El proyecto de la unidad latinoamericana (II): de los Congresos Americanos a la Guerra de la Triple Infamia
A dos siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá, resulta pertinente revisitar la larga lucha por la unidad latinoamericana. Aquel intento de articular una liga de repúblicas independientes inauguró una historia de iniciativas, debates y conflictos en torno a la integración regional. En esta segunda parte, recorremos el derrotero de ese ideal desde 1826 hasta 1870, destacando el papel de los Congresos Americanos, los debates intelectuales alrededor de la dicotomía civilización y barbarie y el surgimiento de una corriente de pensadores americanistas, hasta la Guerra del Paraguay como momento bisagra que consolida la fragmentación del continente sometido al neocolonialismo de nuevas metrópolis.
Balcanización, inestabilidad y agresiones
El fracaso del Congreso de 1826, sumado a las crecientes tensiones políticas y regionales en el interior de Gran Colombia —que desencadenaron un proceso de fragmentación—, provocó hacia el final de la vida de Simón Bolívar aquella triste reflexión: “He arado en el mar y sembrado en el viento”. Sin embargo, aunque el proceso de balcanización que se inició entonces fue considerable, no es menos cierto que a lo largo del siglo XIX persistieron corrientes y proyectos políticos proclives a la unidad latinoamericana. Desde todos los rincones del continente, las brasas de la causa integracionista brotaron como llamas en el pensamiento y la acción política y diplomática. Un hilo de acontecimientos unen aquellos sueños independentistas con nuestros días.
El Congreso Anfictiónico de Panamá tuvo una breve continuidad en la llamada Asamblea Americana de Tacubaya, reunida en las cercanías de la Ciudad de México entre 1826 y 1828. Este encuentro buscó mantener vivos los acuerdos alcanzados en Panamá y avanzar en la construcción de algún tipo de sistema de cooperación política y defensiva entre las nuevas repúblicas americanas. Sin embargo, las profundas divergencias entre los gobiernos, las dificultades de comunicación y la inestabilidad interna de muchos países impidieron que la iniciativa lograra resultados duraderos. En consecuencia, la Asamblea no consiguió consolidar una institucionalidad común ni establecer mecanismos efectivos de integración regional. Cabe destacar el papel del canciller mexicano, Lucas Alamán, que a lo largo de la década de 1830, envió infructuosamente emisarios a Centroamérica y América del Sur para promover lo que denominó un “pacto de familia”.
Este temprano fracaso de los proyectos confederativos reflejaba un proceso más amplio que atravesaba a la región: la fragmentación política del espacio que había pertenecido al imperio español en América. Las antiguas estructuras virreinales —como el Virreinato de Nueva España, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata— dieron lugar, tras las guerras de independencia, a una constelación de Estados nacionales más pequeños, muchas veces enfrentados entre sí y atravesados por conflictos internos.
El proyecto de unidad continental impulsado por Simón Bolívar chocó así con la consolidación de intereses regionales, rivalidades políticas y dinámicas locales que favorecieron la formación de repúblicas autónomas antes que de federaciones amplias. La disolución de efímeras entidades políticas mayores —como la Gran Colombia, las Provincias Unidas del Río de la Plata o las Provincias Unidas de Centroamérica— ilustró de manera elocuente esta tendencia. De este modo, hacia mediados del siglo XIX el mapa político latinoamericano había quedado configurado como un conjunto de repúblicas independientes, resultado de un proceso de disgregación del antiguo orden colonial español (algo que no sucedió con las antiguas posesiones portuguesas —desde 1822 reconfiguradas como Imperio del Brasil— a pesar de las tendencias secesionistas en algunas regiones del nordeste y el sur del país).
A la inestabilidad interna y a las guerras civiles que atravesaban las nuevas repúblicas latinoamericanas se sumó, desde la década de 1830, una serie de agresiones e intervenciones externas. Entre ellas se cuentan la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833, el bloqueo francés del Río de la Plata entre 1838 y 1840, y la intervención anglo-francesa en el Río Paraná en 1845. En México también se sucedieron conflictos de gran envergadura. La separación de Texas en 1835 y su posterior anexión a Estados Unidos en 1845 desembocaron en la Guerra entre México y Estados Unidos, tras la cual México perdió cerca de la mitad de su territorio. A esto se sumó el ataque francés al puerto de Veracruz en 1838, que dio origen a la Guerra de los Pasteles.
En América Central también se multiplicaron las presiones externas, especialmente por parte de Reino Unido y Estados Unidos. Los británicos fomentaron en la década de 1840 la separación del Reino de la Mosquitia respecto de Nicaragua mediante la instauración de un protectorado. Por su parte, Estados Unidos intervino en ese mismo país con el objetivo de asegurar la apertura de una eventual ruta interoceánica. Las tensiones entre ambas potencias culminaron en la firma del Tratado Clayton-Bulwer en 1850, mediante el cual acordaron delimitar sus respectivas influencias en la región. Poco después, en 1856, el aventurero estadounidense William Walker llegó a proclamarse presidente de Nicaragua, con un apoyo de sectores de Estados Unidos. Filibusteros similares actuaron también en otros territorios, como Baja California y Cuba.
Otras iniciativas estadounidenses también despertaron inquietud en algunos países sudamericanos. Entre ellas se destacan el interés por las Islas Lobos, frente al noroeste de Perú, así como un acuerdo firmado con Ecuador en 1855 que otorgaba a Estados Unidos concesiones en el comercio de guano en las Islas Galápagos. Este convenio generó preocupación en varios países de la región, particularmente en Chile, que consideraba que podía alterar el equilibrio de poder regional. En ese contexto, algunos sectores chilenos temían incluso que, tarde o temprano, Ecuador terminara perdiendo su independencia y se transformara en una posesión más de Estados Unidos.
En ese contexto de agresiones e interferencias, un proyecto de invasión fue impulsado por el ex presidente de Ecuador, Juan José Flores, quien había sido derrocado en 1845. Flores logró persuadir a la monarquía española de un plan restaurador que contemplaba la coronación del príncipe Juan de Borbón —entonces de apenas diez años—, hijo de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Tras obtener el aval inicial de España, Flores desplegó una activa labor diplomática en Francia y Reino Unido con el objetivo de conseguir respaldo para la empresa. Este plan de restauración monárquica fue, en gran medida, el factor que impulsó la convocatoria del Congreso de Lima de 1847-1848, promovido como respuesta a la amenaza que dicho proyecto representaba para las jóvenes repúblicas americanas.
La década de 1860 estuvo marcada por un nuevo ciclo de intervenciones europeas en la América hispana. En 1861, España volvió a anexar a la República Dominicana. Dos años después, fuerzas francesas invadieron México y Maximiliano I de México fue proclamado emperador con el respaldo de Napoleón III. En Ecuador, el presidente Gabriel García Moreno llegó a plantear la posibilidad de que su país se convirtiera en un protectorado francés. Incluso, aunque de manera más bien pintoresca, debe recordarse el intento del aventurero francés Orélie Antoine de Tounens de fundar un reino propio en la Araucanía y la Patagonia. La tensión alcanzó otro punto crítico en 1865, cuando una escuadra española ocupó las Islas Chincha y bloqueó el puerto de Callao. Ante esta situación, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú decidieron coordinar sus fuerzas contra España, dando inicio a la Guerra Hispano-Sudamericana.
Impulso defensivo a la unidad
Ante estas agresiones y para contrarrestar la atomización y desmembramiento creciente de la antigua América Española, se convocaron distintas iniciativas entre países hispanoamericanas entre 1847 y 1865. Se trata de una etapa poco conocida de nuestra historia, en que reaparece el ideal de unión presente en la etapa de las independencias y que sirve de puente entre la generación de inicios de siglo XIX y la de finales de la centuria. Al igual que en el periodo de la independencia, lengua, religión e historia compartida durante los siglos de historia colonial son puestos como fundamento de la unidad en las convocatorias a los congresos. Sin embargo, esta narrativa se activó con mayor fuerza para impulsar los congresos y tratados regionales sólo cuando existían reales amenazas externas que podían poner en riesgo la seguridad, autonomía o incluso la soberanía de los aún jóvenes Estados. En otras palabras, se activó mayormente cuando estaban en riesgo los intereses materiales de los países involucrados. Por eso hablamos de una unión defensiva.
Previo a 1847, en distintos niveles locales y regionales había subsistido el ideal de unidad: experiencias políticas concretas de integración regional, como las Provincias Unidas de Centroamérica y la posterior República Federal de Centroamérica, que perduró hasta 1841, o la Confederación Perú-Boliviana, que existió entre 1836 y 1839. En esos años, Perú y Chile realizaron gestiones entre 1839 y 1845 para convocar un nuevo encuentro hispanoamericano. Contemporáneamente, desde la Confederación Argentina los caudillos federales promovieron una idea de solidaridad y coordinación entre los países hispanoamericanos, especialmente frente a las intervenciones de potencias extranjeras.
En particular, Juan Manuel de Rosas entendía que la independencia política de América no estaba asegurada mientras las naciones recién constituidas permanecieran aisladas y vulnerables frente a Francia y Gran Bretaña. En este marco, su resistencia al bloqueo francés del Río de la Plata entre 1838 y 1840, y a la intervención anglo-francesa en el Río Paraná en 1845 constituyó un hito de defensa regional, ya que no se limitó a proteger los intereses de la Argentina, sino que buscó movilizar la opinión y el apoyo de otros Estados americanos, subrayando la necesidad de cooperación frente a la injerencia extranjera. Por estas acciones el libertador San Martín legó su sable corvo a Juan Manuel de Rosas, además de colaborar desde Europa con una labor diplomática de denuncia.
Tras estos acontecimientos, el I Congreso Americano fue realizado en Lima entre diciembre de 1847 y marzo de 1848. El disparador fue el contexto de tensiones internacionales y amenazas externas, en especial del general Juan José Flores. El texto de convocatoria de 1846 del Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Gregorío Paz Soldán, señalaba:
“Hace tiempo que las Repúblicas Americanas han conocido la necesidad de asegurar su Independencia y sus Instituciones, formando, para ello, un Congreso de Plenipotenciarios que, por acuerdo de los Gobiernos que aceptaron el proyecto, debía reunirse en [Lima]. Circunstancias imprevistas dejaron sin realizarse aquella medida. Mas, los últimos sucesos de la Península y la invasión del Ecuador bajo los auspicios del Gobierno Español, han venido a descubrir que los pueblos Sud-Americanos tienen necesidad de unirse y de formar alianzas para repeler pretensiones extrañas y azarosas a la causa americana.”
Al congreso asistieron Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada y Perú. En el Congreso se aprobó un Tratado de Confederación, un Tratado de Comercio y Navegación y una Convención Consular. Sin embargo, sólo la Convención Consular fue ratificada por todos los Estados, y apenas Nueva Granada ratificó el resto de los tratados. Lo cierto es que una vez que la aventura de invasión de Flores fracasó, la amenaza externa desapareció y el ímpetu de unidad regional se debilitó.
Tras nuevas agresiones en la década de 1850 se reactivó el impulso hacia el regionalismo. Una de las primeras iniciativas en esta dirección fue impulsada por el canciller de Venezuela, Jacinto Gutiérrez, quien en 1857 envió una circular a los gobiernos sudamericanos proponiendo la convocatoria de un congreso en Panamá para discutir las acciones del filibustero William Walker en América Central. La iniciativa respondía, entre otros motivos, al reconocimiento otorgado por el presidente estadounidense Franklin Pierce al representante diplomático de Walker, Nicasio del Castillo Vijil.
De manera similar, el gobierno de Nueva Granada distribuyó una circular entre los países hispanoamericanos manifestando su rechazo a ese reconocimiento. Paralelamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú inició contactos con el gobierno de Chile para negociar un tratado de defensa. A este proceso se sumó también Ecuador, lo que condujo a la firma, el 15 de septiembre de 1856, del denominado Tratado Continental, suscripto por estos tres países bajo el supuesto de que los demás Estados hispanoamericanos serían posteriormente invitados a adherir al acuerdo.
Por otra parte, por iniciativa del ministro peruano Juan Ignacio de Osma y del ministro guatemalteco Antonio José de Irisarri se logró reunir al cuerpo diplomático de los países hispanoamericanos en la sede de la legación del Perú de Washington, D.C. Como resultado de este encuentro, representantes de Nueva Granada, Guatemala, El Salvador, Perú, México y Venezuela firmaron el 6 de noviembre de 1856 un tratado de alianza denominado sub spe ratis, es decir, un acuerdo celebrado bajo reserva de ratificación, cuya entrada en vigor quedaba condicionada a la aprobación posterior de los respectivos gobiernos.
El II Congreso Americano se reunió nuevamente en Lima entre 1864 y 1865, impulsado en gran medida por la creciente preocupación ante una nueva ola de intervenciones europeas en América. Este encuentro constituyó el último intento, en esta etapa, de conformar una liga o confederación entre las repúblicas hispanoamericanas. Su convocatoria se produjo en un contexto marcado por diversas acciones que evidenciaban el resurgimiento del intervencionismo europeo en México, el Caribe y América del Sur.
En ese escenario, Estados Unidos permaneció relativamente al margen de los asuntos hemisféricos debido a la Guerra de Secesión, que enfrentaba al sur esclavista con el norte industrial. Dentro de este panorama, dos acontecimientos resultaron especialmente decisivos para reactivar los esfuerzos de coordinación regional. Por un lado, la invasión europea a México —que culminó con la instauración del imperio de Maximiliano I de México bajo el patrocinio de Napoleón III— motivó, desde 1863, diversas iniciativas diplomáticas del gobierno peruano orientadas a promover una alianza defensiva entre los países latinoamericanos para rechazar la intervención extranjera. Por otro lado, la ocupación española de las Islas Chincha —territorio de enorme importancia económica para el Perú— y el posterior bloqueo del puerto de Callao reforzaron la percepción de amenaza externa y contribuyeron a consolidar la idea de una acción conjunta entre las repúblicas de la región frente a las potencias europeas.
Debe recordarse que, en ese momento, Perú aún no había obtenido el reconocimiento formal de su independencia por parte de España. Ante la posibilidad de una intervención española, el gobierno peruano desplegó una serie de gestiones diplomáticas que culminaron con la convocatoria de un nuevo congreso hispanoamericano. La invitación fue dirigida inicialmente a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, mientras que Argentina y los países de América Central fueron incorporados posteriormente a la convocatoria.
El II Congreso Americano sesionó entre noviembre de 1864 y marzo de 1865 en Lima. Participaron delegados de Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador y Venezuela; por su parte, Domingo Faustino Sarmiento asistió como representante ad referendum de Argentina. Como resultado de las deliberaciones se firmaron varios acuerdos, entre ellos un Tratado de Unión y Alianza Defensiva y un Tratado para la Conservación de la Paz entre las Naciones Aliadas, cuyo objetivo era resguardar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de las repúblicas hispanoamericanas, así como promover la resolución pacífica de los conflictos entre ellas.
No obstante, estos instrumentos corrieron la misma suerte que los acuerdos suscritos previamente en el Congreso Anfictiónico de Panamá y en los congresos de Lima y Santiago de Chile celebrados en décadas anteriores: nunca llegaron a ser ratificados por la mayoría de los gobiernos, lo que impidió su efectiva implementación y frustró, una vez más, los intentos de institucionalizar una confederación hispanoamericana.
Aunque estos encuentros no lograron consolidar una estructura permanente de integración, constituyeron importantes intentos de retomar el ideal unionista surgido en la época de las independencias. Vale destacar a las principales figuras políticas uninionstas en la fase inmediatamente posterior a 1826: en la década de 1830, Lucas Alamán en México y Francisco Morazán en Centroamérica; en la década de 1840, el gobierno de Ramón Castilla en Perú y su canciller José Gregorío Paz Soldán; en la década de 1850, Castilla, actuando de nuevo como Presidente del Perú, sería otra vez actor principal en la firma del “Tratado Continental”, mientras Chile y su representante Manuel Montt fueron figuras centrales del segundo Congreso de Lima.
Identitarismo latinoamericano
Estas iniciativas unionistas defensivas, impulsadas desde lo político, tuvieron su correlato en lo intelectual. En particular, como respuesta al surgimiento de un pensamiento noreuropeísta hecho por americanos. Es decir, de autores nativos que promueven el influjo francobritánico y estadounidense del continente en desmedro de sus raíces hispanoamericanas. Intelectuales y políticos como los argentinos Domingo Sarmiento y Bartolomé Mitre, el venezolano Antonio Guzmán Blanco o el ecuatoriano Gabriel García Moreno logran, de hecho, desplazar la idea dominante hasta entonces. Desde la década de 1860, bajo el influjo temprano del positivismo, se comienza a rechazar a España y lo hispánico como oscurantista y primitivo. La unidad hispanoamericana dejó de ser un supuesto, o siquiera un anhelo, en pos de la integración subordinada a las nuevas potencias del norte industrial.
En particular, resalta la figura del joven Sarmiento, que en su destierro en Chile publica en 1845 el Facundo, como un arma de lucha contra Rosas. En esta obra establece la dicotomía entre “civilización” —identificada con Europa, la modernidad y el progreso— y “barbarie” —asociada a lo rural, lo indígena, lo mestizo y lo popular—, con los efectos duraderos y, en muchos sentidos, profundamente problemáticos que tuvo. La lectura sarmientina legitimó proyectos de Estado que concebían a Europa como modelo único de modernización y a las culturas locales como un obstáculo para el avance civilizatorio.
Reproduciendo esta polaridad surgieron, desde mediados del siglo XIX, dos grandes orientaciones intelectuales en la región. Por un lado, los europeístas, que consideraban que la única vía para la construcción nacional era la imitación de los patrones culturales, institucionales y económicos europeos. Por otro, emergieron los americanistas, quienes reivindicaron la especificidad histórica y cultural del continente, cuestionaron la subordinación mental a Europa y buscaron pensar la región desde sus propias tradiciones.
Los efectos de la fórmula sarmientina fueron, así, ambivalentes y de largo alcance. Por un lado, contribuyó a instalar una visión jerárquica de las culturas y a legitimar políticas de “civilización” que marginaron identidades indígenas, criollas y populares. Por otro lado, su radicalidad provocó la aparición de una sensibilidad crítica que impulsó a los primeros pensadores regionalistas a defender una concepción más inclusiva de la identidad latinoamericana. Esta disputa entre civilización europea y originalidad americana fue un componente central en la formación de los imaginarios políticos y en los debates tempranos sobre la unidad continental.
En particular en Chile, destacaron en este periodo un conjunto de pensadores, nucleados alrededor de la Sociedad para la Unión Americana entre 1862 y 1867, la cual estuvo muy activa en el rechazo a la agresión a Perú durante la ocupación de las islas Chinchas y en promover la unidad continental. Fue liderada por Benjamín Vicuña Mackenna y José Victorino Lastarria. Entre sus miembros o colaboradores más activos se encontraban intelectuales como Francisco Bilbao y Juan Manuel Carrasco Albano, quienes participaron directamente en la difusión de las ideas unionistas desde Chile.
En ese contexto chileno, este enfoque identitario como base de la identidad regional fue descrito de forma clara por Álvaro Covarrubias, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en una carta enviada el 28 de mayo de 1865 al embajador de España en Santiago:
“Las repúblicas americanas de origen español forman en la gran comunidad de las naciones, un grupo de Estados Unidos entre sí por vínculos estrechos y peculiares. Una misma lengua, una misma raza, formas de gobierno idénticas, creencias religiosas y costumbres uniformes, multiplicados intereses análogos, condiciones geográficas especiales, esfuerzos comunes para conquistar una existencia nacional e independiente: tales son los rasgos que distinguen a la familia hispanoamericana”.
Desde Nueva Granada, figuras como el panameño Justo Arosemena y, en particular, los colombianos José María Samper y José María Torres Caicedo formaron parte del mismo espacio intelectual americanista. Desde Perú, surgió la pluma de Francisco de Paula González Vigil y la labor integracionista de José Casimiro Ulloa. Así como el menos conocido Benedicto T. Medinaceli en Bolivia, con su muy avanzado Proyecto de Confederación de las Repúblicas Latino-americanas de 1862. En el Caribe, por su parte, emergieron personalidades como Ramón Emeterio Betances, líder independentista puertorriqueño, el dominicano Gregorio Luperón y el haitiano Anténor Firmin, quienes promovieron la idea de un antillanismo confederal como parte de un proceso más amplio de unidad americana. Respecto de esta última región, conviene señalar críticamente los límites que presentaba, entre líderes y pensadores hispanoamericanos, la inclusión de las Antillas —y en especial de Haití— en los proyectos de unidad. El propio Simón Bolívar, por ejemplo, descartó invitar a Haití al Congreso Anfictiónico de Panamá, a pesar del apoyo que la revolución de los esclavos había brindado tanto a él como a otros independentistas hispanoamericanos. Esta exclusión se prolongó, con distintos matices, a lo largo de todo el siglo XIX.
Mientras que en Argentina, la evolución intelectual de Juan Bautista Alberdi es de las más significativas. De joven compartió con Sarmiento la admiración por ciertos aspectos de Europa, promoviendo en sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de 1852 un modelo constitucional de tipo liberal cosmopolita. No obstante, criticó el simplismo de la oposición civilización/barbarie y sostuvo que la construcción nacional debía partir del conocimiento real de la sociedad americana, sus intereses económicos y su estructura social. En particular, destacó en el final de su vida por su promoción de la unión americana, su combate al centralismo porteño representado en el presidente Bartolomé Mitre, y puntualmente en su denuncia de la guerra fratricida del Paraguay. Estas posiciones de Alberdi fueron excepcionales en una Argentina que desde el Congreso de Panamá en adelante se abstuvo casi siempre de participar oficialmente en las iniciativas americanistas.
En relación con el debate intelectual entre las décadas de 1830 y 1870 pueden destacarse cuatro elementos. En primer lugar, se produce un desplazamiento gradual del enemigo externo, que pasa de España hacia Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Este corrimiento se vincula con el hecho de que las potencias emergentes con capacidad de intervención en la región comenzaron a ser estas últimas, mientras el viejo dominio español entraba en declive. No obstante, España realizó un último intento de afirmación militar en el Pacífico con la ocupación de las Islas Chincha del Perú en 1864, lo que desencadenó un conflicto naval que enfrentó a España con una alianza formada por Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, la monarquía española mantuvo su presencia militar en el Caribe, sofocando los movimientos independentistas de Cuba y Puerto Rico y reincorporando a su control entre 1861 y 1865 a la República Dominicana. Sin embargo, mientras la influencia española era cada vez más declinante, el intervencionismo de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se volvía constante y creciente. Esta transformación del escenario internacional comenzó a reflejarse gradualmente en los debates intelectuales de la época.
En segundo lugar, emergió un discurso que perduró durante décadas en torno a la “raza hispanoamericana”. A los tres elementos que hasta entonces aparecían como factores de unidad —la lengua, la cultura y la religión— se incorporó uno nuevo, de carácter fuertemente identitario. Se trataba de identificar en la población de estas tierras un conjunto de rasgos y valores considerados positivos, idiosincráticos y propios, percibidos además como amenazados por las intervenciones externas. Este giro puede observarse con claridad en figuras como Francisco Bilbao, Juan Manuel Carrasco Albano, Justo Arosemena y José María Torres Caicedo, y será retomado con fuerza por autores de entresiglos como José Martí, José Enrique Rodó y José Vasconcelos. Al respecto, cabe señalar que, pese a algunas inclusiones simbólicas, en general la “raza hispana” o “latina” que se buscaba proteger a mediados del siglo XIX tendía a excluir —o a relegar a un lugar subordinado— a los pueblos originarios y a las poblaciones afrodescendientes. Hacia fines de la centuria, sin embargo, esta imagen comenzó a modificarse parcialmente con autores que incorporaron el mestizaje como rasgo constitutivo de lo propiamente latinoamericano.
En tercer lugar, la denominación Hispanoamérica comenzó a ser desplazada por la de América Latina, lo que en el fondo implicaba una redefinición del referente identitario. En este sentido, Francisco Bilbao lo expresa con particular claridad en su obra El evangelio americano:
"Ya sabemos cuál debe ser nuestra conducta: continuar la obra de desespañolización que empezó con la revolución de la independencia. Pero es necesario que la desespañolización no consista solamente en abolir las leyes e instituciones de la conquista. No es sino una parte que podemos llamar desespañolización exterior. La grande obra, el trabajo magno, consiste en el nuevo espíritu que debe animar a la nueva personalidad del americano. La desespañolización del alma es pues lo principal".
En la búsqueda de autorreconocimiento, este cambio expresa, por un lado, la necesidad de encontrar un referente identitario que permitiera pensarse sin remitir a lo español. Por otro lado, también refleja la influencia del contexto positivista y de la cultura anglofrancesa en las clases dominantes, que comenzaron a percibir el pasado español casi exclusivamente en términos negativos. Paradójicamente, en autores críticos, la afirmación del latinoamericanismo funcionó como una forma de resistencia frente a esa influencia, especialmente frente a la anglosajona. Francia, en cambio, al ser considerada parte del mundo latino, quedó en un primer momento parcialmente incluida dentro de esa identidad. Este panlatinismo, sin embargo, fue perdiendo peso con el tiempo en favor de una identificación latinoamericana más específica, centrada en la herencia histórica de la antigua América española. Cabe destacar que el surgimiento en la década de 1860 del término “América Latina” habilitó la inclusión de Brasil como parte del movimiento de unidad regional.
En cuarto y último lugar, entre 1826 y 1846 la relación con Estados Unidos permanecía abierta y sin una definición clara. No estaba resuelto si el país del norte debía ser considerado parte de una eventual “solidaridad continental” con las repúblicas entonces hispanoamericanas. Al planificar el Congreso Anfictiónico de Panamá, Simón Bolívar expresó dudas tanto sobre la conveniencia de invitar a Estados Unidos como sobre el alcance de la Doctrina Monroe. En 1829, el Libertador llegaría a afirmar que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. Sin embargo, el país fue finalmente invitado tanto al congreso de Panamá como al Congreso Americano de Lima de 1847-1848. Cuando se produjo el despojo de casi la mitad del territorio mexicano tras la Guerra entre México y Estados Unidos y el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, la imagen de Estados Unidos en la región comenzó a transformarse de manera decisiva.
Una bomba de fragmentación
La Guerra de la Triple Alianza —precedida por la intervención brasileña en Uruguay en 1864— constituyó un verdadero parteaguas en la historia de América Latina. La magnitud de la matanza entre países vecinos fue, y sigue siendo, inédita en el continente. Si bien hubo guerras anteriores, como la rioplatense-brasilera entre 1825 y 1828, o posteriores, como la del Pacífico, que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú entre 1879 y 1884, ninguna es comparable en escala con la guerra contra Paraguay. Con enorme diferencia, se trata del conflicto bélico más devastador de la historia latinoamericana. Su impacto demográfico y material fue tan profundo que supera ampliamente al de cualquier otro conflicto interestatal del siglo XIX en la región.
Bajo la influencia del comercio y las finanzas de Gran Bretaña, el Imperio del Brasil, sectores de las élites liberales de Argentina y el gobierno colorado de Uruguay impulsaron un conflicto de enorme violencia contra una república vecina. ¿Cuál había sido el “pecado” de Paraguay? El país había intentado sostener un gobierno y un modelo de desarrollo relativamente autónomos, orientados al fortalecimiento de sus propias fuerzas productivas y a la afirmación de la soberanía nacional. Esa búsqueda de independencia política y económica era percibida por algunos actores regionales como un modelo potencialmente imitable por otras naciones, y por lo tanto como un factor a neutralizar. El resultado fue la devastación del Paraguay con la pérdida de una parte sustancial de su población, recursos y territorio, un hecho que marcó de manera trágica la historia del continente.
Desde distintos países latinoamericanos se alzaron voces de repudio frente a la agresión contra la nación guaraní. En el II Congreso Americano de Lima se escucharon críticas y expresiones de preocupación por la devastación que sufría Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza. En Argentina, las montoneras de Felipe Varela, conocido como el “Quijote de los Andes”, se levantaron en el noroeste del país contra lo que consideraba la barbarie porteña y la subordinación a intereses extranjeros. Tras su derrota, durante su exilio en Bolivia, Varela publicó en 1868 el manifiesto Viva la Unión Americana, un llamado a retomar el viejo ideal de integración continental.
Paralelamente, Juan Bautista Alberdi, desde sus escritos, denunció la guerra, a la que calificó como la “Triple Infamia”. Asimismo, Juan Manuel de Rosas, desde su exilio en Southampton, expresó en su correspondencia un fuerte rechazo a la Guerra de la Triple Alianza, a la que consideraba una guerra “impolítica, injusta y desastrosa para las repúblicas del Plata”, que sólo serviría para aumentar el poder del Imperio del Brasil. Incluso en el plano de la religiosidad popular aparecen ecos de este rechazo: según la tradición, uno de los santos paganos más venerados de la Argentina, el Gauchito Gil, habría sido ejecutado por negarse a combatir contra sus hermanos paraguayos. Estas expresiones revelan la sensibilidad social y las resistencias que generó una guerra percibida por amplios sectores como profundamente injusta.
Mientras tanto, en la nación charrúa, el ex presidente Bernardo Berro, contra quien se había iniciado la intervención militar en 1864, reflexionaba en sus escritos de 1866‑1867 sobre “la necesidad de establecer una República fuerte al sur del Brasil”, previendo posibles federaciones que, a su vez, debían integrarse en una gran Liga o Unión Americana. Su proyecto encontró expresión en la frustrada revolución de 1868 contra el gobierno de Venancio Flores y la Guerra de la Triple Alianza. El levantamiento fue seguido de una sangrienta represión en Montevideo y de la presión diplomática de potencias extranjeras, entre ellas Gran Bretaña y Estados Unidos, que vigilaban de cerca los acontecimientos en la región.
El fin de la Guerra de la Triple Alianza en 1870 puede considerarse el cierre de la etapa unionista iniciada con el Congreso de Panamá. Hasta ese momento, las fronteras estatales entre los países de la región eran todavía relativamente difusas y coexistían con congresos americanistas, experiencias federales y confederales, revoluciones transfronterizas con explícitos propósitos unionistas y poderosas corrientes de pensamiento que prolongaban el proyecto de los independentistas.
En relación con la cuenca del Plata —aunque con alcances que pueden extenderse al conjunto de la región—, Alberto Methol Ferré señaló que, tras la guerra del Paraguay, los países latinoamericanos quedaron “cada uno en su casa”, cada uno en el laberinto de sus cien años de soledad, todos mirando al océano y amnésicos, olvidados de la frontera sudamericana. El triunfo de la Triple Alianza, en consonancia con una etapa de fortalecimiento de los Estados nacionales bajo la égida de las élites liberal-conservadoras, abrió un período en el que se consolidaron las fronteras nacionales de las “patrias chicas” y se profundizó la inserción dependiente de las economías latinoamericanas respecto de las nuevas potencias centrales. Podría decirse que se pasó de una era de horizontes confederales a otra de fragmentación y dependencia.
La Guerra de la Triple Alianza —precedida por la intervención brasileña en Uruguay en 1864— constituyó un verdadero parteaguas en la historia de América Latina. La magnitud de la matanza entre países vecinos fue, y sigue siendo, inédita en el continente.