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La Asamblea Barrial de Floresta y el Grupo de Estudios sobre Peronismo (GEP) invitan a la comunidad a la jornada de homenaje al Mayor Bernardo Alberte. En este marco, se llevará a cabo la presentación del libro "Peronismo y Revolución. Una biografía del Mayor Bernardo Alberte a partir de sus archivos personales", del autor Nicolás Codesido.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre a las 18:00 hs en el histórico Corralón de Floresta, ubicado en Av. Gaona 4660, CABA.

La obra, editada por la Biblioteca del Congreso de la Nación, reconstruye la vida y la militancia de una figura clave de la historia política argentina a través de documentos inéditos de su archivo personal.

Panel de disertantes: La actividad contará con un panel destacado que analizará la obra y la figura de Alberte:

Pablo Garrido, integrante del Grupo de Estudios sobre Peronismo (GEP).

Ana Lorenzo, militante peronista y educadora.

Lorena "Tana" Crespo, miembro de la Comisión de Homenaje al Frigorífico Lisandro de la Torre.

La coordinación de la mesa estará a cargo de Cecilia Gascó (GEP).

Entrada libre y gratuita

El Ministerio Fiscal encuentra probados 16 hechos delictivos perpetrados por los imputados José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, ambos ex presidentes de la cooperativa Sancor, solicitando el respectivo procesamiento por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La maniobra se extendió a lo largo de 33 periodos fiscales entre septiembre del 2022 y enero del 2024, determinándose "de manera incuestionable la apropiación indebida de recursos con destino al Sistema de la Seguridad Social" en la suma total de $1.644.440.882,68.

La denuncia fue iniciada por trabajadores de la cooperativa perjudicados por el hecho, ingresando posteriormente el ARCA como querellante en las actuaciones que lleva adelante la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Rafaela. En dichas actuaciones, los imputados se abstuvieron de prestar declaración indagatoria, sin desconocer ni negar los hechos atribuidos. 

Los trabajadores recuerdan que Sánchez “se manejaba como patrón de estancia” y que ante los reclamos salariales militarizó la empresa solicitando la custodia de la policía y gendarmería “¡cuando el delincuente era él!”. Dicen también, tanto los trabajadores como las fuentes legales consultadas, que no tienen ninguna duda de que el Concurso de la empresa es "totalmente fraudulento", al quedar al descubierto las maniobras de evasión fiscal por más de mil millones de pesos "que obviamente no reportaron ni informaron al solicitarlo". Asimismo, sostienen los trabajadores que la maniobra delictiva de evasión continúa con la actual conducción de Sancor con Sapino a la cabeza, que ya lo han denunciado ante el Juez del Concurso y la Sindicatura, y que por ese motivo ampliarán la denuncia penal. 

Afirman, finalmente, que “estos sinvergüenzas delincuentes se quedaron y se siguen quedando con el dinero de los trabajadores y del Estado, perjudicando nuestro sistema de salud y causándonos un daño irreparable en nuestro beneficio jubilatorio, por lo que también habremos de accionar contra ellos por daños y perjuicios”. No sólo esto, sino que, además, según los trabajadores “en el concurso no pagan hacia atrás ni tampoco pagan hacia adelante, deben más de 5 meses de sueldos y aportes y no depositan lo que retienen.”

Reconocer el aporte histórico de Cristina no implica suspender la crítica política; al contrario, exige ejercerla con la madurez de entender que ningún legado, por importante que sea, puede convertirse en excusa para inmovilizar a un movimiento que tiene la responsabilidad histórica de volver a conducir el destino nacional.

Sostener y fortalecer la gestión de Alberto Fernández no era un acto de disciplina menor, era la condición estratégica indispensable para llegar competitivos a una reelección y evitar el retroceso histórico que hoy padecemos. Es raro estar aclarando esto, pero en cualquier proyecto nacional, la estabilidad del gobierno en ejercicio es la plataforma desde la cual se construye continuidad política para plantear el cúmulo de batallas que restan por dar. Minar desde dentro a ese gobierno —debilitar su autoridad, exponer públicamente sus contradicciones, erosionar su legitimidad— sólo podía conducir a lo que finalmente ocurrió; entregar el rumbo del país a una fuerza cuyo proyecto de demolición no registra antecedentes en nuestra historia democrática. Algo similar ya había ocurrido en 2015, cuando Cristina habilitó —y en algunos casos promovió explícitamente— una campaña de erosión hacia Daniel Scioli, el propio candidato presidencial del espacio peronista. El ninguneo bajo el lema “El candidato es el proyecto”. En lugar de fortalecerlo para enfrentar una elección extremadamente competitiva, se lo sometió a una desconfianza sistemática, a señales ambiguas desde la conducción y a un trato político que lo debilitó ante la sociedad, en plena campaña electoral.

En Cristina, a esta altura y a la luz de los hechos, se vuelve evidente una lógica peligrosa: la preferencia por perder antes que aceptar una conducción que no controle plenamente.

En ese sentido, la famosa predicción de Cristina sobre una “elección de tres tercios” para el 2023 no fue una intuición brillante ni una lectura visionaria, fue simplemente la constatación del daño ya provocado. Era, más que un pronóstico político, un inventario de las fracturas internas que ella misma había contribuido a abrir. Aunque Cristina no es la única responsable; en alguna medida, todos lo somos. Gobernadores, intendentes, diputados, senadores, dirigentes nacionales y provinciales que miraron para otro lado, que no intervinieron a tiempo o que eligieron preservar sus pequeñas parcelas antes que ordenar el conjunto. Pero en la figura de CFK, por su gravitación, se identifica el drama político que importa la ausencia de conducción nacional.

Un diseño político condenado a la fragilidad

Poner un presidente con acuerdo tácito del establishment tiene consecuencias previsibles. El gobierno 2019–2023 nació débil porque fue diseñado desde esa lógica. Cristina eligió a Alberto Fernández con un criterio exclusivamente personal, sin integrar a los actores centrales del peronismo en la decisión ni construir una base política sólida para sostenerlo. Ese origen, sostenido más en un cálculo defensivo que en una estrategia de poder político y popular, determinó un gobierno que dependía más del equilibrio interno que de un proyecto claro, y esa fragilidad terminó marcando todo su recorrido. El mérito de esa jugada fue la eficacia para impedir la reelección de Macri, pero desde el primer día operó una lógica invertida; el poder formal del gobierno estaba en la Casa Rosada, pero la voz del poder real residía en el Instituto Patria. A esa anomalía se le sumó la intervención permanente de Cristina —silencio durante la Pandemia cuando Alberto contaba con acompañamiento, apoyos selectivos, críticas públicas, presiones internas, renuncias inducidas, cambios repentinos de gabinete—, un doble comando que vació de autoridad al Presidente que ella misma había ungido y que terminó generando la sensación de que el gobierno no resolvía nada, no administraba sus tensiones ni su propio elenco. Y no se trata de salvar la figura de Alberto Fernández, que tal vez nunca estuvo plenamente preparado para la investidura presidencial, sino de entender que su fragilidad individual no explica por sí sola el colapso. Sólo alguien dispuesto a renunciar al análisis político puede sostener que la crisis del peronismo y la llegada de Milei se explican por la tesis simplista de que “Alberto no le hacía caso a Cristina”.

Sin embargo, sumado a ese marco defectuoso, el gobierno debió navegar condiciones extraordinarias: una pandemia que obligó a paralizar la economía mundial, una sequía histórica que devoró miles de millones de dólares de las arcas del Estado y una guerra en Ucrania que disparó los precios internacionales de energía y alimentos.

Estas son variables indispensables a la hora de evaluar con honestidad el gobierno de Alberto Fernández; sin integrarlas al análisis —la fragilidad de origen, el doble comando, la interna permanente, las operaciones internas, los factores externos, la falta de autocrítica y la distorsión deliberada del relato— cualquier juicio queda incompleto y, peor aún, funcional a las simplificaciones que hoy impiden comprender el verdadero proceso político que atraviesa el peronismo.

Virtudes que merecían ser defendidas

Las dificultades y la fragilidad de origen no impidió que el gobierno desarrollara políticas públicas de enorme valor para los sectores populares, políticas que jamás fueron defendidas ni por el propio oficialismo ni por la militancia K que eligió repetir el libreto que se bajó de debilidad y desobediencia. Pero aun en medio de una pandemia histórica, el gobierno sostuvo los pilares sociales y productivos del país con una coherencia pocas veces reconocida. Y a los hechos nos remitimos: Sostuvo la AUH y el Progresar, ampliando derechos para jóvenes y sectores vulnerables; defendió la política exterior bajo la mejor tradición tercerista peronista, alineada con la integración regional y la autonomía estratégica; fortaleció la política de Defensa, aumentó el financiamiento de las Fuerzas Armadas, reactivó proyectos estratégicos y recuperó capacidades materiales (el FONDEF es uno de los hitos más valorados por los especialistas); implementó el ATP, los REPRO y el IFE, que evitaron el cierre masivo de empresas y protegieron cientos de miles de empleos; no vació la universidad pública ni los hospitales, sostuvo programas de discapacidad y mantuvo el sistema científico-tecnológico vivo; gestionó la pandemia con resultados reconocidos internacionalmente y llevó adelante una campaña de vacunación monumental, que evocó la escuela sanitarista de Ramón Carrillo; impulsó obra pública en todo el país, con kilómetros de autovías, rutas, viviendas e infraestructura social; mantuvo las paritarias a los laburantes y devolvió capacidad de compra a millones de argentinos, además de políticas de consumo como compras sin IVA para los sectores populares. Por eso, fue intelectualmente deshonesto y políticamente suicida instalar el falso relato de que el gobierno de Alberto Fernández había generado “la peor crisis económica de la historia” sólo para desmarcarse y preservar capital político propio. Esa maniobra no sólo distorsionó la realidad, también señaló al electorado la supuesta “necesidad de un cambio” y le entregó en bandeja a Milei el argumento de la “pesada herencia”.

El anuncio de Alberto Fernández sobre el ingreso de la Argentina a los BRICS representó uno de los hechos políticos más relevantes de la etapa, porque implicó acceder a un bloque que reúne a economías emergentes clave, abrir la puerta a nuevas fuentes de financiamiento e inversión, diversificar alianzas estratégicas y reducir la dependencia del dólar en el comercio exterior. Para un país asfixiado por la restricción externa y el creciente proceso inflacionario, significaba ampliar márgenes de autonomía y proyectarse en un mundo multipolar que ya es una realidad. Fue, en síntesis, una decisión de Estado de enorme valor estratégico, que colocaba a la Argentina en un tablero global donde podía negociar con mayor dignidad y con más herramientas que las ofrecidas por el esquema tradicional dominado por Estados Unidos y el FMI. Cristina no sumó palabra alguna al respecto.

Contrafáctico, pero mejor que Macri y Milei

Así como el “problema” de Daniel Scioli, si hubiese llegado a la Presidencia en 2015, habría sido encarar una etapa de redistribución del ingreso, propio de un desarrollista clásico en aquel esquema; si el próximo presidente era Sergio Massa en 2023, la Argentina tenía una posibilidad concreta de iniciar un ciclo de crecimiento sostenido. La política energética que se venía consolidando —con Vaca Muerta en expansión, el Gasoducto Néstor Kirchner aumentando la capacidad de transporte, mayor producción de gas nacional, sustitución de importaciones y la perspectiva de exportaciones crecientes— constituía una base excepcional para mejorar la balanza comercial, fortalecer las reservas y estabilizar la macroeconomía. Con ese piso, un gobierno del mismo signo político hubiera contado con una plataforma real para ordenar la economía y encarar un sendero de desarrollo. En ese contexto, la Argentina estaba efectivamente lista para crecer.

Estas virtudes y esa potencialidad fueron ocultadas detrás de un discurso interno que insistió hasta el cansancio en que el gobierno era “el peor de la historia”, narrativa que terminó siendo funcional a la oposición, devastadora y desmoralizante para la identidad del propio peronismo. El gobierno de Alberto Fernández debería ser recordado —objetivamente— como una etapa que, aun con sus limitaciones, ofreció condiciones materiales muy superiores a las que hoy padecemos. Sin embargo, lo que quedó instalado en la psiquis colectiva es la idea delirante de que fue “el peor gobierno de la historia democrática”. Esa distorsión terminó neutralizando cualquier lectura equilibrada de aquel período.

FMI, Guzmán, Ginés y Verbitsky

La dirigencia kirchnerista reclamaba, sin una estrategia consistente detrás, que el Presidente desconociera la deuda con el FMI, que la declarara ilegítima o que adoptara decisiones incompatibles con la estabilidad macroeconómica. Al mismo tiempo, exigía cambios de gabinete a su conveniencia, como si el Ejecutivo fuera una pieza más dentro de una interna política en disputa. Uno de los episodios más ilustrativos fue el continuo desgaste y la salida forzada de Martín Guzmán, un ministro de Economía razonable para la etapa, que estaba llevando adelante negociaciones complejas, pero que fue empujado a renunciar por el fuego amigo antes de poder consolidar una política económica coherente.

Lo más llamativo es que nunca se ofreció una explicación seria sobre las implicancias reales de desconocer la deuda; qué significaba entrar en un default automático, cómo se sostendría el crédito internacional, qué costos tendría para la economía argentina y sobre todo para los sectores populares. Mientras tanto, quienes reclamaban demagógicamente una especie de “justicia poética” frente a la deuda con el FMI omitían un dato elemental: Ese endeudamiento lo contrajo un gobierno democrático, el de Macri, y sin resistencia parlamentaria efectiva del peronismo. Y conviene recordar un detalle que suele barrerse bajo la alfombra; cuando se discutían estos temas, la presidencia de la bancada del peronismo en Diputados en 2018 era de Agustin Rossi y en 2019 estaba en manos de Máximo Kirchner por el Frente de Todos.

A ese cuadro se sumó la reacción moralista y políticamente torpe frente al episodio del llamado “vacunatorio VIP”, una infame y canalla operación que llevó la firma de Horacio Verbitsky, histórico vocero del kirchnerismo. Ese movimiento, lejos de resolverse con prudencia política, derivó en un gesto tan apresurado como injusto, como fue la expulsión de Ginés González García, uno de los ministros de Salud más experimentados y decisivos del país, al cual todos deberíamos recordar con agradecimiento, ya que la gran mayoría de las víctimas del Covid 18 fallecieron en una cama de hospital. Ginés fue el arquitecto central de la estrategia sanitaria demonizada que evitó el colapso hospitalario durante la pandemia, convalidando un episodio desmedido que la oposición explotó sin esfuerzo. Otra vez, fuego amigo.

Así las cosas, el kirchnerismo sostiene aún hoy, con un extraño pudor retroactivo, que el gobierno de 2019–2023 “no era kirchnerista”. Pero claro que lo era. Fue kirchnerista en su origen —porque la fórmula fue decidida por Cristina y no por una mesa política—, kirchnerista en su arquitectura de poder —porque los principales resortes de presión, decisión y veto operaron desde ese espacio—, kirchnerista por sus funcionarios y Ministros, y kirchnerista por su destino —porque todo fracaso recae, inevitablemente, sobre la jefatura que había diseñado el experimento, aunque esto esté hábilmente disimulado bajo la perversa lógica de la “infalibilidad de la líder”.

La Patria es el otro, la culpa también

Sin exageraciones, la falta de una explicación seria y honesta sobre ese período es una vacío político encapsulado de proporciones históricas que aún cuesta dimensionar. No hubo una sola exposición clara ante el pueblo, una sola línea que dijera: “esto lo hicimos mal”; ni una admisión del costo de dinamitar desde dentro a un gobierno que necesitaba cohesión para atravesar una crisis global y doméstica simultánea. La sociedad no puede reponer la confianza en un espacio que no le rinde cuentas, que no le habla de lo que pasó, que rehúye a cualquier responsabilidad, que no explica porqué su salario se deterioró y prefiere construir un culpable único para seguir indemne. Esa operación, la de convertir a Alberto en el depositario exclusivo de todos los errores, dificulta cualquier posibilidad de reconstruir una alternativa nacional en nombre del peronismo.

La sociedad, como cualquier colectivo político o cualquier individuo, necesita comprender para volver a confiar. Y esa confianza no se reconstruye con negaciones, silencios y señalamientos. Se reconstruye únicamente cuando una dirigencia madura se planta ante el pueblo y dice: “esto falló, esto fue responsabilidad nuestra, aprendimos y por eso proponemos algo mejor”. El kirchnerismo eligió el camino contrario, el de no explicar, no asumir, no esclarecer. Y esa elección política —no el error táctico de un día, sino una conducta persistente— es lo que hoy se paga con una pérdida profunda de credibilidad, de representatividad y de capacidad para liderar una alternativa nacional.

Parálisis y fracturas

Cristina, con sus aciertos y errores fue, junto al Flaco Kirchner, la figura política más gravitante del siglo XXI argentino, y sus gobiernos, los mejores que el pueblo supo darse después de los de Perón. Su infame proscripción, no sólo encarna una ofensiva judicial y política del bloque de poder económico real que ha quebrado el pacto democrático en Argentina; también actúa, en los hechos, y como efecto secundario, como un mecanismo de congelamiento del proceso histórico del campo nacional-popular. No se trata solo de excluir a una dirigente de peso; se busca anclar al peronismo en un tiempo clausurado sin saldar sus contradicciones, sin actualizar sus representaciones, sin reconfigurar su estrategia. En lugar de propiciar una discusión fecunda sobre liderazgos, organización y rumbo, el movimiento es arrastrado hacia un estado defensivo, identitario, que inhibe la síntesis y la renovación. El resultado es una política paralizada, atrapada entre la nostalgia y el cerco moral externo, incapaz de asumir críticamente su propio ciclo para proyectar una nueva mayoría histórica.

En ese sentido, la discusión principal no es “Cristina libre o nada sin Cristina”, aunque en el campo popular todos deseemos que cese su persecución y recupere plenamente sus derechos civiles y su libertad. El verdadero debate es otro: cómo reconstruir una política de mayorías capaz de devolver al bando nacional al gobierno y conducir los destinos del país antes de que nuestra comunidad sea destruida por completo. La libertad de Cristina es un reclamo justo, pero no puede eclipsar la tarea estratégica; reorganizar al campo nacional y popular, superar las fracturas, ampliar sus bases, recuperar representación social y ofrecer un horizonte de estabilidad y desarrollo que convoque a las mayorías. Porque si el campo nacional no reconstruye su inteligencia estratégica, si no rehace su vínculo con los sectores populares, si no recupera la calle política, si no ordena un programa y una nueva síntesis que aprenda de sus límites, la proscripción será apenas la excusa perfecta para ocultar las propias debilidades.

La interna

En la interna bonaerense a cielo abierto se juega un dilema central: la resistencia de Cristina, con La Cámpora como guardia pretoriana y Máximo como albacea político, a reconocer que Axel Kicillof, o cualquier otro dirigente fuera del linaje, pueda ejercer la legitimidad histórica de enfrentar al proyecto liberal-libertario de Milei. Esa es la médula del conflicto. Como si fuera poco, a todo esto debe sumarse el vaciamiento deliberado de recursos del gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires, una maniobra que intenta empujar al territorio más populoso del país a un desborde social con el objetivo de desgastar la gestión para quedarse con ese bastión, históricamente peronista. En ese sentido, el cálculo mezquino de Cristina no sólo agrava la fragilidad del propio gobierno de Kicillof, también compromete la estabilidad de millones de bonaerenses y profundiza la fractura dentro del peronismo, mostrando hasta qué punto la manía por no perder centralidad prevalece por sobre la responsabilidad institucional.

Y hay algo que no cierra. Cristina acompañó con su bendición a Scioli, a Alberto y a Massa. A todos les confió la representación nacional. Pero con Axel, que ganó dos veces en la provincia más difícil del país, y que resiste sin recursos el ajuste salvaje de Milei, que afecta a 17 millones de personas, le hace la vida imposible y lo pretende destruir.

En síntesis, es evidente que el emerger de Axel Kicillov representa un inconveniente político y simbólico para Cristina, porque significa quedar expuesta por el quiebre estratégico que implica el surgimiento de una conducción nueva, legítima y con proyección nacional hacia 2027, por fuera del apellido y el dedo. Para La Cámpora igual, porque supone la inminente pérdida de las cajas, del relato que los contiene y el control del aparato en el AMBA. Cristina nunca toleró la autonomía crítica y real de ningún espacio que no fuera al pie, que no pudiera controlar enteramente, que no fuera estrictamente obsecuente. Prefiere cuadros que acaten, que esperen la señal, que no alteren su movida. Y en ese sentido Kicillof no rompió, no traicionó, no se fue; simplemente, dejó de pedir permiso porque ya cuenta con legitimación popular. Y eso, en la lógica del verticalismo hereditario, es imperdonable.

Finalizando, el Papa Francisco lo expresó con precisión: “el tiempo es superior al espacio”. Pero para La Cámpora y Cristina, la política parece haberse reducido a la ocupación del espacio antes que a la construcción de procesos. Desde hace más de una década, su práctica se volvió una maquinaria de armado de listas, rosca interminable, obstrucción sistemática, desgaste y deslealtades a los mejores compañeros. Por sus graves errores en la conducción y porque el enemigo juega, Cristina no tiene hoy un proyecto nacional para el país; es evidente que su práctica política se ha concentrado en custodiar la simbología de “la década ganada” y preservar lo que le queda de poder en el AMBA, convertido en su último bastión de influencia. Aferrados al aparato y al relato como si fuera un botín, incapaces de soltarlo, quedan confinados a administrar pequeños territorios de poder sin horizonte estratégico. Con esa lógica, el daño es inevitable, porque quien sólo pelea por espacios chicos renuncia, por definición, a construir procesos en los tiempos largos del pueblo.

* El autor es Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

El proyecto de ley “Libertad Educativa”, que en las últimas semanas estuvo circulando en ámbitos gubernamentales y legislativos, ingresa en el debate público con una retórica centrada en la autonomía institucional, la libre elección y la diversificación de ofertas. Bajo ese discurso, sin embargo, se despliega una reconfiguración profunda del sistema educativo argentino. La iniciativa modifica el núcleo conceptual de la Ley Nacional de Educación —sus finalidades, principios y garantías— sin alterar en igual medida su arquitectura institucional. Esta operación produce un desplazamiento significativo: debilita los fundamentos que sostienen a la educación como bien público y derecho social, mientras mantiene intacta la estructura estatal, más disponible así para lógicas subsidiarias y orientadas al mercado.

El corrimiento del rol estatal aparece desde el inicio. El proyecto afirma que “la familia es el agente natural y primario de la educación”, relegando al Estado a asegurar accesos mínimos, homologar títulos y fijar apenas algunos contenidos básicos. La formulación repone la lógica de subsidiariedad: la intervención estatal se justificaría únicamente cuando la iniciativa familiar o privada no pueda hacerlo. En un país marcado por desigualdades estructurales, esta premisa presenta límites evidentes. Sin un Estado capaz de sostener una cultura común y garantizar equivalencias formativas, la libertad se vuelve un recurso desigual, accesible según el nivel socioeconómico y no como un derecho universal.

En este marco, la autonomía institucional aparece como un eje modernizador. El proyecto habilita a cada escuela —incluidas las estatales— a definir su régimen interno, elegir personal, administrar recursos, regular admisiones y diseñar sus propios planes de estudio. La autonomía es un valor en muchos sistemas del mundo, pero su efectividad depende de condiciones políticas y profesionales que aquí se ven debilitadas. Resulta difícil pensar en instituciones autónomas cuando la profesión docente, piedra angular de cualquier autogobierno escolar, es públicamente deslegitimada y objeto de dispositivos de evaluación concebidos más como control que como mejora. Sin reconocimiento profesional ni condiciones laborales dignas, la autonomía corre el riesgo de convertirse en una transferencia de responsabilidades sin transferencia de capacidades.

La dimensión curricular constituye uno de los puntos más sensibles. El proyecto permite que cada institución diseñe planes propios a partir de mínimos comunes muy acotados y que las jurisdicciones ofrezcan currículos opcionales que las escuelas podrán adoptar o adaptar libremente. En un sistema profundamente desigual, esta libertad no produce diversidad creativa sino fragmentación. Las escuelas con más capital institucional podrán sostener propuestas robustas y culturalmente densas, mientras que las más vulneradas quedarán limitadas por sus recursos. El resultado es un sistema que pierde su corpus común: un archipiélago de trayectorias inconmensurables donde la identidad cultural compartida se diluye y la ciudadanía deja de apoyarse en saberes equivalentes.

La desjerarquización de las modalidades educativas refuerza esta tendencia, y uno de los capítulos más preocupantes es la eliminación del título de Educación Especial. En la Ley Nacional de Educación, la Educación Especial constituye una modalidad con identidad, objetivos, recursos y marcos de acción propios. El proyecto la disuelve dentro de la categoría amplia y ambigua de “necesidades específicas”, donde conviven realidades incomparables: discapacidad, dificultades de aprendizaje, situaciones temporales, trayectorias discontinuas. En esa mezcla, la especificidad se pierde y con ella la garantía de derechos.

Aquí, el proyecto incurre en un gesto que resulta difícil no leer como un retroceso profundo. La Educación Especial no es un apéndice burocrático del sistema: es la herramienta que el Estado construyó para asegurar que quienes más necesitan acompañamiento tengan respuestas a la altura de sus derechos. Convertirla en una etiqueta genérica implica algo más que una decisión técnica: supone decir, en los hechos, que las necesidades más complejas serán atendidas según la disponibilidad —o voluntad— de cada institución.

El propio texto del proyecto expone su limitación en el artículo 55, donde establece: “Cuando una institución educativa, por limitaciones objetivas de recursos humanos o materiales, no pueda atender adecuadamente las necesidades específicas de un estudiante, deberá coordinar con la autoridad jurisdiccional competente a fin de asegurar su atención, derivación o cooperación en red con otras instituciones; quedando entendido que el deber de proveer un servicio educativo adaptado y de calidad a los estudiantes con discapacidad es del Estado”. El problema no es la frase final, que enuncia correctamente la obligación estatal; el problema es la escena que la precede. Si la norma habilita que una escuela pueda declararse limitada y derivar a un estudiante, se abre la puerta a que la inclusión dependa de la capacidad institucional, no del derecho del alumno. En un país desigual, eso equivale a decir que muchos chicos y chicas serán bienvenidos solo donde haya recursos, y no donde haya derechos. Ese es el golpe más duro: la discapacidad vuelve a quedar condicionada por la disponibilidad, no por la justicia.

El capítulo de financiamiento también reorienta el sistema. La implementación de vales, becas y créditos fiscales que acompañan la “libre elección” deriva fondos públicos hacia la oferta privada y replica esquemas que en otras experiencias internacionales incrementaron la segmentación. La habilitación de enseñanza religiosa confesional en escuelas estatales y la posibilidad de firmar convenios educativos con instituciones religiosas reconfigura, además, la laicidad del Estado y altera un principio fundamental para la convivencia democrática en sociedades diversas.

El capítulo de “alternativas educativas” profundiza el desplazamiento. El proyecto no solo habilita sino que promueve modalidades como la educación en el hogar, la escolarización mediante instituciones extranjeras o la cursada completamente virtual. Muchas de estas alternativas ya existen en la Ley Nacional de Educación, pero están planteadas como regímenes excepcionales para situaciones específicas. El proyecto invierte esa lógica: transforma lo excepcional en opción regular y lo presenta como ampliación de libertades. Sin una regulación clara y sin un Estado que garantice equivalencias, estas opciones tienden a fragmentar la experiencia común y a reforzar circuitos paralelos para los sectores de mayores recursos. Lo que se pierde no es solo una estructura escolar: es la posibilidad de aprender junto a otros distintos, un componente central de la vida democrática.

Los mecanismos de evaluación docente y de gobierno institucional acompañan este proceso. Las evaluaciones cuatrienales basadas en competencias, la participación de familias en la selección de personal y la posibilidad de despidos por “ideario” en instituciones privadas no constituyen políticas neutras. En un clima de deslegitimación hacia la docencia, estos instrumentos pueden funcionar como dispositivos de disciplinamiento y discrecionalidad.

El resultado global es un desplazamiento del saber pedagógico hacia lógicas tecnocráticas. Cuando se devalúa la experiencia docente, se fragmenta el currículo y se retrae la responsabilidad estatal, el campo educativo queda expuesto a estándares descontextualizados, indicadores de gestión y plataformas que administran datos sin comprender la complejidad del trabajo escolar.

El proyecto de “libertad educativa” no solo redefine el sistema: redefine la relación entre educación, Estado y sociedad. Reduce la capacidad estatal de garantizar una cultura común, multiplica circuitos desiguales y promueve alternativas que rompen la experiencia escolar compartida. En un país que todavía busca construir igualdad de oportunidades y un horizonte común, la renuncia estatal a su función de garante no es un ajuste técnico: es una transformación estructural cuyas consecuencias exceden lo educativo y comprometen la vida democrática.

Las interpretaciones bienales sobre las urnas imitan a las que disparan los diarios del lunes tras los clásicos futboleros: cada resultado se establece como el final irrevocable del historial, el puerto al que arriba una verdad destinada a atravesar los tiempos, más allá del lapso de vida de las generaciones que lo experimentan. Cuando se disipa la exaltación, se comprueba la tontería. A esta altura, hay demasiadas pruebas: ninguna camiseta es más grande, y no existirá gobierno que pueda dormirse en los laureles del punto de llegada. 

En lo político, el fenómeno es más antiguo que la enunciación misma del Fin de la Historia y sus reutilizaciones, pero antes conservaba al menos la lógica esperable en los proyectos que desde un positivismo residual se proponían un horizonte perdurable, hijo de un hecho determinado. Independientemente de la valoración que merezcan, fue lo que el siglo pasado supusieron tanto las revoluciones socialistas como la misma caída del Muro, en torno a la que se publicitó el concepto. La desaparición del cortinado celebró el desinfle de las expectativas comunistas con la entronización de un orden capitalista único. Casi cuatro décadas después se asiste a su propia agonía, con el previsible saldo de mayor desigualdad. 

La crisis actual de paradigmas encierra todo futuro en la naturalización del cada día más precario estado de cosas, sin nuevos horizontes ni comprensión fiel de la reversibilidad de cualquier forma de organización social. Parece ser un correlato de las incumplidas promesas de progreso y bienestar del capitalismo hegemónico: las disputas actuales son de dominio, no pintan de prometedor ningún futuro. En la Argentina, Javier Milei se anima a postularse como abanderado disruptivo global, demiurgo de una sociedad nueva. Que lo haga desde un país periférico, y con tan endebles bases políticas y económicas, lo vuelve tan cómico como riesgoso. Lo segundo, para el electorado que se entregó dos veces a la excentricidad de elegirlo. Es, sin embargo, sintomático y novedoso: su propuesta se impone ante la timidez, confusión o ausencia de otras. 

La discusión de fondo es más que secular, y excede la capacidad de estas líneas. Pero puede servir como buen disparador para situar los mojones iniciales de debates necesarios, frente a las brumas de derrotismos y triunfalismos que no adelgazan, ni advierten que son cada vez más fugaces. La única ventaja de una época dislocada es que promueve la revisión desde las raíces mismas.

El momento actual encuentra al campo popular frente a exploraciones desordenadas, hijas de las derrotas en fila. Todo lo que se daba por seguro en los meses siguientes al victorioso 2011 -e incluso hasta 2015, con la promoción explícita de lo “irreversible”- aparece ahora en cuestión, y conmueve incluso las premisas fundacionales. No pocas veces, con sobreactuaciones que se suben a los trenes en boga, buscan culpables fáciles y proponen fórmulas mágicas, sin contacto con la realidad material. 

El intento de volver a las fuentes doctrinarias o teóricas es saludable, dada la confusión reinante, aunque la riqueza de ese corpus corre riesgo de esterilidad si se lo supone como una aplicación automática y únicamente adornada por personificaciones exageradas. A poco de andar, todo eslogan acaba revelando si tiene o no anclaje en la realidad material. Mientras tanto, los volúmenes de grandes pensadores y hacedores aguardan en los anaqueles que alguien les quite el polvo y anote en sus márgenes. 

La trampa del relato liberal, con ejecutores cada día menos elegantes, es perfecta: diluye toda acumulación histórica en los colores novedosos de lo presente, que clausuran la revisión del pasado, asociado a imágenes en un blanco y negro asociado a lo perimido. Una mirada de superioridad se descarga sobre el pasado, lo tiñe de vergonzante o pueril, y en espejo obtura toda imaginación sobre el futuro. Ese tiempo de verbo aparece despojado de cualquier posibilidad módica de utopía. Las propuestas populares, e incluso las de la izquierda más radical, parecen resignarse a ello. Acaso porque el mayor éxito del discurso liberal radica en su faceta modernosa: un cinismo volcado por igual sobre el pasado y el futuro, con la amenaza latente de ser catalogado como viejo nostálgico (“meado”, diría el Presidente) o soñador adolescente. 

Ejemplos nítidos los aporta el tratamiento de bastiones culturales. Como el fútbol añejo, que se subestima. O el cine nacional, que se desconoce y pierde, en una destrucción sin culpa. De ese modo, la acumulación es imposible. La producción cultural está obligada a comenzar siempre de cero, limitando el arraigo de identidades, base imprescindible de construcción y reconstrucción.

El terreno netamente político económico ofrece postales parecidas. Incluso con mayor intensidad y gran éxito: por tercera vez en medio siglo asistimos a un programa de despojo que exige que soportemos sus rigores, porque -promete- ahora sí va a funcionar. 

Una reincidencia contraintuitiva que, curiosamente, nadie tilda de fe pueril. Un mínimo de acumulación histórica le hubiera vedado toda posibilidad.

En un encuentro en el barrio porteño de Flores se produjo el lanzamiento de "Fuerza Territorial Peronista", un nuevo espacio dentro del PJ porteño que, señalaron, busca "fortalecer y articular la presencia del peronismo en cada barrio".

El evento fue encabezado por Juan Manuel Olmos, presidente del Congreso Metropolitano del PJ Ciudad, quien convocó a la militancia a reconectar con las bases del peronismo y a iniciar una etapa de debate profundo para el futuro del movimiento.

Durante su intervención, Olmos destacó la importancia del espacio que se conformó: "Yo celebro que el Frente incluya la palabra territorial y que nos hagamos cargo desde donde tiene que surgir el reencuentro con nuestro pueblo. Esta etapa de la militancia es para volver a conectar con las ideas y las herramientas que nos lleven a ser alternativa de poder."

El dirigente fue enfático al convocar a un debate interno sincero, argumentando que la unidad por sí sola no es suficiente: "Es momento de hablar claro: tenemos que empezar una etapa de debate en el peronismo. No alcanza con la unidad, no podemos utilizar el pretexto de la unidad para barrer debajo de la alfombra nuestras diferencias," sostuvo.

Por su parte, Emilio Ribera dijo: “Hoy presentamos este espacio con la voluntad de ser parte activa del proceso de discusión que el peronismo se debe. Desde Fuerza Peronista convocamos a ser parte del peronismo que viene.

Debemos recuperar el estado de movilización para lo cual debemos legitimar nuestras conducciones, abrir las puertas a la nuevas generaciones, estar en condiciones de dialogar con la modernidad y reafirmar la validez de nuestros valores confrontando con audacia y valentía con nuestros enemigos”

Al llamar a la dirigencia a asumir la responsabilidad del momento histórico, Olmos cerró: "Hoy para poder lograr que el peronismo le vuelva a servir a los argentinos tenemos que reactualizar nuestro programa y tenemos que dirimir los liderazgos para que sepa nuestro pueblo quien va a hacerse cargo de la etapa que viene en el peronismo y en el país".

También fueron oradores Nicolás Descalzo y Gabriela Martínez.

El encuentro reunió a una amplia representación de la militancia barrial y comunal, demostrando el anclaje territorial del espacio. Estuvieron presentes Gisela D' Elías, Carlos Benítez, Favio Pirone, Ana Rodríguez, Daniel Orellana, Diego Achile, Rubén Torelli, Mario Oriente, Adriel Larrarte y Omar Camargo, todos referentes de distintas comunas de la CABA.

También asistieron la diputada nacional Kelly Olmos, las legisladoras Claudia Negri y Berenice Iañez, el legislador Alejandro Grillo, y los dirigentes Gastón Fernández, Federico Romano, Matías Rojo, Silvia Gottero, Juan Caco Chávez, Lautaro Eviner, Alicia Reinoso, Alexis Miranda, Silvina Pedreira, Pablo Om, Víctor Cantero, César Brandon, Raúl Sánchez y Juan Cruz Ayala.

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), la legisladora Berenice Iañez analizó diversos aspectos de la política de la Ciudad de Buenos Aires. 

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“El 690 es un subsidio habitacional creado en la Ciudad a partir de 2006 por decreto”.

“Es la herramienta para aquellas personas en situación o riesgo de calle cubran el valor de un hotel o de una pensión familiar”.

“Hay una larga pelea de muchas organizaciones para transformarlo en ley y darle mayores herramientas para mejorarla como política pública”.

“La última sesión del año logramos que se vote para transformarlo en ley con el acompañamiento del oficialismo”.

“Va a haber una actualización del monto dos veces por año, que en la actualidad a duras penas era una sola vez y siempre quedaba bastante retrasado de lo que efectivamente sale una habitación”.

“Planteamos que se mida a partir del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) antes que de forma nacional y que además haya uno de forma específica”.

“El precio de una habitación de hotel o pensión no tiene la misma lógica que los alquileres regulares en el mercado”.

“Se tendrá que readecuar el presupuesto para el año que viene para incluir la ley aprobada”.

“También planteamos que el otorgamiento del subsidio esté acompañado por un equipo interdisciplinario que pueda contribuir a la familia en su acceso a la vivienda y en otras cuestiones”.

“Hablamos de grupos con vulneración en el acceso a la vivienda, salud y educación”.

“Hoy hay un universo de doce mil familiares que cobran este subsidio, y la mitad había ingresado por un amparo judicial lo que generaba una distorsión del mismo”.

“La poca participación de la ciudadanía en la elección hay que revertirla”.

“La injerencia de Donald Trump y el Tesoro de Estados Unidos fue prácticamente una situación extorsiva”.

“Tenemos que lograr una propuesta que no se sólo contra Javier Milei porque no va a alcanzar sino un proyecto de país”.

“La elección de septiembre fue por una diferencia importantísima y a pocos días pasó la nacional”.

“Hay un punto de acumulación y una manera de gestionar que es la que se lleva adelante en provincia de Buenos Aires, y es lo que hay que fortalecer de acá a dos años”.

“Con el peronismo sin un proyecto y sin una conducción clara va a ser muy difícil”.

“Hay que construir el kicillofismo en la Ciudad y es a lo que me dedico”.

“Hay que tener un proyecto para la Ciudad y efectivamente gobernar”.

“Creo que el aporte que puede hacer el Movimiento Derecho al Futuro es grande”.

“En el contexto del peronismo corremos con una ventaja que es un nombre y apellido concreto, y lo que eso sintetiza”.

“Consideramos que hay un techo presente en todas las elecciones, ya sean nacionales o locales en la Ciudad, y no nos alcanza con un diseño electoral, sino que es necesario un proyecto que comprenda que hace 18 años que gobierna el macrismo y la gente lo sigue eligiendo”.

“Hay una gran expectativa de poder consolidar nuestra fuerza y de ponerla a interlocutar directamente con la ciudadanía porteña”.

“Jorge Macri es parte de un clima de época que es la violencia o la falta de disenso posible”.

“La gestión tiene que ser convalidada permanentemente por la ciudadanía”.

“Tiene que ver con la soberbia y con los niveles de falta de diálogo con los que se maneja el oficialismo, eso lo vemos también en la Legislatura”.

“Por la nueva composición legislativa creo que tiene que ser otra la actitud de mayores consensos y de posibilidad de diálogo”.

“El macrismo salió tercero en la Ciudad de Buenos Aires, hay una crítica a la gestión de Jorge Macri e incluso en los sectores que históricamente acompañan al PRO”.

“Hay que darle valor a la ciudadanía que quiere mostrar sus inquietudes”.

“Va a haber que hacer un esfuerzo muchísimo más grande para volver a representar los problemas de la gente”.

“El peronismo en la Ciudad tiene que volver a ser una herramienta real y efectiva a la hora de pensar un gobierno democrático, y en realidad siempre fue eso”.

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), analizó la actualidad de la economía. 

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Es un momento muy malo, hace muchos años que no vivimos esta situación”.

“Creo que la recesión se está profundizando día a día”.

“Hay una ola importadora de productos que entra de forma desleal”.

“Las importaciones se han incrementado un 150%”.

“Estamos importando mano de obra y la de acá queda en la calle por el cierre de fábricas”.

“Estamos pidiéndole al gobierno diálogo porque no logramos que nos reciba o escuche”.

“No podemos permitir que entre todo, es como se hace en otras partes del mundo”.

“El mundo está en guerra comercial”.

“Hoy hay reclamos que antes no había”.

“Las grandes empresas tienen otra espalda y recursos para poder llevar adelante estos procesos de crisis, pero una Pyme no puede”.

“Nadie lo quiere decir públicamente, pero hay que hablar de la realidad”.

“Si seguimos perdiendo empresas se puede transformar en una crisis social muy preocupante en los próximos meses”.

“Al mes de agosto, venimos perdiendo 19.600 empresas y 313 mil puestos de trabajo en general”.

“En ese dato, sólo la industria manufacturera perdió 56 mil puestos de trabajo”.

“En parte me hace acordar al 2001”.

“¿Cómo puede ser que no nos reciba el ministro Luis Caputo? Nos deriva al secretario Pablo Lavigne y tampoco nos recibe”.

“Desde IPA no tenemos nada contra el gobierno, sí contra las acciones que no se hacen para buscar y darle sustentabilidad a la industria pyme”.

“No puede ser que no haya ni una medida a fin de año a favor de las pymes”.

“Esta crisis es producto de la falta de productividad y trabajo”.

En diálogo con Más o menos bien (coproducción de AGENCIA PACO URONDO en Radio Madres AM530), Federico Pastrana, director de la consultora CP, analizó los principales datos de la economía.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Estamos viviendo un período de euforia post electoral”.

“El gobierno tuvo un espaldarazo y eso los mercados lo vieron muy bien, en el marco del apoyo de Estados Unidos”.

“Todo eso no quiere decir que los problemas latentes del programa económico no sigan vigentes”.

“Los dos principales problemas están vinculados al sector externo, es decir la falta de dólares, y una crisis de ingresos”.

“El gobierno hoy está eligiendo ir al borde, continuar con la inestabilidad, no comprar reservas, no resignar la desinflación e ir por todo, teniendo en cuenta el seguro de EEUU”.

“La devaluación esperada bajó mucho, entonces muchas empresas se están endeudando afuera, sumado a los gobiernos provinciales, lo que inyecta dólares”.

“Por ahora siguen con su plan inicial sin corregir las bandas, y hacia adelante las preguntas son muy grandes”.

“No está para nada claro si toda la ayuda de EEUU viene con alguna condicionalidad macroeconómica”.

“Javier Milei está muy definido en su alineamiento con Estados Unidos para exprimir al máxima la cuestión financiera”.

“Argentina no es un actor relevante en la discusión que propone Donald Trump a nivel mundial”.

“El problema de Argentina es que tiene un tipo de cambio que imposibilita la producción de muchos bienes en el país”.

“En el marco de la apertura comercial la industria no levanta”.

“El esquema desbalanceado de Milei no genera empleo”. 

“Para Milei la dinámica del empleo y los ingresos es subsidiaria de una dinámica macro, donde la estabilidad está por encima de todo”.

“Se pone muy por encima la desinflación a la generación de empleo y una mejora de salarios”.

“Sin una afluencia de dólares por el lado financiero el modelo no funciona”.

“La pregunta de si va a pasar lo mismo que otras veces se va a contestar a lo largo de los meses”.

“Estados Unidos tiene elecciones en 2026 y Trump tiene una mirada de ir y venir, no está muy claro cuánto va a durar ese escenario, pero el apoyo es muy grande”.

“La discusión de la reforma laboral tiene muchas aristas y la mirada más defensiva, en un contexto como este, puede ser contraproducente”.

“Hay repetición de cuestiones que no funcionaron, como reformas que tendieron a una flexibilización que en un mercado de trabajo como el nuestro no funcionan”.

“Las propuestas que hace el gobierno, que seguramente las lleve adelante, no van a resultar para solucionar la crisis de ingresos y eso es probable que lleve a una nueva frustración”. 

La Legislatura porteña aprobó hoy la ley que crea el "Programa de Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional", un nuevo marco legal que reemplaza al Decreto 690/06 y que garantiza por primera vez un subsidio habitacional actualizado de manera automática, de alcance universal y con acompañamiento integral para personas en situación de calle o riesgo habitacional.

La medida pone fin a la discrecionalidad histórica en la fijación de montos, incorpora criterios objetivos y reconoce la necesidad de una intervención estatal sostenida para revertir situaciones crónicas de exclusión.

Durante la sesión, la legisladora Berenice Iañez, autora del proyecto, destacó el carácter transformador de la norma:

> “Actualizar esta política no es un “retoque técnico”: es asumir que el Estado no puede limitarse a gestionar la desigualdad, sino intervenir para revertirla. Con esta ley transformamos un esquema parcial y discrecional en un derecho garantizado, y le damos a miles de personas que están en la calle o con riesgo de perder su vivienda una herramienta real para reconstruir su proyecto de vida.”

Un cambio estructural en la política habitacional de la Ciudad

Hasta hoy, el subsidio habitacional dependía exclusivamente de decisiones del Poder Ejecutivo, quedando rápidamente desfasado frente al aumento del costo de vida, lo que derivó en una alta judicialización para acceder a montos adecuados.

La nueva ley establece:

Actualización automática semestral, basada en un relevamiento de precios de hoteles familiares y pensiones no turísticas que realizará el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA)

Pago Único, que autoriza al Gobierno de la Ciudad a otorgar en una sola entrega el monto total del subsidio, en caso de que el beneficiario lo requiera para obtener una solución habitacional estable o el acceso a un alquiler formal.

Pago de emergencia, el cual permite el ingreso provisorio e inmediato al programa para situaciones de urgencia social o de situación de calle efectiva, evitando que la burocracia deje familias en la intemperie.

Conformación de Dispositivos de Abordaje Territorial, integrados en forma interdisciplinaria por profesionales de diferentes ramas, con el objetivo de acompañar social, sanitaria, educativa y laboralmente a los beneficiarios, en pos de que en el mediano plazo puedan obtener una solución habitacional definitiva sin depender de la prestación.

Ampliación de la cobertura de la prestación, extendiendola en forma expresa a quienes viven situaciones de vulnerabilidad habitacional provocada por incendios, derrumbes, catástrofes naturales o desocupaciones administrativas.

Una ley que reconoce un problema estructural y le da respuesta

La aprobación del programa constituye un cambio de paradigma: el Estado deja de intervenir sólo de manera reactiva y fragmentada, y pasa a contar con una herramienta estable, previsible y orientada al egreso sostenible de la situación de calle.

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), la periodista Macarena Ramírez analizó las discusiones en torno a la leyes presentadas por el gobernador Axel Kicillof de cara al año que viene.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“El presupuesto y la ley impositiva se aprobaron, quedó pendiente el endeudamiento”.

“El tratamiento del endeudamiento necesita dos tercios, a diferencia de los otros dos que salieron con mayoría simple”.

“Hay distintas versiones en torno a porqué no se juntaron los votos para el endeudamiento”.

“La Cámpora salió a decir que están trabajando para que Axel Kicillof pueda tener todas las leyes”.

“Facundo Tignanelli afirmó que no hay una traba interna para que salgan, pero en el Ejecutivo no están tan de acuerdo”.

“La discusión está en cómo se van a repartir los fondos para los municipios”.

“Desde el Ejecutivo creen que el pedido de que se repartan en una comisión del Ejecutivo más una bicameral difícilmente sea de la oposición, porque no le conviene que sea discrecional”.

“Para el Ejecutivo el presupuesto no se puede cumplir sin el financiamiento necesario”.

“Gran parte de esa deuda se utilizaría para pagar vencimientos provinciales a partir de lo que tomó el gobierno de María Eugenia Vidal, pero es una cifra mayor”.

“Es una autorización para pedir endeudamiento, no es que lo está pidiendo”.

“El gobierno nacional sigue manteniendo deudas con la provincia de Buenos Aires”.

“Se está negociando una ampliación del directorio del Banco Provincia de ocho a doce, que se van a repartir entre el peronismo y la oposición”.

Les invitamos al Primer Encuentro de Liderazgos territoriales feministas del Bajo Flores, el viernes 28 de noviembre entre las 15 y las 18.00 hsm en la Radio La Voz del Bajo en Camilo Torres 2050.

Invitamos a compañeros/as de educación, salud y acceso a la justicia del barrio y a otras organizaciones amigas para sumarse a entramar y potenciarnos. 

Merienda a la canasta

Adjuntamos el programa del encuentro.

¿ Por qué un encuentro?

En tiempos de recrudecimiento de la persecución a las organizaciones sociales y de una política estatal de fragmentación comunitaria, vemos afectadas nuestras luchas en el territorio y nuestra potencia colectiva. Algunas de nuestras referentas territoriales, desde espacios diversos, plantearon la necesidad y la propuesta de producir este encuentro y ampliarlo a otros/as compañeros/as del territorio. Nuestras referentas comunitarias son quienes están más exigidas y expuestas en el marco de una precarización exponencial de la vida en el barrio y es por eso que su voz será el punto de partida de nuestro encuentro.

A eso se suma el mayor aislamiento en el que nos dejan estas políticas, que cercan el territorio con un cinturón de basura, represión y estigma. Invitamos a todas los espacios del barrio, institucionales y comunitarios a participar y también a organizaciones amigas para contribuir a un pensarnos colectivo.. El encuentro se propone tener un diagnóstico, pensarnos colectivamente y construir propuestas, alianzas y herramientas a partir de sus exposiciones. 

En diálogo con diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), Joan Vezzato, analista de trabajo e ingresos en Fundar, reflexionó sobre la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“El gobierno nacional todavía no mandó ningún texto, entonces estamos discutiendo en el aire en términos normativo, pero con algunas premisas que ya esbozaron”.

“Federico Sturzenegger dijo que el principal objetivo de la reforma laboral es desarmar el modelo sindical argentino".

“Javier Milei salió a levantar un estudio muy pomposamente, cuando en realidad era un trabajo práctico de la Universidad de San Andrés”.

“En el Pacto de Mayo ya empezaron a haber caras más largas cuando se meten en los detalles”.

“El gobierno busca de nuevo una imposición de la reforma, como con el DNU 70/23”.

“Ya tuvieron su reforma laboral con la Ley Bases, tras intentarlo con el DNU”.

“El modelo sindical argentino es de centralización con cierta flexibilidad”.

“La negociación centralizada por ramas establece pisos, por ejemplo, en términos salariales”.

“Quieren ir hacia una negociación por empresa, parecido a lo que pasa en Chile”.

“En esos modelos descentralizados la fuerza de la negociación colectiva pierde mucho empuje”.

“Argentina está entre los países que tienen mayor impacto de la negociación colectiva entre los trabajadores, y no es un dato menor”.

“Eso, a lo largo de la historia, tiende a homogenizar salarios y que no haya dispersión”.

“El salario mínimo está en niveles bajísimos, incluso por debajo de la etapa de la Convertibilidad”.

“El macrismo, en su reforma laboral, originalmente tenía el mismo objetivo y tampoco lo hicieron”.

“Ya hay elementos de flexibilización más a título de los derechos individuales de los trabajadores”.

“Oponerse a la reforma laboral corre el riesgo de quedar como defensor de un status quo que tampoco es bueno, eso es importante tenerlo en cuenta”.

“Los trabajos registrados del sector privado, que son los que mejor están en el esquema de trabajo, así y todo, perdieron un 15% del poder adquisitivo desde 2015 para acá”.

“La situación en el mundo del trabajo es lógicamente de insatisfacción, y si el gobierno habla de cambiarla mucha gente va a acordar porque efectivamente es mala”.

“Lo que fue esbozando el gobierno no resolvería ninguno de los problemas centrales ni tampoco sería lo que le escuchamos decir”.

“En la reforma laboral no hay ninguna regulación que adapte nada a las transformaciones productivas de los últimos años”.

“Legitimaría la actual desprotección total de los trabajadores de plataformas, ni siquiera traen una propuesta de modernización”.

“La oposición no puede ser sólo reactiva a lo que trae el gobierno, sino que tiene que haber una propuesta en ese sentido para poner otros elementos en discusión”.

“Las propias cámaras empresarias están en contra del fondo de cese propuesto por el gobierno para reemplazar las indemnizaciones porque significaría un costo extra para aquellas que no despiden”.

“La idea del gobierno de imponer una reforma, no sólo a los trabajadores sino al sector empresario, pareciera que, en última instancia, va a redundar en un nuevo intento fallido o que tendrá muy corto plazo y será nuevamente modificada por el Congreso”.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, habló con AM 530 sobre el cierre de la fábrica de electrodomésticos Whirlpool en Pilar, provincia de Buenos Aires. "La planta se abrió hace tres años, es increíble que pase esto", dijo.

"Cierra porque no puede competir por lo que entra de afuera. Hizo una inversión muy importante hace solo tres años y ahora cierre porque no puede competir con lo que viene de afuera y con la caída del consumo popular. Es más barato importar", aseguró el dirigente de la UOM.

"El gobierno habla de atraer inversiones pero esta empresa invirtió 50 millones de dólares y no viable porque es más barato importar", siguió.

"Hay una política de desindustrialización muy clara que va a ser un desastre, lo venimos diciendo. Esto va a ser tierra arrasada. Voy a seguir levantando la voz para que la gente entienda que no tenemos destino como país si sigue esta política. La principal discusión hoy es con China, qué vamos a hacer. Es un debate en todo el mundo pero acá abrimos todo", agregó. 

"Vamos a contramano del mundo, cualquier país serio mira hacia adentro y protege su trabajo. Es lo que hace Trump en Estados Unidos. Acá hacemos todo lo contrario. Esto pasó en la década de los 90 y después los empresarios lloraban que tuvieron que bajar las persianas", cerró.
 

El dirigente de Estrella del Sur, Esteban Ramos, ganó el premio “Dirigente Destacado” dentro de la sección Fútbol Femenino C en la entrega de Premios Alumni 2025 de AFA, que se realizó el pasado miércoles 26 de noviembre. En la terna competían Dina González (Tigre) y Marcela Raivich (Talleres de Remedios de Escalada). 

Consultado al respecto de este premio Ramos dijo: “A nosotros nos representa lo que siempre pensamos, es poder ayudar a los clubes en la parte más crítica que es el fútbol Femenino, los que venimos hace años sabemos que siempre los recortes van hacia el mismo lado, gracias a el cuervo podemos ayudar y dirigir recursos a los clubes para que las pibas estén un poquito mejor”.

Esteban Ramos

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), Horacio Lutzky, abogado, periodista y escritor, analizó algunas derivaciones de la denuncia sobre corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que se pueden vincular al atentado a la AMIA.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Horacio Calvete tiene un pasado bastante desconocido y oscuro que en su momento dio que hablar”.

“El mismo día del atentado a la AMIA Calvete estuvo reunido con tres integrantes del movimiento carapintada Modin, del cual él mismo formaba parte siendo referente de Capital Federal”.

“En la reunión, a tres cuadras de la AMIA, se encontró con el militar Jorge Pacífico, que estaba siendo investigado por venta de armas sustraídas al Ejército”.

“Un grupo de civiles y militares ofrecía armamento, incluso un helicóptero, lo que no es menor porque una de las pistas ocultadas del atentado hubo un sobrevuelo de uno la madrugada anterior”.

“El encubrimiento posterior nunca investigó quién lo tripulaba”.

“En la reunión también estaba otro militar carapintada, Miguel Burgos, quien estacionó sobre Pasteur una falsa ambulancia a 200 metros de la AMIA antes de la explosión”.

“El grupo dio explicaciones inverosímiles de qué estaba haciendo en la zona”.

“Calvete y Pacífico dicen que se habían juntado a hablar sobre una asociación de ayuda a discapacitados, y treinta años después están afanando la plata”.

“Burgos dijo que la ambulancia era para ayudar a minusválidos, el germen de valerse de los discapacitados para propósitos criminales ya andaba por ahí”.  

“Lo surgido metía ruido en el encubrimiento que estaban armando y lo clausuraron”.

“El encubrimiento de la AMIA es el huevo de la serpiente para la democracia argentina”.

“Si hubo impunidad para una masacre en pleno centro, imagínate si no van a meter en cana a opositores políticos”.

“Claudio Bonadio no estaba en condiciones de investigar, lo mismo el fiscal Germán Moldes”.

“En esos sótanos está el condicionamiento que va mucho más allá del atentado”.

Pocas paradojas argentinas resultan tan persistentes y, al mismo tiempo, tan ausentes del debate público como la estructura de costos del puerto de Buenos Aires. No aparece en campañas, no figura en agendas legislativas y rara vez es mencionado por los funcionarios que deberían explicarlo. Sin embargo, cada contenedor que entra o sale del país carga sobre sí el peso de esa omisión: una maquinaria tarifaria que distorsiona la economía desde hace décadas y que nadie parece dispuesto a enfrentar.

Estudios técnicos tomando un contenedor de 40 pies high cube realizados por Filadoro y Sánchez1 alertaron sobre el problema con una precisión incómoda. En la capital, un contenedor suma más de USD 1.800 en costos aun sin demoras y sin incluir flete ni combustible. Así y todo, puede alcanzar hasta USD 3.186 cuando la burocracia interviene. La propia arquitectura tarifaria —fragmentada, redundante y plagada de cargos menores que se acumulan como sedimentos— funciona como un impuesto implícito a la producción.

No es un desgaste circunstancial: es un sistema que convierte cada trámite en una penalidad. El Puerto, tiene escaso control público, y la falta de información clara y la existencia de posiciones dominantes permiten prácticas abusivas que afectan la competitividad de toda la economía, trasladando sobrecostos a las regiones productivas y a los consumidores finales.

En el terreno operativo, la magnitud es imposible de ocultar. Diego Navarro2, entonces vicepresidente de CAME, lo explicó con brutal sencillez: “un contenedor que sale desde Asia hasta Buenos Aires normalmente cuesta USD 3.000, y resulta ser que se gastan en servicios portuarios USD 5.000”. El transporte global resulta más barato que el “último kilómetro” argentino. Trámites duplicados, peajes urbanos y prioridades dictadas por la valorización inmobiliaria revelan una lógica en la que la competitividad es la primera víctima.

El dato histórico confirma que nada de esto es novedoso. El 3 de abril de 1986, La Nación comparaba los costos portuarios de Buenos Aires y Montevideo: operar un mismo buque implicaba USD 21.645 en la capital argentina contra USD 5.300 en el puerto uruguayo. Remolque, práctico, uso de muelle: las diferencias eran abrumadoras (citado en Rodríguez Zia3). Casi cuarenta años más tarde, las proporciones permanecen intactas. En un país que discute todo, sorprende la capacidad de este tema para permanecer invisible mientras erosiona, día a día, la competitividad nacional.

El “Paseo del Bajo” y el puerto que no se usa

Mientras se construía el Paseo del Bajo —una obra urbana de USD 650 millones, financiada con deuda externa asumida por el Estado Nacional4—, el puerto de La Plata, finalizado en 2014 a un costo de USD 415 millones, quedó aislado por 3 kilómetros de autopista sin completar5. Mientras tanto, los beneficios inmobiliarios del corredor Puerto Madero se dispararon (sin ningún impuesto a la plusvalía urbana a la vista6, por supuesto), y el peaje del nuevo trazado quedó a cargo de AUSA, la empresa del Gobierno de la Ciudad.

¿Quién paga ese peaje?

Según AUSA, en mayo de 2020 se habían cobrado peajes sobre 5,7 millones de viajes4 a valores de noviembre de 20257 (AR$7.354 y AR$9.560), serían entre USD 30-38 millones. Pagados mayormente por transportistas del interior, que no tienen otra opción logística. Así, la infraestructura centralizada en el AMBA termina subsidiada indirectamente por las economías provinciales.

El desvío absurdo de Tierra del Fuego

La industria tecnológica fueguina recibe sus insumos importados por Buenos Aires. Desde allí, camiones recorren 5.764 kilómetros (en total) hasta Río Grande, cruzando cuatro pasos aduaneros por trayecto, a un costo de alrededor de USD 8.000 ida y vuelta8. Hay apenas un barco mensual8 de menos de 1.000 contenedores, con demoras de descarga de entre 9 y 12 días. Todo ese sobrecosto termina cargado al precio final de productos como las netbooks fabricadas en la isla.

Un dato ilustrativo: distancias y referencias vecinas

Para ilustrar lo ilógico del esquema actual, se tomó como punto de comparación Punta Arenas (Chile), que figuraba como puerto de referencia en plataformas internacionales de cotización marítima. Desde allí, la distancia a Shanghái es de 9.768 millas náuticas, mientras que desde Buenos Aires asciende a 11.163 millas, más de 1.200 millas adicionales9.

Esta referencia deja en evidencia lo desalineada que está la infraestructura nacional con la geografía física y los costos reales y es un ejemplo concreto de lo que podría hacerse en el sur argentino. El puerto chileno opera tanto con servicios directos como feeder, articulando cargas regionales con conexiones mayores a través de puertos como Valparaíso y San Antonio. Además, cuenta con terminales especializadas para carga general, contenedores, pesca y carbón. Es decir, un esquema logístico adaptado a su entorno y funcional a la producción regional.

Una visión sistémica de la desintegración

Desde Ushuaia hasta Misiones, Argentina cuenta con decenas de puertos sobre el litoral atlántico y fluvial. Sin embargo, todos los flujos tienden a ser absorbidos por el nodo AMBA. El resultado es un modelo de logística centrípeta, que desatiende el potencial estratégico del interior profundo.

El transporte por camión, altamente ineficiente para largas distancias, se vuelve la norma. Un cuadro elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba (2000) demuestra que un convoy fluvial de 16 barcazas puede mover un millón de toneladas con el mismo combustible que necesitarían 40.000 camiones10,11.

La paradoja de la distancia

Para completar la ironía logística: el puerto de Buenos Aires está ubicado prácticamente en las antípodas de los grandes puertos chinos, lo que lo convierte —literalmente— en el punto más alejado del planeta para comerciar con Asia. Aun así, todas las operaciones del país están obligadas a pasar por allí.

Epílogo sin eufemismos

Lo que Tierra del Fuego produce, y lo que todo el país consume, está atrapado en un sistema logístico que no responde a la geografía, ni a la eficiencia, ni al desarrollo federal. Responde, sí, a intereses concentrados en el AMBA, que funcionan como una aduana interior disfrazada de “puerta de entrada al país”. Lo llamativo, sin embargo, es que no se haya constituido aún una comisión técnico-estratégica compuesta por licenciados en comercio exterior, especialistas en logística, ingenieros industriales y economistas que evalúe —de manera integral— qué necesita realmente la industria fueguina para ser competitiva a escala internacional. Porque si el problema es estructural, la solución también debería serlo.

A esta problemática estructural se suma la reciente desaparición de la planificación vial estratégica, tras la firma del Decreto 461/2025 que disolvió la histórica Dirección Nacional de Vialidad12. Su desmantelamiento interrumpió la gestión técnica y operativa de la red vial nacional, lo que probablemente llegue a recortes del mantenimiento preventivo y la creciente delegación de obras a privados, sin garantías de ejecución ni recursos adecuados. No es difícil prever un encarecimiento significativo del transporte terrestre, con mayores costos por combustible, reparaciones y demoras logísticas, afectando la competitividad y encareciendo aún más los productos que llegan a la periferia del país. Este estado de la infraestructura sumado a la concentración logística en el AMBA refuerza un círculo vicioso que deteriora la eficiencia macroeconómica y profundiza las asimetrías regionales, condicionando el desarrollo federal y el bienestar de la población fuera del centro. Sin un plan de transición robusto, el resultado será una red progresivamente degradada, transporte terrestre encarecido, y un federalismo logístico cada vez más debilitado.

Como decía un viejo bisabuelo de campo: el diablo está en los detalles. En este caso, los detalles son los que explican por qué el sur no despega, por qué exportar cuesta el doble y por qué, al final, todos terminamos pagando más por la misma notebook fueguina
 

Referencias

1. Navarro, D. (2020, octubre 7). Conversatorio con Pymes y Cooperativas [Video]. AIMAS Asociación Intermodal de América del Sur. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Grtt-q8zTnA&t=2624s

2. Filadoro, A., & Sánchez, J. (2016). Identificación y estimación del costo para una operación de comercio exterior en el Puerto de Buenos Aires”. Recuperado de http://www.webpicking.com/wp-content/uploads/2016/07/Estudio-de-costos-portuarios-en-Buenos-Aires.pdf

Filadoro, A. (2018, octubre 10). Costos de una operación de comercio exterior en el Puerto de Buenos Aires. VII Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia (GTCC), Brasilia, Brasil. Universidad Nacional de San Martín. Recuperado de https://www.sela.org/wp-content/uploads/2024/01/comercio-exterior-en-puerto-de-buenos-aires.pdf

3. Rodriguez Zia, J. L. (1993). Puertos precisos: La gran hidrovía PPP. Buenos Aires: Círculo Militar, Biblioteca del Oficial. ISBN 9509822280.

4. Gómez, S. (2020, mayo 31). A un año del Paseo del Bajo, la autopista que demoró más de medio siglo y por la que ya se hicieron 5,7 millones de viajes. Clarín. Recuperado de https://archive.is/D0rhZ

5. Emsden, M. G. (2018, 18 de mayo). Puerto fantasma: la construcción en La Plata de u$s 415 M y que no se usa. El Cronista. Recuperado de https://www.cronista.com/negocios/puerto-fantasma-la-construccion-en-la-plata-de-us-415-m-y-que-no-se-usa/

6. LincolnLandPolicy. (2022, 30 de agosto). Recuperación de Plusvalías, Explicado [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=z2-lt0TyX7w

7. Autopistas Urbanas S.A. (2024). Tarifas TelePASE. Recuperado de https://www.ausa.com.ar/sections/tarifas.html

8. Deleersnyder, G. (2023, 11 de mayo). Desarrollo del cabotaje fluvio marítimo 10-05-23 [Video]. Senado Argentina. YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/live/zDmaP81neN4?si=JfqqAAHk9GIXNW-T&t=1957

9. https://sea-distances.org/

10. Castro Almeyra, A., Corradi, P., Elicegui, G., & Zorraquín, T. (2003, p. 208). Agroalimentos Argentinos. AACREA.

11. Zorroaquin, T., Corradi, P., & Del Rio, J. (2005, p.157). Agroalimentos argentinos II. Recuperado de http://fediap.com.ar/administracion/pdfs/Agroalimentos%20Argentinos%20II%20-%20AACREA.pdf

12. Poder Ejecutivo Nacional. (2025, 8 de julio). Decreto 461/2025. Boletín Oficial de la República Argentina. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328016/20250708

La insólita innovación dirigencial de crear un título a posteriori y la rebelión decorativa de Estudiantes de La Plata añadieron novedades a tono con una época que se alimenta a diario de incoherencias y sobreactuaciones. La principal noticia, sin embargo, es que la discusión por ambos capítulos se suma a una larga obturación de debates más sustanciosos y urgentes, dentro o fuera del fútbol. 

En el caso del deporte, sigue sin proyectarse una matriz realmente federal, que aporte justicia territorial pero también mayor posibilidad de selección de talentos que puedan vestirse luego de celeste y blanco. El centralismo metropolitano ha ido matando a las ligas del interior, reemplazadas por un espectáculo televisado que reina a distancia sobre el juego y el sentido de pertenencia. El fútbol porteño, asociado al santafesino y el platense, se impuso a los de las provincias, que sólo envían delegados. De todos modos, no sería justo imputar al deporte lo que la Argentina se resiste a discutir en aspectos más definitorios de la vida colectiva. La pelota unitaria y exportadora copió al país. 

También visto en clave histórica, el nuevo episodio contribuye a clarificar la discusión sobre el amateurismo, tantas veces denostado por desprolijidades organizativas que lejos estuvieron de finalizar cuando en 1931 los jugadores comenzaron a cobrar en blanco lo que antes recibían bajo la mesa, ni cuando en 1973 tuvieron su primer convenio colectivo. Por décadas el ganador del certamen metropolitano fue reconocido sin objeciones como campeón argentino, se modificaron los formatos de torneos y descensos, hubo campeones sin trofeo y trofeos sin campeón, zonas, ruedas, eliminación directa y definiciones por penales de partidos por los puntos. Lo cierto es que, con talentos en el césped y caos en mapas y escritorios, aquel fútbol amateur parió al ya casi centenario profesional. 

Otro síntoma sorprendente es la volatilidad en la valoración de figuras por parte de las minorías intensas. Juan Sebastián Verón es casi un arquetipo. Ya lo era cuando jugaba, volante anfibio que no era ni 5, ni 8, ni 10, sino un poco de cada cosa, y usaba la 11. Se tatuó al Che Guevara, pero a El Gráfico le dijo que sólo era para él un símbolo humano, no político. Extraña alquimia sobre un personaje histórico para el que ambos términos eran inseparables. Tal vez esa forma de razonar permita comprender que, tres décadas después, Verón sea el principal impulsor del desembarco de accionistas en las asociaciones civiles. 

Verón despertaba en el público la misma contradicción que lo constituía. Celebrado hasta 2002, el Mundial de Corea-Japón lo vistió de traidor para buena parte del universo futbolero doméstico, que no temió diluir con un futbolista una historia nacional en la que no faltan ejemplos más nítidos y perjudiciales. Verón logró amnistías parciales al volver en plenitud a Estudiantes y a la Selección, respaldado por Diego Maradona, quien hasta el final de sus días se manifestó decepcionado. La pregunta de esta semana es cuántos de quienes ahora lo elevan a la categoría de patriota habrán silbado cada toque suyo de pelota en su último ciclo de Selección, o regalado algún comentario irónico sobre su nacionalidad o idioma en las redes sociales, hasta esta misma semana.  

Es una contradicción menor, si se tiene en cuenta que el país entero cantaba a fines de 2023 por los pibes de Malvinas que jamás olvidaría. Diez meses después, en las elecciones presidenciales, un cuarto votó a un candidato que se declaró admirador de Margaret Thatcher y otro prefirió a una postulante que había propuesto cambiar las islas por lotes de vacunas. Ambos se acusaban recíprocamente de aberraciones, que olvidaron días después, al asumir juntos el Gobierno. El hombre, que despreciaba a cualquier persona mayor de sesenta años por “viejo meado”, se embelesa cada vez que se cruza con el presidente yanqui de 79.

Muy coherente, todo. Como que sea el club platense quien proteste su indignación, embanderado en un honestismo prendido con alfileres.