Malvinas. entre el prejuicio y el destino nacional
Las reflexiones que siguen constituyen la base conceptual de la exposición realizada por este autor en el marco de la Formación Especial 2026 de la Escuela de Formación Juan Domingo Perón, el jueves 23 de abril de 2026, en la sede del Partido Justicialista de la ciudad de Río Cuarto. Este texto recupera, desarrolla y ordena los ejes centrales de aquella intervención.
Hablar de Malvinas no es hablar de una efeméride. No es evocar un episodio cerrado en el pasado ni una herida que se recuerda por compromiso moral o estrictamente oficial cada 2 de abril. Y es que, en la Argentina, ninguna efeméride es un hecho político clausurado. Todas permanecen atravesadas por las tensiones —muchas veces aún vigentes— que les dieron origen. En cada fecha histórica reaparecen, bajo nuevas formas, las visiones revisionistas, las disputas políticas e incluso partidarias que marcaron aquel momento, como expresión de un país que todavía no ha resuelto plenamente su cuestión nacional.
En ese marco, Malvinas sigue siendo un punto activo de esa misma lucha histórica. Hablar de Malvinas es, en realidad, hablar de la Argentina misma. Es interrogar nuestro sentido histórico, nuestra conciencia política y, sobre todo, nuestro lugar en el mundo. Malvinas no es un hecho aislado, sino una expresión concreta —y persistente— de un problema más profundo, el de la soberanía y la autodeterminación en una Nación que, desde su nacimiento, ha debido debatirse entre la afirmación de su propio destino o la subordinación a intereses externos.
Si sabemos mirar, en Malvinas está todo. Está la unidad nacional, porque es una de las pocas causas capaces de reunir al conjunto del pueblo argentino por encima de sus diferencias. Está el clamor popular, ese pulso profundo que no se apaga y que irrumpe con fuerza cada vez que la Patria es interpelada en lo esencial, desbordando coyunturas y dirigencias, y reafirmando —sin mediaciones— la conciencia viva de una Nación que no renuncia a sí misma; allí donde el corazón del pueblo funciona como un refugio impenetrable de autoconciencia, capaz de resistir y bloquear cualquier intento de colonización mental. Está la política de defensa, porque las islas revelan con crudeza la necesidad de pensar estratégicamente nuestro territorio, nuestras capacidades y nuestra proyección en el Atlántico Sur. Están las claves de nuestra geopolítica defensiva, porque Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida, el control de rutas marítimas vitales y el resguardo de recursos naturales que definen el siglo XXI. Está también nuestra condición bicontinental, pocas veces asumida en toda su dimensión, que nos proyecta no sólo como nación sudamericana sino como actor en el sistema austral. Está la unidad regional, porque sin una América Latina integrada, la defensa de nuestros intereses estratégicos se vuelve frágil frente a las potencias globales. Y Malvinas lo demostró con claridad durante el conflicto de 1982; allí se alcanzaron altos niveles de solidaridad latinoamericana, con países como Perú brindando apoyo concreto, junto a múltiples expresiones de acompañamiento político en la región. Aquella reacción no fue circunstancial, sino la manifestación de una conciencia común frente a una causa que excedía a la Argentina y remitía a la persistencia del colonialismo en América Latina. Está, además, nuestra caja y nuestra soberanía marítima, porque en las aguas circundantes se juega el control de riquezas fundamentales —pesca, energía, biodiversidad— que hoy, en gran medida, se nos escapan.
En Malvinas, en definitiva, se sintetiza todo; la dimensión geográfica, comercial, institucional, jurídica, normativa, demográfica, industrial, científica, política, económica, cultural y la voluntad política de existir como comunidad organizada. Por eso, todo proyecto nacional que pretenda jactarse de sí, que aspire a ser algo más que una administración transitoria de la dependencia, debe estar necesariamente atravesado por la causa Malvinas. Malvinas no es un capítulo más, sino el punto de partida desde el cual se ordena, o se desordena, toda la política nacional y su programa.
Ahora bien, si Malvinas es ese punto de partida, nunca tomará verdadero impulso mientras persista el discurso lacrimógeno y minusvalidante de la “guerra sin sentido”. Esa pedagogía de la derrota no es inocente; es heredera del dispositivo desmalvinizador que propone una forma de pensar que, más que una ideología en sentido clásico, funciona como un reflejo condicionado frente a lo nacional. Es, en buena medida, el resultado de una formación cultural que —como advertía Arturo Jauretche— ha sido estructurada para mirar la realidad con categorías ajenas, importadas, incapaces de captar la especificidad histórica de la Nación. Una matriz que se expresa incluso en fórmulas aparentemente compasivas pero profundamente desmoralizadoras, como la reiterada alusión a “los pobres chicos de la guerra”, que, lejos de honrar el sacrificio y el coraje, lo reduce y lo despoja de su dimensión histórica y política.
El lenguaje progresista
Otro indicador clave de esta operación desmalvinizadora es el lenguaje. Las palabras no son neutras; ordenan la manera en que se percibe la realidad. En esta mirada progresista se verifica un vaciamiento deliberado del léxico nacional; desaparecen nociones como soberanía, Patria, causa nacional, unidad, gesta o héroes, y en su lugar se instala un vocabulario que desactiva toda dimensión colectiva y heroica —“aventura militar”, “guerra absurda”, “patriotismo tóxico”, “causa ilegítima”, “la plaza de Galtieri”, “perdida de antemano”—. No se trata de una discusión semántica, sino de una disputa política en sentido pleno. Cuando una Nación pierde las palabras con las que se piensa a sí misma, pierde también la posibilidad de actuar como tal. La Argentina no desaparece como hecho histórico, pero sí como proyecto político; ya que queda desarmada en el plano simbólico, privada de las categorías necesarias para reconocerse, afirmarse y proyectarse; y así, difícilmente podremos encontrar soluciones nacionales a los problemas nacionales. Por eso, desde la política, el desafío es recuperar la capacidad de nombrar a Malvinas en toda su dimensión. Sacarla del lugar de la derrota y devolverla al lugar de la causa nacional con toda su complejidad.
La recuperación de nuestro sentido histórico
La cuestión Malvinas debe ser comprendida en su larga duración histórica. En 1833, el Reino Unido consuma la usurpación de nuestras islas, desalojando por la fuerza a las autoridades argentinas. No se trató de un episodio menor ni de una disputa circunstancial; fue un acto de colonialismo en pleno desarrollo del orden imperial británico, en un momento en que nuestra organización nacional aún era incipiente. Pero esa acción no fue aislada; se inscribe en una secuencia de agresiones previas, como las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde el pueblo de Buenos Aires, sin una estructura estatal consolidada, logró derrotar a una de las principales potencias ultramarinas de la época.
El 12 de agosto de 1806, el pueblo de Buenos Aires —organizado en milicias criollas y bajo la conducción de Santiago de Liniers— logró expulsar al invasor inglés que había ocupado la ciudad. Aquella jornada constituyó la primera victoria armada de los pueblos del Río de la Plata frente a una potencia imperial y prefiguró, en los hechos, el impulso emancipador que pocos años después desembocará en la Revolución de Mayo. En esa gesta se encuentra también el origen popular profundo de nuestros ejércitos nacionales que luego consolidó Roca y la generación del ‘80. Ese ejército no nace de una estructura colonial ni de una imposición externa, sino de un pueblo que, al organizarse y armarse, asume la defensa de su territorio y su destino. Son, en esencia, expresión directa de la voluntad popular de resistir la dominación y afirmar la patria. Sin embargo, esta fecha ha sido frecuentemente relegada en la memoria oficial, cuando en realidad constituye un eslabón decisivo de una misma secuencia histórica; la que enlaza las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, la ocupación colonial de Malvinas en 1833, la Vuelta de Obligado en 1845 y la guerra de Malvinas 1982, proyectándose hasta nuestros días como una constante de la disputa entre soberanía y dependencia. Malvinas, como vemos, no es un hecho aislado; sino una expresión concreta —y persistente— de un problema más profundo, el de la soberanía en una nación que, desde su nacimiento, ha debido someterse, como mencionamos, a la pugna entre la afirmación de su propio destino o la subordinación a intereses externos.
Del aceite caliente a la industria nacional
En los orígenes mismos de nuestra historia, la relación entre defensa y producción aparece con claridad. El bloqueo impuesto por el poder colonial británico obligó a las milicias criollas a fabricar sus propias armas. Aquella necesidad, lejos de ser una limitación, actuó como un impulso decisivo; pues puso en marcha una temprana vocación industrialista que articuló la defensa militar con la capacidad productiva propia. El pueblo que se armaba a sí mismo no sólo se defendía, sino que se hacía, al mismo tiempo, más independiente en lo militar y más soberano en lo económico. Esa intuición fundacional alcanzó su desarrollo pleno con el peronismo en el decenio ´45/´55, cuando la soberanía militar fue integrada a una estrategia de industrialización integral del país. En ese período se consolidó una idea central; la defensa nacional no es únicamente una cuestión militar, sino también industrial, científica y económica.
La contracara de ese proceso comenzó a gestarse a mediados de los años setenta, con las políticas de apertura indiscriminada y desindustrialización impulsadas por Martínez de Hoz, y continuadas luego en distintos grados por los gobiernos de Alfonsín y Menem en democracia, hasta nuestros días. Ese ciclo fue desarticulando progresivamente el entramado que vinculaba defensa, industria y soberanía, hasta conducirnos a una situación de creciente indefensión. Y lo más grave es que esa situación no fue revertida por ningún gobierno democrático posterior, ni siquiera por aquellos que se reivindicaron como nacionales, populares o peronistas, que no lograron —o no decidieron— reconstruir de manera sostenida esa articulación estratégica entre defensa, desarrollo industrial y soberanía. En ese contexto, la dependencia se vuelve estructural; un país que compra su defensa a quienes, en el plano geopolítico, son sus adversarios históricos —y en algunos casos, enemigos presentes— no sólo compromete recursos económicos, sino que hipoteca su autonomía estratégica.
El caso del misil Exocet y la actual compra de los F-16
Cada compra externa no es un hecho neutro; consolida una relación de dependencia. Porque los sistemas de armas no se adquieren aislados; llegan acompañados de manuales, repuestos, licencias, coeficientes de uso, limitaciones técnicas y, por sobre todo, condicionamientos políticos que restringen su empleo efectivo.
El caso del misil Exocet en la Guerra de Malvinas expone con claridad esta contradicción histórica. En 1982, la Argentina empleó con notable eficacia los misiles AM39 Exocet, hundiendo al destructor HMS Sheffield el 4 de mayo —lanzado desde un avión Super Étendard— y provocando graves daños al Atlantic Conveyor el 25 de mayo, generando un impacto significativo en la flota británica.
Sin embargo, ese mismo éxito dejó al descubierto el límite estructural. Francia, proveedor del sistema, bajo presión del Reino Unido, bloqueó de inmediato el suministro de misiles y repuestos. La conclusión es directa y contundente; la Argentina contaba con el arma y con la capacidad militar para utilizarla con precisión, pero dependía del proveedor extranjero. Y esa dependencia, frente al primer condicionamiento político, se tradujo en la imposibilidad de sostener su empleo. Allí se revela, en términos concretos, el problema de fondo; sin autonomía en materia de defensa y fabricación, la soberanía queda inevitablemente condicionada.
Aunque no hubo nada que la materia gris Argentina no pudiera resolver. Había que diseñar, por completo, un sistema casero portátil, una caja simuladora, consistente en un artefacto para simular la señal eléctrica "engañando” al misil por medios electrónicos para que se comportara como si estuviera a bordo de un buque. Gracias a nuestros ingenieros, se logró en 15 días, y en plena guerra.
Este problema no pertenece sólo al pasado; se proyecta con claridad en el presente. La reciente adquisición de aviones de combate F-16 Fighting Falcon al gobierno de Dinamarca —aeronaves de origen estadounidense cuya transferencia fue autorizada por Estados Unidos— reproduce la misma lógica de dependencia. Estos sistemas requieren un sostén permanente del proveedor: repuestos, mantenimiento, entrenamiento y, en última instancia, autorización política para su uso operativo real. Pero hay un dato aún más revelador. El alcance de sus radares y su autonomía estándar no permiten un patrullaje efectivo sobre el teatro de operaciones de las Islas Malvinas. Es decir, se incorporan capacidades que, en términos concretos, no resuelven el problema central de nuestra defensa en el Atlántico Sur. De este modo, la situación actual dialoga directamente con la experiencia de 1982. Así como ocurrió con los misiles Exocet, el uso pleno de estos sistemas queda condicionado por decisiones externas, en este caso de Estados Unidos, aliado estratégico del Reino Unido.
La lección, entonces, no ha sido completamente asumida. Cuando la defensa depende del proveedor —y más aún si ese proveedor está alineado con nuestros adversarios geopolíticos—, la soberanía queda inevitablemente hipotecada. Por eso, la vocación industrialista en materia de defensa que nació en 1806 y que encontró su cumbre con el General Perón, no puede ser evocada como un recuerdo romántico, sino asumida como una necesidad estratégica vigente.
Las FFAA en nuestra historia
Comprender el rol de nuestras Fuerzas Armadas exige abandonar las lecturas lineales y los juicios morales simplistas. En las primeras décadas del siglo XX emergió una generación de militares que pensó la defensa nacional como parte inseparable de la construcción de una economía soberana. El general Enrique Mosconi impulsó YPF en 1922 como instrumento estratégico de control energético; el general Manuel Savio sentó las bases de la industria siderúrgica nacional y fue el arquitecto de SOMISA en 1947; el brigadier Juan Ignacio San Martín promovió el desarrollo aeronáutico y la Fábrica Militar de Aviones entre 1944 y 1952. Esta línea doctrinaria encontró su síntesis en la formulación de Juan Domingo Perón: no hay soberanía sin defensa, ni defensa sin industria nacional.
Ahora bien, esa no fue la única orientación histórica. Ya en el siglo XIX, bajo la conducción de Bartolomé Mitre, el Ejército argentino fue configurado en función de un proyecto de país abierto y dependiente, alineado con los intereses del comercio exterior y con una inserción subordinada en el orden internacional de la época, más que con una lógica de defensa integral del incipiente interés nacional. Esa impronta —que alejaba a las Fuerzas Armadas de un proyecto autónomo— también forma parte de nuestra historia y permite comprender la persistencia de ciertas tensiones estructurales.
Pero ese proyecto de Fuerzas Armadas integradas a un modelo soberano, industrial y popular fue tempranamente advertido —y, en consecuencia, combatido— por los centros de poder angloamericanos a través de sus representaciones diplomáticas y dispositivos de influencia política en nuestro país. A partir del derrocamiento de Perón en 1955, se inicia una intervención doctrinaria profunda sobre el Ejército argentino. En 1957, bajo la dictadura de Aramburu, ingresan asesores militares franceses, veteranos de la guerra de Argelia, que introducen la lógica de la “guerra contrainsurgente”, quebrando la tradición originaria —antiimperialista, industrialista y popular— que había dado sustento a nuestras Fuerzas Armadas. En ese recorrido histórico se advierte con claridad una constante; la presencia de figuras y corrientes alineadas con intereses externos y funcionales a proyectos de subordinación. Desde sectores del siglo XIX vinculados al poder británico, hasta actores del siglo XX subordinados a la estrategia norteamericana en el marco de la Guerra Fría, esa línea atraviesa nuestra historia. En ese marco pueden inscribirse nombres como Alvear, Rondeau, Bartolomé Mitre, Agustín P. Justo, Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Emilio Massera y Jorge Rafael Videla, entre otros, como expresiones de una orientación que colocó a las Fuerzas Armadas al servicio de intereses ajenos al desarrollo soberano de la Nación.
Sin embargo, la historia de nuestra institución castrense también registra, en distintos momentos, la emergencia de figuras que encarnaron un proyecto nacional, autónomo y emancipador. Allí están José de San Martín, artífice de la independencia continental; Julio Argentino Roca, en el proceso de fortalecimiento de la organización territorial, del Estado y de la nacionalización del Ejército; Enrique Mosconi en la afirmación energética; Manuel Savio en la construcción de la base industrial; Juan Ignacio San Martín en el desarrollo aeronáutico; Hernán Pujato en la proyección antártica; y el propio Juan Domingo Perón, quien integró defensa, producción y justicia social en una misma concepción estratégica.
Esta dualidad no es casual; expresa la disputa permanente por el rumbo del país. Por eso, sería un error histórico reducir a las FFAA a una esencia inmutable. No son, en sí mismas, ni virtuosas ni condenables, ni buenas ni malas en esencia; han sido, más bien, una expresión de las tensiones políticas de una Nación inconclusa, atravesada por dos proyectos en pugna que ninguno podrá imponerse en términos hegemónicos si no es con la impugnación total de su antagonista. Su orientación y su función dependen, en última instancia, de la correlación de fuerzas de cada etapa histórica y del modelo de país que logre imponerse.
Dictadura y Malvinas. La imposibilidad de pensar la contradicción
El año 1982 constituye un punto de inflexión ineludible. La guerra de Malvinas nos coloca frente a una realidad compleja que no admite simplificaciones. Por un lado, el conflicto fue conducido por una dictadura ilegítima, responsable de un plan sistemático de represión y destrucción del tejido nacional, un genocidio humano brutal y un genocidio económico sutil y eficaz que sobrevive hasta hoy. Por otro lado, la causa que movilizó esa guerra —la recuperación de las islas— era, y continúa siendo, profundamente legítima. El problema no está en los hechos, sino en cómo fueron interpretados. Durante décadas se instaló una lectura “derechohumanista” que fusionó ambos planos; se trasladó la ilegitimidad del régimen genocida a la causa misma. Como si reconocer el carácter nacional de Malvinas implicara justificar a la dictadura. Así, se impuso una lógica binaria; si la dictadura es “el mal”, todo lo que hizo debía serlo también.
Pero la historia no funciona de ese modo. La historia está hecha de tensiones, contradicciones y superposiciones. Y cuando se la intenta simplificar, se la distorsiona. En este caso, en lugar de distinguir entre régimen y causa, se optó por eliminar la contradicción. No se la resolvió; se la suprimió. El resultado fue un desplazamiento conceptual decisivo. La guerra dejó de ser comprendida como un episodio de disputa colonial —es decir, como un conflicto geopolítico “Norte/Sur” por la soberanía— para ser reducida a un problema exclusivamente moral. Pasó a ser presentada como una “aventura”, un “delirio” o una “manipulación”. Pero la guerra existió, ocurrió, y tuvo una dimensión histórica concreta que no desaparece por el modo en que se la nombre. Al negar esa dimensión geopolítica, también se pierden las herramientas para comprenderla. Y allí aparecen las preguntas que ese esquema de pensamiento académico y “bienpensante” no puede responder: ¿cómo es posible que los soldados hayan sido, al mismo tiempo, víctimas de una dictadura y protagonistas de una causa nacional? ¿Cómo distinguir entre la ilegitimidad del régimen y la legitimidad del reclamo? ¿Cómo integrar la defensa de los derechos humanos con la defensa de la soberanía sin que una anule a la otra?
Frente a estas preguntas, buena parte del pensamiento progresista queda paralizado, porque su marco conceptual no admite contradicciones. Pero la realidad no se ordena según esquemas abstractos; exige ser comprendida en su complejidad. Y es precisamente en esa complejidad donde se juega la posibilidad de reconstruir una mirada más honesta, más profunda y, sobre todo, más útil para pensar el presente y fabricar el destino.
El pueblo llano, en cambio, resuelve de otro modo. Sin seminarios ni marcos teóricos, entiende lo esencial; que en Malvinas hubo coraje, hubo sacrificio y hubo patria. Que los soldados no fueron piezas de una manipulación, sino protagonistas de una causa que los convocaba. Lo cierto es que la recuperación de las islas en 1982 constituye, objetivamente, un acto de soberanía. No por la calidad moral del régimen que lo llevó adelante, sino por el contenido histórico que implicó. Y ese dato, lejos de ser anecdótico, resulta profundamente revelador. Porque incluso en el marco de un gobierno dictatorial que impulsaba la subordinación económica del país —a través de la extranjerización y la financiarización de nuestro aparato productivo promovidas por el programa de José Alfredo Martínez de Hoz y Adolfo DIiz—, emergió un hecho que rompió, aunque sea momentáneamente, con la lógica de dependencia.
Pero las causas nacionales y su verdad histórica tienen esa característica; no piden permiso. Irrumpen, incluso en contextos adversos, incluso bajo conducciones que no están a la altura de su significado histórico. Lo cierto es que la recuperación de Malvinas en 1982 tuvo la “incomodidad” de interrumpir un orden colonial vigente desde 1833.
La infantilización del pueblo
Uno de los rasgos más reveladores de esta matriz de pensamiento es la mirada que proyecta sobre el sujeto popular. Las movilizaciones de marzo y abril de 1982 son leídas, desde el enfoque progresista, no como expresión de conciencia política, sino como resultado de manipulación o engaño del poder mediático. El pueblo aparece así reducido a una masa confundida, incapaz de comprender sus propios actos. Sin embargo, los hechos desmienten esa interpretación. El 30 de marzo, el pueblo y los trabajadores enfrentaban a la dictadura en una de las mayores movilizaciones contra el régimen, encabezada por la CGT de Saúl Ubaldini y brutalmente reprimida; el 2 de abril, esos mismos sectores acompañaban la recuperación de las islas. Lejos de constituir una contradicción, esa doble presencia revela una distinción profunda; el pueblo podía rechazar al régimen y, al mismo tiempo, reconocer una causa nacional. Esa capacidad de discernimiento —elemental, sin tantos argumentos, pero decisiva— es precisamente lo que esta mirada progresista no logra admitir, porque rompe con su esquema paternalista de superioridad moral.
Basta imaginar la escena de un director de claustro, rodeado de bibliografía cuidadosamente ordenada, explicando con seriedad académica que Saúl Ubaldini y cientos de miles de personas estaban equivocados aquel 2 de abril; que aquella multitud no comprendía del todo lo que hacía y que, en el mejor de los casos, reaccionaba emocionalmente. Así, con la tranquilidad que da el pizarrón y la distancia del aula, se corrige al pueblo en retrospectiva. Y, llevada esa lógica hasta los extremos de la incomprensión, habría que admitir también que los países latinoamericanos que expresaron y nos prestaron su apoyo —como Perú, Venezuela o Cuba, y tantos otros— estaban igualmente equivocados, incapaces de comprender la naturaleza del conflicto y arrastrados por una lectura errónea de los hechos.
Son los mismos sectores que, ante una derrota electoral, trasladan la responsabilidad al votante —apelando a etiquetas descalificadoras, como las de “globoludo”, “genio del voto”, “desagradecidos”— en lugar de asumir las fallas propias de la conducción de una dirigencia aparentemente infalible.
Cuando logremos comprender que la tragedia del genocidio de los años setenta y la gesta de Malvinas no son hechos inconexos, sino momentos distintos de una misma trama histórica atravesada por intereses imperiales y por las contradicciones de nuestra propia formación nacional, estaremos en condiciones de recordar una y reivindicar la otra con igual convicción en las calles. Mientras tanto, seguimos atrapados en un péndulo de prejuicios, donde se honra una memoria negando la otra, y se debilita así la posibilidad de construir una conciencia nacional plena, capaz de integrar sus dolores, sus luchas y sus causas en un mismo horizonte de Nación.
Malvinas, en definitiva, no es sólo una causa pendiente; es la medida de nuestra conciencia política, en tanto la recuperación de sus enseñanzas históricas. Malvinas nos obliga a decidir si queremos ser una Nación con proyecto propio o un territorio subordinado a intereses ajenos. Allí se sintetiza todo; la historia, la soberanía, los recursos, la defensa, la unidad del pueblo y la voluntad política de existir como comunidad organizada. Por eso, Malvinas no se reduce a un reclamo diplomático ni a un recuerdo emotivo u oficial cada 2 de abril; Malvinas es una definición de presente y de futuro. El día que logremos asumirla en toda su dimensión —sin fragmentaciones, sin prejuicios, sin renuncias— estaremos en condiciones de dar el paso decisivo para dejar de reclamar soberanía para empezar, verdaderamente, a ejercerla.
Hemos heredado de nuestros héroes y Veteranos de Malvinas una espada que no es sólo memoria, sino mandato; en su juramento de dar la vida por la Patria está contenida la inspiración y la exigencia de encontrar la voluntad política necesaria para poner de pie un proyecto verdaderamente soberano.