La CGT es el espacio opositor que más hizo por los trabajadores en la era Milei
En el balance provisorio de la confrontación contra el programa de desregulación de Javier Milei, hay un dato político que el peronismo institucional todavía no termina de asumir: hasta ahora, la estrategia más eficaz para ponerle límites concretos al gobierno no vino del Congreso sino del movimiento obrero organizado. Mientras diputados y senadores del peronismo oscilaron entre derrotas parlamentarias, retrocesos tácticos, votos contradictorios y una dificultad evidente para construir una mayoría propia, la CGT logró instalar una línea de acción mucho más efectiva: paro general, conflictividad organizada y judicialización. No se trata de una consigna, sino de un hecho. La ofensiva libertaria encontró sus primeros límites reales en la calle y en los tribunales, más que en los recintos.
En ese cuadro, también conviene ordenar otra discusión: el Frente Sindical Unidad no actuó contra la CGT, sino que complementó su estrategia. Allí donde la central obrera priorizó la construcción de paros nacionales, la acumulación institucional y la batalla judicial, el Frente Sindical Unidad reforzó esa orientación con una política de mayor movilización callejera, adhesión activa a las huelgas y presencia sostenida en el conflicto. No hubo dos estrategias antagónicas, como a veces se quiso instalar, sino una división de tareas dentro del mismo campo del movimiento obrero: la CGT como gran articuladora del paro y la judicialización; el sindicalismo más combativo empujando la calle, la presión social y la densidad militante. En esa complementariedad, y no en una falsa grieta sindical, estuvo una parte importante de la eficacia.
Los resultados están a la vista, aunque haya que narrarlos con rigor y sin triunfalismo. Fue la CGT la que primero consiguió voltear el capítulo laboral del DNU 70/23 en la Justicia, en un fallo histórico que declaró inconstitucional el Título IV de la reforma laboral impulsada por Milei. Más tarde, ya sobre la nueva ley de “modernización laboral”, la central volvió a judicializar el paquete y obtuvo una cautelar que suspendió provisoriamente 82/83 artículos sensibles de la reforma, entre ellos varios vinculados a huelga, representación sindical, teletrabajo y alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque luego parte de ese freno quedó sometido a revisión en instancias superiores. Incluso el intento de trasladar competencias de la Justicia del Trabajo fue objeto de una ofensiva judicial sindical específica. Es decir: aun con fallos parciales, reversibles o en disputa, la mayor cantidad de obstáculos reales al programa laboral libertario los produjo el movimiento obrero organizado y no la oposición parlamentaria.
Por eso también resultan, muchas veces, desmedidas ciertas críticas a la CGT. Se le exige una radicalidad abstracta, como si no hubiera desplegado ya un repertorio de medidas de enorme intensidad para un gobierno con menos de tres años de mandato. Milei llegó a enfrentar un tercer paro general en tiempo récord y luego incluso un cuarto en menos de dos años, algo que lo ubica entre los presidentes que más rápidamente chocaron con la central obrera desde la recuperación democrática. A eso hay que sumar que la CGT no se limitó al paro clásico: acompañó o respaldó movilizaciones sectoriales y multisectoriales, incluyendo las vinculadas a la defensa del financiamiento universitario, además de sostener una estrategia judicial persistente. Se puede discutir ritmos, formas o alcances, pero no negar que la central ha sido, hasta acá, uno de los principales factores de resistencia real frente al proyecto libertario.
Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Trabajo recogió el guante de una discusión que Milei quiso clausurar con una falsa “modernización” sin derechos. Allí donde la reforma libertaria ignoró o degradó los problemas del trabajo en el siglo XXI, la gestión bonaerense avanzó en sentido contrario. Axel Kicillof anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales, una iniciativa que Walter Correa defendió públicamente como respuesta a la exclusión de miles de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones del marco general de protección laboral. No es un detalle menor: mientras el gobierno nacional llama modernización a la desprotección, la Provincia propone modernizar reconociendo nuevos sujetos laborales, regulando algoritmos, exigiendo seguros y ordenando un universo de autoexplotación que la crisis volvió masivo.
En la misma línea se inscribe el nuevo Consejo Bonaerense del Trabajo impulsado por Walter Correa: una mesa tripartita ampliada que busca reunir al Estado, los municipios, las organizaciones sindicales y el empresariado para discutir empleo, conflicto, producción e industria en clave estratégica. La propia resolución que lo crea permite leerlo como algo más que una instancia administrativa: es un ensayo de reconstrucción política del diálogo entre trabajo, producción y Estado, con reminiscencias explícitas al Congreso de la Productividad del primer peronismo. Si de allí surge una agenda para pensar una reforma laboral progresiva, una política industrial bonaerense y un plan de gobierno articulado con la economía real, no será exagerado decir que, en esta etapa, CGT y Ministerio de Trabajo bonaerense vienen haciendo más para enfrentar el programa de Milei que buena parte de las estructuras tradicionales del peronismo institucional. La calle, los tribunales y una nueva imaginación productiva parecen estar, por ahora, más del lado del movimiento obrero que de los bloques parlamentarios.
En este dossier vas a conocer la palabra de los principales dirigentes sindicales de Argentina. Sus estrategias, su pensamiento y las acciones concretas que viene llevando adelante que sostienen las afirmaciones que fueron volcados en esta nota. Te invitamos a que lo leas.
La central obrera priorizó la construcción de paros nacionales, la acumulación institucional y la batalla judicial, el Frente Sindical Unidad reforzó esa orientación con una política de mayor movilización callejera, adhesión activa a las huelgas y presencia sostenida en el conflicto. No hubo dos estrategias antagónicas