Potenciar y el VAT hayan alternado 1 y 0 porcentuales en los niveles de empleabilidad lograda. En el caso del VAT, pese a sus enormes deudas en los servicios de formación, tampoco parece ser una cuestión de más o menos cursos. Menos aún podría hablarse de falta de voluntad de los beneficiarios, cuya predisposición al aprendizaje (aceitada por las organizaciones y sus prácticas de formación) es uno de los rasgos destacados por el ministerio cuando le convenía hacerlo. El problema principal de la política social de Capital Humano, en particular del VAT, no pasa por las matemáticas. Los malos números indican que el programa no funciona a los fines declarados por Pettovello, pero en modo alguno pueden servir de excusa para cerrarlo (como hizo la ministra con el Potenciar).

La cuestión de fondo es que el VAT retoma y profundiza un error de comprensión, que sobrevive a la alternancia del poder político en manos de gobiernos con orientaciones contrapuestas e impregna la política social del siglo XXI dirigida a los más humildes y excluidos. Con más o menos énfasis, en ella siempre estuvo presente la idea de promover competencias individuales, de cara a mejorar la empleabilidad. Según esta lógica, la inserción en el mercado laboral depende de cuestiones puramente subjetivas (trayectoria educativa, experiencia y calificación laboral), como si no existieran limitaciones estructurales, como si el capitalismo del descarte fuera un invento de los descartados.

Cada vez que ocurre un crimen de estas características, el debate público suele desplazarse rápidamente hacia la monstruosidad del autor. Se reconstruyen sus antecedentes, se buscan explicaciones psicológicas, se describen sus conductas y se intenta comprender cómo alguien puede llegar a cometer semejante atrocidad.

Sin embargo, existe una cuestión todavía más inquietante que la propia monstruosidad del criminal. Porque el femicida no surge de un vacío social ni aparece como una anomalía completamente desconectada de su entorno. Lo verdaderamente alarmante es la persistencia y, muchas veces, la tolerancia cotidiana hacia determinadas conductas de control, dominación, posesión, amenaza, manipulación y violencia ejercidas sobre las mujeres, que terminan siendo percibidas como conflictos privados, celos, discusiones de pareja o simples rasgos de carácter. Lo cierto es que antes del crimen suele existir una larga secuencia naturalizada de comportamientos que expresan la pretensión de un hombre de disponer sobre la libertad, las decisiones, los vínculos o incluso la propia vida de una mujer. Y cuando esas conductas dejan de generar alarma social suficiente, cuando son relativizadas o minimizadas, el problema deja de ser exclusivamente el monstruo individual para transformarse en una patología colectiva que crea las condiciones para que la violencia extrema encuentre terreno fértil donde desarrollarse.

Al mismo tiempo, una parte del sistema mediático suele reincidir en una práctica tan vieja como dañina; interrogar retrospectivamente a la víctima. Aparecen entonces las preguntas equivocadas. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué fue a ese lugar?¿Por qué confiaba en esa persona? ¿Por qué salió? ¿Por qué no avisó? Como si la conducta de una adolescente pudiera explicar parte del crimen de quien decidió ejercer violencia terminal sobre ella. En demasiadas ocasiones el debate público parece deslizar la idea de que el victimario puso la violencia y la víctima las condiciones.

Las horas que faltan explicar

El reciente femicidio de la adolescente Agostina Vega vuelve a colocar en el centro de discusión un problema estructural del sistema penal argentino; el conflicto entre la necesidad de reunir elementos de convicción suficientes para fundar medidas invasivas de derechos —como allanamientos, secuestros o detenciones— y el deber estatal reforzado de actuar con extrema urgencia cuando se investiga la desaparición de una niña, niño o adolescente cuya vida o integridad física podrían encontrarse en una situación susceptible de derivar, de manera inmediata, en un riesgo cierto, actual y potencialmente irreversible.

No se trata de buscar culpables alternativos ni de diluir la responsabilidad penal de quien aparece como autor del hecho. La responsabilidad criminal es personal y deberá ser determinada por los tribunales. Sin embargo, una sociedad seria también tiene derecho a preguntarse si las instituciones encargadas de proteger la vida actuaron con la urgencia que la situación exigía.

Porque aquí no desapareció un adulto que decidió ausentarse voluntariamente. Desapareció una menor de edad. Y cuando desaparece una menor de edad, el tiempo deja de ser un dato secundario para transformarse en el principal enemigo. Cada hora que pasa sin una intervención eficaz disminuye las posibilidades de hallarla con vida. Cada demora puede significar la pérdida irreversible de evidencia, y cada decisión tardía corre el riesgo de convertirse en una oportunidad preventiva perdida.

Cuando una menor de edad desaparece, cuando existen registros que la ubican ingresando al domicilio de quien terminaría siendo el principal acusado, cuando la propia familia denuncia su desaparición y aporta tempranamente elementos que orientan la sospecha hacia una persona determinada, y cuando además se trata de un sujeto que registraba antecedentes por hechos graves vinculados a violencia de género y privación ilegítima de la libertad, el debate no puede clausurarse detrás de una explicación burocrática sobre la evolución gradual de los indicios.

El Fiscal y la defensa corporativa

Cuesta comprender cierta lógica defensiva que comenzó a aparecer una vez conocido el desenlace del caso, como si fuera todo el mérito de la causa, digno de anunciar. El fiscal Raúl Garzón sostuvo públicamente que fue necesario reunir progresivamente distintos elementos para arribar a una sospecha seria respecto de Claudio Barrelier y avanzar sobre esa línea investigativa. Esa explicación puede encontrar respaldo técnico dentro de una determinada concepción del proceso penal. Lo que resulta mucho más difícil de comprender es la ausencia absoluta de autocrítica y el regodeo verbal frente a una investigación cuyo desenlace terminó confirmando el peor escenario posible.

Y aquí, es imposible no pensar que la muerte de Agostina no comenzó el día en que fue asesinada. Comenzó mucho antes, en cada omisión, en cada advertencia desatendida y en cada decisión institucional que permitió que un hombre previamente denunciado por privación ilegítima de la libertad recuperara su libertad sin que el sistema lograra dimensionar adecuadamente el riesgo que representaba. No se trata de afirmar que el fiscal Iván Rodríguez sea responsable penal del crimen posterior. Sería jurídicamente incorrecto sostenerlo. Pero respecto de Claudio Barrelier corresponde formular una doble pregunta que trasciende largamente su responsabilidad penal individual. La primera remite a una cuestión institucional; si la decisión adoptada en 2025 de restituirle la libertad revela una falla más profunda del sistema judicial para identificar tempranamente patrones de violencia, peligrosidad y escalamiento delictivo que, con el tiempo, pueden derivar en consecuencias irreparables.

Pero existe una segunda pregunta. Si aquella decisión respondió exclusivamente a una valoración jurídica de los elementos disponibles o si alrededor de Barrelier existieron relaciones, influencias, vínculos o niveles de protección política, institucional o social que contribuyeron a morigerar el tratamiento que el sistema le dispensó. No se trata de afirmar lo que aún no ha sido probado, se trata de exigir que toda la información relevante sea esclarecida. La sociedad tiene derecho a preguntarse si hubo errores de apreciación institucional o si existieron mecanismos de protección informal que permitieron que determinadas señales de alarma no fueran debidamente atendidas. La combinación de ambas es fatal. Pero si existieron influencias o protecciones indebidas, corresponde exponerlas con la misma contundencia con la que se persigue el delito principal.

Agostina fue asesinada por quien hoy aparece acusado del hecho. Pero el debate público tiene derecho a preguntarse si las instituciones hicieron todo lo que estaba a su alcance para impedir que ese desenlace llegara a producirse.

Lo que inquieta no es solamente la demora en la búsqueda. Lo que inquieta es la reacción posterior frente a esa demora. Porque en lugar de advertirse una reflexión institucional seria acerca de si determinadas medidas pudieron adoptarse antes, comenzó a percibirse algo demasiado conocido para cualquiera que observe desde hace años el funcionamiento del sistema judicial; la inmediata activación de reflejos corporativos destinados a proteger la actuación de los propios actores institucionales. Y allí aparece uno de los problemas más profundos de cierta cultura judicial argentina. Los muchachos del Ministerio Público, el Ministro de Justicia, sectores del Poder Judicial, operadores mediáticos cercanos a la información tribunalicia, abogados y comentaristas permanentes de los expedientes suelen cerrar filas rápidamente alrededor de una narrativa común; todo se hizo correctamente, todo se hizo cuando correspondía y cualquier cuestionamiento es producto de la ignorancia o de la emocionalidad social frente al horror.

Pero precisamente porque el caso es horroroso corresponde hacerse preguntas incómodas. Y corresponde hacerlas no solamente por Agostina y su familia, sino porque este crimen se inscribe en una secuencia larga que la sociedad argentina parece haber comenzado a aceptar con una resignación alarmante. Cada nueva víctima genera conmoción durante algunos días, ocupa los titulares, moviliza declaraciones oficiales y produce promesas de revisión institucional. Lo verdaderamente perturbador es que esa repetición constante corre el riesgo de anestesiar nuestra sensibilidad colectiva. La muerte violenta de mujeres, adolescentes y niñas no puede convertirse en un hecho estadísticamente frecuente al que terminemos acostumbrándonos. No puede naturalizarse un escenario en el que, cada pocas semanas, o día de por medio, una familia más queda devastada por un crimen que pudo haberse evitado o cuya investigación temprana pudo haberse desarrollado de otro modo.

Porque si una menor apareció asesinada después de una semana desaparecida, la discusión no puede agotarse en demostrar que finalmente se encontró al responsable. La discusión también debe abarcar qué ocurrió durante esos días.

Un vacío estructural

Lo cierto es que es un pésimo momento histórico para crecer siendo niño. Es un pésimo momento histórico para ser mujer. Y no porque la violencia contra las mujeres o contra los menores sea una novedad de nuestro tiempo. La historia humana está atravesada por formas brutales de dominación y sometimiento. Lo inquietante es que, pese a los enormes avances jurídicos, tecnológicos e institucionales de las últimas décadas, seguimos asistiendo a hechos que revelan una incapacidad alarmante para proteger a quienes más deberían estar protegidos.

Vivimos en una sociedad que puede rastrear movimientos bancarios en segundos, monitorear ciudades enteras mediante sistemas de videovigilancia, conocer en tiempo real la ubicación de millones de dispositivos móviles y procesar cantidades extraordinarias de información para identificar consumidores. Sin embargo, una adolescente puede desaparecer y una familia puede verse obligada a atravesar horas y días de incertidumbre absoluta sin que exista la certeza de que el sistema reaccionará con la velocidad que la situación exige.

Hay una contradicción brutal entre el desarrollo material de nuestras sociedades y la fragilidad concreta que siguen padeciendo mujeres, niñas y niños. La promesa de la modernidad consistía en ampliar los márgenes de libertad y seguridad de las personas. Sin embargo, para enormes sectores vulnerados de la población, especialmente para las mujeres, muchas de las decisiones más elementales de la vida cotidiana continúan estando atravesadas por el miedo.

Nada de esto ocurre en el vacío. Desde hace al menos cinco décadas, la Argentina viene atravesando un proceso persistente de fragmentación social, deterioro de los vínculos comunitarios y debilitamiento de aquellas instituciones —la familia, la escuela, el trabajo, el club, el barrio organizado— que históricamente funcionaban como espacios de contención, integración y construcción de sentido colectivo. Las sucesivas políticas de exclusión, concentración económica e individualismo social no sólo produjeron pobreza material; también erosionaron lentamente los lazos de solidaridad y pertenencia que permiten a una comunidad cuidar de los suyos. Cuando el tejido social se desgarra durante tanto tiempo, las consecuencias terminan manifestándose mucho más allá de la economía; aparecen también en la violencia, la soledad, la desprotección y la creciente dificultad para construir una vida en común.

Tampoco puede analizarse esta tragedia prescindiendo del contexto político e institucional más amplio en el que ocurre. Durante los últimos dos años, el Gobierno Nacional de Javier Milei avanzó en la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre o discontinuación de programas específicos de prevención y asistencia frente a la violencia de género, la reducción de estructuras especializadas y fuertes recortes presupuestarios sobre herramientas de acompañamiento a víctimas. Diversos informes han señalado la desfinanciación del Programa Acompañar, los recortes en la Línea 144 y la eliminación de programas territoriales destinados a la prevención y protección de mujeres en situación de violencia.

Y si a todo ello le sumamos el ajuste permanente, los despidos masivos, la licuación de los salarios, el crecimiento de la pobreza, el hambre, la incertidumbre cotidiana y el progresivo retiro del Estado de funciones esenciales de protección y asistencia, el resultado es una tormenta perfecta. Cuando la fragilidad material se combina con el deterioro institucional y la pérdida de horizontes colectivos, se configura el escenario más propicio para que afloren las formas más destructivas de la violencia social. En definitiva, una comunidad sometida durante demasiado tiempo a la intemperie económica y humana termina convirtiéndose en terreno fértil para que todo lo malo encuentre condiciones más favorables para desarrollarse.

La crítica jurídica

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el debate no gira solamente en torno a si el fiscal tenía o no una "prueba plena" para allanar. El problema es otro; cuál es el estándar de actuación exigible cuando desaparece una menor de edad.

En el sistema procesal penal argentino, y particularmente bajo los principios que emanan de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3), la Convención de Belém do Pará y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Estado tiene un deber reforzado de prevención y protección frente a situaciones de riesgo grave. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que, ante denuncias de desaparición de mujeres, niñas o adolescentes, la obligación estatal consiste en desplegar de manera inmediata todas las medidas razonables de búsqueda e investigación compatibles con la información disponible, sin supeditar la actuación urgente a la obtención de prueba concluyente ni a la consolidación definitiva de una hipótesis criminal. En estos casos, el estándar internacional exige una actuación regida por el principio de debida diligencia reforzada, particularmente durante las primeras horas de la desaparición, cuando la protección de la vida e integridad personal adquiere máxima relevancia.

Por eso la cuestión jurídica relevante es determinar si, al momento de la ampliación de denuncia realizada por la madre, ya existían indicios objetivos suficientes para justificar medidas de urgencia sobre el domicilio de Barrelier.

Resulta difícil no cuestionar una hipótesis investigativa que, durante las primeras horas críticas de la búsqueda, pareció asignar relevancia a la posibilidad de que Agostina se hubiera ausentado voluntariamente o se encontrara con algún "noviecito", según las propias explicaciones brindadas posteriormente por el fiscal para describir cómo se inició y desarrolló la investigación. Precisamente porque se trataba de una adolescente de catorce años cuyo paradero se desconocía, la prioridad debió ser evaluar el escenario de mayor riesgo y no el de menor gravedad. Cuando existe la posibilidad de que una menor desaparecida se encuentre expuesta a un peligro grave, actual y potencialmente irreversible para su vida e integridad física, la actuación estatal no puede estructurarse sobre hipótesis tranquilizadoras, sino sobre el principio de máxima protección y urgencia.

La obligación del Estado no es acertar retrospectivamente la línea investigativa correcta, sino desplegar desde el primer momento todas las medidas que la peor hipótesis razonablemente posible exige. Frente a ese cuadro, el interrogante jurídico legítimo es si el Ministerio Público Fiscal interpretó el caso bajo una lógica de investigación ordinaria o si debió haberlo abordado desde el primer momento como una hipótesis de desaparición de alto riesgo con eventual violencia de género y femicidio.

Es importante advertir que la crítica jurídica no equivale automáticamente a afirmar que el fiscal cometió delito, incumplimiento funcional o negligencia. Se verá, pero son planos distintos. Una cosa es la responsabilidad disciplinaria o penal de un funcionario. Otra muy distinta es la evaluación de la razonabilidad estratégica de las decisiones investigativas adoptadas. Lo que aparece cuestionado públicamente es precisamente esto último.

En estos casos, el principio rector no debería ser la espera prudente sino la acción urgente. No se trata de abandonar garantías constitucionales ni de habilitar allanamientos arbitrarios. Se trata de comprender que la desaparición de una menor activa deberes reforzados para el Estado. La lógica debe invertirse; frente a la duda, se actúa. Frente a la incertidumbre, se profundiza la búsqueda. Frente al riesgo, se aceleran los procedimientos.

Por eso la discusión no pasa por determinar si el fiscal actuó dentro de las facultades que le otorga la ley. La cuestión es más profunda. La verdadera pregunta es si la magnitud del peligro fue correctamente dimensionada desde el primer momento. Porque si desde las primeras horas existían elementos que vinculaban a la víctima con quien terminaría siendo el principal sospechoso; si existían registros de cámaras, testimonios y referencias concretas que orientaban la investigación en una dirección determinada; si además se trataba de una menor desaparecida, entonces resulta legítimo preguntarse si las medidas de investigación más intensas debieron haberse dispuesto antes.

La autocrítica institucional no debilita a la Justicia; la fortalece. Las sociedades maduras no exigen infalibilidad, exigen capacidad de aprender de los errores. Cuando una menor desaparece y aparece asesinada, también corresponde revisar si cada organismo estatal respondió con la velocidad, la coordinación y la intensidad necesarias. Lo contrario implica naturalizar que las instituciones sólo rindan examen cuando logran identificar al responsable, pero nunca respecto de la oportunidad con la que actuaron.

La tragedia de Agostina interpela, desde luego a quien aparece señalado como responsable de su muerte y, desde allí, a todos nosotros; pero también interpela al Estado. Porque la función de la Justicia no comienza cuando encuentra un culpable. La función de la Justicia comienza mucho antes; cuando todavía existe una vida que puede ser salvada.

La familia de Florencia “china” Cuellar tuvo que soportar otro ataque por parte del sistema. En esta oportunidad, siendo las 9 horas del sábado 30 de mayo, la tumba de “la china” fue profanada. Una de las hermanas fue quien se topó con la situación, frente a sus ojos estaban sacando la mitad de su cuerpo. Pidió automáticamente ayuda a sus hermanos, quienes se presentaron en el lugar pidiendo explicaciones. Luego de una larga discusión, uno de ellos logró meterse a la fosa, con el objetivo de que el faltante no se pierda ante la impunidad del personal interviniente.

Al siguiente día se presenta Alfredo, el padre. Logró enfrentarse verbalmente con el encargado, quien al verse acorralado por la gravedad de lo acontecido empezó a sacarse la culpabilidad. Adujo que fue el director administrativo, Alejandro Chazarreta, quien encomendó al capataz Daniel Ukuza llevar adelante dicha acción conjuntamente con operarios de una empresa privada. Todos estos actores se negaron a brindar explicación sobre lo sucedido.

Cabe destacar que el caso del asesinato de Florencia aún sigue su curso. Para poder exhumar un cuerpo judicializado se debe tener la autorización de un magistrado, caso contrario se está cometiendo un delito. Una vez más, atropellaron la dignidad y la memoria de Florencia “la china” Cuellar. La familia solicita máxima difusión ante un nuevo ataque. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Alfredo profundizó la descripción de los hechos. 

Agencia Paco Urondo: ¿Pudo hablar con alguna autoridad del cementerio?

Alfredo Cuellar: Tenemos una charla pendiente con el director Alejandro Chazarreta, quien supuestamente dio la orden, según los empleados que llevaron a cabo la profanación. El asistente nos dijo que debemos hablar con la máxima autoridad para tener una definición más clara al respecto.

APU: ¿Cuál considera que fue la motivación para llevar a cabo lo que hicieron?

AC: Nosotros no tenemos claridad en relación justamente al origen de dicha medida. No hay ningún escrito ni orden judicial para llevar a cabo la exhumación que hicieron. Sin una autorización contundente que avale lo que hicieron este hecho es totalmente ilegal.

APU: ¿Cree que hay alguna relación con el hostigamiento que venían padeciendo?

AC: Hace alrededor de dos meses se organizó en la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires un encuentro para definir qué hacer con la plaza de “la china” Cuellar porque fue remodelada. Finalmente, no se taparon los murales para que sigan estando. En el último tiempo los vecinos fueron por más y se está pidiendo que sea reconocida de interés cultural. No estoy seguro de que esté relacionado con todo lo anterior de nuestra lucha, pero tampoco lo descarto.

APU: ¿Cuáles van a ser los próximos pasos a seguir en estos días?

AC: Lo principal es seguir reclamando a las autoridades responsables. Por otro lado, seguir visibilizando lo que está sucediendo, no sólo con este caso sino con otros tantos. Notamos que en los cementerios hay muchos abusos con las tumbas y los familiares. 

Voy a ir al juzgado de Lomas de Zamora donde está radicada la causa de mi hija para entender si ellos están al tanto de lo que sucedió. El caso todavía esta judicializado y si ellos necesitan hacer una autopsia no van a encontrar el cuerpo donde debería estar. Considero que hay un movimiento muy oscuro detrás de todo esto. El cuerpo de mi hija momentáneamente quedó depositado en un nicho del cementerio. Nosotros identificamos el sitio donde está ahora.

El glorioso pueblo argentino es objeto desde hace 50 años de una guerra ininterrumpida contra sus posibilidades de vivir bajo un estado de armonía, unidad  y progreso sostenido. El bloque oligárquico y los intereses extranjeros aliados, enemigos acérrimos del interés nacional han procurado por todas las vías castigar la osadía de este pueblo de pretender dirigir su propio destino y forjar un país con industria, justicia social, un movimiento obrero vigoroso y una doctrina nacional. Lo han procurado mediante el genocidio, el terrorismo económico, la represión, la persecución, la mentira y la demonización. No han ahorrado esfuerzos y han diversificado sus tácticas durante décadas sin modificar su objetivo último (quizás haya en esta tenacidad del enemigo un conocimiento que debemos recoger por parte del campo popular).

El gobierno de Milei es una fase superior y quizás decisiva en este embate. La legitimación mediante el voto del proyecto antinacional, envalentonó a los personeros creyendo que “es ahora o nunca” y lanzándose con toda crueldad y determinación al desmantelamiento de nuestro país, sus capacidades nacionales y la capacidad de resistencia y lucha. Buscarán, si es posible, la balcanización del territorio nacional.

Sin una clarificación de los términos de la discusión, los actores y lo que realmente está en juego no es posible construir el tan mentado diálogo con el que tanto se insiste desde la hipocresía y el cinismo, como si quienes gobiernan fueran adversarios leales con principios comunes anclados en la democracia y la defensa de la patria común. Pero no es el caso.  Los grupos del poder económico concentrado, agrupados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la cámara de comercio de Estados Unidos (AMCHAM), la asociación de Bancos privados, La UIA, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario y Córdoba y la denominada “Familia Judicial” que monopoliza el ejercicio de la Justicia en nuestro país, en tanto principales entidades visibles, coordinadas y conducidas a su vez por una política general orquestada desde la embajada de Estados Unidos con apoyo y complicidad de la de Israel, han demostrado ser enemigos de la patria, enemigos de la democracia y enemigos de nuestro pueblo. Enemigo es aquel que pretende y obra en pos de tu destrucción y eso es exactamente lo que han hecho sin pausa  estos intereses a lo largo de décadas.

Conspirando contra las mayorías, saqueándolas, sean niños, adolescentes o ancianos, desmantelando el país, las leyes protectoras de trabajadores, jubilados y discapacitados, pero también de nuestras tierras, bosques, suelo, bienes naturales y fuentes de agua, con el único fin, (que ahora ni siquiera se esmeran en ocultar), de entregárselo a unos pocos grupos empresarios extranjeros sometiendo nuestro país a un encuadre internacional que atenta contra  nuestro desarrollo, el bienestar y felicidad de nuestro pueblo y nuestro enorme potencial en diversas áreas. Pero nada de este estado de guerra permanente contra el pueblo argentino sería posible sin la necesaria y activa complicidad de la clase política profesional, rentística y parasitaria que copó la función pública y el ejercicio institucional de la política desde el fin de la dictadura hasta nuestros días. A veces en el modo de la traición (a los intereses que los llevaron a representar en lugares de decisión) a veces sin disimulo alguno, actuando como meros empleados y personeros del interés antinacional.

Ante esta situación, es de perogrullo insistir en que la dirigencia del llamado peronismo post-dictadura no ha estado ni por asomo a la altura del combate que se libraba. Oscilando entre la traición y la defección lisa y llana, han bajado banderas, negociado en nuestro nombre, se han enriquecido con nuestra pobreza y han sustituído el potencial transformador del pueblo organizado por el cuentapropismo cortoplacista de la “carrera política”. Han demostrado ser tibios y cobardes en el poder, cómplices y genuflexos como oposición. Han debilitado la organización popular que, aún después de la dictadura, seguía manteniendo reflejos y resortes vivos capaces de resistir los embates y regenerar las esperanzas de un proyecto popular (fuerzas que resistieron a Alfonsin, al menemismo y generaron la rebelión popular del 2001) y han demostrado (quizás lo más imperdonable de todo) que son malos políticos en lo que a construcción de poder y supervivencia se refieren: vienen conduciendo al peronismo a derrotas históricas en el plano electoral y político y debilitando la capacidad organizativa hasta la impotencia misma, llevando a la fuerza política al peligro de la extinción.

Pero es de notar  que las fuerzas políticas impulsadas o cooptadas por estos mismos intereses antinacionales, también han sufrido durante sus gestiones de gobierno el chantaje y ahorcamiento del poder concentrado: sea en la forma de la desestabilización económica (corridas, devaluaciones, lockouts, etc), la presión mediática o la desestabilización institucional. Lo han sufrido Alfonsín, Macri y hasta el propio Milei tiene sus enfrentamientos con el autodenominado “círculo rojo”. La “Familia Judicial” que, con lógica de mafia, busca su autopreservación, que no paga ganancias ni rinde cuentas a la sociedad, que se autoeligen y erigen, que antes que administrar justicia garantizan el saqueo, la impunidad de los enemigos de la patria y la imposibilidad de cualquier avance popular, es el otro brazo de la pinza del oprobio que nos sujeta.

Es decir que el verdadero y único poder real sostenido en el tiempo que detenta la decisión política y con él, la determinación sobre las condiciones existenciales de toda la Nación, ha sido este núcleo de intereses trasnacionales que sólo busca el saqueo de nuestras riquezas, la usura financiera y el sometimiento espiritual del pueblo argentino.
Es precisamente la orfandad en la que han caído las mayorías trabajadoras de nuestro país ante semejante ataque lo que nos ha depositado en este estado de catástrofe actual, con un enemigo que avanza firme ante un pueblo desmoralizado y desmovilizado. ¿No es esa orfandad la que debería atacar y suplir una fuerza popular alternativa al modelo actual?

El campo enemigo que se valió de la experiencia libertaria para ejecutar su agenda más ambiciosa e ideológica, no improvisa: ya tiene opciones para la continuidad de su modelo social y económico en todos los espacios competitivos de cara a las elecciones del año que viene. Ahí está Patricia Bullrich como heredera directa de Milei, Mauricio Macri para los desencantados “por derecha” y  la defensora del genocidio y el terrorismo de Estado, Villarruel para quienes están enojados (y más de un “peronista” despistado).

Pero también tienen opciones dentro del peronismo: Allí están Miguel Pichetto, el candidato a vicepresidente de Macri y garante privilegiado de la gobernabilidad liberal junto al flamante y acérrimo defensor de Estados Unidos e Israel, Guillermo Moreno, recorriendo el país, o el pastor venido de Miami al modo de un Milei peronista. Todos ellos representan la alternativa del poder concentrado para seguir gobernando los destinos de nuestra Patria.  Pero también trabajan para la continuidad los que hacen política bajo causas unipersonales, como si la política fuera un hecho religioso o un club de fans y no la herramienta que tiene el pueblo argentino para liberarse de la opresión. 

El deber patriótico es enfrentar estas falsas alternativas y denunciar el continuismo que representan. 

Creemos que sólo el espacio político encabezado por el gobernador Axel Kicillof es el único viable para plantear estas discusiones y encarnar con algún asidero real la participación que el pueblo peronista reclama. Así lo demuestran la multiplicidad de encuentros e iniciativas militantes que se están impulsando a lo largo y ancho del país habilitando una discusión franca entre compañeros en torno a propuestas políticas concretas.
No hay más lugar para “Albertos Fernández” ni caprichos de mariscales de la derrota que elijan a dedo a espaldas del pueblo, negociando en nuestro nombre y definiendo nuestro destino siempre a pérdida. 

A ese omnipoder que no sabe de constitución, representatividad, límites o castigo es preciso decirle basta. A los traidores y cobardes que quieren ser serviles en nuestro nombre, corranse. Es nuestra vida y la de nuestras familias la que está en juego. No hay causa ni interés mayor que la autopreservación y el bien común. 

Siempre se escucharán los gritos de los cautos, cobardes o conchabados que aunque subalternos, siempre se sienten cómodos con su lugarcito bajo el sol en el status quo reinante.  Teoría de Baglini, Realpolitik, correlación de fuerzas, son todas metáforas para esconder la cobardía, la mediocridad o la traición lisa y llana de una clase dirigencial profundamente individualista y mezquina, sin ambición histórica ni hambre de gloria, pero tampoco, sin estrategia ni inteligencia, que colabora etapa a etapa con la degradación generalizada de las condiciones de vida del pueblo y que no proyecta ningún tipo de horizonte de grandeza, solo la salvación individual.

Estas definiciones y determinación política no pueden diluirse en consignas callejeras o lo que es peor, anuncios de campaña o declaraciones periodísticas: Tiene que transformarse necesariamente mediante la acción militante y la práctica organizada, en un programa de gobierno que de una vez por todas vaya a fondo y se haga cargo del verdadero problema de la Argentina: la remoción absoluta del interés antinacional y antipueblo concentrado como política de estado permanente, independiente de la fuerza política que ocupe la representación formal. Solo con un proyecto Nacional indudable que aborde los grandes temas y los resuelva se puede garantizar un ejercicio democrático del poder en la Argentina.

Tenemos que definir qué hará el peronismo si llega al poder.  Eso no puede quedar librado a la buena voluntad o imaginación de los mismos que nos trajeron hasta acá. Tiene que ser un petitorio de exigencias populares y la primera medida de un posible gobierno peronista debe ser derogar sin vacilación todas las leyes y decretos que hayan sido sancionados durante el gobierno  de ocupación enemigo: Absolutamente ningún beneficio para el interés nacional o el bienestar de las mayorías, ni siquiera de modo casual, se sigue de la vigencia de esas leyes, sino más bien lo contrario. Proseguir ese estado de cosas, es complicidad. 

En el mismo sentido, hay que promover que el Estado se ponga como querellante y lleve a fondo todas las causas pertinentes contra los criminales que están hoy en el poder. Tiene que aplicarse la máxima responsabilidad penal y promover un proceso ejemplar: No se trata de revanchismo ni persecución, sino de un verdadero proceso de justicia y reparación popular que por un lado, condene a los responsables de semejante daño y saqueo y por otra parte desaliente a cualquiera que en el futuro piense en realizar algo semejante. Esta banda de lúmpenes, delincuentes comunes, estafadores de poca monta, cachivaches y vendepatrias funcionales al interés antinacional, tiene que ser condenada por la justicia  y repudiada durante el resto de la historia por la memoria popular. Solo sobre esa base de justicia puede asegurarse una auténtica convivencia democrática y un verdadero ejercicio republicano del poder.

Pero no alcanza con eso: hay que ejecutar un plan de máxima, sin demora y con toda fuerza, recuperar los resortes económicos del Estado: expropiar empresas claves, derogar la ley de entidades financieras, refundar el sistema ferroviario, activar una reforma judicial democratizante, modificar drásticamente el sistema tributario de modo progresivo, pausar pagos, renegociar y refinanciar toda la deuda externa, aumentar considerablemente el gasto presupuestario en salud, educación, ciencia y defensa, ejecutar el programa de “La marcha al campo” para crear trabajo genuino y garantizar soberanía territorial. 

¿Suena a mucho?, ¿suena osado? Es apenas lo mínimo que hay que hacer para comenzar a construir un rumbo certero (no imaginario ni retórico) que garantice las bases materiales para el emplazamiento de un Estado capaz de brindar bienestar a su población y, con ello, erigir una Nación digna, soberana y potente.

El que tiene miedo de quedar mal con los verdugos no tiene nada que hacer en el peronismo: su cobardía y mediocridad lo excluyen de hecho. Es tiempo para patriotas porque la patria misma está en peligro.

MOVIMIENTO PERONISTA AUTÉNTICO

Nuevo drone papal impacta en el corazón del poder mundial. León XIV acaba de designar en la conducción de la Comunicación del Vaticano a una periodista nacida en México, que se formó y trabaja en Estados Unidos.

En una acción de gobierno revolucionaria para el Vaticano, el Papa elevará a partir del 1 de noviembre, al rango de ministra, a una laica que es directiva del multimedio católico con mayor audiencia en Estados Unidos, Eternal Word Television Network, que en español significa Red de Televisión de la Palabra Eterna, y que es conocida por su sigla EWTN.

Que María Montserrta Alvarado sea la nueva titular del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano es un mensaje directo a la potencia mundial y a su pueblo, pero a la misma vez con impacto en Latinoamérica, ya que Montserrat Alvarado combina su nacionalidad mexicana, el país con mayor cantidad de migrantes en Norteamérica, y su trayectoria académica y laboral en el país que por segundo período gobierna Donald Trump, quien enfrentó públicamente al primer Papa estadounidense de la historia por no respaldar su invasión a Venezuela con el secuestro de su presidente y esposa, como no apoyar su guerra a Irán.

El tercer impacto de la designación de la laica es al interior del gobierno vaticano. Por ser mujer, por su origen laico, o sea no religiosa, por tener origen cultural, académico y laboral en el continente americano, primero en México donde nació, luego por su desarrollo intelectual (al que incluye un fluido francés) y laboral en los Estados Unidos.

La decisión de León XIV le significa la simpatía y adhesión de todo un grupo multimediático en el corazón del imperio.

La buena sintonía con el Papa agustino quedó demostrada en el lanzamiento de la encíclica “humanitas magnifica” con la trasmisión de un video creado por los trabajadores de EWTN, y no por los empleados de Vaticano.   

EWTN fue fundada en 1981, en el garage de un convento (Nuestra Señora de Los Ángeles de Irondale, en Alabama), por la monja clarisa y comunicadora social, conocida como Madre Angélica. Desde 1995 transmite más allá de EE.UU, gracias a EWTN en español llega a toda Hispanoamérica.

El sábado 30 de mayo se llevó a cabo la señalización del Canal de San Fernando como Sitio de Memoria, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. La actividad, realizada en el marco de la Ley Provincial N°13.584 para la identificación y preservación de lugares vinculados, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos (DDHH) del Ministerio de Justicia de Buenos Aires, el Municipio de San Fernando y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte (CMVyJZN). 

El acto fue encabezado por el ministro Juan Martín Mena y el subsecretario Matías Moreno. El primero de ellos destacó que desde el gobierno provincial siguen “impulsando los juicios, la búsqueda de nietos y el apoyo al Equipo Argentino de Antropología Forense, ante el retroceso nacional". Por su parte, Moreno resaltó la importancia de la lucha colectiva y del rol de los familiares, y recordó a Nora Cortiñas, a dos años de su fallecimiento. Estuvieron presentes, entre otros, Horacio Pietragalla Corti, diputado nacional y nieto restituido, Matías Molle, diputado nacional, Mónica Macha, legisladora bonaerense, Lorena Battistiol, directora provincial de Sitios y Espacios de Memoria, Leonardo Baster Paz, de la Embajada de Cuba, Carlos Somigliana, secretario del EAAF, Pablo Llonto, querellante en causas relacionadas, y diversos funcionarios provinciales y municipales e integrantes de organismos de DDHH. 

La señalización contó con la presencia de familiares de víctimas y, junto a Barrios por la Memoria de Zona Norte, colocaron baldosas en recuerdo de las once que hasta el momento se han podido identificar: Jesús Cejas Arias, María Rosa Clementi, Marcelo Gelman, Gustavo Gayá, Ricardo Gayá, Ricardo Manuel González, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Ana María del Carmen Pérez, Mercedes Rosa Verón, y Darío Zelarayán. La Retaguardia fue uno de los medios de comunicación presentes en el lugar que se ocuparon de la transmisión de la actividad.

Los hechos

La madrugada del 14 de octubre de 1976 Juan Castilla, oficial local de Prefectura Naval, vio personas sin identificación descartando bultos desde el Puente Ferroviario al canal. Tras la denuncia, realizada por dicha fuerza, y en conjunto con una comitiva de hombres rana y bomberos, recuperaron ocho tambores que contenían restos humanos mezclados con cal y cemento. Los cuerpos, de seis hombres y dos mujeres, fueron enterrados como NN en el cementerio municipal. La noticia no tuvo mayor trascendencia por ser censurada.

En 1989 el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a seis: Ana María del Carmen Pérez, embarazada de nueve meses, su compañero Ricardo Gayá, y su hermano mellizo Gustavo Gayá, Marcelo Gelman -hijo de Juan Gelman-, Mercedes Rosa Verón y Dario Zelarayán. En 2012 un grupo de menores encontró cuatro tambores más en una tosquera, frente al Aeropuerto Internacional de San Fernando, a cuatro kilómetros del hallazgo inicial. Fueron custodiados por integrantes de la CMVyJZN hasta la llegada de las autoridades y se logró establecer la identidad de los cuatro cuerpos hallados -María Rosa Clementi y Ricardo Manuel González, y Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, diplomáticos cubanos- y de la séptima víctima correspondiente a 1976 - Alberto Cecilio Mechoso Méndez-. Aún queda un hombre por identificar. 

Por un lado, pericias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) establecieron que el terreno había sido rellenado ese mismo año con tierra del dragado del Río Luján, y a través del análisis de los sedimentos hallados dentro de los tambores pudieron establecer el lazo con los anteriores. Por otro, gracias a la colaboración social, a denuncias previas, al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y al Archivo Provincial de la Memoria se pudo determinar que permanecieron secuestradas en el Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti”, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 como una de las bases dependientes del Departamento de Operaciones Tácticas I de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de la Superintendencia de la Policía Federal. 

Para colmo, días atrás obtuvo la libertad Eduardo Alfredo Ruffo, que prestó servicio en la SIDE entre 1970 y 1978 y estuvo implicado en el secuestro de diplomáticos cubanos. Se calcula que en dicho establecimiento aproximadamente 300 personas de nacionalidad argentina, boliviana, chilena, cubana, paraguaya y uruguaya fueron torturadas y desaparecidas. Según comunicó la Subsecretaría provincial, estos hechos fueron juzgados en las causas 13/84 “Juicio a las Juntas”; Nº1.627 “Automotores Orletti”; Nº1.504 “Plan Cóndor” y “Automotores Orletti II”; Nº2.261 y Nº2.390 “Automotores Orletti III y IV”, ante el Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en la Nº1351 “Plan sistemático de robo de bebés”, del Tribunal Oral Federal Nº6 también de CABA.

Hasta el sábado, San Fernando sólo contaba con una señalización en la Isla del Silencio, segunda sección del Delta. “Nos pareció importante señalizar, sobre todo pensando que no había en continente una que marque alguno de los momentos relacionados con el terrorismo de Estado”, aseguró a la prensa Cecilia Cavallo, parte de la CMVyJZN. Por último, cabe señalar que la Comisión, junto al Instituto Superior de Formación Docente N°117 y la Escuela Normal José Artigas, lleva adelante proyectos de investigación sobre casos de desaparición forzada en San Fernando. Según informaron, el último año el número de personas desaparecidas identificadas en el distrito pasó de 113 a 127. 

Segunda parte del extenso análisis de Alfrendo Moreno sobre el nuevo orden internacional y el rol de los semiconductores (ver primera parte).

El caso de China, debido al bloqueo internacional que les impide comprar las máquinas EUV de ASML, han desarrollado de forma independiente métodos alternativos muy sofisticados, usando maquinaria DUV (Deep Ultraviolet / Ultravioleta Profundo).

China se encuentra estancada en los chips de 7 nm avanzando en los de 5 nm para la producción de dispositivos de consumo local.

Las limitaciones para avanzar en la fabricación de 2nm en masa es el acceso a la maquina con tecnología de litografía Ultravioleta Extrema (EUV).

El estricto veto comercial impuesto por Estados Unidos y sus aliados a la empresa de los Países Bajos ASML es un muro al avance chino.

Aunque tiene limitaciones para la producción a escala, las empresas y laboratorios chinos están logrando hitos en el diseño arquitectónico y la investigación alternativa para la fabricación del 2nm.

Las empresas chinas de producción masiva son:

- SMIC la mayor fundición de China logró la fabricación interna de chips de 7 nm que son utilizados en smartphones de alta gama como los de Huawei.

- Hua Hong Group (vía Huali Microelectronics) es la segunda gran fundición de China en dominar y preparar la producción en masa de chips bajo el nodo de 7 nm.

- El chip de Dishan Technology una startup de Shanghái, Dishan Technology, avanzó en el desarrollo del diseño de una GPU de Inteligencia Artificial de clase 2 nm utilizando una arquitectura mixta FinFET/GAA. El chip que se encuentra en etapa de prototipo y verificación, estimando su producción y despliegue comercial real hasta 2028.

- Institutos de investigación chinos exploran alternativas con tecnologías radicalmente distintas que vuelvan obsoleta la dependencia de la luz EUV, como la litografía por haz de electrones (Electron Beam Lithography) multihaz. En laboratorios han logrado impresiones con resoluciones inferiores a los 2 nm.

- AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment), fundada en 2004 en Shanghái, anuncio el 20 de mayo pasado, que ha logrado que sus equipos de grabado por plasma sean utilizados en líneas de producción de 7 nm y 5 nm de TSMC, el fabricante de chips más grande del mundo.

Esto representa un cambio sísmico en una industria donde Occidente mantenía el monopolio tecnológico durante décadas. Significa que las cadenas de suministro de semiconductores se están reconfigurando radicalmente. Las sanciones estadounidenses a China, lejos de frenar su avance, aceleraron la sustitución local y crearon campeones nacionales como AMEC que ahora compiten globalmente.

Gerald Yin Zhiyao, confunbdador de AMEC, es la figura clave. Ingeniero con experiencia en empresas estadounidenses de equipos semiconductores, renunció a su ciudadanía estadounidense en 2025 para recuperar la nacionalidad china. Un movimiento con profundo valor simbólico en el contexto geopolítico actual.

La línea roja de la cumbre China EE. UU

La cuestión de Taiwán apareció nuevamente como uno de los puntos más sensibles del encuentro de Trump con Xi Jinping. El presidente chino advirtió que un manejo incorrecto de la isla podría llevar la relación bilateral a un “lugar peligroso”. La advertencia tiene una dimensión tecnológica directa: Taiwán concentra gran parte de la capacidad mundial de fabricación de chips avanzados en TSMC, proveedor crítico para compañías estadounidenses como NVIDIA, Apple y AMD.

Taiwán emerge como una línea roja que condiciona cualquier avance significativo entre las dos potencias. Para China, Taiwán no es sólo una cuestión de soberanía histórica; es un activo económico y tecnológico de valor incalculable, de ahí que sea rotunda con que es intocable. Pekín lleva años invirtiendo miles de millones en su propia industria de semiconductores (a través de empresas como SMIC), aunque está varias generaciones por detrás de TSMC en los procesos más avanzados.

China tiene claro que una guerra en el estrecho de Taiwán podría paralizar toda la producción citada durante meses o años, provocando un “apocalipsis de chips” con consecuencias catastróficas para la economía mundial, incluida la propia China. En este contexto, el presidente Xi Jinping ha subrayado a Trump que Taiwán es el tema más importante en las relaciones China-EEUU» y ha advertido de que cualquier manejo erróneo podría generar "una situación muy peligrosa" o incluso conflictos directos.

En los últimos meses el presidente norteamericano remarco la defensa en la aplicación de aranceles a los chips importados y reiteró que “queremos que se fabriquen en Estados Unidos”. La estrategia apunta a reducir la dependencia asiática en sectores considerados críticos para defensa, inteligencia artificial y seguridad nacional. Sin embargo, el escenario es más complejo.

Estados Unidos todavía depende de cadenas globales integradas. Incluso con nuevas fábricas en Arizona y Texas, la capacidad norteamericana sigue lejos de reemplazar el peso industrial taiwanés o la escala manufacturera asiática.  Por este motivo, empresas tecnológicas y parte de la industria de semiconductores norteamericana vienen advirtiendo que una escalada arancelaria podría aumentar costos y afectar el desarrollo del ecosistema estadounidense de IA. 

En el ámbito de las tecnologías críticas, Trump ha desmantelado parte del sistema de controles a la exportación consolidado por Joe Biden, que se centraba en los semiconductores de menos nanómetros, los equipos de litografía más avanzados y las supercomputadoras. 

Al renegociar las restricciones sobre la venta de chips de IA a China para transformarlas en «licencias a cambio de regalías», la actual administración de Trump ha optado por dar prioridad a los ingresos a corto plazo de Nvidia o Intel que representan varias decenas de miles de millones de dólares en ingresos potenciales, en detrimento del objetivo estratégico de mantener la ventaja tecnológica.

La presencia de Jensen Huang de Nvidia junto a Elon Musk en la comitiva que acompaño a Trump, cuyas empresas dependen en gran medida de China, no hace más que confirmar esta orientación.

SI China logra, mediante el desgaste y la presión, sin recurrir a la fuerza, reintegrar progresivamente a Taiwán en su órbita, tendría el control, directo o indirecto, sobre la mayoría de los chips que alimentan la inteligencia artificial, las infraestructuras críticas y los sistemas de armas de todo el mundo. 

El Jardín Botánico con senderos históricos impermeabilizados y cocheras a centímetros de árboles centenarios. Plaza Armenia en proceso para una concesión por 20 años para un estacionamiento subterráneo, sin audiencia pública y con los artesanos de siempre afuera. La Reserva Ecológica con un bar construido adentro, en zona intangible. El Tiro Federal concesionado por 150 años en forma gratuita para torres y un complejo privado. El Parque de las Victorias, en la zona sur con mayor déficit de verde de la Ciudad, vendido para un club de golf privado. Costa Salguero —32 hectáreas de Costanera Norte— recuperada después de siete mil vecinos en audiencia pública y tres fallos judiciales. Son apenas algunos de los treinta dos conflictos que el Partido Intransigente relevó en un mapa de espacios verdes bajo presión en la Ciudad. Y son los que conocemos.

Lo que hoy está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires ya no puede explicarse solamente como una serie de malas decisiones urbanísticas. No alcanza con hablar de plazas concesionadas, árboles mutilados o negocios inmobiliarios aislados. Lo que está en discusión es algo más profundo: las condiciones mismas de la vida urbana. Buenos Aires se está volviendo una ciudad más dura, más caliente, más gris, más cara, más cansada.
Estamos habitando una ciudad donde cada vez cuesta más alquilar, descansar, caminar, criar hijos, sostener un comercio o simplemente sentarse bajo un árbol sin que haya una empresa calculando cuánto puede facturar alrededor. Una ciudad donde cada vez más chicos juegan rodeados de autos y no de árboles.

Durante años nos dijeron que la ciudad funcionaba, que había gestión, que había modernización. Pero detrás de esa narrativa se consolidó otra lógica: la idea de que todo espacio común es una oportunidad de negocio y que cada metro cuadrado que no genera rentabilidad inmediata es un activo subutilizado.

Así se fueron naturalizando decisiones que, vistas en conjunto, dibujan un modelo de ciudad muy preciso. Mientras tanto, la ciudad perdió o concesionó más de 200 hectáreas de espacios verdes públicos. Lo que aparece fragmentado en las noticias, cuando se mira completo, deja ver un patrón, un verdadero bombardeo fragmentado y permanente sobre la experiencia de vivir Buenos Aires.  

Pero el problema no termina en el verde. El cemento y la privatización son apenas la expresión visible de un deterioro urbano más amplio. Porque la ciudad también se vuelve hostil cuando el alquiler expulsa, cuando el transporte agota, cuando el calor se vuelve insoportable, cuando desaparecen los lugares de encuentro, cuando los barrios pierden identidad y cuando cada vez más personas viven la ciudad como un espacio de supervivencia y no como un espacio de comunidad. Eso es lo que está en juego.

Y por eso la defensa de Buenos Aires no puede quedar limitada a especialistas, ambientalistas o vecinos directamente afectados. Tiene que transformarse en una defensa colectiva de la vida urbana. De los clubes de barrio, de las ferias, de los comerciantes, de las plazas donde juegan los chicos, de los jubilados que necesitan sombra, de los pibes que pasan tres horas viajando, de quienes alquilan, de quienes trabajan en aplicaciones. De todos los que venimos sintiendo, hace tiempo, que la ciudad se volvió un lugar cada vez más expulsivo y agotador.

Porque una ciudad no se destruye solamente cuando se derrumba un edificio, también se destruye cuando pierde lentamente las condiciones que permiten habitarla dignamente.

Y sin embargo, Buenos Aires todavía resiste. Resistió en Parque Lezama, en Plaza Mafalda, en Villa Santa Rita, en Costa Salguero. Resistió en cada vecino que entendió que una plaza no es un “espacio ocioso” sino infraestructura social, salud pública y memoria compartida. 

Por eso la discusión de fondo no es si queremos más o menos bares, más o menos estacionamientos o más o menos emprendimientos inmobiliarios.

La discusión es otra: quién tiene derecho a decidir qué ciudad vamos a habitar.

Porque Buenos Aires no necesita ser salvada por un operador eficiente ni por un desarrollador creativo. Necesita volver a ser pensada como un espacio común. Una ciudad para vivir y no solamente para explotar económicamente. Defender la ciudad no es nostalgia, es defender las condiciones materiales, ambientales, sociales y afectivas que hacen posible una vida urbana digna. No bombardeen Buenos Aires.

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Diaz, habló con "Enfurecida y tranquila", el programa de AGENCIA PACO URONDO que se emite los domingos por FM La Patriada (conducen Paula Rojo y Maby Sosa).

Sus principales declaraciones sobre el femicidio de Agostina Vera, la niña de 14 años asesinada en Córdoba: 

“Cuando el gobierno nacional elimina, abandona, cierra los programas, además dice que esta violencia no existe, están construyendo escenarios para la impunidad de esta violencia”

“Milei no solo ha arrasado y eliminado todas sus responsabilidades sino que además, estigmatiza a las víctimas, niega que esta violencia exista y tenga particularidades especificas”

“Es una vergüenza que Bullrich diga que bajaron los femicidios porque ellos eliminaron el Ministerio de las Mujeres. Parece que no tiene consecuencias decir mentiras, tergiversar la realidad y los datos de la realidad. Tenemos que salir con fuerza este 3 de junio. La sociedad en su conjunto porque la mayoría de este pueblo tiene conciencia y quiere vivir vidas libres de violencia”. 

"Si hay algo que es falso es que sea necesario el proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada realmente. Eso sí que es falso"

El “transa” hace referencia a una persona que transacciones drogas ilegales, conectado a la oferta y la demanda, de un mercado ilegal. Sin una lupa moral, el “transa” es lo que hace.

Sin embargo, históricamente esta figura desde la perspectiva de personas vinculadas a la actividad delictiva, era catalogada como “arruinaguachos”, misma apreciación que se tenía del violador en el escenario carcelario. 

¿Se puede ser amigo de un “arruinaguachos”? No lo sé, pero lo que si vengo observando es que el “transa” viene hace años lavando su imagen y he escuchado relatos que expresan la noción de “mi amigo, el transa” lo que me lleva a pensar que algo cambió.

Asimismo, el “transa” en un barrio del conurbano tiene una imagen, en un barrio del sur de la Capital Federal tiene otra y en un barrio del norte de la Ciudad tiene otra imagen. Posiblemente alguien ha escuchado la frase “mi amigo, el que vende”. Ni hablar si las ganancias obtenidas por el “transa” lo llevan a instalarse en un barrio privado de por ejemplo el norte de la Provincia de Buenos Aires, ahí directamente puede pasar a ser considerado “mi mejor amigo”.

Ahora bien, estos personajes son protagonistas en el escenario del mercado ilegal de drogas de la Argentina. Y tienen sus particularidades, en relación a que vende y cuánto vende.

Me interesa dejar en claro que la dimensión de la oferta en este mercado debe ser un ámbito de acción de la seguridad pública. Y que la dimensión de la demanda consideró que debe ser el ámbito de acción de la salud pública.

También es muy importante evitar categorizar a estos personajes como algo que no son, porque nos puede llevar a confundir la forma de abordarlo.

Un “transa” no es un narco, ni mucho menos un cartel. 

Más que nada porque si estamos en presencia de un fenómeno que se expande horizontalmente en el territorio a partir de esta figura, no creo que sea certero hablar de “narcoterrorismo” como el discurso oficial viene sosteniendo, mismo porque el concepto de “narcoterrorismo” utilizado por el Presidente de Estados Unidos puede responder más a una estrategia de penetración territorial con otros objetivos, que nada tienen que ver con perseguir al narcotráfico.

La horizontalidad del mercado ilegal de drogas hace referencia al hecho de que los puntos de ventas en donde operan los “transas” se están expandiendo territorialmente. A diferencia de la verticalidad del fenómeno que hace referencia a organizaciones que en su punta más alta se vinculan con grandes comercializadores de distintas drogas, en esa dimensión si podemos ser precisos y hablar de crimen organizado, con toda su complejidad.

En relación a la horizontalidad no es solo lugares estáticos en un barrio, como puede ser un “bunker” o la casa misma del “transa”. Sino que estos personajes pueden tener una dinámica desterritorializada, en donde se mueven hacia puntos de consumo, como por ejemplo una fiesta, una jodita, un after, etc.

Por lo tanto, se puede empezar a iluminar sobre la forma y los modos con los que opera el “transa” según si está ubicado territorialmente en un lugar o en otro y también si se mueve hacia los espacio donde el consumo está presente.

Cualquiera que tenga diálogo con referentes y vecinos de sectores sociales en donde la vulneración de muchísimos derechos es parte del escenario social, podemos dar cuenta de cómo el “transa” opera en el barrio. Ubicado en una casa, en alguna manzana, podemos dar cuenta de que vende, cual es la forma en la que vende, cómo se relaciona con los demás vecinos y hasta como va ocupando tareas que deberían ser responsabilidad del Estado. Ejemplo de esto es lo que describen muchísimos curas villeros que patean distintos barrios.

Ahora bien, el ingreso a este mercado puede ser trabajando para el “transa” en alguna de las tareas que este necesite para sostener y/o ampliar su negocio. Por lo tanto, como un actor central de este mercado genera una suerte de distribución de los ingresos, ya sea teniendo a otros “transas” más pequeños que trabajan para él o generando otros puestos de trabajo. 

Y ¿por qué trabajan para el transa? porque es una forma de obtener dinero si no se llega a fin de mes o de la quincena, porque es la forma de tener plata para pagarse un asado para la familia, celebrar un cumpleaños, armar una jodita con amigos, etc. Asimismo, el ingreso proveniente de este mercado genera otros consumos en otros rubros comerciales.

También es un mercado que puede proyectar un símil ascenso social, porque si al “transa” le va bien puede salir del barrio dejando a otra gente que trabaje para él y mudarse a una zona más residencial con otro poder adquisitivo. Ya sea en la capital federal o en zonas de barrios residenciales del conurbano.

Este mercado tracciona fuerte en contextos donde la desigualdad está muy presente, pero no solamente ahí. En barrios de la capital federal, se puede dar cuenta como se montan negocios en departamentos, como pantalla para comercializar distintas drogas. Y ahí la dinámica cambia, porque se pueden enviar deliverys y concretar ventas vía redes sociales. 

Pero en el fondo es la misma lógica, participar del negocio para obtener recursos que permitan satisfacer determinadas metas y objetivos culturales y sociales. Ni hablar cuando el “transa” alcanza la casa con pileta en un barrio privado o se empieza a mover en un auto de marca alemana por ejemplo.
Entonces así es como esa figura que era considerada “arruinaguachos” va mutando, va limpiando su imagen y se convierte en “mi amigo, el transa”. En principio ponerle luz a estas cuestiones, poder pensarlas, no busca el estigma, ni la persecución. Pero permite encarar y dimensionar un mercado que va creciendo, por otro lado permite también pensar políticas públicas en materia de seguridad que sean más certeras, para no caer en los discursos vacíos de la “guerra contra el narcotráfico”.

Más que nada viendo como Brasil encaró estos combates con fuerzas especiales como el BOPE (recomiendo la película “Tropa de elite”) y el resultado está a la vista, no solo no lo resolvieron sino que se sigue complejizando y manteniendo la violencia como su característica más notoria.
Lo interesante para observar es que esta figura del “transa” es transversal a los distintos niveles socioeconómicos. Hay “transas” en las villas, en los barrios de clase media, media alta y en los barrios privados. A su vez, también podemos observar que existe una oferta de drogas que también tiene demandas distintas según la clase socioeconómica. Desde drogas más “cool” como el MDMA y drogas más “turbias” como la cocaína o el “tusi”.
Pero si nos remontamos a la década del ‘90 la cocaína era una droga predilecta de personas perteneciente a clases más pudientes, en la actualidad el consumo de cocaína está proliferando en personas de barrios de menor poder adquisitivo. 

Algo para pensar alrededor de este actor central para la distribución y comercialización, es el volumen de dinero que suelen recaudar. Pensar mecanismos de control en relación a las inversiones que hacen para “blanquear” la plata, pueden ser herramientas más efectivas para incidir sobre un mercado que se está expandiendo.

Pensar y poder caracterizar la figura del “transa” nos puede aportar al conocimiento de un fenómeno que se expande y afecta a la sociedad, erosionando aún más los lazos comunitarios. A su vez también nos puede ayudar a dimensionar más los lazos de estos emprendedores de la ilegalidad, con grandes organizaciones narcocriminales que operan en el continente.

Y es fundamental también entender que estos personajes operan en una economía que en el segundo semestre del 2025 tuvo un 43,2% de informalidad laboral, osea que casi la mitad de la Población Económicamente Activa no solo no tiene derechos laborales sino que tampoco pueden tener un margen de mayor estabilidad como quienes sí tienen un trabajo registrado.

El “transa” se nutre de la informalidad, pero además están lavando su imagen de “arruinaguachos”.