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Bajo el título Argentina tiene los salarios en dólares más altos de la región, lo que podría limitar el impacto de la reforma laboral, publicado el 25/12 próximo pasado con motivo del encuentro anual que lleva a cabo el Grupo Techint con las pequeñas y medianas empresas de su cadena de valor, se afirmó que los salarios industriales en Argentina están entre US$1.000 y US$1.100 en mano, mientras en Brasil se pagan unos US$660, Chile tiene salarios parecidos a los argentinos, Uruguay unos US$800, mientras que Paraguay está en unos US$450.

También se afirmó que, de acuerdo a un estudio elaborado por cámaras empresarias de las cadenas metalúrgicas y siderúrgicas, la Argentina tiene el costo laboral extra remunerativo más alto de la región, con un 67% del salario neto; siguen Brasil con el 62%, Uruguay con el 61%, Chile con el 58%, Colombia con el 54%; y Paraguay, con el 44%.

En la publicación también se expusieron datos de un comparativo de salarios realizado por la OCDE, destacando que en Suiza se paga un salario bruto de US$9.411 y el costo laboral total es de US$10.013, con una diferencia del 14%; mientras en Argentina serían de US$1.366 y de US$1.744, una diferencia del 27%.

La conclusión evidente de lo expuesto es que, en las próximas negociaciones paritarias, los empresarios siderúrgicos argentinos buscarían reducir tanto los salarios brutos como los denominados impuestos al trabajo.

Hasta aquí el corso de contramano que nos quieren vender, toda vez que la realidad de los salarios y los costos laborales es muy diferente a las remanidas quejas presentadas por los empresarios en ese encuentro.

La verdad de la milanesa

Ante todo no me deja de llamar la atención que los empresarios de la cadena siderúrgica sólo hagan mención al costo laboral mientras ignoran otros costos de similar o mayor impacto, como son precios de la energía eléctrica, el gas natural y los combustibles y de precios de insumos difundidos superiores a los que rigen en países con los que competimos. Ignorancia que también se repite en otras cadenas productivas.

Vuelvo ahora a la cuestión salarial que tanto preocupa a buena parte del empresariado, no a todos pero sí a los que tienen mayor capacidad de llegada los grandes medios de comunicación.

Lo primero es esclarecer que los salarios que menciona la publicación se corresponden con bastante aproximación a los salarios mensuales promedio medidos en dólares de cada país (Argentina 1.006; Brasil 594; Uruguay 944; Paraguay 447 y Chile 808).

Lo que la publicación oculta es el valor de los salarios mínimos, también medidos en dólares y su relación con los salarios medios (Argentina 227, equivalente apenas a un 23% de los salarios medios; Brasil 325, un 55% de los medios; Uruguay 603, un 64% de los medios; Paraguay 430, un 96% de los medios; y Chile 577, un 71% de los salarios medios), valores que ponen al descubierto que nuestro país no solo tiene los menores salarios mínimos en dólares sino también una enorme disparidad entre el salario mínimo y el promedio que duplica o triplica la de los demás países.

Puestos en claro los niveles salariales, lo que realmente importa no es el valor absoluto de los salarios sino su relación con los precios vigentes en cada país y en cada momento, relación que define para el común de la gente la capacidad adquisitiva de sus salarios.

Comienzo por analizar la capacidad adquisitiva de los salarios mínimos y promedio en los países mencionados en la nota original mediante la información del costo de las canastas básicas, valores que además fueron cotejados mediante los precios promedio de la carne, la leche y los fideos que fueron publicados en la fecha en supermercados de primera línea de cada país, según detallo a continuación:

• Argentina (CABA): canasta básica = US$ 469; precio promedio = US$5,64

• Brasil (San Pablo): canasta básica = US$ 553; precio promedio = US$4,02

• Uruguay (Montevideo): canasta básica = US$ 887; precio promedio = US$ 6,75

• Paraguay (Asunción): canasta básica = US$ 446; precio promedio = US$ 5,54

• Chile (Santiago): canasta básica = US$703; precio promedio = US$7,12

En base a estos datos las capacidades de consumo de los salarios mínimos y promedio de cada país son los siguientes:

• Argentina: Salario mínimo equivale al 0,48 canastas básicas, permitiendo comprar 40,2 unidades promedio. El salario promedio equivale al 2,14 canastas básicas y permite comprar 178,4 unidades promedio.

• Brasil: Salario mínimo equivale a 0,59 canastas básicas, permitiendo comprar 81 unidades promedio. El salario promedio equivale a 1,07 canastas básicas y permite comprar 148 unidades promedio.

• Uruguay: Salario mínimo equivale a 0,68 canastas básicas, permitiendo comprar 89 unidades promedio. El salario promedio equivale a 1,06 canastas básicas y permite comprar 139 unidades promedio.

• Paraguay: Salario mínimo equivale a 0,96 canastas básicas, permitiendo comprar 78 unidades promedio. El salario promedio equivale a 1,0 canastas básicas y permite comprar 81 unidades promedio.

• Chile: Salario mínimo equivale a 0,82 canastas básicas, permitiendo comprar 81 unidades promedio. El salario promedio equivale a 1,15 canastas básicas y permite comprar 113 unidades promedio.

Esta demostración numérica permite concluir que el salario mínimo argentino tiene una capacidad de compra entre 23 y 100% inferior a los demás países, mientras que nuestro salario promedio tiene una capacidad de compra entre 86 y 114% superior a los demás países.

En otras palabras, nuestros principales problemas son el bajo SMVM unido a una elevada desigualdad respecto de los salarios promedio, que nuestro empresariado quiere aumentar reduciendo más aún los salarios mínimos, lo que se traducirá en mayores salarios medios.

Los datos del WID de participación del ingreso en Argentina indican que el 50% de adultos de menores ingresos recibe el 12,2% del ingreso total, el 40% de adultos de ingresos intermedios recibe el 42,8%, mientras el 10% superior ingresa el 45,1% del total. El 1% de los adultos de mayores ingresos recibe el 18,1% del total.

Los niveles de inequidad son peores al considerar la distribución de la riqueza según los hogares. El 50% de los hogares de menores recursos recibió el 4,5% de la riqueza; el 40% de hogares de recursos medios recibió el 9,7%; el 10% de hogares de mayores recursos recibió el 60%; mientras el 1% de los hogares de mayores recursos se apropió del 25,8% de la riqueza generada.

Si bien todavía no están disponibles los datos de 2025, la pérdida de los salarios frente a la inflación y la reducción impositiva a los más poderosos, indican que en 2025 las inequidades han sido mayores a las mostradas para 2024.

Las disparidades en la distribución de los ingresos explican la coexistencia simultánea de una elevada privación en las grandes mayorías populares, en especial entre desempleados, trabajadores informales y los jubilados con la mínima, con shopings y restaurantes de gran nivel repletos y el gran aumento en la cantidad de turistas al exterior.

Toda una ceguera que, al hacer prevalecer posturas ideológicas extremas por sobre la evolución real de sus negocios, impide a muchos empresarios ver que la única forma de lograr un crecimiento económico sostenido se fundamenta en la mejora de los salarios y la reducción de las desigualdades, generando así un aumento generalizado del consumo que, a su vez, impulse a las producciones de bienes y servicios, mejore los ingresos fiscales y permita mejores prestaciones del estado en materia de salud, educación, ciencia y tecnología e infraestructura y evitando los los bandazos en las políticas económicas que nos caracterizaron.

Así lo demuestran las evoluciones del PIB comparadas por el Banco Mundial de los últimos 20 años para Argentina (34,1% entre puntas); Brasil (48,2%); Uruguay (75,5%); Paraguay (101,4%) y Chile (74,4% en igual período).

En definitiva de lo que se trata es que esos empresarios amplíen su mirada, vean más allá de su propia ideología, tengan en cuenta sus intereses y contribuyan a reemplazar las políticas de ajuste, represión y endeudamiento por políticas centradas en la producción, el trabajo y la soberanía.

Espero que estas líneas contribuyan a ese objetivo.

El economista y presidente del partido peronista Principios y Valores, Guillermo Moreno, se refirió a la situación que se vivió en Venezuela con la intervención militar de Estados Unidos que incluyó la detención arbitraria de Nicolás Maduro, presidente del país caribeño. 

"El mundo de la globalización se murió, no existe más. Este es el nuevo orden mundial y hay que entenderlo, te guste o no te guste", explicó. "Veo comunicados que parecen de hace 50 años. Hablan de un derecho internacional que ya no existe más, ese derecho internacional era de la globalización, que es lo que dejó de existir", aclaró Moreno.

"Esperamos que la situación se resuelva de la mejor manera para la soberanía del pueblo venezolano. Creemos que los pueblos son los sujetos de la historia. Pero la dirigencia política tiene que entender el nuevo mundo", insistió. 

"Estados Unidos definió con claridad la doctrina 'América para los americanos' y de América se tiene que ir China, según esa concepción. Estados Unidos no quiere que Venezuela le venda petróleo a China porque no quiere que esa economía recupere competitividad", resaltó. "Vamos a ver cómo sigue y si no hubo negociaciones con el chavismo. La vicepresidenta estaba en Rusia cuando pasó esto. Hay que seguir los acontecimientos". 

Argentina y nuevo orden mundial

"La dirigencia argentina en general y la peronista en particular no entiende el nuevo orden y saca comunicados de otra época", siguió Moreno en diferentes intervenciones públicas. "El gobierno abre importaciones cuando Trump pone aranceles y cuida a su industria. La dirigencia peronista saca comunicados invocando un derecho internacional que no existe. Después tenemos a dirigentes pro-china. No hay claridad", explicó.

"En este nuevo orden internacional hay lugar para que los países cuiden sus manufacturas. Argentina se puede industrializar. Pero tiene que entender las nuevas reglas", describió. 

"América para los americanos implica que China se vaya de la región con sus manufacturas, que nos favorece. También implica que se vaya Inglaterra de Islas Malvinas y eso nos favorece todavía más, porque tenemos el 25% de nuestro territorio ocupado", resaltó Moreno. 

En un operativo militar que involucró ataques a diferentes puntos - por ahora no se conoce la existencia de muertos - Estados Unidos se metió en suelo venezolana y detuvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Se cree que fueron llevados a Estados Unidos donde "serán juzgados por delitos vinculados al narcotráfico", describió el gobierno de Donald Trump.

Por su parte, el gobierno chavista repudió el ataque y lo caracterizó como "gravísima agresión militar". En el mismo sentido, se expresaron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Xiping. En la región, el mandatario basileño Lula explicó que "esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoeamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz". En contraste, el presidente Javier Milei celebró la intervención militar norteamericana: "La libertad avanza en Venezuela". 

"Violación flagante"

El gobierno de Venezuela sacó un comunicado en el que explicó la situación, que a continuación se reproduce completo: 

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un “cambio de régimen”, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores.

Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios. Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el Presidente Cipriano Castro proclamó: “La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria.” Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial.

Pueblo a la calle
El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.

El Presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

En este sentido, el Presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista.

Del mismo modo ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país.

En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial.

Como señaló el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas…es unidad, lucha, batalla y victoria”.

Al conmemorarse un nuevo aniversario de la ocupación británica de nuestras tierras australes ocurrida el 3 de enero de 1833, los reclamos durante el periodo del Restaurador se mantuvieron de manera persistente. Sin embargo, habría habido un episodio peculiar: la posible propuesta de vender o intercambiar las Islas Malvinas a Gran Bretaña, atribuida al poco interés que Rosas tenía por dichas tierras, como una alternativa para cancelar la deuda externa contraída por Bernardino Rivadavia.

Con la vuelta de Rosas a la primera magistratura bonaerense se mantuvo su preocupación por las Malvinas. El 31 de diciembre de 1835, al abrir las sesiones de la Legislatura de Buenos Aires, el 31 de diciembre de 1835, reafirmó su pedido al “gobierno de Washington repare los agravios y perjuicios que infringió a la República el comandante de la corbeta Lexington, que, en medio de la más profunda paz, invadió de un modo atroz nuestra colonia en las islas Malvinas”. Y agregó que “Sobre esta misma colonia, el gobierno debe añadir, que después de haber replicado nuestro ministro en Londres satisfactoriamente el año de 1834 la contestación que dio el ministerio de S.M.B. con respeto a la protesta que le fue dirigida contra la ocupación violenta de las islas Malvinas por fuerzas inglesas, no ha continuado aquella negociación, y el gobierno jamás desistirá en su empeño de reclamar también de la justicia del gabinete británico el reconocimiento de los claros e incuestionables derechos de la República Argentina a aquellas islas y la competente reparación.”

Rosas, en todos los mensajes de apertura de sesiones de la Legislatura de Buenos Aires, insistirá sobre su reclamo a Gran Bretaña sobre nuestra soberanía sobre Malvinas y una consecuente reparación.

¿Rosas intentó vender o canjear las Malvinas a Inglaterra por el empréstito de 1824?

Pedro Agote, ministro de Economía del gabinete bonaerense del conservador Emilio Castro, en su informe “La Deuda Pública, Bancos y Emisiones de Papel Moneda y Acuñación de Monedas” (1881), aseveró: “A los catorce años de esta fecha, en febrero de 1842, los señores Baring Brothers y Ca. comisionaron al Sr. Palicieu Falconet, para proponer al dictador Rosas, algún arreglo para el pago de los intereses atrasados del empréstito. Propuesto el arreglo, aquel comisionó al ministro doctor Isiarte, para que se entendiese con el señor Falconet. En desempeño de su encargo, el ministro lnsiarte manifestó a aquel señor, en nota de 17 de febrero de 1843, las dificultades con que había tropezado el gobierno para hacer este servicio, y le anunció, en testimonio del deseo que le asistía de hacer un arreglo con los acreedores, haber autorizado al Ministro argentino en Londres, para hacer al gobierno de Su Majestad Británica la proposición de ceder a aquellos las islas Malvinas en pago de la deuda. Esta nota abunda en consideraciones acerca de los derechos de la República a aquellas islas… (Falconet) contestó en nota de 21 de febrero de 1844, que no aceptaba el medio de arreglo propuesto por el gobierno, por no ofrecer la cuestión pendiente de las islas Malvinas un resultado pronto y favorable, habiendo el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Lord Aberdem, rechazado todo reclamo a este respecto. El ministro doctor Insiarte en nota de 20 de marzo de 1844, reitera el ofrecimiento de las islas Malvinas, e insiste en la legitimidad de los derechos de la República Argentina al territorio de dichas islas, cuya cesión a los prestamistas ingleses era el medio más pronto y eficaz para cubrir esta deuda”.

Refutando lo anterior, Roberto de Laferrere en “El nacionalismo de Rosas” (1939) afirmó que la Baring Brothers “insinúan, según Saldías, la entrega en pago, de las islas Malvinas… Rosas hace frente a la situación y desbarata la maniobra. Su ministro Insiarte, en nota de febrero 17 de 1843, comunica a Falconet, que ha asumido oficialmente la iniciativa por medio de su ministro en Londres. ¿En qué consiste ella? Reconozca el gobierno inglés los derechos argentinos a las Malvinas y podrá entonces el gobierno responder con esa parte de nuestro territorio a los compromisos contraídos insensatamente por Rivadavia y del Carril… La respuesta inglesa es dada directamente por el almirante Purvis. El 13 de abril “arresta” a la escuadra argentina y la extorsión prosigue escandalosamente a lo largo del año 43. El ministro doctor Insiarte… en nota de 20 de marzo de 1844 reitera el ofrecimiento… La condición previa impuesta por Rosas significa en el orden de los principios una afirmación rotunda de los derechos argentinos y en la práctica era de imposible realización, porque proponía lo que los ingleses no podían aceptar. Ganó tiempo, entre tanto; paralizó los apremios de Falconet y le quitó al enemigo uno de los pretextos que utilizaba…Inglaterra no aceptó”.

Julio Irazusta profundiza el tema en “Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia”. En el tomo 5 de la edición de 1975, agregó una nota de Manuel Moreno desde Londres: “Respecto de la importante diligencia que se me encarga de procurar de este gobierno una indemnización por el derecho que tiene la república a las Islas Malvinas, y que en esta sazón tomase aquél a su cargo nuestra deuda en Londres, con las rentas vencidas, hemos conferenciado con Mr. Dickson (cónsul general argentino en Londres) antes de dar los pasos necesarios al efecto; y hallamos tantas dificultades, que, en verdad nos hace pensar que aunque la idea de la transacción es absolutamente justa y razonable en el fondo, no hay al presente ninguna probabilidad de hacerla practicable. Mientras este gobierno niegue la soberanía de las islas en la República como lo ha hecho hasta ahora, no hay medio de inducirlo a indemnizaciones por la cesión de aquel dominio”.

Se preguntó Irazusta: “¿Cómo es que, sin abandonar las reclamaciones argentinas, el gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores hizo la propuesta a que Moreno veía con razón tantas dificultades? Evidentemente, como golpe político, según ya lo han señalado Roberto de Laferrrere, y Raúl Scalabrini Ortiz.” El segundo, en el Cuaderno de FORJA: “Historia del primer empréstito” (1939), incluido al año siguiente en “Política Británica en el Río de la Plata” sentenció: “La habilidad de don Juan Manuel de Rosas supo volver contra las pretensiones inglesas el arma del empréstito, interesando a los tenedores de bonos y banqueros ingleses en el levantamiento del bloqueo establecido en el Río de la Plata por la flota de Gran Bretaña”

Volviendo a Irazusta, acotó: “Era mucho más fácil formulársela a quien no podía entender en ella, porque era un simple particular, y luego hacerla discutir en la Sala de Representantes, para sacarle con la propaganda todo el provecho posible, que emplear el mismo procedimiento con el hostil (secretario de Relaciones Exteriores) Aberdeen.

Fue, para Irazusta, una estrategia política, “no una cesión consumada, sino de una negociación esbozada sobre aquella base para redimir la economía argentina de la   hipoteca que la embargaba por obra de los unitarios, quienes había dado el territorio nacional en garantía del empréstito Baring y otorgado a Inglaterra en el tratado de 1825 cláusulas de una liberalidad excesiva, sin reciprocidad en los hechos”.

Resulta llamativo que Rosas reciba críticas de quienes permitieron la intervención europea en el Plata, la separación de las provincias mesopotámicas y el desprendimiento de territorios como la Banda Oriental, la Patagonia, Paraguay y Misiones Orientales.

Las acciones navales del comodoro John Bret Purvis, al mando de la escuadra británica de la costa sudeste de Sudamérica a favor de los enemigos de Rosas, los hechos armados de Obligado y la guerra del Paraná de 1845 – 1846 marcaron la respuesta anglosajona, y mostraron la resistencia de Rosas contra el invasor.

Durante la época de Rosas, la Confederación Argentina reclamó continuamente a Gran Bretaña la soberanía de las Islas Malvinas. La aparente cesión de las islas fue parte de una estrategia política en negociaciones sobre el empréstito rivadaviano y el avance colonial británico.

El gobierno de Javier Milei se apresta a iniciar su tercer año calendario sin haber sufrido mayores turbulencias que las del mes posterior al porrazo electoral en la provincia de Buenos Aires. Tranquilizó las aguas con lo justo, merced a la intervención norteamericana en la previa de los comicios nacionales de octubre y el triunfo que consiguió en ellos. 

Que su único momento aciago se haya producido en torno a las elecciones de medio término marca la carencia de músculo por parte de toda forma de oposición, desde las bases hasta las cúpulas, en lo partidario y también en lo inorgánico. Durante el año, la tarea opositora pivoteó sobre las denuncias de corrupción minorista y la sanción de leyes que el Gobierno dispuso que no aplicaría. 

Ambos enviones perdieron impulso tan pronto como el oficialismo demostró tener controlada la bomba electoral. Los chistes sobre el 3% pasaron de moda y la mayoría parlamentaria construida en defensa de las personas con discapacidad y la educación universitaria se resquebrajó, devolviendo al Congreso la docilidad previamente dominante. Por fuera de las vías institucionales que las canalizan, pero también encorsetan, la única acción política reciente de envergadura fue la movilización de las centrales obreras contra el intento de cercenamiento de derechos que el Gobierno cataloga como “modernización laboral”. 

El elenco estable, en cambio, redobló sus bríos disruptivos. Desoyó la sanción de leyes y los fallos judiciales adversos, en una práctica grave contra las instituciones republicanas que antes desvelaba a la oposición liberal. 

También logró aprobar el presupuesto, previo reparto federal de treinta monedas, aunque no consiguió derogar las leyes votadas meses antes como reparación de sectores castigados. Acaso exagerando la magnitud del espaldarazo electoral, acercó en estas semanas el gesto de mayor osadía oficial en las últimas décadas: el enfrentamiento con la AFA, campeona vigente de América y del mundo. Esa historia está por resolverse, con el Mundial 2026 en el horizonte. Victoria o derrota en ese terreno serán pesadas. De cualquier modo, si se comprobase un error, sería no forzado. 

Independientemente de los resultados coyunturales que dibujen el curso de la experiencia anarcocapitalista, el día después será difícil. Lo que quedará será una Argentina quebrada, económica y socialmente, con escasos recursos con los que reconstruir una sociedad a la que dos ciclos neoliberales les prometieron en la última década futuros de idílica prosperidad. 

El andamiaje institucional quedará seriamente lesionado, con los poderes electivos revestidos de un enorme desprestigio, como atestigua la participación a la baja en los comicios. El Poder Judicial, con sus honrosas excepciones, ha aceptado sin pudores una actitud parcial que ya ni siquiera trata de disimularse con poses o elegancia. Las argucias forzadas para aplicar condenas a opositores y sobreseimientos a oficialistas van asemejando su recepción a la de los árbitros de fútbol, celebrados o repudiados por la dirección de sus fallos, y no por su justicia. Ese esquema, agravado por vínculos ostensibles como los del episodio de Lago Escondido, no pueden mejorar la legitimidad. 

Como situación excepcional que fue, la pandemia dejó muestras gratis de los límites de la acción pública cuando la población, por las razones que sea, deja de confiar en ella. No existe sistema lo bastante robusto como para organizar a millones de personas que no lo consientan. Del bienio pandémico no salimos mejores, sino mucho peores, y aunque fue eludida una tragedia como la registrada en otros países, el periodo anticipó algunos rasgos novedosos de la nueva época: la volatilidad espasmódica, el individualismo, una idea mezquina de libertad, la irresponsabilidad mediática, las teorías conspirativas y la ilusión de que el sesgo de confirmación pueda prevalecer a gusto sobre una realidad biológica. El gobierno de Alberto Fernández no contribuyó a mejorar el escenario, más allá de que sus medidas de contención social y prevención sanitaria evitaron un desastre.   

Uno de los grandes interrogantes para el día posterior al fin de este experimento será cómo puede hacer la política, entendida en su sentido más amplio, para reparar los puentes de una organización colectiva, comunitaria y social. No podrá conseguirlo sin restaurar la confianza, palabra que últimamente sólo se asocia a los intereses económicos de los que se espera algún gesto de amor. 

Una forma de reparar la visión del Pueblo sobre sus formas de organización debería ser la recuperación del rol que pueden tener como herramienta transformadora, que sean visibles como una posibilidad de bienestar presente y crecimiento futuro para todos. Por ahora, es una cuenta pendiente. 

Agencia Paco Urondo inaugura en este 2026 un curso de verano de carácter virtual - gratis para suscriptores - sobre revisionismo histórico que contará con 4 clases. Empieza el 20 de enero. 

El curso será dictado por los historiadores y colaboradores de APU Facundo Di Vincenzo y Julián Otal Landi y buscará aproximarse a los lineamientos estructurales del revisionismo histórico argentino, como herramienta metodológica y epistemológica necesaria para nuestra cultura.

“Revisionismo histórico, con pistacho y en ojotas” responde a la necesidad de “revisar al revisionismo”, en clave de divulgación y con la idea de establecer un espacio alternativo para el intercambio, con vistas a actualizar las problemáticas culturales, políticas y sociales que acucian al actual nuevo siglo pensándolo en clave nacional.

El curso constará de cuatro encuentros virtuales, a partir del martes 20/01, todos los martes de 19 a 21 h, luego los mismos quedarán grabados para aquellos que no pudieron seguir el o los encuentros en vivo.

Todo el material trabajado en las clases, así como la bibliografía sugerida para profundizar los contenidos, estará disponible para todas las personas que participen del curso.

Para realizar el curso no se requieren conocimientos ni experiencia previa.

Se entregarán certificados de asistencia.

Precio general: $30.000

Precio para suscriptores de APU: GRATIS

Formulario de inscripción AQUÍ

PROGRAMA

Encuentro 1 (martes 20): El revisionismo, como ruptura epistemológica

¿Qué es el revisionismo histórico? ¿Cuándo se origina y cuáles son sus motivaciones? El esplendor del mismo durante los 60 y 70. Por qué es necesaria su recuperación.

Encuentro 2 (martes 27): El dedo en la llaga: El revisionismo y el caudillismo

Nociones generales. ¿Por qué es importante discutir el caudillismo? Los caudillos y la independencia. Los caudillos y Buenos Aires. Rosas, ¿por qué es polémico? Los caudillos después de Caseros. ¿Y Roca?

Encuentro 3 (martes 3): El dedo… hasta el tuétano: revisionismo y peronismo.

Nociones generales. ¿Por qué es importante discutir el peronismo? Peronismo y antiperonismo. Peronismo y fascismo. Peronismo y marxismo. Peronismo y peronismo(s). ¿Pos peronismos?

Encuentro 4 (martes 10): El revisionismo ante la rebelión de las máquinas

El cambio de paradigma, la era de los “papeles líquidos”. Historiografía académica vs militante. El pensamiento único. La inteligencia artificial. Revisionismo en cuatro o en 4.0.

SOBRE LOS DOCENTES DEL CURSO

Facundo Di Vincenzo. Doctor en Historia, Especialista en Pensamiento Nacional y Latinoamericano, Profesor de Historia (USal, UNLa, UBA) Docente de materias de Historia y del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa), Docente e Investigador del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte” y del Instituto de Investigaciones Históricas (UNLa). Compilador de Manuel Ugarte. Legado, vigencia y porvenir y Una hora americana, Coautor de El Caudillismo en el Río de la Plata y otros ensayos de Historiografía, Política e Historia (2022) y autor del fundamental Liberales de Corral y Marxistas sin Nido más otros ensayos (2023).

Julián Otal Landi. Profesor en Historia. Miembro académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Docente de las materias “Historia de España” y de “Historia de la historiografía y Teoría de la Historia” en ISP Dr. Joaquín V González. Investigador y colaboradores del Instituto de Investigaciones Históricas (UNLa) y del emprendimiento colectivo Diccionario del Peronismo, 1955-1969 (CEDINPE, UNSAM). Autor de Vibración y Ritmo (2020), El joven Fermín Chávez (2021), Era… como podría explicar. Biografía musical de Leonardo Favio (2022), Fermín Chávez durante la Resistencia Peronista (2024) y Roberto Sánchez, ¿libre al fin? (2025).

Ambos conducen, junto al Mg. Marcos Mele, el podcast HISTORIADENCERS (Historiadores con pretensiones de ser eduinfluencers). IG: @historiadencers.estabien

“Gobernar no es ordenar números, sino organizar la esperanza”, advertía Arturo Jauretche al denunciar proyectos que confundían contabilidad con política. La Argentina libertaria parece atrapada en esa misma confusión. Un gobierno que exhibe cifras como trofeos mientras la vida cotidiana se deteriora bajo niveles inéditos de endeudamiento familiar. Durante 2024 el salario real promedio sufrió una caída pronunciada y en 2025 solo mostró recuperaciones parciales, sin retornar a los niveles previos al ajuste. En ese marco, la morosidad de los préstamos a individuos superó el 10 %, de acuerdo con datos del INDEC y estimaciones de la consultora Curat, Martínez Larrea & Asociados.

Javier Milei llegó al poder y anunció sacrificios con una crudeza inicial incómoda y, para muchos, honesta. Desde el marco conceptual del equipo económico, toda experiencia de estabilización macroeconómica supone costos sociales inevitables. Lo cierto es que el problema no radicaría en su existencia, sino en el modo en que esos costos son concebidos políticamente. En este caso, el dolor no aparece como tránsito hacia una recomposición futura, sino como principio ordenador del presente. La ausencia de un horizonte productivo y de una narrativa de salida transforma al sacrificio en condición permanente, erosiona el entramado social y vacía de sentido la promesa de futuro que toda transición requiere para ser algo más que ajuste. 

El núcleo de la gestión se estructuró alrededor del orden fiscal, el déficit cero, la reducción del gasto y la disciplina monetaria. Ese programa se activó tras una devaluación superior al 120 % en diciembre de 2023, que disparó los precios y licuó ingresos. Aunque la inflación mensual se desaceleró durante 2024, ese proceso no devolvió previsibilidad macroeconómica ni reactivó el mercado interno. En consecuencia, las reservas del Banco Central continúan frágiles y la estabilidad cambiaria se sostuvo más por la contracción de la actividad que por un ingreso genuino de divisas.

En ese contexto, el gobierno proclama una supuesta “victoria cultural”. Sin embargo, aceptar el deterioro no equivale a legitimar un proyecto. La tolerancia social no expresa adhesión, sino agotamiento. La mayoría de la población percibe que su situación personal no progresa y que llegar a fin de mes resulta cada vez más difícil; y después de su triunfo en las elecciones de medio término, solo se advierte una tolerancia pasiva al deterioro económico. Ese fenómeno no constituye una victoria cultural, sino una forma de cansancio social administrado.

Raúl Scalabrini Ortiz advertía que las cifras pueden ocultar mejor que las palabras. En esta experiencia de gobierno, el orden existe casi exclusivamente en el plano abstracto de las planillas, los informes técnicos y las presentaciones destinadas a los mercados y a los organismos internacionales de crédito. Ese orden puede ser condición necesaria, pero no suficiente porque cuando no se articula con una estrategia de desarrollo, inversión productiva y recomposición del ingreso no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría. Eso se evidencia en que la actividad industrial profundizó su descenso en noviembre de 2025, con una caída interanual del 6 % según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA). 

Los datos de 2024 y comienzos de 2025 confirman que el consumo masivo registró caídas interanuales superiores al 10 por ciento. Las jubilaciones mínimas permanecieron mayoritariamente por debajo de la línea de pobreza, incluso tras ajustes discrecionales, mientras los ingresos laborales quedaron rezagados frente al costo de vida. En términos generales, la economía ingresó en una fase de estancamiento profundo.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) resultaron uno de los sectores más afectados ya que según la UIA, la producción cayó un 4,1 % y el empleo un 4,6 % durante el tercer trimestre de 2025. Además, el 37 % de estas empresas perdió participación en el mercado interno como consecuencia del aumento de las importaciones, en particular de origen chino. Ese proceso derivó en una caída sostenida de las ventas desde el inicio del mandato.

En la misma dirección, el empleo privado registrado perdió más de 276.000 puestos de trabajo y cerraron, en promedio, casi treinta empresas por día. La obra pública se redujo a mínimos históricos, con caídas reales superiores al 70 % interanual en algunos períodos, según datos del presupuesto ejecutado del Ministerio de Economía. En ese escenario, hablar de “orden macroeconómico” sin un proyecto de desarrollo productivo adquiere un tono, como mínimo, cínico.

El relato del “no hay plata”, eficaz en la etapa inicial, permitió justificar recortes, silenciar demandas y desactivar expectativas. No obstante, gobernar no implica solo administrar una escasez heredada, sino transformar esa escasez en un proyecto colectivo. Allí aparece la dimensión más profunda de la simulación. Un gobierno que se presenta como exitoso por reducir gastos y ejecutar el mayor ajuste de la historia, pero no genera riqueza ni construye capacidades productivas. De ese modo, el dolor social se administra como si fuera una virtud en sí misma.

La política de endeudamiento tampoco resolvió los desequilibrios estructurales. Aunque se evitó una expansión visible de la deuda externa tradicional, aumentaron los compromisos internos y los instrumentos financieros que trasladan vencimientos hacia adelante. Bajo esta gestión la deuda se incrementó en más de 28 mil millones de dólares y, en términos reales, continúa en ascenso. En este tema no se puede olvidar las maniobras apresuradas y acuerdos de último momento con el gobierno de los Estados Unidos, que solo resultó en un alivio transitorio.

En cuanto al equilibrio fiscal, que enarbola como bandera, en gran medida se alcanzó mediante la licuación de ingresos, el ajuste sobre jubilaciones y salarios públicos y la paralización de políticas públicas. La estabilidad cambiaria no derivó en un proceso sostenido de inversión ni en una mejora de la movilidad social. El aparente exitoso plan económico resulta estrictamente contable y socialmente indiferente.

En el plano institucional, el colapso anunciado no se materializó, al menos por ahora. El sistema político continúa funcionando, aunque reducido a su mínima formalidad. El Estado conserva capacidad coercitiva, pero perdió densidad social. Los proyectos de reforma laboral y previsional que se debatirán durante el 2026 apuntan a profundizar la lógica de mayor flexibilidad y menor protección, con efectos ya conocidos en la historia reciente argentina y con antecedentes directos en la crisis de 2001.

La contradicción central del gobierno de Milei no se expresa entre discurso y práctica, sino entre finalidad y método. Se invoca la grandeza nacional -al estilo Trump- mientras se deterioran las condiciones materiales de la Nación. Se promete futuro mientras se agota el presente. El simulacro del buen gobierno al que somete al pueblo argentino no colapsará de manera abrupta, sino que se desgastará de forma progresiva y se nota en la vida cotidiana, y más aún cuando el sacrificio deje de percibirse como promesa y pase a vivirse como destino.

Milei acertó al diagnosticar el agotamiento del ciclo anterior, pero impuso una manera brutal de gobernar a través del dolor social. Lejos de clausurar la política de la casta y los privilegios —como prometió—, terminó profundizándola bajo nuevas formas. Sin embargo, los argentinos ya conocen de gobiernos eficaces para ajustar. El verdadero problema reside en articular desarrollo, trabajo y dignidad social. En ese vacío se abre una disputa política ineludible. La tradición del movimiento peronista, cuando logra organizarse, constituye hasta ahora la única experiencia histórica que ofreció un camino alternativo al ajuste permanente y puede volver a hacerlo frente a un escenario de deterioro prolongado.

Resumen

El artículo analiza las formas de enfrentar el cientificidio en Argentina y distingue tres momentos en esa lucha: el espontaneísmo reactivo, la defensa organizada y la iniciativa estratégica. La postura reactiva, atravesada por una cultura cientificista, tiende a reducir el problema al financiamiento y a respuestas fragmentadas, lo que deriva en desgaste y crisis de sentido. La defensa organizada representa un avance al reconocer el carácter estructural y deliberado del cientificidio y articula a los distintos organismos del sistema, aunque permanece mayormente en una lógica defensiva y sectorial. Frente a estos límites, el texto plantea la necesidad de generar un reposicionamiento estratégico que recupere la iniciativa política, amplíe alianzas sociales y dispute el sentido de la ciencia y la tecnología como parte de un proyecto nacional.

Introducción

A la hora de discutir cómo enfrentar el cientificidio, suelen aparecer iniciativas como: “hagamos una juntada de firmas”, “mejor, una movilización”, “una denuncia judicial o una jornada deliberativa en el Congreso”, “una feria de ciencias” o incluso “la toma pacífica del Polo Científico Tecnológico”. Todas ellas son, sin duda, acciones válidas. Sin embargo, comparten un problema central: al carecer de un marco estratégico, se convierten en una sucesión inconexa de propuestas, dependientes de circunstancias diversas. El resultado habitual es que medidas sin planificación producen, a lo sumo, picos pasajeros de entusiasmo y participación, seguidos de estancamiento y, ante la falta de resultados, desgaste y descreimiento.

Este problema se superpone con una distorsión propia de las dinámicas sociales y comunicacionales contemporáneas. En la era de las plataformas digitales, parte de la energía política se canaliza en formas de participación rápidas e intensas pero efímeras, que generan una descarga simbólica individual con escasa acumulación organizativa. La “disfunción narcotizante” y el activismo de hashtag o de sillón describen este proceso: la sobreexposición informativa y los gestos digitales de adhesión o repudio tienden a sustituir la acción colectiva por una sensación de involucramiento que rara vez se traduce en organización o estrategia. Estas prácticas pueden fragmentar la protesta al dispersarse en expresiones individuales inconexas. No obstante, cuando existe masa crítica y orientación estratégica, estas infraestructuras pueden convertirse en vectores de coordinación y construcción de poder real.

En cierto modo, el comportamiento por oleadas es inevitable, sobre todo en procesos de resistencia prolongados. Sin embargo, para que el movimiento no vuelva al punto de partida —o incluso retroceda en conciencia y organización—, se requiere un enfoque de mediano y largo plazo que supere los vaivenes coyunturales y oriente al conjunto de actores y acciones. Con ese fin, se propone una sistematización de tres momentos en la lucha contra el cientificidio: i. Espontaneísmo reactivo, ii. Defensa organizada, iii. Iniciativa estratégica.

Conviene realizar tres aclaraciones. En primer lugar, aunque existe un carácter acumulativo entre fases, esto no implica que todo el complejo científico-tecnológico avance en la misma dirección ni al mismo ritmo. Por otro lado, las posturas desarrolladas son tipos ideales, y una misma persona o grupo puede desplazarse entre ellas según dinámicas internas o factores externos. Por último, si bien el foco está en el sector CyT, el triunfo o fracaso de la pelea depende en buena medida de condiciones sociales, económicas y políticas más amplias. Esto no debe conducir a una actitud pasiva de espera; por el contrario, articular una estrategia que potencie la lucha del sector contribuye a modificar las relaciones de fuerzas sociales.

Espontaneísmo reactivo 

La actitud reactiva es la posición espontánea de quien se encuentra bajo una agresión inesperada. En el sector CyT, debido a sus características culturales predominantes, suele expresarse como una postura mayormente cientificista. Combina comportamientos que van desde la actitud del avestruz (meter la cabeza bajo tierra para tratar de pasar desapercibido y no darse por enterado de lo que sucede), la resignación pragmática (“esto ya lo vivimos, va a pasar, hay que ver cómo sobrevivir mientras tanto”), hasta acciones de protesta dispersas guiadas por una lógica reactiva: ante la amenaza puntual, me defiendo. Superado el momento peligroso —ya sea por una victoria momentánea o una derrota—, los actores regresan a la pseudo normalidad previa. Algunas de esas conductas espontáneas se entienden también como una defensa psíquica frente a un trauma: la irrupción brutal del cientificidio en un universo que se pensaba protegido por el mérito, la racionalidad y el reconocimiento. 

Aunque no siempre se formula de manera explícita, estos hechos reactivos pueden considerarse la estrategia de facto que subyace en la mayoría de los casos. En el plano discursivo, se articula por lo general con argumentos típicamente cientificistas, apelando a los “valores intrínsecos de la ciencia”. Por ello, deposita expectativas en el apoyo académico internacional o de sociedades científicas, reproduciendo criterios de validación internos al sector: resulta más relevante una editorial en Nature o Science que una reunión con la CGT, los gobiernos provinciales o el empresariado argentino. Por otro lado, las plataformas digitales intensifican y estabilizan el funcionamiento reactivo mientras se refuerza la ilusión de intervención, al enfatizar la expresión espontánea de emociones y el impacto inmediato en detrimento de la paciente construcción organizativa y la planificación estratégica.

Esta perspectiva tiene, al menos, tres debilidades que emanan específicamente de la imbricación de espontaneísmo y cientificismo: una reducción cuantitativa del problema, una mirada fragmentada del sistema y una crisis de sentido en torno al quehacer científico.

En primer lugar, cuando la postura reactiva se articula con el imaginario cientificista, concibe el cientificidio como un problema exclusivamente cuantitativo: el núcleo del conflicto sería el financiamiento. Si el dinero aparece, los problemas se resolverían. Precisamente porque reduce el conflicto a un problema de recursos, este enfoque tiende a evitar la confrontación política y la identificación de responsables, bajo el argumento de preservar el diálogo con las autoridades.

Esta reducción a lo presupuestario es posible porque la ciencia se concibe como separada de un proyecto nacional: podría existir buena ciencia con independencia del contexto. Si no se la molesta, la ciencia funciona. Su lema implícito es “autonomía y recursos”. Esta concepción se vuelve una debilidad, ya que no logra responder a la crisis de legitimidad de la República del Saber. Como María Antonieta en Versalles, el investigador cientificista recorre el laboratorio sin comprender el origen del malestar social que se expresa extramuros y percibe el ataque a la ciencia como inmerecido. Por ello, su táctica principal es la “visibilización”: mostrar lo que sucede y el valor del trabajo científico, confiando en que la exposición pública pueda frenar el conflicto. Sin embargo, la alta exposición lograda con el streaming del CONICET o las sucesivas notas en medios masivos desmiente que la cuestión crucial sea de visibilidad (si bien, claro está, es un punto a tomar en cuenta). 

En segundo lugar, esta postura tiende a reproducir la fragmentación y las jerarquías del propio sistema científico-tecnológico. El foco se coloca en la institución de pertenencia, lo que conduce a que el CONICET concentre la atención por su tamaño y reputación, y a que se visibilice principalmente lo que ocurre en la zona centro del país. A los sesgos del cientificismo se agregan así el “Conicet-centrismo” y el “porteño-centrismo”. Como resultado, otras instituciones del complejo CyT distribuidas en distintas provincias —muchas de ellas más afectadas— quedan fuera de la mirada pública: no se nombran ni se reconocen. Esta falta de una perspectiva de totalidad, combinada con el énfasis casi exclusivo en el financiamiento, explica que el enfoque reactivo evite hablar de cientificidio o, cuando lo hace, lo reduzca a un “ajuste económico sobre el CONICET y la Agencia”.

En tercer lugar, esta forma de respuesta produce una crisis de sentido: el ataque a la actividad CyT se vive como una herida narcisista: ¿cómo nos van a agredir así, si la ciencia es súper importante? En particular, entre los jóvenes investigadores, el marco cientificista instala un dilema desgarrador ante la imposibilidad de desarrollar la carrera tal como fue imaginada: emigrar o dedicarse a otra cosa. Esta crisis surge de no comprender plenamente la relación entre proyectos nacionales y políticas científicas. Como un baño de realidad, el investigador se enfrenta de golpe al país en el que vive y a la primacía de sus urgencias. No obstante, en el propio conflicto, una parte de este sector desarrolla una mirada más crítica y avanza hacia la siguiente fase.

En síntesis, la actitud reactiva es dispersa y espontánea, siendo afín a la lógica cultural de la era de las plataformas. Reproduce jerarquías y valores internos del sistema, se concentra en lo más visible y apela a la solidaridad académica antes que a otros actores de la vida nacional. Cuando habla de cientificidio, lo hace en un sentido acotado y cuantitativo, concibiendo el problema como esencialmente presupuestario. Su principal forma de lucha es la visibilización de la ciencia argentina, al tiempo que genera una profunda crisis de sentido, especialmente entre los jóvenes.

Defensa organizada

Si la postura anterior es la que brota espontáneamente en amplios sectores inmersos en una cultura cientificista, la que abordamos ahora emerge de grupos organizados —sindicatos y diversas agrupaciones— y de científicos politizados que se distancian de esa mirada. Aunque también pone el acento en acciones defensivas y, en los hechos, coincide en varios aspectos con el enfoque previo, se distingue por cuatro diferencias sustantivas en el diagnóstico y la forma de intervención.

En primer lugar, al surgir de actores con trayectorias de organización y debate, incorpora una mirada más abarcativa del sector. Por ello, contempla la situación de los distintos organismos que integran el complejo científico-tecnológico y advierte rápidamente que el cientificidio en curso excede el ajuste sobre el CONICET o la paralización de la Agencia. Sabe que no se trata de un intento de modernización del sistema, sino de un proceso de desmantelamiento premeditado. Mientras que el espontaneísmo reactivo supone muchas veces que las autoridades no entienden, no saben o no dimensionan el daño de sus políticas, la defensa organizada identifica la intencionalidad política: “sí que entienden, la destrucción es el plan”.

Desde este punto de partida, esta perspectiva señala que lo que está en juego es un plan deliberado de desarticulación de las capacidades nacionales de ciencia, tecnología e innovación, que afecta estructuralmente a instituciones como el INTA, el INTI, el INA, la CONAE o la CNEA, entre otras. Asimismo, reconoce un propósito geopolítico en este proceso, lo que dota al diagnóstico de cientificidio de mayor espesor y habilita la identificación de responsables, frente a los cuales no se vislumbran márgenes reales de diálogo.

En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, esta postura asume la necesidad de articular las luchas de los distintos organismos y promueve la solidaridad activa con el sector que se encuentra bajo ataque en cada momento. Entiende que, cuando la ofensiva se concentra en una institución puntual, es allí donde debe focalizarse la atención, desplazando la “centralidad natural” del CONICET o de la ciudad de Buenos Aires propia del enfoque reactivo. En este sentido, puede caracterizarse —utilizando una jerga militar— como una estrategia de defensa en profundidad.

Esta modalidad implica asumir que el avance del cientificidio se produce allí donde encuentra conflictos aislados y desarticulados: organismos descentralizados desguarnecidos por su escaso conocimiento público, jóvenes investigadores que resisten en soledad el recorte de sus becas, o trabajadores contratados que enfrentan de manera aislada la rescisión de sus vínculos laborales. Allí donde los conflictos quedan fragmentados y el resto del sector permanece indiferente, el avance del cientificidio se vuelve más sencillo.

Por el contrario, la defensa en profundidad busca engrosar las líneas defensivas mediante vínculos sólidos y fluidos entre los distintos organismos del sector y las realidades territoriales del país, concentrando la atención en el punto específico de ataque. De este modo, procura no reproducir ni la fragmentación ni las jerarquías propias del enfoque reactivo, y expresa avances tanto en la unidad de acción como en un incipiente principio de unidad de concepción, sustentado en una caracterización más integral del cientificidio.

En tercer lugar, a diferencia de la mirada cientificista, esta postura reconoce que el problema no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. Reconoce que el sector CyT requiere cambios en su cultura y en sus prácticas, y que la respuesta basada exclusivamente en argumentos de mérito académico resultan insuficientes frente a una sociedad y un mundo en transformación. Identifica, además, problemas de arrastre en el sistema científico-tecnológico, entre ellos la débil vinculación del complejo de organismos de CyT con la sociedad que lo financia. Si bien se registraron avances en ese sentido, persiste una distancia significativa para que la producción de conocimiento esté orientada por necesidades nacionales, marcando así una clara diferencia con la mirada cientificista.

En cuarto lugar, este tipo de defensa, al enfatizar la organización, opera como un dispositivo de des-narcotización de las plataformas digitales. En lugar de reacciones inmediatas, meramente emocionales y esporádicas, promueve acciones más complejas, coordinadas a escala nacional e incluso internacional, y la construcción de espacios permanentes de articulación que sobreviven a las coyunturas cambiantes. Asimismo, frente a la percepción fragmentada de la realidad, posibilita la acumulación, comparación y análisis de información proveniente de diversos organismos y fuentes, lo que habilita diagnósticos más consistentes. Cabe aclarar que esta superación de la lógica reactiva no implica un rechazo de las redes sociales: cuando existen núcleos estables de análisis y coordinación, estas pueden convertirse en potentes herramientas de sincronización de la protesta y potenciar la organización.

Sin duda, esta posición constituye un avance respecto de la actitud reactiva, aunque mantiene dos limitaciones significativas.

Primero, en la urgencia del conflicto, tiende a diferir para un futuro indeterminado las discusiones sobre las transformaciones estructurales que requiere el sector. De este modo, debilita su propio planteo y, en los hechos, termina muchas veces funcionando como furgón de cola de la reacción cientificista. Además, predomina una lógica de resistencia: aunque intenta ir más allá de las actitudes puramente reactivas, esos movimientos no alcanzan a constituir una ofensiva, debido a la falta de horizonte estratégico. La ausencia de una idea definida sobre los cambios necesarios limita el alcance de las iniciativas, que no logran modificar la tónica general. Se trata de acciones aisladas, valiosas en sí mismas, pero insuficientes para conformar una ofensiva sostenida. Persisten, así, una cierta actitud de victimización y la ausencia de una planificación estratégica.

Segundo, al incorporar una mirada de conjunto sobre los organismos de CyT, esta postura impulsa una articulación interna relevante para revertir la fragmentación del complejo y fortalecer los vínculos en el marco de la lucha. Sin embargo, dicha articulación suele permanecer circunscrita al interior del sistema, con dificultades para proyectarse hacia otros actores de la vida nacional y disputar alianzas sociales más amplias. De este modo, contribuye a robustecer la defensa sectorial, pero al carecer de una orientación estratégica clara, no logra desplegar una capacidad ofensiva ni sostener trayectorias en contextos de creciente precariedad, particularmente entre los jóvenes investigadores.

En síntesis, este segundo momento puede caracterizarse como un avance respecto del enfoque reactivo: supera algunas de sus limitaciones al enfatizar la articulación interna del sector CyT y registrar progresos en la unidad de acción, junto con una incipiente unidad de concepción. No obstante, sus dificultades para construir una conducción estratégica, actuar con planificación y articular acciones ofensivas más allá del propio sector delimitan sus alcances y anticipan la necesidad de una postura superadora. Este límite señala, precisamente, el punto a partir del cual se vuelve necesaria una estrategia que articule defensa, ofensiva y proyecto.

Iniciativa estratégica 

Si bien aún es minoritaria, una parte relevante del sector CyT —en particular la más movilizada— ha avanzado desde la posición reactiva hacia una defensiva organizada. En ese segmento se encuentran las condiciones para desplegar un tercer momento, que subsume y supera a los anteriores, y que ya comienza a insinuarse en diversas prácticas, debates y preocupaciones. Cabe aclarar dos puntos. Por un lado, que este pasaje no es automático ni lineal: implica disputas internas, retrocesos posibles y la coexistencia prolongada de las tres posturas dentro del sector. Por el otro, que no se trata de generar de manera inmediata un reposicionamiento estratégico, sino de prepararlo, a la espera de condiciones externas que lo hagan viable, aunque la acción del propio sector puede contribuir activamente a su gestación. Y debe tenerse en cuenta que, en un nivel más general, la iniciativa estratégica no es solo un conjunto de acciones, sino una disputa por el sentido y la hegemonía social, que trasciende a la lucha contra el cientificidio y se articula en torno a proyectos de país. 

Desde el punto de vista estratégico, la preparación de este momento involucra varios planos claramente diferenciables.

Por un lado, implica ampliar la defensa en profundidad, incorporando apoyos por fuera del propio sector CyT. Mientras que en la perspectiva defensiva se buscaba robustecer las líneas de resistencia mediante vínculos entre organismos del sistema y realidades territoriales diversas, recuperar la iniciativa apunta a construir bases de apoyo externas. Esto supone lograr acuerdos o, al menos, acciones comunes con gobiernos provinciales, centrales sindicales y sectores empresariales (agro, industria, economía del conocimiento), así como otros actores clave de la vida nacional.

Por otro lado, esta postura procura recuperar la iniciativa mediante el desarrollo de una planificación estratégica. Ya no se limita a resistir o reaccionar frente a los ataques del gobierno, sino que se propone infligir costos políticos al oficialismo. En ese marco, evita el desgaste en “patrullas perdidas” o en acciones que interpelan únicamente a los ya convencidos y que, por previsibles y rutinarias, no logran afectar al cientificidio. Por el contrario, impulsa acciones originales y creativas orientadas a romper el aislamiento social del conflicto y a generar adhesiones en sectores amplios, incluso en franjas que integran la base de apoyo del propio gobierno. Un antecedente en esta línea fue la acción con estética del Eternauta realizada el 28 de mayo de este año. El objetivo es desorganizar al adversario, ejercer presión sostenida y forzarlo a cometer errores, de modo que los responsables queden expuestos y deban responder por sus actos —como ocurrió con Salamone durante las protestas en distintas provincias en 2024—. En última instancia, se busca volver socialmente vergonzante formar parte de la gestión libertaria.

Por último, este enfoque se distancia de los discursos de victimización corporativa, reconoce las limitaciones históricas del quehacer de la CyT argentina y se propone como un actor clave para la realización de valores socialmente significativos: generación de riqueza, soberanía, salud, educación, seguridad, reducción de la inflación, lucha contra la corrupción y bienestar general. Para ello, resulta indispensable superar la cultura cientificista y avanzar en la discusión de una ciencia y una tecnología orientadas explícitamente a un Proyecto Nacional. Este horizonte aporta un componente moral fundamental para la acción colectiva. Cuando la disputa se reduce al acceso a financiamiento para sostener proyectos de vida individuales o a la ciencia como un fin en sí mismo, tiende a producirse desmoralización ante la frustración de esas expectativas. En cambio, la defensa de la ciencia y la tecnología como patrimonio de la nación habilita una mística fundada en la trascendencia del interés individual.

Este enfoque puede, por lo tanto, contribuir a contener la crisis de sentido que atraviesa a numerosos investigadores, al reconocer que su aporte al país no se reduce a una militancia “puertas afuera” del laboratorio, sino que se realiza en la propia práctica laboral. De este modo, el trabajo científico se concibe como una herramienta para la lucha táctica y para la formulación de respuestas a problemas estructurales del país, contribuyendo a una unidad de concepción que preserve la pluralidad y oriente las diferencias dentro de un marco estratégico compartido. 

Esta postura, de carácter claramente transformador, supone que quienes combaten el cientificidio enfrentan también el cientificismo incorporado en sí mismos y en la cultura del sector. Se trata de una conversión simultáneamente personal, laboral y política, que resulta necesario promover en el contexto actual. Quienes permanecen aferrados al modelo cientificista de producción de conocimiento suelen experimentar frustración y, no pocas veces, terminan abandonando el país o el sistema científico.

¿Cómo avanzar en este plano? Primero, promoviendo discusiones sobre el tipo de ciencia y tecnología que necesita el país, no en abstracto, sino en el interior de cada campo disciplinar, interdisciplinariamente y con otros sectores sociales. Segundo, identificando los cambios necesarios para orientar la producción científica hacia las necesidades sociales, económicas y ambientales de la Argentina. Tercero, elaborando propuestas de mediaciones institucionales que permitan viabilizar esos objetivos, incluyendo transformaciones organizacionales concretas.

Asimismo, en la medida en que las condiciones lo permitan, resulta clave comenzar desde ahora mismo un proceso de cambio, tanto a nivel institucional como en las prácticas individuales y colectivas de producción de conocimiento. Las crisis, lejos de ser únicamente momentos de pérdida, constituyen también oportunidades privilegiadas para impulsar transformaciones de fondo.

Por último, esta posición asume plenamente la complejidad del cientificidio, en sus múltiples planos, actores y motivaciones. Comprende que la disputa debe darse en todos ellos, pero jerarquizándolos a partir de una estrategia que identifique los puntos de mayor vulnerabilidad del oficialismo, incluyendo las tensiones internas, contradicciones y disputas al interior del propio bloque gobernante, que pueden ser estratégicamente explotadas.

En este marco, no solo reconoce a los ejecutores del cientificidio —como ya lo hacía la postura defensiva—, sino que avanza en la identificación de los autores intelectuales y, especialmente, de sus beneficiarios. Estos últimos procuran permanecer en las sombras: son quienes lucran con el desguace de los organismos de ciencia y tecnología, adquieren bienes públicos a precio vil, se benefician de la eliminación de servicios provistos por el complejo CyT y obtienen ventajas de la desregulación de normativas de protección social y ambiental. Se trata, en definitiva, de la élite económica que extrae beneficios de un modelo funcional a la reproducción del subdesarrollo. Esto incluye tanto grandes grupos económicos locales como intereses transnacionales vinculados a la reprimarización, la financiarización y la dependencia tecnológica.

En síntesis, preparar la iniciativa estratégica implica trabajar la unidad de concepción, dotando a la confrontación de un marco ideológico y de una imagen de futuro deseable que articule claramente ciencia, tecnología y Proyecto Nacional, en el marco de la construcción de un bloque social capaz de disputar la hegemonía neoliberal. Supone, además, asumir la multidimensionalidad del cientificidio, identificar a sus beneficiarios —y no solo a sus ejecutores— y profundizar la defensa mediante la construcción activa de apoyos sociales. 

Pasar a la ofensiva requiere de una conducción estratégica capaz de articular los distintos planos de la resistencia —movilización, judicial, parlamentario, comunicacional, entre otros— con acciones creativas que permitan contraatacar, marcar agenda y obligar a los responsables materiales e intelectuales del cientificidio y a sus beneficiarios a rendir cuentas. Este desplazamiento hacia una lógica de avance no está exento de riesgos: tensiones internas, resistencias culturales y mayores niveles de exposición pública. Asumirlos conscientemente forma parte del pasaje desde la resistencia a una estrategia transformadora.

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El 23 de diciembre se cumplieron trece años del asesinato de Florencia “China” Cuellar, quien tenía 23 años cuando fue hallada asesinada en su celda. Fue la única imputada por una pelea callejera cuando tenía 19 y fue condenada a 6 años de prisión. El 23 de enero del 2012 fueron otras internas quienes llamaron a su papá Alfredo para decirle que algo estaba pasando. Fue hallada sin vida en su celda del pabellón 23 de la unidad IV del penal de Ezeiza. Fue la última de las nueve mujeres asesinadas en el “centro de exterminio” -como lo enuncia su papá- de la cárcel federal de Ezeiza entre 2009 y 2012. 

Alfredo Cuellar asegura que a la China la tenían marcada, ya que “no se dejaba pisar” por la violencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). A pesar de los golpes encontrados en su cuerpo, el SPF aseguró que se trató de un suicidio. Ella había organizado a un grupo de presas para resistir la violencia diaria y también para “apañarse en el encierro”. Esto fue motivo para aleccionarla, como a las otras mujeres asesinadas y, cuando no, trasladadas a otros penales del país. Cuando su padre llegó a Ezeiza tardaron cinco horas en atenderlo y, cuando se negó a firmar el acta de suicidio, lo castigaron retardando una semana la entrega del cuerpo. 

Alfredo es un reconocido militante anti carcelario y de Derechos Humanos. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, se expresó en relación a la remodelación de los murales en la Plaza de la China Cuellar, espacio de recuerdo y homenaje donde se encuentran diversos movimientos sociales y políticos en cada aniversario del crimen de la joven asesinada: 

“En diciembre, en los días 22 y 23 de diciembre, se ha llevado adelante la restauración de los murales en la Plaza China Cuellar. La plaza ha sido reformada, por lo cual durante varios meses no pudimos ingresar a poder restaurar los murales.

Tuvimos la posibilidad de poder participar en la asamblea de la comuna 4, sector donde se encuentran los murales. El motivo de la participación fue exigir que los murales no sean tapados ni vandalizados, fundamentalmente en épocas eleccionarias. Luego de dicha intervención, se ha logrado por unanimidad que los murales no se tapen.

Ahora estamos en proceso de restauración. Nuestro próximo objetivo es solicitar a través de un escrito, presentado en la legislatura, que el espacio de los murales sea declarado como un espacio de interés cultural”.

Tras conocerse el caso brutal de gatillo fácil que terminó con la muerte de Gabriel González (45 años) en Villa Lugano, el 25 de diciembre pasado, se conoció otro hecho de abuso policial en el barrio de Constitución. Según denunció la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), Georgina Orellano: “un policía de la Ciudad, de la comisaría vecinal 1C, salió de la pizzería Ugis y sin mediar ninguna palabra le disparó tres balazos y uno de ellos le impactó en el rostro. Pedimos justicia y denunciamos que estamos cansadas de los límites que está cruzando la Policía de la Ciudad, que parece que tiene libre camino para violentarnos. Parece que hay un nuevo orden social de limpieza e higienización hacia las vidas de los pobres, de las migrantes, de las trabajadoras sexuales; parece que hay vidas descartables que no valen”.

El hecho, que tuvo como víctima a Leonardo Vargas -que ahora lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía-, ocurrió cerca de las 14:30 entre las calles Salta y Constitución este domingo 28 de diciembre, a metros de la Estación de la Línea Roca. Según reconstruyeron testigos del hecho, los agentes de la comisaría 1C intervinieron en un conflicto callejero entre dos hombres, uno de ellos en situación de calle y otro residente de un hotel familiar de la zona. En este marco, uno de los uniformados, sin mediar palabra, tiró a matar al segundo de ellos, quien resultó herido de gravedad.

Desde el portal digital La Vaca apuntaron por el crimen policial a las autoridades de la Ciudad y señalaron sobre la responsabilidad del director jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Luis Kisch, el subjefe Guillermo Azzolina y el Secretario de Seguridad, Diego Kravetz. En este mismo sentido se expresó la organización Correpi, que acusó a las fuerzas de seguridad: "Otro caso de gatillo fácil en CABA. En el barrio de Constitución, la Policía de la Ciudad disparó a un hombre en situación de calle. Se encuentra herido de gravedad. La policía es violencia en las calles".

Tres definiciones que lo aclaran todo:

“Soy el topo que destruye el Estado desde adentro”.
“El que evade es un héroe”.
“Vamos a eliminar todas las regulaciones del Estado”.

Parecen afirmaciones amarillistas de un panelista de un programa televisivo de chimentos, lo cual podría calificarse como uno de los tantos prolegómenos de los panelistas a cometer diversos delitos tipificados en nuestro Código Penal pero son palabras del Presidente de la Nación, por eso se convierten es muy peligrosas, trascienden las fronteras y son decodificadas por los grupos criminales.

El crimen organizado para su instalación necesita un Estado débil. No sólo en sus fuerzas policiales sino también en la educación, en la salud, en el orden urbano, en la planificación de las ciudades y en el fomento de la producción y el trabajo.  Son bienes escasos que el crimen organizado puede garantizar para su grupo.

Necesita además ingresar a circuitos legales el dinero proveniente del narcotráfico, la trata de personas, de la venta de órganos, minerales y animales salvajes. Para ello precisa tener bajo control del origen de los fondos y poder invertirlos en la construcción, gastronomía, hotelería, agro, servicios de distintos tipos. 

Una AFIP con bajo poder de contralor, una SIDE ocupada en la política interna y con fondos bajos o nulos en el área de inteligencia del crimen organizado (DNIC). Menos control significa mayor ingreso de dinero narco a los circuitos legales, un verdadero paraíso de inversiones proveniente del crimen organizado.

Eliminadas las regulaciones del Estado en temas sensibles como en productos farmacéuticos y armas permite a los grupos criminales un mayor poder de organización. Hoy Argentina es un país de tránsito, todas las semanas pasan aviones y aterrizan en cualquier provincia del norte, es relativamente fácil salvo que por un hecho fortuito se caiga la aeronave.

De allí ingresa por las rutas 5, 7 y 9 directo a Rosario y AMBA, pero de todo lo que ingresa la mayor parte tiene como destino Europa donde el valor se multiplica por 30, lejos está la Argentina de ser un mercado interesante, pero si hay un presidente que les pone a disposición un RIGI podrían tentarse en instalar sus organizaciones en cualquier urbe de la Argentina. 

El mayor impacto lo tiene el conurbano bonaerense, donde lo que ingresa se rebaja con distintas sustancias y el producto que entra de alta calidad se lo multiplica por 10. Eso permite cooptar en el negocio a cualquier grupo marginal fácilmente desechable, dinero rápido y fácil. 

Hay que recordar lo que sucedió en Tres de Febrero con la venta de cocaína envenenada, rebajada con diversos químicos. Esto ya pasó y fue parte del enorme paquete de desregulaciones que orgulloso mostraba el Ministro Sturzenegger.

Con la desregulación en 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) eliminó la obligatoriedad de que técnicos de la ANMAT viajen a inspeccionar laboratorios extranjeros. Simplemente se aceptan certificaciones de buenas prácticas emitidas por organismos internacionales de control.

Y para terminar el año, dispuso la eliminación de controles de calidad y barreras técnicas al ingreso de diversos productos importados para el sector salud, quitando el control estatal sobre estos insumos.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad quitó a la Policía federal y Gendarmería de las calles del Conurbano. Además de privar a la provincia de Buenos Aires del Fondo de Seguridad, unos 750 mil millones de pesos.

Por un lado, el Estado nacional sostiene a la Policía Metropolitana con la transferencia de recursos que se hizo durante el gobierno de Macri y desfinancia a la policía bonaerense, un despropósito total ya que a región del AMBA es una y el delito no reconoce uno y otro lado de la General Paz o del Riachuelo.

La solución es la contraria, más recursos. Debería haber una policía financiada por el Estado Nacional que abarque los 41 municipios del AMBA y una Policía Federal desplegada en el territorio abocada al crimen organizado. 

Parece ser que, más allá del anuncio de Patricia Bullrich, este no es el camino. El Ministerio de Seguridad tiene como única prioridad la aplicación del protocolo antipiquetes que pareciera ser más efectista y mediático.

Estas acciones de un gobierno que dice querer destruir el Estado ponen en peligro a la Argentina. El crimen organizado cuando se instala definitivamente hace estragos, se convierte en un verdadero subsistema que organiza y controla a la sociedad.

El Presidente Javier Milei deberá reflexionar y el Congreso observar con dedicación este tema, aún estamos a tiempo.

El 25 de diciembre, alrededor del mediodía, fue asesinado Juan Gabriel González, vecino de 45 años de Villa Lugano, por un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Tras un supuesto llamado por disturbios, según la fuerza de seguridad, un grupo de efectivos se acercó al Barrio 20 pero terminó fusilando a una persona indefensa, a la que también le negaron atención, e hiriendo a su pareja. Los vecinos y vecinas desmienten la versión de los uniformados y la autopsia tampoco coincidió con su postura inicial, mientras aparecen nuevas imágenes. 

La Unidad Táctica de Pacificación de la policía porteña alega que fue atacada por un grupo de personas con piedras y botellas, la gente del barrio lo niega. A González le habrían impedido ingresar a su casa, llevándolo hasta la intersección de Chilavert y Araujo donde, tal como se puede observar en las cámaras, fue impactado a corta distancia por un disparo de escopeta. De esa forma consta en el informe preliminar de la autopsia: “Lesiones por proyectil de munición - de plomo- múltiple en tórax y abdomen, hemorragia interna y externa”. A su vez, las pericias confirmaron el tipo de bala utilizada, algo también negado oficialmente al principio.

Si bien todavía no se conoce el nombre preciso del autor del disparo, según los datos que figuran en las actuaciones del juzgado, quienes intervinieron en el hecho serían: el oficial primero Daniel Miño, la oficial Vanesa Valentini, el oficial primero Joel Riquelme, y la oficial Evelyn Goncebat. Todos de la División Unidad Táctica de Pacificación VI. Según el parte policial, quienes gatillaron sus armas largas fueron la oficial Valentini y el oficial 1° Miño, quienes habrían disparado seis veces cada uno.

En repudio al accionar policial, familiares de González, la CORREPI y organizaciones del barrio convocaron a una manifestación el viernes por la tarde. “Era un chico trabajador, nacido acá en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 24 y 17 años. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, declaró a Tiempo Argentino Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13 Ingeniero José L. Delpini.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, quien dio intervención a la Policía Federal. En ese marco, la fuerza de seguridad porteña entregó los celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados. Tras los resultados preliminares de la autopsia trascendió, a su vez, que mínimo un oficial fue apartado provisoriamente.

Violencia en CABA 

El caso de Gabriel es apenas otro ejemplo de la violencia institucional que echó raíces en la Ciudad de Jorge Macri. Desde las redes y medios de comunicación aliados al macrismo intentan forzar el relato y culpar a la víctima. Asimismo, salieron a deslindar responsabilidades al mandatario porteño y colocar un manto de duda o de enfrentamiento sobre los hechos.

Otro caso reciente es el recordado asesinato de Lucas González, donde sus verdugos, el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, fueron hallados culpables de homicidio quíntuplemente agravado, incluso por odio racial, y varios otros efectivos fueron condenados por encubrimiento.

La doctrina del gatillo fácil continúa profundizándose en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos brindados por María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, lo confirman. Desde el 1 de enero de 2017, cuando se instituyó la fuerza, acumula 168 víctimas. De dichos asesinatos, 41 se cometieron en el distrito y el resto en el conurbano bonaerense, fuera del horario de servicio. 

El Total casos de la Policía de la Ciudad en todas las modalidades es de 205, a razón de 25 homicidios por año. El desagregado en los dos primeros años de gobierno de Jorge Macri indica 44 asesinatos en todas las modalidades: gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías, e intrafamiliares. “La Policía de la Ciudad es la fuerza más letal del país (…) si bien el promedio general es que casi el 70% de los casos de gatillo fácil son fuera del horario de servicio, en este caso trepa a más del 80%”, describió Verdú.

Otra de las voces presentes en la movilización para reclamar justicia fue Leo Demonty, hermano de Ezequiel, joven torturado y asesinado por la Policía Federal en septiembre de 2002. “Desde que se formó, todo mal se hizo”, sostiene en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. “Teniendo todos los recursos, dinero y aparato político, eligen hacer las cosas mal”, continúa. “No tiene vocación de servicio y ya vienen formados mal, porque entiendo que son tres años para formarse un policía de calle y estos en seis meses ya le dan el arma y los recursos para que puedan hacer estas cosas”, finaliza.