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En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), Horacio Lutzky, abogado, periodista y escritor, analizó algunas derivaciones de la denuncia sobre corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que se pueden vincular al atentado a la AMIA.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Horacio Calvete tiene un pasado bastante desconocido y oscuro que en su momento dio que hablar”.

“El mismo día del atentado a la AMIA Calvete estuvo reunido con tres integrantes del movimiento carapintada Modin, del cual él mismo formaba parte siendo referente de Capital Federal”.

“En la reunión, a tres cuadras de la AMIA, se encontró con el militar Jorge Pacífico, que estaba siendo investigado por venta de armas sustraídas al Ejército”.

“Un grupo de civiles y militares ofrecía armamento, incluso un helicóptero, lo que no es menor porque una de las pistas ocultadas del atentado hubo un sobrevuelo de uno la madrugada anterior”.

“El encubrimiento posterior nunca investigó quién lo tripulaba”.

“En la reunión también estaba otro militar carapintada, Miguel Burgos, quien estacionó sobre Pasteur una falsa ambulancia a 200 metros de la AMIA antes de la explosión”.

“El grupo dio explicaciones inverosímiles de qué estaba haciendo en la zona”.

“Calvete y Pacífico dicen que se habían juntado a hablar sobre una asociación de ayuda a discapacitados, y treinta años después están afanando la plata”.

“Burgos dijo que la ambulancia era para ayudar a minusválidos, el germen de valerse de los discapacitados para propósitos criminales ya andaba por ahí”.  

“Lo surgido metía ruido en el encubrimiento que estaban armando y lo clausuraron”.

“El encubrimiento de la AMIA es el huevo de la serpiente para la democracia argentina”.

“Si hubo impunidad para una masacre en pleno centro, imagínate si no van a meter en cana a opositores políticos”.

“Claudio Bonadio no estaba en condiciones de investigar, lo mismo el fiscal Germán Moldes”.

“En esos sótanos está el condicionamiento que va mucho más allá del atentado”.

Pocas paradojas argentinas resultan tan persistentes y, al mismo tiempo, tan ausentes del debate público como la estructura de costos del puerto de Buenos Aires. No aparece en campañas, no figura en agendas legislativas y rara vez es mencionado por los funcionarios que deberían explicarlo. Sin embargo, cada contenedor que entra o sale del país carga sobre sí el peso de esa omisión: una maquinaria tarifaria que distorsiona la economía desde hace décadas y que nadie parece dispuesto a enfrentar.

Estudios técnicos tomando un contenedor de 40 pies high cube realizados por Filadoro y Sánchez1 alertaron sobre el problema con una precisión incómoda. En la capital, un contenedor suma más de USD 1.800 en costos aun sin demoras y sin incluir flete ni combustible. Así y todo, puede alcanzar hasta USD 3.186 cuando la burocracia interviene. La propia arquitectura tarifaria —fragmentada, redundante y plagada de cargos menores que se acumulan como sedimentos— funciona como un impuesto implícito a la producción.

No es un desgaste circunstancial: es un sistema que convierte cada trámite en una penalidad. El Puerto, tiene escaso control público, y la falta de información clara y la existencia de posiciones dominantes permiten prácticas abusivas que afectan la competitividad de toda la economía, trasladando sobrecostos a las regiones productivas y a los consumidores finales.

En el terreno operativo, la magnitud es imposible de ocultar. Diego Navarro2, entonces vicepresidente de CAME, lo explicó con brutal sencillez: “un contenedor que sale desde Asia hasta Buenos Aires normalmente cuesta USD 3.000, y resulta ser que se gastan en servicios portuarios USD 5.000”. El transporte global resulta más barato que el “último kilómetro” argentino. Trámites duplicados, peajes urbanos y prioridades dictadas por la valorización inmobiliaria revelan una lógica en la que la competitividad es la primera víctima.

El dato histórico confirma que nada de esto es novedoso. El 3 de abril de 1986, La Nación comparaba los costos portuarios de Buenos Aires y Montevideo: operar un mismo buque implicaba USD 21.645 en la capital argentina contra USD 5.300 en el puerto uruguayo. Remolque, práctico, uso de muelle: las diferencias eran abrumadoras (citado en Rodríguez Zia3). Casi cuarenta años más tarde, las proporciones permanecen intactas. En un país que discute todo, sorprende la capacidad de este tema para permanecer invisible mientras erosiona, día a día, la competitividad nacional.

El “Paseo del Bajo” y el puerto que no se usa

Mientras se construía el Paseo del Bajo —una obra urbana de USD 650 millones, financiada con deuda externa asumida por el Estado Nacional4—, el puerto de La Plata, finalizado en 2014 a un costo de USD 415 millones, quedó aislado por 3 kilómetros de autopista sin completar5. Mientras tanto, los beneficios inmobiliarios del corredor Puerto Madero se dispararon (sin ningún impuesto a la plusvalía urbana a la vista6, por supuesto), y el peaje del nuevo trazado quedó a cargo de AUSA, la empresa del Gobierno de la Ciudad.

¿Quién paga ese peaje?

Según AUSA, en mayo de 2020 se habían cobrado peajes sobre 5,7 millones de viajes4 a valores de noviembre de 20257 (AR$7.354 y AR$9.560), serían entre USD 30-38 millones. Pagados mayormente por transportistas del interior, que no tienen otra opción logística. Así, la infraestructura centralizada en el AMBA termina subsidiada indirectamente por las economías provinciales.

El desvío absurdo de Tierra del Fuego

La industria tecnológica fueguina recibe sus insumos importados por Buenos Aires. Desde allí, camiones recorren 5.764 kilómetros (en total) hasta Río Grande, cruzando cuatro pasos aduaneros por trayecto, a un costo de alrededor de USD 8.000 ida y vuelta8. Hay apenas un barco mensual8 de menos de 1.000 contenedores, con demoras de descarga de entre 9 y 12 días. Todo ese sobrecosto termina cargado al precio final de productos como las netbooks fabricadas en la isla.

Un dato ilustrativo: distancias y referencias vecinas

Para ilustrar lo ilógico del esquema actual, se tomó como punto de comparación Punta Arenas (Chile), que figuraba como puerto de referencia en plataformas internacionales de cotización marítima. Desde allí, la distancia a Shanghái es de 9.768 millas náuticas, mientras que desde Buenos Aires asciende a 11.163 millas, más de 1.200 millas adicionales9.

Esta referencia deja en evidencia lo desalineada que está la infraestructura nacional con la geografía física y los costos reales y es un ejemplo concreto de lo que podría hacerse en el sur argentino. El puerto chileno opera tanto con servicios directos como feeder, articulando cargas regionales con conexiones mayores a través de puertos como Valparaíso y San Antonio. Además, cuenta con terminales especializadas para carga general, contenedores, pesca y carbón. Es decir, un esquema logístico adaptado a su entorno y funcional a la producción regional.

Una visión sistémica de la desintegración

Desde Ushuaia hasta Misiones, Argentina cuenta con decenas de puertos sobre el litoral atlántico y fluvial. Sin embargo, todos los flujos tienden a ser absorbidos por el nodo AMBA. El resultado es un modelo de logística centrípeta, que desatiende el potencial estratégico del interior profundo.

El transporte por camión, altamente ineficiente para largas distancias, se vuelve la norma. Un cuadro elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba (2000) demuestra que un convoy fluvial de 16 barcazas puede mover un millón de toneladas con el mismo combustible que necesitarían 40.000 camiones10,11.

La paradoja de la distancia

Para completar la ironía logística: el puerto de Buenos Aires está ubicado prácticamente en las antípodas de los grandes puertos chinos, lo que lo convierte —literalmente— en el punto más alejado del planeta para comerciar con Asia. Aun así, todas las operaciones del país están obligadas a pasar por allí.

Epílogo sin eufemismos

Lo que Tierra del Fuego produce, y lo que todo el país consume, está atrapado en un sistema logístico que no responde a la geografía, ni a la eficiencia, ni al desarrollo federal. Responde, sí, a intereses concentrados en el AMBA, que funcionan como una aduana interior disfrazada de “puerta de entrada al país”. Lo llamativo, sin embargo, es que no se haya constituido aún una comisión técnico-estratégica compuesta por licenciados en comercio exterior, especialistas en logística, ingenieros industriales y economistas que evalúe —de manera integral— qué necesita realmente la industria fueguina para ser competitiva a escala internacional. Porque si el problema es estructural, la solución también debería serlo.

A esta problemática estructural se suma la reciente desaparición de la planificación vial estratégica, tras la firma del Decreto 461/2025 que disolvió la histórica Dirección Nacional de Vialidad12. Su desmantelamiento interrumpió la gestión técnica y operativa de la red vial nacional, lo que probablemente llegue a recortes del mantenimiento preventivo y la creciente delegación de obras a privados, sin garantías de ejecución ni recursos adecuados. No es difícil prever un encarecimiento significativo del transporte terrestre, con mayores costos por combustible, reparaciones y demoras logísticas, afectando la competitividad y encareciendo aún más los productos que llegan a la periferia del país. Este estado de la infraestructura sumado a la concentración logística en el AMBA refuerza un círculo vicioso que deteriora la eficiencia macroeconómica y profundiza las asimetrías regionales, condicionando el desarrollo federal y el bienestar de la población fuera del centro. Sin un plan de transición robusto, el resultado será una red progresivamente degradada, transporte terrestre encarecido, y un federalismo logístico cada vez más debilitado.

Como decía un viejo bisabuelo de campo: el diablo está en los detalles. En este caso, los detalles son los que explican por qué el sur no despega, por qué exportar cuesta el doble y por qué, al final, todos terminamos pagando más por la misma notebook fueguina
 

Referencias

1. Navarro, D. (2020, octubre 7). Conversatorio con Pymes y Cooperativas [Video]. AIMAS Asociación Intermodal de América del Sur. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Grtt-q8zTnA&t=2624s

2. Filadoro, A., & Sánchez, J. (2016). Identificación y estimación del costo para una operación de comercio exterior en el Puerto de Buenos Aires”. Recuperado de http://www.webpicking.com/wp-content/uploads/2016/07/Estudio-de-costos-portuarios-en-Buenos-Aires.pdf

Filadoro, A. (2018, octubre 10). Costos de una operación de comercio exterior en el Puerto de Buenos Aires. VII Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia (GTCC), Brasilia, Brasil. Universidad Nacional de San Martín. Recuperado de https://www.sela.org/wp-content/uploads/2024/01/comercio-exterior-en-puerto-de-buenos-aires.pdf

3. Rodriguez Zia, J. L. (1993). Puertos precisos: La gran hidrovía PPP. Buenos Aires: Círculo Militar, Biblioteca del Oficial. ISBN 9509822280.

4. Gómez, S. (2020, mayo 31). A un año del Paseo del Bajo, la autopista que demoró más de medio siglo y por la que ya se hicieron 5,7 millones de viajes. Clarín. Recuperado de https://archive.is/D0rhZ

5. Emsden, M. G. (2018, 18 de mayo). Puerto fantasma: la construcción en La Plata de u$s 415 M y que no se usa. El Cronista. Recuperado de https://www.cronista.com/negocios/puerto-fantasma-la-construccion-en-la-plata-de-us-415-m-y-que-no-se-usa/

6. LincolnLandPolicy. (2022, 30 de agosto). Recuperación de Plusvalías, Explicado [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=z2-lt0TyX7w

7. Autopistas Urbanas S.A. (2024). Tarifas TelePASE. Recuperado de https://www.ausa.com.ar/sections/tarifas.html

8. Deleersnyder, G. (2023, 11 de mayo). Desarrollo del cabotaje fluvio marítimo 10-05-23 [Video]. Senado Argentina. YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/live/zDmaP81neN4?si=JfqqAAHk9GIXNW-T&t=1957

9. https://sea-distances.org/

10. Castro Almeyra, A., Corradi, P., Elicegui, G., & Zorraquín, T. (2003, p. 208). Agroalimentos Argentinos. AACREA.

11. Zorroaquin, T., Corradi, P., & Del Rio, J. (2005, p.157). Agroalimentos argentinos II. Recuperado de http://fediap.com.ar/administracion/pdfs/Agroalimentos%20Argentinos%20II%20-%20AACREA.pdf

12. Poder Ejecutivo Nacional. (2025, 8 de julio). Decreto 461/2025. Boletín Oficial de la República Argentina. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328016/20250708

La insólita innovación dirigencial de crear un título a posteriori y la rebelión decorativa de Estudiantes de La Plata añadieron novedades a tono con una época que se alimenta a diario de incoherencias y sobreactuaciones. La principal noticia, sin embargo, es que la discusión por ambos capítulos se suma a una larga obturación de debates más sustanciosos y urgentes, dentro o fuera del fútbol. 

En el caso del deporte, sigue sin proyectarse una matriz realmente federal, que aporte justicia territorial pero también mayor posibilidad de selección de talentos que puedan vestirse luego de celeste y blanco. El centralismo metropolitano ha ido matando a las ligas del interior, reemplazadas por un espectáculo televisado que reina a distancia sobre el juego y el sentido de pertenencia. El fútbol porteño, asociado al santafesino y el platense, se impuso a los de las provincias, que sólo envían delegados. De todos modos, no sería justo imputar al deporte lo que la Argentina se resiste a discutir en aspectos más definitorios de la vida colectiva. La pelota unitaria y exportadora copió al país. 

También visto en clave histórica, el nuevo episodio contribuye a clarificar la discusión sobre el amateurismo, tantas veces denostado por desprolijidades organizativas que lejos estuvieron de finalizar cuando en 1931 los jugadores comenzaron a cobrar en blanco lo que antes recibían bajo la mesa, ni cuando en 1973 tuvieron su primer convenio colectivo. Por décadas el ganador del certamen metropolitano fue reconocido sin objeciones como campeón argentino, se modificaron los formatos de torneos y descensos, hubo campeones sin trofeo y trofeos sin campeón, zonas, ruedas, eliminación directa y definiciones por penales de partidos por los puntos. Lo cierto es que, con talentos en el césped y caos en mapas y escritorios, aquel fútbol amateur parió al ya casi centenario profesional. 

Otro síntoma sorprendente es la volatilidad en la valoración de figuras por parte de las minorías intensas. Juan Sebastián Verón es casi un arquetipo. Ya lo era cuando jugaba, volante anfibio que no era ni 5, ni 8, ni 10, sino un poco de cada cosa, y usaba la 11. Se tatuó al Che Guevara, pero a El Gráfico le dijo que sólo era para él un símbolo humano, no político. Extraña alquimia sobre un personaje histórico para el que ambos términos eran inseparables. Tal vez esa forma de razonar permita comprender que, tres décadas después, Verón sea el principal impulsor del desembarco de accionistas en las asociaciones civiles. 

Verón despertaba en el público la misma contradicción que lo constituía. Celebrado hasta 2002, el Mundial de Corea-Japón lo vistió de traidor para buena parte del universo futbolero doméstico, que no temió diluir con un futbolista una historia nacional en la que no faltan ejemplos más nítidos y perjudiciales. Verón logró amnistías parciales al volver en plenitud a Estudiantes y a la Selección, respaldado por Diego Maradona, quien hasta el final de sus días se manifestó decepcionado. La pregunta de esta semana es cuántos de quienes ahora lo elevan a la categoría de patriota habrán silbado cada toque suyo de pelota en su último ciclo de Selección, o regalado algún comentario irónico sobre su nacionalidad o idioma en las redes sociales, hasta esta misma semana.  

Es una contradicción menor, si se tiene en cuenta que el país entero cantaba a fines de 2023 por los pibes de Malvinas que jamás olvidaría. Diez meses después, en las elecciones presidenciales, un cuarto votó a un candidato que se declaró admirador de Margaret Thatcher y otro prefirió a una postulante que había propuesto cambiar las islas por lotes de vacunas. Ambos se acusaban recíprocamente de aberraciones, que olvidaron días después, al asumir juntos el Gobierno. El hombre, que despreciaba a cualquier persona mayor de sesenta años por “viejo meado”, se embelesa cada vez que se cruza con el presidente yanqui de 79.

Muy coherente, todo. Como que sea el club platense quien proteste su indignación, embanderado en un honestismo prendido con alfileres.

En diálogo con Más o menos bien (coproducción de AGENCIA PACO URONDO en Radio Madres AM530), Gabriel Merino, investigador del Conicet, analizó diversos aspectos de la geopolítica actual.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Si quedamos atados como periferia de Estados Unidos en una relación completamente asimétrica, y sin autonomía estratégica, vas a un proceso de periferización”.

“Un segundo escenario, que ensayan algunas elites dominantes latinoamericanas, es tratar de tener una subordinación negociada con EEUU, pero acercarse mucho más a China, aunque desde un lugar de periferia”.

“Una neodependencia con China y una subordinación negociada con EEUU es un escenario intermedio que a veces tiene en la cabeza Mauricio Macri y lo que practicó Jair Bolsonaro realmente más allá de sus discursos”.

“Un tercer escenario, al que deberían apuntar las fuerzas nacionales, es intentar construir a Argentina y a la región, sobre todo desde el Mercosur, como un polo emergente”.

“Pensar en base a ese trilema es la clave”.

“El peronismo está parado en los tres escenarios”.

“Javier Milei expresaba una línea de inserción paracolonial y de subordinación total a EEUU, mucho más que las relaciones carnales de los 90 y peor porque es un escenario completamente distinto”.

“Hay algunas corrientes del kirchnerismo que vienen pensando a Argentina como polo emergente en el marco de la integración regional”.

“Creo que esa discusión todavía no está madura en el peronismo, no se sabe bien para dónde ir y no hay claridad en el diagnostico ni en el rumbo, lo que es un problema”.

“Que nuestra economía, o la sudamericana, es complementaria con China y competitiva con EEUU es una definición simplista, pero tiene su verdad”.

“La máxima apertura a China implica el riesgo de perder lo que nos queda de industria nacional”.

“Hay que ver cómo te relaciones con China, podes comprar productos terminados o maquinaria para industria local y va a hacer negocio en ambos lugares”.

“El problema del norte global -Alemania, Estados Unidos y Japón- es que China los desplazó en la producción de medios de producción”.

“Decir que donde entra China te baja el salario real es una estupidez total”.

“Rusia y en los últimos años subió su salario real, lo mismo India e Indonesia”.

“México, en contraste, tiene una economía completamente enlazada con Estados Unidos y los últimos años cayó su salario real”.

“Nuestro problema con la antinomia China – EEUU es que no tenemos que elegir sino definir un proyecto con industria en sentido amplio con complejidad productiva”.

“Hay algunas cuestiones en el marco para futuros acuerdos que ya se habían escrito como parte del salvataje que le hicieron a Milei antes de las elecciones”.

“Se vive con un desconocimiento total de las realidades mundiales”.

“Impedir que empresas chinas, o argentinas asociadas, desarrollen una relación de forma autónoma es una de las claves de lo que está queriendo Estados Unidos”.

“Clarín está comprando infraestructura 5G a Huawei de manera regalada y se está beneficiando de la relación con China”.

“Los ciclos de financiarización, propios de los otoños de la hegemonía, te llevan a procesos de acumulación por desposesión, es decir, transferencia de riqueza del sur hacia el norte y, sobre todo, de sectores de la producción y el trabajo al capital financiero”.

Con un perfil menos belicoso, la Secretaría de Seguridad Alejandra Monteoliva, pasa a ser la Ministra de Seguridad y Bullrich asumirá la banca en el Senado de la Nación. 

“Es difícil decirle que no a Patricia” fue unas de sus primeras declaraciones públicas y repetitivas, cuando fue anunciada como Secretaria de Seguridad en junio del 2024. Sostuvo que tiene como referente a Patricia Bullrich y que se percibe como discípula del General Oscar Naranjo Trujillo, quien fue Vicepresidente de Colombia y negociador plenipotenciario del Gobierno durante el proceso de Paz con las FARC, entre el 2012 y 2016.
Estuvo en el Ministerio de Seguridad que encabezó Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, en la Dirección Nacional de Operaciones.
Al gobierno del Presidente Milei llega de la mano de Patricia Bullrich, como Secretaria de Seguridad asumiendo en junio del 2024, durante el surgimiento del “Caso Loan”.

Monteoliva asume después de la renuncia de Vicente Venturino Barreiro tras un escándalo acusado de incidir en la licitación de alimentos para los internos del Servicio Penitenciario Nacional. La misma Ministra Bullrich lo denunció ante la oficina de anticorrupción, recientemente el juez federal Daniel Rafecas lo sobreseyó.

En el mes de octubre de este año estuvo reunida con funcionarios del FBI, anunciando acuerdos de cooperación entre el Centro Nacional de Antiterrorista y el FBI, para intercambio de información y cooperación. También asistió al encuentro de Ministros de Interior y Seguridad del MERCOSUR en Brasilia, en donde se creó la Comisión MERCOSUR contra el Crimen Organizado Transnacional.

La nueva Ministra de Seguridad Monteoliva es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Catolica de Cordoba y Magister en Planificacion y Gestion del Desarrollo. En su CV se presenta como asesora en Seguridad Ciudadana en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, México, Honduras y El Salvador. Bullrich la presentó como alguien que trabajó en el plan del Presidente Bukele, a chequear. 
Además, se desempeña como consultora para organismos multilaterales y empresas del sector minero-energético.

Especializada en políticas y programas de seguridad en el área de gestión de datos, análisis delictivo y operaciones policiales con 25 años de experiencia.

Si bien manifiesta un perfil técnico, en el 2013 fue Ministra de Seguridad de Córdoba durante la gestión del Gobernador De la Sota, y duró en el cargo tres meses. Su salida estuvo vinculada a la huelga de la policía cordobesa que duró 35 hs. Durante ese periodo de huelga en la ciudad de Córdoba sucedieron saqueos y distintos hechos delictivos.

Sus intervenciones en medios de comunicación fueron durante el “Caso Loan”; los incidentes contra el veto de la ley de movilidad jubilatoria cuando gasearon a una nena de 10 años; y también cuando la PSA cumplió tareas de carga y descarga durante el conflicto de trabajadores con Intercargo.
Sin grandes declaraciones o con un tono menos belicoso pero en definitiva repetía las mismas líneas de respuesta que expresaba Bullrich.

En agosto del 2024 realizó junto a Bullrich la presentación de la estadística criminal y sobre los datos presentados es que se diseñó el Plan 90/10 y este me parece un hecho que marca bien su perfil.

El Plan 90/10 sintéticamente plantea la intervención del Estado en el 10% del territorio Nacional en el que se manifiestan el 90% de los homicidios. Y la intervención es como la del Plan Bandera en Rosario, con presencia de las fuerzas de seguridad.

En una exposición realizada en el año 2021, para el Foro Regional Rosario, la nueva Ministra de Seguridad Monteoliva explica que los datos y el análisis para diseñar formas de intervención en materia de seguridad es de suma importancia, lo cual es cierto desde la perspectiva de las políticas públicas. En esa exposición ella menciona la importancia de intervenir sobre los “homicidios intencionales” y este concepto fue propuesto por la ONU para la “Agenda 2030”.

Sobre esto cabe mencionar que más allá del impacto subjetivo, mediado por la cobertura sensacionalista de los medios, en términos objetivos los homicidios dolosos (con intención de matar) en el 2024 tuvo 1.803 víctimas, mientras que los accidentes de tránsito dejaron un saldo de 3.539 víctimas. Por otro lado, los homicidios en comparación con la región, en la Argentina no tienen una tasa alta.

Si dada su expertise técnica la nueva Ministra de Seguridad va a basar los objetivos de gestión a través de la estadística, como en el Plan 90/10 y la intervención será como la del Plan Bandera con presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio. ¿Cómo será la gestión en relación a los delitos federales y la conducción de las fuerzas que están bajo la órbita del Ministerio? O ¿habrá que seguir esperando que la Senadora Bullrich de las directivas?

La seguridad pública es un campo en el que distintos actores con intereses y orientaciones realizan acciones. Y sobre este campo hay conflictos y cuestiones, sobre los cuales estos actores tienen concepciones y modalidades de resolución. La Ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva es un actor clave en el campo de la seguridad pública, por lo tanto es de suma importancia comprender cuales son sus definiciones y resoluciones ante las cuestiones socialmente problematizadas. Las de Patricia Bullrich ya las conocemos, y “es difícil decirle que no a Patricia” aviso la Ministra Monteoliva.

Si alguien quiere entender por qué los militares en bloque no votan al "peronismo realmente existente" sólo tiene que ver la reacción de los políticos mayoritarios del actual peronismo y progresismo respecto al nombramiento de un militar en el ministerio de defensa.

Yo, realmente, no voy a defender a ningún colaborador de este régimen antipopular y anti argentino. Y por lo tanto no voy a defender a ningún ministro. De hecho, creo que hay que combatir a todos mucho más drásticamente de lo que se hace.

Sin embargo, me creo en la obligación de señalar que el hecho de que un militar sea ministro, o diputado, o gobernador, o lo que sea. Si lo es por los mecanismos constitucionales aceptados, no debería horrorizar a nadie. Más siendo "peronista". Ya que no solo Perón era militar, sino un nutrido contingente del personal que lo acompañó en el gobierno lo era.

Pero dejemos ahí las similitudes y diferencias de esos dos movimientos tan distintos como el peronismo del pasado y el actual. Y las razones de esta diferencia.Veamos el tema.

Dicen que "el consenso democrático" era excluir a los militares de toda función pública. Yo la verdad que no lo sabía. Aunque podía imaginar algo así. Aunque no como "consenso", sino como algún tipo de imposición. Creía más bien que "enjuiciábamos" la experiencia del "proceso" como una forma necesaria de aprender del pasado para corregir hacia el futuro. Pero parece que el personal político que hizo el consenso y mis compañeros considerábamos distinto lo que había que corregir. 

Ahora bien ¿Cuál es la calificación que debería tener un ministro o funcionario cualquiera?

En primera instancia estar calificado para esa función, saber del tema, gustarle, tener o ser la persona más capacitada del área para llevar adelante un proyecto.

Señalamos esto como primero, porque es lo obvio. Pero no porque sea lo más importante.

Para nosotros lo más importante para que cualquier ministro o funcionario ocupe un puesto, pero especialmente para defensa, es ser un patriota, un hombre cuyo compromiso es con su nación y su pueblo. Un hombre o mujer que encare un proyecto nacional y lo lleve adelante en las FFAA y en todo lo que hace a la defensa. Que tenga claro el enemigo etc. 

Y por último ma non tropo. En el caso que hablamos para discutir dentro del sistema, el funcionario debe ser una persona del sistema constitucional.

Para quien escribe y sus amigos, compañeros y camaradas. Un militar, un ingeniero, un médico, un artista, un deportista, un sindicalista, etc. Si es una persona que busca la grandeza de la patria y la felicidad de la clase trabajadora será sin dudas alguien que deberá aportar sus conocimientos o representatividad con un intenso compromiso en una función en el estado.

Pero los que se dicen "del campo popular y progresista" hoy saltan como leche hervida porque pusieron un militar en defensa (o sea en su área de conocimiento). Porque eso rompe consensos y elimina la "conducción civil de la defensa". Otra cosa que yo interpretaba de forma distinta. Para mí "conducción civil" era más bien "conducción política". O sea, eliminar el espíritu de casta de algunos sectores, y hacer de la defensa y lo militar una cuestión nacional de todos. Como la salud, la educación, etc. 

Pero parece que "conducción civil" es poner civiles sepan o no de lo militar, en la estructura de conducción, para marginar a los peligrosos militares de todo lugar de decisión. Yo creo que cualquiera que tenga formación y tenga compromiso con lo militar puede ser conducción militar, y obviamente cualquier militar podría hacerlo.

Seamos claros, estas políticas qué se encubren bajo el aura buena de "control civil" o "consenso" respecto de las ffaa, han dado por resultado el desarme argentino total y la alienación de los militares respecto de los que se dicen nacionales y populares.

Y aclaro, por último, de la última dictadura pasaron muchos años y una cosa es castigar personas responsables de crímenes y entregas, y otra es castigar a la nación misma dejándola sin ffaa y castigando in eternum a generación tras generación de militares.

Después no preguntemos el porqué de nuestras desgracias.

En el fondo creo que la discusión planteada es la mejor para mantener el statu quo: indefensión nacional progre vs alineamiento lamebotas al gran patrón. Una contradicción inexistente entre "civiles" vs "militares" qué distrae cómodamente ante una clientela electoral respecto de la contradicción principal que hace a nuestra independencia.

La verdad. Me entristece.

La reciente propuesta de Álvarez Agis de establecer un impuesto al empleo de dinero efectivo tuvo la virtud de exponer públicamente a la informalidad económica como una de las principales limitaciones que afectan nuestra economía.

Más allá de la imposibilidad de su aplicación por la afectación a los sectores socialmente más desprotegidos, la propuesta mostró la incongruencia existente en el uso generalizado de promociones mediante descuentos y pago en cuotas en el uso de tarjetas u otros medios de pago registrables frente a los pagos en efectivo, cuando la lógica indicaría que debería ser todo lo contrario.

Seguidamente trato demostrar cómo esa informalidad junto al  endeudamiento externo y la fuga de divisas vienen condicionando al crecimiento económico argentino y a una distribución equitativa de la riqueza, todo ello en favor de unas pequeñas minorías y en perjuicio de las gran mayoría de los argentinos. 

Comienzo por analizar la evolución y el estado presente de cada fenómeno, continúo con el análisis de las respectivas interacciones y sus impactos sobre la economía y la sociedad argentina y concluyo con algunas pautas que creo imprescindibles para romper este círculo vicioso que nos arrastra a la decadencia. 

La informalidad económica

Ante todo es necesario decir que la informalidad económica se manifiesta tanto mediante la informalidad laboral como mediante la economía no registrada o en negro.

La informalidad laboral comprende a los trabajadores, sean independientes o asalariados no registrados en empresas formales y que por tanto no tienen acceso a la seguridad social (jubilación, salud) ni otros derechos laborales. 

Según datos de la OIT la informalidad laboral argentina en 2024 alcanzó al 51,6% de la población total ocupada. Para tomar una idea de dónde estamos parados nuestra informalidad laboral es inferior a la de Bolivia (83,9%) a la de Perú, (72,9%), pero superior a la de Brasil (36,5%), Uruguay (28,5) y Chile (27,5%). Como referencia la informalidad en Francia, Alemania y España se encuentra en el rango de 3 a 2%. 

Por su parte la economía en negro es un concepto más amplio que abarca todas las actividades comerciales y productivas que no están declaradas o reguladas, incluyendo actividades ilegales.

Se estima que la economía en negro argentina representa aproximadamente entre el 30% y el 40% del PBI, siendo los sectores señalados por sus mayores niveles de evasión y facturación en negro la construcción, el comercio, incluyendo restaurantes y hotelería y el sector inmobiliario. 

Según datos publicados por el Centro Interamericano de Administradores Tributarios entre 2019 y 2021 la pérdida recaudatoria en el cobro del IVA alcanzó en Argentina al 53% del potencial, de los cuales el 44% corresponde a la ineficacia tributaria y 9% a excepciones establecidas. Nuestra eficacia recaudatoria del IVA del 47% del potencial imponible resulta inferior al promedio latinoamericano del 55% de eficiencia. 

En el caso del Impuesto a las Ganancias, en igual período, la perdida recaudatoria argentina alcanzó al 73%, de los cuales 69% se atribuye a la ineficacia y 4% a las exenciones, resultando una eficacia recaudatoria del 27% del potencial imponible, muy por debajo del promedio para AL del 42%.

La magnitud de la evasión fiscal en Argentina hace pensar que una reducción sustantiva de la evasión fiscal tendría un impacto directo y altamente positivo que permitiría transformar el déficit en un superávit fiscal significativo y sostenible en el tiempo.   

El impacto de ese objetivo resultaría en un incremento masivo de los ingresos del sector público sin necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar las alícuotas a los contribuyentes formales, reduciendo la necesidad de financiamiento mediante deuda o emisión monetaria, lo cual permitiría reducir la inflación.

Adicionalmente un superávit amplio daría al gobierno margen para reducir la carga impositiva sobre los contribuyentes formales y eliminar impuestos distorsivos, lo que aumentaría la eficiencia económica; también permitiría financiar inversiones públicas necesarias en infraestructura, salud y educación y fortalecer las reservas, reduciendo la vulnerabilidad externa. 

En resumen, aprovechar la recaudación potencial no solo consolidaría el actual superávit fiscal logrado artificiosamente con un enorme costo social, sino que lo convertiría en un pilar fundamental para un crecimiento económico estable y sostenido del país. 

El endeudamiento externo

Durante su presidencia Néstor Kirchner, canceló el total de la deuda existente con el FMI y finalizó su mandato con un stock de otras deudas con el exterior de US$ 125.000 millones.

Las 2 presidencias de Cristina Kirchner mantuvieron en cero la deuda con el FMI y culminaron con un stock de deuda de US$ 167.500 millones.

Por su parte Francisco Macri volvió a endeudar a la Argentina con el FMI por un monto de US$ 44.000 millones y nos dejó un stock de deuda por 277.100 millones

Alberto Fernández incrementó la deuda con el FMI en US$ 500 millones y al término de su gestión redujo el stock de la deuda externa hasta US$ 266.167 millones.

Finalmente Javier Milei, hasta el segundo trimestre de 2025, aumentó la deuda con el FMI hasta US$ 65.000 millones y el stock total hasta US$ 305.043 millones, cantidades que no incluyen el posterior endeudamiento con el Tesoro de EE.UU. 

La fuga de divisas

La fuga de divisas tiene su origen en la remisión legal de beneficios obtenidos por inversores extranjeros y, en mucho mayor grado, por por fuga ilegal generada por la subvaluación de lo exportado, la sobrevaluación de lo importado y el contrabando de mercaderías, así como por el resultante de la especulación financiera resultante de la venta de divisas baratas por el sector público, las que son compradas por el sector privado y que, bicicleta financiera mediante, generan grandes ganancias, mayoritariamente destinadas a la fuga de divisas.

Según estimaciones del Centro CIFRA entre 2002 y 2023 se habría fugado de nuestro país un total de US$ 341.130 millones, de los cuales US$ 148.046 corresponden al período 2016 a 2023.

Las estimaciones de la fuga de divisas de ese mismo informe para las presidencias desde 2003 hasta la actualidad, realizadas mediante el método residual de la balanza de pagos (MRBP), método recomendado por el FMI, indican que durante la presidencia de Néstor Kirchner se produjo una fuga de US$ 2.115 millones en cada año de su gestión, valores que ascendieron a US$ 3.665 millones anuales durante las 2 presidencias de Cristina Kirchner, US$ 5.091 millones con Mauricio Macri y 4.163 durante la gestión de Alberto Fernández. 

Según estimaciones recientes, la fuga de divisas producida en los 23 meses que van de la presidencia de Javier Milei alcanza a los US$ 33.000 millones, un equivalente a US$ 17.187 millones por año, 3,4 veces superior a la fuga de divisas durante la presidencia de Macri 

Interacciones entre informalidad, deuda externa y fuga de divisas y sus consecuencias 

Informalidad y deuda externa

La existencia de una gran economía en negro retroalimenta y perpetúa la informalidad laboral, toda vez que la falta de regulación y supervisión permite que las empresas y empleadores contraten trabajadores sin cumplir con las leyes laborales.

A su vez la informalidad, producto de la economía en negro y de la informalidad laboral, tiene como directa e ineludible consecuencia la evasión impositiva y cuando el Estado carece de voluntad para combatirla, e inclusive como ahora, cuando la alienta calificando de héroes a los evasores, el proceso resulta en una insuficiencia de los recursos estatales necesarios, generando la necesidad del ajuste de gastos, por vía de menores prestaciones sociales y mediante la reducción de la inversión pública. 

Finalmente, cunado este ajuste no alcanza, la insuficiencia de recursos estatales propios lleva a la necesidad del endeudamiento externo. 

Deuda externa y fuga de divisas 

Existe una relación estrecha entre la fuga de divisas y la deuda externa en Argentina, conformando un círculo vicioso que ha caracterizado nuestra economía cada vez que rigieron políticas neoliberales, durante las cuales el endeudamiento externo, en lugar de financiar el desarrollo productivo, ha servido como origen de la salida masiva de divisas. 
En esos períodos, el gobierno toma deuda en moneda extranjera, y esos dólares ingresan al mercado cambiario, donde son adquiridos y convertidos en pesos por el sector privado para ser utilizados en la bicicleta financiera y cuando las circunstancias no son propicias vuelven a ser convertidas en dólares para ser  posteriormente atesorados o enviados al exterior.

Como consecuencia de esta mecánica los “inversores” generan una renta en dólares muy superior a la de otras inversiones internacionales y similar al nivel inflacionario doméstico, mientras en conjunto de la sociedad, en especial los sectores más vulnerables, tienen que hacerse cargo del aumento de la deuda externa. 

Se trata de una apropiación capitalista de las ganancias para muy pocos acompañada por una distribución socialista de las pérdidas para la gran mayoría.   

En resumen, la deuda externa bajo regímenes neoliberales actúa como un mecanismo que, junto a la informalidad, contribuye a proveer las divisas necesarias para que la fuga de capitales, sin que esos fondos contribuyan al crecimiento económico interno.

Fuga de divisas e informalidad 

Al igual que en los casos anteriores ambos fenómenos están estrechamente interrelacionados, toda vez que la fuga de divisas no sólo deja al Estado sin los recursos legítimos necesarios para hacer frente a las necesidades de repago de la deuda externa, de inversión pública y de crecimiento económico, sino que demás lo obliga a un ajuste que resulta en reducción de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, baja del consumo, cierre de empresas, desempleo, todo lo cual desemboca en una nueva ronda de mayor informalización de la economía. 

La experiencia que estamos viviendo en la actualidad me exime de mayores explicaciones.

Consecuencias 

Como se ha visto un aumento de la informalidad acarrea la necesidad de mayor endeudamiento externo, a su vez generador de una mayor fuga de divisas, la que vuelve a generar una mayor informalidad y dando reinicio al inicio de un nuevo ciclo de decadencia económica y social.

Pautas imprescindibles para romper este círculo vicioso

Siendo que todo este proceso se desarrolla en beneficio de pocos con costos a cargo de las grandes mayorías se trata de encontrar medidas cuyo costo se concentre en primer lugar en esas minorías privilegiadas y que a medida que se vayan viendo los resultados se pueda avanzar hacia soluciones que involucren a otros sectores. 

En tal sentido me parece conveniente establecer medidas prioritarias de aplicación sucesiva que resulten en beneficio del bien común de todos los argentinos y que, en simultáneo, no signifiquen una carga para los sectores de menores recursos.

Entre esas medidas sucesivas, incluiría las siguientes: 
    1) Ataque frontal a la fuga ilegal de divisas;
    2) Imposición a la remisión de beneficios al exterior por parte de las empresas multinacionales, en modo progresivo, según el monto y el origen, con menores tasas a  las actividades de mayor valor agregado;  
    3) Medidas contra la evasión impositiva y el empleo no registrado, de aplicación inicial a las grandes empresas, siguiendo con las medianas, luego las pequeñas, las microempresas, las cooperativas y finalmente, cuando los beneficios sean perceptibles,  a los emprendedores de la economía social;
    4) Aliento a la reinversión de utilidades y la generación de empleo;
    5) Demostración de los beneficios que se vayan alcanzando mediante reducciones impositivas aplicadas sucesivamente y en sentido inverso a las medidas contra la evasión, un mayor nivel de inversiones públicas y un mayor nivel de las prestaciones sociales en salud, educación y desarrollo científico y tecnológico.

Desde ya el desarme de las limitaciones que nos atenazan en materia de informalidad, endeudamiento y fuga de divisas pondrá fin al presente modelo de ajuste, represión y endeudamiento y generará bases para una mejora económica y social sostenible.

Para alcanzar esas mejoras el desarme deberá ser acompañado por otras medidas, tales como la renegociación de la deuda externa existente, una nueva de entidades financieras, reformas laborales e impositivas y otras que completen un nuevo modelo en favor del trabajo, la producción y la soberanía.

Dejo para el final mi conclusión más importante, la necesidad de difundir al conjunto de nuestra sociedad la existencia y los resultados de este verdadero círculo vicioso cuya permanencia nos viene condenado a la decadencia económica y social, en modo de poder debatir y consensuar cómo salir de esta triple trampa y cómo asegurar un mejor futuro para todos. 

La integracion reciente de la Inteligencia Artificial como herramienta pública está amparada en su supuesta objetividad maquínica. En las universidades y la administración pública actual, existe un esfuerzo por incorporarla, tanto para la dilucidación de problemas, la selección de destinatarios y en el caso de la educación superior, como herramienta pedagógica. Asimismo se cuelan discusiones acerca de la posibilidad de que esta reemplace ámbitos cuestionados en su legitimidad por su utilización política, como las encuestas de electores o figuras del poder judicial.

Estas líneas no pretenden establecer una postura reaccionaria acerca de la tecnología informática de las comunicaciones, pero sí instar a no perder de vista que las herramientas tecnológicas son las predilectas en la transicionalidad sistémica. Los sistemas transicionan, naciendo nuevas formas de explotación que, desencadenan alguna instancia en revoluciones que terminan por tirar abajo un marco jurídico y político vetusto. Al capitalismo comercial, industrial y financiero se suma a partir de la incorporación de la digitalización un nuevo ciclo al que denominamos tecno financiero y que como todo ciclo del capital requiere de una modelización de las subjetividades y tramas socioproductivas.

Marx define como fetichismo de la mercancía al inmenso arsenal que muestra el capital dónde están contenidas todas nuestras pulsiones sociales y que tiene más valor que el capital en sí. Sucksdorf caracteriza “fetichismo de sustitución” a la producción de deseo actual, si el fetichismo productivista signó el ciclo industrial y el circulatorio el financiero, en el ciclo tecnológico está ligado a la sustitución: una fascinación ante la capacidad de las nuevas tecnologías de sustituirnos en todas nuestras actividades. Este arsenal está conformado por información inmediata e individualizada. A nuestra pretensión de ser sustituidos en nuestra vida cotidiana, sumamos la ambición de que también nos resuelva el problema político y jurídico.

El ciclo al que asistimos, se desenvuelve a través de sus herramientas (TICs e IA) con un instrumento en común: los algoritmos. Estas herramientas para el futuro funcionan, como un retorno a tipos de sociabilidad tribales en tanto siguiendo a Bauman, toda información que contradiga una postura se ignora por sistema produciendo posiciones crudas e intransigentes y envalentonadas por un cerco que produce una revalidación emocional generando sesgos cognitivos, tribus de contenido, relaciones y proliferación de intereses aparentemente objetivos mediados únicamente por la interacción de los usuarios. Los más avanzados, basados en el deep learning funcionan como cajas negras. En el camino se pierde el hilo conductor, el capitalismo contemporáneo se presenta sin rostro, ni libro de quejas pero además en la clandestinidad de su funcionamiento reside su potencia. Las monedas encriptadas, el paso por alto de reglas financieras, el desconocimiento en torno a su utilización, permisos de acceso a datos personales entre otras.

Varoufakis hace un paralelismo entre el personaje de “Don Draper” de Mad Men utilizándolo para referirse a la venta publicitaria y sus mecanismos de manipulación, y Alexa, la asistente virtual con voz humana diseñada por Amazon, sosteniendo que la diferencia entre estos dos tipos de manipulación simbólica con fines lucrativos se encuentra en que la lucha contra Don Draper depende de nuestro ingenio, mientras que no se puede pelear con el poder de mando sistémico, abrumador y galáctico de Alexa. Actualmente, entrenamos a los algoritmos para que estos nos entrenen a nosotros dándoles la potestad absoluta sobre nuestros deseos.

En la película “Están Vivos” (1988) el protagonista encuentra unas gafas de sol que le permiten ver más allá del engaño publicitario que para ese entonces se configuraba como un externo y entonces pretende mostrarles el mundo fuera de ese engaño a sus pares. Amparados en la actualidad por el escepticismo post caída del muro de Berlín, y acelerados por el tiempo a servicio de la productividad no maquínica sino instantánea de la red, no sólo no pretendemos luchar para develar el artificio, sino que le rogamos que nos venda mejor y más rápido.

La digitalización produce modificaciones en la esfera pública poniendo en jaque los sistemas democráticos en cuánto gran parte de nuestras vidas transcurren a través de plataformas on-line privatizadas. El poder hegemónico adjudicado en la etapa neoliberal a la figura plutocrática de empresarios de las finanzas tecnificando el aparato estatal, está ahora transferido a los Tech Bro, el oligopolio de los dueños de las plataformas online. La monopolización de las empresas “Big-Tech” en la apropiación de nuestra diaria nos obliga a una presencia continúa en el ciberespacio en detrimento de la hegemonía del Estado como ámbito de referencia privilegiado de la reproducción social y regulación del trabajo. Si los Estados Modernos fueron construidos en función de las revoluciones liberales, adecuados a fuerza de movilización popular y organización de los/as trabajadores/as para la consecución de la justicia social, hoy se presentan como un espacio debilitado defendido por los actores sociales que quedan afuera del esquema tecno capitalista.

El surgimiento del internet configuró una aceleración de la especulación financiera ya que la digitalización de las finanzas permite la automatización, direccionalidad de publicidades, acceso a un sinnúmero de transacciones bancarias y venta de productos financieros a tiempo record. El capitalismo actual no requiere de los mecanismos capitalistas clásicos para reproducirse. De esta forma no asistimos al fin del trabajo pero sí del mundo asalariado. La informalidad es condición de posibilidad para la acumulación de ganancias. Los capitalistas tecno financieros cada vez se ajustan menos a normativas de ningún tipo ampliando la oportunidad y cantidad de operaciones económicas no legales y reduciendo su capacidad de absorber a la población activa de manera estable. La informalidad por arriba tiene como consecuencia diametralmente opuesta la informalidad por abajo.

En Argentina el trabajo informal crece sostenidamente desde el 2015 hasta alcanzar el número del 43,2 de la población (EPH Segundo Cuatrimestre 2025) pero además, el trabajo informal asalariado tiene cara de mujer jóven ya que el 62,9% de los/as trabajadores/as registrados en ReNaPer tienen entre 18 y 35 años, encontrando su pico en trabajadores/as de 25 a 35 años. El 58,2% de esta población son mujeres. La informalidad trae consigo la exposición a sustancias nocivas, problemas de salud mental y peor acceso a los servicios de protección social.

Durante la pandemia, la digitalización forzada tuvo como contracara el aumento exponencial de consultas psicológicas y psiquiátricas, mayormente en población menor a 21 años que advierten estar atravesando alguna crisis vital y económica. Los más perjudicados son los jóvenes de estatus socioeconómico menor, quienes suman la imposibilidad de acceder a tratamientos psicológicos. Lo preocupante es que la pandemia ha terminado, pero no la incorporación del mundo online ni tampoco disminuyeron las cifras de consultas por padecimientos mentales en esta población.

Al respecto, Fisher propone recuperar el carácter político de la salud mental y hace un llamamiento a la desnaturalización de estos padecimientos individualizados que afectan a las juventudes exponencialmente, sosteniendo que este es el costo que pagamos por aparentar el funcionamiento de un sistema capitalista altamente disfuncional.

Las causas subyacentes son la falta de proyección, la imposibilidad de acceder a un empleo, sostener la formación académica, o independizarse. En pocas palabras, autorrealizarse a partir de un proyecto de vida. Todas estas cuestiones desdibujan la línea divisoria entre el valor social asignado al mundo adulto. Cabe destacar que “los jóvenes de estatus socioeconómico menor” son más de la mitad ya que según UNICEF en el primer trimestre del año actual el 52,7% de las infancias y adolescencias argentinas son pobres. Pero además, el 96% cuenta con internet en el hogar y el 88% utiliza el celular todos los días. Poniendo en jaque la preocupación por las brechas digitales tan promovida durante la pandemia. Dos tercios de los/as encuestados/as vieron publicaciones sobre cómo adelgazar o ganar dinero fácil por internet. Además, el 31% estuvo expuesta/o a contenidos que promueven formas de autolesión, y el 27 % vio publicaciones vinculadas a ideas suicidas.

Si las juventudes de los 80s cantaban pavorosas “The Wall” denunciando al sistema educativo bancario como un grito en contra de la maquinización de los cuerpos serviles a un sistema productivo industrial en declive, y luego la discusión se configuró en torno a la no concreción de accesibilidad a las escuelas, podríamos decir que hoy la última sigue vigente pero que también existe un desplazamiento de la figura del villano de Pink Floyd caracterizado como el profesor master of puppets al mundo online. El control biopolítico que planteaba Foucault ya no es privativo del poder estatal. El mundo virtual corre con ventaja sobre la producción de subjetividad. La educación básica y en nuestro caso obligatoria, tiene el objetivo de formar a los sujetos acorde al proyecto de país. La escuela de Sarmiento productora de homogeneización tan criticada por sectores progresistas hoy se configura como un dispositivo de contención más que un efector de cultura nacional.

Cabe preguntarnos, cuál es el tipo de subjetividad que produce la etapa actual y cuál es su vinculación -si es que hubiera- con la digitalización. En un contexto socioeconómico complejo donde la precarización y la falta de oportunidades laborales abundan, las plataformas digitales como Only Fans y Apuestas Online se presentan a través de la difusión algorítmica propiciada por influences como una alternativa en apariencia sencilla. Propagando a su vez estereotipos como el varón rico y exitoso y la hipersexualización de los cuerpos femeninos, con el agravante de la violencia en los sectores despojados de la protección estatal traducidos en el endeudamiento y el avance del narcotráfico.

El estancamiento no es un fenómeno nacional, aunque por la configuración de nuestro país con características bimonetarias situado en una región dependiente del capital extranjero el desafío es mayor. Plantar cara a la historia contada por Margaret Thatcher cuándo como si se tratara de un final premeditado marca la carne de nuestras vaquitas con el stencil de hierro que sentencia: no hay alternativa; implica negarnos a asumir el final del cuento. No se trata de asumir un optimismo bobo, sino de tener la audacia de leer el dinamismo histórico que nos atraviesa.

Debemos pensar en términos regionales y nacionales la defensa de nuestro territorio digital y cognitivo tanto en el plano material como el simbólico. Por un lado, nuestra infraestructura digital (sistemas de pago, redes eléctricas y comunicaciones militares) no pueden estar subordinadas a poderes extranjeros. En el plano simbólico, el sentido común es bombardeado permanentemente a través de las pantallas que reproducen tendencias fragmentarias y radicalizadas. Además, la emergencia de la IA funciona de palanca para la estrategia denominada “Inundar la zona de mierda” promovida por líderes de la ultraderecha que consiste en saturar de información a una velocidad que no permite profundización.

Los nuevos mecanismos de colonización instalan un ideal de desarrollo aparejado al ideario Silicon Valley despojando cualquier intromisión del Estado. A los territorios a dominar como tierra, mar, aire y ciberespacio se le suma la mente humana a través del “poder blando”. Es poco útil pensar en términos republicanos la diferencia entre democracia representativa o expresiva sobre hartos tratados diplomáticos internacionales en repudio de las acciones bélicas de Israel mientras cuatro millonarios se reparten el destino del mundo. No es necesario realizar golpes de Estado sí mediante la confusión, el debilitamiento democrático y los cercos algorítmicos disruptivos se concatenan con el ascenso de la ultraderecha en la región. Pensar una estrategia suramericana y un proyecto de país que tenga como pilar el diálogo es urgente.

Esta caracterización no pretende ser un eco de “Cambalache”, ni aseverar que todo tiempo pasado fue mejor. Sino ponerle rostro a los titiriteros del instrumento, y caracterizar la utilización que parece servir únicamente a la maximización de ganancias para un sector cada vez más reducido y la pérdida de horizonte a la que nos pretende conducir. Poner en crisis la idea de que el avance tecnológico sólo tiene que ver con el “facilitamiento” del pasaje de la cotidianeidad a la virtualidad, es preciso para no correr del eje de que cualquier instrumento que suponga un avance en nuestro desarrollo debe estar centrado en la mejoría de nuestras condiciones de vida y no en el acrecentamiento de la rentabilidad mercantil.

Los Estados-Nación deben dejar de comprender lo tecnológico como una App dónde postear la reunión con activistas ambientales y comenzar a interiorizar la envergadura que supone a nivel geopolítico y ecosistémico la disputa por tierras raras, el desplazamiento del poder a las empresas del ciberespacio, la modificación en las relaciones estructurales, la dependencia a estos medios y la disputa por el sentido común que funcionan en detrimento de la legitimidad de las instituciones democráticas.

* Agostina Fernandez es estudiante de Lic. en Trabajo Social UNLa e integrante del Proyecto de Investigación

Desde que Ibrahim Traoré asumió el poder en septiembre de 2022 el país vive un proceso de redefinición nacional centrado en la recuperación de soberanía, la reducción de dependencia externa y la reconstrucción de la identidad estatal.

Bajo su mando, Ouagadougou se propone romper con los esquemas poscoloniales que marcaron su historia reciente y reposiciónarse como actor central en el Sahel.

Ibrahim Traoré tiene abierto binariamente dos frentes. En el interior el avance yihadista, y hacia el exterior, el país reconfigura sus alianzas tradicionales. Se aleja de Francia y teje vínculos con potencias no occidentales como China y Rusia. En paralelo impulsa una transformación económica basada en la industrialización local, la modernización agrícola y la autonomía energética. Estos pilares buscan cimentar una soberanía efectiva más allá del discurso político.

El territorio que hoy forma Burkina Faso (antiguo Alto Volta) tiene una tradición de resistencia. Antes de la colonización francesa, fue cuna de los poderosos reinos mossi, estructuras políticas que dominaron gran parte del África occidental.

La llegada del imperio francés a finales del siglo XIX transformó radicalmente  esa realidad en 1919 (fin de la primera guerra mundial), Francia formalizó la creación del Alto Volta dentro de su Federación colonial de África Occidental Francesa, imponiendo nuevas fronteras y un modelo económico subordinado al algodón y la exportación agrícola. En este sentido podemos hablar que durante la era colonial miles de burkineses fueron sometidos a trabajo esclavo lo que fracturó el tejido social-cultural. En 1932 por razones administrativas el territorio fue disuelto e incorporado a sus vecinos (Costa de Marfil, Níger y Sudán Francés) hasta ser restaurado post segunda guerra mundial (1947)  tras intensas presiones.

La independencia se produjo el 5 de agosto de 1960 bajo Maurice Yaméogo, cuyo régimen inauguró una cronológica crisis política.

En 1983 Thomas Sankara  quien marcaría el momento más transformador de la historia burkinesa. Renombró al país como Burkina Faso (tierra de los hombres íntegros) e impulsó una agenda radical de educación, igualdad de género y anticolonialismo.

Su asesinato en 1987 a manos de su aliado Blaise Compaoré truncó su proyecto. Dio paso a 27 años de estabilidad autoritaria  y apertura económica subordinada a Occidente. Tras la caída de Blaise Compaoré en 2014 el país entró en un espiral de inestabilidad institucional y expansión del del Islam. Luego de ochos años se impone Ibrahim Traoré y ejerce el poder para reactivar la conciencia de soberanía nacional  sankarista, desde un enfoque militar y geopolítico más moderno.

Desde el primer momento Ibrahim Traoré a intentado proyectar la imagen de un líder nacionalista decidido a liberar al país de cualquier tutela extranjera. Su política de seguridad combina ofensivas militares con un discurso patriótico de resistencia y autonomía. Ha creado los Batallones de Intervención Rápida, estas son unidades de élite con apoyos técnicos de especialistas rusos y entrenamiento específico.

El gobierno de Ibrahim Traoré hace pública la idea de que la soberanía territorial y la independencia económica son dos caras de la misma moneda.

No hay dudas que en el plano económico Burkina Faso vive una reestructuración. El país intenta reducir su dependencia de la exportación de oro y algodón, pilares de un modelo vulnerable a las fluctuaciones internacionales, apostando por la industrialización local y la modernización agrícola. Entre 2022 y 2024, el Producto Bruto Interno pasó de 18, 8 mil millones USD a 22, 1 mil millones USD. Impulsado por la minería, la construcción y la agricultura.

El oro, su materia prima más codiciada y fuente de divisas, ha sido objeto de una profunda reforma. El Estado nacionalizó varias minas industriales y fundó la Société Nationale des Mines de Burkina, además de inaugurar su primera refinería con capacidad para procesar 150 toneladas anuales.

Además, el gobierno distribuyó más de 2.000 tractores y 8.500 motobombas impulsando la mecanización agrícola. La producción de arroz creció un 16% entre 2022 y 2024, mientras que se consolidaron polos agroindustriales en Bobo-Dioulasso y Koudougou.

También promovió la apertura de una planta de cemento con participación de China y una fábrica de harina de gran capacidad en Gampéla, además de lanzar el Plan Nacional de Acción en Inteligencia Artificial.

En lo que respecta a educación, miles de instituciones habían cerrado como efecto de la inseguridad. Luego con el programa École Résiliente el gobierno con políticas sociales reabrió más de 1.600 instituciones y lanzó aulas móviles en zonas de conflicto. En salud se construyeron 32 electores de salud y tres hospitales, además de drones sanitarios para entregar medicación en lugares de conflicto. El gasto en salud aumentó del 8,7 al 11, 3 % del PBI, mientras que la cobertura en vacunación alcanzó el 80%.

Estas políticas sociales y de infraestructura son parte del proyecto de legitimación interna del gobierno. Traoré combina discurso soberanista con medidas de redistribución, aumento salarial y reducción de sueldos de altos cargos buscando un equilibrio entre autoridad militar y justicia social.

Un signo significativo del gobierno de Ibrahim Traoré es su muñeca política para la diplomacia. Desde 2023 Burkina Faso se ha independizado de Francia (dependencia histórica) y ha logrado alianzas soberanistas junto con Níger y Malí.

La Alianza de Estados del Sahel ha enviado un mensaje explícito mediante Burkina Faso defender sus intereses sin mediaciones occidentales. La Alianza de Estados del Sahel pretende sustituir los mecanismos tradicionales de la CEDEAO, considerada un medio de potencias extranjeras.

En paralelo el país fortaleció lazos con Rusia, con acuerdos de cooperación militar y técnica. Instructores rusos entrenan en unidades burkinesas y empresas rusas participan en el sector minero y energético. Este acercamiento marca un punto de inflexión geopolítico decisivo hacia el bloque euroasiático.

Asimismo China ha emergido como socio clave en proyectos de infraestructura, telecomunicaciones y energía solar. Con financiamiento chino se construyen plantas industriales y sistemas de fibra óptica. Estas alianzas simbolizan la estrategia de diversificación diplomática que Traoré ejecuta: un intento de búsqueda de independencia frente  a Occidente y de inserción en el orden multipolar, que busca su reconfiguración con los mismos de siempre, por el lado de Occidente Estados Unidos y por el lado asiático Rusia, con una excepción más que importante  China como la gran potencia tecnológica

El sociólogo e historiador Frank García Hernández nació en Cuba en 1982 y es graduado de la Universidad de La Habana. Desde este año vive en Argentina pero pretende seguir vinculado a la isla. Acaba de publicar un libro destinado a la polémica: recorre la historia de la revolución cubana desde 1959 hasta la actualidad e indaga en momentos incómodos como la sovietización de la revolución, las idas y vueltas en el modelo económico, la brutal crisis del “período especial” (pos caída de la URSS), los debates, que siguen hasta hoy, en torno a la “salida china” y la posibilidad de abrirse a elementos capitalistas, o la crisis de una dirigencia comunista que parece alejarse cada vez más de las bases populares.

Con honestidad intelectual, García Hernández argumenta sobre los efectos del bloqueo norteamericano sobre la economía cubana pero lejos de detenerse en esa explicación, se explaya con mucho detalle sobre los diferentes momentos de una revolución que tiene logros para mostrar pero también muchas deudas pendientes, que hoy condensan en una situación política muy crítica.

El libro en cuestión es “Cuba: una historia crítica (1959-2025)” (Marea Editorial) y pretende ser una herramienta para el debate político en la isla. El texto se aleja de los eslóganes románticos en torno a la revolución pero no busca sumarse a movimientos contrarrevolucionarios. Desde el marxismo y la defensa del socialismo, García Hernández entiende que la revolución debe revisarlo todo y empezar de nuevo, porque la situación es muy desafiante y nadie puede ignorar la posibilidad de un estallido social que acabe con una experiencia de 65 años.

“Desde 2019, se fueron de la isla más de 2 millones de personas, sobre una población de casi 10 millones de personas. La crisis es evidente y entre los jóvenes es peor. No puede descartarse una implosión de todo el sistema por una revuelta popular”, afirmó García Hernández en diálogo con el podcast de AGENCIA PACO URONDO.

APU: Hablemos de la revolución cubana y de esta historia crítica...

Frank García Hernández: Es la primera entrevista que me hacen. Es un gusto. Además, estoy muy contento de que el libro se edite en Argentina, tierra del Che Guevara. Es un libro crítico, desde el marxismo. Quise construir la historia desde una mirada marxista, explicando un proceso muy importante en el siglo XX, que suele pasar desde la estigmatización total hasta la romantización absoluta. Se va de una extremo a otro.

APU: En el libro te metés con temas tabúes o incómodos. Cuando se habla de los problemas económicos o sociales de la revolución se suele argumentar con el bloqueo norteamericano. ¿Es la única explicación de todos los problemas?

FGH: Si fuera la única explicación estaríamos mejor. Stalin lanzó la idea de socialismo en un solo país. Eso se podía hacer en la URSS pero no en Cuba. Desde el principio, la idea de la revolución fue expandirse a la región. Era una cuestión ideológica y material, porque no puede vivir Cuba encerrada. Esa revolución mundial no triunfa. Y el apoyo primordial que recibimos fue de la Unión Soviética, que incidió mucho en todo el proceso. Cuba pasó a depender mucho de la URSS, incluso se traían alimentos que podíamos producir nosotros, como papa. Cuando se cayó la URSS no teníamos nada. El período especial fue algo que se armó para prepararse para una invasión norteamericana. Así de grave fue. Lo único que le vendíamos a URSS era azúcar, nada más. Otro problema que empezó a darse es que las decisiones empezaron a tomarse en torno a un grupo muy chico de personas.

APU: Después de la caída de la URSS, en Cuba empiezan los debates por la inclusión de elementos capitalistas.

FGH: Fidel Castro era muy crítico de la salida a lo China. De hecho, el Che Guevara también había advertido sobre eso. El salario en la isla nunca se recuperó desde la caída de la URSS. Pero en la década de 1990 nadie pasaba hambre, porque el Estado garantizaba el alimento. Había colas y faltaba todo pero el Estado garantizaba un piso de abastecimiento. Ahora hay más productos pero la plata no le alcanza a mucha gente.

APU: ¿Ese proceso empieza con la muerte de Fidel Castro?

FGH: Lo empieza Raúl Castro, en los últimos años de Fidel. Empieza en la época de Obama en Estados Unidos. Raúl propone empezar a privatizar algunos sectores. Tal vez no de forma tan fuerte como ocurre en China. Pero si sumar inversiones privadas en determinados sectores.

APU: ¿Cuál era la propuesta de Fidel Castro en ese debate?

FGH: Él se va a recostar sobre los movimientos nacionalistas de la región, como Hugo Chávez. Empieza toda la apuesta en torno al turismo pero Fidel le pone límite a eso. Apuesta a las relaciones con los gobiernos cercanos de Sudamérica, como Chávez, Evo, Lula, los Kirchner. Fidel quería diversificar las industrias para no depender de ninguna, porque había visto lo que pasó con el azúcar en la época soviética. Ahora terminamos dependiendo del turismo. Pero en 2020 tuvimos el coronavirus y generó una gran crisis.

APU: ¿Cuán grave es la crisis actual?

FGH: Desde 2019, se fueron de la isla más de 2 millones de personas, sobre una población de casi 10 millones de personas. La crisis es evidente y entre los jóvenes es peor. Te dicen: el socialismo es una mierda. Porque es muy grande la diferencia entre lo que perciben y la propaganda oficial. No es la Cuba de 1960, donde solo el Estado hacía propaganda. Ahora no es así.

APU: Hablás en el libro sobre la burocratización de la dirigencia de la revolución. ¿Es un problema de origen de la revolución o es un proceso que se fue dando?

FGH: Es una de las obsesiones del libro. El mismo Che Guevara hace un aporte en ese sentido. Es una figura clave de la revolución cubana, no es un tipo que iba tirando tiros por ahí. En una carta a Fidel le dice: no he logrado que la clase trabajadora se comprometa con la revolución. Pero ahí ya aparece el problema de concepción: está mirando a la clase trabajadora desde arriba, desde una elite iluminada que sabe lo que hay que hacer. En el primer momento eso no fue un problema. Pero después se fue complicando con el pasar del tiempo, porque esa dirigencia se fue separando cada vez más de la gente. Porque aparecen los privilegios propios de los cargos. Y ahora tenemos dirigentes que tienen negocios privados, como bares o restoranes.

APU: El libro es muy crítico de la revolución: ¿se puede editar en Cuba?

FGH: No ceo que estén las condiciones para publicarse. Ojalá me equivoque. Pero sí creo que va a ser parte del debate porque de alguna manera u otra va a circular y va a generar discusión. Me pasó que estuve en una charla en Suiza, con gente de izquierda, y alguien se me acercó y me dijo: “No hagas tantas críticas a la revolución porque los jóvenes se van a desilusionar”. Le dije: si le miento y después van a Cuba y ven la realidad, ahí se van a desilusionar. Es mejor que conozcan todo el proceso, en toda su complejidad, con luces y sombras. Siempre me preguntan a dónde va Cuba y yo respondo: no, de dónde viene Cuba. Hay que contar esa historia de 65 años. Cuando empezó Fidel fue una revolución nacionalista, que apuntaba a la justicia social. Lo que pasó después tiene que ver con el contexto de la guerra fría. Fidel dijo en 1961 que él no era socialista. Fue la lucha de clases la que hizo que la revolución fuera hacia al socialismo.

APU: ¿Cree que la situación puede derivar en un estallido social que termine con la revolución cubana?

FGH: Creo que la revolución tiene que empezar de cero, puede ser radical mi propuesta, pero es necesario involucrar al pueblo trabajador en las decisiones. Que los trabajadores opinen sobre lo que hay que hacer. Se impone un cambio porque la clase trabajadora ya no cree en su dirigencia. Y te puede pasar que el sistema te caiga por derecha. Hoy abunda la idea en Cuba de que cualquier cosa es mejor que el socialismo. Yo no creo que sea así pero buena parte de la gente lo cree. Temo que aparezca una dirigencia que quiera llevar adelante un proceso de derecha como pasó al final de la URSS. La otra opción es la salida china, que se privaticen todos los resortes de la economía. No sé cuál es peor. La tercera opción es un estallido, por derecha o por izquierda. En ese escenario puede pasar cualquier cosa. 

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), Candela Vey, directora de cine, describió Vlasta, el recuerdo no es eterno, su reciente documental.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Después de mucho tiempo y trabajo de investigación las funciones en el Festival de Cine de Mar del Plata son el broche de oro”.

“Vlasta Lah fue la primera mujer que hace un largometraje sonoro de ficción en Argentina en 1960”.

“Hubo un puñado de cinco directoras en la época del cine mudo”.

“Lah adapta la obra de teatro Las furias, de Enrique Suárez de Deza”.

“Ella reúne a las cinco actrices más importantes del cine argentino de ese entonces”.

“Hizo una película realmente muy fuerte para la época”.

“Fueron muchos años sin encontrar nada de ella, fue prácticamente olvidada por la historia del cine”.

“En la historiografía del cine había muy pocas menciones, encima estaba mal escrito el nombre o faltaban datos”.

“Hace dos años publicamos un libro biográfico sobre ella y ahora el documental”.

“Hay copias que encontramos de sus películas y se están restaurando y pasando en el Festival”. 

“Vlasta Lah es un nombre que no se habla mucho en la academia”.

“Fue la asistente de producción más importante de los Estudios San Miguel”.

“La recepción de su primera película fue ambivalente, fue todo un tema de época y fue olvidada muy prontamente”.

“La industria del cine está en un desastre”.

“El cine es un bien cultura y tiene que estar en lo más alto, como lo está ahora afuera del país”.

El 20 de noviembre de 1845 es una marca ardiente más de la voluntad argentina de no ser colonia. Allí, en las aguas oscuras del Paraná, la Confederación liderada por Juan Manuel de Rosas se enfrentó —en desigual combate— a los cañones de Inglaterra y Francia, las potencias que pretendían quebrar el orden interno e imponer la libre navegación de nuestros ríos para facilitar su penetración económica y su dominio estratégico sobre el continente. Desde la primera detonación hasta el último disparo, la Vuelta de Obligado fue el acto fundante, en clave moderna, del proyecto de soberanía nacional, por el cual un pueblo, la criollada, supo erguirse como sujeto de su propia historia.

Aquella fue una derrota táctica para las armas nacionales, pero una victoria estratégica para la Nación, que al precio de sus muertos obtuvo luego el reconocimiento formal de su soberanía fluvial. Por eso San Martín, desde su exilio, dedicará palabras de gratitud al Restaurador. Y no fue casual que aquella defensa heroica fuera borrada durante décadas por una historiografía oficial, moralmente derrotada. Porque La Vuelta de Obligado no respondía al ordenamiento liberal ni al proyecto agroexportador que, poco después, habría de consolidar a la Argentina en su rol subalterno. Obligado pertenecía y pertenece, en cambio, a esa tradición subterránea y persistente de resistencia que atraviesa el continente desde Bolívar hasta San Martín, desde Artigas y Güemes hasta Perón y los héroes de Malvinas.

Hoy, en pleno siglo XXI, no recordamos la Vuelta de Obligado como un episodio distante, sino como una advertencia vigente. La Argentina atraviesa una crisis estructural que no es un ciclo más, sino el resultado de un proceso de demolición nacional iniciado el 24 de marzo de 1976, cuando se destruyeron los cimientos de un proyecto industrial soberano y se subordinó la economía al capital financiero internacional. Y desde este estado de cosas—que une a Obligado con nuestra hora presente— es que debemos examinar, sin complacencias, el rol del estado, la conciencia popular y el porvenir de nuestras FFAA en el destino nacional.

No hay país soberano sin fuerzas armadas

La historia lo demuestra; cuando una nación renuncia a dotarse de instrumentos claros de defensa —militar, industrial, científica— se vuelve presa fácil de los intereses foráneos. Por eso la desatención sistemática de nuestra política de defensa, la degradación presupuestaria de las FFAA y su separación de un proyecto industrial, popular y regionalmente integrado constituye una de las causas fundamentales del derrumbe nacional. Dicho esto, para debatir con seriedad el rol de nuestras Fuerzas Armadas, necesitamos ordenar la discusión:

En primer lugar, es clave conocer con datos concretos el estado actual de la institución: su presupuesto, su equipamiento, su capacidad operativa y su inserción en el sistema de defensa nacional en un país bicontinental. En segundo lugar, debemos revisar con objetividad su papel histórico —en Argentina y en América Latina— para entender en qué contextos actuaron, qué intereses defendieron y cómo se relacionaron con los distintos proyectos nacionales. Y, en tercer lugar, es imprescindible definir qué objetivos estratégicos deberían cumplir hoy y en el futuro, considerando tanto los desafíos internos como las tensiones geopolíticas que atraviesan al mundo y condicionan nuestra soberanía nacional.

Los zig zag de nuestra historia

Si queremos comprender el rol de nuestras Fuerzas Armadas, debemos asumir que su historia no es lineal ni puede reducirse a un juicio moral simplista. Su origen, como ocurrió con gran parte de los ejércitos en América Latina, fueron profundamente anti-coloniales y populares; basta recordar al pueblo de Buenos Aires, primero en 1806 y luego en 1807, derrotando al ejército británico y dando nacimiento a una milicia criolla que, con la Revolución de Mayo, se transformaría en brazo militar de la independencia. En aquel momento inicial de nuestra historia patria, el bloqueo impuesto por el poder colonial británico forzó a las milicias criollas a fabricar sus propias armas. Esa necesidad, más que una carencia, fue un motor para el futuro desarrollo de una vocación industrialista nacional, que fue uniendo la defensa militar con la capacidad productiva propia.

Pero esa tradición emancipadora no se extinguió ahí. En las primeras décadas del siglo XX, surgió una generación de militares que vinculó la defensa nacional con la construcción de una economía soberana e industrial. El general Enrique Mosconi impulsó YPF como empresa estatal de petróleo en 1922; el general Manuel Savio concibió la industria siderúrgica nacional y fue el principal arquitecto de SOMISA en 1947; el brigadier Juan Ignacio San Martín promovió la creación de la Fábrica Militar de Aviones y la aeronáutica nacional entre 1944 y 1952. Esta línea encontraba su continuidad en la idea que sistematizaría el propio Juan Domingo Perón: no hay soberanía sin defensa y sin industria nacional.

Pero ese proyecto militar, soberano y popular fue rápidamente advertido por los centros angloamericanos desde sus Embajadas en nuestro país. Desde el derrocamiento de Perón en 1955, el Ejército argentino fue intervenido doctrinariamente. En 1957, bajo la dictadura de Aramburu, ingresan al país asesores militares franceses, veteranos de la guerra de Argelia, que enseñan la “guerra contrainsurgente”: Ya no se trata de defender al país de potencias extranjeras ni de custodiar el interés nacional, sino de perseguir al “enemigo interno”. Desde el Plan Conintes en 1960 hasta el genocidio del 24 de marzo de 1976, esta doctrina se consolidó como política de Estado en manos liberales, quebrando aquella tradición originalmente antiimperialista, industrialista y popular que había dado origen a nuestro Ejército. La caída del gobierno peronista en 1955 interrumpió un proceso histórico de construcción estatal y modernización que llevaba más de siete décadas en marcha. Ese ciclo, con avances y contradicciones, había comenzado con el roquismo en 1880, y alcanzó su expresión más alta entre 1945 y 1955, cuando la Argentina logró los mayores niveles de soberanía política, económica, territorial e industrial de toda su historia. Es importante subrayar: la consolidación del Estado argentino no fue un accidente, sino el resultado de una estrategia deliberada de construcción nacional. Con Julio Argentino Roca y la Generación del ’80 se establecieron los pilares de un Estado moderno mediante la organización profesional del Ejército Nacional, la integración territorial efectiva, la expansión ferroviaria con más de 5.000 kilómetros de vías que unieron Buenos Aires con el interior, la construcción del Puerto de Buenos Aires, la creación del Puerto Belgrano y la instalación de la Armada más poderosa de Sudamérica en aquel momento, entre tantas otras acciones soberanas.

Un prisma para ver nuestra historia

La historia no puede leerse como un cuadro de doble entrada que divide a los protagonistas entre héroes y villanos según la comodidad ideológica del presente. La eliminación arbitraria de figuras y procesos que incomodan al relato dominante —sobre todo cuando se busca “desmilitarizar” la historia— rompe el hilo que explica la continuidad del proceso histórico. Sin una visión de conjunto y de largo plazo, el pasado se fragmenta en episodios inconexos, sin contexto ni sentido, incapaces de explicar el presente.

Bien, por un lado, encontramos figuras profundamente antinacionales y alineadas con intereses extranjeros; Alvear, Rondeau, Bartolomé Mitre, Agustín P. Justo, Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Emilio Massera y Jorge Rafael Videla. Todos ellos, en distintos momentos, actuaron como instrumentos de proyectos políticos subordinados, ya sea al interés británico en el siglo XIX o al norteamericano durante la Guerra Fría. Pero sería injusto desconocer que también surgieron, de la misma matriz militar, grandes constructores de soberanía; José de San Martín, el Libertador de América; Julio Argentino Roca, impulsor de la organización territorial y la expansión del Estado nacional; el general Manuel Savio, arquitecto de la industria siderúrgica; el general Enrique Mosconi, fundador de YPF; el brigadier Juan Ignacio San Martín, padre de la aeronáutica nacional; el general Hernán Pujato, pionero de la presencia argentina en la Antártida; el general Víctor Luis Vicat, referente del desarrollo industrial militar; y el mismísimo Juan Domingo Perón.

La lección es clara. Ni buenas ni malas en esencia, las Fuerzas Armadas han sido siempre expresión de la disputa política interna de un país inconcluso e históricamente en pugna. Su orientación y su rol depende de las correlaciones de fuerza en cada etapa histórica, y del proyecto de país que se proponga dominar —o emancipar— a la Nación.

Obstáculos estructurales para una política de defensa

En primer lugar, persiste en nuestro país una visión negativa sobre las Fuerzas Armadas, originada en gran medida por su participación en los golpes de Estado de 1955, 1966 y especialmente en la dictadura cívico-militar de 1976. Esta experiencia traumática de nuestra historia política reciente dejó en la sociedad argentina una herida profunda y una desconfianza generalizada hacia la institución militar. Pero seamos claros; no hubo “pata civil” cómplice de la dictadura militar, hubo conducción civil del golpe. El establishment económico no fue un acompañante secundario, fue el centro del plan —su motor, su diseño y su beneficiario. Que no se lo haya juzgado fue la señal más clara de que la transición democrática pactó con los intereses del poder real.

La segunda cuestión que limita la posibilidad de contar con FFAA integradas a un verdadero proyecto nacional de defensa es el proceso de desmalvinización iniciado en 1982. Lejos de tratarse de un fenómeno discursivo aislado, la desmalvinización es parte de una política más amplia de entrega de soberanía – no sólo territorial, sino económica, científica, productiva y cultural. Este proceso se desplegó mediante cinco ejes articulados: la desmilitarización, la desindustrialización, el cientificidio, la desculturización y el despoblamiento, todos ellos presentes en cada ciclo de restauración conservadora y neoliberal desde la recuperación de la democracia. Lo que comúnmente llamamos “la entrega y el vaciamiento”.

La experiencia de Malvinas generó dentro de las propias FFAA un núcleo nacionalista nuevo, producto del combate real contra la nación Británica y del contacto directo con el acompañamiento popular, entre otras cosas. Alfonsín decidió ignorarlo; eligió recomponer la relación con el viejo ejército liberal antes que promover una conducción militar con orientación nacional. Ascendió a quienes debía apartar y relegó a quienes podían renovar la institución en clave soberana. No sorprende, el radicalismo había acompañado los golpes de 1955 y 1976, y se benefició políticamente de ellos. Así, mientras desmalvinizaba y apagaba cualquier germen de renovación nacional en las FFAA, su gobierno consolidaba las bases económicas de la dependencia. Así, los verdaderos responsables del proyecto dictatorial que llevó al país al desastre no solo quedaron impunes, quedaron fortalecidos. Acordar con Alfonsín era tolerable para los poderes fácticos, en la medida en que no se pusiera en cuestión el modelo de valorización financiera, desindustrialización y extranjerización del aparato productivo que la dictadura había instaurado con sangre. Lo que debía quedar intacto no era sólo el poder económico, sino también el relato que le quitara responsabilidad. Y allí está, vivita y coleando, la ley de Entidades Financieras que estructura el andamiaje de la dependencia económica.

Así las cosas, la democracia argentina, nacida en 1983, cometió un error fundacional: colocó en el centro del horror a los ejecutores -los militares-, pero dejó fuera del banquillo a los verdaderos arquitectos del terror; los grupos económicos y financieros que diseñaron y capitalizaron la dictadura. En nombre de la unidad nacional, se narró el pasado reciente como una tragedia puramente militar, como si el terrorismo de Estado hubiese sido una anomalía del orden institucional y no la fase más violenta del proyecto económico que aún nos somete a diario. No porque no hubiera que juzgar a los genocidas —eso es una conquista irrenunciable— sino porque, al reducir el conflicto a los métodos y no al proyecto de fondo, dejamos en pie la estructura económica que hizo posible el terrorismo de Estado. Esa incomprensión histórica explica, en buena medida, que hoy sean los mismos intereses que impulsaron el golpe del ’76 y los que nos vencieron en Malvinas, los que vuelven a gobernar la Argentina.

La prueba más evidente está a la vista. El presidente Javier Milei exhibe una admiración reverencial por Margaret Thatcher, la misma dirigente que ordenó matar a argentinos en Malvinas y profundizó la ocupación británica en el Atlántico Sur. Esto no es un desliz retórico, es una definición política. Identificarse con quienes agredieron al país expresa con claridad el alineamiento ideológico del actual gobierno. A ello se suma el injerencismo abierto de los Estados Unidos y sus consecuencias directas: una pérdida brutal de soberanía política, económica y militar. Cada concesión, cada acuerdo impuesto, cada préstamo y cada alineamiento automático reduce aún más la capacidad del país de decidir su propio rumbo y profundiza una dependencia que ya no se disimula ni se discute.

La subjetividad invadida

Respecto al sentido histórico de Malvinas, el análisis predominante en los sectores del progresismo académico comete un error fundamental: juzga la legitimidad de una causa nacional según quién la condujo, y no según su naturaleza histórica y su fuerza intrínseca. Esa lógica lleva a afirmar que, como la guerra fue emprendida por una dictadura, entonces fue ilegítima. Pero la historia no funciona así. Las causas que representan una verdad nacional, como lo fue la recuperación de Malvinas, pueden trascender a los sujetos circunstanciales que las ejecutan. Sin embargo, la guerra de 1982 fue, en su naturaleza política y material, la negación del paradigma económico y cultural impuesto por la dictadura. Fue un gesto de recuperación, no de sumisión. Y el pueblo llano y el movimiento obrero organizado entendieron en la calle aquella contradicción. La dictadura que hasta entonces había reprimido, privatizado, endeudado y extranjerizado el país, debió enfrentarse súbitamente a una empresa histórica que escapaba a su lógica: la recuperación de un territorio usurpado por el imperialismo británico.

Desde el regreso de la democracia, la clase dirigente, la academia y la historia oficial optaron por reducir la Guerra de Malvinas a un acto irracional de una dictadura agonizante, invisibilizando la dimensión histórica, social, cultural, comercial, geográfica y geopolítica del conflicto. Así se construyó una memoria incompleta y minusvalidante de la gesta.

Falsas banderas

En este esquema, cada restauración conservadora que llegó al gobierno —de Macri a Milei, con Patricia Bullrich como constante operadora de esa lógica— no hizo más que profundizar esta estrategia de subordinación y desmantelamiento de la defensa nacional. Mientras se ajustan presupuestos, se hambrea al pueblo y se desmantela la capacidad productiva nacional, se desvía la función de las FF AA asignándoles un rol policial propio de las fuerzas de seguridad. Esa reconfiguración, presentada como necesaria para “combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”, responde a la falsa bandera promovida por los Estados Unidos en toda la región. Bajo esa excusa, se habilita la intervención militar en asuntos de seguridad interior y se legitima la injerencia extranjera en la definición de nuestras políticas de defensa. Esta estrategia —incompatible con cualquier proyecto serio de defensa nacional— es parte del esquema de la política hemisférica de EEUU; convertir a los ejércitos de las periferias en instrumentos de control social y satélites operativos del Comando Sur, en lugar de guardianes de la integridad territorial y del interés soberano. Así, la subordinación económica al capital financiero global encuentra su correlato militar en una doctrina de seguridad que impide a nuestras Fuerzas Armadas cumplir su misión histórica.

El tercer aspecto que impide la construcción de una auténtica política de Defensa se vincula directamente con nuestra condición de país dependiente. La Argentina lleva décadas sumida en un ciclo regresivo, marcado por la destrucción deliberada de su tejido industrial y la creciente extranjerización y concentración de su aparato productivo. En este marco, el endeudamiento con El Tesoro de los EEUU y el Fondo Monetario Internacional —que funciona como brazo disciplinador del imperialismo financiero occidental— ha colocado al país en una situación de mínima autonomía y, por ende, de menor soberanía real. La ecuación es simple: sin capacidad de decisión económica independiente, no hay política de defensa posible. La colonialidad no se ejerce sólo sobre el territorio físico; también opera sobre la economía, la cultura, los marcos normativos y jurídicos y la conciencia nacional. Así se define un nuevo tipo de sometimiento; control territorial directo, indirecto y dominación material a través de la deuda. En otras palabras, esto es lo que significa perder soberanía en la fase contemporánea de lo que puede llamarse sin ambigüedades una guerra total del colonialismo anglosajón contra la autonomía de nuestros pueblos.

Una operación cultural eficáz

Una de las jugadas más efectivas del bloque oligárquico fue imponer la mentira de que memoria democrática y defensa nacional son causas incompatibles. Lograron enfrentar simbólicamente al 24 de marzo con el 2 de abril, como si Derechos Humanos y soberanía fueran banderas opuestas. Esa operación cultural instaló la idea absurda de que la defensa del territorio y de las capacidades estratégicas del Estado es un asunto de “milicos” y, por lo tanto, incompatible con la democracia. El resultado fue el vaciamiento de contenido político y estratégico de la causa Malvinas. Y aquí radica el verdadero problema. Una democracia sin Fuerzas Armadas profesionales, equipadas y orientadas al interés nacional no es una democracia más pura, es una democracia más vulnerable. No existe Estado de derecho que pueda sostenerse sin los instrumentos materiales necesarios para proteger su territorio, sus recursos y sus instituciones frente a cualquier agresión externa.

Y las Fuerzas Armadas no son iguales en todos los países. No cumplen el mismo papel en las naciones que ya consolidaron su soberanía que en aquellas que aún luchan cada metro por completarla. En la defensa nacional no se juega solo el destino de las Fuerzas Armadas como institución, interviene toda la Nación. Participan sus habitantes, sus recursos naturales, su capacidad productiva, su infraestructura, sus universidades, sus comunicaciones, su tecnología, sus industrias y su sistema científico. Todas las energías y capacidades de un país están llamadas a integrarse en una estrategia común. Por esto mismo se las desarticula, por derecha y por izquierda.

Por eso, aquí, el antimilitarismo abstracto no nace de los golpes de Estado del siglo XX —donde las cúpulas militares traicionaron su misión constitucional y sirvieron a la oligarquía local y a las Embajadas de las potencias de Occidente— sino de un hecho mucho más profundo: el temor histórico de las elites antinacionales al encuentro entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Cada vez que ese vínculo se concretó —en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, en los ejércitos populares de la independencia latinoamericana, en la batalla de La Vuelta de Obligado, en la política territorial de Roca, en Mosconi y en Savio, en el Ejército del Pueblo de Perón, y finalmente en Malvinas— surgió el cultivo de un proyecto nacional con capacidad real de emancipación. Es ese cruce, no el trauma de las dictaduras, lo que el poder teme, y que encuentra en la tribuna progresista su mayor dinamizador para impedirlo, a pura división.

Toda esta problemática —propia de un país periférico y semicolonial— se sostiene por una incapacidad política persistente; la de asumir y explicar con honestidad las razones de nuestra grieta histórica. Esa grieta expresa un dilema estructural que atraviesa a la sociedad argentina desde hace más de un siglo. O bien seguimos siendo un apéndice de los poderes de turno, furgón de cola del atlantismo, administrados como una colonia pensada para los intereses transnacionales y el capital financiero; o asumimos de una vez la tarea de construir un proyecto de emancipación nacional que convoque a las Fuerzas Armadas a su función esencial: custodiar el interés nacional. Esto implica, además, comprender a la defensa como un área estratégica del Estado, capaz de aportar a la inserción soberana de la Argentina en el mundo multipolar y de impulsar el desarrollo científico, tecnológico e industrial que un país libre necesita para existir.

Estamos todavía lejos de alcanzar ese horizonte. Pero al menos podemos dar un primer paso; construir un diagnóstico honesto y una idea fuerza capaz de desmontar el prejuicio que nos impide pensar la defensa nacional sin culpa ni caricaturas ideológicas. Solo recuperando esa claridad podremos empezar a reconstruir una mirada propia, en clave nacional, sin tutelas externas ni simplificaciones que nos condenen a la indefensión total creyendo que así estamos “seguros”.

* Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.