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El 6 de agosto de 2020 el asesinato de Valentino Blas Correas en manos de la Policía de Córdoba se convirtió en uno de los hechos más emblemáticos de violencia institucional en el último tiempo. A seis años del crimen, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario dispuso la cesantía de siete efectivos que habían sido investigados por su actuación, lo que vuelve a poner el foco sobre las responsabilidades políticas del caso.

La resolución administrativa alcanza a Diego Norberto González, Emanuel Alejandro Fachisthers, Ezequiel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez, Melisa Janet Escalante, Natalia Soledad Márquez, y Rodrigo Emmanuel Toloza. Según informaron, la sanción fue aplicada por considerarlos “administrativamente” responsables de “faltas gravísimas” vinculadas al incumplimiento del deber de proteger la vida de un ciudadano herido durante el procedimiento policial.

Uno de los policías cesanteados, Rodrigo Emmanuel Toloza, aseguró que ya había sido absuelto de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado en el primer juicio por el crimen, por lo que consideró injustificada la medida adoptada. Ya había retomado sus funciones hace tres años, pero ahora enfrenta una nueva imputación por abuso de autoridad dada la revisión del accionar en el control policial que termina desencadenando el hecho.

En ese marco, Soledad Laciar, madre de Blas, volvió a exigir que se investiguen las responsabilidades políticas y de la cúpula policial en el asesinato. Si bien valoró que los agentes fueran apartados, sostuvo que la investigación continúa enfocándose sólo en los niveles inferiores de la fuerza de seguridad. En ese sentido, señaló al entonces gobernador Juan Schiaretti, al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y a exjefes de la Policía de Córdoba. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Laciar reflexiona sobre el nuevo aniversario.

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es su reflexión en este nuevo aniversario?

Soledad Laciar: Tuvo algunos elementos diferentes, pude mirarlo en perspectiva ya que pasaron seis años y aún no conseguimos justicia completa. Aunque el segundo juicio avance tampoco va a haber respuestas satisfactorias como familia, básicamente, quién puso en la calle a Gómez y Alarcón, cuando no estaban aptos. No sólo ellos sino todos los involucrados. Es un fallo en la policía y en el Ministerio de Seguridad contar con efectivos con poca idoneidad e integridad.

APU: ¿Qué podría comentar del accionar del poder judicial?

SL: El primer juicio tuvo tres imputados de los once que resultaron responsables, sólo dos permanecen presos -Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón-. Sin embargo, hay muchas irregularidades que aun hoy no fueron condenadas, como la preparación de una escena para plantar un arma con el aval de tantos efectivos y de la institución misma. Se había presentado un proyecto de ley para agravar las penas en estos tipos de casos que nunca prosperó. El ministro de Seguridad de ese entonces, Alfonso Mosquera, está acusado de haber encubierto el crimen de mi hijo. Quedó demostrado en el primer juicio, pero nunca hubo condena.

APU: ¿Cómo fue su lucha durante estos seis años?

SL: Mi lucha es permanente y todos los días. Siempre pedí justicia por Blas, lo va a ser cuando recién podamos decir “Nunca Más” y eso realmente no ha ocurrido. Si bien ha habido varios cambios en la fuerza, debo decir que hoy veo una policía más empática, todavía hay mucho por resolver y aún falta recorrer un largo camino. Sin embargo, siempre tengo la esperanza. Soy una madre que lucha para que cambien las cosas, tengo un dolor pero sigo adelante.

El 5 de mayo de 1996, en la Temporada 7, Episodio 23, de los Simpson el Alcalde Diamante usa a los inmigrantes como chivo expiatorio. El episodio se emite en medio de un debate migratorio en Estados Unidos. El presidente Bill Clinton había firmado la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), que endureció las causas de deportación y habilitó el discurso antiinmigrante en medios y discursos políticos, asociando a los migrantes con aumento de impuestos, delincuencia y saturación de servicios. El episodio anticipa los debates que reaparecerían con fuerza en la era Trump.

En la serie , un presentador de TV, atorrante y acomodaticio dice “Un oso, o un animal grande parecido a un oso, muy probablemente un oso deambula por Evergreen Terrace”. El Alcalde Diamante crea una patrulla con equipamiento militar de alta tecnología cuyo costo se refleja en un aumento de impuestos. Cuando una turba critica los impuestos, Diamante —en lugar de asumir su gasto desmedido— desvía la ira hacia los inmigrantes indocumentados y anuncia la “Proposición 24” para deportar a todos los inmigrantes.

La estrategia del Alcalde Diamante desplaza la responsabilidad sobre el aumento de impuestos, construye un “enemigo interno” y oculta el verdadero problema que queda oculto tras una cortina de humo.

Unos años después Daniel Hadad que junto a Ariel Doman llevaban adelante en Argentina la revista, “La Primera de la Semana” publican, en su número del 4 de Abril de 2004 la nota “La invasión silenciosa”. 

“Los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones. Les quitan el trabajo a los argentinos. Usan hospitales y escuelas. No pagan impuestos. Algunos delinquen para no ser deportados”, decían en ese entonces. La foto que ilustraba la nota era un elemento fiel del desprecio por la verdad propio de los agentes cooperativos de manipulación de lo real que se hacen llamar periodistas. Unos mentirosos, dicho en cristiano. 

La foto fue intervenida digitalmente, se le quitó la remera al protagonista de la misma, se lo puso con el Obelisco detrás y se le simuló la falta de dientes. Era una foto falsa. Algunos podrían decir que fue un efecto de sentido, o post verdad y coso…

En el momento de publicación de la nota el país llevaba 21 meses en recesión. El desempleo alcanzaba el 15,4%, y la deuda externa superaba los US$ 146.000 millones. Apenas 8 meses después estallaría la crisis de diciembre de 2001 con el corralito y la renuncia de De la Rúa. 

El texto firmado por Luis Pazos construía al migrante como chivo expiatorio: “a diferencia de la inmigración que soñaron Sarmiento y Alberdi, no vienen de las capitales de Europa. Llegaron de Bolivia, Perú, Paraguay” y lo asociaba a la delincuencia y degradación moral, sosteniendo que “los eran “sucios, hacinados, borrachos, promiscuos, tramposos y delincuentes”, además manipulaba cifras y afirmaba que había “más de 2 millones de extranjeros ilegales”, cifra que no se sostenía con ninguna fuente oficial ya que los censos mostraban que la población nacida en países limítrofes se mantenía estable entre el 2% y 3% del total desde 1869.

El chamullo de “La invasión silenciosa” opera en tres niveles, en lugar de interrogar al Estado por sus políticas económicas responsabilizaba a los migrantes por la falta de trabajo y servicios, construía un enemigo interno, militarizaba el fenómeno migratorio y legitimaba políticas de exclusión y corría el eje de la crisis al focalizar la atención en un supuesto “problema migratorio”, que ocultaba las causas verdaderas (pido perdón a progresistas y postmodernos por el uso de esta palabra) de la crisis: las políticas de ajuste estructural, la convertibilidad sobrevaluada y la fuga de capitales que conducirían al colapso de 2001 (entiendo, de todos modos, que los vendedores de monorrieles puedan decir que es más complejo).

Como señaló la investigadora Elizabeth Jelin en 2006: “Bolivianos, paraguayos, peruanos, chilenos y uruguayos han sido chivos expiatorios muchas veces de un discurso político que prefiere no asumir su propia responsabilidad”.

Un chamullo tan viejo como Civilización o Barbarie de Sarmiento o esa mentira literaria que fue El Matadero. 

Macri(s). Racismo blanco sobre negro

La presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) estuvo marcada por una profunda crisis económica que se agravó progresivamente. En 2016 hubo recesión del -2,1% del PBI, con una inflación del 40%; en 2018 una nueva recesión del -2,5%, devaluación del peso superior al 50% y acuerdo con el FMI por US$ 57.000 millones (el mayor en la historia del organismo, por ahora…) y en 2019 una caída del PBI del -2,2% y pobreza que superó el 35%.
En este contexto de ajuste, desempleo creciente y pérdida de derechos, Marcos Peña, como estratega del gobierno promovió discursos de odio hacia los inmigrantes como operación política para extremar fronteras con los “otros” y apuntalar la idea de una “comunidad plena exenta de conflictos”.
Macri vinculó reiteradamente inmigración y juventud con delitos. El discurso oficial construyó a los migrantes como “delincuentes, peligrosos, alteradores de la paz social”. La titular de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, afirmó que los migrantes eran “solo un chivo expiatorio de Macri” en un contexto pre-electoral. 

Por su parte Jorge Macri como Jefe de Gobierno porteño planteó la propuesta de cobrar servicios a los bonaerenses y propuso “Un muro contra la barbarie" en junio de este año al presentar nuevos agentes policiales. Macri declaró: "Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno". Los Macri asocian la inmigración y a los residentes de la provincia de Buenos Aires con la ilegalidad, la inseguridad y el desorden. 

El vago del Kremlin 

La administración de Javier Milei asumió en medio de una crisis heredada, pero profundizó el ajuste fiscal. Para 2025-2026, la economía muestra signos de recesión, con una inflación alta y una pobreza que supera el 35%.

Ante ello el especialista en comunicación del gobierno, con pocas ganas de trabajar usa una fórmula vieja y confiable y comienza a erigirse un discurso antiinmigrante que busca construir un "chivo expiatorio" para desviar el mal humor social.

En 2025 Milei presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 366/2025 y señaló sobre la normativa anterior "invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada". 

Este año dijo que los extranjeros deberían pagar por los servicios públicos: "Eso de que vengan, usen nuestros recursos y se vayan, no”, en consonancia con Jorge Macri. Además acusó al presidente español Pedro Sánchez de usar inmigrantes para que "voten por él" y "perpetuar su tiranía"

Además ha catalogado la cuestión migratoria como un problema de seguridad, asociando extranjería con delincuencia o terrorismo. El propio Santiago Caputo, el asesor monotributista amigo de los contratistas del estado más ganadores de los últimos tiempos fue uno de los principales impulsores del DNU 366/2025. 

En estos últimos días durante el programa La Trinchera, Sarubbi Benítez calificó al territorio bonaerense como un territorio "sin salvación". 

"Ya la provincia de Buenos Aires, en mi humilde opinión, sobre todo lo que tiene que ver con el conurbano, esa inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación, para mí ya no hay retorno... pase lo que pase, gane quien gane, va a seguir siendo lo mismo, porque vos tenés un problemita cultural y de marginalidad que ni siquiera empezó con el kirchnerismo, muchísimo antes. Empezó más precisamente con las cabecitas" y propuso la esterilización forzada, la construcción de un muro y otras estupideces.
Hace un largo tiempo, a inicios de los 200 Anibal Ford señalaba la relación entre comunicación, cultura y la apertura de “nuevas agendas geopolíticas” como la migración, la xenofobia y la discriminación. Ford señalaba que estas agendas operan para desviar la atención y comprometía la posibilidad de discutir agendas políticas en tanto las cuestiones se dirimen en términos de actores buenos o malos. 

Hoy, en este museo de grandes novedades, que pasa desapercibido a los militantes de la indignación fácil el Alcalde Milei echa mano a las estrategias que parodiaban los Simpson para ocultar recesión, deuda, desempleo, endeudamiento, inflación y ajuste. En todos los casos, la agenda migratoria funciona como un distractor que trata de ocultar las verdaderas causas de la crisis y construye un enemigo externo para despolitizar el conflicto y naturalizar las desigualdades.

El vago del Kremlin, el asesor Caputo, utiliza el viejo y confiable mecanismo del chivo expiatorio migratorio. La continuidad del patrón —desde 1996 hasta la actualidad, pasando por 2000, 2017 y 2025— muestra que la estigmatización de los migrantes es un recurso político, que se actualiza con cada crisis pero mantiene su misma lógica de ocultamiento y desplazamiento. No es tan complejo. Desde civilización o barbarie, desde el chamullo de oligarca enojado que es El Matadero mienten, mienten y esperan que algo quede.

Christian Dodaro es investigador, docente y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializado en comunicación, cultura popular y acción sindical. Ha escrito artículos en diversos medios y participado en proyectos académicos sobre comunicación popular y comunicación sindical.

Fernanda Miño, diputada nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande, reflexiona sobre el avance de los discursos de odio en la Argentina, el desmantelamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el presente de los barrios populares y los desafíos de la representación política.

En esta entrevista con Agencia Paco Urondo (APU), la ex titular de la SISU también repasa su recorrido desde la militancia comunitaria hasta el Congreso, defiende políticas como Mi Pieza y plantea la necesidad de reconstruir un Estado presente que garantice derechos e integre a los sectores más postergados.

Los discursos de odio y la convivencia democrática

APU: Últimamente observo que cada vez se impone más una manera de hacer política basada en los discursos de odio, la estigmatización y la exclusión, que terminan habilitando distintas formas de violencia, tanto física como simbólica. Incluso el propio presidente aparece como el principal promotor de esa metodología. ¿Cómo podemos combatir esta lógica y pensar una alternativa?

FM: Sí, yo también lo vengo viendo. Quienes vivimos en los barrios populares quizás naturalizamos durante mucho tiempo cierto tipo de violencia en la forma de hablar, incluso en chistes o discusiones cotidianas, pero era algo que quedaba puertas adentro de los barrios. Hoy vemos al propio Presidente expresarse en esos términos y hasta justificar el insulto como forma de comunicación.

Quienes tenemos familia, hijos, y queremos construir vínculos sanos sabemos que, cuando aparece el insulto, se rompe la comunicación. Uno deja de escuchar el argumento y queda atrapado en la agresión. Entonces me pregunto: ¿para qué el insulto? Su única función es denigrar a quien piensa distinto.

Intenté mirar esos largos streamings que hizo recientemente y no encontré otra intención que desacreditar al que opina diferente. Me parece una herida profunda para la democracia, porque deja de existir la posibilidad de convivir y, ni siquiera, de escuchar al otro.

Además, ese odio que también se dirige contra determinados sectores del periodismo busca que no salgan a la luz hechos de corrupción o situaciones que el Gobierno prefiere ocultar. Es importante entender que esto no puede naturalizarse ni explicarse simplemente porque "el mundo se corrió a la derecha". Lo que hay es una estrategia para descalificar al diferente: a quienes piensan distinto, a las organizaciones sociales, a determinados espacios políticos.

Esa lógica profundiza todavía más la estigmatización que ya sufren las personas pobres, los barrios populares y quienes hacemos política desde esos lugares. Hay una negativa a aceptar que otros también pueden aportar ideas o construir una síntesis colectiva. En lugar de debatir, simplemente se busca desacreditarlos por ser diferentes.

APU: Hiciste de tu casa un centro comunitario y cultural, con una biblioteca popular para los vecinos y las infancias del barrio. En un contexto donde predomina el discurso de que cada uno debe salvarse solo, ¿qué aprendizajes deja esa experiencia de construir comunidad?

FM: Quienes vivimos en los sectores más empobrecidos de esta patria nunca tuvimos la posibilidad de salvarnos solos, porque simplemente no podemos. Por eso estas iniciativas —y aclaro que la nuestra no es la única, hay muchas experiencias similares en el barrio— son tan importantes. Nosotros empezamos hace muchos años en el patio de nuestra casa y hoy contamos con un espacio que pudimos desarrollar gracias al trabajo de la SISU junto con la comunidad.

Allí no solamente acompañamos a las infancias. También funciona un espacio para personas que están recuperándose de consumos problemáticos, hay ollas populares y un pañol donde las cooperativas guardan sus herramientas para seguir trabajando.

Todo eso demuestra que nadie sale adelante solo. A lo largo de mi gestión y ahora como diputada escuché muchísimas historias en distintos barrios populares. Siempre aparece la misma enseñanza: la importancia de llevarse bien con los vecinos, de organizarse para levantar un poste de luz, construir un pasillo porque se llena de barro o resolver problemas que nadie más viene a solucionar.

Mi propia infancia está atravesada por esas experiencias. Mis padres llegaron desde las provincias y, junto con otros vecinos, hicieron comunidad para sacar adelante un barrio muy pobre.

Durante décadas el Estado nunca tuvo un área específica destinada exclusivamente a integrar los barrios populares. Recién con la SISU, trabajando junto a organizaciones sociales, la Iglesia, municipios y provincias, pudimos empezar a cambiar esa realidad.

Todo comenzó con un relevamiento que permitió saber cuántos barrios había, dónde estaban y cuáles eran sus necesidades. A partir de ese diagnóstico fue posible diseñar políticas públicas concretas. Creo que esa fue una de las principales marcas de nuestro paso por el Estado: primero reconocer quiénes eran los destinatarios y dónde estaban; después construir herramientas eficaces para llegar realmente a los territorios.

La integración de los barrios populares y el desmantelamiento de la SISU

APU: Quería preguntarte por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Desde el Gobierno nacional hubo un desfinanciamiento muy fuerte: primero la degradaron a subsecretaría y después prácticamente paralizaron su funcionamiento. Desde ese organismo ustedes impulsaron una transformación muy importante en los barrios populares. Pienso, por ejemplo, en el programa Mi Pieza, que partía de una realidad concreta: familias enteras viviendo hacinadas y la posibilidad de ampliar y mejorar sus viviendas. ¿Cómo ves el impacto que tuvo el cierre de esa política y el abandono de programas que mejoraban la calidad de vida de tanta gente?

FM: Como decía recién, la SISU fue el primer organismo creado exclusivamente para trabajar la integración de los barrios populares. Nosotros elegimos hablar de integración y no de urbanización, porque ese concepto lo tomamos de los curas villeros y de los curas de la opción por los pobres.

No se trataba solamente de construir viviendas. Integrar un barrio significaba comprender su historia, su cultura, su identidad y, sobre todo, generar espacios de participación donde fueran los propios vecinos quienes definieran cuáles eran las prioridades para transformar su comunidad.

Vivimos el desmantelamiento de la SISU con mucha tristeza y también con impotencia. La única herramienta que nos quedó fue presentar un amparo para proteger el fideicomiso que todavía existe y que aún conserva una enorme cantidad de recursos. En este caso no pueden decir que no hay plata, porque nosotros dejamos fondos suficientes para continuar las obras.

De hecho, cuando aumentó el Impuesto PAIS hacia fines de 2023 —nosotros habíamos dejado la gestión a comienzos de ese año— esos recursos incluso se incrementaron. Recién cuatro meses después eliminaron ese impuesto, pero quedaron más de 260 mil millones de pesos asignados por ley a la integración de los barrios populares.

La Ley 27.453 establece con claridad que esos fondos deben destinarse a mejorar la infraestructura de los barrios populares, porque las necesidades siempre avanzan más rápido que las respuestas del Estado. Nosotros lo sabíamos. Cada vez que llegábamos con una obra sentíamos que llegábamos tarde y hasta pedíamos disculpas por eso.

Sin embargo, también fue muy gratificante comprobar que, trabajando junto a cooperativas y organizaciones de cada barrio, era posible transformar esa realidad en muy poco tiempo.

APU: ¿Cuál fue el alcance de la política?

Llegamos a más de 1.800 barrios populares en todo el país. A través del programa Mi Pieza, más de 250 mil mujeres pudieron ampliar o mejorar sus viviendas gracias a un subsidio que administrábamos mediante ANSES y que monitoreábamos con una aplicación para asegurarnos de que el dinero llegara directamente a las destinatarias.

Esa política debía continuar. Dejamos una estructura con equipos técnicos de primer nivel, presencia territorial en todo el país y una situación financiera sólida. Sin embargo, eligieron instalar un manto de sospecha sobre todo lo que habíamos hecho.

Como yo encabezaba ese proceso, fui también el blanco de esa campaña. Allanaron mi casa, impulsaron operaciones mediáticas y difundieron acusaciones falsas. No era solamente un ataque contra mí: buscaban desprestigiar una política pública para disciplinar y evitar que vuelva a hacerse.

Hoy ni siquiera existe obra pública. Imaginate entonces pensar en obras destinadas a los barrios populares. Nosotros nos animamos a impulsar una política que implicaba redistribuir recursos para que quienes menos tienen pudieran acceder, al menos, a un piso básico de dignidad.

Los servicios esenciales son eso: dignidad. El barrio por el que ustedes entraron no tenía cloacas ni conexiones eléctricas seguras. Gracias al trabajo de las cooperativas y al financiamiento de la SISU hoy esa realidad cambió, como ocurrió en más de 1.800 barrios de todo el país.

Para nosotros fue una experiencia extraordinaria. La SISU todavía existe, aunque degradada a subsecretaría, sin financiamiento y con amenazas permanentes de despidos para los pocos trabajadores que quedan.

Tengo la esperanza de que algún día recupere sus recursos, porque ese dinero sigue existiendo. Está inmovilizado, retenido para quién sabe qué destino, cuando debería utilizarse para aquello para lo que fue creado.

Mientras tanto vemos barrios cada vez más golpeados por el narcotráfico, la falta de trabajo, la pobreza estructural y obras abandonadas que empiezan a deteriorarse. También quedaron miles de mujeres que habían sido sorteadas para el programa Mi Pieza y nunca recibieron siquiera el primer desembolso.

Los recursos para cumplir con esos compromisos están. Si hoy no se ejecutan, es porque existe una decisión política del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo de no hacerlo.

La representación política y el protagonismo de los sectores populares

APU: Pensando en esto que mencionabas sobre el disciplinamiento y sobre la necesidad de evitar que se propague una corriente de militancia y participación política, da la impresión de que estamos atravesando una crisis de representación muy profunda. Muchas veces los funcionarios parecen muy alejados de la experiencia concreta del pueblo. ¿Cómo imaginás una ampliación real de la participación política de los sectores populares?

FM: Yo comparto que existe una crisis de representatividad, pero no creo que se explique porque la gente no quiera participar en política. Lo que existe es una casta —y existe en todos los partidos, no es patrimonio de uno solo— que cree que solamente algunos iluminados están habilitados para hacer política.

En ese sentido, Juan Grabois dio un paso muy importante. Las organizaciones sociales ya venían haciendo un trabajo enorme para que quienes vivimos en barrios populares pudiéramos expresar nuestras ideas y nuestras demandas. Pero Juan fue más allá y dijo algo fundamental: quienes sufren en primera persona la discriminación, la pobreza y la falta de derechos tienen que encabezar esos procesos.

Y eso no surge solamente de una intuición política. Es una idea que plantea el Papa Francisco en sus encíclicas y en toda su prédica. Francisco dejó un legado muy fuerte en relación con el protagonismo de los pobres, y creo que nosotros somos, en parte, resultado de ese legado.

No se trata solo de ayudar al otro; se trata de asumir que también tenemos que ser protagonistas de la transformación. Tenemos derecho a participar de la política, que es una de las formas más altas de la caridad porque busca el bien común.

Cuando la política se convierte en una carrera personal, en una lógica meritocrática o en un espacio de privilegios, las herramientas democráticas empiezan a degradarse. El poder es transitorio y los recursos del Estado deberían utilizarse para mejorar la vida de la sociedad.

En mi caso, por mi historia y por el lugar del que vengo, siento una responsabilidad especial con quienes menos tienen. Pero el objetivo final es una patria donde todos tengamos oportunidades mínimas: un pedazo de tierra para vivir, una vivienda, un crédito, la posibilidad de salir adelante sin tener que ocupar un terreno porque el propio país no ofrece alternativas.

De la militancia barrial a la política institucional

APU: En relación con esa experiencia de participación, ¿cómo fue el momento en que decidiste dar el salto a una política más institucional, partidaria y de gestión? ¿Hubo algo de ese recorrido que te sorprendiera o que nunca imaginaste vivir?

FM: Yo fui militante, antes que nada, desde la fe. Soy catequista y mi formación política empezó ahí. Los sacerdotes que acompañaron esta comunidad —Aníbal Filippini y Jorge García Cuerva, hoy arzobispo de Buenos Aires— nos enseñaron una manera distinta de vivir el cristianismo.

Nos mostraron que no alcanza con la caridad entendida como “pobres los pobres”. Los pobres tienen que ser protagonistas de la transformación de su propia realidad.

La otra gran herramienta fue la educación. En mi caso, la fe y la educación me abrieron un horizonte distinto. Por eso siempre digo que hay que apostar a la educación: más allá de todos sus problemas, te da herramientas para pensar, cuestionar y comprender el mundo.

Yo empecé a estudiar ya de grande y fui entendiendo muchas cosas. La política apareció después, especialmente a partir de una inundación muy grande en 2013. En La Cava, donde viví hasta los 21 años, las inundaciones eran permanentes, y yo me preguntaba cómo podía ocurrir eso en un municipio tan rico.

Empezamos a organizarnos, hicimos marchas y yo quedé bastante expuesta públicamente. Ahí algunos compañeros me invitaron a participar en política, en 2017. Acepté con una idea muy concreta: usar esa herramienta para transformar mi barrio.

Sentía que mis hijas tenían una vida más ordenada, una casa, contención familiar, y al mismo tiempo veía que al barrio le faltaba casi todo. El Partido Justicialista me dio una primera oportunidad, pero después aparecieron tensiones porque yo tenía una agenda muy vinculada a los sectores populares.

En ese momento Juan Grabois me convocó a sumarme a su espacio y me planteó la posibilidad de asumir mayores responsabilidades políticas. Así empezó una nueva etapa.

APU: También fuiste candidata a intendenta.

FM: Sí. Como en ese momento no se había dado otra posibilidad y yo necesitaba construir una referencia política propia desde el territorio, acepté esa candidatura. Tuvimos una elección muy buena; no alcanzamos a superar las PASO, pero quedó instalada la idea de que era posible representar políticamente a los barrios populares.

Cuando en 2019 ya se perfilaba el cambio de gobierno, empezó a pensarse que yo pudiera encabezar la Secretaría de Integración Socio Urbana. La SISU existía desde 2018, pero tomó un impulso completamente distinto cuando asumimos la gestión y cuando se creó el financiamiento específico a través del aporte extraordinario a las grandes fortunas durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Gestionar desde el territorio

APU: En otra entrevista mencionabas que muchas veces quienes estaban al frente de la SISU no conocían la realidad concreta de los barrios populares. Es muy difícil diseñar una política pública si no se conoce el territorio ni las necesidades reales de quienes viven allí.

FM: Exactamente. Y no solamente las necesidades, también las urgencias. Porque necesidades hay muchísimas. ¿Hace falta una salita de primeros auxilios? Sí. ¿Una escuela? También. ¿Un polideportivo? Claro. Pero si un barrio no tiene agua potable, esa es la prioridad.

Todo el tiempo teníamos que hacer ese equilibrio y trabajar junto a quienes realmente querían transformar el barrio. Había sectores que insistían en avanzar primero con la regularización dominial. Nosotros, que vivimos en barrios populares, sabíamos que en muchos casos la urgencia era otra: primero había que garantizar los servicios básicos.

La regularización puede ser importante en determinados lugares donde existe riesgo de desalojo, pero muchas veces respondía más a una exigencia administrativa que a una necesidad concreta de las familias.

Para tomar esas decisiones hay que conocer el territorio. Hay que haber recorrido los barrios y mantener un vínculo cotidiano con quienes viven allí. En mi caso me alcanzaba con hacer un llamado o una visita para saber exactamente qué estaba pasando.

Cuando uno llega al Estado tiene que hacerlo con una misión clara. No puede improvisar. Nosotros sabíamos perfectamente cuál era nuestro objetivo: integrar los barrios populares. Éramos conscientes de que una sola gestión no alcanzaría para resolver décadas de abandono —además atravesamos una pandemia—, pero contábamos con equipos técnicos, profesionales y territoriales que venían trabajando desde hacía muchos años en un plan de integración.

Hoy existen más de 6.400 barrios populares registrados en todo el país. Es imposible gestionar con eficacia si se desconoce esa realidad. En cambio, este gobierno ni siquiera quiso comprenderla. Directamente decidió que todo eso "tenía gusto a zurdo", desarmó las políticas existentes y dedicó enormes esfuerzos a desacreditar nuestro trabajo.

Sin embargo, con el paso del tiempo quedó demostrado que las obras existen, que los recursos siguen estando y que simplemente decidieron no utilizarlos.

Estoy convencida de que, cuando termine esta etapa, la Argentina tendrá que recuperar esa herramienta que fue tan importante para mejorar la vida de miles de familias.

Predicar con el ejemplo

APU: En la vida cotidiana vemos una exaltación permanente del lujo, la ostentación y el consumo, como si la felicidad dependiera únicamente de acumular cosas. Frente a eso, ¿qué es realmente lo importante? ¿Dónde encontrás aquello que vale la pena preservar?

FM: Me hago esa pregunta muchas veces, sobre todo porque tengo cuatro hijas. Pienso mucho en cómo ellas miran la política y qué ejemplo reciben de nosotros.

Por suerte tienen una mirada positiva. Eligieron estudiar: una Trabajo Social y la otra Derecho. Trabajan además en el espacio sociocomunitario del barrio, dando apoyo escolar. Nunca les impusimos ese camino. Simplemente crecieron viendo una forma de vivir.

Cuando ellas eran chicas, el espacio comunitario funcionaba en el patio de nuestra casa. Después pudimos trasladarlo a este lugar. Eso es predicar con el ejemplo.

Si quiero que mis hijas comprendan qué significa la política o el compromiso social, tengo que demostrarlo todos los días. No alcanza con un discurso. Ellas tienen que ver que nadie se salva solo, especialmente en barrios como este.

Hubo momentos en los que me dio mucho miedo criarlas acá. La violencia creció, las adicciones están cada vez más presentes, los tiroteos son una realidad cotidiana. Sin embargo, hoy que tenemos la posibilidad de irnos, ellas no quieren hacerlo. Quieren quedarse para transformar este lugar.

Ese también es el sueño que compartimos con mi compañero desde hace muchos años: que ellas puedan decir "esto está mal y hay que cambiarlo" y decidan poner su vida al servicio de esa transformación.

Creo que eso también vale para la sociedad. Si tengo que decir qué clase de dirigente quiero para mi país, primero tengo que vivir de esa manera. Lo mismo ocurre con la militancia. No puede existir un doble discurso.

Hoy parece que todo aquello que no aparece en las redes sociales no existe. Es cierto que hay cosas que hay que comunicar, pero lo verdaderamente importante es estar donde hay que estar: acompañando una marcha por la salud pública, una olla popular, un reclamo por el transporte o cualquier conflicto que afecte a la gente.

También tenemos que empezar a pensar qué proyecto queremos construir hacia adelante. Si alguna vez volvemos a tener responsabilidades de gobierno, debemos llegar con propuestas concretas y con la capacidad de escuchar. Después la sociedad decidirá si acompaña o no ese camino.

Quienes venimos de los sectores populares conocemos muy bien las consecuencias de la ausencia del Estado. Por eso, cuando tenemos la posibilidad de representar a quienes históricamente no tuvieron voz, debemos aprovechar cada minuto. Nada es eterno. Tenemos este tiempo y hay que usarlo para abrirles paso a nuevos dirigentes que también nacieron y crecieron en los barrios populares, porque tienen muchísimo para aportar.

"Quiero dejarles un mundo mejor a mis hijas"

APU: Muchas veces uno se pregunta para qué hace lo que hace. ¿Vos para qué hacés política?

FM: Primero, para dejarles un mundo mejor a mis hijas. Creo que ese pensamiento me acompaña desde que me levanto hasta que me acuesto.

También hago política para sanar mi propia historia. Vengo de una vida marcada por la pobreza y por la falta de oportunidades, y siento que transformar esa realidad también es una manera de sanar.

Y, sobre todo, porque amo profundamente a mi patria. Me gustaría que mis nietos y mis bisnietos puedan vivir en un país donde participar en política vuelva a ser motivo de orgullo, donde puedan mirar hacia atrás y decir: "Mi mamá me contaba que mi abuela hizo esto para mejorar la vida de los demás".

Ese es el legado que quisiera dejar: una historia de lucha, pero también de logros. Porque nosotros podemos decir que muchas cosas fueron posibles.

También quiero dejar la convicción de que no hay que claudicar frente a las dificultades ni encerrarse cuando llegan tiempos adversos. Al contrario: es cuando más necesitamos salir, organizarnos y sostenernos desde la solidaridad.

Nunca solos. Porque cuando uno se queda solo es mucho más fácil desanimarse. En cambio, cuando camina junto a otros siempre aparecen nuevas fuerzas para seguir adelante.

Nuestra interpretación histórica de la transición democrática iniciada en 1983 sostiene que el proceso concentró su mayor esfuerzo en el juzgamiento de los responsables militares del terrorismo de Estado, mientras otorgó un tratamiento muy distinto al papel desempeñado por diversos actores civiles —empresariales, económicos, técnicos y políticos— que participaron en el diseño, la implementación y que resultaron beneficiados por el programa económico de la última dictadura genocida iniciada el 24 de marzo de 1976. Y esta diferencia no constituye un dato menor, sino uno de los rasgos centrales del orden democrático para entender los “porqué” del drama nacional al cual asistimos los argentinos en la actualidad.

La dictadura vino a destruir un país concreto, el país que deseamos y deberíamos vivir, el país de Perón, el de la industria, el trabajo organizado, el de la dignidad y el protagonismo popular. Esa tarea no fue obra de “los milicos” en abstracto —a quienes se les adjudicó casi en soledad una labor que los excedía—, sino de un bloque de poder mucho más amplio y profundo que hoy está más fuerte y vigente que en aquel entonces, claro. La dictadura cívico/militar ejerció una violencia directa, visible y concentrada; recurrió a la represión ilegal, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas mediante el aparato coercitivo del Estado para imponer un proyecto económico permanente. La eficacia de la "dictadura económica" es difusa pero acumulativa, por lo que la atribución de responsabilidades resulta más compleja; ya que no se manifiesta en un único acontecimiento sino en procesos prolongados vinculados a una economía para la Argentina que involucra decisiones de múltiples gobiernos, organismos, empresas y actores políticos a lo largo del tiempo, lo que dificulta identificar una única cadena de responsabilidad, pero que arroja a la muerte y a la indignidad a millones de compatriotas.

Lo cierto es que la recuperación de las instituciones representativas convivió con una continuidad monolítica de la estructura económica heredada del régimen cívico/militar. El avance sobre las responsabilidades penales por las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad no fue acompañado por una revisión equivalente de los instrumentos económicos que habían definido el rumbo del país entre 1976 y 1983. En ese contexto, no nos cansamos de señalar, como ejemplo, la permanencia inalterada de la Ley de Entidades Financieras de 1977, cuya vigencia hasta nuestros días es el síntoma más elocuente del déficit soberano de la democracia argentina post Malvinas, y de la persistencia de un modelo económico que sigue operando en beneficio de los sectores financieros, especulativos, fugadores, evasores y, claro está, en detrimento del aparato productivo, el trabajo y la soberanía nacional. Y no nos engañemos, ni el propio Kirchnerismo, siendo aquellos los mejores gobiernos que el pueblo se supo dar luego de la muerte del General Perón; revisó las condiciones de completa rendición que implicó el Acuerdo de Madrid firmado por Menem y su canciller Domingo Cavallo en 1990, y que permitieron el avance de las políticas desmalvinizadoras del liberalismo argentino; las de desindustrialización, desmilitarización, cientificidio, deculturación y despoblamiento.

Y aquí subyace una verdad incómoda. La dictadura militar fue derrotada políticamente, y eso representó un verdadero triunfo popular para la hora; pero no económicamente, por ello, la democracia se instaló sobre el andamiaje económico de la dictadura y, en muchos aspectos, lo terminó legitimando.

Si la dirigencia del campo nacional no comprende esto, le será imposible construir una democracia para el pueblo. Y si lo comprende pero no asume el compromiso de enfrentar la complejidad estructural que subyace, solo acepta administrar la dependencia en clave nacional y popular. Vale decir, existen problemas urgentes y problemas importantes; cuando dejemos de correr con el balde atrás de la gotera, y veamos dónde y por qué filtra, tal vez los argentinos podamos encontrar soluciones nacionales a los problemas nacionales.

Las placas tectónicas

Lo cierto es que las consecuencias políticas y materiales que evidenciamos, por caso la institucionalización de la pobreza de casi la mitad de nuestros compatriotas en un país rico, extenso y despoblado; los bajísimos niveles de soberanía efectiva; la brutal injerencia externa; la ausencia de control sobre recursos estratégicos; la fuga de divisas; la devaluación de nuestra moneda; la cada vez más progresiva pérdida de identidad histórica del peronismo; o el hecho de tener un desquiciado adorador de Margareth Thatcher en la presidencia, encuentran su lógico resultado a partir de la naturalización de la supervivencia de la dictadura económica que heredamos casi sin crítica desde mediados de los ´70 para acá. Así, ciertos conflictos políticos contemporáneos no pueden comprenderse únicamente desde la coyuntura y la dialéctica que atrae la alternancia partidaria, sino también a la luz del inmenso vacío estructural y de las continuidades institucionales, políticas, jurídicas, culturales y económicas que atravesaron la transición democrática desde el Alfonsinismo hasta hoy.

La historia argentina es elocuente en este punto; cada vez que el campo nacional y sus conducciones evitaron ir al fondo de las relaciones de poder y se limitaron a administrar coyunturas y a adecuarse con algo de virtuosismo superficial en determinados esquemas políticos temporales, los problemas regresan con mayor intensidad. Por eso, detrás de cada crisis aparentemente circular y de cada reconfiguración política, de cada pequeño avance y cada gran retroceso, detrás de cada sismo político como la proscripción de Cristina, subyace una disputa de alcance mayor; la confrontación entre dos concepciones distintas sobre el papel del Estado, la organización de la economía, el ejercicio de la soberanía, la idea de comunidad nacional y la forma en que la Argentina se vincula con el mundo. No se trata de nombres ni de etapas aisladas, sino de una constante; los límites y la dificultad para disputar y transformar las estructuras que sostienen la dependencia. Cuando esa decisión se posterga, sobreviene el retroceso agudo. En ese sentido, el presente no es una anomalía sino una consecuencia y una enseñanza. Milei no surge de la nada, sino de décadas de intentos inconclusos y de un poder antinacional que nunca fue plenamente desarmado.

El ataque judicial a Cristina. La interpretación de su defensa

El Kirchnerismo concentra su energía política, por un lado, en la denuncia internacional de la condena penal y la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, y por otro, en el ataque unilateral hacia el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, en la mal llamada interna en el peronismo del AMBA. Lo cierto es que la expresidenta llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde sostiene que su proceso judicial vulneró garantías procesales fundamentales y estuvo atravesado por persecución política y machismo estructural. Su defensa solicitó, entre otras medidas, la suspensión de la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos. Lo cierto aquí, es que Cristina tiene el derecho y el deber de ejercer su defensa con todos los recursos que considere apropiados y que encuentre disponibles cuando las instancias judiciales domésticas fueron agotadas. Al mismo tiempo, los argentinos no podemos naturalizar que la justicia juzgue a una dirigente dos veces por el mismo hecho, sin juez natural, trasladando la competencia, sin pruebas penales objetivas y por un ilícito que no cometió. No lo podemos permitir.

La Carta y su dimensión histórica

Pero veamos un punto importante para el análisis político. La Carta difundida por Cristina señala, entre otras cosas, que su situación se debe a "un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino". Y sigue: “Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana” .Si bien es cierto la supervivencia del machismo en la gran mayoría de las instituciones argentinas, sostener que el ataque responde a una lógica de discriminación por razón de género implica dejar en un segundo plano otras dimensiones históricas y estructurales del conflicto que fueron desarrolladas al comienzo de este trabajo, y que explican con mucha más preciión el fenómeno al que asistimos.

Un aspecto llamativo de la carta es el marco interpretativo que Cristina eleige para explicar su situación. En ningún momento la inscribe explícitamente dentro de una continuidad histórica argentina que remita a Yrigoyen, al peronismo histórico, al antiperonismo, a la Revolución Libertadora o a las distintas etapas de confrontación política del siglo XX. Por el contrario, presenta el caso como parte de un fenómeno de alcance internacional. Si miramos bien, su argumentación se organiza alrededor de cuatro ejes: la violación de garantías judiciales y del debido proceso; la politización del sistema de justicia; la proscripción como forma de exclusión política y de afectación del funcionamiento democrático; y la incorporación de una dimensión de género, al sostener que el proceso también expresa formas de machismo estructural. Todo cierto, pero insuficiente. Aunque Cristina afirma que el problema trasciende su situación personal, inmediatamente lo encuadra en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos y de la democracia constitucional. En ese sentido, el texto privilegia un marco jurídico-institucional e internacional —centrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU— antes que una interpretación apoyada en las continuidades de la historia política argentina y en la relación a la lógica “pueblo, anti pueblo”; “nacional/antinacional”. No lo hace.

Aquí conviene advertir, como dato político, que toda la arquitectura institucional del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial fue concebida, en buena medida, por funcionarios y equipos vinculados al Departamento del Tesoro de la administración de Franklin D. Roosevelt en EEUU. De ese proceso nacieron organismos como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, destinados a estructurar el nuevo sistema político, financiero y económico de la posguerra. ¿Qué tipo de solución se puede encontrar en esa plataforma?

Las fuerzas antinacionales no reparan en el género

La historia política argentina está atravesada por una práctica sistemática de exclusión de los liderazgos populares mediante mecanismos de fuerza, proscripción, fraude y violencia abierta. Hipólito Yrigoyen fue depuesto por un golpe cívico-militar en 1930 que inauguró la "década infame", donde el voto fue sistemáticamente vulnerado a través del fraude electoral. En 1955, Juan Domingo Perón sufrió un bombardeo criminal sobre Plaza de Mayo que dejó más de 300 civiles muertos. Pero no bastó con el intento de asesinato y el exilio del líder popular. Durante 18 años el peronismo fue formalmente proscripto. No se permitía usar su nombre, sus símbolos, su doctrina, ni participar en las elecciones. Se encarceló, se secuestró, torturó, fusiló y desapareció a militantes, dirigentes políticos y sindicales del peronismo. La proscripción no fue sólo jurídica y política, sino cultural y social. Fue el intento de amputar de raíz cualquier posibilidad de que los sectores populares volvieran a construir mayoría política y tener incidencia en las estructuras, como reacción violenta al 17 de octubre de 1945.

En todos los casos, la clase dominante argentina, con apoyo de sectores civiles, eclesiásticos, partidarios, judiciales, militares, mediáticos y las embajadas, buscó sustraer del juego político a líderes cuya legitimidad nacía del sufragio popular y del vínculo con las mayorías postergadas. En ese marco, la actual persecución a Cristina debe leerse en esta misma línea. De lo que menos se trata es de una causa judicial de tinte machista, sino de una proscripción política —no menos grave por ser encubierta en ropaje jurídico— que busca disciplinar, dividir, paralizar y desarticular al campo nacional y popular, para facilitar, vía democrática, la peor de las condenas de destino para la Argentina. Y si algo necesita Javier Milei para reelegir, es que el peronismo concurra a las elecciones nacionales de 2027 dividido.

El efecto paralizante de la proscripción

Una condena decididamente injusta merece ser cuestionada mediante todos los recursos legales disponibles, si. Pero el problema aparece cuando esa causa cargada de indudable relevancia política, comienza a ocupar el lugar del programa colectivo para gran parte del campo nacional, y que la posibilidad de llegar competitivos a las próximas elecciones nacionales quede supeditado a este cuadro.

Es evidente que las consignas “Cristina libre” o “Cristina candidata”, convertidas en el último tiempo en eje excluyente de la estrategia que emana desde San José 1111, terminan operando como un límite político para el propio objetivo que proclama. Al subordinar toda la estrategia a una lógica defensiva de imposición y de alineamiento interno en el peronismo, se desatiende una evidencia básica; la vía más eficaz para modificar las condiciones que sostienen su infame e injusta situación penal y civil es construir una victoria política amplia que altere la correlación de fuerzas y el clima institucional. Nada que Cristina no sepa. Pero ese no es el cometido.

Tener la razón nunca alcanza. Si el objetivo es revertir una situación considerada injusta, cuestionar una proscripción o promover una revisión institucional de determinadas decisiones judiciales, ello presupone la existencia de poder político. Y el poder político no surge de la espera de una resolución de la ONU, ni de las decisiones supranacionales, ni de la defensa ejercida por abogados extranjeros; se construye aquí, mediante organización, representación, construcción de mayorías populares, inteligencia estratégica y trabajo político. Pero, por sobre todas las cosas, ganando las elecciones nacionales del 2027.

La proscripción de Cristina no sólo representa un ataque judicial y político dirigido desde los sectores oligárquicos a una dirigente de peso mayoritario en la escena política nacional, sino que, en términos más complejos, interrumpe y congela el desarrollo de la experiencia política del movimiento nacional, del peronismo y de amplias franjas del pueblo argentino. Y Cristina lo sabe, lo interpreta y lo utiliza. En vez de avanzar en una discusión profunda sobre estrategias, liderazgos, reconstrucción del tejido organizativo, representaciones competitivas y nuevos horizontes de sentido para las mayorías; con Cristina, el espacio nacional se ve empujado de nuevo a un escenario de resistencia identitaria y victimización, a una lógica de repliegue, de disciplinamiento, de obturación y de división para asegurar la continuidad de su centralidad política.

Se interrumpe así la posibilidad de síntesis superadora y maduración, de ensayar nuevas formas de representación popular que surjan no de la negación del pasado reciente, sino de su asimilación crítica. De hecho, para continuar con la estrategia de inmovilidad, es previsible que la ofensiva judicial continúe con nuevas causas —como la de los falsos cuadernos— destinadas a mantener a Cristina y a todo el campo nacional en una situación de parálisis y división política. Pronto lo veremos.

La lógica del poder y las consecuentes conductas desplegadas, nos muestra que el verdadero problema de Critina es político, no judicial. Y tiene nombre y apellido. En el fondo, cuando una etapa histórica se resiste a reconocer su tiempo y sus límites, sus representantes suelen dedicar más energía a bloquear lo que viene que a trabajar para volver al gobierno, promover la unidad y enfrentar los problemas reales del país con un programa político para salir del laberinto.

Entre el FMI y la ONU, la Argentina

La causa nacional va quedando reducida a una discusión estrecha entre dos formas de subordinación. En esos dos andariveles, transitando una pendiente aguda hacia la disolución nacional, y siendo las elecciones nacionales del 2027 el mojón decisivo que pueda evitar traspasar el límite de no retorno hacia la consolidación de una semicolonia rígida; la política argentina queda atrapada entre quienes subordinan abiertamente el país a los poderes externos y quienes subordinan la unidad y la reconstrucción del campo nacional a la restitución de una conducción sectorial imposibilitada de una candidatura. Por acción u omisión, entre esos dos márgenes desaparece la Argentina. Desaparece Malvinas, el Atlántico Sur, los laburantes, el control del comercio exterior, la industrialización, la soberanía energética, la educación, la salud, los jubilados, la ciencia y la tecnología, el desarrollo productivo, el rol de las FFAA, la integración continental y la recuperación de los instrumentos estratégicos del Estado. De un lado, el FMI convertido en programa de gobierno; del otro, el expediente de Cristina convertido en programa polítco del peronismo a la espera de decisiones de la ONU. Y en el medio, esperando todavía una representación política a su altura, permanece la causa nacional del pueblo argentino.

Investigadores de Conicet presentaron un mapa interactivo donde puede verse la foto de la  extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros. 
 
Según la Ley de Tierras, sancionada por Cristina en 2011, derogada por decreto por Milei en 2024 y actualmente judicializada, se fija que las personas o empresas extranjera no pueden poseer más del 15% del total de tierras ruales por provincia o departamento. 

Por provincia, esa reglamentación no se viola en ninguna - la mayoría está en torno al promedio nacional - aunque hay varias que están cerca del límite: Misiones, Salta, San Juan, Mendoza.

Sin embargo, la cuestión cambia cuando se analizan departamentos: según el mapa, 36 distritos exceden lo establecido por la ley. La mayoría de los casos no se encuentran en la Patagonia, como suele creerse. En algunos departamentos, la situación es crítica: Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta). En ellos, la extranjerización supera el 50%. 

Según los investigadores de Conicet Julieta Caggiano y Matías Oberlin "el patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos".

Los números primero, porque para eso medimos. Desde la final del Mundial hasta hoy —16 días— relevamos 11 intervenciones públicas del Presidente: 7 incluyeron agresiones contra terceros y 4, insultos directos. Unas 20 expresiones agraviantes contra al menos 12 destinatarios: dos jefes de Estado, un juez de la corte suprema de Brasil, un gobernador, una expresidenta, periodistas con nombre y apellido, y colectivos enteros —estudiantes, docentes, investigadores, "los zurdos"—. Más de un agravio por día, sobre un patrón ya documentado: Chequeado contó 1.051 en los primeros 14 meses de gestión y FOPEA registró en 2025 el récord de ataques a la prensa desde 2008. Esto no es un temperamento. Es una agenda.

El insulto es método y opera en tres planos: fideliza el núcleo (el 82% de los votantes de LLA celebra las formas), organiza la conversación (cada agravio dispara un ciclo de indignación-respuesta-cobertura que ocupa todo el espacio disponible) y libra batalla cultural contra los validadores sociales —periodistas, académicos, jueces— que pueden contradecir el relato. La novedad de esta quincena es más grave: el agravio empezó a producir normativa. La secuencia San Pablo → "campaña antiargentina" → DNU que habilita expulsar extranjeros por "mensajes de odio" muestra el circuito completo: el insulto genera la crisis y la crisis justifica el decreto. Un exabrupto se disculpa; un método se legisla.

¿Y la oposición? Registró la pelea. La registró tanto que no registró otra cosa. Kicillof habló de "vergüenza ajena", Massa de las pymes y el empleo que dependen de Brasil, el PJ de agravios "inadmisibles", el radicalismo de inconstitucionalidad. Todo cierto — y todo adentro del encuadre que eligió Milei. En 16 días de escucha, ningún dirigente de primera línea nombró el desvío, ninguno disputó el marco, ninguno logró instalar un tema propio. La semana se habló de lo que el Presidente quiso que se hablara: de él. Indignarse también es amplificar.

Lo que quedaba fuera de plano no era menor: dólar en máximos con futuros a $1.647, una denuncia penal por el uso del avión presidencial, la CGT evaluando paro general, la confianza en el Gobierno en el mínimo histórico de la gestión y la mitad del país declarando que "no aguanta más". El hallazgo central de nuestro informe es una asimetría: el insulto ya no desvía el malestar —los indicadores de fondo siguieron cayendo en la semana de máxima agresividad verbal— pero sigue decidiendo de qué se habla. Lo primero es un problema de Milei. Lo segundo es un préstamo que le hace la oposición. Gratis.

Hace tres semanas este país validó masivamente el modelo inverso —equipo, resultados, no apropiación— y le puso 92% de imagen positiva a un entrenador que perdió una final. Ahí hay una pista que nadie recoge. La respuesta eficaz a un método que vive del conflicto no es el eco ni el silencio: es la agenda propia — hablar de lo que la gente padece, no de lo que el Presidente dice. Milei propone la pelea porque la pelea es su cancha. La pregunta del título tiene respuesta: sí, la oposición la registra; la registra de sobra. Lo que todavía no registra es el juego. Y mientras confunda responder con disputar, cada insulto seguirá comprando lo único que el oficialismo ya no puede comprar con resultados: la centralidad.

El laboratorio de ensayos del poder del imperialismo anglosionista en plena transición geopolítica y crisis civilizatoria suma un capítulo más. El gobierno de Javier Milei, que había especulado con disputar la capitalización político-cultural de las hazañas de la escaloneta en el mundial, se vio superado por la orientación popular soberanista que despertó aún más en el enfrentamiento futbolístico con Inglaterra y la hazaña simbólica de haber desobedecido la normativa que pretendía impedir que haya banderas con insignias malvineras en dicho partido.

Hacía tres meses que habíamos publicado junto a Julián Bilmes una nota sobre la cuestión Malvinas como un anzuelo que lograba extraer de las profundidades la fuerza telúrica del pueblo-nación y el potencial revolucionario que ello implicaba para la posibilidad de construcción de una unidad Argentina en clave liberacionista… con lo necesario y urgente que esto es en estos días. Para nuestra sorpresa, la nota tomó la forma de un vaticinio (amén del aporte de las ciencias sociales a los procesos en pleno desarrollo).

Una bandera que “no debería” haber ingresado, unos jugadores que “no deberían” habérsela jugado tanto y una reactualización de un legado histórico de reivindicación simbólica de los pueblos que sufrieron el impacto del colonialismo imperialista y pum… el escenario fue el menos benéfico para el anglosionismo. Por suerte no todo puede ser calculado por las aspiraciones de control total de los enemigos de la humanidad. Como el margen de incertidumbre de la pelota girando en la cancha que depende de las habilidades y coordinación de los jugadores y el resonar de sus corazones, que hace posible realizarse lo casi imposible (como gol del Diego a los ingleses en el 86’).

En simultáneo, el gobierno intentó avanzar con una ley que permitía quitar todo límite a la venta de tierras de nuestro país a cualquier extranjero que desease comprarlas (con lo que esto implica en el actual contexto de crisis ecosistémica). Sin embargo, el escenario no fue el más apropiado. Con la fuerte malvinización del mundial, se pateó la definición de la reforma de ley al 6 de agosto. Fecha que nos exige encontrarnos en Plaza Congreso y en todo el país una vez más, con mucha fuerza y unidad.

Para colmo Argentina venía del exorcismo popular ricotero tras la siembra del Indio Solari. En ese contexto ganarle a Inglaterra con el mismo resultado que en el partido del 86’ y sacar la bandera por los pibes de Malvinas alimentó los corazones de un pueblo que volvió a encontrarse en las calles en unidad y festejo, algarabía y abrazo mancomunal. Algo que, como ya sabemos, les molesta mucho a los poderosos y esbirros de los enemigos de la humanidad. Una vez acontecida la hazaña, se activaron los dispositivos del poder con más fuerza. Milei se puso definitivamente en contra a la selección, la FIFA amagó con sancionar a la Argentina y se activaron los dispositivos algorítmicos en función de desprestigiar a Argentina a nivel global de la mano de los Gigantes Tecnológicos. Ni que hablar de la gran cantidad de cabos sueltos que no cierran de la final del mundial y los mensajes entre líneas que nos dieron los jugadores, los familiares de los jugadores y el cuerpo técnico. Un velo se rasgó y le vieron las garras al poder real hasta los menos interesados en “la política”.

Nuestro presidente les obedece e igual nos temen

Mientras transcurría el mundial se entregó el control de la hidrovía del Paraná por 25 años a una fusión de una empresa privada Belga y una empresa privada Argentina, privatizaron la construcción de un rector nuclear modular a una empresa estadounidense (entregando información nuclear estratégica al respecto), se le dio media sanción a un Super RIGI que profundiza las posibilidades de injerencia de Palantir en nuestro territorio, otorgándole cuantiosos beneficios fiscales para que lleve adelante su plan de convertirnos en un granero de la ingeniería de datos y el control digital y algorítmico. Además de esto, y entre otras cosas, se tomó más deuda externa.

En lo más reciente, Milei abre un nuevo foco de tensión con nuestro principal socio comercial, Brasil. El sionismo logra penetrar en Venezuela. El aire huele a balcanización y la estigmatización de Argentina como un país racista parece pretender generar la justificación de lo que nos están queriendo hacer: diezmarnos, quedarse con nuestro territorio y recursos.

Nuestro presidente es el empleado del mes de esta avanzada anglosionista en Nuestra América, pero el peronismo tampoco sale a denunciarla. La oportunidad de construir una unidad superadora de la grieta está cada día más servida en bandeja, pero el peronismo se revela cada vez más incapaz de poder realizarla. Es que la injerencia no solo viene de la mano del oficialismo, sino también de sectores de la oposición. Nunca está de más recordar, por ejemplo, el papel que cumplió Wado de Pedro en la entrega del manejo del agua dulce de nuestro país a la empresa israelí Mekorot (y la llamativa bancada que tiene esta figura en sectores que extrañamente se autoperciben nacional y populares).

En un escenario donde Argentina nunca estuvo tan alineada, tanto desde el oficialismo como desde sectores hegemónicos de la oposición, a los intereses del imperialismo anglosionista, cabe una pregunta: ¿Por qué la campaña anti-argentina? La respuesta es que, aunque aún gobierne Milei y mantengan influencia en un importante arco político opositor, nos temen. Temen lo que sucede cuando el pueblo argentino copa las calles del país. Temen a la posibilidad de que florezca un sentimiento de unidad que supere el dispositivo colonial de la polarización ideológico-cultural que constituye la grieta. Temen el lugar que ocupa la argentinidad como referencia anticolonial para los pueblos del mundo.

Temen el impacto que pueda tener en el continente un cambio brusco de dirección política en Argentina y su rol en Latinoamérica en el actual contexto de crisis de la hegemonía occidental a nivel mundial. En este tiempo de disputa escatológica, donde todo huele a apocalipsis, estamos también frente a una disputa de las interpretaciones proféticas (como lo deja más que en manifiesto Peter Thiel con su cristianismo sionista). El imperialismo en decadencia teme a la reticulación social de las profecías que señalan que Argentina va a ocupar un rol trascendental en el devenir de la crisis civilizatoria y el destino de los pueblos del mundo en general. Articulada a la disputa económica, política, militar y algoritmicodigital, es necesario reconocer una disputa por las interpretaciones teológicas y proféticas de hacia dónde se dirige la humanidad.

Ellos intentan adaptar las religiones a su transición geopolítica de sostenimiento y profundización de la dominación, negando la convergencia liberacionista y revolucionaria de las escrituras y profecías (no solo occidentales, sino también precolombinas). Sin embargo, por más poder que tengan no pueden comprar ni configurar la verdad.

La primera mentira de la posmodernidad es que la verdad no existe. En la exacerbación de la posmodernidad que estamos viviendo, con su dinámica de excesos y los callejones sin salida de la civilización occidental, nos estamos chocando de frente contra límites bien concretos. Será momento de salir a las calles en una sola voz de unidad para decir las verdades más simples y elementales. En tiempos donde la palabra libertad se ha escindido de la igualdad y nunca estuvo tan degradada vale la pena recordar que solo “la verdad nos hará libres”. Nos temen, demostrémosle que hacen bien en hacerlo. Por lo pronto, la cita es el próximo 6 de agosto en las calles de todo el país. En esta hora más que nunca: ¡Vamos Argentina!

La exdirectora del Registro Nacional de Tierras y coautora de la Ley de Tierras vigente, Florencia Gómez, se refirió al proyecto de reforma de Javier Milei. "Buscan favorecer a empresarios muy ricos, esto no es para que migrantes que bajen de los barcos. Quieren ceder tierras estratégicas. La ley actual se sacó en 2012 cuando el gobierno de Cristina veía que cada vez que viajábamos por el mundo para vender productos nos hablaban de comprarnos tierras", contó. 

En ese sentido, Gómez continuó: "Dicen que ahora quieren ceder en lo que hace al máximo permitido nacional pero pretenden eliminar otras restricciones, como adquirir tierras en lugares estratégicos", explicó.

"La ley actual quería evitar que venga un Lewis y se compre las tierras que rodean a un lago y luego se queda con el lago, porque nadie puede llegar. Se quiso evitar a los Lewis del futuro. Esta ley saca esas restricciones", aseguró. 

"El proyecto de Milei quiere sacar los topes para las provincias y las sub-regiones. Una provincia completa podría estar en manos de una empresa extranjera", agregó Gómez en diálogo con AM 530.

"Hay muchísima gente que está consustanciada con esta causa, la del jueves va a ser una marcha muy grande, no tengo dudas. Mucha gente sin pertenencia política está muy preocupada por esta ley", cerró.

El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado, la Junta Militar sancionó la ley de facto 21.259. La norma facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar extranjeros —tuvieran o no residencia permanente— cuando considerara que sus actividades afectaban la “paz social”, la “seguridad nacional” o el “orden público”. No exigía una conducta precisa: bastaba la valoración del poder. La dictadura inauguraba así su régimen construyendo enemigos y colocando al extranjero entre los sospechosos. Esa norma de emergencia fue “perfeccionada” con todo un régimen de migraciones en 1981, mediante la Ley 22.439. Ambas consideraban al migrante no como un sujeto de derechos, sino como una potencial amenaza a la seguridad nacional.

Cinco décadas después, el DNU 681/2026, firmado por Javier Milei, incorpora nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar la residencia o expulsar a extranjeros que hayan dirigido “mensajes de odio” contra el pueblo argentino, incitado a la violencia por razones de nacionalidad o participado en actos de “ultraje” contra los símbolos patrios. El decreto excluye el disenso ideológico y la crítica política, académica o ciudadana legítima. Esa salvedad importa: una norma democrática no puede equipararse sin más con una ley de la dictadura.

En ambos casos aparecen conceptos amplios, una amenaza excepcional y un Ejecutivo que recibe la facultad inicial de decidir quién es hostil u ofensivo. Aunque el Estado debe proteger a los argentinos frente a la violencia, el problema empieza cuando la frontera entre violencia, odio, agravio y crítica queda subordinada a la interpretación política del gobierno de turno.

La medida surge en una Argentina con polarización extrema, que no sólo organiza las preferencias electorales, sino también la propia percepción de la realidad. El adversario no es presentado menos como alguien equivocado, se convierte en una amenaza moral. Se pertenece o se traiciona; se acompaña o se conspira; se es patriota o “antiargentino”. En ese clima, una potestad migratoria basada en categorías ambiguas queda expuesta a la lógica amigo-enemigo que domina la política.

El Gobierno justificó el decreto como respuesta a mensajes difundidos después del Mundial de Fútbol y a una supuesta “campaña antiargentina”. Una controversia nacida en redes sociales, amplificada por rivalidades deportivas y disputas diplomáticas, terminó convertida en una modificación de la Ley de Migraciones mediante un decreto de necesidad y urgencia. La secuencia revela un rasgo del presente: la velocidad emocional de las redes se traslada al Estado. La indignación reclama una norma inmediata; la viralización sustituye al diagnóstico; el conflicto coyuntural adquiere la forma de amenaza nacional.

Allí emerge el doble rostro de nuestra historia institucional. Está el doctor Jekyll de la Constitución y las mejores tradiciones sociales: la Argentina que reconoce derechos a todos sus habitantes, garantiza a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano y concibe la inmigración como una fuerza de construcción nacional. Es el país que abrió sus puertas a trabajadores, perseguidos y exiliados, e hizo de la hospitalidad parte de su identidad.

Pero también aparece Mr. Hyde: un Estado temeroso y punitivo que convierte al diferente en sospechoso, al disenso en deslealtad y al extranjero en huésped condicional. Ese rostro estuvo presente en la Ley de Residencia de 1902, irrumpió nuevamente en 1976 y se consolidó en la llamada Ley Videla de 1981. La democracia procuró dejar atrás esa concepción al reconocer la migración como un derecho humano. Sin embargo, Hyde nunca desaparece: espera que el miedo o el nacionalismo herido le permitan regresar con un nuevo vocabulario. 

La contradicción es aún más visible porque el actual Gobierno hizo de la irreverencia, el insulto y la descalificación instrumentos habituales de intervención política. Mientras exige respeto hacia la Nación, su propia retórica internacional ha cruzado los límites de la diplomacia. El problema no es solo la inconsistencia, sino la asimetría: la palabra agresiva del poder se presenta como sinceridad; la del extranjero puede convertirse en causal de exclusión. Cuando el Estado decide quién puede ofender y quién debe ser castigado, lo más probable es que se transforme en privilegio del gobernante.

Esta tensión expresa la disyuntiva entre pensar mejor o pensar menos. Pensar menos es reaccionar: reducir un fenómeno complejo a la fórmula “amigo o enemigo”, confundir una crítica con un ataque y aceptar que defender la patria exige disminuir garantías. Es una operación cognitivamente barata: evita distinguir, ofrece culpables inmediatos y produce cohesión a través del rechazo. En tiempos de incertidumbre y frustración social, esa simplificación puede resultar políticamente rentable.

Pensar menos también significa permitir que el ritmo emocional de las plataformas digitales determine el funcionamiento del Estado. En las redes no triunfa necesariamente el argumento mejor fundado, sino el mensaje más rápido, indignado y polarizante. El algoritmo premia la simplificación porque la complejidad demora, obliga a dudar y rara vez se vuelve viral. Cuando la política adopta esa misma estructura mental, gobernar deja de ser comprender problemas y se convierte en administrar reacciones.

Las instituciones democráticas fueron creadas precisamente para interrumpir ese impulso. El Congreso, la Justicia, la discusión pública y las garantías procesales introducen tiempo y límites allí donde la emoción reclama respuestas inmediatas. No son obstáculos para la decisión política: son los mecanismos que impiden que una indignación momentánea se transforme en una restricción permanente de derechos.

Pensar mejor exige el esfuerzo contrario. No es lo mismo incitar a golpear a una persona por ser argentina que cuestionar con dureza al Gobierno. No es lo mismo organizar violencia que ofender un símbolo. No es lo mismo proteger a los ciudadanos que proteger al poder de las palabras incómodas. Una democracia madura debe sancionar conductas concretas, con definiciones precisas, prueba, defensa y revisión judicial; no crear categorías elásticas que mañana puedan utilizarse contra aquello que hoy se promete respetar.

Pensar mejor también obliga a preguntar qué necesidad y qué urgencia impedían debatir esta reforma en el Congreso. La calidad institucional no se mide solo por los fines declarados, sino por el procedimiento, sus límites y controles. El Congreso es el espacio donde una sociedad compleja convierte diferencias en administración del bien común. 

Ese desprecio por la deliberación es uno de los síntomas más preocupantes del momento argentino. La política se presenta como una guerra contra enemigos que deben ser derrotados y no como una construcción entre ciudadanos que inevitablemente piensan distinto. La crítica se interpreta como sabotaje; el control institucional, como obstrucción; la prudencia, como debilidad. Pero cuando toda diferencia se convierte en hostilidad, el gobernante termina confundiendo su identidad con la identidad de la Nación.

La Argentina tiene derecho a cuidar a sus ciudadanos y sancionar la discriminación. Lo que no debería hacer es proteger una idea oficial de la argentinidad mediante una policía migratoria de las opiniones. Las fronteras democráticas deben impedir delitos y violencias, no seleccionar pensamientos aceptables. 

Nuestro desafío es mantener despierto al doctor Jekyll constitucional antes de que Mr. Hyde vuelva a convencernos de que, para defender la Nación, necesitamos dejar de pensar.

Jorge Arias es consultor político, es Presidente de la Fundación Desarrollo Democrático y autor del libro “El Homo IA y la Nueva Desigualdad Cognitiva”.

Es un honor para mí presentar el nuevo libro de Carlos Midence titulado Nosotros y occidente. Otra historia de un relato hegemónico (Bs. As, Ciccus Ediciones, 2026). Carlos Midence, escritor nicaragënse, filósofo, diplomático y militante sandinista, logra reunir sus oficios múltiples en una obra que entrelaza excelencia académica, compromiso político y fertilidad heurística. El autor nos comparte su pensamiento político-filosófico, al tiempo que nos traza el recorrido para la lectura, articulada en una premisa introductoria y cuatro capítulos que analizan 1) los dispositivos culturales empleados para la construcción del “Otro” y la inferiorización de las poblaciones de países no hegemónicos; 2) el uso imperial/imperialista de las ciencias, es decir, la utilización del conocimiento científico utilizado como instrumento de control y disciplinamiento social; 3) la necesidad de una desobediencia epistémica, indispensable para que los intelectuales del llamado “sur global” desarrollen categorías de pensamiento autónomas y se liberen de la dependencia conceptual del dominador. Es importante aclarar que la referencia a un “sur global” puede resultar a primera vista problemática en más de un sentido, porque tiende a homogeneizar realidades diversas, al tiempo que refuerza la idea de una cierta ubicación geográfica que no da cuenta exacta de la complejidad de la situación. En todo caso, la referencia al “sur” se presenta como metáfora de la subalternidad, reuniendo a pueblos diversos que deben ser reconocidos en sus singularidades, aunque claro está, todos ellos comparten una historia común atravesada por la exclusión y la opresión. Diversidad de pueblos, de intereses y necesidades. Pero también diversidad de clases sociales en cada comunidad, dado que las poblaciones de los países periféricos no son homogéneas. Ellas esconden núcleos internos de dominación, a partir de clases privilegiadas que trabajan para el opresor desde lo profundo del territorio propio. El enemigo no necesariamente está afuera, y es importante recordarlo, en especial a la hora de producir, evaluar y aplicar conocimiento. O, por el contrario, encontramos también intelectuales comprometidos con temas de decolonialidad en prestigiosas universidades norteamericas. Por eso, la cuestión de la educación en general -y de la educación superior en particular- adquiere protagonismo cuando se trata de encarar una práctica crítica y transformadora que debe estar atenta no sólo a las diferencias y complejidades de los dispositivos de poder, sino también de sus tensiones y contradicciones.          
 
A partir de aquí, la propuesta de Carlos Midence se inserta en el debate contemporáneo sobre los conceptos de decolonialidad y epistemología, planteándose un objetivo muy claro: deconstruir el mito del excepcionalismo y la presunta superioridad cultural o moral de occidente para reemplazarlos por una contra-narrativa decolonial. El desarrollo del análisis parte de la premisa de que la posición de hegemonía alcanzada por el bloque occidental no es fruto de un mérito intrínseco, sino el resultado de un largo proceso histórico basado en la ocupación territorial, el extractivismo sistemático y la apropiación epistemológica. Está claro que los países occidentales ocupan históricamente una posición dominante a nivel global, pero se impone impugnar radicalmente sus causas declaradas y aceptadas como indiscutibles. Carlos Midence muestra cómo la riqueza, el proceso de industrialización y el actual poder institucional de occidente se estructuraron a través de tres factores: la expansión militar, la explotación sistemática de los recursos humanos y naturales del sur global y el saqueo de los saberes tradicionales acumulados durante siglos por otras civilizaciones. El autor insiste en cómo occidente se apropió de tales recursos para luego reescribir la historia universal, transformando el botín en un presunto mérito de quienes, paradójicamente, los habían usurpado.
 
“Colonialismo” y “colonialidad” son conceptos distintos, pero íntimamente relacionados. El colonialismo es la dominación político-militar directa sobre un territorio. La colonialidad representa, por su parte, la presencia de las estructuras de poder y de pensamiento colonial en la vida cotidiana, en los consumos culturales y, muy especialmente, en la educación. Midence deja claro cómo la dominación se vuelve plenamente eficaz cuando la conciencia del colonizado interioriza las jerarquías del colonizador. ¿Y cómo se comprueba el éxito? Muy simple, el resultado de esta labor del colonizador se traduce en la aceptación resignada de la desvalorización de la propia cultura y, muy especialmente, en la dependencia de las universidades periféricas respecto a modelos y teorías científicas validadas exclusivamente en el llamado “norte global”.
 
La dimensión epistemológica de la colonialidad es innegable, y entiendo que este es el principal punto a trabajar cuando se ejercita la crítica radical entendida como arma para la transformación, es decir, para la revolución. La tecnociencia se ha convertido en el principal insumo del capital global, a partir de un proceso de radicalización de los dispositivos de poder que emergen en los albores de la modernidad histórica. La ciencia concebida como mecanismo de control privilegiado que obliga al mundo, tanto natural como social, a arrodillarse frente a la autoridad del sujeto investigador es explícitamente indicada por Inmanuel Kant en el “Prólogo” a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura:
 
La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes, y en la otra el experimento pensando, según aquellos principios (Kant, 1979).
 
La razón universal, encarnada en el investigador -varón europeo, blanco, ilustrado y propietario- se coloca en la posición del juez que obliga a los hechos del mundo, sin piedad alguna, a responder a sus preguntas con el objetivo de validar la ley, ya sea ley de naturaleza o ley del mercado. Pero en todos casos leyes garantizadas por los pasos de un método que se santifica: el método “científico”.  Se trata, sin embargo, de una universalidad fabricada e impuesta a través del dolor y la humillación. Universalidad tramposa y sin duda injusta, porque hace de los modelos cognitivos de los países centrales la regla o patrón para definir eso que se ha dado en llamar “humanidad”. La racionalidad científica no es, pues, universal por derecho propio, sino que se presenta como el resultado de un proceso de universalización ejecutado a partir de la negación de todo aquello que no encaja en sus leyes. De este modo, la ciencia -producto occidental por excelencia en tanto invento de la modernidad europea junto con el capitalismo y el imperialismo- legitima un modelo único construido a partir de la lógica de un lenguaje que afirma corresponder puntualmente con la lógica del único mundo posible. Recordemos la nefasta exhortación que tanto se multiplica en los medios hegemónicos acerca de necesidad de que aquellos países llamados “periféricos” se integren al “mundo”. O, a la inversa, las advertencias que supone para estos países quedar fuera del “mundo”, de ese mundo construido a partir de la complicidad entre la tecnociencia, la colonialidad y el capital global.
 
¿Cuál es pues el rol de la universidad en este proceso? Porque es casi un lugar común afirmar que la universidad tiene un rol fundamental cuando el afán de progreso se convierte en meta individual o social. La universidad es la institución que administra la ciencia de una época, que la inventa y la resguarda monitoreando sus aplicaciones y los mecanismos para su difusión. En la universidad se disciplina el saber, normalizando la subjetividad de quienes hacen ciencia, ya sea enseñando, investigando, evaluando resultados, aplicando conclusiones o comunicando el desarrollo alcanzado. Es precisamente el disciplinamiento aquello que garantiza que la ciencia sea “normal” -según palabras de Thomas Kuhn, es decir, una ciencia adaptada a las necesidades e intereses de los grupos hegemónicos (Kuhn, 2013). Disciplinamiento o normalización a la vez epistémica y ética, en definitiva, normalización política. Dice Michel Foucault:
 
¿No sería preciso preguntarse sobre la ambición de poder que conlleva la pretensión de ser ciencia? No sería la pregunta: ¿qué tipo de saberes queréis descalificar en el momento en que decís: esto es una ciencia? ¿Qué sujetos hablantes queréis infravalorar cuando decís: “hago este discurso, un discurso científico, soy un científico? (Foucault, 1978:131).
 
Boaventura de Sousa Santas nos recuerda que la descolonización del poder supone la descolonización del saber. Cuestionar a la ciencia occidental y pretendidamente universal como portavoz de la verdad objetiva es un modo de revolucionar la ciencia. Y a su vez, una ciencia revolucionada, que reconoce a otros conocimientos como válidos otorgando valor a las formas de vida que los producen, debilita las estructuras de control y opresión. Si pensamos a la ciencia como práctica social con autonomía relativa, entonces revolucionar la ciencia es convertirla en un arma para la revolución. Y la universidad debe estar a la altura del desafío, pero no solamente renovando programas de estudios con perspectivas inclusivas e interculturales. Sino muy especialmente, revisando los modelos de gestión de la ciencia que se suelen aceptar de modo acrítico. La inclusión de contenidos superadores no alcanza si seguimos obedeciendo a pautas, estándares, acreditaciones y reconocimiento de los centros académicos internacionales o del norte global.  
 
Quizás, llegados a este punto advertimos que, a pesar de su problematicidad, la categoría “sur global” tiene fuerza performativa a la hora de posicionarse políticamente, de empoderarse como conjunto sin duda heterogéneo, pero con un enemigo común. Con franca conciencia de los límites que nos imponen los esquemas dicotómicos y reconociendo -como bien lo aclara Midence- que Occidente dista mucho de ser un bloque monolítico en tanto alberga poblaciones marginadas y despreciadas, como bosnios y albaneses -entre tantos otros- puede resultar útil como grito de rebelión frente grupos hegemónicos que hacen de sus prácticas y conceptos estándares de comparación para justificar intervenciones políticas y militares. Dice Carlos Midence, en la página 95 del libro que presentamos: “Occidente es una herramienta con la cual medir y clasificar sobre la base de la violencia”. Violencia que puede ser extrema, porque si bien la colonialidad es más insidiosa y sutil, el burdo colonialismo lejos está de ser cosa del pasado, tal como lo confirman las ocupaciones territoriales y las supresiones coloniales que nos golpean en nuestro presente. ¿Podemos pensar en la colonialidad como condición de posibilidad del colonialismo de ocupación y del genocidio? Está claro que no todas las vidas valen los mismo, y no todos los genocidios merecen el mismo repudio por parte de ciudadanos respetables que se consideran respetuosos de los valores del norte global. Individuos ilustrados, que consideran que es lícito matar a poblaciones enteras que no se ajusta a los estándares civilizatorios de la cultura hegemónica. Matar en nombre de pretendido y declamados valores occidentales de justicia abstracta, democracia y libertad.
 
 
Silvia Rivera es Filósofa especializada en Filosofía de la ciencia y Ética de la investigación. Profesora Consulta de la Universidad de Buenos Aires. Directora de la “Revista Electrónica Didáctica en Educación Superior” (REDES) del CBC/UBA.
 
 
Referencias Bibliográficas
 
De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social, Bs. As., CLACSO.
Kant, I. (1979). Crítica de la Razón Pura, México, Porrúa.
Kuhn, T. (2013). La estructura de las revoluciones científicas, México FCE.

El 2 de agosto se cumplieron ocho años del crimen de Sandra y Rubén, un crimen político debido a la desidia y al vaciamiento presupuestario en educación de María Eugenia Vidal a nivel provincial y del gobierno nacional de Mauricio Macri. La comunidad educativa los sigue recordando y pidiendo justicia.

Era 1 de agosto del año 2018. Sandra Calamano, que en ese entonces era vicedirectora de la Escuela N°49 Nicolás Avellaneda de la ciudad de Moreno, había llamado al Consejo Escolar para que puedan asistir al edificio. Habían detectado mucho olor a gas y, probablemente, podría ser una fuga. Calamano ya había notificado siete veces con anterioridad sin respuesta alguna. Las autoridades llegaron, revisaron y se fueron, sin resolver el problema y sin cortar el suministro. Al otro día, como todas las mañanas, Sandra junto a Rubén Rodríguez, auxiliar de la Escuela, ingresaron a la cocina para preparar el desayuno. Prendieron la luz, y todo voló por los aires. Más de quince pibes, entre 6 y 12 años, esperaban afuera y fueron testigos.

La muerte de Sandra y Rubén representa una de los hechos más atroces de los últimos años, y marcó la política que llevó adelante la ex gobernadora Vidal, junto a su ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny. Las escuelas bonaerenses atravesaban una de las peores crisis edilicias de su historia: 847 establecimientos se encontraban clausurados o con clases suspendidas, y de ellos el 70% (600) estaban ubicados en la zona oeste del conurbano bonaerense. Ese mismo año Moreno estuvo casi un mes sin clases. Además, el presupuesto contemplado para el área de infraestructura estuvo subejecutado durante todo 2018. 

Sandra tenía 48 años, trabajaba incansablemente en la escuela, donde además se quedaba después de horario para atender a los pibes y pibas que iban a estudiar. Por su parte, Rubén era uno de los auxiliares más reconocidos por los alumnos y alumnas, trabajaba en el lugar desde hacía más de 25 años. Ambos estaban, junto a toda la comunidad educativa, en lucha por el recorte que se venía llevando a cabo desde la Dirección General de Cultura y Educación en las partidas destinadas para orquestas-escuelas. Allí funcionaba todos los sábados una de las orquestas que le brindaba contención a más de una decena de pibes del barrio San Carlos.

Un crimen político, dos responsables: Vidal y Sánchez Zinny 

Luego de la tragedia, la comunidad educativa de Moreno comenzó a organizarse para marchar por los responsables, pero desde las autoridades políticas empezaron a tirarse la pelota. La Provincia había decidido intervenir, meses atrás, el Consejo Escolar de la ciudad por una supuesta malversación de fondos durante la gestión del ex intendente Walter Festa. Por ello, los reclamos escalaron directamente a la órbita de la ex gobernadora.

A eso se le sumaron las sospechas de corrupción en la cartera que administraba Sánchez Zinny, por las cuales nunca dio respuestas. La gestión de Vidal estaba en proceso de armado del presupuesto para 2019 para que pueda ser sancionado en la Legislatura bonaerense. La particularidad es que se filtró un audio del director de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson, solicitando "inflar" el precio de las cocinas escolares.

El 10 de octubre de 2023 se logró juzgar a los culpables y efectuar las condenas pertinentes. El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes determinó sentenciar por incumplimiento del deber público a todos los funcionarios que llegaron imputados: el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Gallian, condenados a 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación. Por otro lado, el gasista Cristian Ricobene fue penado por homicidio culposo agravado como autor material responsable de la explosión, por lo que se encuentra cumpliendo 5 años de prisión efectiva e inhabilitación por 10 años.

Alejando “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, analizó la situación de las y los trabajadores de la economía popular a lo largo del gobierno de Javier Milei.

Gramajo dialogó el sábado 1 de agosto con "Más o menos bien" (Radio Con Vos, sábados de 18 a 20hs). A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Desde el primer día asumimos que este gobierno venía a quitar derechos y a hacer un proceso de entrega, en continuidad con lo que intentó en su momento el gobierno del PRO, encabezados por Mauricio Macri. Hoy, lamentablemente, la realidad es que los laburantes tienen que autoinventarse cuatro o cinco formas de trabajar para tratar de llegar al día 15, ni siquiera a fin de mes”.

“Hasta acá, los datos que tenemos, es que ha fracasado con contundencia y que, en realidad, iba a pasar porque lo que intentaron es construir algún tipo de argumento para avanzar en un ajuste que ya estaba programado desde el primer día cuando tomaron la decisión de congelar el salario social complementario. Siempre estuvo la decisión tomada. ¿Cuál fue la dificultad que tuvieron? Que tuvimos la vocación de ir a la pelea, en algunos casos la justicia intervino y condicionó al gobierno para que mantenga el programa”.

“Nosotros somos reflexivos y autocríticos de iniciativas que tuvimos, que se malinterpretaron, se desarrollaron mal, y estuvieron pensadas para desarrollar a la economía popular desde una perspectiva distinta, que después se distorsionó absolutamente. Creo que se resuelve discutiendo un modelo de país que piense la integralidad de los problemas que tiene la clase trabajadora en la Argentina”.

“No vamos a derrotar al gobierno esperando que caiga alguien mágicamente, creo que hay que transitar varios caminos. El primero es el de la lucha, intentar empujar a todos los sectores a confrontar en la calle, independientemente de que ha tomado la decisión de reprimir, encarcelar y perseguir”.

Gabriela Elías, integrante del Observatorio de Tierras y del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria, analizó los intentos del oficialismo nacional de aprobar una nueva Ley de Tierras y las consecuencias que ello traería.

Elías dialogó el sábado 1 de agosto con "Más o menos bien" (Radio Con Vos, sábados de 18 a 20hs). A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“En Argentina desde 2011 existe la ley de tierras rurales que tiene como objetivo poner un límite a la compra de tierras por parte de grandes capitales extranjeros y grandes empresas. No hablamos de extranjeros que vienen a vivir y trabajar la tierra, eso está contemplado por la Constitución, sino lo que llamamos el proceso de extranjerización”.

“El proyecto actual del gobierno que se vuelve a discutir el jueves 6 de agosto es una ley ómnibus, tiene un montón de modificaciones, entre ellas la derogación de la ley de tierras. Además, habilita desalojos exprés y flexibiliza la ley de manejo del fuego, lo cual va en sintonía”.

“Hay un patrón de extranjerización, cuando uno ve los territorios más extranjerizados se encuentra con una de las siguientes particularidades: son zonas de fronteras o poseen recursos estratégicos”.

“Por un lado, muchas tierras fronterizas están quedando extranjerizadas y eso es un peligro para las fronteras, que quedan o empiezan a quedar sin control. Por otro, el riesgo sobre la soberanía de los recursos propios, que podría traer muchísimas consecuencias ambientales y sociales para las comunidades colindantes”.

“Creemos que, junto con otras medidas que está tomando, el gobierno tiene como objetivo no sólo reprimarizar completamente la estructura económica de Argentina sino hacerla cada vez más dependiente”.