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En diálogo con Más o menos bien (coproducción de AGENCIA PACO URONDO en Radio Madres AM530), Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, analizó la reforma laboral libertaria y la marcha en oposición de la CGT. 

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“La modernización laboral de moderna no tiene nada, está por fuera de la realidad del mundo del trabajo”.

“La movilización de la CGT fue contundente”.

“Hubo una estrategia integral ante las impericias del gobierno nacional”.

“Puede ser un intento de negociación, pero la CGT siempre se ha manifestado claramente cuando se trata de derechos de los trabajadores”.

“Todos los discursos hablaban de enfrentar a la extrema derecha del presidente Javier Milei”.

“La reforma es, en términos políticos, insertarnos en una neocolonia y, en términos laborales, retrotraer al pre peronismo cuando no había derechos ni legislación”.

“Entendemos que hay un cambio de paradigma en los trabajadores de plataformas”.

“Tenemos una propuesta concreta cumpliendo las recomendaciones de OIT y garantizando derechos básicos”.

“Este año vamos a superar los cien mil trabajadores capacitados”.

“Desde el 13 de junio del año pasado la Ley Bases no generó un solo puesto de trabajo”. 

“La reunión del Partido Justicialista bonaerense fue positiva”.

Lenguaje y demagogia

Uno de los rasgos más característicos de la ofensiva liberal contemporánea es la utilización demagógica del lenguaje como herramienta de inversión moral y política. Bajo consignas como la “industria del juicio”, el discurso liberal busca presentar al empleador como víctima de un sistema jurídico hostil, ocultando deliberadamente que la relación laboral es estructuralmente desigual y que el Derecho del Trabajo existe precisamente para corregir esa asimetría. En la disputa por el sentido para el caso del mundo del trabajo, el objetivo es invertir simbólica y jurídicamente la relación laboral, desplazando la figura del trabajador como sujeto de derechos y construyéndolo como un actor parasitario, responsable del supuesto “costo” que pesa sobre el empresario y que frena la productividad. Esta operación pretende eliminar toda referencia a la desigualdad real y reemplazarla por una ficción de individuos libres y equivalentes que negocian en igualdad de condiciones.

En ese marco, bajo la consigna abstracta de la “libertad”, Javier Milei inició su recorrido negando los pilares mismos del constitucionalismo social argentino. Primero, calificando a la justicia social como una aberración; luego, demonizando al Estado en bloque y presentándolo como una entidad opresiva que debe ser destruida. Sin embargo, esa prédica anti estatal es siempre selectiva y funcional para el liberalismo; no se dirige contra el Estado corporativo que garantiza negocios concentrados, fuga de capitales, evasión fiscal, captura regulatoria y la posibilidad de volver pública la deuda privada, sino exclusivamente contra el Estado Social, el único que introduce límites al poder económico y protege a los sectores subordinados, para quedarse con sus regalías.

Arturo Jauretche llamó a estas operaciones “zonceras”. Ideas repetidas hasta convertirse en verdad social, aun cuando contradicen la experiencia histórica del país o vulnere necesidades vitales de nuestra gente. La “Modernización Laboral” es una zoncera jurídica de nuevo tipo; se presenta como técnica, pero responde a un programa ideológico clásico, antiguo, profundamente antipopular, que concibe al trabajo organizado como un enemigo a disciplinar.

La lógica que subyace a este proyecto no es neutral ni simétrica. A mayor concentración de riqueza, mayor desigualdad estructural. La desregulación laboral y el debilitamiento deliberado de las garantías del trabajo no producen beneficio ni previsibilidad, sino que habilita una transferencia sistemática de recursos desde abajo hacia arriba. Cada derecho recortado, diferido o vaciado —sea en materia salarial, indemnizatoria, de jornada o de descanso— implica una redistribución regresiva del ingreso, en la que el riesgo económico es desplazado desde el capital hacia el trabajador. En ese esquema, el trabajador pierde estabilidad, previsibilidad y protección, mientras el empleador gana flexibilidad, reducción de costos, capacidad programática y de disciplinamiento. La llamada “modernización laboral”, entonces, no genera eficiencia social ni productiva, sino que consolida un orden más concentrado, más desigual y más dependiente, en el que el trabajo deja de ser un factor de integración para convertirse en una variable sacrificable al servicio de la acumulación.

Historia larga del ataque al trabajo argentino

La llamada “Modernización Laboral” no puede ser comprendida como un debate aislado sobre productividad, competitividad o costos laborales, inscripta en el tiempo político de este gobierno. Su verdadera naturaleza emerge cuando se la inscribe en una secuencia histórica larga, que comienza con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y atraviesa, con distintos ritmos y modalidades, los últimos cincuenta años de la vida nacional. Entonces, no estamos ante una novedad, estamos ante una fase final, explícita y sin mediaciones, de un proceso de demolición nacional, donde el trabajo organizado es la última barrera de resistencia.

Por eso, este uso demagógico del lenguaje no es novedoso en la historia argentina, sino que constituye una constante del liberalismo local cada vez que intentó avanzar sobre el trabajo y el Estado social. Martínez de Hoz, en 1976, habló de “normalización económica” mientras destruía el aparato industrial y desarticulaba al movimiento obrero bajo un régimen de terror; durante los años noventa, el menemismo desplegó una utilización sofisticada y eficaz del lenguaje político para legitimar un programa profundamente regresivo en materia laboral y social. Bajo consignas como “modernización”, “flexibilización”, “revolución productiva” e “ingreso al Primer Mundo”, las reformas antiobreras fueron presentadas como una adaptación inevitable al progreso. La precarización del empleo, la flexibilización laboral y el debilitamiento de la negociación colectiva se justificaron en nombre de la competitividad y la eficiencia, transformando derechos conquistados en supuestos privilegios anacrónicos que impedían el crecimiento.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el intento de reforma laboral fue presentado bajo una retórica cuidadosamente despolitizada y tecnocrática, centrada en las nociones de “modernización”, “creación de empleo”, “formalización” y combate contra la denominada “industria del juicio”. El discurso oficial sostuvo que el principal obstáculo para generar trabajo no era la estructura económica ni la concentración del capital, lógico, sino un exceso de derechos laborales, una legislación “rígida” y un sistema judicial supuestamente capturado por abogados laboralistas y trabajadores expertos litigantes. De ese modo, el trabajador volvió a ser presentado como riesgo jurídico y el empleador como víctima de un sistema adverso. En esa avanzada, el resultado fue doble. Por un lado, Macri no consiguió desmontar el estatuto laboral como sistema, pero por otro logró instalar culturalmente el núcleo del discurso liberal. La idea de que el Derecho del Trabajo es un obstáculo para el empleo y la inversión, y que la protección jurídica genera abuso. Ese legado discursivo es fundamental para entender el presente.

La reforma libertaria y el cierre de la ventana política. La CGT en la calle.

Javier Milei no parte de una hoja en blanco. Hereda una narrativa largamente construida y la radicaliza, prescindiendo de mediaciones, sin pactos sociales y sin el trabajo previo de construcción de consensos. El fin de año de 2025 no sólo condensó tensiones económicas y sociales propias del calendario argentino, sino que funciona como preludio del tercer año de gestión, históricamente el más complejo para cualquier mandato: se agota el crédito inicial, emergen los costos reales de las políticas aplicadas y se intensifica el conflicto social. Se trata de una apuesta evidente de alto riesgo, que el propio gobierno parece haber calibrado. No es casual, en ese sentido, la decisión de posponer el debate parlamentario de la reforma laboral hasta febrero de 2026. El corrimiento del calendario legislativo revela que la ofensiva contra el trabajo no carece de cálculo político; el Ejecutivo reconoce el nivel de conflictividad que la reforma despierta y eligió ganar tiempo, descomprimir tensiones de fin de año y reordenar fuerzas antes de ingresar plenamente en el tercer año de gestión.

Frente a la embestida liberal impulsada por Javier Milei que apunta a desarticular el estatuto constitucional del trabajo y a invertir de manera permanente la relación entre capital y trabajo, reapareció la CGT con una gran movilización previo a la Navidad. No como un gesto testimonial ni como una reacción tardía, sino como la expresión organizada de un límite histórico. En un contexto donde el poder económico busca avanzar sin mediaciones, debilitando derechos de los laburantes, fragmentando la protección laboral y naturalizando la desigualdad, la central obrera vuelve a ocupar el lugar que le asigna la historia argentina: el de barrera colectiva frente a la ofensiva liberal. La presencia de la CGT no debe leerse únicamente como una defensa sectorial de intereses gremiales, sino como un hecho político de mayor alcance. Cabe aclarar que desde la asunción de Javier Milei, la CGT convocó tres paros generales nacionales (enero y mayo de 2024, y abril de 2025) y encabezó múltiples movilizaciones masivas, incluida la primera huelga general a solo 45 días de iniciado el mandato.

Thatcher, Reagan y el ataque al sindicalismo

Todo adquiere mayor coherencia cuando el análisis se desplaza del plano coyuntural al marco histórico y geopolítico que lo explica. Sin incorporar esa dimensión, los ataques al sindicalismo, al trabajo organizado y al Estado social aparecen como una zaña doméstica; al integrarla, revelan su verdadera naturaleza como parte de una estrategia secuencial de largo plazo.

La ofensiva contra el sindicalismo en la Argentina y en América Latina no es un fenómeno local ni reciente, forma parte de un reordenamiento global del capitalismo iniciado a mediados de los años setenta, tras la crisis del petróleo de 1973 y la consecuente caída de la tasa de ganancia en las economías centrales. Ese punto de inflexión marcó el agotamiento del pacto social de posguerra y dio lugar a una estrategia internacional para occidente destinada a disciplinar al trabajo organizado, reducir salarios, debilitar derechos colectivos y restaurar la rentabilidad del capital. La llegada de Margaret Thatcher al gobierno británico en 1979 y de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1981 cristalizó políticamente ese giro. Ambos impulsaron una agenda explícita de confrontación con los sindicatos, entendidos ya no como actores sociales legítimos, sino como obstáculos estructurales para la acumulación.

El ataque al sindicato de mineros británicos (1984–1985) con Thatcher y la destrucción del sindicato de controladores aéreos estadounidenses (PATCO) por Reagan en 1981 no fueron episodios aislados, sino mensajes estratégicos al mundo. Desde entonces, el debilitamiento del sindicalismo pasó a ser una condición necesaria del nuevo orden económico, acompañado por desregulación financiera, apertura comercial y privatización de activos públicos. Así, el neoliberalismo no irrumpe de manera espontánea ni desordenada; tiene un preludio histórico preciso. Tras la crisis del petróleo y el reordenamiento geopolítico encabezado por las potencias centrales a fines de los años setenta, América Latina —y en particular la Argentina— se convirtió en un territorio de experimentación privilegiado de ese nuevo paradigma. Y allí, la derrota en la guerra de Malvinas marcó un punto de inflexión decisivo; debilitó la autonomía estratégica del país y facilitó la imposición de un programa económico orientado a la apertura irrestricta, la desindustrialización y la subordinación financiera como parte del nuevo pacto democrático. Ese proceso no se agotó con la dictadura, sino que continuó y se profundizó en democracia, a través de reformas estructurales, privatizaciones y reconfiguraciones institucionales que consolidaron el nuevo orden económico, al mismo tiempo que erosionaron las bases materiales del trabajo organizado y del Estado social hasta nuestros días.

Marketing, RR.HH. y la despolitización del trabajo

Ese reordenamiento global también se expresó —de manera menos visible pero no menos eficaz— en el plano cultural y formativo, en el marco del “ingreso al primer mundo” para la Argentina. Durante el ciclo menemista, al mismo tiempo que se avanzaba en la desindustrialización y la flexibilización del trabajo, se produjo una expansión masiva de universidades privadas y de carreras de fácil acceso, corta duración y rápida salida laboral: Marketing, Diseño, Recursos Humanos, Comunicación, Management. No fue un fenómeno neutro ni espontáneo, fue la traducción local de un nuevo orden mundial que ya no pretendía trabajadores organizados para un país industrial, sino individuos adaptables, gestionables y desanclados de identidades colectivas para el libre mercado.

En ese marco, lo que se transformó no fue solo el mercado de trabajo, sino su lenguaje. Allí donde históricamente se hablaba de relaciones laborales —es decir, de conflicto, de derechos colectivos y de poder asimétrico— comenzó a imponerse la gramática de los “recursos humanos”. No se derogó formalmente la figura del delegado ni se prohibió el sindicato, se los desplazó funcionalmente. El vínculo entre capital y trabajo dejó de leerse como una relación estructuralmente desigual que requiere tutela colectiva, y pasó a presentarse como una gestión individual del desempeño, del clima y del “talento”, administrada por áreas creadas y controladas por la patronal.

Ese corrimiento operó como una pedagogía cotidiana. Donde antes la mediación natural era la comisión interna y el delegado de base, la empresa buscó que el conflicto se procesara como un “caso” ante el área de Recursos Humanos. Donde antes el piso era el convenio colectivo por actividad, se empujó a que el “verdadero derecho” se jugara dentro de la empresa, con reglas propias y menor densidad colectiva. Así, sin necesidad de prohibiciones explícitas, se fue desarmando el mundo simbólico del trabajo organizado, reemplazándolo por una lógica de administración interna funcional a la fragmentación y al disciplinamiento.

Este proceso no fue un desvío cultural, sino una pieza clave del proyecto neoliberal; debilitar al sujeto colectivo del trabajo no solo en la fábrica, sino también en la formación, en el sentido común y en la identidad social. La actual ofensiva contra el sindicalismo y la reforma laboral en el nombre de la “modernización”, retoman exactamente esa tradición y esa acumulación, ahora sin eufemismos: completar, por vía normativa, una transformación que comenzó hace décadas en el plano cultural y organizacional.

Es por eso que el ataque al sindicalismo argentino no puede leerse como una disputa sectorial ni como un problema de “burocracias locales”, sino como la expresión periférica de un conflicto global que se viene impulsando desde hace décadas. El movimiento obrero organizado, por su densidad histórica y su capacidad de incidir en la política nacional, se convirtió en un objetivo prioritario para quienes buscaban reinsertar al país en una división internacional del trabajo subordinada. La actual reforma laboral retoma esa tradición; no inaugura el pleito, sino que lo reactualiza, intentando completar —por vía legislativa, jurídica y cultural— una tarea que comenzó hace casi cincuenta años, cuando el capital global decidió que el sindicalismo debía dejar de ser un actor político para convertirse en una reliquia del pasado.

La normalización jurídica de la precariedad

Si bien las reformas en el mundo del trabajo se vienen sucediendo de hecho, al ritmo de la desindustrialización, del avance del mundo financiero y la consecuente destrucción del tejido social, la reforma laboral actual propone un cambio de paradigma: el trabajo deja de ser un derecho social protegido y pasa a ser un factor productivo flexible; el trabajador deja de ser un sujeto de tutela y se convierte en una variable de ajuste; los derechos laborales dejan de ser garantías y pasan a ser costos a administrar, diferir o negociar. No se trata de una adaptación técnica al siglo XXI, sino de una inversión conceptual completa de la relación laboral, tal como era un siglo atrás.

Esta inversión no se presenta de manera frontal, no se derogan derechos en bloque, se los vacía funcionalmente. La jornada limitada sigue existiendo, pero se elimina su retribución efectiva mediante bancos de horas; la indemnización subsiste, pero se reduce, se promedia, se fragmenta o se sustituye por fondos; el descanso anual se mantiene, pero se vuelve disponible y fraccionable; la protección contra el despido no desaparece, pero se posterga, se licúa o se negocia bajo coerción económica. Es una técnica más sofisticada —y más peligrosa— que la derogación abierta; el derecho permanece como nombre, pero pierde eficacia real.

Imaginemos el efecto de esta reforma laboral si se aprueba en el contexto real de la Argentina actual. Un país donde el propio gobierno impulsa la destrucción de la industria nacional, donde no existen políticas activas de estímulo a la producción, donde el aperturismo indiscriminado de importaciones asfixia a las pymes, destruye el empleo y presiona a la baja los salarios, donde los ingresos de los trabajadores están virtualmente paralizados y donde persiste un proceso inflacionario que licúa el poder adquisitivo mes a mes. En ese escenario, una reforma que debilite la protección laboral no creará empleo ni mejorará la competitividad sistémica; más bien, abarata el despido, fragmenta trayectorias laborales y traslada el riesgo económico del capital al trabajador. El resultado no es más inversión productiva, sino mayor precarización, caída del salario real, rotación permanente de la fuerza de trabajo y debilitamiento del mercado interno, profundizando un círculo regresivo que erosiona la cohesión social y deteriora las capacidades productivas del país.

La organización vence al tiempo. El ataque por izquierda a la CGT

Dicho sin rodeos; la defensa del movimiento obrero organizado no es una consigna nostálgica ni una demanda corporativa; es una condición de posibilidad para cualquier proyecto nacional con vocación de soberanía, justicia social y democracia real. La reforma laboral en debate no busca corregir desajustes ni modernizar la producción, apunta a terminar de quebrar al sujeto histórico que, con sus límites y contradicciones, fue el principal límite al poder económico en la Argentina. Frente a ese intento, la CGT —aun desgastada, aún fragmentada— sigue encarnando una continuidad histórica que no pudo ser extinguida ni por la agenda global, ni por la dictadura, ni por el neoliberalismo de los ’90, ni por las restauraciones conservadoras posteriores. Más cerca en el tiempo, la CGT continuó siendo un blanco sistemático, incluso por parte de sectores que se autodefinen como populares pero que nunca lograron comprender que sin organización obrera no hay democracia social efectiva ni proyecto político con capacidad de perdurar. Un progresismo de matriz cultural —todavía dominante en ciertos espacios— que adopta acríticamente el relato de la “burocracia sindical” como explicación totalizante, sin advertir que esa narrativa, lejos de ser emancipadora, funciona como un dispositivo de deslegitimación del único actor colectivo con capacidad real para disputar poder y establecer límites al capital.

Durante el ciclo kirchnerista, el Movimiento Obrero fue incorporado principalmente como soporte electoral, pero rara vez reconocido como actor político autónomo, con capacidad propia de deliberación, iniciativa y poder. Esa tensión —latente desde el inicio— se volvió ruptura tras la muerte de Néstor Kirchner. A diferencia de la tradición peronista clásica, en la que el vínculo entre conducción política y organización sindical era cotidiano, orgánico y estratégico, la relación pasó a ser esporádica, instrumental y crecientemente desconfiada. La central obrera dejó de ser un espacio de construcción política para convertirse, en el mejor de los casos, en un aliado circunstancial; en el peor, en un problema a administrar. Ese desplazamiento no fue menor; al desactivar al movimiento obrero como columna vertebral del proyecto, se debilitó la base social capaz de sostener, defender y profundizar las transformaciones impulsadas desde el Estado. Uno de los errores estratégicos más profundos del kirchnerismo fue redefinir el sujeto político central, desplazando a la clase trabajadora organizada —eje histórico del peronismo— y colocando en su lugar a “la juventud” como categoría política privilegiada. No se trata de negar el valor generacional ni la dinámica de la participación juvenil, sino de advertir que el peronismo histórico nunca confundió recambio etario con sujeto social. Para Perón, el sujeto político no era una franja etaria sino una posición en la estructura productiva; los trabajadores como clase, organizados colectivamente. Al desanclar la construcción política del mundo del trabajo y de sus organizaciones reales, se debilitó la base material del proyecto y se sustituyó poder social por representación simbólica. Esa inversión terminó mostrando su límite cuando faltó fuerza organizada para defender las conquistas frente a la restauración conservadora. De hecho, la arquitectura material y política de la llamada “década ganada” fue desarticulada en apenas seis meses por el gobierno de Mauricio Macri. Esa velocidad no se explica solo por la ofensiva conservadora, sino por una debilidad de origen; la ausencia de un sujeto social organizado con capacidad real de resistencia.

La vuelta a los objetivos nacionales

Cada vez que la clase trabajadora fue apartada de la mesa donde se definen las decisiones estratégicas del país, ese ciclo histórico terminó en fracaso y tragedia social. No es una hipótesis, es una constante de nuestra historia. A esta altura, volver a recorrer ese camino no es un error ingenuo, sino una irresponsabilidad que la Argentina no puede permitirse repetir. La tarea que se impone no es exigir gestos heroicos a estructuras debilitadas, sino reconstruir desde abajo la densidad social, política y organizativa de la clase trabajadora, porque allí reside la única fuerza capaz de poner freno a la demolición en curso. No hay salida individual, no hay atajo institucional, no hay Nación posible sin trabajadores organizados. Detrás de la reforma laboral libertaria no hay una simple reingeniería normativa, sino un rediseño profundo del orden social. Al intervenir sobre el núcleo de la relación laboral, el proyecto busca desplazar definitivamente la correlación de fuerzas a favor del capital, debilitando al trabajo organizado como actor político y social. Esa ofensiva no actúa en soledad, se articula con un proceso de desindustrialización deliberada, que fragmenta al mundo del trabajo, reduce la densidad sindical y empuja la economía hacia actividades más precarias, tercerizadas y con menor capacidad de organización colectiva. El resultado no es la modernización, sino un país más desigual, menos democrático y con menor soberanía productiva.

Si se trata de defender a la Argentina, el camino es el inverso: elevar productividad e innovación fortaleciendo el trabajo, no erosionándolo; promover el desarrollo tecnológico con derechos, no contra ellos; y reconstruir un modelo de crecimiento basado en empleo de calidad, industria nacional y organizaciones sindicales fuertes, porque allí reside la base material de cualquier proyecto de desarrollo sustentable. La disputa que se abre no se reduce a salarios, convenios o cláusulas contractuales. Es una batalla por el sentido histórico del trabajo, por la dignidad de quienes producen la riqueza social y por la recuperación de un proyecto nacional que vuelva a reconocer a los trabajadores como sujeto político central, y no como una variable de ajuste. En ese conflicto se juega algo más profundo: si la Argentina conserva un horizonte de justicia social y soberanía, o consiente la disolución definitiva de su tradición democrática y popular.

* El autor es Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.

La Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) es un “colectivo multidisciplinario de activistas y profesionales” que busca la “erradicación de todas las formas de violencia institucional”, según define en su página web. Entiende por ella a “toda violencia física, sexual, psíquica o simbólica” llevada a cabo por agentes y funcionarios estatales.

En ese sentido, elaboran diversos informes e investigaciones, acompañan y querellan en causas judiciales e impulsan proyectos varios, como aplicaciones -cruzando derechos humanos y tecnología-, campañas de desarme y por la legalización del cannabis y del aborto, entre otros. Su epicentro es la Ciudad de Buenos Aires y ha llevado a cabo a lo largo del tiempo diagnósticos sobre el accionar de la fuerza de seguridad porteña. 

En mayo del año pasado prestaron su propio manual contra la violencia institucional, con el objetivo de “divulgar el conocimiento de nuestros derechos y cómo actuar frente a abusos policiales y detenciones arbitrarias”, para que “lo pueda usar cualquier persona” y, a su vez, “generar espacios de reunión y debate en distintas organizaciones”. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Matías Busso, miembro fundador de ACVI, realiza un balance de este 2025 tomando en cuenta diversas aristas.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué evaluación hacen desde ACVI en materia de violencia institucional este año?

Matías Busso: Vemos un avance de las políticas represivas, en materia normativa y legislativa, con la ley antimafia y el protocolo antipiquetes. Es un retroceso enorme, principalmente, frente a la Resolución 210 que estaba vigente del Ministerio de Seguridad, que establecía la prohibición, entre otras, de su arma de fuego y del armamento lanza gases, que hirió a Pablo Grillo y que previamente había terminado con la vida de Carlos Fuentealba. Desde 2011 que estaba prohibido y el protocolo lo derogó. Vemos una impresión del fenómeno represivo y punitivo, acentuado principalmente en las movilizaciones.

APU: ¿Cuáles fueron los proyectos en los que más enfatizaron en estos meses?

MB: Uno de los rasgos que venía teniendo ACVI desde la gestión actual, y uno de los proyectos en el que quizás más énfasis estamos haciendo, es el monitoreo en las movilizaciones. Un grupo de compañeros, que se compone de abogados y fotógrafos principalmente, con pecheras identificatorias como defensores de derechos humanos. Lo que hacemos es registrar y difundir el accionar de la fuerza de seguridad, y denunciar y querellar.

APU: ¿Qué conclusiones pueden sacarse de la experiencia del Mapa de la Policía?

MB: Ese trabajo es articulado también con el resto de las organizaciones, principalmente las que componemos el mapa. Nosotros somos miembros desde su fundación. En la actualidad estamos trabajando con dos casos para ver si podemos identificar a los agentes que hirieron gravemente a Claudio Astorga en el ojo y a Rodrigo Troncoso. Hay un laburo articulado para tratar de identificar al efectivo autor del disparo.

Eso es lo que el Mapa llamó el “Método Grillo”, que fue la identificación del agresor, y luego también la del agresor de Jonathan Navarro. Vemos que la articulación de eso es muy potente. Nosotros hemos provisto de muchos de los videos que hacemos en los monitoreos. Ellos lo procesan y ayudan a que las causas avancen. Es una red que cada vez está más consolidada y desde su fundación no para de crecer.

APU: ¿Qué análisis realizan en particular de la violencia en manifestaciones públicas?

MB: Hay un retroceso normativo que tiene que ver con el protocolo antipiquete, que no es estéril porque, por ejemplo, el armamento que lastimó a Grillo no debería haberse usado. No debería estar al alcance de la fuerza de seguridad para las movilizaciones. Sin embargo, como se derogó la Resolución 210 del Ministerio, se permite actualmente. También, aunque no lo están haciendo, se permite la utilización de arma de fuego porque no hay reglamentación en las fuerzas federales que lo prohíba.

Nosotros contabilizamos actualmente que hay cuatro personas que perdieron la visión de uno de sus ojos en las movilizaciones en Capital Federal desde que inició la gestión de Javier Milei. Uno fue el caso de Matías Aufiero, abogado del CEPRODH. Luego lo siguió Claudio Astorga, de UTEP, en la movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano. En la movilización del 12 de marzo hubo dos hechos hasta ahora constatados, que son el de Jonathan Navarro y el de Rodrigo Troncoso. Después tenemos el caso de Pablo Grillo. Todo esto se ha generado con las armas conocidas como menos letales, que son utilizadas de forma abusiva y con una intencionalidad clara de lastimar porque el objetivo es despejar la calle a toda costa.

APU: Han acompañado diversas causas, entre ellas la de Lucas Cabello, que este año tuvo novedades importantes. ¿Cómo ponderan todo ese recorrido?

MB: La confirmación de la Corte del fallo condenatorio de Ricardo Ayala fue una de las pocas cosas que tuvimos positivas como organismo de derechos humanos. Creemos que no tenía otra opción y era claro, pero siempre de esa instancia se esperan algunas señales políticas, por ende no estábamos tranquilos cuando veíamos que la causa se movía. Es una etapa finalizada para Lucas. Diez años después recién puede ver a la persona que le disparó y lo dejó cuadripléjico preso porque hasta ahora estaba en libertad. Para nosotros fue un buen cierre de año en ese sentido.

APU: Hace unos años dialogamos sobre la intervención de la Policía de la Ciudad, a partir de un pedido de acceso a la información pública que llevaron a cabo y determinaba el grado de uso del arma en la provincia de Buenos Aires. ¿Han seguido la dinámica de esa problemática?

MB: Se repite en todas las fuerzas, tanto en la Bonaerense, en la Federal y en las distintas provincias porque el uso arma de fuego fuera de servicio no está prohibido ni restringido. Sí observamos, a partir de la entrevista que hicimos a distintos organismos, que esta tendencia sigue creciendo, principalmente, porque hay cada vez más miembros y la forma de accionar es esa. La mayoría de los hechos de violencia institucional de todas las fuerzas, pero sobre todo de la Policía de la Ciudad, ocurren cuando están fuera de servicio y cuando intentan proteger bienes propios, es decir, hay intentos de robo. En lugar de prevenir de otra forma utilizan su arma de fuego terminando con las personas y posibles agresores.

APU: ¿Cómo describirían la situación de las trabajadoras sexuales desde la llegada de Javier Milei?

MB: Hay una cuestión que vemos que afecta directamente que tiene que ver con la modificación de las leyes migratorias. Desde Ammar y Casa Roja se nos dificulta cada vez más regularizar la situación procesal de las compañeras porque hay cada vez más trámites de expulsión. Hay una bajada de línea y una modificación legislativa específicamente que impide que accedan a la residencia permanente.

Por ende, están en mayor estado de vulnerabilidad, impidiéndose el ingreso a derechos y subsidios, pero también con el riesgo constante de ser expulsadas a sus países. La mayoría de las trabajadoras sexuales, por lo menos del barrio de Constitución, son migrantes de distintos lugares de Latinoamérica que han venido por sufrir situaciones de discriminación, entonces no quieren volver y la expulsión las deja en una situación de máxima vulnerabilidad.

APU: Tras distintas aplicaciones y diversos acompañamientos, ¿qué planean para el año próximo?

MB: El año que viene seguiremos profundizando el monitoreo de las movilizaciones, fortaleciendo los distintos proyectos que tenemos y tratando de ampliar la agenda. Vemos con preocupación lo que sucede con las personas que están en situación de encierro. Estamos tratando de pensar estrategias con los mecanismos de prevención contra la tortura. Ya el año pasado tuvimos una experiencia en cárceles. 

La idea es continuar con ese monitoreo. Estamos difundiendo el manual de violencia institucional en distintas organizaciones, como por ejemplo la Red Puentes. También seguir con la asesoría jurídica de Casa Roja y, como dije, profundizar el tema del monitoreo porque creo que el año que viene va a ser de mucha conflictividad social. Por ende, creo que esa agenda va a terminar abarcando todo. Los miércoles de los jubilados y las distintas luchas van a terminar subsumiendo toda la organización en esa dinámica.

A un año y medio de su publicación, Cinco crónicas para atravesar oscuridades se ha convertido en una obra que logra trascender fronteras culturales y geográficas. El libro estuvo presente en las ferias del libro de Rosario y Buenos Aires, fue declarado de interés cultural en el Municipio de Marcos Paz, ciudad natal de la autora, y llegó al público internacional a través de una presentación virtual en México. Por su parte, “Hasta que te quedes dormida”, la primera de las Cinco crónicas, formó parte de lecturas públicas en el marco de actividades realizadas desde organizaciones como la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) y la Fundación del Banco de Formosa. Pero fue hace unos pocos días, en diciembre de este año, que la autora alcanzó un hito inesperado: la presentación de su obra en el Departamento de Cultura del Club Atlético Boca Juniors

La experiencia de Alejandra en la vida institucional de Boca, un espacio que la acompañó en su crecimiento personal y colectivo, es parte central de la sensibilidad desde la que hoy escribe. Es gracias a ese recorrido que la autora de Cinco crónicas para atravesar oscuridades construye una mirada que cruza militancia, identidad y literatura: “Boca me formó más que cualquier aula. Me dio amigos, familia, palabras, pertenencia. Es mi lugar seguro. Todo eso está en mi forma de escribir y por eso presentar mi libro acá no es solo un honor: es volver al lugar desde donde aprendí a mirar el mundo”.

La presentación, que tuvo lugar el 2 de diciembre, fue mucho más allá de celebrar un libro: sirvió para señalar el avance de mujeres que participan, crean y disputan sentidos dentro de la vida política y cultural del Club. Según el Secretario General, Ricardo Rosica: “Boca no es solamente un club de fútbol sino un ámbito donde nuestros socios pueden expresarse a través del arte, el deporte y la cultura, por eso para nosotros es muy importante apoyar este tipo de iniciativas”. Con respecto a la autora y la presentación de su primer libro, agregó: “conozco a Alejandra desde hace muchos años y siempre la he visto participar activamente en la vida política del Club. Que hoy abra un nuevo camino a través de la literatura es un orgullo para quienes la conocemos desde hace tiempo. Es una alegría que una compañera, hija directa de este Club, aporte a la literatura y la cultura desde este espacio”.

La historia de militancia y la temática del libro van en la misma dirección. La autora colaboró en actividades como la redacción del Protocolo contra la violencia de género, que fue aprobado en el año 2021 por la Comisión Directiva del Club. Además, contribuyó en diversas acciones vinculadas a la representación política, como el borrador de propuesta de reforma del Estatuto que se redactó en el Club durante la pandemia y el desarrollo de un Taller de Formación en Dirigencia Deportiva que luego se consolidó como Diplomatura gracias a un convenio celebrado con la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Las dos mujeres de la Comisión Directiva del Club dieron su apoyo para que la autora se presente en Boca. Silvia Gottero, presidenta del Departamento de Cultura, subrayó el valor de los espacios de desarrollo cultural, debate e inclusión, y la necesidad de generar ámbitos de contención y acompañamiento para mujeres en situación de violencia. “Desde Cultura buscamos que Boca sea un espacio para la palabra, el arte y la reflexión, pero también un lugar donde nuestras socias y socios puedan encontrar apoyo, capacitación y oportunidades para crecer. Recibir a una autora que se formó dentro de esta comunidad nos enorgullece y reafirma nuestro compromiso con el trabajo, el aprendizaje y el desarrollo personal y cultural”.

Por su parte Adriana Bravo, presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad, destacó la importancia de trabajar los temas que aborda Cinco crónicas para atravesar oscuridades en el marco social y político actual, donde las problemáticas de género e inclusión ya no forman parte de la agenda pública. “Sostener estos espacios de diálogo y reflexión es fundamental para no retroceder en derechos y para seguir visibilizando realidades que hoy corren el riesgo de ser silenciadas. Promover literatura escrita por mujeres y acompañar a una autora que es parte de nuestra comunidad no sólo nos enorgullece, sino que reafirma nuestro compromiso con la igualdad, la diversidad y la defensa de las voces que necesitan ser escuchadas”.

Durante la presentación, Alejandra compartió el proceso creativo detrás de su libro, la génesis de los relatos y la relevancia de presentar su obra en el Club que considera “parte esencial de su vida y su identidad”. En el panel luego tomaron la palabra el lingüista, traductor y docente Francisco Cosentino y la politóloga feminista Yohana Solis, quienes analizaron Cinco crónicas para atravesar oscuridades desde enfoques literarios y de género, en un intercambio dinámico que se abrió luego a las preguntas del público.

Sobre el libro

Cinco crónicas para atravesar oscuridades reúne cinco relatos que exploran experiencias humanas atravesadas por silencios, violencia simbólica, vínculos complejos, pérdidas y reconstrucciones. A menos de un año de su lanzamiento, la obra ya transita su segunda edición y continúa expandiéndose a nuevos públicos.

Los ejemplares pueden adquirirse en Librerías Cúspide o a través del sitio oficial de la autora: https://taplink.cc/deantonima

Inspirado en la historia de vida de María Castillo y Javier Godoy, referentes cartoneros del MTE. Así como en la de miles y miles de trabajadores populares que, desde el subsuelo de la patria, día a día luchan y se organizan colectivamente para salir adelante.

En memoria de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuya represión estatal dejó como saldo 38 muertos y centenares de heridos en todo el país.

“No te mates”

Los dos están sentados en las cercanías del Congreso. Corre el diecinueve de diciembre de 2001. El caos reina en las calles. Esperan que la fotocopiadora saque el material reciclable (el codiciado papel blanco). Hay mucha gente corriendo sin dirección. Los más osados o desesperados, enfrentan a los uniformados. Algunos, de tanto en tanto, buscan arrebatarles las bolsas que ellos custodian con celo. Quieren prenderlas fuego; quieren, en definitiva, que el fuego lo devore todo. Ellos pelean para defenderlas. Los manifestantes entienden que son algo más que basura. Y siguen su camino, buscando botines menos riesgosos. Ellos recuperan la calma.

Cuando nadie acecha, Javi le dice a Mari de ir a comprar una pizza, en una de esas pizzerías baratas de la zona. Ella se queda esperando. Se sienta arriba de las bolsas, para cuidarlas mejor. Al rato están de nuevo en el cordón, comiendo. Las calles siguen ardiendo. Las porciones de pizza no duran. Ya están por irse, atan fuerte el bolsón. Pasa un hombre en auto. Se detiene, mal estacionado, a metros de ellos. El auto parece descompuesto. El hombre también. Es alguien de mediana edad, que lleva un traje costoso. Baja, los mira, y dice: “me voy a matar; cómo llego a mi casa, me mato antes, no puedo más”. Escuchándose, el hombre del traje se larga a llorar, sin consuelo. Mari cruza miradas con Javi, y piensa: si él llora, qué queda para ellos, qué tendrían que hacer ella, Javi, y los miles y miles como ellos.

Mari supera la impotencia. Se acerca, pese a todo, al hombre del traje. Le ofrece agua. Le pregunta qué le pasa. Pasa que tenía una empresa, que se quedó sin un peso, que ahora no tenía ni para darle de comer a sus hijos. Mari lo invita a reflexionar, a cambiar de actitud. A pensar con más claridad en los suyos. Si él se mata, la familia quedaría destruida. Mari sabe de lo que habla. Sabe qué es estar destruida. Se lo podría explicar, si el hombre quisiera, desde el lugar de hija. Sordo a las razones de la cartonera, el hombre continúa su catarsis. Dice que horas atrás lo tenía todo, y que ahora no tiene ni para una “pizza barata”. En los oídos de Mari, la frase suena diferente: “¿por qué vos, ciruja, estás comiendo? ¿Por qué gente de guita, como yo, no tiene dónde caerse muerta?”. El hombre del traje se queda pensativo un instante. Ahora, lo que dijo antes no solo resuena en oídos de Mari. Hasta gente como ella, dice el hombre para sus adentros, tiene para una pizza. Mientras a Mari se le ocurre que, tal vez, el problema es que alguien como ella no tenía derecho a ganarse el pan. Y sufre algo de vértigo al ver que el mundo considera más normal, más tolerable, que “los cirujas” mendiguen la comida.

De pronto Mari siente un ardor febril. La sangre fluye por sus venas como un mar de lava, pero finalmente se contiene. Lo invita a comer con ellos. “Si no comiste, vení a comer con nosotros”, le dice. ¿Con ellos? ¿A comer con ellos?, pregunta con la mirada el hombre del traje. Ahora parece más desanimado. Y al rato se le oye, cansina y nítidamente, una especie de protesta: “Mirá vos… unos cirujas me están dando de comer”. La réplica de Mari también es veloz. “No es importante -dice con firmeza la cartonera- quién o qué te da de comer. Lo que importa es la acción”. Al cabo de un breve silencio, un poco extenuada, agrega: “más que pensar en matarte, lo que tenés que hacer es volver a tu casa”. Sin darse un respiro, Mari se ofrece a estacionar el auto, y a acompañarlo hasta allá. Porque tiene que saber el hombre del traje que no es más que eso: un tanque sin nafta. Tiene que saber, además, que siempre hay cosas por hacer. Puede vender el auto, para alimentar a sus hijos. O vender ese reloj pulsera. Así empezaría a recomponerse. Y si todo resultara insuficiente, si nada llegara a funcionar, siempre puede ponerse a cartonear. Como lo hicieron ellos. Como lo hicieron decenas de miles, muchos con historias parecidas a la de él mismo, el hombre del traje.

El hombre, inmóvil, solo atina a llorar. Llora sin parar, durante un buen rato. Cuando ya no quedan lágrimas por llorar, se levanta, súbitamente. En tono conciliador, le dice a Mari que va a seguir el consejo. La cartonera insiste: “no te mates”. Le pide que se acuerde que ellos trabajan en la zona, se juntan muchos desperdicios reciclables allí. “Si algún día me ves -sentencia Mari- acércate, contame cómo te fue”. Mientras habla, señala las bolsas y el carrito, como diciendo que no va a ser difícil encontrarlos. A fin de cuentas, las calles de la zona son, para Mari, Javi, y tantos otros, su lugar de trabajo.

Mari acaba la frase intuyendo que no van a volver a verse. Al despedirse, en los oídos del hombre resuena una voz suave diciendo: “no te mates”.

En diálogo con Más o menos bien (coproducción de AGENCIA PACO URONDO en Radio Madres AM530), la periodista Tatiana Scorciapino analizó la actualidad legislativa reciente, luego del fracaso del gobierno de Javier Milei en el debate por la ley de Presupuesto y la reforma laboral. 

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Diego Santilli había asumido como ministro del Interior con la tarea de buscar los votos de los gobernadores para el presupuesto 2026”.

“El gobierno decidió deliberadamente durante dos años no tener presupuesto”.

“El 11 es el gran capítulo de la discordia”.

“Santilli, pese a todo, insistía en que los votos estaban”.

“Pese a que salieron desde el gobierno a decir que era un éxito, lo cierto es que fue cuanto menos una mala praxis política”.

“Fue un fracaso porque sale un proyecto completamente distinto al que pretendían”.

“Los mismos agentes del gobierno salieron a plantear que podrían vetarlo, lo cual no tiene ningún tipo de criterio. Sería muy idiota, no hay otra forma de decirlo”.

“Después recularon y salieron a decir que iban a admitir modificaciones”.

“Están en una encrucijada de volver a buscar a los mismos que ya les votaron en contra”.

“La sesión va a ser el 26 de diciembre y esperan meter las modificaciones en el Senado”.

“El gobierno quiere cerrar el año con al menos un éxito parlamentario”.

“El 29 de diciembre se votaría nuevamente en Diputados”.

“Hay que ver qué tipo de estrategia tiene el gobierno para convencer”.   

“Para la reforma laboral no dan las fechas y hay negociaciones subterráneas con la CGT”.

“Hubo un acuerdo entre Martín Menem y Gustavo Sáenz y Carlos Rovira para completar la Auditoría General de la Nación”.

Humanizar el primer encuentro entre las familias y la escuela

El inicio de la escolaridad es un momento sensible para las familias. Elegir una institución y atravesar la inscripción supone un pasaje profundo: de la intimidad del ámbito privado, donde se construyen prácticas de crianza y se toman decisiones personales, hacia el espacio público, donde intervienen agentes estatales, comunitarios e institucionales. Ese tránsito, que inaugura una nueva forma de participación social, merece ser acompañado y cuidado. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, las políticas adoptadas para ordenar la demanda escolar han puesto el foco en la agilidad del trámite de inscripción antes que en las dimensiones pedagógicas y vinculares del proceso.

Un pasaje que convoca a múltiples actores

El encuentro con la primera escuela es también el primer contacto con un agente público y con otros pares con quienes se compartirá un espacio social. Sostener ese pasaje exige corresponsabilidad: de la familia, de la escuela y del Estado. No se trata solo de asignar vacantes sino de acompañar el ingreso a la vida escolar.

La complejidad de elegir una escuela

Cada familia llega con expectativas y necesidades singulares. Más allá de la distinción entre escuela pública o privada, la elección involucra preguntas sobre cercanía, jornada, comedor, proyecto pedagógico, rutinas de crianza, espacios, clima institucional y formas de acompañamiento. Parte de esa información podría buscarse en la web oficial -aunque la realidad de la información en la Ciudad dista de ser completa-, pero otra sólo se conoce en el encuentro presencial: recorrer los espacios, observar el juego, escuchar a directivos y docentes, percibir cómo se conciben las infancias y cómo se organiza la vida cotidiana de la institución. El proyecto institucional no se evalúa clickeando opciones, sino conversando.

La inscripción en línea: simplifica y aleja

Desde hace más de una década, el Gobierno de la Ciudad implementó un sistema de inscripción totalmente digital. Se lo presentó como una modernización necesaria: agiliza trámites, evita filas y ordena la demanda. Una directora de nivel inicial consultada coincide en que el sistema “simplifica”, pero advierte que la presencialidad posibilitaba un lazo significativo que la virtualidad interrumpe. “Tuvimos que inventar nuevas estrategias para encontrarnos”, dice, sintetizando una tensión central: el sistema aligera procedimientos, pero al mismo tiempo aleja.

Una madre entrevistada valora la facilidad del trámite, aunque su experiencia revela las limitaciones del modelo: obtuvo una vacante a más de cincuenta cuadras de su casa y debió recurrir a un privado; recién al año siguiente accedió a la escuela de su prioridad.

Una docente consultada destaca que la digitalización evita filas y permite inscribirse desde cualquier lugar, pero también reconoce que cuando hay alta demanda “la plataforma se tilda” y que las familias sin conectividad dependen de centros de apoyo que, aunque necesarios, son insuficientes.

Los primeros años de implementación mostraron con crudeza la desigualdad digital: familias sin dispositivos, sin conectividad o sin información quedaban fuera del sistema. Buena parte del acompañamiento lo asumieron organizaciones sociales y políticas del territorio, no el Estado porteño. Con el tiempo se sumaron centros de ayuda estatal, pero su función se limita a asistir en la operatoria, sin brindar información pedagógica sobre las escuelas. Es decir, el GCBA creó un soporte técnico, pero no un dispositivo de acompañamiento integral.

Una supervisora de Distrito refuerza la idea: “agiliza, pero genera distancia”. Agrega que “...hay un antes y un después de la pandemia del 2020, ya que algo que resultaba tedioso se transformó en una herramienta útil tanto para las familias como para las escuelas”.

No obstante, incluso con la masificación digital inducida por la pandemia, persiste el mismo problema estructural: la inscripción fue pensada como trámite, no como momento pedagógico, quedando toda la responsabilidad depositada en los equipos docentes de cada escuela.

La importancia del vínculo entre familia y escuela

Como señala Claudia Gerstenhaber*, la educación involucra necesariamente a la familia: cada niño ingresa con una historia y la coherencia entre hogar y escuela es clave para su bienestar. La comunicación fortalece a la familia, potencia a la escuela y sostiene al niño. Cuando el primer contacto se reduce a una plataforma, se pierde la oportunidad de construir ese puente.

Hacia una inscripción que recupere la cercanía

Digitalizar un trámite no es el problema. El Estado porteño diseñó un sistema ágil para la gestión administrativa, pero no para acompañar el ingreso escolar. La solución no es volver atrás, sino reorientar la política pública: abrir canales de diálogo, garantizar jornadas de puertas abiertas, entrevistas iniciales y recorridos presenciales, y asumir que la inscripción no es sólo un proceso de asignación de vacantes, sino el primer acto educativo y vincular entre familia e institución.

La inscripción en línea ordena y agiliza, pero también redefine la relación entre Estado y ciudadanía. Si se la concibe únicamente como operación técnica, su resultado es la distancia. Si se la integra a una política de cuidado, puede convivir con instancias presenciales que permitan construir confianza, anticipar necesidades y humanizar el ingreso a la vida escolar.

El desafío es claro: superar la lógica del trámite y asumir que el inicio de la escolaridad exige políticas que reconozcan el valor público del vínculo. La modernización no debería deshumanizar la puerta de entrada al sistema educativo, sino mejorarla.

*Gerstenhaber, Claudia (2004) Cuidar y educar en el jardín maternal. AZ editora. Buenos Aires.

Esta Argentina donde los niños y los sueños mueren desnutridos, donde los explotadores dictan las condiciones de la convivencia, esta Argentina no la queremos”. John William Cooke (1966)

… 59 años después más niños y más sueños mueren desnutridos…, los viejos mueren con hambre y desprovistos de remedios…, los explotadores siguen dictando las condiciones de la convivencia.

“Neocolonia o reindustrialización autónoma con Justicia Social”, sintetiza la contradicción principal de nuestro país: el enfrentamiento entre dos modelos que son mutuamente excluyentes y que se han venido disputando la hegemonía desde antes de la Revolución de Mayo hasta nuestros días. 

Ya en 1802, Manuel Belgrano argumentaba contra el enclave extractivo que impulsaba la burguesía porteña, aseverando que las exportaciones de cuero crudo sin manufacturar no servían para construir una nación.

El estilo tecnológico del proyecto neocolonial sigue siendo el del enclave extractivo: la primarización de la producción argentina, la apropiación de la renta agrícola, de la renta hidrocarburífera (con una YPF nuevamente privatizada ya sea de derecho o de hecho), de la renta litífera y de la renta minera por las multinacionales de cada sector. 

La dependencia neocolonial en la industria manufacturera argentina se manifiesta en que las multinacionales importan tecnología y la mayoría de los bienes de capital e insumos. La producción local se reduce a ensamblar una mínima porción de partes nacionales con componentes importados. Esto bloquea la creación de cadenas productivas locales y, por ende, limita el crecimiento del empleo y del valor generado en el país.

En nuestro país tenemos una industria incompleta, con un número bajo de encadenamientos productivos, lo que limita nuestra capacidad de desarrollarnos con nuestra crónicamente baja disponibilidad de dólares.

Debemos tener en cuenta que las industrias multinacionales producen con las tecnologías que desarrollan en sus headquarters interactuando con el sistema científico-tecnológico de sus países de origen y fabrican en nuestro país recurriendo a bienes de capital e insumos importados desde sus proveedores globales. Es imprescindible, para poder establecer encadenamiento productivos locales, desarrollar tecnologías propias y proveedores locales.

También, para poder integrar las pymes argentinas a las cadenas productivas de las empresas globales, existen barreras casi imposibles de franquear: son necesarias fuertes inversiones en equipamientos para los volúmenes que se necesitarían producir; es necesario poder adaptar la producción a los periódicos cambios de modelos que introducen las empresas globales; es necesaria una política cambiaria que permita un costo argentino alineado con el de los otros proveedores globales sin oscilaciones periódicas.

Actualmente el RIGI es la nueva herramienta de Milei – Macri para solidificar una economía extractivista, cuyo objetivo principal es la provisión de materia prima a los países desarrollados. El régimen se centra en atraer inversiones hacia sectores en los que la generación de empleo formal privado es muy baja. El RIGI favorece la importación de equipos e insumos con lo que la tracción de los sectores favorecidos por esa norma sobre la industria argentina no existe.

En lo que hace a bienes de uso, la industria nacional, no solamente las pymes, está siendo sometida a la presión de importaciones que las desalojan del mercado y miles de ellas han debido ya sea cerrar o convertirse en agentes importadores con la consecuente disminución de puestos de trabajo.

Hay miles de trabajadores, tanto del sector público como del privado que han perdido sus trabajos y miles más los perderán con el correr de los días; estos trabajadores ven derrumbarse en forma dramática sus ingresos con lo que el consumo nacional se cae y, como es bien sabido, sin consumo no puede haber producción.

En el portal de CEPA encontramos una continua actualización del número de las empresas que cierran, de los puesto de trabajo que son eliminados y de la caída del consumo.

Los créditos del FMI y del Tesoro de EE.UU. son estratégicos para el mantenimiento del status neocolonial ya que, de no ser revisados por un futuro gobierno nacional y popular, condicionarán fuertemente y por años las decisiones de los gobiernos argentinos que pretendan evolucionar hacia la construcción de una sociedad que encare el desarrollo con Justicia Social.

El “acuerdo” comercial que ahora Trump le va a imponer al gobierno, como pago por haber sido el motor de la campaña electoral de Milei en las elecciones legislativas, será un nuevo clavo en el ataúd de las pymes argentinas. 

Además, el gobierno de Trump ha puesto el foco en la industria farmacéutica nacional exigiendo cambios en las leyes nacionales de propiedad intelectual con lo que el costo de la salud se incrementará.

La ciencia y la educación son indudablemente bienes culturales; pero, fundamentalmente son bienes económicos: para desarrollar su sistema productivo los países necesitan una población educada y un sistema científico innovador. 

Para las neocolonias, enclaves extractivos de los países centrales y que no producen las tecnologías que utilizan, la ciencia y la educación no son necesarias, son a lo sumo decorativas.

Milei está empeñado en construir una Argentina en la que el valor estará generado por la exportación de bienes sin industrializar y por el negocio financiero haciendo dinero a partir del carry trade o de estafas por él mismo promocionadas como $LIBRA. 

Con esa concepción de lo que debe ser nuestro futuro, con pocos ganadores y muchos perdedores, resulta natural que para Milei invertir en ciencia es quemar recursos.

Desde el peronismo hemos sido pública y abiertamente críticos de Milei marcando claramente que su gobierno, profundización del de Macri, es un modelo de pobreza y represión para los sectores populares.

Nos falta ofrecer una alternativa concreta, porque nuestra misión no puede ser solo la crítica sino el ofrecer una alternativa.

Falta desarrollar un programa para impulsar un crecimiento con tecnología propia, que no solamente apoye al sistema nacional de ciencia y tecnología (SNCyT), sino que se apoye en él.

Después de Milei ¿qué?

Esta es la pregunta que desde el peronismo debemos responder en forma urgente recuperando nuestra identidad; el programa del peronismo tiene que volver a ser crecer y simultáneamente distribuir equitativamente la riqueza generada; esto es el “desarrollismo peronista”:

crecimiento cuantitativo y cualitativo de la producción del país medido con el PBI per cápita;
simultáneo aplanamiento de la distribución del ingreso de la población. 
Para cuantificar la desigualdad existente en una sociedad, Thomas Piketty ha desarrollado dos metodologías: la medición de la desigualdad de ingresos y la medición de la desigualdad patrimonial. 

En la World Inequality Database (WID), organización codirigida por Thomas Piketty y Facundo Alvaredo, se publican, para un conjunto de países, las series histórica que permiten cuantificar ambas desigualdades.

En este trabajo, para analizar el efecto de diferentes políticas sobre la desigualdad, usamos las series que miden los ingresos de los diferentes grupos de la sociedad (el 10% de mayores ingresos y el 50% de menores ingresos) por dos motivos: 

la desigualdad de ingresos hace directamente a la desigualdad en el acceso a la alimentación, salud, vivienda, educación y cultura;  
el patrimonio, que puede ser negativo cuando el endeudamiento supera los bienes, no refleja necesariamente si los individuos pueden o no cubrir sus necesidades. Se puede vivir sin patrimonio, pero no sin ingresos.  
Definimos un índice de desigualdad, ID, para cuantificar la desigualdad en la distribución del ingreso en un determinado país: 

ID=Ingresos correspondientes al 10% de la población de mayores ingresosIngresos correspondientes al 50% de la población de menores ingresos

Usamos el 10% de mayores ingresos y no el 1% porque este último grupo en general corresponde a los llamados “súper managers” y no caracteriza a la sociedad, sino que considera situaciones puntuales.

Cuando el ID decrece la clase media está creciendo en la sociedad.

Para ilustrar los conceptos definidos, en la Figura 1 graficamos la evolución histórica del ID correspondiente a tres países: Brasil, Argentina y EE. UU.

Figura 1 Evolución de la desigualdad en Brasil-Argentina-EE. UU.

Brasil presenta ID altos y relativamente constantes, pero con oscilaciones a partir del primer gobierno de Lula, alcanzando su valor mínimo durante el gobierno de Dilma Rousseff luego de lo cual rebota hasta alcanzar su máximo valor histórico durante la presidencia de Bolsonaro. Solamente en la crisis del 2002 el ID de Argentina fue puntualmente superior al de Brasil, pero por crecimiento de la desigualdad en Argentina y no por reducción de la desigualdad en Brasil. 
 

En Argentina, durante la presidencia del Gral. Perón (1946-1955) observamos un descenso del ID; en ese período los datos del WID están registrados cada 10 años y no es posible realizar una evaluación detallada. El ID sube en forma importante durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica. En el período de las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se produjeron descensos históricos de la desigualdad. El “desarrollismo peronista” fue el modelo que implementó nuestro país durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón (1946-1955), durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
 

El índice de desigualdad en los EE. UU. fue por muchos años bajo, lo que se correspondió con la enorme extensión de la clase media de ese país. El ID de EE. UU. comenzó a superar al argentino a partir del año 2010 (en Argentina gobernaba CFK y en EE. UU. Barack Obama).
 

Si bien la pandemia produjo que en el año 2020 en los tres países hubiese un crecimiento de la desigualdad, en Brasil y Argentina la desigualdad bajó en los años 2021 y 2022 pero en EE. UU. se mantuvo alta (fin de la primera presidencia de Donald Trump y comienzo de la de Joe Biden). 
 

El modelo de “desarrollismo peronista” requiere que el Estado asuma un rol protagónico, ya sea como Estado productor o direccionando las compras estatales hacia la industria nacional. Tengamos en cuenta la posición de debilidad que actualmente tiene la OMC ya que la política comercial de Trump se ha enfocado en el principio de “America First”, promoviendo medidas proteccionistas que van en contra de la filosofía de libre comercio y las normas de la OMC. Hoy es posible, aunque no simple, imitar a Trump e implementar en nuestro país el principio de “Argentina Primero”.

Entre tanto hay que impedir la privatización de NASA y el achicamiento de INVAP e Y-TEC ya que esas empresas serán puntales para un futuro desarrollo autónomo.

Ese programa debe tener entre sus objetivos la renacionalización de IMPSA que es fundamental para desarrollar proyectos nucleares e hidroeléctricos tanto domésticos como de exportación; también IMPSA es necesaria para avanzar con tecnología propia en la transición energética desarrollando generadores eólicos.

Ese programa debe asegurar el rol de las pymes, hoy en proceso de destrucción, las que serán fundamentales como nodos de las futuras redes productivas cuyos centros deberán ser las empresas públicas y las empresas de tecnología.

El modelo de desarrollo peronista: visualización de una estrategia de reindustrialización
Utilizando como herramienta de visualización la plantilla CANVAS, que es normalmente usada para la visualización y evaluación a priori de estrategias de negocios dirigidas a crear capturar y distribuir valor, investigaremos las características de un proceso de reindustrialización basada en el modelo de “desarrollo peronista”.

Los bloques de la plantilla que mostramos en la Figura 2 muestran cómo el proceso de reindustrialización deberá acoplar funciones y actores.

Figura 2 Plantilla de interacciones en un modelo de “desarrollo peronista”

En la figura incluimos los siguientes bloques:

• Propuesta de valor

Es la definición de la estrategia de reindustrialización.

El primer paso deberá ser seleccionar sectores industriales en los que focalizar: todo junto no se puede; el Estado deberá elegir a unos sectores y posponer a otros; los sectores elegidos deberán ser los sectores con más posibilidades de crear empleos y mayores probabilidades de balance externo positivo en el corto y mediano plazo.

• Objetivos

Son las metas cuantitativas que conducen a la propuesta de valor, fundamentalmente creación de empleos y balance de divisas. No hay proceso controlable sin metas cuantitativas.

• Encadenamientos productivos

En nuestro sistema productivo, sometido a la conveniencia de las multinacionales, los encadenamientos productivos son mínimos.

Como ya lo hemos discutido arriba, para crecer e incluir nuestro país necesita ampliar y complejizar su matriz productiva.

Algunos sectores en los que el Estado, ya sea como Estado productor o mediante la compra estatal, deberá impulsar los encadenamientos productivos nacionales son: agro, gas y petróleo, generación-transporte-distribución de electricidad, energía nuclear, obras públicas en general, construcción de viviendas, construcción de rutas, manufactura de bienes de capital y de consumo, medicamentos y vacunas, litio, minería.

• Participantes imprescindibles

Empresas controladas por el Estado nacional o estados provinciales, empresas de tecnología (YPF e Y-TEC, INVAP, NASA, etc.), industrias pymes y el SNCyT.

El desarrollo de tecnologías propias requiere contar con científicos y tecnólogos trabajando acoplados al sector productivo; este fue el modelo de Y-TEC (YPF+CONICET), implementado en el año 2012 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Un proyecto reindustrializador deberá generar nuevas empresas tecnológicas como Y-TEC, en otras áreas productivas.

• Gobernanza

Es imprescindible la planificación a largo plazo; algo que en nuestra historia no ha sido la regla y encontramos solamente como antecedentes los Planes Quinquenales (1947-1951) y (1952-1955), la duración del segundo plan quinquenal debió de haberse prolongado hasta el año 1957, pero fue abruptamente cancelado por el golpe del ’55.

• Esquema de financiación

Los costos derivados de la participación del SNCyT deberán ser subvencionados por el Estado nacional.

Las empresas privadas participantes deberán recibir financiación blanda del Estado y como contrapartida deberán aceptar trabajar a libro abierto para que el Estado pueda controlar sus costos y porcentaje de beneficios sobre la inversión propia, beneficios que solo podrán exceder la tasa de interés vigente en el mercado interno en unos pocos puntos porcentuales.

• Disponibilidad de divisas

El proceso de reindustrialización que proponemos, si bien está basado en el desarrollo de tecnologías propias, no puede prescindir de disponibilidad de divisas; este es un punto crítico. Los recursos necesarios en divisas serán mayores en el comienzo de los desarrollos e irán disminuyendo asintóticamente con el tiempo, pero no llegarán a ser nulos. 

Para disponer de divisas y asignarlas a la reindustrialización será imprescindible establecer una nueva Agencia de Administración del Comercio Exterior, como lo fue el IAPI en el período (1946-1955).

• Medición de resultados

No se trata de medir para castigar o premiar sino para monitorear los trabajos e introducir muy a tiempo las correcciones necesarias.

Los principales parámetros para monitorear cada proyecto serán: market-share, evolución de la generación de puestos de trabajo y evolución de la balanza de divisas.

Desarrollo peronista y desarrollismo

El desarrollismo peronista no solamente no tiene relación con el modelo desarrollista histórico de Frondizi-Frigerio, sino que es antitético con él ya que el desarrollismo de Frondizi-Frigerio proponía un desarrollo sobre la base de la inversión extranjera directa. Finalmente, el desarrollismo Frondizi-Frigerio no solamente no construyó el país con crecimiento y distribución, sino que reprimió a los sectores populares .

Escribe Galasso, “Cuando el desarrollismo, tras el triunfo electoral del Dr. Arturo Frondizi, abandona el programa de coincidencias con el Gral. Perón para poner en práctica su pacto con el Gral. Aramburu pasa “de una política para 20,000,000 de argentinos a una política para 20 millonarios.”

Publicado originalmente en De frente al futuro

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), el periodista Alejandro Crivisqui analizó la actualidad política. 

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“No sé sabía que la reunión iba a ser tan rápido, con la visita de Axel Kicillof a Formosa”.

“Kicillof vivió en Formosa y trabajó para Gildo Insfrán durante 1998, fue asesor económico”.

“Kicillof y Jorge Capitanich trabajaron para Insfrán”.

“El modelo formoseño es la aplicación de la comunidad organizada en la práctica”.

“Las primeras prácticas económicas de Kicillof fueron en Formosa, previa a la experiencia de Néstor Kirchner”.

“Kicillof puede dar testimonio de cómo era y de cómo es hoy Formosa”.

“El peronismo ha desaparecido de escena frente al espanto libertario, sumido en una interna centro-ambista”.

“Parecía que la interna del peronismo en el AMBA era todo lo existente”.

“Kicillof decidió caminar las provincias y gobernadores que no han pacto con Javier Milei”.

“Estamos camino a futuro candidato a presidente que puede hacer frente a Milei y reordenar al justicialismo disperso”.

“El PJ a nivel nacional está conducido por Insfrán, dada la respuesta directa de José Mayans”.

“Que Kicillof haga su primera jugada nacional desde Formosa, con el respaldo del gobernador más añejo y exitoso del peronismo e invicto en elecciones y frente a La Libertad Avanza, marca toda una lectura política camino a la construcción de un peronismo como alternativa”.

“El federalismo es un tema clave y puntual, las provincias han sido totalmente olvidadas”.

“A contraposición, Kicillof comienza una construcción nacional desde una perspectiva soberana”.

“Los gobernadores reunidos sacaron un documento sobre la necesidad de reconstruir un nuevo federalismo en Argentina”.

“Eso rompe con la interna del AMBA, queda en un segundo plano”.

“El modelo campesino es el único factor no replicable del modelo formoseño a nivel nacional”.

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores de la provincia de Buenos Aires, analizó la actualidad política. 

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Fue una movilización muy grande”.

“Es una reforma anti laboral y anti obrera”.

“Este gobierno ya aplicó una reforma laboral contra los trabajadores, hemos perdido 280 mil puestos registrados y más de 19 mil empresas en lo que va del gobierno”.

“El que hoy tiene trabajo va a tener peor calidad y salario”.

“Si no cambia el modelo político y económico que aplica Javier Milei, es muy difícil que el trabajador hoy salga adelante”.

“Con la CGT, las dos CTA, el trabajo del ministro Walter Correa, y las cooperativas tenemos instancias de mediación cuando hay conflictos laborales para que no se llegue a juicio”.

“Vamos a un modelo extractivista donde se recurra sólo a lo que pueda dar nuestra tierra”.

“Creo que el gobierno quiso dar un manotazo de ahogado de acelerar procesos, pero el pueblo no está dispuesto a permitirlo”.

“El presupuesto, que tiene un ajuste brutal sobre todo con los más vulnerables, logró que se unifique la oposición en un rechazo a artículos muy puntuales”.

“Desde el peronismo tenemos que trabajar para construir alternativas con todos los sectores adentro y mostrarle a la sociedad que hay otra forma de hacer las cosas”.

“El gobierno, llegando a fin de año, no pudo arrasar con las universidades, con los discapacitados y con esta reforma, al menos hasta febrero de 2026”.

“Sea en el interior o en el conurbano, las necesidades se agravaron de una manera tremenda”.

“Hay un consenso social de no dejar pasar que se destruya a los trabajadores”.

El 19 de diciembre de 2001 amaneció soleado en la Ciudad de Buenos Aires, con temperatura acorde a la época. Lo que sí estaba de verdad caliente era el clima social. La gente fue ganando las calles para hacer escuchar sus reclamos y la represión no tardó en llegar. En medio de un desbande generalizado con diversos epicentros comenzaron los ataques y saqueos a supermercados. Se interrumpió parcialmente el transporte y los medios de comunicación pasaron a centralizar el tema. Hacia el fin de la tarde, el contrato social estaba absolutamente roto y los sentimientos imperantes eran de incertidumbre y angustia.

El estallido social masivo contra una profunda crisis política y económica llamado “Argentinazo” dejó un saldo de 39 muertos y consagró el reclamo bajo la frase “que se vayan todos”. Ya avanzada la tarde del 20 de diciembre, cuando levantaba vuelo desde el techo de la Casa Rosada el helicóptero que se llevaba por última vez a Fernando De la Rúa, dejaba atrás una plaza destruida, humeante y muertos. Una imagen repetida de Argentina, que no debe olvidarse.

Si bien las miradas estaban mayoritariamente fijadas en las cercanías de la Casa Rosada y Plaza de Mayo por ser el lugar consagrado de los reclamos históricos del pueblo argentino, en cada ciudad del país el conflicto se replicaba sumando demandas locales. A continuación, repasamos algunas crónicas de aquellas fechas en diversos medios periodísticos.

Mar del Plata: el estado de sitio a las puertas del Palacio Municipal

Según recuerda el medio 0223, durante aquella jornada “una multitud se encontraba apostada en las puertas del Palacio Municipal cuando entró en vigencia el estado de sitio decretado por Fernando De la Rúa para tratar de contener el malestar social que, a esa altura, mantenía a toda la Argentina convulsionada" (...) "Cerca del mediodía, un grupo de efectivos policiales se acercó a la manifestación y le pidió a la gente que se retirara. Pero, lejos de atender la solicitud, los manifestantes optaron por permanecer sentados sobre el asfalto, de forma totalmente pacífica, para manifestar su rechazo al gobierno de la Alianza y a sus políticas económicas que habían arrastrado a millones de argentinos a la pobreza".

"Minutos después, bajo las órdenes del jefe de la Departamental, Carmelo Impari, los efectivos avanzaron sobre la gente y la atacaron con palos, balas de goma y gases lacrimógenos. Casi en forma simultánea, otro grupo de personas, que reclamaban en inmediaciones del Banco Provincia de Luro y San Juan el pago atrasado de los planes Jefas y Jefe de Hogar, también fue blanco de la brutalidad policial. El saldo total fue una docena de heridos, algunos, incluso, debieron ser trasladados al Hospital Interzonal. El fantasma de los saqueos que ya habían registrado en otros puntos del país, pronto se hizo realidad en Mar del Plata. Los primeros hechos ocurrieron en supermercados de 168 y Berutti y avenida Fortunato de la Plaza y Cerrito, a donde la gente ingresó a llevarse alimentos”.

Para esas fechas Jorge de Filippis era militante de la Corriente Clasista Combativa, hoy es dirigente sindical al mando de una lista de Obreros Navales. “Ese 20 de diciembre salimos del Barrio Libertad, el 19 habíamos estado reunidos en la Sociedad de Fomentos, dirigiamos el movimiento de desocupados y decidimos que al día siguiente había que salir como sea", recuerda. Sobre el inicio de la represión señala que "en Avenida Luro y La Pampa comenzó la agresión de la Policía para impedirnos avanzar; Luro y San Juan y la zona de la Municipalidad fueron las más violentas y donde se hizo sentir con más fuerza".

Por otro lado, también plantea: "El estado de sitio nos traía muchos recuerdos de la dictadura, no lo podíamos permitir. Con los compañeros tomamos la decisión de quedarnos en la calle y de sentarnos en una ronda frente al Palacio Municipal en la calle esperando y manifestando nuestro repudio. Al rato se acercó el jefe de calle encargado del operativo y nos dijo que nos daban diez minutos para retirarnos de ese lugar. Nosotros decidimos quedarnos y mucho antes de cumplirse el tiempo se produjo una avanzada con gases lacrimógenos y palazos. Fui detenido junto a otros compañeros, acusados de estar a cargo de dirigir la protesta”.

Diciembre en el hervidero cordobés

“Son las diez de la mañana del 19 de diciembre. Dos compañeros trabajan haciendo mantenimiento de edificios a pocas cuadras de la Municipalidad. El calor va subiendo, así como también la bronca de los empleados que marchan por el centro exigiendo salarios que están sin cobrar", así describe la crónica de El resaltador. "El paro con movilización se hacía sentir teniendo como respuesta las balas de goma y los gases que la policía de la provincia impartía para controlar la bronca. Las radios anuncian manifestaciones, saqueos y confrontación en varias ciudades del país. En ese momento, en que ambos compañeros deciden dejar de trabajar, uno de ellos vuelve a su barrio en Argüello mientras el otro se arrima a la marcha de los municipales", continúa el texto.

El saldo de la represión: "Hay un clima social que dice a gritos que no se aguanta más, sin embargo, en ese momento, nadie lograba anticiparse realmente hasta qué punto llegaría la efervescencia popular en las siguientes 48 horas. La represión de esos días terminaría en Argüello con la vida de David Ernesto Moreno y junto con él, la de otras 38 personas en todo el país -Sergio Ferreyra y Sergio Pedernera completan los tres casos cordobeces-. En el centro, el accionar policial llenó de gases el sindicato de Luz y Fuerza donde se habían refugiado varios trabajadores municipales. Se desata una batalla abismal".

"En Argüello grupos de vecinos y vecinas comienzan a acercarse a las puertas del supermercado de un barrio exigiendo mercadería. Algunos deciden entrar a sacar alimentos, otros se quedan en la puerta hasta que llega la policía y comienza a reprimir. Ese hambre popular que crecía al mismo tiempo que aumentaban la desocupación, el empleo precarizado, los contratos basuras de toda una década de políticas de ajuste y privatización eran imágenes que los grandes medios utilizarían para criminalizar la pobreza y la protesta social”, retrata la noticia en unos de sus párrafos finales.

Mendoza: de la estadística a la realidad efectiva, y viceversa

"El jueves 13 de diciembre de 2001 se produjo el primer saqueo en Mendoza, un grupo de personas llegó al Atomo de Avellaneda y Capilla de Nieve en Guaymallén. En total fueron 25 saqueos en 5 días, en varios la policía tuvo que disparar balas de goma para frenar los intentos de la gente para ingresar a los supermercados. Los que llegaban a la puerta de los supermercados decían que no les llegaba el dinero de los planes sociales. Desde el gobierno negaban que no estuvieran cobrando los beneficios y decían que, además de la necesidad, los saqueos estaban orquestados. El gobierno entregó bolsas con alimentos para frenar los saqueos, eran donaciones de empresarios y supermercados". Con esa concatenación rearma el escenario el diario Los Andes.

"La economía de Mendoza cayó 7% en 2001 y las consecuencias del estancamiento primero, debido a que estábamos en recesión desde 1998, y de la devaluación después, no tardaron en hacerse sentir", sigue la descripción. "Se incrementaron las ayudas sociales y las estrategias de supervivencia, como los clubes del trueque que se expandieron por toda la provincia. El gobierno decidió en enero del 2002 emitir un bono para oxigenar las cuentas provinciales y así apareció el Petrom", se plantea.

Pasó ya un bienio de gobierno de Javier Milei, hay otro por delante, y aún sobreviven demasiadas incógnitas. Sin contar que varias de las certezas, como una precoz fecha de vencimiento del experimento actual, han quedado al menos en suspenso. 

Si se acepta que tarde o temprano llegará, por su propio carácter y sus precedentes, el principal interrogante es cómo se estructurará un proyecto opositor que en ese momento reconstruya lo roto y se reconcilie con un conjunto ordenado de ideas y con la voluntad popular, dos divorcios que no son adjudicables a Milei. Es tan cierto que en 2017 pocos vislumbraban que hubiera 2019, como que el resultante del frentismo de apuro que lo conquistó fue el que fue. 

Acaso una de las claves de la reconstrucción posible se encuentre en el territorio, que no son sólo los distritos adyacentes a una Capital que poco tiene de federal: la Argentina se adeuda desde hace casi dos siglos un debate sobre el modo de organizar su extensión, puja que fue clausurada desde entonces por la beligerancia interna y una gruesa munición retórica, que condenó para siempre nombres y hechos. 

El primer artículo de la Constitución que no se cumple es el 1: el país es federal a medias, por decir lo menos. Milei oficia como continuidad macrocefálica: es el tercer presidente porteño consecutivo y el cuarto desde que Buenos Aires adquirió el estatus de Ciudad Autónoma que algunos eligen confundir con rango provincial. El cordobés Fernando de la Rúa, su primer jefe de Gobierno, inició la serie en 1999. Cuatro presidentes electos sobre siete es una mayoría que habla de un grado de centralización que también se evidencia en los otros dos poderes públicos, los medios de comunicación, el deporte, la atención de la salud y lo que suele entenderse en términos excluyentes como “cultura”. Lo más descentralizado es -incluso con las inequidades existentes- la educación superior, ferozmente atacada en la actualidad. 

En materia de liderazgos y representación, son varias las rondas electorales que se han clausurado sin que los principales candidatos visiten el llamado “Interior” y la acción representativa se encierra en el abrazo de la General Paz, nombre elocuente. 

En las últimas elecciones generales, de las cinco fórmulas que participaron, cuatro estaban encabezadas por emergentes del área metropolitana de Buenos Aires. El caso más extraño fue el del hoy Presidente, que llegó al poder sin una mínima construcción territorial: no gobernaba, ni llegó a gobernar en ese turno, ninguna provincia ni municipio del país. Las condiciones y factores que contribuyeron a su victoria aún resultan objeto de estudio, y probablemente conformen un conjunto inabarcable. Pero es un hecho que se trata del primero en llegar sin anclaje territorial, sólo con asistencia mediatizada. 

Quedará por ver cómo resuelve el oficialismo esa tara de base y dónde encuentra un límite el arrastre de la escudería nacional en las boletas locales, o qué tan fuertes son las referencias que obtenga en cada distrito. Una llave podrá hallarla en el manejo de los recursos federales, contra los efectos que produce la motosierra sobre áreas del Estado nacional con presencia en los territorios. El gran ejemplo, aunque no el único, son las universidades. En lo discursivo, su gran desafío será representar a todas las jurisdicciones, sin abusar de tópicos metropolitanos que poco tienen que ver con las disímiles identidades y urgencias de cada región. 

El campo popular no está exento de varios de esos interrogantes y taras, porque viene de un prolongado encierro porteño, tras la disolución de su impronta pingüina. La actualidad parece empujarlo a optar entre competir por la llegada mediatizada, con altas probabilidades de perder en cancha ajena e inclinada, o enhebrar nuevamente una confluencia de identidades locales múltiples. Pese a la tendencia centrípeta de décadas, en ciudades y pueblos de menos de cincuenta mil habitantes aguardan ser tomadas como sujeto de la historia doce millones de personas. Una población sólo inferior, entre las jurisdicciones subnacionales, a la provincia de Buenos Aires. 

Sin embargo, hasta el momento no se deja ver que logren filtrar un debate dentro de la agenda de los espacios populares. Esa ausencia es, como siempre, también un modo de elegir.

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), Santiago Roberto, diputado nacional del PJ por la Ciudad de Buenos Aires, analizó el proyecto de reforma laboral del gobierno libertario.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“No basta sólo con la discusión parlamentaria de la reforma laboral, va a ser muy nociva”.

“Va contra todos los principios que nos caracterizan como sociedad”.

“Ninguno de los 197 que plantean tiene algún aspecto positivo para los trabajadores registrados y no registrados”.

“No están diciendo la verdad de lo que va a suceder si entra en vigencia la normativa”.

“Todo lo que entendemos como jornada laboral se borra de un plumazo”.

“Se destruye todo lo que tiene que ver con convenciones colectivas”.

“No se puede resolver la informalidad con sólo normas laborales”.

“La crisis económica tampoco se resuelve con leyes laborales”.

“Más allá de lo que nos quieran hacer creer y de los eufemismos que están usando, la incorporación de nuevas tecnologías tiene que significar mejores condiciones de trabajo”.

“No es un problema de costo laboral ni de la judicialización por reclamos de los trabajadores”.

“Este tipo de reformas no trae ninguna solución, al contrario, precarizan aún más y generan más desempleo, y se puede demostrar con la historia más reciente”.

“Vienen a transformar para mal toda la sociedad argentina”.

“Se va a discutir en la justicia y claramente no va a pasar ese filtro”.

El domingo 14 de diciembre por la tarde un patrullero policial se involucró en un gravísimo hecho que tuvo como víctima a una niña de dos años en la localidad de Manuel Alberti, en el partido de Pilar. Un móvil del Comando de Patrullas municipal atropelló a una niña de identidad reservada en la intersección de las calles Salta y Anasagasti, generándole lesiones que derivaron en su internación.

El hecho fue difundido en redes sociales, exigiendo que se haga justicia y convocando a la población a dar apoyo con una cadena oraciones: “Por favor, les pido, con una mano en mi corazón, que hagamos una cadena de oración por B... La chocó un patrullero. Dios mío, su mamá necesita de tod@s nosotros. Compartan porque esto se tiene que saber, no puede quedar impune. Mi vida tan pequeñita”.

Según trascendió a la prensa, la niña se encuentra internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Federico Falcón de Del Viso. Asimismo, los familiares de la víctima denunciaron que la agente policial mujer que manejaba el patrullero policial “venía distraída con el celular”. En el mismo sentido, detallaron que "el acompañante se supone que también usaba el teléfono. Ocurrió frente al domicilio de mi sobrina”.

Los familiares además informaron a la prensa que la niña “fue operada de urgencia por un hundimiento de cráneo”. “Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto”.

La causa se encuentra a cargo del fiscal de Pilar, Andrés Quintana.