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Cómo derrotar a Milei
A nivel global, la izquierda enfrenta un debate estratégico sobre cómo responder al actual auge reaccionario. La respuesta depende de cómo caractericemos el período, qué entendamos por extrema derecha y qué tipo de unidad política consideremos necesaria para enfrentarla. En Argentina, la discusión gana centralidad ante el deterioro paulatino del gobierno de Milei. Antes de entrar en el caso argentino, sin embargo, vale la pena situar la escala global del fenómeno.
La extrema derecha avanza en todo el mundo a un ritmo desigual pero contundente. No es invencible, como lo prueba la reciente derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, pero tampoco se trata de un fenómeno meramente coyuntural. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, si se suman sus distintas familias políticas, la extrema derecha se convirtió en la segunda fuerza del Parlamento, a tan solo un escaño de la derecha tradicional agrupada en el Partido Popular Europeo. En Francia, el lepenismo tiene por primera vez posibilidades reales de llegar al Elíseo. En Italia, Meloni gobierna desde 2022 con niveles sostenidos de aprobación, mientras que en Alemania la AfD rompió el cordón sanitario vigente desde la posguerra para transformarse en segunda fuerza nacional. En el Reino Unido, Reform UK lidera las encuestas por primera vez en la historia. Trump conduce la principal potencia del planeta con una agenda explícita de remodelación autoritaria del Estado y respalda sin disimulo a sus aliados ultraderechistas en el resto del globo. En América Latina, aunque el bolsonarismo fue desalojado del poder hace tres años y Lula mejoró desde entonces indicadores sociales clave, con crecimiento de la economía y el empleo y una recuperación de los ingresos populares, Flavio Bolsonaro llegó a superar a Lula en algunas encuestas de segunda vuelta. En Ecuador, Daniel Noboa consolida un régimen autoritario que combina la persecución sistemática de activistas y opositores con un inquietante entrelazamiento institucional con el narcotráfico. En Chile, José Antonio Kast gobierna desde marzo de este año. Los ejemplos podrían multiplicarse: la Turquía de Erdoğan, la India de Modi, El Salvador de Bukele o el Israel de Netanyahu. La fuerza global de este fenómeno es impresionante.
Aunque la extrema derecha aún resiste caracterizaciones definitivas por ser un fenómeno heterogéneo y en desarrollo, los eventos de los últimos años obligan a abandonar una tesis hasta hace poco dominante: la que veía en estos movimientos apenas una variante estridente y solo discursivamente más agresiva de la derecha tradicional. Si bien no puede descartarse una «normalización burguesa» hacia un conservadurismo convencional en ciertos casos, lo cierto es que la tendencia predominante apunta en la dirección opuesta: una amenaza autoritaria real, dispuesta a erosionar las libertades democráticas, los derechos sociales conquistados en el siglo XX e incluso la integridad física de la oposición política.
Los ejemplos se acumulan. En Estados Unidos, Trump transformó al ICE en una policía política federal de detenciones y deportaciones arbitrarias. El trumpismo ensaya con proyectarla como instrumento general de control autoritario más allá de lo migratorio: un tanteo que quedó en evidencia con la reciente sugerencia de Steve Bannon de utilizarla para «custodiar» las elecciones de noviembre bajo el pretexto de un presunto fraude en gestación. Netanyahu conduce una guerra de exterminio en Gaza y persigue judicialmente a sus opositores. Milei encara la mayor ofensiva contra la clase trabajadora desde la última dictadura militar e intensifica la represión de la protesta social. Bolsonaro impulsó un intento de golpe el 8 de enero de 2023. Bukele gobierna El Salvador bajo un estado de excepción permanente, con decenas de miles de detenidos sin debido proceso, y ha convertido ese modelo carcelario en objeto de admiración de buena parte de la derecha latinoamericana. Orbán construyó durante más de una década un régimen autoritario, la autodenominada «democracia iliberal», que el resto del bloque ultraderechista internacional ha convertido también en modelo aspiracional.
Pero el avance autoritario no equivale todavía a una consolidación duradera. En los últimos meses se sucedieron algunos episodios que parecen indicar un freno en este avance: la derrota electoral de Orbán, la caída de popularidad de Trump y su empantanamiento en Irán, el deterioro de la imagen de Milei, la derrota de Meloni en el último referéndum constitucional. Podrían citarse también ejemplos en sentido contrario: Flavio Bolsonaro primero en las encuestas, Reform UK que rompió el histórico bipartidismo británico y se impuso en las últimas elecciones municipales, el fujimorismo muy competitivo en la segunda vuelta peruana. Lo que todo esto muestra es que estamos ante una situación abierta y que la ultraderecha todavía no estabilizó su proyecto. Se trata de una batalla política en curso, con avances y retrocesos, que probablemente atraviese todo un período.
La tendencia global es todavía inestable, pero excede cualquier coyuntura pasajera. Estamos atravesando un período reaccionario, siguiendo la elaboración de Valerio Arcary: un ciclo prolongado en el que la relación de fuerzas se vuelve desfavorable por la acumulación de derrotas, la izquierda queda a la defensiva y la extrema derecha conserva un arraigo social de masas. El crecimiento electoral de las derechas es apenas un síntoma. Lo que está en juego es una alteración más profunda del equilibrio político y social, que reduce la capacidad de defensa de las clases populares y abre el riesgo de derrotas de largo alcance. Frenar a la extrema derecha es, por lo tanto, la tarea política central de nuestra época.
El caso argentino: Milei como cristalización de una derrota
En contraste con la tendencia global, buena parte de los análisis de la izquierda argentina supone que la situación política local sigue definida por el movimiento pendular de una relación de fuerzas irresuelta e inestable, usualmente descripta como polarización o empate hegemónico. En esa lectura, las fuerzas partidarias que representaban los dos polos del péndulo atravesarían una crisis paralela: así como Milei arrasó con la derecha tradicional, el peronismo sufriría en el otro campo una crisis de representación que la izquierda estaría capitalizando. Serían, como diría Tony Cliff, los años treinta en cámara lenta: un contexto de polarización en el que crecerían al mismo tiempo el neofascismo y la izquierda radical, y en el que la tarea sería prepararse para una nueva ofensiva tras el breve intervalo del gobierno de Milei.
El diagnóstico es equivocado, y de él se siguen consecuencias políticas erradas, incluso alucinadas. Las relaciones de fuerza sociales sufrieron un deterioro muy significativo en los últimos años. En un país donde durante un largo ciclo estuvo bloqueada la posibilidad de políticas de ajuste y de reformas estructurales proempresariales, una realidad con la que lidiaron tanto el kirchnerismo como el macrismo, cada uno con su propia estrategia, Milei logró imponer el «ajuste fiscal más importante de una economía en tiempos de paz» (FMI). Y lo hizo no solo sin una explosión social inmediata, sino afirmándose en el poder. Algo cambió en las profundidades de la sociedad.
Actualmente, Milei sufre un deterioro significativo de su imagen, registrado por todas las encuestas de opinión. Eso, sin embargo, no autoriza a concluir que el «empate» haya reaparecido, como si se tratara de un mecanismo que solo se hubiese demorado un poco más de la cuenta. Tras dos años de gestión, en un contexto de ingresos pulverizados y parálisis del consumo, que el gobierno conserve una aprobación de entre el 30% y el 40%, habiendo partido de un apoyo cercano al 50%, habla más de resiliencia que de debilidad. Resulta preocupante imaginar la fuerza política que podría tener si contara con una economía expansiva como la que apuntaló al primer menemismo entre 1991 y 1994. No es sorprendente que se desgaste. Lo notable es que siga en pie en el marco de un experimento de austeridad que no tiene precedentes en el período democrático.
La supervivencia política de Milei dice algo importante sobre la evolución de las relaciones de fuerzas sociales y políticas. La situación argentina ya no puede pensarse como un cuadro estático, marcado por la eterna y casi metafísica imposibilidad de resolver el histórico «empate argentino». No estamos simplemente pasando por uno de los polos de un péndulo que oscila siempre entre los mismos puntos: el propio movimiento pendular ha ido erosionando las capacidades de resistencia social. Es curioso que habitualmente se invoque el concepto gramsciano de «empate catastrófico» y se ignore la principal conclusión de su análisis: el empate catastrófico no describe un estado de parálisis permanente, sino una dinámica inestable y autoerosionante que tiende a resolverse mediante liderazgos cesaristas.
Esa modificación de las relaciones de fuerza puede seguir caminos distintos. La vía más evidente fue la represión abierta: dictaduras militares, fascismo o violencia estatal dirigidos a aplastar sindicatos y organizaciones obreras, atomizar a los trabajadores y quebrar su confianza colectiva. Otra vía, complementaria o alternativa a la coerción directa, es la derrota ejemplificadora de un sector laboral estratégico: los casos clásicos de los mineros británicos ante Thatcher o los controladores aéreos durante la era Reagan muestran cómo el quiebre de un gremio históricamente fuerte puede disciplinar al resto de la clase trabajadora. También las crisis económicas terminales, especialmente las hiperinflaciones, pueden cumplir ese papel al instalar un temor masivo y paralizante. Existe, por último, un mecanismo menos analizado, que se desprende del análisis gramsciano del «empate catastrófico»: una alteración gradual de las relaciones de fuerza producida por un bloqueo político prolongado, en el que cada fuerza logra vetar el proyecto de su adversario pero no imponer el propio. Esa dinámica erosiona las bases sociales de los propios contendientes e instala en la población una sensación generalizada de desmoralización y falta de salida. El caso argentino reciente puede leerse como un ejemplo de esta lógica.
Como muestran los trabajos recientes de Adrián Piva, en estos últimos años asistimos a la maduración silenciosa de una derrota social que explica la relativa pasividad ante un ajuste fiscal descomunal y un retroceso generalizado en los ingresos, impensables en otro momento. Este proceso tiene una base objetiva: el estancamiento económico iniciado hacia 2011-2012, que erosionó acumulativamente las capacidades de acción colectiva. La asociación intuitiva entre crisis y revuelta es, a menudo, engañosa: cuando el deterioro se estabiliza, lo que prolifera es el desempleo, el pluriempleo y la fragmentación de la fuerza laboral y, por lo tanto, el debilitamiento del poder social de la clase trabajadora.
En la Argentina reciente, a esto se sumó una inflación persistente, que llegó a cifras de tres dígitos anuales. Como observó Perry Anderson en su análisis sobre los planes de estabilización en América Latina de los ochenta, la hiperinflación puede operar como un «equivalente funcional» de una dictadura: aterroriza a la población, impone disciplina sin necesidad de coerción directa y prepara el terreno para el reclamo de orden. Aunque recientemente Argentina no experimentó una hiperinflación, sí atravesó un prolongado periodo de alta inflación que bastó para provocar un profundo desgaste y generalizar una demanda de orden. El cuadro se completó con el fracaso político del último gobierno peronista, que desmoralizó al campo progresista y alimentó una atmósfera antiestatista decisiva para el ascenso de Milei. La combinación de estos factores debilitó la fuerza combativa de la sociedad y le permitió al nuevo gobierno aplicar medidas que en condiciones «normales» hubiesen provocado una enorme resistencia.
Esta erosión silenciosa tuvo su contrapartida en la consolidación de un bloque social y político de derecha que, tras una progresiva radicalización, terminó por cristalizar en la figura de Milei. Este bloque reacciona políticamente al ciclo abierto en 2001 y, más específicamente, a la forma en que el kirchnerismo lo gestionó. Las relaciones de fuerza establecidas tras la crisis de 2001 fueron contenidas e institucionalizadas durante el primer ciclo kirchnerista. Es decir, fueron estabilizadas y, en cierto sentido, conservadas mediante la canalización parcial de las demandas populares en un marco de excepcional bonanza externa. Esa estrategia tuvo años iniciales exitosos, durante los cuales el kirchnerismo logró agrupar detrás de sí a buena parte del empresariado. Cuando la ofensiva derechista estalló en 2008, el kirchnerismo viró hacia una estrategia de acumulación política basada en la polarización y la consolidación de un núcleo duro de apoyo: generó un clima de politización e ideologización, aunque no de movilización ni de autoorganización, rasgo que lo diferenció de la experiencia venezolana o boliviana en esos mismos años. Esa politización se expresó en la incorporación de una nueva generación a la militancia con discurso antioligárquico, en la captura de gran parte de la izquierda intelectual y en la prolongación cultural del registro inaugurado en 2001.
Pero esa estrategia no desorganizó a la base social derechista que se construía en paralelo; por el contrario, en cierto modo la consolidó a través de la misma lógica de polarización permanente: abroquelar un núcleo de apoyo sobre la base de la confrontación constante con un enemigo también sirve para cohesionar y activar a ese adversario. Y el ciclo económico que había hecho posible todo el esquema, sostenido por la demanda asiática de commodities, el tipo de cambio alto heredado de la devaluación de 2002 y los salarios previamente licuados, empezó a agotarse entre 2011 y 2012.
Señalar los límites del kirchnerismo no debería convertir a la nueva derecha en un mero epifenómeno de las frustraciones progresistas. La derecha argentina contaba con agencia propia y un terreno social e institucional sobre el cual desarrollarse: clases medias antiperonistas, burguesía agraria, grandes grupos mediáticos, sectores del Poder Judicial, empresariado concentrado, apoyos internacionales y una cultura antipopular de larga duración. El fenómeno de Milei solo puede entenderse como la condensación de un proceso multicausal, en el que los límites del progresismo pesaron como factor importante entre varios. Lo confirma el hecho de que en el mundo la extrema derecha aparece como relevo de todo tipo de signos políticos: gobiernos derechistas, centristas o socialdemócratas.
La construcción del bloque derechista, por su parte, tuvo una historia propia. La estrategia kirchnerista empezó a generar tensiones con las clases dominantes ya en 2005, cuando abandonaron el gobierno los sectores que querían atenuar la incorporación de demandas populares, sobre todo la recomposición salarial, lo que se expresó en la salida del ministro de Economía Roberto Lavagna. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2008, con el «conflicto del campo». Ante esa confrontación, la mayoría de las clases medias urbanas rompieron con el bloque oficialista y recuperaron su tradicional antiperonismo. Así se construyó una identidad antikirchnerista que combinaba el rechazo al estilo populista y el deseo de distinción social respecto de los sectores populares que recibían asistencia estatal. A esto se sumó la defensa de intereses materiales concretos: desde el rechazo a las retenciones a la exportación de commodities, que unió a la burguesía agraria con las clases medias rurales, hasta la protección del ahorro en dólares, afectado por el cepo cambiario a partir de 2011. Esa identidad se consolidó antes de encontrar un instrumento político adecuado: desde 2008 existía una franja electoral, inicialmente minoritaria pero crecientemente cohesionada, dispuesta a apoyar a cualquier candidato con posibilidades reales de derrotar al peronismo. Macri la capitalizó en 2015; Milei, en 2023 (Ver Adrián Piva)
Sobre este terreno acumulado, Macri aportó la última pieza ideológica que destrabó la radicalización de la derecha. Como muestra Javier Balsa en ¿Por qué ganó Milei?, después del fracaso de su gobierno ofreció a su propia base una explicación coherente: «hicimos gradualismo en lugar de shock, no nos animamos a reprimir a quienes se movilizan para defender sus privilegios corporativos». Dar una explicación del fracaso sirve para contener a la base social propia y ofrece una estrategia a futuro, que se deriva naturalmente del diagnóstico: una terapia de choque neoliberal y la represión que sea necesaria. Esa lectura allanó el camino para quien encarnara con mayor consecuencia lo que Macri no logró hacer.
Milei representa el punto de cristalización de quince años de construcción derechista frente a un campo progresista exhausto. Su ascenso no depende únicamente de su propia fuerza, sino también de la debilidad estratégica de su adversario: el bloque social que sostuvo la relación de fuerzas parcialmente favorable posterior a 2001. La base social de la derecha salió del fracaso macrista más radicalizada. La del kirchnerismo entró en una etapa de desmoralización y confusión. Por todo esto la extrema derecha debe entenderse como un fenómeno orgánico y no como un accidente coyuntural.
Esta caracterización no implica, por supuesto, que el contexto político y las relaciones de fuerza que hicieron posible el ascenso de Milei sean irreversibles. Pero lo más probable no es un giro brusco de la situación. Si hay recomposición, tendrá un ritmo más lento y acumulativo, parecido al ciclo abierto en 1995 y que desembocó en 2001.
Milei es el subproducto de una derrota social todavía parcial; su programa busca transformarla en una derrota de largo alcance, capaz de modificar drásticamente la relación entre el Estado y la acumulación capitalista y barrer con los vestigios de «colectivismo», regulaciones laborales y derechos sociales acumulados en un siglo de conquistas obreras. En cambio, si la extrema derecha se interpreta como un fenómeno accidental, desligado de las relaciones de fuerza sociales, la conclusión será que su gobierno es inviable y que derivará en una reactivación súbita de la conflictividad. Bajo esa premisa, la izquierda no tendría demasiado que innovar: podría limitarse a su business as usual e incluso esperar un cambio drástico que reoriente el malestar social desde la extrema derecha hacia la izquierda radical. La realidad es otra: una derrota social alteró sensiblemente las relaciones de fuerza. No existe hoy una sociedad combativa en condiciones de devolver el golpe con rapidez. Eso cambia todo el cuadro.
La derrota social y sus límites
Esto no equivale a sostener que la derrota social haya producido una derechización homogénea de toda la población o una pérdida irreversible de la capacidad de resistencia. Llamo «derrota social» a una alteración práctica negativa de las relaciones de fuerza: la pérdida de capacidad de las clases populares para bloquear ofensivas regresivas que, en otro momento, habrían encontrado una resistencia mucho más intensa. Las derrotas sociales y políticas tienen alcances diversos: pueden ser coyunturales y permitir una recomposición rápida, o históricas y exigir el esfuerzo de toda una generación para revertirse, con un sinfín de matices intermedios. A esto se suma que la verdadera profundidad de una derrota nunca es evidente desde el principio; su alcance real se va descubriendo paulatinamente a través de sus efectos.
El trabajo empírico en el que se apoya Balsa, desarrollado en 2023, permite precisar esto. Sus encuestas mostraban una sociedad dividida, a grandes rasgos, en tres tercios. Un tercio con posiciones económicamente progresistas coherentes: defensa del rol del Estado, de los derechos laborales, de la redistribución. Otro tercio con un núcleo neoliberal duro. Y un tercio intermedio, más difuso: sectores centristas, moderados, apolíticos o simplemente frustrados, sin una matriz ideológica firme en ningún sentido. Como el electorado termina fracturándose en dos grandes bloques, lo que suele definir la primacía de uno u otro es cuál de las dos minorías fuertes logra atraer a la mayor parte de ese sector intermedio. No hubo, entonces, una conversión masiva de la sociedad al neoliberalismo o a la derecha: el bloque de posiciones redistributivas y el bloque neoliberal partían de una paridad numérica aproximada. Lo decisivo ocurrió en otro plano.
El fenómeno central es la radicalización de la derecha. El estudio registra la casi desaparición de los «liberales clásicos», quienes combinaban libre mercado con progresismo cultural, en beneficio de un «liberalismo autoritario» donde el credo económico convive estrechamente con el conservadurismo social, la xenofobia y el antifeminismo. Una derecha radicalizada y cohesionada, en un contexto marcado por el fracaso del último gobierno kirchnerista, tuvo la capacidad de interpelar y arrastrar tras de sí al tercio intermedio. Ese sector difuso se fragmentó entre la abstención y, en una porción decisiva, el voto a Milei, captado por un discurso visceralmente antipopular y antikirchnerista. Fue ese desplazamiento del sector intermedio, empujado por el polo derechista, lo que terminó inclinando la balanza.
No sabemos con exactitud cómo evolucionaron estas corrientes tras dos años de gobierno de Milei. El núcleo duro oficialista mostró una notable firmeza frente al ajuste fiscal y la caída de ingresos, pero la crisis actual del gobierno parece estar fortaleciendo al sector opositor de manera paulatina y abriendo grietas en la base de apoyo oficial. Incluso el empresariado empieza a evaluar una figura alternativa capaz de sostener el programa económico en caso de que el desgaste de Milei comprometa su viabilidad electoral. Sin embargo, como contratendencia, los largos años inflacionarios parecen haber sedimentado un sentido común, fundamentalmente en ese estratégico sector intermedio: la exigencia de una macroeconomía «equilibrada» y de superávit fiscal, en oposición a la tendencia «populista» a expandir el gasto «irresponsablemente». No es casual que casi todo el arco político haya incorporado la demanda de disciplina fiscal que, hasta cierto punto, brota desde abajo.
En cualquier caso, los trabajos empíricos sobre 2023 siguen siendo relevantes: existe una base social con posiciones redistributivas, equivalente en tamaño al núcleo neoliberal, dispuesta a oponerse al programa de ajuste actual. Aunque este sector progresista no es impermeable al efecto subjetivo de la crisis inflacionaria, que disciplina sus expectativas, mantiene una impugnación de fondo a la regresividad distributiva del modelo. Hoy, sin embargo, esa base funciona más como bloque ideológico que como fuerza política activa: está a la defensiva, intentando evitar lo peor. Es el reverso exacto de la radicalización de su adversario.
Los datos empíricos sobre la conflictividad social bajo Milei confirman el diagnóstico. Según la Secretaría de Trabajo, en 2025 hubo 465 conflictos laborales con paro en Argentina, la cifra más baja en dos décadas; en el sector privado fueron apenas 157, el valor más bajo de la serie estadística. Los piquetes, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Diagnóstico Político, cayeron de 8239 en 2023 a 3893 en 2025: un descenso cercano al 53% y el mínimo desde 2011. La conflictividad que sí existe es predominantemente defensiva: según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el 63,6% de los casos relevados entre enero de 2024 y febrero de 2026 corresponde a despidos.
Hubo, desde luego, grandes jornadas de movilización contra el gobierno: las marchas del 24 de marzo, la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista después de las declaraciones de Milei en Davos, los paros generales de la CGT y las manifestaciones universitarias contra la asfixia presupuestaria. Estas grandes movilizaciones muestran que la capacidad de resistencia no está quebrada, y que persiste un piso de organización y politización que, aunque contraído, constituye un punto de apoyo. Pero, por el momento, no alcanzan para alterar el cuadro de fondo: baja conflictividad laboral, contracción histórica del movimiento piquetero y ausencia de procesos sostenidos de autoorganización en los lugares de trabajo.
La asimetría con la magnitud del ajuste salta a la vista. Según el CIFRA-CTA, el salario real registrado cayó cerca de un 9% bajo la gestión de Milei, o un 13% si se utiliza un IPC elaborado sobre la base de una canasta más actualizada que la del IPC oficial. Medido con el IPC oficial, la pérdida salarial fue marcadamente desigual entre sectores: en febrero de 2026, el salario público se ubicaba 18,3% por debajo de noviembre de 2023, y en la administración pública nacional la pérdida alcanzaba el 37,2%. A esto se suma un deterioro en la calidad del empleo que se expresa en una ampliación del trabajo informal.
La debilidad también aparece en el terreno ideológico. Los recientes resultados electorales universitarios son un indicador de esta dimensión: la izquierda pierde capacidad de irradiación entre las nuevas generaciones. En las elecciones estudiantiles de la UBA, un termómetro históricamente relevante de las juventudes politizadas, registró su peor desempeño desde fines de los años noventa. Esto no implica que la juventud se haya vuelto masivamente centrista o derechista, sino que el discurso de las izquierdas, que mantiene su núcleo duro, dejó de operar como alternativa atractiva en una escala más amplia.
La baja conflictividad condiciona las hipótesis sobre cómo podría terminar el gobierno de Milei. Una derrota empujada desde abajo, por una reactivación de la movilización popular, sería sin duda el mejor escenario: desalojaría a Milei del poder y permitiría recomponer con rapidez la fuerza social del campo popular. No se puede descartar de manera concluyente un giro brusco o una explosión social; nadie posee un sismógrafo de la lucha de clases. Pero las tendencias apuntan más bien a un proceso paulatino de recomposición, no a un estallido. Por eso, la disputa por derrotar a Milei se trasladará previsiblemente al terreno electoral.
De este diagnóstico se desprende una consecuencia política importante para todo el ciclo que viene. Una eventual derrota electoral de Milei en 2027 abriría una nueva coyuntura política, pero no clausuraría por sí misma el período reaccionario. Las condiciones que lo produjeron seguirían operando: la derecha social construida desde 2008, el reflujo de la conflictividad social y la atmósfera posibilista heredada tanto de los fracasos progresistas como del radicalismo de la derecha. El caso brasileño funciona como un espejo elocuente: aunque Lula derrotó a Bolsonaro en 2022 y logró mejorar indicadores sociales clave, el bolsonarismo conserva un piso electoral cercano al 35% y sigue disputando en condiciones muy competitivas los próximos comicios.
Que una derrota electoral no clausure el período no significa que dé lo mismo infligirla o no. En una coyuntura así, ganar tiempo es una tarea decisiva. Derrotar electoralmente a Milei no basta para recomponer la fuerza del campo popular, pero le cierra el paso a una victoria estratégica de la extrema derecha: le impide aprovechar su actual ventana de oportunidad para modificar de manera duradera y regresiva la relación de fuerzas entre las clases.
Por qué no estamos en los años treinta
La lectura mayoritaria de la izquierda marxista sobre la extrema derecha invoca los años treinta como marco de referencia: crisis del orden liberal, fascismo en ascenso, polarización aguda, posibilidades revolucionarias todavía abiertas. Esa analogía es engañosa y conduce a orientaciones políticas equivocadas. Hay al menos tres razones para descartarla.
Primera: la revolución está fuera del horizonte político. Esto puede parecer obvio, o una herejía, según el contexto. En 1932 la Internacional Comunista todavía operaba con la expectativa de una insurrección inminente, y no estaba del todo equivocada. Alemania fue el escenario central. Las derrotas revolucionarias acumuladas (1918, 1921 y 1923) no habían logrado sacar de combate a la clase obrera ni a la izquierda revolucionaria, como lo atestiguaba la recuperación del Partido Comunista en esos años.
Hoy no vivimos una época en la que una ruptura revolucionaria forme parte del cuadro inmediato. La perspectiva socialista solo puede reconstruirse partiendo de esa realidad. Cuando la clase trabajadora no puede pasar a la ofensiva, la tarea principal consiste en recomponer las bases sociales y políticas de una contraofensiva futura. Esto modifica la relación con los análisis marxistas clásicos sobre los años treinta. Para Trotsky, por caso, el antifascismo tenía una doble dimensión: era al mismo tiempo una lucha unitaria defensiva de toda la clase obrera y una lucha anticapitalista directa, orientada a convertir la resistencia al fascismo en palanca de la revolución proletaria. Hoy esa segunda dimensión está ausente: ningún análisis serio puede sostener que en Argentina, Brasil, Francia, Italia o cualquier país desarrollado esté planteada en el corto plazo la conquista del poder por vía insurreccional. La tarea es defensiva, y ese punto reordena todo el razonamiento estratégico
Segundo: no existen partidos obreros de masas, al menos en el sentido de los grandes partidos reformistas de principios del siglo XX. El llamado «frente único obrero» presuponía grandes organizaciones con implantación real y masiva en la clase trabajadora, una reformista y la otra revolucionaria. Hoy ese mapa desapareció, y eso obliga a repensar qué significa la unidad de la clase cuando los partidos que históricamente la representaban cambiaron de naturaleza. Volveremos sobre esto.
Tercero: no hay polarización social, hay radicalización de la derecha. En los años treinta había movimientos de masas activos en ambas direcciones del espectro político. Hoy un solo polo está radicalizado y envalentonado; el otro permanece a la defensiva y sumido en el posibilismo. La sociedad está fracturada en dos campos enfrentados, pero esa fractura no produjo una radicalización simétrica. Se radicalizó la derecha. De esta asimetría se desprende, como explica bien Henrique Canary, que el mito de un «campo antisistema» compartido es una fantasía: no existe una radicalidad social políticamente neutra que la izquierda pueda disputarle a la extrema derecha con solo elevar el tono «antisistema» de su discurso. Lo que los ultraderechistas llaman «sistema» son, en realidad, los derechos sociales y las libertades públicas conquistadas en el período anterior: los derechos sindicales, las políticas redistributivas, la cultura «woke». Construir una versión de izquierda de esa radicalidad no acerca a la izquierda a las masas; la desconecta de los niveles reales de conciencia y combatividad popular.
La herencia estratégica del marxismo del siglo XX sigue siendo importante, pero trasladarla mecánicamente al presente conduce a una falsa analogía con los años treinta. La lección que vale conservar es la necesidad de una política unitaria y paciente, apoyada en la movilización social. En los años treinta, el frente único era una táctica para unir a una clase obrera organizada, con fuerte implantación y capacidad ofensiva. Hoy, una política de masas contra la extrema derecha parte de un terreno mucho más adverso: una clase trabajadora más fragmentada, con menos confianza en sus propias fuerzas y menores niveles de conciencia y combatividad.
¿Frente popular antifascista?
¿Qué valor tienen, entonces, los debates que el marxismo desarrolló ante el ascenso del fascismo en el siglo pasado, en particular los referidos al frente único obrero y al frente popular? Vale la pena volver sobre el debate marxista de los años veinte y treinta. El frente único fue debatido por primera vez en 1922 en la Internacional Comunista y retomado luego en la lucha contra el fascismo. Lenin fue categórico respecto de su importancia: quien no comprendiera el frente único estaba perdido para el movimiento comunista. Perry Anderson lo definió como «el último gran consejo de Lenin al movimiento obrero occidental antes de su muerte». Para Gramsci, en la política del frente único parecía estar en juego algo más que la unidad defensiva con los reformistas. Allí se encontraba, en embrión, una nueva concepción de la política revolucionaria en condiciones occidentales: el pasaje de la guerra de maniobra a la guerra de posiciones, y de la teoría de la ofensiva a la teoría de la hegemonía.
El frente único fue un esfuerzo por unificar y cohesionar la actividad del conjunto de los trabajadores, y no solo la de aquellos que seguían al partido revolucionario. Su lógica es relativamente simple. Las masas necesitan unir sus fuerzas para defenderse. Los revolucionarios, a su vez, están en mejores condiciones de disputar la dirección del movimiento si aparecen como su ala más unitaria, no como un factor de división. Como las masas aprenden sobre todo de su propia experiencia, la delimitación con el reformismo surge del curso mismo de la lucha, cuando esas direcciones muestran su incapacidad para llevarla hasta el final. A partir de allí pueden plantearse escenarios más complejos, como un gobierno de frente único: un gobierno unitario de las organizaciones de la clase obrera, reformistas y revolucionarias, concebido como momento transitorio en la lucha por el poder.
El problema es que, un siglo después de aquel debate, la realidad de la clase trabajadora y de la izquierda no podría ser más distinta. Como señalamos, el frente único de los años veinte presuponía la existencia de dos socios reales con implantación masiva en la clase obrera: un partido socialdemócrata reformista y un partido comunista revolucionario. Ese mundo ya no existe. Las socialdemocracias europeas tradicionales, como el PS francés o el PSOE, dejaron de ser partidos obreros genuinos hace décadas; hoy tienden a convertirse en representantes cada vez más orgánicos de sus burguesías, aunque conservan todavía un vínculo con la clase obrera que los diferencia de los partidos burgueses convencionales. Las nuevas fuerzas de izquierda, como Die Linke, Podemos o La France Insoumise, son actores significativos, pero su fuerza se expresa sobre todo en el terreno electoral y no se traduce en una implantación orgánica de masas. Las experiencias neopopulistas en América Latina, como el kirchnerismo o Morena, tampoco pueden caracterizarse como fuerzas reformistas independientes. Si bien poseen un arraigo social más profundo que la socialdemocracia europea, son formaciones que articulan simultáneamente vínculos con fracciones de las clases dominantes y con sectores populares.
Si el frente único presuponía la unidad de fuerzas obreras que, en conjunto, constituían una mayoría social y electoral, hoy no resulta claro quién podría ocupar ese lugar. ¿La unidad debería darse entre pequeños grupos revolucionarios de peso marginal y aparatos electorales profundamente integrados a las redes económicas y políticas de las clases dominantes? ¿Qué significa hablar de frente único cuando ya no existen dos grandes partidos obreros disputándose la dirección de una clase trabajadora organizada, sino izquierdas fragmentadas, aparatos electorales inestables y movimientos populares mucho más débiles? La política unitaria sigue siendo necesaria, sobre todo allí donde existen organizaciones de izquierda y de la clase trabajadora. Pero el mapa en el que operamos ya no es el mismo.
Esta discontinuidad histórica respecto al paisaje partidario del siglo XX conduce a una conclusión: en la actualidad, la unidad exclusiva de las fuerzas de izquierda con base en la clase trabajadora, aunque persista como eje organizador de la política socialista, probablemente sea insuficiente para frenar a la extrema derecha. Este escenario desplaza el debate hacia un terreno más espinoso: la posibilidad de acuerdos puntuales con sectores disidentes de la burguesía o con socialdemocracias profundamente institucionalizadas. Ante este dilema, surge inevitablemente el recuerdo del debate sobre los frentes populares impulsados por la Internacional Comunista (IC) a partir de su VII Congreso en 1935.
El Frente Popular fue la política de la IC que sucedió a la táctica ultraizquierdista de «clase contra clase», aquella línea que identificaba a la socialdemocracia con el fascismo y rechazaba cualquier unidad de acción con sectores reformistas. Bajo esta nueva orientación, la IC giró hacia una estrategia de alianzas no solo con partidos obreros, sino también con partidos burgueses «democráticos» en la lucha contra el fascismo.
Esta política fue cuestionada por León Trotsky. El revolucionario ruso identificó con precisión los riesgos centrales: que la coalición con la burguesía liberal funcionaría como un freno de la movilización obrera, y que los Partidos Comunistas, atrapados en la necesidad de no «asustar» a sus aliados, terminarían operando como la última barrera contra una posible ruptura revolucionaria.
En momentos de polarización aguda o de ascenso revolucionario, el Frente Popular operó muchas veces como un mecanismo de contención. La crítica de Trotsky apuntaba a ese núcleo: la alianza con la burguesía liberal tendía a disciplinar a la clase trabajadora, subordinando sus objetivos propios al mantenimiento de la coalición. Francia y España ofrecieron ejemplos dramáticos de ese límite.
Pero la experiencia histórica fue más ambigua que la versión simplificada del canon trotskista. Las victorias electorales del Frente Popular también reforzaron la confianza de las clases populares y actuaron como detonantes de movilización. El triunfo de Blum desembocó en las huelgas de junio de 1936; en España, la victoria del Frente Popular antecedió a una extraordinaria movilización obrera y campesina, que alcanzó su punto más alto en la resistencia al golpe franquista. Que el estalinismo haya buscado luego contener y disciplinar ese proceso no anula el hecho de que, en su fase inicial, el antifascismo unitario contribuyó a activar energías populares que estaban latentes.
Perry Anderson señaló que Trotsky cometió errores sectarios en sus escritos sobre Francia y España, al subestimar la necesidad de alianzas con sectores no obreros en defensa de las libertades democráticas, una flexibilidad que en cambio sí había mostrado frente al ascenso del nazismo o en su experiencia práctica ante el intento de golpe de Kornilov en agosto de 1917. Pero, pese a esos errores, el análisis de Trotsky sobre el caso francés captó la ambivalencia del Frente Popular, y resultó más matizado e interesante de lo que suele reconocerse. Ya en 1934 escribía que, si los socialistas franceses llegaran a ganar la confianza de la mayoría, los revolucionarios estarían «siempre preparados para defender contra la burguesía a un gobierno de la SFIO». Una vez constituido el gobierno de Blum, la táctica que propuso no fue la oposición frontal, sino una combinación de presión desde abajo y exigencias parciales a la dirección. En una carta del 21 de junio de 1936 dirigida a sus seguidores franceses, Trotsky advertía que repetir la consigna de huelga general «sin definirla ni concretarla sería un error», y preveía que la próxima oleada de huelgas se dirigiría, con toda probabilidad, no contra Blum, sino contra sus enemigos: las «doscientas familias», los radicales, el Senado y el Estado Mayor. Para Trotsky, esta distinción era decisiva: «No metemos a Léon Blum en el mismo saco que a los de Wendel y de La Roque. Acusamos a Blum de no entender la formidable resistencia de los de Wendel y de La Roque». De allí se desprendía la obligación de presentarse ante la clase trabajadora «no como un estorbo, sino como personas que quieren que la cosa avance».
Este punto permite extraer una conclusión estratégica probablemente antiintuitiva para el sentido común de la izquierda marxista: en muchas ocasiones, las masas no se radicalizan a pesar de confiar en las direcciones reformistas, sino a través de esa confianza. La movilización popular suele comenzar cuando amplios sectores perciben que existe una fuerza política capaz de traducir sus demandas en resultados concretos. Esa fuerza, en las primeras fases de un ascenso, suele ser una dirección moderada, nacional-popular o reformista. Sin ese primer momento de confianza, difícilmente haya un segundo momento de presión, desborde o radicalización. Postular el desborde como punto de partida, en lugar de entenderlo como resultado posible de un proceso, es confundir el desenlace con sus condiciones.
Como mostraron las huelgas de junio de 1936, el triunfo del Frente Popular funcionó como detonante de la acción directa. La misma lógica puede observarse en otros procesos. En el Chile de la Unidad Popular, la confianza en la «vía electoral al socialismo» liberó una movilización que llegó a desbordar por izquierda al propio Allende, con las tomas de fábricas y los cordones industriales. La Argentina de 1973 ofrece otro ejemplo: la asunción de Cámpora en mayo y la de Perón en octubre alentaron una radicalización del campo popular que el peronismo no controlaba, acompañada por un aumento significativo de la conflictividad obrera. Los ejemplos podrían multiplicarse.
Sin equiparar procesos históricamente distintos, todos muestran una lógica que importa retener: la confianza en una dirección política popular o reformista puede liberar energías sociales que esa misma dirección no controla por completo. El triunfo electoral, cuando las clases populares lo viven como una victoria propia, modifica el ánimo colectivo, eleva las expectativas sociales y vuelve más verosímil la idea de que luchar sirve. Esa dinámica no garantiza una salida progresiva; también puede ser contenida o derrotada. Pero desmiente la idea de que toda mediación reformista solo produce pasividad.
Entonces, ¿qué forma debe tomar la unidad de las fuerzas populares y su relación con los partidos liberales o centristas en la lucha contra la extrema derecha?
Hay que distinguir dos cosas. Por un lado, el Frente Popular como subordinación estratégica del movimiento obrero a la burguesía, bajo la consigna implícita de desmovilizar para no «asustar» a los aliados. Por otro, la acción unitaria, puntual y transitoria, estructurada sobre un objetivo limitado y preciso: cerrarle el paso a la reacción y defender las libertades democráticas amenazadas. Esta última modalidad permite mantener la independencia política de la izquierda, bajo la premisa de que la tarea central, al día siguiente, sigue siendo la recomposición autónoma de la clase trabajadora. La tradición marxista no ha rechazado este segundo tipo de intervención. Por ejemplo, la unidad de acción contra las dictaduras en América Latina contó con la participación de componentes burgueses, incluso inicialmente en procesos que culminaron en revoluciones, como en Nicaragua o Cuba.
La coalición Lula-Alckmin de 2022 en Brasil no representó una bella expresión del marxismo revolucionario; tampoco lo hizo el Nouveau Front Populaire que, en 2024, bloqueó provisionalmente el acceso del lepenismo al poder en Francia. En ambos casos se trató de salidas defensivas, nacidas en correlaciones de fuerza adversas, que cumplieron una función inmediata: desalojar o frenar a la extrema derecha. Pero en ninguno de los dos casos la conducción de la alianza quedó en manos del ala burguesa liberal. En Brasil, fue Lula quien encabezó el proceso y no los partidos del Centrão; en Francia, la hegemonía recayó en la fuerza encabezada por Mélenchon y no en el Partido Socialista. Ese equilibrio interno abrió un doble terreno de disputa: contra la reacción, mediante frentes con competitividad electoral real, y dentro del propio «campo antifascista», para evitar que la lucha contra la ultraderecha derive en gobiernos de gestión socioliberal que terminen desmovilizando y desmoralizando a las clases populares. Una alianza amplia dirigida por el centro tiende a convertir la lucha contra la extrema derecha en defensa del orden existente; una alianza amplia con hegemonía de una dirección reformista o populista puede, en cambio, abrir un terreno de disputa más favorable, sobre todo cuando se apoya en la movilización y en un programa de recomposición social.
La cuestión actual es traducir la lección unitaria a un mapa social y político profundamente distinto del de los escenarios antifascistas del siglo XX. En un período reaccionario, la unidad contra la extrema derecha es indispensable, pero su contenido, su conducción y su relación con la movilización popular son materia de disputa. Una política socialista que solo se delimita o denuncia queda por debajo de la tarea. La izquierda debe intervenir en el «bloque antifascista» como su ala más consecuente: empujar la unidad contra la reacción sin disolver la independencia de clase y ligar cada batalla democrática a la recomposición material y organizativa de las clases populares.
¿Radicalizar? ¿Ir al centro?
En la izquierda y la oposición a Milei circulan dos respuestas opuestas frente a la extrema derecha.
La primera, predominante en el peronismo y el progresismo, sostiene que es necesario moderarse para sintonizar con el nuevo clima ideológico de la sociedad y captar el voto centrista que suele oscilar entre uno y otro bloque. Como suele suceder, en esta orientación no operan solo razones ideológicas. También expresa un consenso amplio en la élite política sobre la necesidad de poner freno a la expansión fiscal, que durante el ciclo anterior había funcionado como una forma de contener demandas populares.
El argumento apunta a un problema real: el sector intermedio existe, oscila, y sin él no se gana una elección. ¿Cómo disputar, si no, a los sectores apolíticos, centristas o frustrados que hasta hace poco se inclinaban hacia Milei o se refugiaban en la abstención? El problema es que el giro al centro, o directamente a la derecha, prepara el terreno para futuras derrotas. La experiencia del último gobierno peronista es la evidencia más cercana: una amplia coalición que prometía recomponer los ingresos terminó administrando el ajuste con discurso progresista y le cedió a la extrema derecha el monopolio del descontento.
En el polo opuesto, se sostiene que el crecimiento de la extrema derecha es inseparable de la frustración producida por la moderación progresista. La respuesta, entonces, sería radicalizar el programa: dar una respuesta más nítida a las necesidades populares y fortalecer al movimiento popular en la lucha contra la extrema derecha. La intuición es correcta. Pero todo depende de qué se entienda aquí por «radicalizar».
Conviene avanzar con cuidado. Al menos en lo inmediato, no existen condiciones sociales ni políticas para medidas de ruptura con la burguesía o de intervencionismo abrupto sobre la gran propiedad. Como vimos, no existe una radicalidad «antisistema» neutra que la izquierda pueda disputar elevando el tono de su discurso. Pretender competir en ese registro conduce al aislamiento.
Las experiencias recientes más exitosas de la izquierda a nivel global, como la de Zohran Mamdani en Nueva York, La France Insoumise o Adelante Andalucía, suelen citarse como ejemplos de radicalización a la izquierda. Pero, en rigor, hacen otra cosa: rompen con el modelo socioliberal de la socialdemocracia convencional sin levantar un programa socialista ambicioso. La consigna central de Mamdani fue el costo de la vivienda y de la vida en Nueva York, no la Viena Roja. El resto de los casos va en la misma dirección. En esta coyuntura, la unidad contra la extrema derecha necesita apoyarse en un «programa mínimo», en el sentido clásico de la distinción socialdemócrata entre programa mínimo y programa máximo: un conjunto de medidas que, en las condiciones actuales, permitan mejorar la vida cotidiana de la clase trabajadora, recuperar confianza colectiva y bloquear la arremetida autoritaria.
Sería excesivo llamar a esto una radicalización en sentido estricto, al menos en el sentido que un socialista asigna a la expresión. Pero sí obliga a tensionar el programa que los distintos sectores de la clase política, incluido en buena medida el kirchnerismo, están dispuestos a asumir. El último gobierno peronista frustró a su base social porque incumplió incluso las modestas promesas de recomposición del salario y de los ingresos populares tras el ajuste del macrismo, más que por haber enfrentado una presión desde abajo orientada a reformas estructurales profundas. Esa frustración no responde solamente a la voluntad o los errores de los dirigentes, sino también a condicionamientos estructurales sobre los que volveré más adelante.
Las alternativas a Milei
Sin descartar una reelección de Milei, hipótesis que la consistencia de la base social de la derecha vuelve plausible, sobre todo si la situación económica mejora, hay que preguntarse qué escenarios realistas podrían abrirse después de 2027. A grandes rasgos, se perfilan cuatro.
El primer escenario es una continuidad dentro del propio espacio: un cambio de candidatura que conserve el programa y los métodos, con una figura como Patricia Bullrich capaz de unificar a LLA y al PRO y capitalizar el desgaste de Milei. Sería una continuidad del proyecto ultraderechista, no un giro hacia la derecha convencional. Otra posibilidad es un relevo por la centroderecha tradicional, con Macri o lo que quede del PRO ofreciéndose como una gestión más ordenada del mismo rumbo económico, aunque probablemente con menor intensidad autoritaria. Una tercera variante es la derecha peronista: Massa o algún dirigente conservador similar, capaz de capitalizar el desgaste desde un peronismo amigable con el mercado. Por último, aparece alguna forma de reedición del kirchnerismo o del progresismo, con Axel Kicillof como nombre más probable por el momento.
Las tres primeras hipótesis son, en lo esencial, variantes de continuidad del programa económico, atenúen o no los métodos autoritarios. Por eso conviene detenerse en la cuarta, que es la que algunos sectores de la izquierda imaginan como horizonte deseable.
¿Qué podría esperarse de un nuevo gobierno kirchnerista? No demasiado. No sería un gobierno de ruptura ni de enfrentamiento drástico con las clases dominantes; el kirchnerismo nunca manifestó ambiciones de ese tipo. Pero eso no significa que un gobierno así sea indiferente desde el punto de vista de los intereses populares. La pregunta de fondo es si existen condiciones para recrear una experiencia redistributiva como la que caracterizó al primer kirchnerismo. Esa experiencia tuvo lugar en una configuración política, económica e internacional muy particular: la bonanza impulsada por la demanda asiática, combinada con una relación de fuerzas parcialmente favorable a las clases populares tras 2001 y un salario muy depreciado por la crisis y la devaluación abrupta que llevó a cabo el gobierno de Duhalde.
La situación actual es más ambigua. Argentina acumula un retraso importante en competitividad y productividad, lo que alimenta las presiones empresariales por reformas flexibilizadoras y de ajuste fiscal. En el plano internacional, hay señales de un nuevo ciclo de aumento de los ingresos por exportaciones, aunque de resultados todavía no inmediatos, esta vez impulsado por la demanda de nuevos productos exportables: petróleo y gas no convencional, litio, cobre y otros minerales críticos. Pero la relación de fuerzas está mucho más degradada. El contexto excepcional en que el empresariado toleró un gobierno con rasgos de autonomía, a condición de restablecer el orden social, como ocurrió con el primer kirchnerismo, ya no existe. Cualquier gobierno alternativo enfrentaría probablemente una hostilidad permanente de «los mercados». Por último, el retraso salarial impuesto por Milei, que se arrastra desde los gobiernos de Macri y Fernández, sumado a las reformas estructurales en curso, puede facilitar un proceso de inversiones, a condición de que los empresarios consideren que hay un «clima favorable a los negocios». En suma, existe cierto margen para una recuperación económica y para una política parcialmente redistributiva sin modificaciones drásticas de la estructura económica ni de la gran propiedad, algo que ningún sector del peronismo se propone. Pero ese margen es más estrecho que el que tuvo a su favor el primer kirchnerismo.
En cualquier caso, ese margen estrecho no define por sí solo la orientación política de un gobierno alternativo. Lula ganó en 2022 con un programa de recomposición modesta de los ingresos populares. Durante la primera etapa de su gobierno, la adaptación a las expectativas de las clases dominantes y la postergación de algunas medidas progresivas desgastaron su base y dieron aire al bolsonarismo. El cuadro empezó a modificarse cuando el gobierno retomó una agenda social más nítida: ampliación de la exención del impuesto a la renta para trabajadores de ingresos bajos, mayor carga sobre los sectores de altos ingresos, inversión pública a través del Nuevo PAC y medidas de crédito para sectores precarizados. Esa orientación le permitió recuperar iniciativa política y recomponer parcialmente su popularidad. Actualmente, la consolidación de su gobierno avanza al ritmo de la campaña por la reducción de la jornada laboral, cuya aprobación significaría un triunfo de amplio alcance.
La lección brasileña permite medir los límites y las potencialidades que abriría una derrota electoral de Milei a manos de una fuerza parcialmente progresista proveniente del peronismo. Un gobierno de ese tipo, a diferencia de uno de derecha tradicional o de derecha peronista, abriría mejores condiciones para la presión desde abajo. Sus compromisos con su base social, los sindicatos y las expectativas populares que despierta lo volverían más permeable a la movilización, sin que la izquierda deba comprometer por eso su independencia política. El objetivo sería avanzar en un programa de recuperación de ingresos y derechos populares, junto con la defensa de las libertades democráticas y de las organizaciones sindicales y sociales frente al autoritarismo.
Tareas de la izquierda
Milei expresa una derrota social parcial e intenta convertirla en una reconfiguración duradera de las relaciones de fuerza. Ese diagnóstico fija el punto de partida: la izquierda no puede esperar pasivamente el final de su gobierno como si se tratara de una coyuntura más dentro del péndulo argentino. La «utopía movilizadora» de la coyuntura es cerrarle el paso a la extrema derecha y crear un terreno más favorable para la recomposición popular. Llevar esa orientación a la práctica exige construir unidad contra la reacción sin perder independencia política. Exige, además, una tarea más lenta: reconstruir la fuerza social, sindical, territorial y cultural del campo popular. Las discusiones más difíciles empiezan cuando se trata de darle un contenido concreto a la orientación unitaria: con qué programa, bajo qué conducción y con qué relación entre intervención electoral y movilización desde abajo.
Antes de avanzar, hay que despejar un espejismo. En los últimos meses trascendieron encuestas que colocan a Myriam Bregman entre los dirigentes con mejor imagen, en algún caso incluso en el primer lugar. El dato es auspicioso. Pero no equivale a intención de voto ni, menos aún, a una radicalización de masas hacia la izquierda. Una figura de izquierda puede ser valorada por sectores mucho más amplios que su base electoral sin convertirse por eso en una alternativa política efectiva. En Francia, Olivier Besancenot llegó a tener cerca del 60% de imagen positiva a fines de la década de 2000, por encima de las principales figuras del Partido Socialista y de la derecha, sin que la LCR ni el NPA superaran nunca el 5% en una elección presidencial. Una parte de la sociedad puede valorar la honestidad, la combatividad y el carisma de una figura sin compartir sus ideas ni creer que pueda resolver sus problemas concretos.
El crecimiento de una figura de izquierda no contradice necesariamente el carácter defensivo del período. En un contexto de crisis del peronismo, pero donde persiste un núcleo social progresista relativamente consistente, es natural que un sector importante vea con simpatía a Bregman sin romper necesariamente con el campo nacional-popular. El trabajo de Balsa confirma esa distancia entre simpatía, identidad política e intención de voto: en 2023, cuatro de cada diez votantes de Bregman en las primarias migraron hacia Massa en las generales, y el 58% de ellos se sentía en realidad cercano al oficialismo. Buena parte de ese electorado funciona como una frontera porosa del voto nacional-popular: expresa descontento votando a la izquierda en las primarias o en elecciones no decisivas, y vuelve al peronismo cuando el riesgo de la derecha se vuelve inminente.
El fenómeno es, de todos modos, un síntoma positivo: expresa la valoración de una voz percibida como coherente en un campo progresista cansado de los candidatos conservadores que le ofrece el peronismo. La cuestión decisiva es qué se hace con esa buena imagen. Y aquí reaparece el techo del Frente de Izquierda, que es ante todo un techo de comprensión del período. En la práctica, sus principales corrientes tienden a tratar a Milei como un fenómeno pasajero y a desplazar el eje de la discusión desde cómo derrotar a la extrema derecha hacia quién dirige la oposición: el peronismo o la izquierda. Esa lectura vuelve imposibles las tareas unitarias, que son justamente las únicas que permitirían a la vez cerrarle el paso a Milei y consolidar el crecimiento de la izquierda. Una izquierda dispuesta a operar como ala combativa de un amplio bloque contra la reacción, capaz de proponer las medidas unitarias que la situación exige sin renunciar a su independencia, podría salir reforzada de este ciclo en el mismo movimiento en que contribuye a frenar a la extrema derecha. Por ahora, lamentablemente, no hay señales de que ese giro vaya a producirse.
El desgaste del gobierno abre una oportunidad para la izquierda, siempre que se oriente de otro modo. Hay un núcleo social que no se dejó arrastrar por la reacción y que valora voces percibidas como coherentes y combativas. Esa oportunidad debe trabajarse en varios terrenos. El primero es la calle: confluir de la manera más amplia posible en cada conflicto defensivo concreto, contra la reforma laboral, en defensa de la universidad y la salud públicas, contra los despidos y frente a la represión de la protesta. La unidad de acción no exige acuerdo programático ni disolución de las identidades.
En el terreno electoral, la tarea es construir tácticas transitorias que reconozcan la realidad y las amenazas en juego. La izquierda debe partir de un dato elemental: no tiene hoy la fuerza para desalojar por sí sola a Milei del gobierno. Esto es evidente. Si la prioridad es impedir que la extrema derecha consolide su ciclo de reformas regresivas y su endurecimiento autoritario, entonces no puede descartarse algún tipo de apoyo puntual, crítico y delimitado a la candidatura que esté en condiciones reales de derrotarla, previsiblemente surgida del peronismo o de un bloque progresista más amplio. Negar este problema en nombre de la independencia política desplaza a la izquierda hacia una posición testimonial en el momento en que se juega la posibilidad de cerrar el paso a una derrota de mayor alcance.
Ahora bien, ese apoyo, allí donde resulte necesario, no debe confundirse con integración ni con confianza política en un futuro gobierno peronista: sería estrictamente defensivo, orientado a desalojar a la extrema derecha. Como argumentamos antes, un eventual gobierno peronista difícilmente rompa con los condicionamientos estructurales de la economía argentina, y probablemente tienda a una estabilización moderada, pactada con sectores del empresariado y limitada por el mandato de disciplina fiscal sedimentado por la crisis inflacionaria. Pero cerraría el camino a la extrema derecha y sería más permeable a la presión desde abajo. Por eso la izquierda debe intervenir en una doble clave: contribuir a cerrar el paso a Milei y prepararse desde el primer día para actuar con plena independencia frente a ese gobierno, exigiendo medidas de recomposición popular y apoyándose en la movilización social. Que esto es perfectamente posible lo muestra una experiencia cercana. En Brasil, el PSOL se construyó como fuerza de izquierda independiente del PT, combinando autonomía política, acción unitaria contra el bolsonarismo y acuerdos puntuales con el lulismo cuando la coyuntura lo exigía. Y en todo ese proceso fortaleció su inserción y su influencia.
En el plano estratégico, la tarea es más lenta y más decisiva. Una victoria electoral puede abrir un terreno más favorable, pero no cambia por sí sola las relaciones de fuerza. Ese cambio exige recomponer la fuerza social del campo popular: organización en los lugares de trabajo y en los barrios, recuperación de la vida sindical, reanimación de la conflictividad social y disputa de la hegemonía cultural. Hay que reconstruir las instituciones obreras y populares, en el terreno sindical, partidario y asociativo, que dan densidad social a cualquier proyecto de transformación más ambicioso. Allí se juega la posibilidad de forjar nuevas fuerzas políticas, capaces de superar por izquierda los límites de las experiencias progresistas previas. Solo sobre esa base será posible construir una alternativa de fondo al orden neoliberal en crisis y a la reacción ultraderechista, y no meras coaliciones defensivas.
Nada de esto garantiza nada. El período es adverso y puede empeorar. Pero la izquierda está ante un dilema: comprender el momento, ganar tiempo para una recomposición y construir una orientación unitaria, o desperdiciar la oportunidad mientras contempla, desde el autoaislamiento, cómo la derecha consolida su victoria. En cada país donde la extrema derecha avanza, más allá de sus peculiaridades nacionales, reaparece el mismo problema: cómo evitar el aislamiento sectario sin diluir la independencia política, y cómo construir una unidad que acumule fuerza real para derrotar a la reacción. De cómo se resuelva esa disyuntiva depende, en buena medida, hacia dónde se incline el período.
Martín Mosquera es el editor de la revista Jacobin
Hacerse cargo del dolor
