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Hace ya 5 años, planteamos que sin un proyecto potente de reindustrialización, la población bahiense tocaría techo en menos de 340 mil habitantes. Lamentablemente, esto ya ocurrió en 2025, donde las defunciones superaron a los nacimientos.  

Ese proyecto era el Plan Rector, que implicaba generar más de 10 mil puestos de trabajo con la instalación de una planta de GNL en la ciudad. Pese a contar con el apoyo del gobierno municipal y el provincial, la negativa del gobierno nacional le puso fin a ese sueño. Finalmente el tiempo demostró que Bahía Blanca era la mejor plaza para la instalación de la planta y los argentinos perdimos una oportunidad única.

DECLIVE POBLACIONAL: FENÓMENO “BARRIAL”

De las estadísticas vitales abiertas del gobierno de PBA, se obtiene que en 2050, la población rondaría los 309 mil habitantes. Esto es una reducción del 7%. Este fenómeno global es ahora nacional, provincial y local, tiene distintas causas pero una consecuencia asegurada: el declive paulatino y progresivo en bienes masivos (alimentos y ropa). 

Si la población disminuye en una localidad un 7% en 25 años, los supermercados, carnicerías, despensas también. El % del comercio de primera necesidad dentro del PBI desciende, necesitando que otros segmentos crezcan para mantener la actividad económica.

¿CÓMO SEGUIR? IMITAR A LA BESTIA

Este concepto se utiliza en Management y Negocios cuando se quiere hacer una comparación de marcas con la empresa líder de un mercado. Es una forma coloquial de referirse al estudio de un caso de éxito.

El municipio de Pilar representaba apenas un 25% de la población de Bahía Blanca en 1970 y un 50% en 1991, pero hoy nos ha superado ampliamente.

CERCANÍA, CONECTIVIDAD E INDUSTRIA

Pilar se encuentra a escasos 60 km del Obelisco y Bahía Blanca a unos 640 km del mismo. Vivir en Bahía Blanca e ir todos los días a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es viable.

Las distancias no se acortan, pero se pueden reducir los tiempos necesarios para recorrerlas. Para eso se necesita inversión en transporte, algo que no está en los planes del gobierno de Javier Milei. La única opción que queda hoy, es crecer industrialmente.

Para crecer económicamente y evitar el círculo vicioso de desarraigo es menester crecer industrialmente. Hay que producir más bienes y servicios, y para eso tenemos que ser más productivos y más competitivos.

PARQUES INDUSTRIALES: LA HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

El Parque Industrial de Pilar cuenta con 920 hectáreas y alrededor de 30 mil trabajadores. El Parque Industrial de Bahía Blanca tiene unas 136 hectáreas y alrededor de 3.500 trabajadores. Los números hablan por sí solos.

La imposibilidad por reglamento de alojar empresas alimenticias en el PIBB, hace que las mismas tengan que ubicar sus instalaciones en lugares subóptimos, derivando esto en sobrecostos que alcanzan los cientos de miles de dólares. 

Planificar es mejor siempre, más aún cuando hablamos de industria. No es lo mismo llevar servicios a un domicilio en un terreno perdido en las lejanías de la ciudad, que llevar una línea de media tensión. Tampoco da igual producir con gas natural que hacerlo con gas envasado, como le ocurre a una fábrica de lácteos en la localidad de General Cerri. Es obvio que esta empresa no va a poder competir con el precio de los quesos cordobeses.

MÁS INDUSTRIA = MÁS POBLACIÓN = MÁS VIVIENDAS

Más industria da como resultado un afluente poblacional que deriva en movimientos en el mercado inmobiliario. La ecuación es simple, pero atención, aquí no se cumple la propiedad conmutativa. Sí sólo se construyen edificios, por más lindos que sean, quedarán vacíos a largo plazo y ese rubro entrará también en recesión.

La "guerra contra las drogas" fue originalmente un eslogan de la campaña de Richard Nixon para alcanzar la presidencia y, una vez como Presidente de los EEUU,  fue declarada desde su gobierno en 1971. Pero esta narrativa continúa hasta el día de hoy sin resultados positivos; al contrario, el mercado de drogas ilegales se expande y diversifica.

El ideólogo de dicha cuestión fue su asesor en Asuntos Internos, John Ehrlichman, que durante una entrevista a Dan Baum en 1994 le confesó que la intención de la "guerra contra las drogas" era para ilegalizar a los movimientos sociales vinculados a los derechos civiles y antibelicistas; puntualmente menciona al movimiento Pantera Negra y al movimiento hippie.

Buscaron asociar a los hippies con la marihuana y a los Pantera Negra con la heroína. En esa entrevista con Baum, Ehrlichman sostiene que la estrategia era que la sociedad los vinculara con ilegalidades para luego criminalizarlos, justificando los allanamientos y las detenciones de sus líderes, lo cual generaba la desorganización de sus comunidades.

El conflicto con estos movimientos era, por un lado, producto de los reclamos para garantizar los derechos sociales y civiles a las comunidades afrodescendientes; y, por otro lado, era producto de las masivas protestas contra la guerra de Vietnam. "La guerra contra las drogas" por parte del Presidente Nixon venía a dar cuenta de sostener que los problemas de consumo eran el enemigo público número uno de EEUU. Y desde los medios de comunicación se buscaba vincular en el origen de este problema a los mencionados movimientos sociales y culturales.

En 1973 se creó la Agencia de Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, que operacionalizó la regulación al interior de EEUU de la distribución y comercialización del mercado ilegal, pero hacia el exterior también ha incidido en el mercado de drogas. Posteriormente la CIA también se acopló a esta estrategia. El Vicepresidente de Nixon era George W. Bush, quien había sido el Director de la CIA.

También en 1971 el Presidente Nixon decide romper con la convertibilidad del oro al dólar, cuando una onza de oro equivalía a 35 dólares. Y en 1974 el Secretario de Estado, Henry Kissinger, logra un acuerdo con los sauditas para que la comercialización del petróleo sea exclusivamente en dólares.

Este hecho no fue menor para la economía mundial, dado que se establece un modelo de acumulación que comienza a sustentarse a través del capital financiero, por sobre el productivo; las ganancias se empiezan a desvincular cada vez más de la economía real. Ahora bien, esta contextualización me parece importante dado que el dinero proveniente de la comercialización de drogas ilegalizadas, es una de las arterias que inyecta millones de dólares al sistema financiero a través de los distintos mecanismos de lavado, a través de estructuras económicas que establecen entramados entre la legalidad y la ilegalidad.

Pero además hubo hechos relevantes que vincularon a gobiernos de EEUU con el narcotráfico, como fuente de financiación para actividades de intromisión en otros países. Por ejemplo, el caso Irán-Contras, bajo la Presidencia de Ronald Reagan en 1985. Por este caso fue condenado y luego sobreseído Oliver North, quien había sido Asesor Militar del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU en la presidencia de Reagan. North se había contactado en 1983 con Roberto Suárez, el narcotraficante más importante de Bolivia, con el fin de permitir la comercialización de cocaína y que las ganancias formaran parte del financiamiento de los Contras en Nicaragua.

De este modo, pienso que se debe ubicar a la "guerra contra las drogas" como una estrategia que funciona para la construcción de enemigos internos, utilizada por EEUU para penetrar territorialmente en América del Sur, pero también como una forma de inyección de dólares al sistema financiero que puede luego ser utilizado para distintos fines.

Otra situación que vincula a organismos de EEUU con el narcotráfico fue el caso del ex Presidente panameño Gustavo Noriega, quien había sido informante de la CIA y con su ayuda alcanzó el poder en Panamá. Noriega fue acusado de ser un actor clave en el comercio de drogas, y que en 1989 fue derrocado por una invasión militar de EEUU y enjuiciado en ese país acusado de narcotraficante. De fondo también cabe mencionar que existían intereses de parte de EEUU para manejar el canal de Panamá y Noriega desafió la influencia de EEUU.

En 1986 el Presidente Ronald Reagan decidió, a través de una orden ejecutiva, que las drogas eran una amenaza para la seguridad de EEUU. Este entramado narrativo combinado con decisiones de gobierno, va ampliando la capacidad de acción de los EEUU.

Otro elemento en relación a esto es la "Lista Clinton", impulsada por el ex Presidente Bill Clinton en 1995, que establece la situación en la cual las personas incluidas en esa lista tienen vínculos con el narcotráfico y, por lo tanto, se le ponen restricciones en el sistema bancario internacional. El año pasado el Presidente Donald Trump incluyó en esa lista al Presidente de Colombia, Gustavo Petro.

También Trump empezó a incluir a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, en la lista de organizaciones terroristas, lo cual amplía aún más la capacidad de acción con sus fuerzas militares en territorio extranjero. Ejemplo reciente de esto fue primero vincular al Presidente de Venezuela con un cartel denominado "Tren de Aragua" para luego penetrar territorialmente con el ejército de EEUU para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro.

Así como en el pasado la Doctrina de Seguridad Nacional en Argentina, respondía a los intereses de EEUU en el marco de la Guerra Fría, hay que estar atentos de que bajo el slogan de la "guerra contra el narcotráfico" distintos actores del ámbito nacional no persigan objetivos que nada tienen que ver con los intereses de la Argentina, buscando ser funcionales a los intereses de EEUU.

Asimismo, hay que prestar atención a la narrativa que utilizan como estrategia electoral y en la gestión, determinados actores de nuestro sistema político. Porque dado el recorrido histórico de esta "guerra contra las drogas" iniciada en 1971 en EEUU, y sus resultados son, como mínimo, deplorables: la violencia aumenta, el consumo también, la oferta se diversifica y las ganancias que deja son exorbitantes.

Esto no significa el abandono en materia de seguridad y salud pública sobre el fenómeno de la narcocriminalidad en relación a la oferta y la demanda, sino plantear abordajes más efectivos para controlar la violencia que se vincula con estos mercados, los problemas de salud que trae consigo el consumo y la dimensión económica de estos negocios ilegales.

Hay que empezar a reflexionar sobre cómo estas estrategias, no logran detener un mercado que crece año tras año, sino que cumplen una función vinculada al control social. Esto, en un contexto global donde EEUU pierde poder frente a otros actores globales, e   indefectiblemente empezará a proyectar su poder sobre el territorio de América Latina, utilizando estas estrategias de combate contra las drogas y generando narrativas que legitimen, con ayuda de actores locales, la intervención territorial para controlar la región.

Un ejemplo de esto es cómo se incorporan a las organizaciones narcocriminales a la categoría de terrorismo. La diferencia entre el terrorismo y el narcotráfico es que el primero tiene una visión política e ideológica del mundo y sus acciones son en consecuencia de esa visión; el narcotráfico, por el contrario, tiene una misión económica, buscando a través de los negocios ilegales la acumulación de capital. Por lo tanto, no es que busque la construcción de un Estado paralelo, sino que el crecimiento en su capacidad territorial está dado bajo la complicidad del Estado.

Pero esta recategorización igualadora con el terrorismo, que discursivamente ya se utiliza bajo el concepto de "narcoterrorismo", es lo que permite a EEUU intervenir territorialmente para asegurar la seguridad de sus intereses. La respuesta que dio el ideólogo de la "guerra contra las drogas", John Ehrlichman, sosteniendo que el objetivo era inculpar a los movimientos sociales y a las clases subalternas al interior de EEUU, vinculándolos con la comercialización de drogas, me parece que hay que prestar atención.

Porque imagínense si las recientes muertes por consumo de propofol y tráfico ilegal; que involucra a personas "cool"; con apellidos como Leclercq, Lanusse; con apodos como "Tati" y "Fini"; que sucedió en Palermo; en el marco de fiestas piolas con buena vibra; en donde hay vinculaciones delictivas con profesionales de la salud. Imagínense si lo mismo hubiera sucedido en un barrio del sur de la Capital Federal o ni hablar en algún barrio del conurbano, con otros apodos, otros apellidos y, en vez de tener vínculos con profesionales, hubieran tenido vínculos con referentes barriales.

No tengo dudas de que no se hablaría de la "Propofest" sino de cómo bandas narcotraficantes operan en el territorio de la Argentina. De cómo utilizan la plata que obtienen en ese mercado y de cuántas cosas más se hablarían. Pero como sucedió en Palermo, con gente cool, en el marco de fiestas copadas, no se pone el foco en cuánta plata ganaban vendiendo ilegalmente este tipo de drogas y empezar a investigar cómo la utilizaban, etc.

Quiero tener presente que el consumo debe ser una cuestión abordada por la salud pública, para pensar políticas públicas que nos permitan abordar esta dimensión del fenómeno. Pero también hay que tener presente que la oferta de cualquier mercado ilegal, no solo se debe "combatir" con las fuerzas de seguridad únicamente.

Y si esa es la única propuesta, utilizar la fuerza para combatir este negocio ilegal, prestemos mucha atención a que los perseguidos siempre van a venir de un mismo sector social.

Durante décadas, la Argentina ha recurrido a la devaluación como instrumento privilegiado para recuperar competitividad. Sin embargo, cuando se examina la estructura efectiva de costos y la dinámica externa, emerge una conclusión menos intuitiva: el problema no radica en el tipo de cambio, sino en la configuración productiva, logística y financiera de la economía.

La ilusión de la competitividad cambiaria

En la Argentina, la devaluación ha sido invocada de manera recurrente como mecanismo para "recuperar competitividad". Esta idea supone que un ajuste del tipo de cambio permite abaratar los costos en términos internacionales. Sin embargo, este supuesto resulta problemático cuando se analiza la estructura real de costos de los sectores transables.

En una economía como la argentina, los principales componentes del costo de producción están directa o indirectamente dolarizados: energía, insumos importados, bienes de capital, alquileres de la tierra y buena parte de la logística. En este contexto, la devaluación no reduce el conjunto de costos, sino que actúa casi exclusivamente sobre un componente específico: los salarios medidos en dólares. En términos precisos, implica una reducción del salario real en moneda internacional.

El tipo de cambio opera entonces como un precio de distribución más que como un precio de eficiencia. No altera la viabilidad técnica del sistema productivo ni modifica las relaciones insumo-producto. Lo que redistribuye es el excedente: comprime la participación salarial y eleva la renta de aquellos factores cuyos ingresos están anclados a precios internacionales, particularmente la tierra agrícola.

Precios internacionales y distribución del ingreso

Este mecanismo se observa con claridad en el sector agroexportador, responsable de aproximadamente el 60% de las exportaciones argentinas1. Sus precios se determinan en mercados internacionales —como la Chicago Board of Trade— y no responden al tipo de cambio doméstico.

La devaluación, por lo tanto, no modifica su competitividad externa. Lo que sí altera es la distribución del ingreso: al reducir los salarios en dólares, incrementa la renta de los factores cuyos ingresos están vinculados a precios internacionales. Se trata menos de un instrumento de eficiencia que de un mecanismo de reasignación regresiva.

Lo que la devaluación sí logra, a lo sumo, es reducir las importaciones, pero no por una mejora en la competitividad sino por empobrecimiento: al caer el poder adquisitivo de los salarios, disminuye la demanda efectiva y, por tanto, las compras al exterior. Este ajuste por la vía del ingreso nada tiene que ver con un incremento genuino de la competitividad. Peor aún: la contracción de la demanda interna provoca una caída en la tasa de utilización del capital instalado —particularmente de la infraestructura, que representa aproximadamente el 25% del stock total de capital— elevando el costo fijo unitario de producción. En lugar de volverse más competitiva, la economía se vuelve menos productiva.

La Argentina de las desigualdades provinciales

Un análisis del ingreso per cápita provincial en paridad de poder adquisitivo (2022) revela una estructura territorial profundamente fragmentada2. Mientras la Ciudad de Buenos Aires alcanza niveles comparables a Estados Unidos (USD 79.898), provincias como Formosa (USD 13.377), Corrientes (USD 13.291) o Misiones (USD 12.930) se asemejan a Vietnam, Sri Lanka o Indonesia. Córdoba (USD 28.137) se compara con Chile; Jujuy (USD 17.054), con Turkmenistán; La Pampa (USD 37.186), con Rusia.

Esta heterogeneidad plantea un problema de economía política irresoluble mediante la devaluación. Cuando se argumenta que es necesario "ajustar el tipo de cambio" para desincentivar el consumo externo —particularmente el turismo al exterior—, la pregunta relevante es: ¿qué argentinos viajan? El poder adquisitivo relativo de las provincias sugiere que se trata predominantemente de residentes de jurisdicciones de alto ingreso. Sin embargo, el ajuste cambiario comprime los salarios en dólares de todos los trabajadores, incluidos aquellos en provincias cuyos ingresos per cápita ya son equivalentes a los de economías del Sudeste Asiático.

Conviene detenerse en una paradoja que la teoría convencional no resuelve: las provincias con salarios e ingresos en dólares más bajos —Formosa, Jujuy, Misiones— no son, en virtud de ello, más competitivas que las jurisdicciones de mayor ingreso como CABA o Córdoba, ni atraen proporcionalmente más inversión extranjera directa. La competitividad territorial no se explica por salarios bajos sino por infraestructura, logística, acceso a mercados y economías de aglomeración. Este fenómeno se verifica tanto al interior de los países como entre países: Detroit no recuperó su centralidad industrial por tener salarios deprimidos, ni Vietnam atrae inversiones únicamente por costos laborales sino por puertos eficientes, energía barata y estabilidad regulatoria.

En términos de eficiencia redistributiva, carece de sentido reducir el poder adquisitivo internacional de un trabajador de Formosa o de Jujuy para desincentivar el consumo externo de un profesional porteño. Este problema debería resolverse mediante política fiscal progresiva —impuestos sobre consumo suntuario, retenciones diferenciadas, tributos a la salida de divisas por turismo— y no mediante un mecanismo cambiario que opera como un impuesto regresivo de alcance nacional.

Además, como muestran los datos del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, el desequilibrio externo no proviene de la balanza comercial. Entre 2003 y 2021, la Argentina acumuló superávits comerciales por USD 168.361 millones3. El déficit se origina en la cuenta capital, particularmente en la formación de activos externos (USD 150.634 millones en el mismo período). Es decir, el problema no es que los argentinos "consuman demasiado del exterior", sino la dinámica financiera de dolarización del ahorro.

Finalmente, la devaluación es un mecanismo directa e indirectamente inflacionario. Por un lado, incrementa inmediatamente los costos en pesos de insumos, energía y bienes de capital importados, trasladándose a precios. Por otro, dispara la puja distributiva: los trabajadores intentan recuperar el poder adquisitivo perdido mediante aumentos salariales nominales, los sectores que vieron incrementar sus rentas en pesos (terratenientes, exportadores) expanden su demanda, y los formadores de precios ajustan márgenes anticipando la próxima depreciación. El resultado es una espiral inflacionaria que erosiona rápidamente cualquier "ganancia de competitividad" que la devaluación pudiera haber generado.

Evidencia histórica: desarrollo sin devaluación crónica

La experiencia internacional ofrece un contraste sistemático. Las economías que lograron procesos sostenidos de desarrollo no basaron su competitividad en salarios bajos en dólares.

Corea del Sur mantuvo una notable estabilidad cambiaria durante su fase de industrialización acelerada. Entre 1964 y 1979, el won se mantuvo en un rango relativamente estrecho, pasando de 255 a 484 unidades por dólar, una depreciación gradual y predecible del 90% en 15 años (aproximadamente 4,3% anual)4. Esta estabilidad contrasta dramáticamente con el patrón argentino de devaluaciones abruptas. Incluso durante los años 80, cuando el tipo de cambio se ajustó de 484 (1979) a 807 (1984), la trayectoria fue predecible y no disruptiva. La competitividad coreana emergió de economías de escala, inversión masiva en infraestructura portuaria y eléctrica, absorción tecnológica planificada y un Estado que utilizó el tipo de cambio como instrumento de disciplina industrial —castigando las importaciones de consumo pero subsidiando las de bienes de capital— sin recurrir a devaluaciones crónicas.

China experimentó una apreciación del yuan de aproximadamente 35% entre 2005 y 2015, pasando de cerca de 8,3 a 6,2 yuanes por dólar5. Este período coincidió con la consolidación de China como primera potencia exportadora mundial. La paradoja aparente se resuelve al observar la estructura de costos: el incremento de productividad derivado de inversiones en infraestructura compensó ampliamente el efecto cambiario. La competitividad china no provino del yuan débil, sino de la reducción drástica de costos mediante infraestructura de clase mundial —ferroviaria, portuaria, energética—, un sistema financiero estatal que provee crédito barato a largo plazo para inversión productiva, y costos de suelo controlados mediante propiedad pública de la tierra urbana.

Alemania (posguerra) sostuvo el marco fuerte como instrumento de reconstrucción industrial, obligando a las empresas a competir mediante innovación y calidad en lugar de depreciación salarial. Durante las décadas de 1950 y 1960, el marco experimentó una apreciación sostenida frente al dólar, pasando de aproximadamente 4,2 marcos por dólar a menos de 4 marcos en los años 60, y continuando su fortalecimiento en las décadas siguientes6. Esta trayectoria se mantuvo hasta la reunificación. La apreciación del marco no destruyó la industria alemana; la fortaleció al forzar aumentos de productividad y especialización en segmentos de alto valor agregado.

Taiwán mantuvo el nuevo dólar taiwanés en un rango relativamente estable entre 1960 y 1985, oscilando alrededor de 40 unidades por dólar estadounidense, seguido por una apreciación gradual hacia 25-30 unidades por dólar entre 1985 y 20007. Durante este período de tipo de cambio predecible, Taiwán transformó su estructura productiva de agricultura de subsistencia a manufactura de alta tecnología. La estabilidad cambiaria permitió a las empresas planificar inversiones de largo plazo sin el riesgo de que una devaluación súbita alterara radicalmente los precios relativos.

Japón experimentó una apreciación pronunciada del yen durante sus décadas de mayor crecimiento industrial. De aproximadamente 360 yenes por dólar a principios de los años 70, el tipo de cambio se apreció progresivamente, alcanzando niveles cercanos a 80-100 yenes por dólar en períodos posteriores8. Esta trayectoria no impidió que Japón se convirtiera en la segunda economía mundial durante décadas; por el contrario, forzó a las empresas japonesas a competir mediante calidad, innovación y eficiencia logística.

Bolivia ofrece un caso regional relevante. Desde la estabilización monetaria de 1985, el boliviano ha mantenido una trayectoria controlada y predecible. El tipo de cambio pasó de aproximadamente 3,6 bolivianos por dólar en 1991 a cerca de 6,9 en 20239. A diferencia de Argentina, esta trayectoria ha sido gradual y sin devaluaciones abruptas, proporcionando previsibilidad a los agentes económicos. La estabilidad cambiaria, combinada con inversiones en infraestructura energética y reinversión de rentas extractivas, sostuvo el crecimiento económico boliviano.

En todos estos casos, la infraestructura operó como condición previa de la competitividad, no como resultado posterior del crecimiento. La construcción deliberada de sistemas de transporte, energía y comunicaciones altera la estructura de costos de manera más profunda y permanente que cualquier ajuste cambiario.

El verdadero problema: costos sistémicos y logística

Desde esta perspectiva, el problema argentino no parece ser un "tipo de cambio atrasado", sino una estructura de costos sistémicos elevada. Entre ellos, la logística ocupa un lugar central.

Argentina destina aproximadamente el 27% del PIB a costos logísticos, según datos del Banco Mundial compilados por Jean Paul Rodrigue10. Esta cifra ubica al país entre las economías con mayor peso logístico sobre el producto, comparable a Brasil (~26%) y superior a Chile (~18%), pero dramáticamente por encima de economías desarrolladas como Australia (~10%), Alemania (~9%) o Estados Unidos (~10%).

La anomalía resulta más significativa cuando se considera que países de escala territorial comparable —Brasil, Australia, Canadá— logran costos logísticos sustancialmente menores mediante matrices de transporte más eficientes. En el caso argentino, la dominancia del camión para largas distancias en un territorio de 3.700 km de norte a sur encarece sistemáticamente la producción.

El costo del "no-ferrocarril" no se limita al flete. Incluye: congestión portuaria por arribos descoordinados, pérdidas de cosecha por imposibilidad de evacuar la producción en ventanas óptimas, tiempos de tránsito que duplican o triplican los estándares internacionales, y deterioro de rutas que requiere mantenimiento permanente. La matriz camión-céntrica no es un resultado "natural" de la geografía, sino consecuencia de decisiones políticas: el desmantelamiento ferroviario iniciado en los años 60 y profundizado en los 90 transfirió el transporte de carga a un modo subsidiado (combustible) e ineficiente.

Esta estructura genera, además, una presión adicional sobre la balanza energética. El gasoil y otros combustibles importados figuran recurrentemente entre los principales rubros de importación, lo que resulta paradójico en un país con superávit energético potencial gracias a Vaca Muerta, capacidad hidroeléctrica y radiación solar excepcional en el noroeste. Una electrificación ferroviaria masiva revertiría la ecuación: de importador neto de combustibles fósiles a autosuficiente energético, con la matriz eléctrica alimentada por gas doméstico y renovables.

La competitividad, en este marco, no depende del tipo de cambio sino de la organización del sistema productivo y territorial. Es infraestructura como política industrial.

Restricción externa y dinámica financiera

Los datos del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina permiten precisar el diagnóstico. Entre 2003 y 2021, la Argentina registró un superávit comercial acumulado de USD 168.361 millones. Sin embargo, el resultado global del sector externo fue deficitario en USD 15.525 millones11.

La explicación no se encuentra en el comercio de bienes. El déficit proviene de dos partidas de la cuenta capital: las rentas de la inversión (pagos de intereses, utilidades y dividendos por USD 69.487 millones acumulados) y, de manera aún más significativa, la formación de activos externos (USD 150.634 millones). Esta última categoría —habitualmente denominada "fuga de capitales"— representa la colocación de ahorros argentinos en activos denominados en moneda extranjera.

El desequilibrio, entonces, no es comercial sino monetario-financiero. La restricción externa no proviene de una incapacidad para exportar bienes, sino de una dinámica persistente de dolarización del ahorro. El problema no es "real" (vinculado a la capacidad productiva) sino de confianza en la moneda nacional.

Esta observación invierte la causalidad convencional. No es que la Argentina deba devaluar porque "faltan dólares para importar"; faltan dólares porque los agentes económicos anticipan la devaluación y se posicionan en consecuencia. La devaluación, lejos de resolver la restricción externa, la alimenta: al validar las expectativas de depreciación, refuerza los incentivos a la dolarización preventiva. La restricción externa es, en última instancia, una crisis de confianza en la moneda nacional que se autoalimenta mediante la política cambiaria que pretende resolverla.

La trampa del capital fijo

Existe un efecto adicional, raramente discutido, que vincula la devaluación crónica con la estructura productiva. La depreciación recurrente desincentiva la inversión en capital fijo por al menos tres mecanismos:

Primero, encarece la maquinaria importada precisamente cuando los márgenes operativos están comprimidos, haciendo prohibitiva la renovación tecnológica. Segundo, acorta el horizonte de planificación empresarial: ninguna firma invierte en proyectos de maduración larga si anticipa que el próximo ajuste cambiario alterará radicalmente los precios relativos. Tercero, y más estructuralmente, sesga la rentabilidad hacia actividades extractivas —agricultura, minería, pesca— que operan con capital natural (no reproducible) en lugar de capital producido.

El sistema de precios relativos que genera la devaluación crónica favorece sectores de baja composición orgánica del capital —aquellos donde la relación capital/trabajo es reducida— en detrimento de actividades manufactureras de escala. Este sesgo no es neutral: perpetúa una especialización primario-exportadora que, paradójicamente, es la que se invoca para justificar nuevas devaluaciones. El círculo se cierra.

Hacia una estrategia alternativa

En este contexto, una estrategia distinta podría orientarse hacia la estabilización y apreciación gradual del tipo de cambio, bajo condiciones macroeconómicas consistentes: acumulación de reservas, reducción de pasivos externos de corto plazo, desendeudamiento y fortalecimiento de la credibilidad monetaria.

Una trayectoria previsible de apreciación moderada tendría varios efectos simultáneos. Primero, desincentivaría la dolarización al revertir las expectativas de depreciación perpetua. Segundo, elevaría el poder adquisitivo interno sin recurrir a aumentos nominales de salarios, facilitando la coordinación distributiva. Tercero, abarataría ciertos insumos y bienes de capital en pesos, favoreciendo la inversión productiva. Cuarto, expandiría la demanda efectiva al incrementar el salario real en términos internacionales.

En este marco, el tipo de cambio dejaría de ser un instrumento de ajuste recurrente para convertirse en un ancla de estabilidad. La competitividad, entonces, no dependería de comprimir salarios cada vez que emergen desequilibrios, sino de transformaciones estructurales que reduzcan genuinamente los costos de producción: infraestructura ferroviaria, integración energética, logística portuaria eficiente, desarrollo territorial equilibrado.

Replantear la pregunta

La cuestión de la competitividad, entonces, cambia de naturaleza. Ya no se trata de definir qué tipo de cambio permite compensar ineficiencias, sino de identificar qué transformaciones estructurales permiten eliminarlas.

Formulada en estos términos, la pregunta deja de ser cambiaria y pasa a ser productiva. Y con ello, también más exigente políticamente. Porque no se trata de determinar qué precio del dólar necesita la economía, sino qué economía puede prescindir de devaluar para funcionar.

Esa pregunta, sin embargo, no es meramente técnica. Requiere identificar qué coalición social puede sostener una estrategia de apreciación estabilizadora y transformación infraestructural de largo plazo. La experiencia histórica de las industrializaciones exitosas —Corea, Taiwán, China— sugiere que demanda un Estado capaz de coordinar la inversión a escala y una alianza entre sectores cuya rentabilidad dependa del mercado interno dinámico, no de la compresión salarial recurrente.

¿Quiénes se benefician del statu quo? Los sectores vinculados a la renta agraria, que capturan el diferencial cambiario; los importadores que especulan con stocks anticipando devaluaciones; el sistema financiero que intermedia la dolarización; y ciertos segmentos industriales de baja productividad que subsisten gracias a la protección que otorga el peso débil. En ausencia de una articulación política capaz de desplazar esa coalición, la Argentina seguirá resolviendo sus desequilibrios mediante el expediente regresivo de la devaluación, perpetuando el ciclo que dice combatir.

La pregunta final, entonces, no es económica sino política: ¿existe en la Argentina contemporánea una fracción de clase dirigente dispuesta a asumir los costos de transición hacia un modelo de desarrollo basado en infraestructura, productividad y salarios crecientes en dólares? La historia sugiere que ese proyecto requiere algo más que voluntad tecnocrática: demanda una refundación de las bases materiales y territoriales sobre las que se organiza la economía. Y eso, inevitablemente, pasa por el ferrocarril, la energía y la integración regional. No por el tipo de cambio.

NOTAS

1: Estimación basada en la composición de exportaciones argentinas. El complejo oleaginoso-cerealero y productos del agro representan consistentemente entre 50-65% de las exportaciones totales según datos del INDEC.

2: Fundación FUNDAR, "Desagregación provincial del valor agregado bruto de la Argentina", base 2004. CEPAL; Ministerio de Economía. Banco Mundial. Los datos de PBI per cápita en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA) del año 2021. El cálculo considera diferencias en costo de vida entre países y entre provincias argentinas.

3: Datos del Balance Cambiario, Banco Central de la República Argentina, período 2003-2021. Elaboración propia.

4: Datos históricos del tipo de cambio won/dólar basados en estadísticas del Bank of Korea y Bank for International Settlements (BIS), 2024.

5: Datos del tipo de cambio yuan/dólar del People's Bank of China y Federal Reserve Economic Data (FRED).

6: Datos históricos del marco alemán basados en BIS y Bundesbank. El marco pasó de aproximadamente 4,2 DM/USD en los años 50 a niveles cercanos a 1,5-2,0 DM/USD en los años 90.

7: Datos del tipo de cambio del nuevo dólar taiwanés basados en estadísticas del Central Bank of the Republic of China (Taiwan) y BIS (2023).

8: Datos del tipo de cambio yen/dólar del Bank of Japan y BIS. El yen pasó de 360 JPY/USD (sistema Bretton Woods) a niveles de 80-120 JPY/USD en décadas posteriores.

9: Datos del tipo de cambio boliviano del Banco Central de Bolivia, período 1991-2023.

10: Rodrigue, Jean-Paul, compilando datos del Banco Mundial. "Logistics Costs as a Share of GDP" en The Geography of Transport Systems. Los datos reflejan el costo total de la logística (transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, administración) como porcentaje del PIB.

11: Balance Cambiario, Banco Central de la República Argentina, período 2003-2021. Elaboración propia sobre datos oficiales del BCRA.

Publicado originalmente en Noticias PIA

I. El secreto más público del mundo

Existe una paradoja muy chocante en el núcleo del régimen internacional de no proliferación nuclear: el Estado que más ha instrumentalizado dicho régimen como herramienta de presión sobre sus adversarios regionales es, al mismo tiempo, el único que nunca se ha adherido al Tratado de No Proliferación (TNP) y que ha construido, mantenido y desarrollado un arsenal nuclear al margen de cualquier mecanismo internacional de verificación. Ese Estado es Israel.

La capacidad nuclear israelí es, en palabras del investigador Avner Cohen, “el secreto peor guardado del mundo”. La existencia del arsenal nuclear israelí es reconocida en la práctica por todos los actores relevantes del sistema internacional, citada en informes gubernamentales, documentada por centros de análisis estratégico y debatida en organismos multilaterales; y, sin embargo, ningún gobierno occidental ha exigido a Israel las mismas condiciones de transparencia y sometimiento a controles internacionales que reclama a Irán, Corea del Norte o cualquier otro Estado.

Analizaremos en este artículo el desarrollo histórico del programa nuclear israelí. Confrontando la narrativa heroica de supervivencia estatal propia del Estado judío y sus militantes, sino como el estudio de un caso de discrecionalidad selectiva del orden nuclear internacional, la cooptación de mecanismos de control y la construcción deliberada de una exención de facto a las normas globales de no proliferación: o sea como el “realismo” del poder opera sobre las “normas”.

El análisis se organiza cronológicamente, identificando las fases técnicas, políticas y diplomáticas que condujeron desde la creación de la Comisión de Energía Atómica en 1952 hasta la actual postura de disuasión extendida.

II. Los fundamentos del programa (1952-1956)

El 13 de junio de 1952, el gobierno de David Ben-Gurión creó la Comisión de Energía Atómica de Israel (IAEC en inglés) y designó a Ernst David Bergman como su primer director. Esta decisión no fue una medida técnica secundaria o académica: implicó integrar el desarrollo nuclear en la propia estructura del Estado y colocarlo bajo tutela directa del liderazgo político, sustraído de cualquier control parlamentario o público significativo. Bergman, contribuyó a la fundación de la rama científica de la Haganá, jefe del departamento de ciencia de las FDI en agosto de 1948; un halcón clave para la industria armamentística y la industria nuclear, aliado a Ben Gurion confrontó a otros dirigentes de tendencia más pacifista en lo que hace al uso de la energía nuclear.

La decisión fundacional de Ben-Gurión debe interpretarse en el contexto de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y de la primera guerra árabe-israelí de 1948. La “percepción de una amenaza existencial permanente” constituyó la narrativa legitimadora del programa. Sin embargo, resulta necesario distinguir entre la dimensión retórica de dicha amenaza y las decisiones concretas de acumulación de poder que se adoptaron bajo su amparo. El programa nuclear no fue diseñado exclusivamente como un escudo defensivo, sino como un instrumento de proyección de poder en un entorno regional en el que Israel aspiraba a consolidar una posición hegemónica irreversible.

En este sentido debería ser pensada la constitución ideológica, el “mito” fundacional de “estado judío”: un estado creado de cero en una región poblada por pueblos de otro origen y cultura avanzada distinta. Hecho en forma agresiva y rechazado en forma agresiva. Un estado cuyos límites son por definición indefinidos, cuyo mito para algunos lo extiende hasta una “donación” de Dios a Habraham, o un gran y extenso reino de Salomón. Un estado (que desde una perspectiva realista) pretende lograr “seguridad” a través de una preparación militar superior a sus vecinos, y cuya “frontera geopolítica” debe extenderse más allá de sus fronteras internacionales en el papel. Y aquí entra de lleno la cuestión nuclear.

En 1955, Israel se incorporó al programa estadounidense “Átomos para la Paz”, impulsado por la administración Eisenhower como mecanismo para difundir el uso civil de la energía nuclear bajo supervisión internacional. A través de este acuerdo, Israel obtuvo un reactor de investigación en Nahal Soreq, instalación sometida a controles internacionales que limitaban estrictamente cualquier derivación hacia aplicaciones militares. Este reactor permitió la formación inicial de personal especializado, la adquisición de experiencia operativa y el establecimiento de redes técnicas internacionales que serían capitalizadas en la fase siguiente del programa.

III. Apoyo externo y el desarrollo de Dimona. El acuerdo de Sèvres y sus consecuencias estratégicas

La crisis de Suez de 1956 (intento de las antiguas potencias coloniales aliadas con Israel de mantener bajo su control, el canal de Suez contra su nacionbalización por los egipcios) resultó determinante para la trayectoria del programa nuclear israelí. La alianza táctica entre Israel, Francia y el Reino Unido contra Egipto, pese a terminar en un fracaso político ante la presión de las superpotencias, dio pie a una confluencia estratégica duradera entre París y Jerusalén. Francia, que en aquel momento desarrollaba aceleradamente su propio programa nuclear, encontró en Israel un socio útil.

En 1957, mediante negociaciones conducidas por Simón Peres (entonces director general del Ministerio de Defensa israelí) se formalizó un acuerdo secreto mediante el cual Francia se comprometía a proporcionar un reactor nuclear de agua pesada de entre 24 y 26 MW, junto con asistencia técnica continuada y apoyo en el ciclo completo del combustible nuclear. La cooperación fue deliberadamente mantenida fuera de los canales diplomáticos normales y de los mecanismos de salvaguardia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), recién surgido y aún no muy desarrollado.

El reactor acordado era técnicamente distinto al de Nahal Soreq: su diseño de agua pesada con uranio natural, al margen de opciones de enriquecimiento, lo colocaba en una trayectoria optimizada para la producción de plutonio de calidad militar a partir del combustible irradiado. Lo que lo hacía “políticamente” muy diferente. La cooperación francesa incluyó, además del reactor en sí, el diseño y la construcción de una planta de reprocesamiento de combustible irradiado, elemento fundamental para la separación química del plutonio producido. Assi Israel obtenía una gran victoria estratégica en su camino a constituirse en potencia nuclear.

IV. La infraestructura de un arsenal clandestino

Las obras en el complejo de Dimona, situado en el desierto del Néguev, comenzaron en 1958 bajo estricto control militar. La instalación fue presentada públicamente, en los escasos momentos en que se hizo referencia a ella, como un “centro de investigación textil” o, posteriormente, como un “reactor de investigación” de carácter civil. La arquitectura de compartimentación, la restricción de accesos y el control informativo riguroso configuraron desde el inicio un modelo de ocultamiento sistemático que habría de caracterizar todo el programa.

El suministro de agua pesada, componente esencial para el moderador del reactor, se obtuvo a través de Noruega, en operaciones que, si bien no eran ilegales bajo el derecho internacional de la época, fueron intencionalmente estructuradas para evitar cualquier vínculo público con el programa militar israelí. El patrón de obtención de materiales y tecnología a través de canales paralelos a los mecanismos de supervisión internacional constituye uno de los rasgos más significativos del desarrollo del programa.

En 1960, la inteligencia estadounidense detectó mediante fotografías aéreas la existencia de la instalación de Dimona. Israel respondió con la “narrativa” de un “proyecto de investigación pacífico”, pero la CIA señaló la existencia de una planta de reprocesamiento, lo que indicaba inequívocamente la orientación militar del programa. La detección, sin embargo, no derivó en sanciones ni en presiones efectivas; derivó en negociaciones diplomáticas sin consecuencias. Israel lograba así violar y superar sin consecuencias el orden internacional.

V. Las ‘inspecciones’ de Kennedy y el modelo de engaño institucionalizado

La administración Kennedy, consciente de las implicaciones del programa israelí para su política de no proliferación, exigió en 1961 inspecciones periódicas del complejo de Dimona. Estas visitas se realizaron entre 1961 y 1969 y constituyen uno de los episodios más instructivos de cómo un Estado puede instrumentalizar los mecanismos de verificación internacional para neutralizarlos.

Las inspecciones nunca fueron realizadas por el OIEA ni respondieron a protocolos internacionales estandarizados: fueron negociadas bilateralmente entre EEUU e Israel. El gobierno judío impuso condiciones de acceso diseñadas para garantizar la indetectabilidad de las actividades sensibles. Los inspectores recibían notificación previa, seguían itinerarios definidos por las autoridades israelíes y tenían acceso restringido a determinadas áreas del complejo. Las zonas de almacenamiento de material irradiado, las instalaciones de reprocesamiento y las áreas operativas de mayor sensibilidad permanecieron sistemáticamente fuera del alcance de cualquier verificación.

Mientras montaba este teatro para la opinión pública internacional. Israel aseguraba el suministro de materiales clave mediante otros canales. Y allí Argentina entró en juego (en ese entonces un país de vanguardia en el tema nuclear). Entre 1963 y 1965, se llevó a cabo la adquisición de óxido de uranio (“yellow cake”) procedente del país sudamericano, en cantidades estimadas entre 80 y 100 toneladas métricas, suficientes para garantizar la continuidad del programa durante años. Durante este mismo período, el reactor de Dimona operó de forma estable e incorporó la planta de reprocesamiento para la separación química del plutonio, consolidando una capacidad de producción estimada en una o dos armas nucleares anuales.

La Guerra de los Seis Días de 1967 marcó un hito en la evolución del programa. Documentos desclasificados posteriores sugieren que Israel habría considerado la utilización de sus primeros dispositivos nucleares en caso de percibir una derrota militar inminente, una postura que los analistas estratégicos denominaron posteriormente “opción Sansón”. Tras la guerra, con la consolidación territorial israelí y la madurez técnica del programa, las estimaciones de inteligencia indicaban que Israel disponía de material fisible suficiente para construir dispositivos nucleares operativos. En este periodo ya podemos hablar de la existencia de la “Doctrina nuclear israelí”.

VI. El acuerdo Nixon-Meir y la “excepcionalidad” israelí

El año 1969 representa el momento fundacional de la arquitectura política que sostiene hasta hoy la anomalía del programa nuclear israelí en el sistema internacional. En septiembre de ese año, durante la visita de la primera ministra israelí Golda Meir a Washington, fue Richard Nixon con quien se alcanzó un entendimiento informal: Estados Unidos aceptaría la situación existente (es decir, la posesión de facto de armas nucleares por parte de Israel) sin exigir su declaración pública, sin requerir la adhesión al TNP y sin imponer inspecciones del OIEA sobre las instalaciones de Dimona.

A cambio, Israel se comprometía a no realizar ensayos nucleares (que habrían hecho imposible la negación plausible) y a no hacer declaraciones públicas sobre su capacidad nuclear. Nacía así la política de “ambigüedad nuclear” o Amimút (en hebreo: opacidad), definida por la fórmula “Israel no será el primer Estado en introducir armas nucleares en Oriente Medio”. Esta formulación, estudiada por el especialista Avner Cohen como un ejercicio de ingeniería semántica, redefine el término “introducir” de forma que significa no el despliegue o la posesión, sino el anuncio público o el uso efectivo. Una definición que debería dar por tierra cualquier ilusión “idealista” en Relaciones Internacionales.

El acuerdo Nixon-Meir fue, en sentido estricto, una decisión unilateral de la potencia hegemónica de excluir a un aliado específico de las obligaciones del régimen internacional de no proliferación que ella misma contribuía a construir. Esta decisión sentó un precedente de selectividad estructural en la aplicación del TNP que ha erosionado sistemáticamente la legitimidad del régimen y ha alimentado los incentivos de otros actores para desarrollar capacidades nucleares propias. Debemos señalar que el contexto del mundo de la época Israel era el aliado fundamental de occidente en la región, mientras Siria, Iraq, Egipto, Libia, Argelia, aparecían vinculados a la URSS. Mientras que el tema palestino era de una rispidez imposible de superar para el resto d ellos estados árabes. En esa época Irán era la potencia más afín a EEUU e Israel de la región.

VII. Consolidación y modernización del arsenal

Desde 1969, el complejo de Dimona ha operado de forma ininterrumpida durante más de cinco décadas sin ningún tipo de supervisión internacional. Las estimaciones del arsenal israelí han variado a lo largo del tiempo y continúan siendo inciertas por definición, dado el hermetismo absoluto del programa. El Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sitúa el arsenal actual en aproximadamente 90 ojivas nucleares, aunque algunas fuentes académicas y algunos analistas de inteligencia han manejado cifras que oscilan entre 200 y 400 dispositivos.

Los vectores de lanzamiento conocidos o razonablemente estimados incluyen el misil balístico Jericó 2, con un alcance de aproximadamente 1.500 kilómetros, y el Jericó 3, con capacidad intercontinental estimada de hasta 4.800-6.500 kilómetros, lo que otorgaría a Israel una capacidad que se extiende más allá de la región de Oriente Medio. A estos vectores terrestres se añaden capacidades de despliegue aéreo mediante cazabombarderos de largo alcance (La Fuerza Aérea Israelí dispone de cazas como los F-15I y F-16I, que han sido identificados por expertos como plataformas capaces de transportar y lanzar bombas nucleares tácticas o estratégicas). y, presumiblemente, una capacidad submarina basada en submarinos de propulsión convencional de la clase Dolphin de fabricación alemana provistos de tubos de lanzamiento que han sido modificados para lanzar misiles de crucero (como el Popeye Turbo) equipados con ojivas nucleares. Israel dispone de la “triada nuclear” (misiles, aviones, submarinos).

Las imágenes satelitales comerciales de los años 2021-2024 han revelado obras de construcción significativas en el emplazamiento del Centro de Investigación Nuclear del Negev (NNRC), cuya finalidad no ha sido declarada. Algunos analistas sugieren la posibilidad de modernización de las instalaciones de reprocesamiento o de expansión de la capacidad de producción de material fisible, lo que podría implicar incrementos en el tamaño del arsenal.

VIII. La “anomalía” nuclear israelí

El análisis histórico del programa nuclear israelí revela un patrón de comportamiento que desafía las premisas del régimen internacional de no proliferación en sus fundamentos normativos. Israel no simplemente “escapó” al TNP por una coincidencia temporal afortunada; construyó activa y deliberadamente una arquitectura de evasión que utilizó los mecanismos institucionales del régimen (el programa “Átomos para la Paz”, las visitas de inspección, los canales diplomáticos bilaterales) como instrumentos de encubrimiento y de neutralización de la presión internacional.

Esta estrategia fue posible porque encontró en Estados Unidos un actor dispuesto a tolerar y eventualmente sostener políticamente la anomalía israelí, el acompañamiento en diferentes momentos de Francia, Alemania, Inglaterra, Sudáfrica, e inclusive Argentina. Pero EEUU es el actor clave. La decisión de Nixon en 1969 no fue un error de cálculo ni una excepción puntual; fue la consolidación de una jerarquía implícita en el sistema de no proliferación que distingue entre aliados estratégicos y adversarios potenciales, aplicando las normas de forma selectiva en función de los intereses geopolíticos de las potencias dominantes. Por eso Israel puede destruir instalaciones de países vecinos y la “comunidad internacional” sancionar y perseguir a quienes inician programas nucleares hipotéticamente de proyección militar. Israel destruyo instalaciones iraquíes, sirias y hoy está en una guerra con Irán. Esto solo es posible por el respaldo de los EEUU.

Esta selectividad tiene consecuencias sistémicas. Los actores que son objeto de presión bajo el régimen de no proliferación (Irán en primer lugar) pueden señalar legítimamente la contradicción entre las exigencias que se les imponen y la tolerancia extendida al programa israelí. La exigencia de que Irán se someta a inspecciones del OIEA y cumpla con el TNP, formulada en parte de Estados Unidos, que tolera desde hace décadas el arsenal nuclear israelí al margen de cualquier control, no puede sino percibirse como un ejercicio de poder desnudo antes que como la aplicación coherente de un principio normativo universal. Es descarnadamente la muestra de que el sistema internacional basado en reglas es un sistema de relaciones de fuerzas.

Desde la perspectiva de la no proliferación nuclear como bien público global, el caso israelí representa un fracaso sistémico cuyas consecuencias se proyectan sobre toda la arquitectura de seguridad de Oriente Medio. La existencia de un arsenal nuclear no declarado, no controlado y apoyado por la potencia hegemónica constituye un incentivo permanente para que otros actores perciban el arma nuclear como el único instrumento capaz de equiparar el desequilibrio de poder.

IX. Conclusiones

El programa nuclear israelí no es simplemente la historia de un Estado pequeño que sobrevivió frente a adversidades extraordinarias mediante el ingenio técnico y la determinación política. Es, sobre todo, la historia de cómo el orden nuclear internacional fue diseñado con exclusiones deliberadas, y de cómo la tolerancia de las potencias occidentales hacia la exención israelí socavó desde sus fundamentos la universalidad del régimen de no proliferación.

Israel construyó su capacidad nuclear mediante la instrumentalización y el vaciamiento de los mecanismos que el sistema internacional diseñó precisamente para impedirlo: utilizó “Átomos para la Paz” como cobertura mientras desarrollaba una capacidad militar en paralelo; convirtió las inspecciones en una pantomima de verificación sin consecuencias; negoció con Francia una cooperación que violaba el espíritu de las salvaguardias internacionales; y obtuvo de Estados Unidos el reconocimiento tácito de su arsenal como socio geopolítico clave en la región.

La política de Amimút, presentada habitualmente como una solución elegante a un dilema estratégico complejo, es en realidad una institución de doble estándar que funciona porque la comunidad internacional (o al menos sus miembros más poderosos) ha decidido que así funcione. Las relaciones internacionales están basadas en relaciones de fuerzas, de por si obligan a lidiar con “anomalías” y roces en un sistema por naturaleza inestable. Sin embargo, es de destacar que Israel es creador de “anomalías” llamativo.

A dos siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá, el ideal de la unidad latinoamericana sigue siendo una clave central para pensar la historia y los desafíos de la región. Lejos de una aspiración retórica, este proyecto ha resurgido en distintos contextos. En esta entrega recorremos el periodo desde fines del siglo XIX, cuando el avance de Estados Unidos y las luchas en el Caribe impulsaron una renovada conciencia antiimperialista y continental, hasta la iniciativa del nuevo ABC. Se ponen de manifiesto las continuidades y rupturas de una tradición política, así como la progresiva ampliación de sus dimensiones: desde la diplomacia y la geopolítica hasta la cultura, la universidad, el movimiento estudiantil y las experiencias político-sociales de la región.

Antiimperialismo y configuración de Nuestra América

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el ideal de la unidad latinoamericana reapareció con fuerza en un nuevo contexto histórico, marcado tanto por la expansión de Estados Unidos como por las luchas de independencia de las últimas colonias españolas en América: Cuba y Puerto Rico. La primera tentativa independentista en ambas islas comenzó en 1868 —prolongándose en Cuba hasta 1878 con la Guerra de los Diez Años—, pero esos esfuerzos iniciales fueron finalmente frustrados. En ese escenario comenzó a manifestarse una creciente solidaridad continental con las luchas del Caribe. Cuando el conflicto se reanudó hacia fines de siglo, fue tomando forma un pensamiento antiimperialista que resignificó la herencia de Simón Bolívar y José de San Martín.

Desde esta perspectiva, se afirmaba que la independencia política solo podría sostenerse a través de una liberación económica y cultural articulada frente a las nuevas formas de dominación, cada vez más asociadas al ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica. El impulso expansivo norteamericano de fines de siglo se expresó a través del proyecto panamericanista, orientado a institucionalizar vínculos políticos, diplomáticos y comerciales con los países del hemisferio, garantizando su influencia sobre los mismos. Este proyecto se materializó en la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., entre 1889 y 1890, convocada por el secretario de Estado James G. Blaine. Bajo el discurso de la cooperación y la “unión continental”, la iniciativa proponía mecanismos de arbitraje entre Estados, la intensificación del comercio interamericano y la creación de instancias permanentes de coordinación diplomática.

Sin embargo, desde diversos sectores de América Latina el panamericanismo fue observado con cautela, ya que se consideraba que, detrás de su retórica integradora, podía afirmarse un nuevo liderazgo hemisférico de Estados Unidos y una creciente subordinación económica y política de las repúblicas latinoamericanas y del Caribe. En este sentido, fue leído tempranamente como una reformulación de la doctrina proclamada en 1823 por el presidente estadounidense James Monroe; la cual, en su origen, buscaba evitar la recolonización por parte de las antiguas metrópolis al establecer que cualquier intervención europea en el continente americano sería considerada un acto de agresión hacia Estados Unidos. No obstante, bajo el lema “América para los americanos”, terminó convirtiéndose de hecho en una base ideológica del intervencionismo estadounidense en América Latina.

El cubano José Martí, quien participó como observador y cronista en la Primera Conferencia Internacional Americana, se convirtió en una de las voces más lúcidas en el análisis crítico del panamericanismo. Desde sus crónicas sobre la Conferencia —atentas a los gestos, intereses y lenguajes en juego— advirtió tempranamente que la propuesta de “unión continental” impulsada por Estados Unidos podía encubrir una estrategia de hegemonía económica y política sobre el resto de América.

Esta intuición alcanzó su formulación más acabada en Nuestra América (1891), donde no solo denunció los riesgos del expansionismo estadounidense, sino que también elaboró un programa intelectual y político de signo emancipador. Allí sostuvo la necesidad de que los pueblos latinoamericanos se conocieran a sí mismos —en su historia, su composición social y cultural— y construyeran formas de gobierno propias, en lugar de imitar modelos ajenos. Frente a la “América del Norte”, Martí afirmó la existencia de “Nuestra América” con identidad propia, capaz de articularse desde su diversidad y de resistir toda forma de subordinación. Su planteo, a la vez crítico y propositivo, tuvo profundas resonancias en el pensamiento latinoamericanista posterior.

En paralelo a la iniciativa panamericanista impulsada por Estados Unidos, se sucedieron en el Caribe una serie de acontecimientos que contribuyeron a forjar una imagen cada vez más negativa de ese país en la región y a despertar un sentimiento abiertamente antiimperialista. El contexto era el de las luchas por la independencia de Cuba y Puerto Rico respecto de España, iniciadas a mediados del siglo XIX, con figuras destacadas como Eugenio María de Hostos y Antonio Maceo. Hacia fines de siglo, el conflicto adquirió un carácter abiertamente bélico: de conspiraciones y levantamientos aislados se pasó a una guerra organizada por la independencia. Fue en ese escenario donde José Martí encontró la muerte en 1895, al inicio de la Guerra de Independencia de Cuba.

La solidaridad con esa lucha se extendió por toda América Latina y encontró expresión en la pluma de intelectuales y escritores como el nicaragüense Rubén Darío, el uruguayo Juan Zorrilla de San Martín y el colombiano José María Vargas Vila. Y cuando el triunfo parecía al alcance de los independentistas antillanos, la advertencia martiana se materializó: Estados Unidos intervino en 1898 durante la Guerra Hispano-Estadounidense, ocupando Puerto Rico y estableciendo una tutela sobre Cuba, además de apoderarse de antiguas colonias españolas como Filipinas y Guam. En América Latina, esta intervención fue interpretada como una confirmación del expansionismo estadounidense y de su creciente proyección imperial.

Al igual que la colonización española había contribuido a unificar una vasta zona del continente, el injerencismo estadounidense terminó por fomentar, de manera paradojal, una mayor conciencia de unidad entre el Caribe y el resto de América Latina, regiones que durante gran parte del siglo XIX no solían pensarse como un mismo espacio. Esta ampliación del imaginario latinoamericano hacia el Caribe fue acompañada por otra expansión igualmente significativa.

Desde mediados del siglo XIX pueden registrarse algunos acercamientos diplomáticos entre países hispanoamericanos y el Imperio del Brasil, en los que se contemplaba su eventual participación en iniciativas de cooperación regional. Sin embargo, fue recién con el fin de la monarquía y la proclamación de la república en 1889 cuando Brasil comenzó a incorporarse más plenamente al imaginario latinoamericano, al atenuarse las distancias políticas y simbólicas que lo separaban del resto de las repúblicas del continente.

A comienzos del siglo XX, figuras como el argentino Manuel Ugarte y el uruguayo José Enrique Rodó incluían explícitamente a Brasil en su noción de unidad continental. Al mismo tiempo, en la ex colonia portuguesa comenzaba a gestarse un pensamiento orientado a reflexionar sobre su pertenencia a América Latina. Entre sus representantes se destacó Manoel Bomfim, quien en su obra A América Latina: males de origem (1903) consideraba a su país como parte integrante de esa región. En otras palabras, Brasil dejó progresivamente de ser percibido como un referente de alteridad dentro del continente y comenzó a ser incorporado a la reflexión sobre la unidad latinoamericana. El espacio esbozado por José Martí como “Nuestra América” adquiere así su fisonomía definitiva.

Estética, valores y crítica social

En simultáneo con el despertar de una conciencia latinoamericana asociada al antiimperialismo, emergió también la búsqueda de una voz poética propia. En ese contexto nació el modernismo literario, encarnado paradigmáticamente en la obra de Rubén Darío. Surgido hacia fines del siglo XIX, el modernismo constituyó la primera corriente literaria de alcance verdaderamente continental nacida en América Latina y proyectada luego hacia el mundo hispánico. Frente a los modelos estéticos heredados de España y a las convenciones del realismo dominante, los modernistas buscaron renovar profundamente el lenguaje poético, explorando nuevas formas métricas, una mayor musicalidad del verso y un universo simbólico más amplio.

Esta renovación estética no fue únicamente formal. En muchos de sus autores se articuló con la inquietud por definir una identidad cultural propia para América Latina en un momento marcado por el avance político, económico y cultural de Estados Unidos y por la crisis del viejo orden colonial español. En la obra de Darío —especialmente en libros como Azul…, de 1888, o Cantos de vida y esperanza, de 1905— conviven la experimentación estética con una creciente reflexión sobre el destino histórico de los pueblos latinoamericanos. Así, el modernismo literario se convirtió no sólo en una revolución poética, sino también en una de las primeras expresiones culturales de una conciencia continental que buscaba afirmar su singularidad frente a las nuevas formas de dominación y dependencia.

Esta renovación estética estuvo acompañada por una reflexión más amplia sobre los valores y la identidad cultural de la región. José Enrique Rodó, desde una perspectiva humanista, reivindicó en 1900 en su Ariel los valores espirituales y culturales de América Latina frente al utilitarismo que atribuía al mundo anglosajón. En su pensamiento, influido en parte por el Krausismo, el espiritualismo se afirmaba como un rasgo distintivo de la cultura latinoamericana, en contraposición al positivismo predominante entre amplios sectores de las élites liberal-oligárquicas de la época.

La inquietud por afirmar una identidad cultural propia también atravesó a otros intelectuales de la generación finisecular latinoamericana. El peruano Manuel González Prada denunció con dureza la herencia colonial, el poder de las oligarquías y el atraso social de las repúblicas latinoamericanas, proponiendo una profunda renovación intelectual y política de la región tras la crisis provocada por la Guerra del Pacífico. Desde una perspectiva distinta, pero igualmente crítica del orden establecido, el venezolano Rufino Blanco Fombona impulsó una literatura de fuerte contenido americanista, orientada a reivindicar la historia y la personalidad cultural de los pueblos latinoamericanos frente a la influencia europea y norteamericana. De este modo, la renovación estética del modernismo se entrelazó con una más amplia reflexión sobre el destino histórico de América Latina y la urgencia de construir un proyecto cultural y político propio.

Entre esta generación fuertemente orientada por una dimensión cultural destacó Manuel Ugarte. Entre los años 1911 y 1913 recorrió numerosos países de América Latina, dictando conferencias y estableciendo vínculos con intelectuales y movimientos políticos comprometidos con la causa de la integración continental. En sus ensayos y discursos denunció el avance político y económico de Estados Unidos en la región y defendió la necesidad de construir una conciencia latinoamericana capaz de enfrentar esa nueva forma de dominación. En obras como El porvenir de la América Latina (1911) difundió la idea de la Patria Grande, entendida como el destino histórico compartido de las naciones hispanoamericanas y como la única vía para preservar su independencia política y cultural en el mundo contemporáneo. Su prédica, que combinaba nacionalismo, latinoamericanismo y una preclara sensibilidad antiimperialista, contribuyó a difundir en amplios sectores intelectuales y políticos la convicción de que la unidad regional no era sólo un ideal heredado de los libertadores, sino también una necesidad estratégica frente a los desafíos del nuevo siglo. En ese sentido, el retorno del ideal de unidad se presentó, para esta generación, como una respuesta política, cultural y moral a las transformaciones del orden internacional.

Por último, en paralelo a la difusión del modernismo literario y del espiritualismo filosófico, se desarrolló una vertiente artística de crítica social, fuertemente influida por el anarquismo y el socialismo que se expandían al calor de la masiva inmigración de entresiglos. En este marco, escritores como Rafael Barrett en Paraguay o el brasilero Lima Barreto, y pintores como el argentino Ernesto de la Cárcova —autor de la emblemática Sin pan y sin trabajo (1894)—, dieron forma a una producción cultural centrada en la denuncia de las injusticias sociales y las condiciones de vida de los sectores populares. Alejados de los refinamientos formales propios del modernismo, estos creadores privilegiaron una estética más directa y comprometida, orientada a interpelar la realidad. Desde esa perspectiva, también contribuyeron —aunque no siempre de manera explícita— a la conformación de una sensibilidad latinoamericanista, al inscribir sus denuncias en problemáticas comunes al conjunto de la región.

Oleada latinoamericanista

En ese horizonte histórico debe inscribirse el ímpetu integracionista que animó las primeras décadas del siglo XX. A inicios de la nueva centuria, destacó la formulación de Doctrina Drago, establecida por el canciller argentino Luis María Drago durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Este principio de derecho internacional surgió en el contexto del bloqueo naval impuesto a Venezuela en 1902 por Gran Bretaña, Alemania e Italia, con el objetivo de forzar el pago de su deuda externa. En ese marco, Drago afirmó que ninguna potencia extranjera debía utilizar la fuerza militar para cobrar deudas públicas a un Estado soberano. Su planteo tuvo proyección internacional e inspiró la llamada Convención Drago-Porter, adoptada en la Segunda Conferencia de la Paz de La Haya (1907), que estableció límites al uso de la fuerza para el cobro de deudas, incorporando además el recurso previo al arbitraje como mecanismo de resolución de controversias.

En la década siguiente, sobresalió la articulación diplomática entre Argentina, Brasil y Chile, que en 1914 mediaron en el conflicto entre México y Estados Unidos tras la invasión de este último al puerto de Veracruz. Aquella intervención, orientada a evitar una escalada bélica, se inscribió en el marco de una agresión imperial que impactó profundamente en la región, despertando y fortaleciendo las conciencias antiimperialistas en Nuestra América. Al mismo tiempo, puso en evidencia los límites de las naciones latinoamericanas actuando de forma aislada frente al poder estadounidense y la necesidad de una mayor coordinación regional.

El Pacto ABC tomó su denominación de las iniciales de Argentina, Brasil y Chile y estuvo orientado a promover la cooperación exterior, la no agresión y el arbitraje. Constituyó, además, un intento de equilibrar la influencia de Estados Unidos en la región mediante la creación de mecanismos de consulta entre los tres países. En la práctica, gran parte de la política exterior de estos tres Estados entre 1915 y 1930 se estructuró sobre esa base de coordinación. Su última intervención relevante tuvo lugar en 1942, cuando los países del ABC actuaron como garantes, junto con Estados Unidos, del Protocolo de Río de Janeiro, destinado a poner fin al conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú.

El mismo espíritu de integración animó a la Reforma Universitaria de 1918. Nacida en Córdoba como una rebelión contra el orden oligárquico y clerical de la universidad, la Reforma desbordó rápidamente las fronteras nacionales y se proyectó como un movimiento continental, hermanando a estudiantes de Perú, Uruguay, Chile, Cuba y México en torno a banderas comunes: autonomía, cogobierno, extensión universitaria y compromiso social. Más que una simple transformación académica, expresó la voluntad de forjar una nueva generación latinoamericana consciente de su destino común, convencida de que la emancipación cultural era condición indispensable para la emancipación política y la unidad de Nuestra América.

El movimiento estudiantil reformista forjó una camada de líderes que llevarán adelante en su acción política las banderas de la unión latinoamericana. Un caso paradigmático fue el del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. En los años veinte impulsó la creación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), uno de los primeros movimientos que pensó la política en clave continental. Propuso la unidad de Indoamérica, la nacionalización de los recursos y una estrategia común frente al imperialismo, influyendo decisivamente en el latinoamericanismo del siglo XX.

Otra figura que en su juventud fue movilizado por los ideales de la Reforma Universitaria fue el uruguayo Carlos Quijano. A través de su vasta labor editorial, con la revista Ariel en los años veinte y luego desde Marcha a partir de 1939 difundió el latinoamericanismo, profundizando en las bases materiales y económicas —además de las histórico-culturales— desde una perspectiva temprana de izquierda nacional.

Dentro de los sectores influidos por el APRA se encuentra la breve experiencia de la Alianza Continental en Argentina en la segunda mitad de los años veinte. Protagonizada por Arturo Orzábal Quintana, Alonso Baldrich y Enrique Mosconi, entre otros, expresó una concepción estratégica de la unidad latinoamericana fundada en la soberanía sobre los recursos naturales, especialmente el petróleo. La gira americana de 1927-1928 del entonces presidente de YPF de Argentina, general Mosconi, influyó en los debates sobre nacionalización y control estatal de los hidrocarburos en distintos países de la región, instalando la idea de que la cuestión petrolera no era solo económica, sino también geopolítica y emancipatoria. Entre otros, influyó en Lázaro Cárdenas, quien en 1938, durante su presidencia, llevó a cabo la decisiva nacionalización del petróleo en México.

La Revolución Rusa incidió también fuertemente en los años veinte y treinta. Figuras como Julio Antonio Mella en Cuba, Farabundo Martí en El Salvador y Cesar Augusto Sandino en Nicaragua representan una articulación entre marxismo, antiimperialismo y latinoamericanismo. Estas experiencias políticas vinculadas a la Internacional Comunista con sede en Moscú tuvieron su articulación desde mediados de los años veinte en la Liga Antiimperialista de las Américas. Funcionó como un espacio de convergencia para militantes, intelectuales y organizaciones que promovían la lucha contra el imperialismo y favorecían la circulación de ideas, estrategias y solidaridades entre distintos países de la región. Fue un entramado que contribuyó a consolidar una primera síntesis entre internacionalismo marxista y latinoamericanismo, que sería retomada y reformulada por diversas corrientes políticas en las décadas posteriores.

Entre los intelectuales marxistas tempranos sobresalió el peruano José Carlos Mariátegui. Su profundo latinoamericanismo dio lugar a una interpretación original, en tensión con la línea oficial soviética en la región. Pensador heterodoxo, incorporó en su lectura del Perú el papel del indígena en la construcción de un socialismo americano. Otra figura destacada fue Sergio Bagú, quien cuestionó en los años cincuenta la aplicación etapista y dogmática del marxismo, y contribuyó de manera decisiva a forjar un enfoque latinoamericano, que en la década siguiente encontraría una formulación más sistemática en la Teoría de la Dependencia.

También desde el marxismo resultó influyente la formulación de los “Estados Unidos Soviéticos de Sud y Centro América” en 1934 (y reiterada en 1940), elaborada por León Trotsky durante su exilio en México. Esta matriz latinoamericanista permeó el trotskismo de las décadas posteriores y fue desarrollada en Argentina por autores como Liborio Justo, alias “Quebracho”, así como por el grupo Frente Obrero, constituido en los años cuarenta como uno de los gérmenes de la izquierda nacional en el país.

Desde lo cultural, también puede observarse el latinoamericanismo de la época. En Brasil, encontramos el Manifiesto Antropofágico de 1928 de Oswald de Andrade y la pintura del mismo año, “Abaporu”, de Tarsila do Amaral. Ambas obras plantean la idea modernista de “devorar” culturalmente a Europa para crear una identidad americana propia. En Perú, el indigenismo de los años treinta en algunos autores se articuló explícitamente a la cuestión latinoamericana. Si bien surgió como una corriente intelectual, política y cultural que buscaba revalorizar a los pueblos indígenas y denunciar su explotación histórica desde la colonia y la república oligárquica, varios autores llegaron a la conclusión de que el problema indígena no era sólo peruano, sino parte de una problemática más amplia que atravesaba a América Latina, donde la colonización, el latifundio y la dependencia habían producido estructuras sociales similares.

Por otro lado, en los años treinta comenzó a hacerse sentir con mayor claridad la proyección continental de la Revolución Mexicana. Este proceso político iniciado en 1910 no fue, en su origen, un movimiento explícitamente latinoamericanista, pero terminó ejerciendo una fuerte influencia en el plano cultural y político del continente, alimentando corrientes de pensamiento y acción latinoamericanistas en las décadas posteriores. Tras la promulgación de la Constitución mexicana de 1917 y, especialmente, a partir de las décadas de 1920 y 1930, México se convirtió en un importante centro de irradiación cultural y política para América Latina. En ese contexto destacó el ensayo La raza cósmica (1925) de José Vasconcelos, quien había sido ministro de Educación y posteriormente candidato a la presidencia de la república.

El nuevo Estado surgido de la Revolución Mexicana adoptó posiciones de defensa de la soberanía regional frente a Estados Unidos y promovió políticas que inspiraron a diversos movimientos latinoamericanos, particularmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934–1940). Poco antes, en 1930, la cancillería mexicana realizó un aporte decisivo con la formulación de la Doctrina Estrada en política exterior, según la cual los Estados no deben juzgar ni reconocer formalmente a los gobiernos de otros países, ya que hacerlo implica una forma de intervención en sus asuntos internos. Se establecía así un principio que México ha sostenido en el tiempo en favor del derecho internacional, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. En el plano artístico, especialmente a través del muralismo de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, se proyectó desde el país una estética de fuerte impronta continental, popular y antioligárquica. En las décadas posteriores, México se convirtió además en refugio y base de operaciones para exiliados y perseguidos de toda América Latina.

Finalmente, en la Argentina de los años treinta se da una reivindicación nacionalista conservadora de raigambre hispánica. En ese enfoque era secundaria la unidad latinoamericana. Pero, en diálogo con esa postura, surgió la de un grupo de jóvenes intelectuales nucleados en FORJA, los cuales recogiendo la crítica del revisionismo histórico nacionalista, fueron más allá con un planteo nacional, popular y latinoamericano. Para autores como Manuel Ortiz Pereyra, Arturo Jauretche, Gabriel del Mazo o Raúl Scalabrini Ortiz la fragmentación política de América Latina era uno de los resultados históricos de la dominación imperial y de la acción de élites locales que actuaban como intermediarias de intereses externos. Desde esta perspectiva, la recuperación de la soberanía nacional en cada país debía ir acompañada de una conciencia de pertenencia a una misma comunidad histórica latinoamericana.

En simultáneo, hay que destacar el Pacto Antibélico impulsado por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Carlos Saavedra Lamas, en el contexto de la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay. En ese marco, en 1933 promovió —inicialmente entre los países latinoamericanos— la firma de un tratado que condenaba las guerras de agresión, propugnaba el arreglo pacífico de las controversias internacionales de cualquier índole y establecía el no reconocimiento de adquisiciones territoriales obtenidas por la fuerza. Este aporte y su mediación en la Guerra del Chaco le valió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibir este reconocimiento.

Integracionismo desde la ciencia y la universidad

Además de las iniciativas mencionadas, pueden destacarse —como parte de esa oleada latinoamericanista— las propuestas de integración surgidas en el ámbito de la ciencia y la universidad. Este constituye el marco imprescindible para comprender la Reforma Universitaria de 1918. La vocación latinoamericana expresada en su Manifiesto Liminar era, en efecto, deudora de un proceso previo de acercamiento académico que puede rastrearse hasta fines del siglo XIX.

En ese contexto, el Primer Congreso Científico Latinoamericano, celebrado en Buenos Aires entre el 10 y el 20 de abril de 1898, representó un hito en la articulación de una comunidad científica regional. Organizado por la Sociedad Científica Argentina y bajo el patrocinio del gobierno nacional, reunió a representantes de países como Argentina, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Este encuentro no sólo promovió el intercambio de conocimientos en diversas áreas —desde las ciencias exactas hasta las sociales—, sino que también impulsó iniciativas concretas de cooperación científica y técnica entre las naciones latinoamericanas.

El Segundo Congreso Científico Latinoamericano, realizado en Montevideo entre el 20 y el 30 de marzo de 1901, dio continuidad a ese proceso de integración intelectual. En él participaron delegaciones de numerosos países de la región y se profundizó una agenda común que articulaba ciencia, educación y política. Tanto en este congreso como en el de 1898 se aprobaron declaraciones en defensa de la solidaridad iberoamericana. En particular, en 1901 se destacó una moción que proponía que los conflictos entre las naciones de la región debían resolverse mediante el arbitraje, contribuyendo a consolidar un clima intelectual favorable a soluciones diplomáticas —como las que posteriormente acercaron a Argentina y Chile— y a desalentar la carrera armamentista.

El Tercer Congreso Científico Latinoamericano, celebrado en Río de Janeiro en 1905, consolidó este ciclo de encuentros iniciado a fines del siglo XIX, reafirmando la idea de una comunidad científica latinoamericana con intereses y problemáticas compartidas. A partir del cuarto congreso, realizado en Santiago de Chile en 1908-1909, estos encuentros ampliaron su escala y pasaron a denominarse Congresos Científicos Panamericanos, lo que marcó un cambio en la orientación de la cooperación científica en el continente.

Este entramado de intercambios intelectuales no quedó restringido al plano académico, sino que encontró en el estudiantado un canal privilegiado de organización y proyección política a escala continental. El movimiento estudiantil latinoamericano comenzó a desarrollar sus propios espacios de articulación. El Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos, celebrado en Montevideo en 1908, estuvo fuertemente influido por el ideario arielista y por la prédica de José Enrique Rodó, que promovía una afirmación cultural latinoamericana frente a la “nordomanía”. Le siguieron el Segundo Congreso, realizado en Buenos Aires en 1910, y el Tercer Congreso, celebrado en Lima en 1912, consolidando una red de intercambio entre las juventudes universitarias del continente.

Estos congresos estudiantiles, al igual que los científicos, reconocen como antecedente la Sociedad Latinoamericana Científica y Literaria, creada por estudiantes latinoamericanos en París entre 1868 y 1869, en vísperas de la Guerra Franco-Prusiana y de la Comuna de París, procesos en los que algunos de esos jóvenes participaron activamente. Asimismo, puede mencionarse el Congreso Internacional de Americanistas, orientado al estudio histórico y científico de América, cuya primera edición se celebró en Francia en 1875. Si bien este congreso no constituyó un ámbito específicamente latinoamericano ni de orientación latinoamericanista, sus reuniones funcionaron como espacios de intercambio y debate para intelectuales de la región. Durante sus primeras diez ediciones, la sede permaneció en Europa; recién en 1895, Ciudad de México se convirtió en la primera sede americana. A partir de entonces, el congreso ha rotado entre ciudades de Europa y de las Américas y, desde 1952, alterna sistemáticamente entre ambos continentes.

Tras la interrupción provocada por la Primera Guerra Mundial, los congresos estudiantiles se reanudaron en el período de posguerra. En un primer momento adoptaron un carácter más amplio o “mundial”, para luego recuperar progresivamente una impronta específicamente latinoamericana que, con diversas transformaciones, se proyecta hasta el presente. Con el tiempo, estos espacios cristalizaron en instancias más estables de coordinación regional. En ese sentido, hay que destacar que no fue un proceso continuo, sino atravesado por interrupciones y reconfiguraciones, especialmente a partir de los conflictos bélicos internacionales

Un momento crucial fue el congreso estudiantil realizado en Bogotá en 1948, en paralelo a la IX Conferencia Panamericana que daría origen a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este encuentro reunió a jóvenes de distintos países de América Latina con una fuerte impronta antiimperialista y latinoamericanista, y con el objetivo de crear una entidad estudiantil a escala continental. Sin embargo, ese proyecto no llegó a concretarse debido al estallido del Bogotazo, la insurrección popular desencadenada tras el asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán. Entre los asistentes se encontraba un joven delegado cubano, Fidel Castro, quien años más tarde encabezaría la Revolución Cubana.

Recién en 1955 se retomó de manera orgánica este proceso con la realización del Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes (CLAE) en Montevideo, que inauguró una nueva etapa de organización del movimiento estudiantil en la región. Le siguieron el II CLAE, celebrado en La Plata en 1957, y el III CLAE, realizado en Caracas en 1959. El momento decisivo fue el IV CLAE, reunido en La Habana en 1966 bajo la consigna “Por la unidad antiimperialista del estudiantado latinoamericano”. En ese marco quedó formalmente constituida la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, a la que posteriormente se incorporó la dimensión caribeña (OCLAE), consolidándose hasta la actualidad como el principal organismo de articulación del movimiento estudiantil de la región.

El impulso justicialista

A mediados del siglo XX, entre los años cuarenta y cincuenta, la discusión sobre la unidad latinoamericana se profundizó y adquirió nuevas dimensiones políticas, estratégicas y doctrinarias en Argentina. Ya no se trataba sólo de una aspiración histórica o cultural, sino de un proyecto concreto en un mundo dividido en bloques de poder. Desde las iniciativas de mediados del siglo XIX no se habían registrado avances político-institucionales significativos en pos de la unión regional. Si bien a nivel intelectual y artístico, incluso en algunas experiencias políticas como la del APRA, el internacionalismo marxista o el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, aparece un claro latinoamericanismo, estas no llegaron a concretar iniciativas de unidad regional entre gobiernos más allá de lo diplomático.

En paralelo, durante la primera mitad del siglo XX se consolidó el panamericanismo impulsado por Estados Unidos. Tras la reunión pionera de 1889-1890, se creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que en 1910 pasó a denominarse Unión Panamericana. A lo largo de ese período se celebraron, además, una decena de Conferencias Panamericanas o Interamericanas. Como culminación de este proceso, en el contexto de la posguerra, se realizó en 1945 la Conferencia de Chapultepec en México, que derivó en la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y en la creación de la OEA en 1948, la cual ha funcionado desde entonces como un instrumento central de la política estadounidense en la región.

En ese marco, Juan Domingo Perón desde la presidencia argentina impulsó la política de un nuevo ABC —la articulación entre Argentina, Brasil y Chile— como núcleo inicial de un proceso de integración sudamericana orientado a fortalecer la soberanía regional y equilibrar las presiones de las grandes potencias. El proyecto contó con el apoyo del presidente brasileño Getúlio Vargas y del presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo. Asimismo, era seguido con atención por gobernantes de países limítrofes, como el presidente uruguayo Luis Batlle Berres, el paraguayo Federico Chaves y el boliviano Víctor Paz Estenssoro.

La propuesta se enmarcó en la búsqueda de una estrategia que permitiera superar las dificultades económicas propias de la posguerra y un marco geopolítico independiente de los bloques en pugna. La ampliación del mercado de consumo, el aumento del comercio intrarregional y la cooperación económica fueron algunos de los objetivos buscados. El nuevo ABC, además, permitía el acceso a los dos océanos, un elemento de importancia geopolítica y comercial muy importante. Fue concebido también como una alianza estratégica en el plano de la defensa militar. Lamentablemente, diversas circunstancias llevaron al fracaso de esta iniciativa, tales como la inestabilidad interna, las presiones externas y la divergencia de las estrategias de inserción internacional en el contexto de la Guerra Fría.

La vocación latinoamericanista del gobierno argentino se expresó también en su política hacia los países limítrofes. Por un lado, mediante gestos de reparación hacia Paraguay, como el pedido de disculpas y la devolución de trofeos de la Guerra de la Triple Alianza. Por otro lado, a través del entendimiento con Uruguay sobre el uso del Río de la Plata, orientado a ordenar un espacio compartido de importancia estratégica para ambas naciones. Por último, con Chile, con quien en 1948 se avanzó en el reconocimiento recíproco de las pretensiones antárticas y en una visión geopolítica convergente en torno a la idea de una Antártida sudamericana.

Asimismo, en el plano deportivo se realizaron esfuerzos por unir a América Latina. Un hito en ese sentido fue el Gran Premio de la América del Sur, una histórica carrera automovilística que unió Caracas y Buenos Aires en 1948, recorriendo más de 9.000 kilómetros y atravesando varios países de la región. Más que una simple competencia, esta prueba simbolizó la posibilidad de integración continental a través del deporte y la infraestructura, convirtiéndose en uno de los eventos más emblemáticos del latinoamericanismo deportivo.

Finalmente, cabe destacar el impulso a la unidad regional del movimiento de trabajadores a través de la iniciativa de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS). Se trató de una propuesta en el plano sindical que promovía la integración a partir de la creación de una central obrera latinoamericana. Impulsada en 1952, buscaba constituirse en una tercera posición equidistante de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), promovida por Estados Unidos, y de la Federación Sindical Mundial (FSM), influida por el bloque socialista.

A pesar de que algunas de las iniciativas impulsadas por el justicialismo no lograron concretarse plenamente o se diluyeron tras su caída en 1955, expresaron un impulso concreto hacia la unión regional desde el gobierno de Perón. Cabe señalar que, durante el siglo XIX, el país estuvo ausente de la mayoría de los tratados y congresos americanistas promovidos por naciones como México, Chile, Perú o Colombia. No obstante, es preciso reconocer los valiosos antecedentes de la cancillería argentina mencionados anteriormente, que forman parte de la historia —aún inconclusa— del proyecto de unidad latinoamericana: la Doctrina Drago de 1902, la política del Pacto ABC de 1914 y el Pacto Antibélico de 1933.

El gobierno libertario decidió interrumpir el envío a los consulados de los kits de ADN necesarios para que residentes en el exterior que dudan de su identidad y nacieron entre 1975 y 1983 puedan tomarse muestras de sangre para análisis. La información la dio a conocer la Agencia EFE, a raíz de una denuncia de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo. Según deslizó Lila Parrodo, psicóloga e integrante de la Red en Madrid, una de las justificaciones es que “no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial”, aún cuando se llevan a cabo desde 2005.

Bajo el lema “Argentina te busca”, se invita a quienes reúnen esas características a acercarse y recibir asesoramiento en territorio y frente a autoridades argentinas.

Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei la Cancillería y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) -casi en su totalidad desarticulada- dejaron de dialogar por fuera de la vía judicial con las sedes consulares, por lo que dejaron sin alternativa a quienes no pueden costearse el viaje a Buenos Aires.

La red internacional está establecida en Madrid, Barcelona, Roma, París, Estados Unidos y Canadá y su función es orientar a las personas en el proceso de búsqueda. Contactaba a la CONADI, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia de la Nación, para comenzar las Investigaciones, instruir a la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería en los pedidos y avanzar con la toma de muestras. 

Si bien la vía judicial puede guiar el proceso dentro de una investigación penal en el exterior, los recortes en la materia obstaculizan la búsqueda en el extranjero. El desmantelamiento más visible es la degradación y los despidos masivos en las distintas áreas vinculadas a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La única respuesta libertaria en el caso fue su degradación. “Hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio”, dictaba el documento leído el último 24 de marzo.

En el marco de la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, la Asamblea por el Agua de Jujuy se convocó este martes 7 de abril en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy para protagonizar una jornada de lucha en defensa del agua y los territorios.

La movilización se realizó en un contexto de máxima alerta. Días previos, la Asamblea había advertido que “ha comenzado la cuenta regresiva para el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares”, denunciando intentos de acelerar su aprobación en favor de intereses extractivistas. 

Bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”, y con definiciones contundentes como “el agua vale más que todo” y “sin agua no hay vida”, la jornada expresó un fuerte rechazo a cualquier intento de modificar una ley clave para la protección de los bienes comunes. “El agua de Jujuy está en peligro, sumate a defenderla”, fue uno de los llamados que atravesó la convocatoria.

En la provincia, donde existe un relevamiento de 255 glaciares, la defensa de esta ley adquiere un carácter urgente: se trata de reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para la vida, el trabajo y los ecosistemas. Desde la Asamblea advirtieron que habilitar actividades en zonas periglaciares implicaría un daño ambiental irreversible.

La actividad se enmarca en un plan de lucha sostenido por la Asamblea por el Agua, en articulación con organizaciones de todo el país, como parte de una respuesta federal frente al avance de políticas que ponen en riesgo los bienes comunes.

Como cierre de la jornada, se realizó una movilización hacia el Ministerio de Ambiente, donde se presentó una nota formal dirigida al ministro Leandro Álvarez. En el documento, firmado por vecinxs e integrantes de la Asamblea, se expresa el rechazo a la modificación de la Ley 26.639 y se advierte sobre las graves consecuencias ambientales y sociales que podría implicar su reforma.

La nota remarca que los ambientes glaciares y periglaciares constituyen fuentes esenciales de agua dulce y denuncia que su posible habilitación para actividades extractivas pondría en riesgo no solo los ecosistemas, sino también a comunidades originarias, campesinas y a toda la red hídrica que atraviesa distintas provincias del país. Asimismo, cuestiona la falta de consulta a las poblaciones afectadas y exige una definición clara por parte de las autoridades provinciales. 

“Sin glaciares sanos no hay agua pura” y “no hay licencia social”, advierte el documento, que también interpela directamente al Ministerio sobre su responsabilidad en la protección del agua como bien común. 

Sin glaciares no hay agua, y sin agua no hay vida. La consigna, repetida en las calles y en los documentos presentados, sintetizó la urgencia de una lucha que continúa y se profundiza en todo el país.

Cada vez resulta más evidente la estrategia gubernamental de ocultar sistemáticamente la realidad, tanto en lo económico, como en lo político y en lo social mediante el uso de verdaderas mentiras, mecánica que también utilizan “los mercados” en auxilio del régimen neoliberal, tanto en sus versiones internacionales como en las vernáculas.

Pruebas al canto: algunas de esas mentiras verdaderas y las realidades que pretenden ocultar se muestran a continuación.

El riesgo país

El poco transparente auxilio al régimen neoliberal que emplea “el mercado” al tratar la cuestión del riesgo país, tanto a través de calificadoras de riesgo internacionales como de consultores económicos, locales constituye un claro ejemplo de las mentiras verdaderas.

El JP Morgan menciona las 3 condiciones clave que nuestro país debería cumplir para calificar como mercado emergente y con ello tener acceso al crédito internacional privado: eliminar los controles de capital, consolidar un régimen cambiario previsible y garantizar reglas de juego estables para los inversores.

Por su parte en el marco del 21° Simposio de Mercado de Capitales organizado por el IAEF, Todd Martínez de Fitch a cargo de las calificaciones soberanas para las Américas, afirmó que el año pasado la calificadora le subió la nota a la Argentina "porque había mejorado la confianza en que iba a poder acumular las reservas suficientes para pagar la deuda". Afirmó que para mejorar la calificación “no solo queremos ver acumulación y salidas con la deuda. Queremos ver incluso que, pagando la deuda, haya una acumulación de reservas para que haya un colchón para enfrentar un shock doméstico en un año electoral”.

Miguel Kiguel, director de Econviews, indica que, al considerar el superávit fiscal y que el nivel de deuda es del 40% sobre PBI, Argentina es solvente. Sin embargo lo relativiza mencionando que los inversores consideran que las reservas siguen estando flacas a pesar de que el BCRA está empezando a comprar. "Nuestra situación es inversa a la de Uruguay o Brasil: tenemos mucha deuda en dólares y poca en pesos. Ese es nuestro talón de Aquiles".

Respecto a las fuentes alternativas de financiamiento con las que Caputo aspira conseguir US$ 9.000 millones ante un total de vencimientos de US$ 35.000 millones hasta 2027, varios economistas señalan que para acceder a esas fuentes sería necesario de otorgarles el carácter de "créditos privilegiados", con lo cual, pase lo que pase, cobrarían antes que el resto de los acreedores, dificultando la reducción del riesgo país a niveles de 400 puntos.

Por su parte Daniel Marx, titular de Quantum Finanzas, señala la anormalidad de considerar a las fuentes extraordinarias de financiamiento internacional como fuentes de regulares de financiamiento para Argentina: “eso es anormal”, afirmó.

Interesa mostrar lo que esconde esta mezcolanza de exigencias y afirmaciones y el denominador común de considerar que el superávit fiscal no sólo está afianzado sino que además se puede aumentar para otorgar mayor solidez a la macro economía argentina permitiendo una baja del riesgo país.

La verdad que todos ocultan es que el superávit fiscal tiene pies de barro y no es sustentable, ni siquiera a mediano plazo.

No es una novedad que el superávit fiscal se viene generando sobre la base de la eliminación casi absoluta de la obra pública, con gran deterioro de la infraestructura de transporte y el incremento de costos que lleva implícito; así como en importantes reducciones presupuestarias en materia de salud pública, educación, con la baja de remuneraciones, jubilaciones, del consumo y de los propios ingresos fiscales que trae aparejada la baja del consumo; también el superávit resulta de la reducción de los ATN, los aportes del estado nacional a las provincias, cuestión que se viene poniendo de manifiesto en los numerosos reclamos salariales de los educadores y las propias fuerzas de seguridad.

Todas estos problemas tienen estado público y por ello son o deberían ser conocidos por las calificadoras de riesgo y los consultores económicos, que pese a todo optan por un estruendoso silencio, que en algún momento hará que la micro haga estallar esta ficticia e insuficiente estabilidad macro económica.

El aumento del 4,4% del PIB 2025

Según informó el INDEC el PBI medido en pesos constantes de 2004 pasó de $708.130 millones en 2024 a $739.057 millones en 2025, lo que representa un aumento del 4,37%; en pesos por habitante el PIB pasó de $15.390 millones en 2024 a $15.931 millones per cápita en 2025, resultando una mejora por habitante del 3,51% interanual.

Luego de descontar los impuestos sobre el valor de los productos, netos de subsidios, el IVA y los derechos sobre las importaciones, resultan valores del Valor Agregado Bruto de $587.361 millones en moneda constante de 2004 y de $607,638 en 2025, resultando una mejora interanual de 3,45%. Los valores del VAB por habitante resultan de $12.765 en 2024 y de $13.098 en 2025, resultado una mejora del VAB per cápita de 2,60%

A continuación, se muestran los aportes al VAB en 2024 y 2025, las variaciones del VAB por habitante y la contribución al empleo registrado en 2025 de las principales actividades:

• Industria: aportó el 18,4% del VAB en 2024 y 18,0% en 2025, resultando una variación por habitante de 0.0%; aportó 12,0% del empleo registrado.

• Comercio: se mantuvo en 15,2% del VAB en 2024 y 2025, con una mejora por habitante de 2,8% interanual; aportó el 13,2% del empleo.

• Transporte: el aporte al VAB se redujo de 9,3% en 2024 a 9,1% en 2025, con una mejora interanual por habitante de 1,3%; contribuyó con el 5,0% del empleo

• Agricultura: sus aportes al VAB mejoraron de 8,3% en 2024 a 8,5% en 2025, una mejora per cápita del 5,3%; aportó al empleo el 3,6%.

• Administración Pública: los aportes se redujeron de 6,0% en 2024 a 5,8% en 2025, una reducción por habitante de 1,8%; empleó el 26,8% del total.

• Enseñanza: sus aportes se redujeron de 5,0% a 4,9%, una reducción per cápita de 0,1%; contribuyó al empleo con el 8,3%

• Minería: los aportes al VAB mejoraron de 4,7% a 4,9%, un aumento per cápita de 7,1%; empleó el 1% del total

• Salud Pública: su aporte se redujo del 4,2% al 4,0%, una caída por habitante de 1,0%, contribuyó con el 4,0% del empleo

• Finanzas: sus aportes al VAB aumentaron e 4,0% a 4,8%, una mejora per cápita de 23,7%; empleó el 2,6% del total

• Construcción: los aportes al VAB mejoraron del 3,2% al 3,5%, con un aumento por habitante de 2,6%; aportó al empleo el 4,2% del total

El subtotal de las actividades arriba mostradas significó un aporte acumulado al VAB de 78,2% en 2024 y de 78,4% en 2025, con un aumento por habitante de 3,6% y un nivel de empleo de 80,6% del total.

Las demás actividades, pesca, electricidad, hoteles y restaurantes, actividades empresariales, servicio doméstico y otras, mostraron una leve caída de sus aportes al VAB de 21,8% en 2024 a 21,6% en 2025, con un aumento del VAB por habitante de 1,9% y un aporte al empleo total de 19,4%

Hasta aquí los números publicados del PIB 2025. Veamos lo que no muestran:

• Las 3 actividades que mostraron mayor incremento del VAB (finanzas, minería y agricultura), representaron una mejora del VAB per cápita de 36,1% en 2025 mientras significaron apenas un 7,2% del empleo registrado

• Todas las demás actividades, pese a representar el 92,8%% del empleo registrado, mostraron un incremento del VAB por habitante de 5,7%, siendo nula en el caso de la industria y negativa en las actividades relacionadas con la actividad industrial, la administración pública, la enseñanza y la salud.

• El incremento del VAB per cápita de 2,6% fue acompañado entre 2025 y 2024 con una reducción del trabajo registrado de 0,96%; esta reducción fue acompañada con una caída del poder de compra del SMVM que pasó de 1,92 Canastas Básicas Alimentarias en 2024 a 1,83 CBA en 2025; en términos de la Canasta Básica Total el poder de compra del SMVM pasó de 0,84 en 2024 a 0,82 CBT en 2025.

• La tasa de actividad registrada por el INDEC cayó de 48,8% en diciembre de 2024 a 48,6% en igual mes de 2025, con lo que el índice de desocupación abierta se incrementó desde 6,4% a 7,5% en el mismo mes de 2025, lo que significa a fines de 2024 había 937 mil desocupados, que en un año se incrementaron a 1,093 millones de personas.

• La desocupación castigó en mayor medida a las mujeres (7,9% contra 7,2% de los varones) y a los varones jóvenes de 14 a 29 años (16,2% contra 4,5% en los varones de 30 a 64 años).

La moral como política de estado

Según declaró personal y públicamente Milei cualquier toma decisión gubernamental estará precedida por la verificación de su moralidad, chequeando si la misma es éticamente correcta, comprometiendo que las decisiones o medidas que no lo fueran no serían ejecutadas ni anunciadas.

Una verdadera mentira, como lo ponen de manifiesto numerosos casos de corrupción gubernamental que adquiere carácter sistémico, tales como los que se sintetizan a continuación:

• Uno de los primeros escándalos fue la denuncia de la venta de candidaturas por los encargados de armar las listas de LLA para las elecciones de 2019; en concreto José Luis Espert fue denunciado de ese intento por Roberto Cachanosky.

• Siguieron los vínculos de José Luis Espert con Fred Machado un empresario argentino, detenido y extraditado a los Estados Unidos, donde se lo acusa en una causa por tráfico de drogas. Espert fue bajado de su candidatura a diputado nacional por LLA;

• el vaciamiento de la Obra Scocial delas Fuerzas Armadas, que cuando asumió Petri como ministro de defensa el diciembre de 2023 contaba con un superávit superior a 25.000 millones de pesos y cuyo actual déficit desencadenó en el corte total de la cobertura de salud en militares activos y retirados.  La denuncia judicial se encuentra en manos del juez Rafecas.

• El robo de fondos a los discapacitados, el caso ANDIS en el que están procesados Diego Spagnuolo junto a otros 5 funcionarios y 13 empresarios de diferentes droguerías; según el fiscal que elaboró la imputación, Franco Picardi, Spagnuolo recibió importantes sumas de dinero por su actuación. Los cuatro presuntos líderes de la asociación ilícita continúan en libertad pero sus bienes fueron embargados en unos 135 millones de dólares. Se investiga la participación de Karina Milei en el caso.

• el injustificado enriquecimiento del “deslomado” Manuel Adorni que incluye la compra de un departamento se 200 m2 en el barrio de Caballito y de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, así como la realización de entre 15 y 19 vuelos al exterior, incluyendo viajes a Aruba y el uso de un avión privado para su descanso en Punta del Este. El fiscal Pollicita, delegado por el juez Ariel Lijo, requirió las declaraciones juradas patrimoniales de Adorni entre 2022, y 2025, incluyendo activos financieros, depósitos en el exterior, bienes de los familiares cercanos y un informe sobre los vehículos en poder de la pareja.

• La concesión por el Banco Nación de créditos hipotecarios a 7 funcionarios y 10 diputados nacionales cercanos a LLA por un total de $4.998,1 millones, equivalentes a mas de US$ 3,53 millones

Pese a todo el verdadero torpedo a la línea de flotación del gobierno es el caso $Libra, que involucra en modo directo al presidente Milei y a su hermana Karina. El peritaje informático del Ministerio Público Fiscal al celular de Mauricio Novelli no sólo demostró las múltiples llamadas con ambos, tanto previas al lanzamiento del token como posteriores a su colapso; también demostró que Milei era empleado a sueldo de Novelli, antes de asumir la presidencia, incluso mientras ejercía como diputado nacional.

Pese a que Taiano, fiscal de la causa, viene demorando los llamados a declarar, la difusión cotidiana de nuevos detalles de los casos Adorni y $Libra continúa poniendo en evidencia ante la opinión pública, junto a los demás casos de corrupción, la realidad que esconde la apelación de Milei a la moralidad de su gestión.

La frutilla del postre

Si los ejemplos anteriores no fueran suficientes para demostrar la aplicación permanente y el todo terreno de la estrategia de las mentiras verdaderas basta con recordar la flagrante contradicción entre la propuesta del presidente Milei, grabada el 26,12,2023, ocasión en que propuso pagar a los fondos buitre que vienen reclamando ante la justicia norteamericana por la privatización de YPF mediante la creación de un impuesto perpetuo que denominó la “tasa Kicillof” y su cambio de 180 grados al adjudicarse la pericia política, jurídica y diplomática con que su gestión logró cambiar los resultados de la primera instancia y corregir los desaciertos de Cristina Kirchner y Axel Kiciloff, "estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que pudo habernos costado todo". Créase o no!

Publicado originalmente en Radio Gráfica

DOS SEMANAS

El presidente norteamericano Donald Trump anunció hace pocos minutos un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que hay acuerdo para abrir el Estrecho de Ormuz. En distintos tonos, Israel por un lado e Irán por el otro, coincidieron en respaldar la iniciativa.

El mandatario republicano detalló que la suspensión de los ataques busca permitir que Teherán cumpla con la apertura de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Tras gestiones de la República Islámica de Pakistán, Trump aceptó un cese de los bombardeos a Teherán y aseguró que hay avances para un acuerdo de paz, aunque lo condicionó a una apertura “completa, inmediata y segura” del paso clave.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció el envío de una delegación a Pakistán para negociar los detalles técnicos del fin definitivo de la guerra. Ese espacio estatal precisó que cualquier acuerdo debe incluir “garantías creíbles y verificables”.

En línea, expresó que deben detenerse los ataques contra su país. De concretarse esa exigencia, permitirá el paso seguro por Ormuz en las semanas venideras.

Israel, por su parte, habría aceptado el acuerdo. Sin embargo, esta información fue suministrada por fuentes del gobierno estadounidense. Como el país que orienta el premier Benjamín Netanyahu ha sido decisivo en la gestación del litigio, se aguardan más precisiones.

SIN CERTEZAS

El anuncio se produce después de que el premier pakistaní, Shehbaz Sharif, propusiera el alto el fuego para permitir negociaciones diplomáticas entre los Estados Unidos e Irán.

El dilema que podría surgir en ese flanco es que Teherán rechaza reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una tregua temporal. La desconfianza es razonable: la agresión surgió en medio de una negociación positiva sobre el uranio enriquecido y el uso de la energía nuclear.

Resulta de valor apuntar que la Federación de Rusia y la República Popular China vetaron, en el Consejo de Seguridad de la ONU, el empleo de fuerzas navales para reabrir el ya famoso Estrecho. Enseguida, expresaron su disposición a cooperar con la paz en Oriente Medio.

ALIVIO PROVISORIO

La noticia generó un alivio generalizado en la población mundial. Alineadas como fuera, las variadas naciones presentían que el prometido hostigamiento a fondo podía implicar una conflagración integral.

La jornada estuvo cargada de tensión. Por un lado, Trump impactó en el alma del planeta al amenazar con la extinción de la civilización persa. Un dislate cuya sola enunciación crispó los nervios e incentivó los más intensos llamados pacifistas.

Como respuesta acelerada, el Papa León XIV, en una declaración desde Castel Gandolfo, hizo un llamamiento a la paz e invitó a ponerse en contacto con los miembros del Congreso norteamericano para pedir el fin de la guerra, pensando en las numerosas víctimas.

“Hoy, como todos sabemos, se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable”. El Papa subrayó que están en juego «cuestiones de derecho internacional», pero que, sobre todo, hay «una cuestión moral» en la que hay que tener presente el bien del pueblo.

TERROR EXTENDIDO

Antes del acuerdo inspirado -al menos en su presentación pública- por Pakistán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió que una escalada adicional por parte de los Estados Unidos provocaría una respuesta que trascendería el ámbito regional.

La entidad de Teherán había advertido que, si la coalición agresora “cruza las líneas rojas”, la respuesta iraní apuntaría contra infraestructuras estratégicas, con el objetivo de privarlos del acceso al petróleo y gas de la región durante años. La advertencia se produjo mientras Teherán mantenía su estrategia de presión sobre rutas energéticas y activos militares vinculados a los agresores.

PUEBLO MOVILIZADO

Cientos de miles de personas se reunieron este martes para formar cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas del presidente de los Estados Unidos, quien había amenazado con atacar esas infraestructuras.

En Teherán, una multitud se congregó ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y repudiando las amenazas. En la ciudad occidental de Kermanshah, los manifestantes se concentraron frente a la planta eléctrica de Bisotun, con fotos del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor e hijo Mojtaba Jameneí.

Las movilizaciones se replicaron en otros puntos del país. En Dezful (suroeste), los estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad, con más de 1.700 años de antigüedad, en su defensa ante las amenazas de Trump.

NIGHTWATCH

El Boeing E-4B ‘Nightwatch’ despegó ayer y realizó varios circuitos, según los datos de seguimiento de vuelo observados por el Daily Mail, en lo que las autoridades militares describen como ejercicios para mantener la preparación operativa ante posibles emergencias.

Diseñada para resistir pulsos electromagnéticos, los efectos de una explosión nuclear y otros escenarios extremos, la aeronave funciona como puesto de mando aéreo para altos funcionarios, incluido el presidente de los Estados Unidos.

El vuelo coincidió con las amenazas del presidente Trump sobre intensificar las acciones. La nave, calificada como “el avión del fin del mundo”, está preparada para contener una parte del funcionariado norteamericano en caso de una contienda nuclear. Su vuelo fue interpretado como una intimidación.

QUIEN GANA

Los interrogantes se reproducen de modo continuo. La solidez iraní para afrontar los ataques ya es innegable. El aparente potencial extremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos e Israel ha quedado desdibujado frente a una resistencia que conjuga organización, saber militar y convicción patriótica.

En algunos pasillos diplomáticos se interpreta que el proclamado ataque final norteamericano no se concretó porque a la potencia del Norte no le dio el piné. Sin embargo, resultaría adecuado incluir la influencia del rechazo popular interior a la frustrada maniobra. El protagonismo norteño en conflictos internacionales implica una ruptura de las propuestas que lo habían llevado a ganar las elecciones.

Como no mencionar, también, el rechazo de las naciones europeas y asiáticas al llamado estadounidense para articular una flota que facilite el paso en el Estrecho. Si con todo ello no bastara, resulta justo apuntar que, según nuestros informantes habituales, hubo comunicaciones en distintos horarios de la jornada que concluye, desde Moscú y Pekín sobre Washington para desalentar una super escalada.

To see a world in a grain of sand

William Blake

 

En la dirigencia política de Estados Unidos anida una facción que, desde la caída del Muro de Berlín, ve con malos ojos las relaciones con Rusia. Otro sector, con una mirada nacionalista y resuelto a dejar atrás los traumas de la Guerra Fría, sugiere un rumbo más amistoso entre ambas naciones. Veamos el asunto desde esta óptica.

Una paciente ventisca sopla en Moscú

El 2 de octubre del año pasado, en la reunión anual del Club Valdai –el “Davos ruso”–, Vladimir Putin detalló su visión sobre el Nuevo Orden Internacional, la situación política de Occidente y, lo más importante, la relación de Rusia con los Estados Unidos.

El orden multipolar, a sus ojos, es un hecho. Sobre los restos de la globalización, lo “local” y “particular” se asientan para cimentar el nuevo mundo:

“Las especificidades histórico-culturales y de civilización de los diferentes países desempeñan un papel más importante que nunca. Es necesario identificar puntos de contacto y convergencia de intereses. Actualmente, nadie está dispuesto a acatar las reglas dadas por alguien desde algún lugar lejano”.

El presente fluctuante y conflictivo, para el premier ruso, es una consecuencia directa de la globalización, proceso que define como “el intento por enfilar detrás de los países occidentales al resto del mundo”. El orden unipolar, agrega, produjo un quiebre entre las “élites” y los “pueblos” que se manifiesta en el “creciente autoritarismo” y la “crisis de representación popular”.

Sobre las relaciones con EE. UU., se muestra optimista:

“Vemos que la actual administración se guía principalmente por el interés de su propio país tal como lo entienden”, y advierte: “Rusia también se reserva el derecho de guiarse por su propio interés nacional, uno de los cuales, por cierto, es el restablecimiento de las relaciones plenas con Estados Unidos. Y sin importar cuáles sean las contradicciones, si nos tratamos mutuamente con respeto, entonces las negociaciones –incluso la más dura y persistente– tendrán sin dudas el objetivo de alcanzar un consenso, lo cual significa, finalmente, que las soluciones mutuamente aceptables son posibles”.

Putin, en este punta y hacha, juega fuerte y de callado, y deja que el rival cante (o no) la primera. Este, algo indeciso, juega, a su vez, sabiendo que el ruso está cargado.

No se llora sobre leche derramada

Al caer la URSS, la victoria del “mundo libre” saturó de fe los corazones de Occidente. La globalización impuso sus verdades y transformó las mentalidades y las relaciones políticas y socioeconómicas del mundo. En el corazón de los Estados Unidos, no obstante, algunas campanas sugerían cierta prudencia, pero la cantinela entusiasta del fin de la Historia sonó más fuerte.

Concluida la Guerra Fría, la cuestión rusa adquirió otro sentido. Las campanadas, esta vez, llamaban a no sobreactuar la victoria dado que la humillación siembra rencores y estos, tempestades, sobre todo en la vida de las naciones. El canto de las sirenas, de nuevo, fue más persuasivo que las advertencias del viejo Ulises.

Los intelectuales del nacionalismo estadounidense, que se desmarcan del ala liberal-globalista, ven con entusiasmo el panorama que se abre en el mundo “postglobal”.

En los 90, Walter Russell Mead, por ejemplo, ya alertaba, como detalló en el apartado siguiente, que el mal manejo de las relaciones internacionales con Rusia podría desatar una segunda Guerra Fría.

En A Republic, Not an Empire (1999), Pat Buchanan plantea un escenario similar. Escrito en la serenidad del final de una intensa carrera política, luego de ocupar cargos importantes y de un intento fallido por alcanzar la candidatura presidencial por los republicanos, evalúa el desempeño geopolítico norteamericano luego del fin de la Guerra Fría.

Buchanan es un crítico de la globalización y, sobre todo, del expansionismo de la OTAN. Responsabiliza a las “élites”, definidas como “liberales internacionalistas” (tanto demócratas como republicanos), de llevar adelante una cruzada idealista que solo perjudica el interés nacional norteamericano y daña su estatuto de potencia global:

“No somos odiados por quienes somos o por lo que creemos; somos odiados por lo que hacemos. No son nuestros principios lo que desprecian, sino nuestras políticas”.

Estados Unidos, sugiere, debería replegarse sobre su zona de influencia y abandonar el sentido aventurero e imperial con el que impulsó su accionar luego de la caída del Muro y, con ello, dejar de tensar, con la OTAN, las fronteras rusas.

En este punto, vienen a cuento las versiones contemporáneas según las cuales estamos ante un imperio en caída libre –más una expresión de deseo que una realidad comprobable– donde el repliegue continental de Trump, incluidas las incursiones fugaces y las no tanto, constituyen señales de decadencia. Argumento errado, visto desde esta óptica: el repliegue, por el contrario, responde a la necesidad de reajustar su hegemonía global. La extensión es el peligro: al replegarse, garantiza la continuidad de su existencia; al expandirse, se erosiona.

Por ello, según Buchanan, las guerras remotas y extensas, interminables, ebullen como un caldo venenoso. En el expansionismo, lo que se diluye es la identidad nacional. Exportar democracia pone en peligro los cimientos de la propia nación: no provee ningún beneficio embarcarse en “intentos quijotescos a largo plazo para rehacer otros países a imagen de Estados Unidos”, como advierte Rob York a propósito del reciente bombardeo a Irán.

“Nada, salvo la sobreexplotación de nuestros recursos, puede destruir este país, como dijo alguna vez el senador republicano Robert A. Taft”, concluye Buchanan.

Por un matrimonio razonable

Rusia y Estados Unidos, a pesar de la Guerra Fría, tienen un historial de cooperación sustantivo.

Durante la Revolución Americana, Rusia jugó un rol fundamental en la formación de la Liga de Neutralidad Armada, una “organización antibritánica”. Durante las Guerras Napoleónicas, el gobierno ruso fue de las pocas potencias europeas que a menudo simpatizaba con los intereses comerciales y de navegación estadounidenses. Durante la Guerra Civil, mientras Gran Bretaña y Francia apoyaban a la Confederación, Rusia fue la única gran potencia europea que mostró abiertamente su apoyo a Estados Unidos. La gratitud estadounidense por esta muestra de apoyo se consolidó con la compra de Alaska –escenario recientemente de una de las reuniones más importantes del siglo XXI– poco después de la guerra. En el siglo XX, como es sabido, Rusia y EEUU lucharon juntos en ambas guerras.

Estos son los hechos históricos que enumera el ya mencionado Russell Mead en otro escrito, “No Cold War Two”, para dar sustento a la hipótesis de un vínculo “cordial” entre ambas naciones.

Russell Mead, ayer y hoy (el artículo es de 1994), desaprueba la cruzada antirrusa que sobrevino –y que perdura– al caer el Muro y la disolución de la URSS. En esa oportunidad sostuvo que “la neocontención y el aislamiento de Rusia no servirá a ninguno de los intereses de Estados Unidos. Por el contrario, crearán obstáculos nuevos e innecesarios que estropearán la política internacional norteamericana de los 90 en adelante”.

El acercamiento con Rusia exigía salirse de la mentalidad de la Guerra Fría y buscar una alternativa a la visión “de conflicto”, es decir, de sometimiento. Una Rusia débil no sirve a los intereses estadounidenses. Por el contrario, su fuerza, proponía el autor, garantiza un balance de poder razonable en Europa y blinda el eje asiático en la medida en que contiene a China.

Rusia, señaló Mead, tiene rispideces con el “gigante asiático”, sobre todo en el Extremo Oriente, y su debilidad, advierte, solo incrementa los focos de conflicto:

“Gran parte de la porción más valiosa económicamente de este territorio fue anexionada por Rusia a China mediante los ‘tratados desiguales’ que las potencias europeas impusieron a China en el siglo XIX, y la opinión pública china considera que estos tratados no son más legítimos que aquellos que otorgaron a Gran Bretaña su derecho sobre Hong Kong”.

El título del artículo, por cierto, carece de referencias temporales y espaciales, y ahí está su virtud: es un norte, un llamado de atención permanente para la clase dirigente norteamericana. Vale recordar, como señalamos al comienzo, que lo que Rusia discute hoy en día es justamente el mundo que floreció en esos años.

El panorama de los años 2000, para volver a Buchanan e ir cerrando, demostró que las sugerencias de Russell Mead no fueron oídas:

“No estamos en 1948, Stalin está muerto; el imperio soviético cayó. La Rusia europea es más chica que la Rusia de Pedro el Grande. Entre los intereses vitales de ambas naciones no hay conflictos. Pero esta gente orgullosa mantiene miles de armas nucleares. Una Rusia amigable es mucho más importante para la seguridad de EEUU que cualquier alianza con Varsovia o Praga. Si Estados Unidos tiene un interés primordial en materia de seguridad nacional en este nuevo siglo, es evitar enfrentamientos con grandes potencias nucleares como Rusia. Al llevar a la OTAN a las puertas de Rusia, hemos programado una confrontación propia del siglo XXI”.

Ambos autores alertaban lo que hoy es un hecho: algún día, decían, el gigante iba a recuperar sus fuerzas y se cobraría los favores.

“Nostálgicas por la claridad y las certezas de la Guerra Fría, nuestras élites han evitado cambiar una sola institución o compromiso heredados de ese conflicto”, concluye Buchanan, “pero el mundo ha cambiado desde la caída del Muro, y nosotros debemos cambiar con él”.

Rusia, como dijimos, ya jugó sus cartas. En Estados Unidos, indecisos, los jugadores se deforman en muecas. El orden parece no llegar y las cartas empiezan a arderles en las manos.

La Facultad de Filosofía y Letras rinde homenaje a la referente de Madres de Plaza de Mayo por su incansable labor en la defensa de los Derechos Humanos y la construcción de la memoria colectiva.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene el honor de invitar al acto de entrega del Título de Doctora Honoris Causa a Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida afectuosamente como Taty Almeida.

El evento se llevará a cabo el próximo 17 de abril a las 18 hs, en el aula 108 de la sede Puan (Puan 480, CABA).

Esta distinción representa un reconocimiento a más de 50 años de lucha ininterrumpida por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Taty Almeida, nacida en 1930 en el barrio de Belgrano y formada como docente en la Escuela Normal Superior N° 7, transformó el dolor individual en una causa colectiva que hoy es pilar de la democracia argentina.

La vida de Taty cambió para siempre el 17 de junio de 1975, cuando su hijo Alejandro Almeida fue secuestrado por la Triple A. Alejandro tenía 20 años, trabajaba en TELAM y en el Instituto Geográfico Militar, y cursaba el primer año de Medicina en la UBA.

Proveniente de una familia ligada al ámbito castrense, Taty inició su búsqueda a través de sus contactos e influencias personales. Sin embargo, el contexto del terrorismo de Estado la llevó a incorporarse a Madres de Plaza de Mayo, donde se convirtió en una de las voces más lúcidas y comprometidas de la organización.

A lo largo de las décadas, Taty Almeida ha recorrido el país y el mundo brindando charlas y conferencias, siempre en apoyo a las causas populares. En 2008, rescató la voz de su hijo a través del libro ‘Alejandro, por siempre… amor’, donde se compilan 24 poemas hallados en la agenda del joven militante, junto con testimonios que mantienen viva su identidad.

Taty es un símbolo de la transición del silencio a la militancia activa. La entrega de este Honoris Causa reafirma el compromiso de la Universidad pública con las referentes que, como ella, siguen enseñando que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

¿Cómo celebrar la vida en medio de la muerte?

El sábado 4 de abril por la tarde del Sábado Santo, mientras cientos de chicos y chicas celebraban la Pascua en el predio de las 3T, sobre Crovara, frente a Puerta de Hierro, la vida y la muerte se cruzaron de la forma más injusta. En ese mismo lugar donde se compartía la alegría, donde los chicos jugaban y celebraban la Vida, el narcotráfico desató un tiroteo desenfrenado. En medio de la balacera una bala calibre 22 atravesó ese espacio y fue a dar en la cabeza, precisamente en la nuca de Emilia, una nena de 13 años que vive y se cría en uno de los hogares de menores de nuestra parroquia con tres de sus hermanitos porque la droga rompió la vida de su mamá y de su papá.

Lo que pasó después también habla de quiénes somos. La comunidad, sin dudarlo, la cargó sobre sí y la llevó al hospital. Los hospitales respondieron con rapidez, profesionalismo y humanidad. En el día de Pascua de Resurrección, Emilia está viva. Se salvó de milagro. Es creer o reventar. Y damos gracias a Dios por eso.

Pero desde lo más hondo queremos decir algo que no puede quedar tapado por el milagro: nosotros no queremos vivir por milagro, queremos vivir por dignidad. Porque nuestra vida vale.

Lo que pasó no es un hecho aislado. Venimos sufriendo tragedias de muertes a diario, nos cansamos de ver a nuestros jóvenes hechos un mural porque se los llevo una bala. 

No puede ser normal que nuestros espacios de comunidad y vida, escuelas y centros de abuelos estén llenos de agujeros por impactos de bala.

Es escandaloso ver la cantidad de armas que mafias adultas corruptas ponen en las manos de chicos de nuestros barrios como si fueran un juguete.

Causa profundo dolor ver los hijos de familias tan sacrificadas y trabajadoras que sufren viendo como su hijo se les está muriendo poco a poco por la droga. Vergüenza tendría que dar a los "arruina guachos" que le venden pasta base a nenes de 10 años huérfanos de todo cuidado o personas que han quedado discapacitadas en silla de ruedas por tantos años de violencia y consumo. Triste es ver nenas adolescentes que iban a la escuela cómo son explotadas sexualmente sobre Crovara para después entrar a comprar paco.

Mucho dolor y mucha bronca da ver a un trabajador que sale de madrugada y es asesinado por un celular que después se canjea por pasta base.

EL NARCOTRÁFICO ESTA DESPENALIZADO DE HECHO EN NUESTROS BARRIOS.

Los espacios se ocupan.

Las villas y barrios populares o se integran o se entregan. El Estado Nacional ha elegido entregarlos al narcotráfico en vez de trabajar por la integración socio urbana.

Cuando el Estado se corre de esta problemática, el narcotráfico crece. Y cuando crece, no solo vende droga: se mete en la vida del barrio, organiza desde la violencia y se lleva a los más pobres, a los más indefensos, a nuestros chicos y jóvenes, mientras otros se enriquecen con su sangre.
Por eso la pregunta no es ingenua ni exagerada: ¿cómo puede ser que a metros de puestos de policía y  gendarmería siga creciendo el narcotráfico mientras todos los vecinos sabemos dónde está el problema? Cómo puede ser que el mundo de la justicia no pueda abordar el problema de venta de droga mientras hay miles y miles de jóvenes de distintos lugares de la Matanza que se desangran aquí? ¿Cómo puede ser que nos acostumbremos a que una balacera infernal se desate en el mismo lugar donde cientos de niños estaban celebrando la vida? Los miles de jóvenes, mamás con hijos, abuelos, personas con discapacidad que viven en los hogares de recuperación de la Iglesia son una denuncia concreta de esta realidad que clama al cielo.

Los barrios de Crovara son barrios trabajadores, con sentido hondo de familia, que sabe en cuero propio lo que es el abandono. Muchas de sus familias sufrieron la pérdida de algún familiar por la droga y la violencia. 

Sufrieron en la dictadura, sufrieron la ausencia de la democracia en su forma más concreta. Y sin embargo, son barrios que luchan para ponerse de pie. Con muchísimo esfuerzo, la comunidad fue abriendo caminos de vida: escuelas, clubes, hogares, espacios donde los pibes pueden encontrar otra oportunidad. Por eso duele más ver que, mientras la comunidad se levanta, también crece la droga. Y entonces aparece una pregunta que no podemos evitar: ¿es casualidad o hay intereses que no quieren que estos barrios se levanten?

Hoy vemos con claridad que cuando el Estado no llega como tiene que llegar, otros ocupan ese lugar. Por eso creemos que no alcanza con mirar desde afuera ni con intervenir tarde.

La Política es la forma más alta de la caridad y de transformar la realidad. De hacer que todos, más allá del lugar en dónde nos haya tocado nacer podamos partir de la misma línea de largada de oportunidades para vivir.

Hace falta una decisión más profunda frente a la droga y las armas, y un compromiso real con lo que sí está dando vida en los barrios. Procesos como la urbanización que se viene llevando adelante, el trabajo del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), y el esfuerzo cotidiano de la comunidad, no pueden quedar solos. Porque donde hay dignidad, el narcotráfico retrocede; y donde el barrio se organiza, la vida se abre paso.

Nos atraviesa una pregunta que duele: si hubiese pasado lo peor, ¿qué estaríamos diciendo hoy?
Seguramente sería un escándalo en los medios nacionales y todos los que tienen alguna autoridad expresarían su "indignación elegante". Por 1 centímetro literalmente la bala no mato a Emilia. No podemos naturalizar estas situaciones.

Por eso, como comunidad, acompañamos con toda el alma a Emilia, y agradecemos profundamente a quienes hicieron posible que hoy esté viva. Pero también sentimos la responsabilidad de levantar la voz. Porque no queremos sobrevivir. Queremos vivir con dignidad. Queremos que nuestros chicos puedan jugar sin miedo. Queremos un barrio donde la vida valga más que la violencia.

Y aunque el dolor es grande, no vamos a soltar la esperanza. Porque creemos, profundamente, que incluso en medio de la muerte, la vida tiene la última palabra.

Los autores reflexionan sobre las reconfiguraciones geopolíticas. El concepto de occidente ampliado y el lugar de la Argentina en el nuevo mundo. “Eurasia se está reconfigurando, y sus ejes ordenadores, al igual que en el resto del orbe, serán la energía y los alimentos.”

En la Parte I y II de esta saga[1], se continuó con la temática iniciada en "El Nuevo, Nuevo Mundo" (BAE Negocios, 22-10-2018), sobre las características del "Cambio Civilizatorio" que vivía la Humanidad, en la conciencia de que "La verdadera Política es hoy: la Internacional"[2].

Se precisó, luego, que en sus orígenes Occidente era un "conjunto de países de varios continentes, cuyas lenguas y culturas tienen su génesis principal en Europa", pero al tratarse en lo simbólico de un "icono"[3], su alcance es más vasto y complejo; fueron las religiones judeocristianas, construyendo Cultura[4], las que lo crearon y plasmaron con Principios y Valores que permitieron su existencia, superando lo meramente geográfico y constituyendo un "todo" fácilmente identificable.

Con estos antecedentes y ya concretada la integración del Islam (propiciada, además, por el legado del Papa Francisco, de feliz memoria), el consolidado Nuevo Orden Internacional (N.O. Internacional), que reemplaza a la Globalización Hegemónica -destructora de las especificidades de los Pueblos-, se constituye en una opción remediadora (de aquellas graves inconsistencias) que, en una Alianza de Primer Orden presenta tres grandes ganadores:

· los Estados Unidos de América (Donald Trump),

y

· la Federación Rusa (Vladimir Putin), necesariamente "complementados" por el "Guía Espiritual de la Humanidad" (S.S. León XIV)[5].

El proceso en ciernes atraviesa una etapa, ciertamente, dolorosa, al momento de agudizarse los conflictos que, si bien son de Segundo o Tercer Orden[6], requieren del "ingenio" y la "comprensión" de los actores claves, para su pronta resolución en la mesa de negociaciones, lográndose, así, que "el Drama prevalezca sobre la Tragedia"[7].

los primeros son:

· el "del Ártico", de extrema importancia logística, que tenderá a ser coadministrado económica y financieramente por la Federación Rusa (F. Rusa) y los Estados Unidos de América (EUA), luego de resolver las contrariedades con los monarcas de Gran Bretaña y de Dinamarca,

· el "del Atlántico Sur", donde el Reino Unido tiene usurpadas las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, que juntamente con la Zona Económica Exclusiva[8] representan casi el 25% de la superficie de la República Argentina, que deberá resolverse en la instancia de "América para los Americanos",

· el de Medio Oriente que tendería a solucionarse en el entorno de lo planteado en la Parte I de la presente serie,

· el del Pacífico Sur, desarrollado in extenso en la Parte II,

y el de Europa del Este

Manifestado esencialmente por la "Operación Militar Especial" definida por la F. Rusa sobre Ucrania, que se encuentra enmarcada por históricas desavenencias, ya que, en sus orígenes, esta última tenía sus raíces en la "Rus de Kiev", una federación de tribus eslavas orientales que dominó la región desde el siglo IX.

En el año 987, la autoridad vigente adoptó el Cristianismo Ortodoxo, estableciendo la base cultural y religiosa que comparte con sus vecinos.

La ciudad de Kiev se convirtió en un gran centro comercial y cultural antes de fragmentarse y sucumbir ante la invasión mongola en 1240.

Tras la caída de Kiev, la mayor parte del territorio fue absorbido por el Gran Ducado de Lituania y luego por la Mancomunidad Polaco-Lituana.

Las batallas por la autonomía llevaron a sus dirigentes a vincularse y procurar la protección de los Zares rusos.

Así comienza una relación simbiótica sin fronteras ni divisiones evidentes, pero no por ello, exenta de colisiones.

Finalmente, tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Ucrania proclamó su independencia[9] en 1991.

A pesar de ello, las poblaciones ruso-parlantes del nuevo país, mantuvieron una estrecha relación política, económica y cultural con Moscú, generando los atisbos de disolución nacional y, a partir de la espiralización del incordio, su irradiación a la Región.

La anexión de la península de Crimea en el 2014, como así también las puebladas pro-rusas del Donbás son un prístino ejemplo de lo señalado.

Concomitantemente con ello, los sectores dirigenciales ucranianos deciden, tanto acompañar un outsider de la política y encumbrarlo como Presidente[10], como encadenar su destino a la Globalización moribunda representada por la Unión Europea (UE).

Si a este marco se le adosa, una incorrecta lectura, en aquel momento, del "mundo por venir", las consecuencias presentes, que sufrirán, por sus acciones pasadas, serán muy gravosas:

· la F. Rusa será reconocida oficialmente con sus nuevas fronteras del Oeste

y

· Estados Unidos de América, por primera vez en su historia, detentará una base material, con vastos recursos naturales, en el continente europeo.

En síntesis, los ganadores del N. O. Internacional serán los grandes beneficiados.

Eurasia se está reconfigurando, y sus ejes ordenadores, al igual que en el resto del orbe, serán la energía y los alimentos, de allí la importancia de este territorio en disputa.

Ahora bien, más temprano que tarde, también este debate se representará en el Atlántico Sur.

El eje: Reino Unido - República Popular China - República de Chile, será el contradictor.

Nuestro país, en el marco del continentalismo, debe estar preparado para cuando llegue el momento, dado que su resolución impactará, también, sobre la proyección Antártica.

Defendiendo el Interés Nacional y bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, el éxito coronará nuestra acción como Nación.

¡Dios bendiga a los decisores!

*Nota publicada originalmente en Bae Negocios.

[1] Para los asiduos lectores, se repetirán algunos conceptos, pero "como el público se renueva" y es necesario que el artículo se pueda comprender, al margen de la lectura de la Parte I y II que integran esta serie, no se encuentra otra alternativa que incluirlos nuevamente.

[2] "La verdadera Política es hoy la Internacional" es una histórica máxima del General Juan Domingo Perón, quien sostenía reiteradamente que la política interna es, en gran medida, administración, mientras que "la verdadera política es la política internacional". Concepto profundizado, entre otros textos, en "Modelo Argentino para el Proyecto Nacional", Perón, J. D. (1974).

[3] Icono: signo que mantiene una relación de semejanza con lo representado.

[4] Se privilegia entre las definiciones de Cultura aquella expresada por el Presidente Perón en un homenaje a Cervantes en 1952: «Cultura es la Acción del "Hombre" sobre la Creación».

[5] Su Santidad León XIV: de quien ya nadie preguntaría, como lo hizo Joseph Stalin: ¿Con cuántas Divisiones cuenta el Papa?

[6] Se entiende por conflictos de Tercer Orden, los que sostienen: Azerbaiyán con Armenia, Camboya con Tailandia, Pakistán con la India y Afganistán, Chile con Perú y Bolivia, o la instauración del Estado Palestino, entre otros.

Hay una forma de pensar —propia del universo progresista, especialmente en sus expresiones académicas, militantes y urbanas— que, más que una ideología en sentido clásico, funciona como un reflejo condicionado frente a lo nacional. Es, en buena medida, el resultado de una formación cultural que —como advertía Arturo Jauretche— ha sido estructurada para mirar la realidad con categorías ajenas, importadas, incapaces de captar la especificidad histórica de la nación. Una pedagogía de la colonización mental que enseña a desconfiar de lo propio y a validar, casi automáticamente, por acción u omisión, todo aquello que provenga de los centros de poder. Una gimnasia intelectual que permite decir siempre lo correcto, ubicarse prolijamente del lado de los buenos y retirarse a dormir con la conciencia tranquila. Porque en ese universo, la virtud no consiste en comprender la realidad y sacarle provecho, sino en aprobar el examen moral. Indignarse cuando corresponde, condenar sin matices y, sobre todo, no incurrir jamás en el pecado capital de pensar en términos nacionales. Eso, hoy por hoy, es cosa de fachos.

Detectarla no requiere un test sofisticado, alcanza con observar cómo reaccionan ante determinados hechos históricos, y especialmente ante uno que los descoloca por completo: MALVINAS.

El punto de partida no es —ni puede ser— la defensa de los derechos humanos. Esa es una conquista estructural e irrenunciable de la Argentina democrática. El problema surge cuando ese paradigma, siendo válido y necesario, se absolutiza hasta convertirse en un marco excluyente, incapaz de dialogar con otras dimensiones igualmente constitutivas de la historia nacional. Cuando eso ocurre, quedan fuera del análisis cuestiones centrales como la geopolítica, la soberanía, la defensa, el rol de las FFAA, los intereses de las potencias occidentales en el Atlántico Sur. Es en ese punto donde el enfoque de derechos humanos deja de aclarar y empieza a oscurecer; no por ser incorrecto en sí, sino porque, al intentar explicarlo todo desde una única perspectiva, termina por invisibilizar aquello que no encaja en ese marco. Por caso, los estaqueos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y deben ser investigados, juzgados y sancionados con toda la severidad que corresponda. Pero esa dimensión —indiscutible en términos jurídicos y morales— no puede erigirse en el prisma único desde el cual analizar toda la cuestión Malvinas. Hacerlo implica reducir un conflicto histórico, geopolítico y de soberanía a un solo aspecto, por relevante que sea, perdiendo de vista su naturaleza integral como causa nacional.

Sin embargo, desde la mirada progresista, la cuestión Malvinas tiende a ser abordada prioritariamente desde el prisma de los derechos humanos. Ese enfoque —impulsado por una legítima sensibilidad moral— termina por organizar toda la interpretación del conflicto, desplazando a un segundo plano otras dimensiones decisivas, como la naturaleza histórica de la causa.

La imposibilidad de pensar la contradicción

El rasgo más evidente de esta matriz es su dificultad para sostener tensiones históricas complejas. Frente a Malvinas, su esquema interpretativo entra en crisis. Si la dictadura fue criminal —y lo fue—, entonces todo lo que hizo debe ser considerado ilegítimo; pero si la recuperación de las islas constituyó un acto de soberanía, habría que admitir que allí se expresó, al menos, un contenido que excede al régimen que lo ejecutó; vale decir, habría que reconocerle algún mérito al régimen dictatorial, y hacerlo implicaría debilitar su rechazo. Como ambas dimensiones no logran convivir dentro de ese marco de pensamiento, se opta por una salida más simple. En lugar de asumir la contradicción, se la elimina. No se la resuelve; se la suprime, reduciendo así la complejidad histórica a un esquema sin tensiones. Así, la guerra deja de ser un episodio de disputa colonial para transformarse en un hecho puramente moral; una “aventura”, un “delirio”, una “manipulación”, “una guerra sin sentido”; pero la guerra sucedió. El conflicto geopolítico desaparece, y con él, la historia misma.

Los liderazgos, la valentía y el arrojo parecen haber sido prolijamente retirados de nuestra historia política reciente; como si la épica fuese un bien importado, con denominación de origen en Escocia, Estados Unidos o Inglaterra. Aquí, en cambio, todo debe ser moderado, revisado y, de ser posible, despojado de cualquier atisbo de grandeza. No vaya a ser cosa que, entre tanta corrección, alguien termine creyendo que también tuvimos héroes.

Entonces, ¿Pueden ser los soldados héroes y víctimas a la vez? ¿Cómo distinguir entre el régimen dictatorial y la causa sin que uno anule al otro? Imposible. ¿Cómo reconocer un acto de soberanía sin quedar atrapado en la legitimación de quienes lo ejecutaron? Imposible. ¿Cómo pensar en términos de nación sin ser acusado de nacionalista peligroso? ¿Cómo asumir una guerra en clave geopolítica sin reducirla a un problema moral? ¿Cómo comprender al pueblo movilizado sin tratarlo como objeto de manipulación? ¿Cómo hablar de intereses estratégicos sin ser señalado como belicista? ¿Cómo admitir que hubo coraje y sacrificio sin caer en la minusvalidante mención de “los pobres chicos de la guerra”? ¿Cómo sostener la complejidad histórica sin simplificarla entre buenos y malos? ¿Cómo integrar derechos humanos y soberanía en un mismo análisis? Imposible.

A diferencia de los “bienpensantes” —que necesitan un marco teórico, dos citas y un seminario para autorizar cada conclusión, y aún así no pueden superar el primer nivel de complejidad en el análisis sobre Malvinas—, el pueblo y los trabajadores suelen resolver las cosas con una eficacia desarmante; entienden. Sin tanta vuelta, sin tanta explicación. El teórico académico, en cambio, puede explicar todo… salvo aquello que tiene delante de los ojos.

Lo cierto es que la recuperación de las islas en 1982 constituye, objetivamente, un acto de soberanía. No por la calidad de quienes lo ejecutaron, sino por el contenido histórico que implicó. El hecho de que haya sido protagonizado por una dictadura no lo invalida; por el contrario, pone de relieve que incluso un régimen subordinado puede, por error, necesidad o cálculo, tocar un nervio profundo de la nación que permanece latente. Paradójicamente, ese episodio bélico resultó la antítesis política del programa económico del propio régimen. Mientras José Alfredo Martínez de Hoz impulsaba la inserción dependiente de la Argentina en el capital financiero internacional mediante la extranjerización de la economía —con eje en la Ley de Entidades Financieras—, la guerra implicó un enfrentamiento directo con el imperialismo occidental. Fue, en ese sentido, el único momento en que la dictadura se apartó del libreto liberal-colonial que había seguido desde el 24 de marzo de 1976.

Pero claro, la historia —según cierto manual de corrección política— debería comportarse con la prolijidad de un silogismo. Si el sujeto es impuro, el hecho es ilegítimo, y asunto resuelto. Lástima que la realidad no haya sido debidamente notificada. Las causas nacionales, para peor, tienen la mala costumbre de no pedir permiso a sus conductores circunstanciales; aparecen, irrumpen, se cuelan, se desubican, son un misterio; incluso en contextos adversos, y encima lo hacen de manera contradictoria. Una verdadera falta de respeto para quienes necesitan un mundo ordenado, lineal, sin tensiones, donde la historia no incomode y la conciencia pueda seguir durmiendo tranquila. Lo cierto es que la recuperación de Malvinas en 1982 tuvo la desubicada ocurrencia de interrumpir un orden colonial vigente desde 1833. Un dato incómodo, sin duda, porque la realidad no se ajusta fácilmente a los ideales morales predefinidos. Pero claro, siempre queda el recurso de ignorarlo; total, si un hecho no encaja en la teoría, peor para el hecho. Eso sí, a fuerza de depurar la historia de estas impertinencias, lo que se termina sacrificando no es el acontecimiento, sino la comprensión misma de lo que efectivamente ocurrió.

El lenguaje como campo de batalla

Otro indicador clave es el vocabulario. Las palabras no son neutras; ordenan la manera en que se percibe la realidad. En esta mirada progresista hay un vaciamiento deliberado del lenguaje en clave nacional, ya que desaparecen nociones como soberanía, Patria, causa nacional o héroes, y en su lugar se instala un léxico que desactiva toda dimensión colectiva y heróica —“aventura militar”, “guerra absurda”, “patriotismo tóxico”, “causa ilegítima”—. En definitiva, se trata de una operación política en sentido pleno. Porque el lenguaje no solo describe la realidad; la delimita, la hace visible o la borra. Cuando se vacía el vocabulario capaz de nombrar lo nacional, no se produce únicamente una sustitución semántica, sino una reducción del horizonte de lo pensable. Lo que no se nombra deja de percibirse, y lo que no se percibe difícilmente pueda organizarse como proyecto. Así, la nación no desaparece como hecho histórico, sino como posibilidad política; queda desarmada en el plano simbólico, privada de las categorías necesarias para reconocerse, afirmarse y actuar en consecuencia.

Sabemos, siguiendo al historiador riocuartense Alfredo Terzaga, que: “Tan pronto se reflexiona sobre este previo y capital aspecto, que se refiere nada menos que a la creación, por parte de los latinoamericanos, de un instrumento cultural que le corresponda auténticamente, se echa de ver que el postulado de una cultura con raigambres nacionales, que es como decir de una verdadera cultura, no es un mero tópico de academias sino un requisito indispensable para la existencia independiente de estos pueblos. Solo desde la base primordial de tal cultura pueden edificarse, en tal efecto, las definiciones doctrinales y las actitudes ideológicas que reflejen, sin deformaciones interesadas o inconscientes, la realidad de los procesos sociales y políticos americanos.

Tremendos prejuicios pueden acarrear a nuestros pueblos su movilización tras banderas agitadas por manos extrañas y sirviendo también a intereses ajenos. La impotencia para reaccionar o defenderse de las consignas “tabús” que implica el ejercicio de un verdadero terrorismo ideológico, es una impotencia de trágicos resultados. (...). Pero sí debe ser exigido y deseado, en cambio, el imperativo de originalidad, de autenticidad, para la adecuación y para el uso de las categorías y del lenguaje político conocido. Este lenguaje no puede ser indiferente a los abismos que median entre las condiciones de Londres y las de Siria o el Amazonas, por ejemplo, pues de la confusión nacerá forzosamente la sumisión o la derrota del más débil.

La verdadera independencia, la conquista de la auténtica personalidad, será un hecho por eso, o una segura promesa, cuando las definiciones y las banderas surjan de las propias condiciones de su realidad y no mientan, como vestidos ajenos, las contradicciones de un cuerpo que no se les acomoda”.

(Cap. “América Latina debe hallar fórmulas ideológicas que le sean auténticas”, en Emancipación y Resistencia en Latinoamérica, 2010)

Lo concreto es que en los últimos 10 o 20 años se fue configurando una pedagogía política en sectores de la militancia —especialmente en el kirchnerismo, la izquierda y derramadas a la sociedad— que, al tiempo que incorporaba nuevas agendas, comenzó a mirar con distancia componentes centrales de la tradición nacional. En ese proceso, perdieron gravitación referencias históricas como el sindicalismo, la defensa soberana, la religiosidad popular —incluida la figura del Papa Francisco—, la cultura criolla, el mestizaje y los símbolos patrios. Ese desplazamiento convivió con la centralidad creciente de consignas vinculadas a nuevas agendas: indigenismo, ambientalismo, lenguaje inclusivo, debates sobre género, aborto, masculinidades, deconstrucciones y diversas agendas modernas legítimas en el plano de derechos, pero que reconfiguraron el eje del discurso político. El resultado es un contraste significativo; mientras se debilitan los elementos que históricamente articularon pertenencia y mayorías, se fortalecen identidades más segmentadas, eficaces hacia adentro, pero con mayores dificultades para proyectarse como base de sustentación de un proyecto nacional.

La infantilización del pueblo

Un tercer rasgo de esta matriz es su mirada sobre el sujeto popular. Las movilizaciones de marzo y abril de 1982 son leídas, desde el enfoque progresista, no como expresión de conciencia política, sino como resultado de manipulación o engaño del poder mediático. El pueblo aparece así reducido a una masa confundida, incapaz de comprender sus propios actos.

Sin embargo, los hechos desmienten esa interpretación. El 30 de marzo, los trabajadores enfrentaban a la dictadura; el 2 de abril, esos mismos sectores acompañaban la recuperación de las islas. Lejos de constituir una contradicción, esa doble presencia revela una distinción profunda; el pueblo podía rechazar al régimen y, al mismo tiempo, reconocer una causa nacional. Esa capacidad de discernimiento —elemental, pero decisiva— es precisamente lo que esta mirada no logra admitir, porque rompe con su esquema paternalista de superioridad moral.

Basta imaginar la escena de un director de claustro, rodeado de bibliografía cuidadosamente ordenada, explicando con seriedad académica que Saúl Ubaldini y cientos de miles de personas estaban equivocados aquel día; que aquella multitud no comprendía del todo lo que hacía y que, en el mejor de los casos, reaccionaba emocionalmente. Así, con la tranquilidad que da el pizarrón y la distancia del aula, se corrige al pueblo en retrospectiva. Y, llevada esa lógica hasta los extremos de la incomprensión, habría que admitir también que los países latinoamericanos que expresaron y nos prestaron su apoyo —como Perú, Venezuela o Cuba, y tantos otros— estaban igualmente equivocados, incapaces de comprender la naturaleza del conflicto y arrastrados por una lectura errónea de los hechos. Un genio el director de la Cátedra.

Las imágenes de la Plaza del 2 de abril de 1982 —disponibles para quien quiera verlas sin prejuicios— muestran con claridad algo que incomoda a más de una lectura simplificadora. No hay una masa dócil ni un pueblo manipulado sin resto, sino una escena atravesada por tensiones sociales y políticas reales. Cuando el dictador Galtieri intentó capitalizar políticamente la recuperación, emergen abucheos, gestos de distancia, una resistencia latente; pero cuando se nombra al invasor británico y se pone en juego la cuestión de la soberanía, la plaza se enciende, se unifica, se levanta. No es contradicción; es conciencia. Dicho de otro modo; no hay una plaza “de Galtieri”. Hay una plaza que desborda al propio Galtieri. Un pueblo que puede —al mismo tiempo— rechazar a la dictadura y asumir como propia una causa nacional. Y esa simultaneidad, precisamente, es lo que desarma las lecturas simplistas de los buenos progresistas, que han nacido y se han educado, para no entender nunca la fibra de lo popular, y que con Malvinas lloran cada 2 de abril… pero sin dejar de taparse la nariz.

La política progresista de la historia.

El 12 de octubre. El reemplazo del “Día de la Raza” —instituido por Hipólito Yrigoyen en 1917 y luego resignificado por el peronismo— por el actual “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, establecido en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no constituyó una simple actualización terminológica, sino un cambio de enfoque histórico más profundo respecto a nuestra historia Latinoamericana. Bajo el loable propósito de reconocer la pluralidad étnica y los derechos de los pueblos originarios, la conmemoración desplazó su eje; de la afirmación de una raíz común hacia la puesta en valor de las diferencias. Pero en ese desplazamiento se fue diluyendo el sentido histórico que Yrigoyen y el propio Perón habían buscado destacar; el de una América concebida como resultado en el mestizaje, como una unidad civilizatoria forjada en la fusión de culturas, lenguas, religiosidad y tradiciones. El nuevo enfoque heredado de la década K, aun animado por una intención legítima, tiende a enfatizar la fragmentación por sobre la integración, resignificando el pasado desde categorías que privilegian la diferencia antes que la síntesis histórica. Y en un continente atravesado recurrentemente por tensiones disgregadoras, conviene no perder de vista un dato político elemental; reconocer la diversidad es valioso, pero sostener aquello que nos une es decisivo.

Roca. Se configura aquí una operación política sostenida desde sectores del progresismo y la ultraizquierda que, bajo la apariencia de una condena moral insustituible, apunta a desarticular los vínculos históricos entre el pueblo argentino y su propio proceso de construcción nacional.

Al juzgar a Julio Argentino Roca exclusivamente con categorías del presente, o catalogarlo directamente como genocida de los pueblos originarios, se omite deliberadamente su papel en la consolidación del Estado moderno. Fue el tucumano quien extendió la autoridad estatal sobre territorios fragmentados, clausuró dinámicas de disgregación heredadas de la crisis virreinal y limitó la proyección de intereses extranjeros en el territorio, específicamente de la Corona Británica. Despojarlo de esa dimensión no implica solo una revisión crítica —legítima en cualquier proceso histórico—, sino el riesgo de vaciar de sentido la propia experiencia nacional. En ese marco, estas lecturas superficiales, influenciadas por una sensibilidad que privilegia la condena moral por sobre la comprensión histórica, terminan proyectando una idea de país abstracta, más preocupada por la coherencia ética que por la viabilidad política.

Quienes repudian a Julio Argentino Roca mientras se reivindican peronistas pierden de vista una continuidad histórica elemental; el proyecto nacional y soberano que encarnó Juan Domingo Perón fue posible porque antes existió un proceso de unificación territorial, institucional y militar que dio forma al Estado, al territorio y al Ejército nacional. Osvaldo Bayer, erigido en referencia de un progresismo culposo, encabezó una cruzada que terminó por cuestionar las bases mismas del Estado nacional. Desde un anarquismo de impronta romántica, colocó a Julio Argentino Roca en el banquillo de los acusados y dictó sentencia desde categorías ajenas a la complejidad histórica. Pero Roca fue mucho más que la caricatura que ofrecen ciertos manuales anarquistas. No solo un general o un presidente, sino el actor político central en la fundación de la Argentina moderna. No comprender esa dimensión es permanecer atrapado en una lectura binaria y distorsionada de la historia; negarlo, en última instancia, es resignarse a la impotencia como horizonte político. Y así, condenan a Roca como síntesis de todo lo indeseable, sin asumir que fue precisamente ese Estado —nacido del conflicto y no del consenso académico— el que hizo posible la Argentina.

Perón y Francisco. El progresismo argentino ha construido, con el tiempo, una matriz de rechazo sistemático hacia instituciones que, con todas sus contradicciones, forman parte constitutiva de nuestra historia. Un antimilitarismo reflejo, un antisindicalismo apenas disimulado y un anticlericalismo que no distingue muchos matices. Se trata de una desconfianza estructural hacia todo aquello que haya encarnado formas de organización, disciplina o identidad colectiva en la experiencia nacional. Esa incomodidad se vuelve más evidente cuando la realidad introduce hechos difíciles de procesar dentro de ese esquema. Porque la historia argentina —y latinoamericana— tiene la obstinación de producir figuras que desbordan los moldes teóricos de las enciclopedias. Y así ocurre que dos de los cuadros más significativos de vocación transformadora para la Argentina emergen, precisamente, de las instituciones que ese progresismo suele impugnar; uno formado en las Fuerzas Armadas, otro en el seno de la Iglesia. Que horror.

Es dable destacar que el progresismo en sus niveles de conducción comprendió con claridad el alcance político de la figura del Papa Francisco, pero en lugar de incorporarla como un factor de potencia y orientación política, optó deliberadamente por neutralizarla. Incómodo para sus categorías y atravesado por sus prejuicios, su mensaje fue reducido, desviado o directamente impugnado. Y allí reaparece un mecanismo ya conocido; encuadrarlo en la lógica de la dictadura y someterlo al tribunal permanente del linchamiento moral, no como ejercicio genuino de memoria, sino como herramienta de deslegitimación.

Se trató de una decisión política; desactivar una figura que, por su densidad histórica y su mirada sobre lo social, desborda y cuestiona los límites del propio esquema progresista. Con Juan Domingo Perón ocurre algo similar. Basta con su condición de hombre y militar para distinguirse y activar un reflejo automático de sospecha, como si ese dato de origen alcanzara para clausurar toda comprensión de su proyecto político o, incluso, para declararlo superado desde una pretendida superioridad política evolutiva.

El desarme de la conciencia nacional

El problema, en definitiva, deja de ser meramente interpretativo para adquirir una dimensión política. Porque esa mirada termina funcionando como un dispositivo de desarme de la conciencia nacional. Bajo el rechazo a determinadas experiencias históricas, Malvinas, Roca, la religiosidad popular, las FFAA; se instala una desconfianza más profunda hacia toda forma de afirmación colectiva, hacia la idea misma de soberanía y hacia cualquier épica que no se ajuste a los parámetros de la corrección moral. El efecto es concreto; un país que duda de sí mismo, que relativiza sus símbolos y tradiciones, que sospecha de sus propias referencias y que pierde la capacidad de pensarse como sujeto histórico. Porque esa conciencia no surge de una paternidad moral que clasifica y condena —como si la historia pudiera ordenarse en un cuadro de doble entrada entre buenos y malos—, sino de la incorporación crítica y no selectiva de nuestros propios procesos, con sus luces y sus sombras.

Allí se manifiesta su consecuencia más profunda. Mientras el progresismo se percibe a sí mismo como moralmente victorioso y la medida de todas las cosas para ser juzgadas, termina impulsando —sin advertirlo— una auténtica pedagogía de la derrota. Y lejos de ser un fenómeno marginal, cuando esta matriz se expresa desde los ámbitos de decisión política o desde las academias, se convierte en síntoma de un problema estructural; el de un país que aún no ha logrado reconciliarse críticamente con su propia historia para proyectarse con claridad y firmeza hacia el futuro. Abordar esta tensión forma parte de la tarea central de resolver nuestra cuestión nacional en toda su complejidad.

En diálogo con “Más o menos bien” (sábados de 18 a 20hs por Radio con vos), Jorge Sola, secretario general del gremio del Seguro y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) explicó el plan de lucha de cuatro pasos que derrotó al gobierno nacional en torno a la reforma laboral.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“La reforma laboral es uno de los aspectos donde el gobierno ha tratado de avanzar, con el aval del poder legislativo, pero hay por lo menos un juez que ha dicho que van a pararla hasta tanto se aclaren las inconstitucionalidades que se visibilizan o se previsibilizan que pueden suceder”.

“Estamos convencidos de que el camino que llevamos adelante, y que advertimos mientras se trataba la ley, es que este proyecto era en muchos aspectos inconstitucional. Tenemos confianza en que así lo va a dictaminar la justicia”.

“La ley, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, está tan cuestionada que no creo que haya ningún empleador que se anime a aplicarla y mucho menos que la justicia lo avale”. 

"Esta judicialización pone en debate lo que se trató en el recinto legislativo y ahí está la responsabilidad política, sobre todo de los legisladores que era, a todas luces y a sabiendas de lo que les había dicho la Confederación General del Trabajo, inconstitucional. Inclusive de aquellos que son afines ideológicamente a las propuestas de la CGT”.

“El Decreto 70/23 todavía está detenido en la Corte Suprema de Justicia y hace más de dos años que fue dictaminado como inconstitucional”.

“Nosotros representamos intereses de los trabajadores, que no necesariamente tienen una ideología o afinidad política. Hicimos 15 movilizaciones y 4 paros. Le hemos dicho al gobierno que lo que está llevando adelante como política de ancla económica va encontrar de los trabajadores”.

“Íbamos a seguir una estrategia de tres pasos: el reclamo en la calle, que lo hicimos, a cada uno de los legisladores, y judicial, que es lo que nos está dando resultado. Falta un cuarto paso, que es mucho más importante y más colectivo, que es crear un proyecto que pueda emocionar al resto de la ciudadanía y vaya en contra de un gobierno que a los trabajadores no los tiene como el objetivo final de la economía sino como un engranaje más”.

“No se trata de buscar un candidato que sea presidenciable, sino que primero hay que encontrar un proyecto que luego un candidato pueda llevar adelante. Para eso creo que es importante una mirada mucho más amplia que el peronismo, que me parece imprescindible pero no basta”.  

En diálogo con “Más o menos bien” (sábados de 18 a 20hs por Radio con vos), el abogado y malvinólogo Juan Rattenbach estuvo presente en la vigilia de Río Grande y evaluó la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Fue una semana bastante malvinera en Río Grande, que es una ciudad inspiradora. Industria, trabajo, soberanía, más no se puede pedir. Es la ciudad que está más próxima a Malvinas, quizás algo de eso tenga que ver con la cultura e identidad riograndense”. 

“El diagnóstico fue que la dirigencia nacional está totalmente perdida en temas como Malvinas y la Antártida y, sin embargo, paradójicamente, algo está emergiendo. No hubo sólo una vigilia en Río Grande, si bien es la capital nacional y la más emblemática, sino que hubo en todo el país. Fue una movida federal y muy masiva”.

“Tenemos un presidente que dijo que admiraba a Margaret Thatcher y su política exterior es consecuente con esa consigna preelectoral. Quizás muchos encontraron en Malvinas un símbolo para de alguna manera diferenciarse de cómo se está abordando la política exterior y las cuestiones de soberanía en general”.

“La desmalvinización arranca en junio de 1982 y creo que hay una remalvinización temprana que inicia en julio de 2003, que es el momento en el que Néstor Kirchner, en una reunión bilateral con Tony Blair en Londres, rompiendo todo el protocolo diplomático, le reclama por el incumplimiento de lo que manda Naciones Unidas”.

“Del 2003 al 2015 hay una remalvinización de arriba hacia abajo, fue una decisión del Estado nacional. De repente, tenemos el valle de 2015 a 2019 y el impasse, para ponerlo de alguna manera, al 2023. Por lo bajo estamos viendo la cosecha de esa remalvinización”.

“Me preocupa lo que va a venir después porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos un rebote soberanista y, en nombre de la soberanía y lo nacional, tengamos un gobierno que sea un fiasco. Creo que eso podría generar un daño muy fuerte”.

“El tema de la base militar en Malvinas es muy sensible y complejo, no es para andar conversando de forma chicanera. Si analizamos la guerra, cuando Estados Unidos fue mediador en el mes de abril, en el minuto a minuto, ya formaba parte de la agenda. La discusión era quién la iba a administrar”.