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A las 6,05 AM del 28 de septiembre de 1966, dos jóvenes  ingresan a la cabina del DC-4 de Aerolíneas Argentinas. Sonriendo le dicen al piloto “cambiamos de rumbo, vamos a Malvinas”. El comandante Ernesto Fernández García, sonríe también creyendo que es una broma.  Los jóvenes exhiben sus armas y repiten “no tanta risa, esto es en serio”. El piloto aduce no conocer la ruta. “Rumbo uno cero cinco” replica el de lentes y le entrega las cartas de navegación.  El comandante obedece la orden y enfila rumbo a Malvinas con 42 pasajeros a bordo. Estaba en marcha el “Operativo Cóndor”.

El vuelo 648 de Aerolíneas había despegado a las 0:45 hs de Aeroparque Jorge Newbery hacia Rio Gallegos. Mezclados entre los pasajeros lo abordaron 18 miembros del comando fuertemente armados. Hoy resulta extraño que alguien pueda subir al avión con un arma. Pero,  este era el primer secuestro aéreo en Argentina.  Unos años después se tornará casi una moda secuestrar un avión para dirigirse a Cuba.

Los integrantes del Comando Cóndor pertenecían a una escisión de Tacuara, llamada MNA Movimiento Nueva Argentina. Los dirigía  Dardo Cabo, de 25 años, periodista hijo de Armando Cabo dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, Lo secundaba Alejandro Giovenco, de 21 años,  apodado el Chicato a causa del grueso aumento de sus lentes. La periodista y dramaturga María Cristina Verrier, de 27 años, era la tercera al mando del grupo. Su padre, César Verrier, había sido juez de la Suprema Corte de Justicia.

Los otros integrantes eran: Ricardo Ahe, de 20 años de edad, empleado; Norberto Karasiewicz, 20 años, metalúrgico; Andres Castillo, 23 años, bancario ; Aldo Omar Ramírez, 18 años, estudiante; Juan Carlos Bovo, 21 años, metalúrgico; Pedro Tursi, 29 años, empleado; Ramón Sánchez, 20 años, obrero; Juan Carlos Rodríguez, 31 años, empleado; Luis Caprara, 20 años, estudiante; Edelmiro Jesús Ramón Navarro, 27 años, empleado; Fernando José Aguirre, 20 años, empleado; Fernando Lisardo, 20 años, empleado; Pedro Bernardini, 28 años, metalúrgico; Edgardo Salcedo, 24 años, estudiante; y Víctor Chazarreta, 32 años, metalúrgico. La edad promedio del grupo era de 22 años. Todos eran peronistas.

Para garantizar la buena difusión del hecho  subió al avión con nombre falso Héctor Ricardo Garcia director del diario Crónica y la revista Así, quien viajando con los comandos se garantizaba la primicia. García alegará ante la justicia que fue convocado a viajar por Dardo Cabo un día antes, quien le anticipó un episodio importante pero sin decir de que se trataba. Según la investigación de Roberto Bardini, “los periodistas Americo Rial , Emilio Abras y el mismo Dardo Cabo, todos militantes del Movimiento Nueva Argentina (MNA), trabajaban en Crónica. y convencieron mucho antes del operativo a Héctor Ricardo García,  de viajar en el DC-4 de Aerolíneas Argentinas.”

A las 9 hs el avión realizó tres pasadas rasantes sobre Puerto Stanley, rebautizada por los comandos “Puerto Rivero” (en homenaje a la gesta del gaucho Rivero), buscando donde aterrizar. Las islas no tenían aeródromo y lo más parecido era una pista de carreras cuadreras de tierra, donde finalmente bajo el avión. Ya en tierra los comandos bajaron del avión e izaron siete banderas argentinas en distintos puntos cercanos. Luego tomaron posiciones de defensa alrededor de la aeronave, mientras se acercaban con mezcla de sorpresa y curiosidad habitantes de la isla. Entre ellos un joven jefe de policía al mando de seis efectivos que fue tomado como rehén.

Cabo y Verrier se dirigieron a la casa del gobernador interino, ante quien se presentaron anunciando : “como argentinos, hemos venido a esta tierra para quedarnos, ya que la consideramos nuestra”. Un isleño de origen chileno traducía las palabras que el gobernador no terminaba de entender. Recuperado de su sorpresa les ordenó “fuera de aquí, Vds no están en su casa”.

En la improvisada pista, ya varios jeeps Land Rover habían sido estacionados bloqueando el movimiento del avión, y casi un centenar de civiles voluntarios bien armados, rodeaban a prudente distancia todo el escenario. Los comandos hicieron bajar a los pasajeros del avión, entre quienes se encontraba el Gobernador de Tierra del Fuego e Islas Malvinas,almirante Jose Maria Guzman. Los pasajeros fueron alojados por los kelpers, mientras el comando seguía en el avión.

A treinta y seis horas del arribo, la posición del comando era muy débil, carecían de alimentos y abrigo y estaban rodeados por una fuerza numerosa, ahora reforzada por una docena de militares británicos. El sacerdote católico Rodolfo Roel, los convenció de dejar el avión y trasladarse a su iglesia . Los comandos se formaron frente a una de las banderas izada en un mástil de hierro, cantaron el himno nacional, rezaron un padre nuestro, le entregaron las armas al piloto del avión y recuperando las banderas se retiraron hacia la iglesia. No hubo acto de rendición. La misión estaba cumplida. Allí permanecieron hasta la llegada del buque Bahía Buen Suceso enviado por el gobierno argentino para evacuarlos hacia Ushuaia.

En 1982, el Bahía Buen Suceso prestó servicio como barco logístico durante la guerra de Malvinas. Los ingleses lo atacaron en Bahía Zorro donde quedó varado. Al terminar la guerra fue remolcado a aguas más profundas donde fue hundido por un submarino británico.

En septiembre de 1966 gobernaba el dictador Juan Carlos Onganía. Los cóndores eligieron la fecha porque en esos días se encontraba de visita en nuestro país nada menos que el príncipe Felipe de Edimburgo consorte de la Reina Isabel II. 

En Ushuaia fueron juzgados y encarcelados. La mayoría solo por nueve meses. Pero Dardo Cabo, Alejando Giovenco y Juan Carlos Rodriguez por tener antecedentes purgaron tres años de cárcel.

El derrotero de los cóndores de Malvinas

Dardo Cabo, fue el jefe del operativo. Su padre Armando Cabo era hombre de la resistencia y dirigente metalúrgico cercano a Augusto Vandor. Dardo a mediados del 61, es uno de los fundadores del Movimiento Nueva Argentina (MNA) . También fue “preso Conintes” durante el gobierno de Arturo Frondizi. Tras purgar tres años de cárcel por el Operativo Cóndor , al salir se integra a la organización Descamisados que van a confluir con Montoneros a fines de 1972. En 1973 Montoneros lo nombra director de su revista El Descamisado. El 17 de abril de 1975, es detenido, en Morón, junto a Juan Carlos Dante Gullo, y Emiliano Costa mientras esperaban un pago del rescate de los Born. En la noche del 5 de enero de 1977 fue sacado de la cárcel (U-9 La Plata) junto a Roberto “Palometa” Pirles, y fusilado en un supuesto “intento de fuga”.

Alejandro Giovenco, “Trágico fin de un hombre de acción” así tituló el diario Noticias (de Montoneros) la muerte de Giovenco el 19 de febrero de 1974. En la madrugada del día anterior en la esquina de Corrientes y Uruguay le estalló una bomba que llevaba en su portafolios y le arrancó un brazo. Pudo llegar hasta la sede de la UOM donde murió desangrado. El diario dice que el 2 de enero había sido atacado a balazos frente a su domicilio, omite decir que el atentado fue de la organización Montoneros, que en esa época no firmaba sus operaciones. Giovenco se inició en la militancia en el Partido de la Revolución Libertadora, su padre era un ferviente antiperonista. Con el tiempo se acercó al nacionalismo e ingresó al MNA. En una crónica del Descamisado, Dardo Cabo dice de su antiguo camarada: “Alejandro Giovenco se mató sin poder ser peronista”. (…) Giovenco era una mezcla de católico liberal de derecha y nacionalista de élite. (…) Ya en el Movimiento Nueva Argentina, manifiesta un vehemente y exagerado deseo de limpiar su pasado con una acción heroica para el peronismo: así promete matar al almirante Rojas. (…) Cuando sale en libertad, Giovenco se enrola en las filas del vandorismo, junto con varios miembros de la operación Cóndor. Actúan de guardaespaldas de Lorenzo Miguel y luego de Paladino.(…) Su práctica política demuestra una concepción coherente: el acto personal, “heroico”, la actitud individual y el valor personal. Nunca se lo vio recorriendo las bases peronistas, su manejo era totalmente superestructural. Enemigo de Vandor, termina siendo guardaespaldas de Lorenzo Miguel y viviendo de la UOM (...)Así fue la vida de Giovenco. No se dio cuenta, pero nunca dejó de ser lo que el padre le enseñó; cruzado de una causa sin legiones, murió por su propia mano. Su violencia nunca pudo encontrar ese acto heroico de estar junto a las masas que lo convirtieran definitivamente en peronista.”

Edgardo de Jesús Salcedo, en 1969 participó de una pequeña organización guerrillera “Cabecitas Negras” que intentó establecer un foco rural en el Abra de Santa Laura y fueron detenidos. Más tarde se sumó a Montoneros. Era dirigente de la JTP de Telefónicos. El 12 de Julio de 1976 Edgardo Salcedo y su esposa Esperanza María Cacabelos, encerrados en su departamento resisten durante seis horas de fuerte tiroteo el asedio de un grupo operativo de la ESMA. Mueren en el enfrentamiento, en el que también caen un oficial de la Policía Federal y al Capitán de Corbeta Olegario Salvio Menéndez. Su hijo Gerardo (de dos años) es protegido por sus progenitores en el baño, en la bañadera, tapado con un colchón y resulta ileso.

Aldo Omar Ramirez, con 18 años participó del comando Cóndor. Se integró a la Juventud Peronista. En 1975 era miembro de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista) de los Astilleros Astarsa cuando fue secuestrado por la Triple A y liberado por presión de los obreros del establecimiento. Siguió militando en Montoneros y pasó a la clandestinidad. Fue secuestrado y desaparecido el 1º de septiembre de 1977.

Juan Carlos “el gallego” Rodriguez, y Pedro Tursi fueron miembros de la custodia de Lorenzo Miguel. Tursi era uno de los acompañantes de Giovenco en el momento que le explotó la bomba. El gallego Rodriguez, que era el jefe de la custodia de Lorenzo Miguel, a mediados del 75 es asesinado por el grupo del CNU de La Plata.

Pedro Bernardini , según cuenta en una nota su nieta María Agustina Banchiero : “A partir del Operativo Cóndor las veces -que fueron muchas- que mi abuelo fue secuestrado durante la dictadura militar o llevado preso por su militancia en la FAP los años previos al 76, los militares le mostraban cierto respeto y con un guiño reconocían el Operativo. Incluso cuando estuvo secuestrado durante dos años en la ESMA, mientras lo torturaban, le preguntaban cómo había sido cagarles por unos días las Malvinas a los ingleses.”

Norberto Karasiewicz y Edelmiro Navarro siguieron su militancia en el CdO (Comando de Organización) que dirigía Brito Lima. Los militantes del CdO estaban entre los custodios del palco cuando se produjeron los graves enfrentamientos de Ezeiza el 20 de junio de 1973.

Jorge Alberto Money y Miguel Angel Castrofini eran dos militantes del MNA que no participaron del Operativo Cóndor. Pero fueron quienes, desde un Citroen destartalado, ametrallaron el frente de la embajada británica, cuando estaba en ella el Duque Felipe de Edimburgo en la noche del 29 de septiembre. Money era periodista trabajó en el diario “El Día” de La Plata; en el diario peronista “Mayoría” y finalmente como redactor en “La Opinión”. Se acercó políticamente a Montoneros. Fue asesinado por la Triple A en los bosques de Ezeiza previo rapto, el 18 de mayo de 1975. Castrofini se convirtió en militante del CNU (Concentracion Nacionalista Universitaria) el 8 de marzo de 1974 un comando del ERP22 de Agosto, lo asesinó de 16 balazos cuando salía de su casa en compañía de su esposa.

Esta es la historia de los años setenta, que hay que contar en toda su dimensión; aunque hoy, todavía sea políticamente incorrecta. El camino de la violencia, que en la historia algunas veces fue justificada y necesaria, es un camino oscuro, sinuoso, complejo y casi sin retornos. Ninguna bala lleva inscripta la palabra justicia.

La transformación del orden internacional vuelve a plantear para la Argentina una pregunta que atraviesa su propia historia: qué lugar pretende ocupar en el mundo y desde qué proyecto nacional quiere relacionarse con él. La controversia tiene antecedentes: “América para los americanos”, históricamente asociada a la Doctrina Monroe, y “América para la humanidad”, formulada décadas después por Roque Sáenz Peña, expresaban distintas concepciones sobre el continente y la relación de sus naciones con el mundo. Recuperar aquella controversia permite pensarla desde las condiciones de nuestro tiempo.

La Argentina se incorporó tempranamente a la división internacional del trabajo como productora de alimentos y materias primas, mientras importaba buena parte de los bienes manufacturados y del capital necesarios para su funcionamiento. Aquella inserción generó crecimiento, exportaciones e infraestructura, pero consolidó un entramado productivo vinculado a las necesidades de los centros industriales. Cambiar el destino de nuestras materias primas puede modificar nuestros principales socios comerciales, pero no transforma sustancialmente el lugar que ocupamos dentro de la organización internacional de la producción.

La insubordinación comienza cuando la Nación asume la responsabilidad de construir su propio proyecto y procura definir por sí misma el lugar que pretende ocupar en el mundo. Para la Argentina, esa decisión exige una industrialización capaz de articular sus recursos naturales con el trabajo de los argentinos. Incorporar conocimiento y tecnología a la producción permite desarrollar cadenas de valor, construir una economía más compleja, acumular capital y multiplicar las posibilidades de trabajo y realización de la comunidad.

El propio crecimiento genera nuevas demandas de energía, infraestructura, tecnología y bienes de capital. La cuestión energética constituye un ejemplo histórico: durante la industrialización peronista, la creciente demanda de petróleo obligaba a destinar divisas a importar combustibles. Perón procuró ampliar la producción nacional y consideró incorporar capital y capacidad productiva externos, conservando la propiedad nacional del recurso. El problema trascendía al petróleo: qué capacidades necesitaba el desarrollo, cómo incorporarlas y quién conservaba la capacidad de decisión sobre ellas.

La soberanía supone capacidad de decisión y necesita una base material que permita sostenerla. Las capacidades productivas, energéticas, científicas, tecnológicas, financieras y estratégicas conforman una densidad nacional que amplía los márgenes de autonomía. El desarrollo constituye así una condición de la soberanía; el interés nacional, el criterio ordenador de nuestra relación con el mundo.

Ese criterio adquiere particular importancia ante la transformación del orden internacional. Las principales potencias utilizan políticas industriales, comerciales y tecnológicas para fortalecer actividades estratégicas y orientar inversiones. La globalización, durante décadas asociada a la búsqueda de menores costos y la dispersión de las cadenas productivas, comienza a convivir con una competencia creciente por la localización de la producción. La disputa por dónde se produce define también dónde se realiza el trabajo: allí se invierte, se incorpora tecnología, se acumula conocimiento y se construyen capacidades productivas.

La inserción internacional inteligente parte de definir qué país pretendemos construir y, en función de eso, determinar con quién, para qué y bajo qué condiciones debemos relacionarnos. Los principales centros de poder mundial poseen sus propios intereses; la Argentina debe reconocer los suyos y aprovechar las coincidencias que contribuyan a su desarrollo. Una Argentina industrializada, tecnológicamente capaz y energéticamente sólida puede incorporar capital, tecnología e inversiones y organizar sus relaciones comerciales en función de sus objetivos nacionales, ampliando sus capacidades para relacionarse con el mundo desde una posición de creciente autonomía.

La etapa histórica del continentalismo constituye una escala superior de organización. Perón la concebía como un proceso progresivo de integración entre naciones soberanas y una transición hacia una futura organización universal. Desde la propuesta del ABC hasta el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, esa integración debía construirse entre naciones capaces de decidir su propio destino. Ningún país puede realizarse plenamente en un continente que no se realiza.

Es allí donde la hora de los pueblos adquiere un sentido concreto. Los pueblos americanos pueden construir una comunidad continental articulando capacidades e intereses alrededor de objetivos compartidos para ampliar sus posibilidades de producción, trabajo, desarrollo y cooperación, sin sustituir la soberanía nacional por nuevas formas de subordinación. El continentalismo adquiere sentido cuando fortalece a las naciones que lo integran y los intereses comunes son construidos por sus pueblos.

La historia planteó alguna vez la disyuntiva entre “América para los americanos” y “América para la humanidad”. Las transformaciones de nuestro tiempo permiten volver sobre aquella controversia: una América abierta al mundo, pero capaz de pensar desde sí misma; integrada, pero construida desde la soberanía de sus naciones; consciente de sus intereses comunes, pero respetuosa de la capacidad de decisión de cada uno de sus pueblos. Ni América subordinada a una potencia continental, ni América reducida al lugar que otros le asignen en el orden internacional: América para los pueblos de América.

La decisión de una jueza en primera instancia que resolvió sobreseer a un adolescente de 14 años, puso en agenda el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. La jueza declaró la inconstitucionalidad, sobre este caso en particular, del artículo 1 del Régimen Penal Juvenil sancionado en febrero del 2026, que establece la aplicación del Código Penal a personas de 14 años cuando fueran imputadas por un delito contemplado en dicho código.

Cuando se debatió esta ley en el congreso, los argumentos en favor de bajar la edad de 16 a 14 (el proyecto del Gobierno era bajarla a 13) era que existe un problema de inseguridad y que los menores tenían impunidad para cometer delitos, los ejemplos que se utilizaban eran casó muy particulares en los que la violencia utilizada para la acción delictiva era salvaje. Pero si se observaba en la estadística los casos que involucran menores, en ese momento según el Ministerio Público Fiscal bonaerense, eran 22.678 investigaciones iniciadas y en el caso de los adultos era de 1.082.502.

Pero el problema de fondo de la discusión, más allá de la edad, era que el debate en sí tenía una clara intencionalidad de operar sobre la opinión pública, para mostrar cómo el gobierno se ocupaba de la seguridad. Porque cuando los funcionarios del Ministerio de Justicia fueron a la comisión que debatió el proyecto y se les preguntaba por la implementación, la infraestructura destinada y por los recursos para lo mismo, no había respuestas convincentes y el foco se ponía siempre en que lo importante era bajar la edad.

Ahora bien, la rigurosidad del diseño en una política pública es de suma importancia y esto se ve ahora, porque si se sanciona una ley que contradice los pactos internacionales de carácter constitucional, el poder judicial es el que va a terminar incidiendo en la implementación de la ley. O en otros casos como también sucede después de la sanción de la reforma del Régimen Penal Juvenil, va a pasar que personas que tenían una condena mayor, puedan ser reducidas porque la nueva ley lo permite.

Pero a este Gobierno no le interesa eso, porque su logro fue mostrar que bajaron la edad de imputabilidad y con eso convencer de que ahora hay más seguridad. 

No es que no hubo debate en su momento y entonces ahora hay debate después de la decisión de la jueza, sino que el debate es todo circo y mediatización. Los que se indignan por la decisión de la jueza son una banda de oportunistas que no les interesa ni la seguridad ni nada, solo quieren circo y/o plata. Funcionarios y dirigentes de un espectro ideológico que se compra las mismas fantasías que venden, juegan a ver quien es mas “mano dura” pero es todo pose. Se suben al juego de la indignación para después mostrarse electoralmente como los salvadores de no se que, pero las actividades delictivas generan millones en ganancias tienen un trato especial y en esos casos los indignados se convierten en facilitadores de una estructura financiera que los recibe con los brazos abiertos.

El hecho

El jueves 10 de septiembre a las 6 de la mañana, una persona iba caminando por la calle Godoy Cruz (altura Santa Fe). Se da vuelta y observa que cinco personas se le acercan, cuando decide empezar a correr escucha que le gritan “Dame todo. Dame el celular”. En la huida aparecen dos motos de la policía que venían circulando por Godoy Cruz y detienen a las cinco personas que intentaron robarle (esta descripción está en la resolución de la jueza). 

Esa fue la situación en la que estaba el adolescente de 14 años y por lo cual el fiscal encuadra la conducta descrita en el delito de “tentativa de robo”. La violencia que exige la figura estaría dada por la intimidación de parte de las cinco personas, incluido el adolescente.

La jueza afirma en la resolución que el artículo 1 de la ley del Régimen Penal Juvenil es inconstitucional porque es regresiva en este caso, dado que antes de entrar en vigencia la ley el adolescente sería responsable pero no lo perseguirá penalmente.

La jueza da una primera entrevista a Jorge Fontevecchia, en el canal de Perfil, explicando que el principio de regresividad establece que no se puede poner a una persona en condiciones peores de las que estaba, por lo tanto aunque el adolescente percibiera una amonestación deja precedente en su trayectoria de vida que no tenía antes de haber sido aprendido.

En otra entrevista que da la jueza a Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos, sostiene que una primera condena, aunque sea una amonestación, es un antecedente. Y si continuará sumando amonestaciones por hechos menores, terminará privado de su libertad. 

La jueza en la resolución le comunica al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que intervenga para asegurar el acompañamiento del adolescente y su familia en la restitución de los derechos actualmente vulnerados como de educación, salud y recreación. Dicho acompañamiento fue recomendado también por la Licenciada del Centro de Admisión y Derivación en la entrevista al momento de la detención.

El Estado

Cuando se debatió la reforma del Codigo Penal Juvenil se planteaba que venía a dar respuesta a los casos de inseguridad en los que participaban menores de edad, pero era tan berreta el debate que se ponían casos sumamente extraordinarios en términos estadísticos que habían generado un justo rechazo en la opinión pública, pero no eran representativos de los tipos de delitos cometidos por menores.

Pero la ley no se aplica en abstracto, sino en casos concretos, tan concretos como este. Y si ha un pibe de 14 años que intentó robar un celular de apriete, le queres tirar el Codigo Penal encima como sostenia el Fiscal “Robo en poblado y en banda” porque el Estado hace punible a un adolescente de 14, capaz es un montón y la decisión de la jueza sea la acertada. Porque no estamos hablando del Gordo Valor o la Garza Sosa.

Dicho sea de paso, si alquilas un departamento en Villa Urquiza para fraccionar, distribuir y comercializar estupefacientes, la justicia te va a pedir primero que justifiquen los ingresos para demostrar que podes alquilar, para lo cual se puede contratar un buen abogado y un contador que presenten todo. Y en esos casos, el Estado se vuelve más ameno, te da tiempos y la opinión pública ni los vecinos se indignan tanto como con un adolescente de 14 que quiso punguear un celular.
Porque tal vez resolver la inseguridad tenga más aristas que la de endurecer penas o poner la edad de imputabilidad a los 4 años.

Menos derechos, más inseguridad

En la resolución de la jueza están fragmentos de la entrevista realizada por profesionales al adolescente. 

De ahí se desprende que el chico vivía con su mamá que padece de epilepsia, su papá es una figura ausente y su hermano de 19 años se quedó sin trabajo recientemente. No tienen gas natural y dada las constantes mudanzas, perdió la escolaridad. Para alimentarse depende de los bolsones de comida que consiguen. También el chico dijo que le gustaría practicar un deporte, boxeo, pero que no cuenta con los recursos para realizarlo. 

Si ese chico el primer contacto con el Estado es por un hecho menor que lo etiqueta como “chorro” o que esté expuesto a proceso penal ¿no pasa nada?. Porque después hablan en los medios de la cárcel como la universidad de la delincuencia.

Fijense nomas en su entorno familiar, una madre con epilepsia y se achica el presupuesto para discapacidad o se afanan la guita de la Agencia de Discapacidad. El hermano se quedó sin laburo y viene creciendo el índice de desempleo. No tiene gas natural y encima las tarifas de los servicios públicos aumentan desde el inicio de este gobierno. Y se podría seguir, con esto quiero decir que el Estado ahí no existe, pero para tirarle el código penal por la cabeza, si.

No me interesa apelar a la sensibilidad de quienes no ven más allá de su individualismo, pero si apelar a la inteligencia para entender que si el Estado se corre y no pone el foco en muchísimas familias que viven en estado de supervivencia, el estado de situación va a empeorar.

Por otro lado, si la respuesta al hecho de inseguridad que sufrió la víctima, en este caso al que le intentaron robar el celular, es que se van a endurecer las penas y se va a meter preso al que roba el celular, le están mintiendo para sacarle un voto en el escenario electoral. 

Y no hay dudas de quién es la víctima cuando roban un celular, que se está pagando en cuotas o frente a cualquier hecho delictivo en general. 

El Gobierno actual está lleno de mercenarios y oportunistas que buscan quedarse con cualquier cosa hasta con los pollos que se compran en la quinta de olivos, nos gobierna una banda y ante eso la justicia les da prórrogas para que busquen jubiladas para justificar la declaración jurada. Pero si intentan robar un celular les tiramos el código penal encima y sino aparece la indignación careta y colectiva.

En definitiva así de berreta fue el debate sobre la reforma del código penal juvenil y el resultado en la práctica es que no va a resolver ni la inseguridad, ni hacer respetar los tratados internacionales que la misma ley ignoró cuando la diseñaron y votaron.

Tras su paso por el BAFICI, en octubre se estrena Annemarie en el cine del MALBA, un documental que recupera la historia de Annemarie Heinrich, célebre retratista, nada más, ni nada menos, que a partir de la narrativa de su bisnieta, Mariana Sanguinetti, en su ópera prima. Fruto de seis años de investigación, el film nos propone, como punto de partida, una inmersión profunda e íntima en el vasto universo visual de Heinrich, para terminar adentrándose en reflexiones sobre el desarrollo personal y artístico de una de las figuras más influyentes de la fotografía argentina del siglo XX.

Annemarie nació en Alemania en 1912 y vivió allí hasta los 14 años, antes de emigrar a la Argentina, donde su familia se estableció inicialmente en un campo de Larroque, Entre Ríos. Gracias a su tío Karel, descubrió su oficio. Tras instalar un estudio en Villa Ballester, y luego en Avenida Callao, cerca del Teatro Colón, se transformó en el punto de encuentro de grandes celebridades de la radio, la ópera, el teatro y el cine nacional. Heinrich aparece como una figura compleja y moderna, una fotógrafa capaz de revolucionar el uso de la luz en el retrato y que construyó su independencia.

Heinrich consolidó una estética basada en el dominio del claroscuro, que moldeó la identidad visual de una época. Por su cámara pasaron personajes que van desde Eva Duarte a Mirtha Legrand, pasando por Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Astor Piazzolla, y Mercedes Sosa, entre muchos otros. Además, colaboró con distintas revistas. Sin embargo, la propuesta de Sanguinetti esquiva deliberadamente lugares comunes de las biografías y de los homenajes nostálgicos. Articula la exploración del archivo personal de manera orgánica con su indagación familiar. 

La narrativa se enriquece gracias a los aportes de personas cercanas, ya sea sus hijos, Alicia y Ricardo, que continuaron con el cuidado del acervo fotográfico, o la mencionada Mirtha y Graciela Borges, mientras Sanguinetti guía el relato y se hace distintas preguntas. La belleza femenina es retratada desde la complicidad y no desde la imposición. De esa forma, la apuesta -de la artista y de su bisnieta- capturar y revelar la esencia de los otros, y en ese recorrido muta a reflexiones sobre sobre vínculos humanos, vejez, el paso del tiempo, y memoria material.

Con anterioridad, la directora había trabajado en cortos de ficción, pero la pandemia y la avanzada edad de los testigos de la vida de su bisabuela la llevaron a gestar el proyecto. Annemarie trasciende el homenaje y se convierte en un ensayo sobre la construcción de la identidad visual argentina, a partir de una figura vanguardista. Celebra la vida de una pionera, pero al reivindicar su figura se cuestiona por la urgencia del archivo y por la herencia de una pasión. Es una invitación a recuperar y cuidar de nuestro pasado como algo vivo que todavía tiene mucho para decir sobre nosotros mismos.

En la tarde del sábado 26 de septiembre, distintos referentes e integrantes de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, y culturales se convocaron en la Plaza 9 de Julio de Martínez, San Isidro, con motivo de los 26 años del asesinato de Mariano Witis y Darío Riquelme, como consecuencia de la violencia institucional. Una semana después del hecho -28 de septiembre del 2000- se hizo el primer acto en ese mismo lugar. 

A lo largo de la jornada participaron artistas del grupo “Cypher Mucho Humo”, diversos músicos invitados, el Coro Mariano Witis, e incluso su hermano Fernando, que estrenó una canción que compuso dedicada al joven. A su vez, también estuvieron representantes de Madres en lucha contra la violencia institucional, funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita, entre otras figuras. 

La convocatoria, desde el vamos, marcaba dos cuestiones: por un lado, el “avasallamiento de infinidad de derechos” que vivimos en el contexto actual, que demanda “una firme actitud de resistencia”; por otro, la actualidad del municipio, con “un San Isidro más alineado con los tiempos represivos”. En esa misma línea, Jorge Witis, señaló que las “fuerzas nacionales y municipales” de seguridad “no ayudan” a combatir la violencia institucional, sino que están “formadas de forma irregular” y “sin reglamentación clara que delimite sus competencias”. “Es una espada de Damocles”, concluyó, en compañía de Raquel, madre de Mariano y parte de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte (CMVyJZN).

El caso

La mañana del 21 de septiembre del año 2000 Mariano Witis, de 23 años, estaba con su madre cerca del hipódromo de San Isidro. El joven se puso a hablar con Julieta Shapiro, ex compañera de colegio que estaba en auto, cuando fueron abordados por Darío Riquelme, de 16, y un cómplice, obligando a Mariano a subirse y a la chica a manejar. Llegaron hasta Beccar, realizaron un robo exprés en un banco, y escaparon en el vehículo. 

A pocas cuadras, una unidad del Comando de Patrullas de San Fernando les cerró el paso. Uno de los ladrones escapó, Riquelme se rindió y tiró su arma, oxidada y que no disparaba, y Witis gritó que era rehén. Rubén Emir Champonois, cabo de la Policía Bonaerense, de todas formas, decidió abrir fuego. Shapiro se refugió contra el volante, no tuvo lesiones y su testimonio sería clave. Darío y Mariano, en la parte de atrás, fueron asesinados. La fuerza de seguridad plantó pruebas falsas y levantó la versión de que había sido una persecución, incriminando a Witis.

En 2003 el Tribunal Oral N°3 de San Isidro condenó a ocho años a Champonois por homicidio con dolo eventual, aunque consideraba únicamente el asesinato de Mariano, por sostener que el de Riquelme había sido en defensa propia. Raquel Witis se unió a Ana María Liotto, madre de Darío, para que ambas muertes no quedaran impunes. Tras distintas apelaciones, en 2005 Casación ordenó que se fijase la pena por los dos casos y en los mismos parámetros. 

En 2007 la misma fue elevada a 12 años y 9 meses. Tras la apelación de la familia Witis y el Ministerio Público Fiscal, en 2011 se incrementó a 15 años, teniendo en cuenta como agravantes el estado de indefensión, el desmedido accionar y la edad de Riquelme, lo que sería ratificado por la Corte Suprema de Justicia en 2014. Champonois estuvo cuatro años en prisión y luego obtuvo el beneficio de la domiciliaria. Tras salir, llegó a trabajar como seguridad privada e incluso estuvo cerca de ingresar a la Policía Metropolitana. Raquel sigue insistiendo para que haya un registro nacional de personal exonerado para que esas personas no puedan volver a dedicarse a las mismas tareas, y sostiene su lucha contra la violencia institucional en todas sus formas.

La reciente remoción de la bandera desplegada en el Operativo Cóndor en el Museo Malvinas se suma a la realizada en la Casa Rosada en 2025, configurando una sistemática de desmalvinización institucional. Al igual que el arbitrario traslado del Sable de San Martín por decreto presidencial a comienzos de este año, despojando al Museo Histórico Nacional de su patrimonio civil, y las recurrentes proscripciones de la iconografía popular de Bettanin, el ocultamiento de las insignias patrias bajo la excusa de "restauración" responde a una matriz histórica de entrega denunciada por Scalabrini Ortiz, Galasso y la épica de nuestros líderes proscriptos como Rucci: criminalizar y enfriar los símbolos de la legítima defensa nacional para adormecer la conciencia del pueblo.

En el folklore del fútbol argentino existe una ley no escrita, brutal pero transparente: el robo de las banderas. En las tribunas, quitarle el «trapo» al adversario no es un simple hurto de tela; es arrebatarle su identidad, desarmarle el símbolo de su pertenencia y humillarlo en su propio territorio para demostrar dominio. El vencido se queda sin su emblema y el vencedor exhibe el trofeo como prueba de una soberanía conquistada por la fuerza. Cuando el poder político decide mudar esa lógica de tablón a los altares de la Patria, lo que presenciamos no es un reordenamiento técnico de museos: es un despojo cultural planificado.

A escasos días de conmemorarse el 60° aniversario del Operativo Cóndor, la decisión de las autoridades de Cultura de la Nación de retirar la emblemática bandera que flameó en nuestras Islas Malvinas del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur opera bajo esta misma perversión. El argumento oficial de que fue removida para ser "restaurada" repite con sospechosa exactitud el libreto de la burocracia desmalvinizadora.

El inventario del olvido voluntario

El vaciamiento simbólico no es un hecho aislado. Responde a una ingeniería quirúrgica orientada a borrar las marcas de la resistencia nacional en los espacios de representación pública:en febrero de 2025, el Gobierno ya había descolgado del Patio Malvinas de la Casa de Gobierno la otra insignia histórica del Operativo Cóndor, aquella que el militante Dardo Cabo izó en suelo soberano en 1966. En aquel momento, la vocería de Balcarce 50 alegó un "notable deterioro". Transcurridos diecinueve meses sin rastros de su reposición, en septiembre de 2026 un bloque de diputados nacionales debió presentar un proyecto de ley exigiendo conocer su paradero real y el estado de su conservación.

Por otro lado, quienes rastreamos las grietas del relato oficial sabemos que esta purga estética se encadena con los vaivenes políticos que históricamente persiguieron a las grandes obras de nuestro arte popular. El emblemático cuadro “San Martín, Rosas, Perón”, pintado por Alfredo Bettanin en 1972, sintetiza este derrotero de censuras. Desterrado de la mirada pública masiva en 2015 al ser retirado del Museo del Bicentenario, la obra sobrevivió confinada hasta su reciente rescate institucional.

Ocultar el trapo o descolgar el cuadro persiguen el mismo fin: fragmentar la línea histórica del pensamiento nacional.

Del Decreto 81/2026 a la criminalización de la Defensa Nacional

Este mecanismo de confinamiento patrimonial reconoce un hito reciente y nefasto en nuestra historia historiográfica. A comienzos de este año, mediante el arbitrario Decreto 81/2026, el Poder Ejecutivo ordenó retirar el Sable Corvo del General José de San Martín del Museo Histórico Nacional (un espacio civil, público y democrático) para confinarlo bajo custodia militar en el Regimiento de Granaderos a Caballo, provocando incluso la inmediata renuncia de la directora de la institución cultural. Al quitar las armas y los símbolos soberanos de la vista pública para confinarlos a los cuarteles o a los depósitos de la burocracia reservada, los regímenes de entrega buscan enfriar el fervor patriótico, reducir la memoria colectiva a meras efemérides controladas por la academia y edulcoradas por decisiones partidarias.

Esta estrategia de desarme material y simbólico es la continuación conceptual de la criminalización de las estructuras de la Defensa Nacional. No es casual que esta embestida museológica coincida cronológicamente con un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci. Cuando las balas de la sinarquía acribillaron al entonces secretario general de la CGT el 25 de septiembre de 1973, no solo buscaban quebrar la columna vertebral del movimiento obrero organizado; buscaban reventar el Pacto Social Justicialista, que constituía la base económica y estratégica para una Argentina soberana, industrializada y con capacidad de proyectarse hacia el Atlántico Sur de forma autónoma.

Criminalizar a los líderes que sostenían la arquitectura de la liberación nacional responde a la misma matriz que hoy busca vaciar de politicidad a Malvinas. El imperio y el cipayismo vernáculo necesita una nación sin fábricas, sin sindicatos fuertes y sin memoria de sus resistencias. Al igual que el descabezamiento de la conducción obrera en los setenta, la actual "limpieza" de las vitrinas apunta a lo mismo: clausurar la capacidad de reacción del pueblo argentino y presentar las acciones de legítima defensa (sea un paro general en defensa del salario o el desvío de un avión para plantar bandera) como meros delitos comunes aislados.

Como nos enseñaran Arturo Jauretche y Fermín Chávez, el imperialismo necesita, antes que nada, de la colonización pedagógica. Raúl Scalabrini Ortiz desnudó con precisión quirúrgica este mecanismo al advertirnos que «todo lo que no hagamos por nosotros mismos, será hecho en nuestro detrimento», demostrando cómo la entrega económica de la soberanía es precedida siempre por el silenciamiento de nuestros hitos históricos. Robarle las banderas a la memoria es el paso previo para entregar la plataforma continental y los recursos del Atlántico Sur.

En esta misma línea, Norberto Galasso y Pablo Hernández nos invitan a comprender que la desmalvinización actual no es un error de gestión aislada, sino una política de Estado deliberada, orientada a desarmar la conciencia nacional de los sectores populares. Esconden los trapos de Dardo Cabo y María Cristina Verrier porque les temen a los símbolos que recuerdan que la soberanía se defiende con el cuerpo y la dignidad, no con comunicados tibios ni con admiraciones veladas a potencias extranjeras.

El Operativo Cóndor de 1966 no fue una simple acción audaz; fue la demostración fáctica de que un grupo de dieciocho jóvenes podía plantar bandera frente al invasor británico y rebautizar la capital usurpada como Puerto Rivero. Las siete banderas que llevaron representaban la memoria viva de una causa irrenunciable que se encadenaba con la doctrina de la soberanía política y la independencia económica por la que Rucci dio la vida.

Las banderas del Operativo Cóndor no necesitan de una restauración que las oculte en un depósito; necesitan el aire, los ojos de las nuevas generaciones y el cielo de la Patria. El patrimonio del Pueblo no se confisca bajo argumentos de conservación. Seguiremos exigiendo saber dónde están, porque la memoria de Malvinas, al igual que los conductores de nuestra identidad trabajadora, no se retiran jamás.

Acto 1: en una escuela confesional de la Ciudad autónoma, se deben elegir delegados de curso: un varón y una mujer, es la regla sine qua non -vestigios de un diluvio-, incluso cuando los varones no estén interesados en participar o bien, solamente sean votadas las mujeres.

Acto 2: La periodista Julia Mengolini es atacada, a diestra y siniestra, por participar de un encuentro de diálogo en la presentación de un libro, cuyo autor no corresponde a sus ideas políticas.

¿Cuáles y cómo son los espacios de participación política de las mujeres en la actualidad? ¿Su participación está supeditada a la presencia masculina, que vendría a valorizar el accionar femenino?

Cuando George Lakoff, lingüista estadounidense, publica su libro sobre lingüística cognitiva, presenta “el dyrbal, que tiene una categoría, balan, que efectivamente incluye a las mujeres, al fuego y a las cosas peligrosas” con el objetivo de reflexionar acerca de la categorización, es decir, la forma en que observamos/organizamos nuestra percepción, pensamientos, acciones y habla.

Resulta necesario preguntarse, por ejemplo, cuál será la categorización de lo político: ¿Estarán incluidas palabras o ideas como lo femenino? ¿O debemos pensar en una subcategorización como malos ejemplos, en términos del lingüista, de lo político?

En septiembre de 1947, se promulgó la ley del voto femenino y aún hoy pareciera que hay que esclarecer a qué se refiere cuando se enuncia que “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”. Todavía hoy se le pide explicaciones a una mujer de por qué participó en cierto evento, por qué “se vendió” ... Mengolini, en una entrevista posterior, comentó que se trató de una charla de “consensos mínimos, consensos democráticos, consensos desde un lugar humanista”, como si el diálogo inter partidos, como si tratar de construir - incluso desde la diferencia - no fuese una práctica democrática.

Ivonne Bordelois en su artículo “Violencia y lenguaje” ya se ocupaba de pensar acerca de qué podemos hacer con el lenguaje, con su capacidad misteriosa y fecunda; y a partir de esto, postula una propuesta poderosísima, el “don de escuchar lenguas”, de reflexionar sobre ellas.

Cuán poderoso este proyecto, cuán necesario para repensar, sobre todo, nuestra praxis en estos tiempos de frágil democracia, ya que es lo político lo que refuerza lo lingüístico.

Más adelante, en su ensayo El país que nos habla, citando al mexicano Carlos Fuentes, expresa: “Hay que salir del discurso de la identidad para entrar en el de la diversidad”. Menuda tarea la de escuchar y abrazar lo diferente, de darle asilo a aquello que no se comparte, pero que se entiende como necesario para construir nuevos discursos y nuevas formas de habitar el espacio político.

Lejos parece haber quedado el incansable trabajo de tantísimas mujeres, protagonistas en la construcción de nuestro país y en la defensa de derechos, en la tarea de dar voz a las necesidades de los indefensos…

“¡Pido la palabra!”, exclamó Delia Parodi en 1952, cuando hiciera su primera intervención en la Cámara de diputados… pedir la palabra, dar la palabra. ¿Qué es aquello que se pide y que se ofrece? Hay quienes piensan que la lengua es un mero instrumento, eso que se usa para hablar, como comunicarse. La PALABRA -así con mayúsculas- es lo que nos constituye, es lo heredado, pero también lo que le imprimimos con nuestra experiencia. Es abstracción, pero también cuerpo.

Cuando se pide la palabra, no sólo se trata de la expresión que señala que alguien quiere hablar o que pide permiso, sino que también -y sobre todo en el caso de esta diputada- es la palabra que comprendió las carencias de las trabajadoras de su tiempo, es la palabra que acogió las causas de los necesitados, es la palabra que/de quien fue atravesada por luchas y esfuerzos personales.
Acto 3: desde las mujeres que hicieron posible la participación en espacios democráticos hasta una alumna en alguna escuela o una periodista perseguida, mucho ha ocurrido -avances y retrocesos-, sin embargo, es la palabra la que permite construir nuevos horizontes donde la violencia deje de ser la forma y el contenido privilegiado, donde verdaderamente haya espacios en los que se erija la igualdad.

Ya Lakoff planteaba que “la comprensión de cómo categorizamos es central para entender cómo pensamos y cómo funcionamos; para entender qué es lo que nos hace humanos”. El dyrbal pareciera haber dado en el clavo de cómo se cimentó y se transmitió, incluso en esta parte del mundo, el lugar de las mujeres en la sociedad, más bien, el lugar que le fue asignado a la mujer en la sociedad.

Será misión de los que construyen -construimos- la democracia, custodiar, conservar, defender la preeminencia de la empatía por sobre la desidia, la preeminencia del diálogo por sobre el grito. Renovar la palabra.

Es preferible, antes que sucumbir al desánimo, recordar el enunciado de Delia Degliuomini de Parodi: “Lo revolucionario vive el presente y el porvenir”, que, en este orden disparatado de cosas, sería como decir: escuchemos atentamente el presente, las voces de nuestro presente y construyamos un futuro de respeto a lo diverso.

La Cámara Federal de Casación Penal redujo las condenas de los cinco integrantes de Prefectura Naval sentenciados por el asesinato de Rafael Nahuel, en el contexto de la represión desatada en el operativo de desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche, en 2017. El fallo impone 3 años de prisión en suspenso, como máximo, por lo que ninguno irá preso y, de esa manera, se consuma la impunidad.

La sentencia fue dictada por la Sala III, conformada por Mariano Borinsky, Carlos Mahiques, y Guillermo Yacobucci, que hizo lugar al recurso de las defensas de los prefectos. Además, les quitaron la inhabilitación especial como parte de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, dejaron sin efecto las penas impuestas y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional: Sergio Guillermo Cavia recibió 3 años; Juan Ramón Obregón 2 años y 6 meses, Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa 2 años y 3 meses, y Sergio Damián García 2 años.

La causa se originó por el operativo del 25 de noviembre de 2017, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar mapuches, algunos fueron detenidos y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos comenzaron a disparar y asesinaron a Rafael Nahuel. Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, respaldó la versión oficial del enfrentamiento armado y justificó el accionar de las fuerzas. Los cinco señalados habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor, y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7. 

En junio de 2025, la misma sala, pero con otra integración, confirmó la responsabilidad y la calificación. En febrero, el Tribunal Oral Federal de General Roca repitió las mismas condenas. Ahora, Casación consideró que no habían ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado para la determinación de las penas, tomando en “la reacción inicialmente defensiva”, el “arma empleada”, la “cantidad de disparos” y “circunstancias personales”, como “falta de antecedentes penales” y “sanciones administrativas”, la “inexperiencia en enfrentamientos armados” y “condiciones personales y familiares” de vida. 

Las penas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez, lo cual se contrapone con la escalada mediática a raíz de las implicancias del denominado nuevo régimen penal juvenil. Los tres jueces de Casación votaron las mismas condenadas, todas en suspenso y sin inhabilitación. Ninguno irá preso, y seguirán en libertad. El fallo puede y debería ser revisado por la Corte Suprema de Justicia, con sus propios tiempos.

La Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia convocó a una conferencia de prensa contra el nuevo “Regimen Penal Juvenil”. Será el miércoles 30 de septiembre, a las 17 horas, en Piedras 730, Ciudad de Buenos Aires, en modalidad híbrida -presencial y virtual-. Invitan a participar a medios de comunicación, periodistas, organizaciones de derechos humanos y de niñez, y a otras personas interesadas. 

En la misma, se presentará “Caja de Herramientas: planteos de inconstitucionalidad frente al nuevo Régimen Penal Juvenil”. El material tiene por objeto brindar a “abogadas/os, defensoras/es, trabajadoras/es de niñez y adolescencia y organizaciones de derechos humanos y de la infancia” de las distintas provincias, una herramienta para “identificar posibles planteos de inconstitucionalidad” frente a situaciones concretas de adolescentes alcanzadas por el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801/26).

La implementación de la reforma penal juvenil 

En septiembre entró en vigencia el denominado “Nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil” a partir de la sanción y promulgación de la Ley Nacional N°27.801, y todo el sistema judicial y de protección de derechos de nuestra provincia está en alerta. Tanto es así que la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, hizo lugar a un habeas corpus colectivo por el cual decidió suspender por un plazo de 60 días su aplicación en la Provincia. Fundamentó que no existen hoy las condiciones materiales necesarias para afrontar el nuevo esquema sin vulnerar derechos fundamentales. A su vez, el titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil del mismo departamento judicial, Hernán Ceruti, apeló el fallo y ahora desde La Libertad Avanza pretenden llevar a un jury a la jueza Pascual.

La reforma, discursivamente, se presentó como la modernización necesaria para dejar atrás el “modelo tutelar y paternalista” de la minoridad, e instalar un sistema de responsabilidad penal basado en el reconocimiento del adolescente como sujeto pleno de derechos. Sin embargo, su articulado introduce modificaciones dogmático-penales de profundo sesgo punitivista. La principal es la reducción de la edad de punibilidad, ya que se incorpora a la franja etaria de 14 y 15 años, históricamente no punible y tutelada de manera exclusiva por la protección integral de derechos, conforme Ley nacional 26.061 y ley 13.298 de la provincia de Buenos Aires. 

La normativa nacional diseña un catálogo de sanciones que incluyen desde amonestaciones orales, prohibición de contacto, prestación de servicios comunitarios, reparación del daño y medidas socioeducativas, hasta la privación de la libertad como última opción. Por otro lado, impulsa la creación de un fuero autónomo especializado, con jueces, fiscales y defensores capacitados específicamente en niñez, e incorpora la participación directa de la víctima en audiencias clave y en el control del proceso, dándole un rol activo a la víctima. No obstante, a la par, regulariza la prisión preventiva prolongada, permitiendo que la medida cautelar máxima se extienda hasta por dos años, prorrogables por un año adicional. Si se aplica, resulta desproporcionado en relación a los estándares internacionales de niñez.

La operatividad de la Ley 27.801 va en contra de Derechos Humanos fundamentales

Para comprender la operatividad de la Ley N°27.801 en el territorio bonaerense resulta indispensable correlacionar sus preceptos con el marco normativo local preexistente: la Ley N°13.634 (Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y Fuero de Familia) y la Ley N°13.298 (Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños). La segunda concibe la vulnerabilidad social como un problema que requiere políticas públicas de inclusión, mientras la nueva ley desplaza este abordaje e ingresa a jóvenes de catorce años al engranaje punitivo. A su vez, la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños establece estrictas salvaguardas procesales de nivel garantista que colisionan con el rigor cautelar de la nueva ley nacional.

En primer lugar, el sujeto de intervención y el límite de punibilidad son adolescentes punibles desde los 14 a los 17 años, mientras que en el Fuero Penal Juvenil de la Provincia esa misma franja etaria son jóvenes sometidos a un proceso penal garantista y en la Ley de Protección Integral de la provincia son niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración, donde menores de catorce no son punibles y deben ser abordados por Servicios locales o zonales. 

Frente a la prisión preventiva extendida que admite, la Ley provincial 13.634 constituye un baluarte técnico en materia procesal que impone barreras infranqueables a la discrecionalidad policial y judicial: establece la prohibición absoluta de interrogatorios policiales, declarando nula cualquier declaración obtenida por esta fuerza de seguridad. También garantiza la reserva absoluta de la identidad y la confidencialidad de nombres, imágenes o datos que permitan identificar al joven en medios de comunicación, y exige la presencia obligatoria de un defensor oficial desde el primer acto del procedimiento.

Por último, en cuanto a la ejecución territorial, la nueva ley requiere la articulación de programas de inserción. En consonancia con la reforma, la Ley provincial N°15.571 de Ejecución Penal Juvenil reafirma que el seguimiento de las medidas no puede quedar bajo órbita policial o penitenciaria, sino a cargo de profesionales territoriales -trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos de la comunidad-. El denominado Plan de Ejecución Individual, es decir, su artículo 24, exige un anclaje en el centro de vida del adolescente, ponderando la responsabilización subjetiva, la inclusión laboral y educativa, y la evaluación dinámica trimestral ante el Juez de Ejecución para promover la extinción anticipada de la medida.