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La exdirectora del Registro Nacional de Tierras y coautora de la Ley de Tierras vigente, Florencia Gómez, se refirió al proyecto de reforma de Javier Milei. "Buscan favorecer a empresarios muy ricos, esto no es para que migrantes que bajen de los barcos. Quieren ceder tierras estratégicas. La ley actual se sacó en 2012 cuando el gobierno de Cristina veía que cada vez que viajábamos por el mundo para vender productos nos hablaban de comprarnos tierras", contó. 

En ese sentido, Gómez continuó: "Dicen que ahora quieren ceder en lo que hace al máximo permitido nacional pero pretenden eliminar otras restricciones, como adquirir tierras en lugares estratégicos", explicó.

"La ley actual quería evitar que venga un Lewis y se compre las tierras que rodean a un lago y luego se queda con el lago, porque nadie puede llegar. Se quiso evitar a los Lewis del futuro. Esta ley saca esas restricciones", aseguró. 

"El proyecto de Milei quiere sacar los topes para las provincias y las sub-regiones. Una provincia completa podría estar en manos de una empresa extranjera", agregó Gómez en diálogo con AM 530.

"Hay muchísima gente que está consustanciada con esta causa, la del jueves va a ser una marcha muy grande, no tengo dudas. Mucha gente sin pertenencia política está muy preocupada por esta ley", cerró.

El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado, la Junta Militar sancionó la ley de facto 21.259. La norma facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar extranjeros —tuvieran o no residencia permanente— cuando considerara que sus actividades afectaban la “paz social”, la “seguridad nacional” o el “orden público”. No exigía una conducta precisa: bastaba la valoración del poder. La dictadura inauguraba así su régimen construyendo enemigos y colocando al extranjero entre los sospechosos. Esa norma de emergencia fue “perfeccionada” con todo un régimen de migraciones en 1981, mediante la Ley 22.439. Ambas consideraban al migrante no como un sujeto de derechos, sino como una potencial amenaza a la seguridad nacional.

Cinco décadas después, el DNU 681/2026, firmado por Javier Milei, incorpora nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar la residencia o expulsar a extranjeros que hayan dirigido “mensajes de odio” contra el pueblo argentino, incitado a la violencia por razones de nacionalidad o participado en actos de “ultraje” contra los símbolos patrios. El decreto excluye el disenso ideológico y la crítica política, académica o ciudadana legítima. Esa salvedad importa: una norma democrática no puede equipararse sin más con una ley de la dictadura.

En ambos casos aparecen conceptos amplios, una amenaza excepcional y un Ejecutivo que recibe la facultad inicial de decidir quién es hostil u ofensivo. Aunque el Estado debe proteger a los argentinos frente a la violencia, el problema empieza cuando la frontera entre violencia, odio, agravio y crítica queda subordinada a la interpretación política del gobierno de turno.

La medida surge en una Argentina con polarización extrema, que no sólo organiza las preferencias electorales, sino también la propia percepción de la realidad. El adversario no es presentado menos como alguien equivocado, se convierte en una amenaza moral. Se pertenece o se traiciona; se acompaña o se conspira; se es patriota o “antiargentino”. En ese clima, una potestad migratoria basada en categorías ambiguas queda expuesta a la lógica amigo-enemigo que domina la política.

El Gobierno justificó el decreto como respuesta a mensajes difundidos después del Mundial de Fútbol y a una supuesta “campaña antiargentina”. Una controversia nacida en redes sociales, amplificada por rivalidades deportivas y disputas diplomáticas, terminó convertida en una modificación de la Ley de Migraciones mediante un decreto de necesidad y urgencia. La secuencia revela un rasgo del presente: la velocidad emocional de las redes se traslada al Estado. La indignación reclama una norma inmediata; la viralización sustituye al diagnóstico; el conflicto coyuntural adquiere la forma de amenaza nacional.

Allí emerge el doble rostro de nuestra historia institucional. Está el doctor Jekyll de la Constitución y las mejores tradiciones sociales: la Argentina que reconoce derechos a todos sus habitantes, garantiza a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano y concibe la inmigración como una fuerza de construcción nacional. Es el país que abrió sus puertas a trabajadores, perseguidos y exiliados, e hizo de la hospitalidad parte de su identidad.

Pero también aparece Mr. Hyde: un Estado temeroso y punitivo que convierte al diferente en sospechoso, al disenso en deslealtad y al extranjero en huésped condicional. Ese rostro estuvo presente en la Ley de Residencia de 1902, irrumpió nuevamente en 1976 y se consolidó en la llamada Ley Videla de 1981. La democracia procuró dejar atrás esa concepción al reconocer la migración como un derecho humano. Sin embargo, Hyde nunca desaparece: espera que el miedo o el nacionalismo herido le permitan regresar con un nuevo vocabulario. 

La contradicción es aún más visible porque el actual Gobierno hizo de la irreverencia, el insulto y la descalificación instrumentos habituales de intervención política. Mientras exige respeto hacia la Nación, su propia retórica internacional ha cruzado los límites de la diplomacia. El problema no es solo la inconsistencia, sino la asimetría: la palabra agresiva del poder se presenta como sinceridad; la del extranjero puede convertirse en causal de exclusión. Cuando el Estado decide quién puede ofender y quién debe ser castigado, lo más probable es que se transforme en privilegio del gobernante.

Esta tensión expresa la disyuntiva entre pensar mejor o pensar menos. Pensar menos es reaccionar: reducir un fenómeno complejo a la fórmula “amigo o enemigo”, confundir una crítica con un ataque y aceptar que defender la patria exige disminuir garantías. Es una operación cognitivamente barata: evita distinguir, ofrece culpables inmediatos y produce cohesión a través del rechazo. En tiempos de incertidumbre y frustración social, esa simplificación puede resultar políticamente rentable.

Pensar menos también significa permitir que el ritmo emocional de las plataformas digitales determine el funcionamiento del Estado. En las redes no triunfa necesariamente el argumento mejor fundado, sino el mensaje más rápido, indignado y polarizante. El algoritmo premia la simplificación porque la complejidad demora, obliga a dudar y rara vez se vuelve viral. Cuando la política adopta esa misma estructura mental, gobernar deja de ser comprender problemas y se convierte en administrar reacciones.

Las instituciones democráticas fueron creadas precisamente para interrumpir ese impulso. El Congreso, la Justicia, la discusión pública y las garantías procesales introducen tiempo y límites allí donde la emoción reclama respuestas inmediatas. No son obstáculos para la decisión política: son los mecanismos que impiden que una indignación momentánea se transforme en una restricción permanente de derechos.

Pensar mejor exige el esfuerzo contrario. No es lo mismo incitar a golpear a una persona por ser argentina que cuestionar con dureza al Gobierno. No es lo mismo organizar violencia que ofender un símbolo. No es lo mismo proteger a los ciudadanos que proteger al poder de las palabras incómodas. Una democracia madura debe sancionar conductas concretas, con definiciones precisas, prueba, defensa y revisión judicial; no crear categorías elásticas que mañana puedan utilizarse contra aquello que hoy se promete respetar.

Pensar mejor también obliga a preguntar qué necesidad y qué urgencia impedían debatir esta reforma en el Congreso. La calidad institucional no se mide solo por los fines declarados, sino por el procedimiento, sus límites y controles. El Congreso es el espacio donde una sociedad compleja convierte diferencias en administración del bien común. 

Ese desprecio por la deliberación es uno de los síntomas más preocupantes del momento argentino. La política se presenta como una guerra contra enemigos que deben ser derrotados y no como una construcción entre ciudadanos que inevitablemente piensan distinto. La crítica se interpreta como sabotaje; el control institucional, como obstrucción; la prudencia, como debilidad. Pero cuando toda diferencia se convierte en hostilidad, el gobernante termina confundiendo su identidad con la identidad de la Nación.

La Argentina tiene derecho a cuidar a sus ciudadanos y sancionar la discriminación. Lo que no debería hacer es proteger una idea oficial de la argentinidad mediante una policía migratoria de las opiniones. Las fronteras democráticas deben impedir delitos y violencias, no seleccionar pensamientos aceptables. 

Nuestro desafío es mantener despierto al doctor Jekyll constitucional antes de que Mr. Hyde vuelva a convencernos de que, para defender la Nación, necesitamos dejar de pensar.

Jorge Arias es consultor político, es Presidente de la Fundación Desarrollo Democrático y autor del libro “El Homo IA y la Nueva Desigualdad Cognitiva”.

Es un honor para mí presentar el nuevo libro de Carlos Midence titulado Nosotros y occidente. Otra historia de un relato hegemónico (Bs. As, Ciccus Ediciones, 2026). Carlos Midence, escritor nicaragënse, filósofo, diplomático y militante sandinista, logra reunir sus oficios múltiples en una obra que entrelaza excelencia académica, compromiso político y fertilidad heurística. El autor nos comparte su pensamiento político-filosófico, al tiempo que nos traza el recorrido para la lectura, articulada en una premisa introductoria y cuatro capítulos que analizan 1) los dispositivos culturales empleados para la construcción del “Otro” y la inferiorización de las poblaciones de países no hegemónicos; 2) el uso imperial/imperialista de las ciencias, es decir, la utilización del conocimiento científico utilizado como instrumento de control y disciplinamiento social; 3) la necesidad de una desobediencia epistémica, indispensable para que los intelectuales del llamado “sur global” desarrollen categorías de pensamiento autónomas y se liberen de la dependencia conceptual del dominador. Es importante aclarar que la referencia a un “sur global” puede resultar a primera vista problemática en más de un sentido, porque tiende a homogeneizar realidades diversas, al tiempo que refuerza la idea de una cierta ubicación geográfica que no da cuenta exacta de la complejidad de la situación. En todo caso, la referencia al “sur” se presenta como metáfora de la subalternidad, reuniendo a pueblos diversos que deben ser reconocidos en sus singularidades, aunque claro está, todos ellos comparten una historia común atravesada por la exclusión y la opresión. Diversidad de pueblos, de intereses y necesidades. Pero también diversidad de clases sociales en cada comunidad, dado que las poblaciones de los países periféricos no son homogéneas. Ellas esconden núcleos internos de dominación, a partir de clases privilegiadas que trabajan para el opresor desde lo profundo del territorio propio. El enemigo no necesariamente está afuera, y es importante recordarlo, en especial a la hora de producir, evaluar y aplicar conocimiento. O, por el contrario, encontramos también intelectuales comprometidos con temas de decolonialidad en prestigiosas universidades norteamericas. Por eso, la cuestión de la educación en general -y de la educación superior en particular- adquiere protagonismo cuando se trata de encarar una práctica crítica y transformadora que debe estar atenta no sólo a las diferencias y complejidades de los dispositivos de poder, sino también de sus tensiones y contradicciones.          
 
A partir de aquí, la propuesta de Carlos Midence se inserta en el debate contemporáneo sobre los conceptos de decolonialidad y epistemología, planteándose un objetivo muy claro: deconstruir el mito del excepcionalismo y la presunta superioridad cultural o moral de occidente para reemplazarlos por una contra-narrativa decolonial. El desarrollo del análisis parte de la premisa de que la posición de hegemonía alcanzada por el bloque occidental no es fruto de un mérito intrínseco, sino el resultado de un largo proceso histórico basado en la ocupación territorial, el extractivismo sistemático y la apropiación epistemológica. Está claro que los países occidentales ocupan históricamente una posición dominante a nivel global, pero se impone impugnar radicalmente sus causas declaradas y aceptadas como indiscutibles. Carlos Midence muestra cómo la riqueza, el proceso de industrialización y el actual poder institucional de occidente se estructuraron a través de tres factores: la expansión militar, la explotación sistemática de los recursos humanos y naturales del sur global y el saqueo de los saberes tradicionales acumulados durante siglos por otras civilizaciones. El autor insiste en cómo occidente se apropió de tales recursos para luego reescribir la historia universal, transformando el botín en un presunto mérito de quienes, paradójicamente, los habían usurpado.
 
“Colonialismo” y “colonialidad” son conceptos distintos, pero íntimamente relacionados. El colonialismo es la dominación político-militar directa sobre un territorio. La colonialidad representa, por su parte, la presencia de las estructuras de poder y de pensamiento colonial en la vida cotidiana, en los consumos culturales y, muy especialmente, en la educación. Midence deja claro cómo la dominación se vuelve plenamente eficaz cuando la conciencia del colonizado interioriza las jerarquías del colonizador. ¿Y cómo se comprueba el éxito? Muy simple, el resultado de esta labor del colonizador se traduce en la aceptación resignada de la desvalorización de la propia cultura y, muy especialmente, en la dependencia de las universidades periféricas respecto a modelos y teorías científicas validadas exclusivamente en el llamado “norte global”.
 
La dimensión epistemológica de la colonialidad es innegable, y entiendo que este es el principal punto a trabajar cuando se ejercita la crítica radical entendida como arma para la transformación, es decir, para la revolución. La tecnociencia se ha convertido en el principal insumo del capital global, a partir de un proceso de radicalización de los dispositivos de poder que emergen en los albores de la modernidad histórica. La ciencia concebida como mecanismo de control privilegiado que obliga al mundo, tanto natural como social, a arrodillarse frente a la autoridad del sujeto investigador es explícitamente indicada por Inmanuel Kant en el “Prólogo” a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura:
 
La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes, y en la otra el experimento pensando, según aquellos principios (Kant, 1979).
 
La razón universal, encarnada en el investigador -varón europeo, blanco, ilustrado y propietario- se coloca en la posición del juez que obliga a los hechos del mundo, sin piedad alguna, a responder a sus preguntas con el objetivo de validar la ley, ya sea ley de naturaleza o ley del mercado. Pero en todos casos leyes garantizadas por los pasos de un método que se santifica: el método “científico”.  Se trata, sin embargo, de una universalidad fabricada e impuesta a través del dolor y la humillación. Universalidad tramposa y sin duda injusta, porque hace de los modelos cognitivos de los países centrales la regla o patrón para definir eso que se ha dado en llamar “humanidad”. La racionalidad científica no es, pues, universal por derecho propio, sino que se presenta como el resultado de un proceso de universalización ejecutado a partir de la negación de todo aquello que no encaja en sus leyes. De este modo, la ciencia -producto occidental por excelencia en tanto invento de la modernidad europea junto con el capitalismo y el imperialismo- legitima un modelo único construido a partir de la lógica de un lenguaje que afirma corresponder puntualmente con la lógica del único mundo posible. Recordemos la nefasta exhortación que tanto se multiplica en los medios hegemónicos acerca de necesidad de que aquellos países llamados “periféricos” se integren al “mundo”. O, a la inversa, las advertencias que supone para estos países quedar fuera del “mundo”, de ese mundo construido a partir de la complicidad entre la tecnociencia, la colonialidad y el capital global.
 
¿Cuál es pues el rol de la universidad en este proceso? Porque es casi un lugar común afirmar que la universidad tiene un rol fundamental cuando el afán de progreso se convierte en meta individual o social. La universidad es la institución que administra la ciencia de una época, que la inventa y la resguarda monitoreando sus aplicaciones y los mecanismos para su difusión. En la universidad se disciplina el saber, normalizando la subjetividad de quienes hacen ciencia, ya sea enseñando, investigando, evaluando resultados, aplicando conclusiones o comunicando el desarrollo alcanzado. Es precisamente el disciplinamiento aquello que garantiza que la ciencia sea “normal” -según palabras de Thomas Kuhn, es decir, una ciencia adaptada a las necesidades e intereses de los grupos hegemónicos (Kuhn, 2013). Disciplinamiento o normalización a la vez epistémica y ética, en definitiva, normalización política. Dice Michel Foucault:
 
¿No sería preciso preguntarse sobre la ambición de poder que conlleva la pretensión de ser ciencia? No sería la pregunta: ¿qué tipo de saberes queréis descalificar en el momento en que decís: esto es una ciencia? ¿Qué sujetos hablantes queréis infravalorar cuando decís: “hago este discurso, un discurso científico, soy un científico? (Foucault, 1978:131).
 
Boaventura de Sousa Santas nos recuerda que la descolonización del poder supone la descolonización del saber. Cuestionar a la ciencia occidental y pretendidamente universal como portavoz de la verdad objetiva es un modo de revolucionar la ciencia. Y a su vez, una ciencia revolucionada, que reconoce a otros conocimientos como válidos otorgando valor a las formas de vida que los producen, debilita las estructuras de control y opresión. Si pensamos a la ciencia como práctica social con autonomía relativa, entonces revolucionar la ciencia es convertirla en un arma para la revolución. Y la universidad debe estar a la altura del desafío, pero no solamente renovando programas de estudios con perspectivas inclusivas e interculturales. Sino muy especialmente, revisando los modelos de gestión de la ciencia que se suelen aceptar de modo acrítico. La inclusión de contenidos superadores no alcanza si seguimos obedeciendo a pautas, estándares, acreditaciones y reconocimiento de los centros académicos internacionales o del norte global.  
 
Quizás, llegados a este punto advertimos que, a pesar de su problematicidad, la categoría “sur global” tiene fuerza performativa a la hora de posicionarse políticamente, de empoderarse como conjunto sin duda heterogéneo, pero con un enemigo común. Con franca conciencia de los límites que nos imponen los esquemas dicotómicos y reconociendo -como bien lo aclara Midence- que Occidente dista mucho de ser un bloque monolítico en tanto alberga poblaciones marginadas y despreciadas, como bosnios y albaneses -entre tantos otros- puede resultar útil como grito de rebelión frente grupos hegemónicos que hacen de sus prácticas y conceptos estándares de comparación para justificar intervenciones políticas y militares. Dice Carlos Midence, en la página 95 del libro que presentamos: “Occidente es una herramienta con la cual medir y clasificar sobre la base de la violencia”. Violencia que puede ser extrema, porque si bien la colonialidad es más insidiosa y sutil, el burdo colonialismo lejos está de ser cosa del pasado, tal como lo confirman las ocupaciones territoriales y las supresiones coloniales que nos golpean en nuestro presente. ¿Podemos pensar en la colonialidad como condición de posibilidad del colonialismo de ocupación y del genocidio? Está claro que no todas las vidas valen los mismo, y no todos los genocidios merecen el mismo repudio por parte de ciudadanos respetables que se consideran respetuosos de los valores del norte global. Individuos ilustrados, que consideran que es lícito matar a poblaciones enteras que no se ajusta a los estándares civilizatorios de la cultura hegemónica. Matar en nombre de pretendido y declamados valores occidentales de justicia abstracta, democracia y libertad.
 
 
Silvia Rivera es Filósofa especializada en Filosofía de la ciencia y Ética de la investigación. Profesora Consulta de la Universidad de Buenos Aires. Directora de la “Revista Electrónica Didáctica en Educación Superior” (REDES) del CBC/UBA.
 
 
Referencias Bibliográficas
 
De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social, Bs. As., CLACSO.
Kant, I. (1979). Crítica de la Razón Pura, México, Porrúa.
Kuhn, T. (2013). La estructura de las revoluciones científicas, México FCE.

El 2 de agosto se cumplieron ocho años del crimen de Sandra y Rubén, un crimen político debido a la desidia y al vaciamiento presupuestario en educación de María Eugenia Vidal a nivel provincial y del gobierno nacional de Mauricio Macri. La comunidad educativa los sigue recordando y pidiendo justicia.

Era 1 de agosto del año 2018. Sandra Calamano, que en ese entonces era vicedirectora de la Escuela N°49 Nicolás Avellaneda de la ciudad de Moreno, había llamado al Consejo Escolar para que puedan asistir al edificio. Habían detectado mucho olor a gas y, probablemente, podría ser una fuga. Calamano ya había notificado siete veces con anterioridad sin respuesta alguna. Las autoridades llegaron, revisaron y se fueron, sin resolver el problema y sin cortar el suministro. Al otro día, como todas las mañanas, Sandra junto a Rubén Rodríguez, auxiliar de la Escuela, ingresaron a la cocina para preparar el desayuno. Prendieron la luz, y todo voló por los aires. Más de quince pibes, entre 6 y 12 años, esperaban afuera y fueron testigos.

La muerte de Sandra y Rubén representa una de los hechos más atroces de los últimos años, y marcó la política que llevó adelante la ex gobernadora Vidal, junto a su ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny. Las escuelas bonaerenses atravesaban una de las peores crisis edilicias de su historia: 847 establecimientos se encontraban clausurados o con clases suspendidas, y de ellos el 70% (600) estaban ubicados en la zona oeste del conurbano bonaerense. Ese mismo año Moreno estuvo casi un mes sin clases. Además, el presupuesto contemplado para el área de infraestructura estuvo subejecutado durante todo 2018. 

Sandra tenía 48 años, trabajaba incansablemente en la escuela, donde además se quedaba después de horario para atender a los pibes y pibas que iban a estudiar. Por su parte, Rubén era uno de los auxiliares más reconocidos por los alumnos y alumnas, trabajaba en el lugar desde hacía más de 25 años. Ambos estaban, junto a toda la comunidad educativa, en lucha por el recorte que se venía llevando a cabo desde la Dirección General de Cultura y Educación en las partidas destinadas para orquestas-escuelas. Allí funcionaba todos los sábados una de las orquestas que le brindaba contención a más de una decena de pibes del barrio San Carlos.

Un crimen político, dos responsables: Vidal y Sánchez Zinny 

Luego de la tragedia, la comunidad educativa de Moreno comenzó a organizarse para marchar por los responsables, pero desde las autoridades políticas empezaron a tirarse la pelota. La Provincia había decidido intervenir, meses atrás, el Consejo Escolar de la ciudad por una supuesta malversación de fondos durante la gestión del ex intendente Walter Festa. Por ello, los reclamos escalaron directamente a la órbita de la ex gobernadora.

A eso se le sumaron las sospechas de corrupción en la cartera que administraba Sánchez Zinny, por las cuales nunca dio respuestas. La gestión de Vidal estaba en proceso de armado del presupuesto para 2019 para que pueda ser sancionado en la Legislatura bonaerense. La particularidad es que se filtró un audio del director de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson, solicitando "inflar" el precio de las cocinas escolares.

El 10 de octubre de 2023 se logró juzgar a los culpables y efectuar las condenas pertinentes. El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes determinó sentenciar por incumplimiento del deber público a todos los funcionarios que llegaron imputados: el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Gallian, condenados a 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación. Por otro lado, el gasista Cristian Ricobene fue penado por homicidio culposo agravado como autor material responsable de la explosión, por lo que se encuentra cumpliendo 5 años de prisión efectiva e inhabilitación por 10 años.

Alejando “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, analizó la situación de las y los trabajadores de la economía popular a lo largo del gobierno de Javier Milei.

Gramajo dialogó el sábado 1 de agosto con "Más o menos bien" (Radio Con Vos, sábados de 18 a 20hs). A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Desde el primer día asumimos que este gobierno venía a quitar derechos y a hacer un proceso de entrega, en continuidad con lo que intentó en su momento el gobierno del PRO, encabezados por Mauricio Macri. Hoy, lamentablemente, la realidad es que los laburantes tienen que autoinventarse cuatro o cinco formas de trabajar para tratar de llegar al día 15, ni siquiera a fin de mes”.

“Hasta acá, los datos que tenemos, es que ha fracasado con contundencia y que, en realidad, iba a pasar porque lo que intentaron es construir algún tipo de argumento para avanzar en un ajuste que ya estaba programado desde el primer día cuando tomaron la decisión de congelar el salario social complementario. Siempre estuvo la decisión tomada. ¿Cuál fue la dificultad que tuvieron? Que tuvimos la vocación de ir a la pelea, en algunos casos la justicia intervino y condicionó al gobierno para que mantenga el programa”.

“Nosotros somos reflexivos y autocríticos de iniciativas que tuvimos, que se malinterpretaron, se desarrollaron mal, y estuvieron pensadas para desarrollar a la economía popular desde una perspectiva distinta, que después se distorsionó absolutamente. Creo que se resuelve discutiendo un modelo de país que piense la integralidad de los problemas que tiene la clase trabajadora en la Argentina”.

“No vamos a derrotar al gobierno esperando que caiga alguien mágicamente, creo que hay que transitar varios caminos. El primero es el de la lucha, intentar empujar a todos los sectores a confrontar en la calle, independientemente de que ha tomado la decisión de reprimir, encarcelar y perseguir”.

Gabriela Elías, integrante del Observatorio de Tierras y del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria, analizó los intentos del oficialismo nacional de aprobar una nueva Ley de Tierras y las consecuencias que ello traería.

Elías dialogó el sábado 1 de agosto con "Más o menos bien" (Radio Con Vos, sábados de 18 a 20hs). A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“En Argentina desde 2011 existe la ley de tierras rurales que tiene como objetivo poner un límite a la compra de tierras por parte de grandes capitales extranjeros y grandes empresas. No hablamos de extranjeros que vienen a vivir y trabajar la tierra, eso está contemplado por la Constitución, sino lo que llamamos el proceso de extranjerización”.

“El proyecto actual del gobierno que se vuelve a discutir el jueves 6 de agosto es una ley ómnibus, tiene un montón de modificaciones, entre ellas la derogación de la ley de tierras. Además, habilita desalojos exprés y flexibiliza la ley de manejo del fuego, lo cual va en sintonía”.

“Hay un patrón de extranjerización, cuando uno ve los territorios más extranjerizados se encuentra con una de las siguientes particularidades: son zonas de fronteras o poseen recursos estratégicos”.

“Por un lado, muchas tierras fronterizas están quedando extranjerizadas y eso es un peligro para las fronteras, que quedan o empiezan a quedar sin control. Por otro, el riesgo sobre la soberanía de los recursos propios, que podría traer muchísimas consecuencias ambientales y sociales para las comunidades colindantes”.

“Creemos que, junto con otras medidas que está tomando, el gobierno tiene como objetivo no sólo reprimarizar completamente la estructura económica de Argentina sino hacerla cada vez más dependiente”.

Federico García, concejal de Presidente Perón y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, analizó la situación del municipio y la actualidad política del país en general.

García dialogó el sábado 1 de agosto con "Más o menos bien" (Radio Con Vos, sábados de 18 a 20hs). A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Este es un gobierno que no quiere un Estado presente, por lo tanto, a los municipios se le hace muy difícil poder gestionar, sabiendo la deuda que tiene el gobierno nacional con la Provincia”.

“Es, sinceramente, un gobierno nacional que viene por todo. Viene por los derechos no sólo de los trabajadores, sino de todos los habitantes, porque no gobiernan para nosotros sino para los de afuera”.

“Tenemos las ganas y fuerzas, el equipo con mucha gente, con muchos compañeros y vecinos, que tienen la intención de que sea candidato a intendente y, en base a eso, estamos construyendo una alternativa, sin molestar a nadie, planteando una forma de trabajo muy parecida, salvando la distancia, a como lo hace nuestro gobernador”.

“Hoy la gente entre pagar el servicio de televisión o de internet, abre la heladera y sale a comprar comida porque los trabajadores tienen que elegir o una cosa o la otra”.

"Las empresas  hoy saben que tienen una Secretaría de Trabajo que los que atiende primero y después a los trabajadores, con suerte si los atienden".

En los noventa se vendieron las joyas de la abuela: los complejos y empresas públicas desarrolladas a lo largo de un siglo, de la mano de un endeudamiento que acompañó la operación. Lo que se debate hoy en el Congreso ya no se trata de lo que el Estado construyó sino del soporte material de todo lo demás: la tierra y los recursos naturales. Bajo el nombre de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto de ley arranca de raíz la soberanía de la Argentina. Extranjerización, desequilibrio territorial y fragmentación: algunas de las claves en juego.

En estos días se está debatiendo el denominado PROYECTO DE LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA presentado por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo, y cuya redacción es obra del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien responde a demandas de organismos internacionales, fondos globales de inversión, y sectores concentrados de la economía local asociados a ellos. 

El proyecto, que iba a ser deliberado en el Senado en la sesión del jueves 16 de julio, fue finalmente postergado por falta de votos suficientes. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, pidió aplazar el tratamiento hasta el 6 de agosto.

El proyecto modificaba, inicialmente, la ley de Expropiaciones (Ley Nº 21.499), el Procedimiento de Desalojo (Ley N° 17.454), Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Ley N° 27.453), el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Ley Nº 26.737), el Sistema Federal de Manejo del Fuego (Ley Nº 26.815) y el Registro de la Propiedad Inmueble (Ley 17.801). La Ley N° 26.737 de Tierras Rurales había sido derogada por el DNU 70/2023, acción luego revertida a partir de una medida de amparo judicial.

El objetivo, según el proyecto, es “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.

La iniciativa oficial se fue modificando (llegó al recinto con 15 borradores post dictamen) por la presión ejercida por los legisladores de la oposición y los reclamos y resistencias de distintas voces, de organizaciones sociales, sindicales, eclesiales, partidos políticos y miembros significativos de la sociedad, las redes sociales y algunos titubeos de los aliados circunstanciales del oficialismo. La selección y la gloriosa bandera desplegada después de la victoria contra los ingleses contribuyeron a generar el clima para la postergación del tratamiento.

Si bien se logró atenuar la gravedad del proyecto, la versión vigente es absolutamente regresiva en favor del derecho de propiedad privada y en desmedro de otros derechos; en favor del mercado y en desmedro de la responsabilidad del Estado de garantizar el bien común y el interés general, lo que implica que la inversión privada, fundamentalmente la extranjera, debe estar supeditada a la soberanía nacional.

Normativas modificadas por el proyecto

La modificación de la Ley de Expropiaciones busca proteger la propiedad privada de manera casi absoluta, limitando las responsabilidades del Estado de defender el bien común y el interés general, en favor de intereses particulares. Mejora las condiciones de indemnización de los propietarios, en términos de criterio de valuación, de reconocimiento de costos financieros, lucro cesante y de prerrogativas tributarias a los beneficiarios de las indemnizaciones, y limita la disponibilidad del bien a favor del Estado y habilita la judicialización de la noción de bien común.

Los cambios en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley 17.454) intentan acelerar los procedimientos de desalojo. Ese intento fue atenuado en estos días de trabajo legislativo: pasó de 3 días a 10 días, de procedimiento sumarísimo a menos sumarísimo, y se incorporaron protecciones a adultos mayores, menores, discapacitados. Pero, volviendo a las intenciones originales, repasemos: a la figura del intruso que figuraba en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se le agregan, como sujetos pasivos de la acción de desalojo, los locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos (en este caso el juez deberá resolver la solicitud en un plazo de cinco (5) días de efectuada) y cualesquiera otros ocupantes. Además, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial “constatando a los ocupantes del inmueble e identificándolos con nombre y apellido y número de documento”.

Se proponía derogar también el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Ley N° 27.453), pero en el debate en comisión se logró eliminar todo este capítulo y se mantienen los actuales alcances de la Ley que, entre otras cosas, dispone la suspensión total de los desalojos de los barrios populares hasta octubre de 2032 y declara de utilidad pública a las tierras, para permitir su expropiación y regularización dominial centralizada por el Estado nacional.

En el caso del Sistema Federal de Manejo del Fuego el proyecto elimina las prohibiciones actuales que impiden el cambio de uso de suelo, divisiones y subdivisiones; venta, concesión, división, fraccionamiento o cualquier otro emprendimiento inmobiliario (cuando se trate de tierras fiscales), en tierras incendiadas por plazos de hasta 60 años en áreas protegidas y 30 en zonas agrícolas. Sectores de la oposición parlamentaria establecieron en el proyecto refuerzos de comisiones de prevención, control, y políticas de restauración ambiental. Especialistas en la materia refuerzan con datos la relación entre los incendios y el cambio en el uso del suelo. Un estudio satelital masivo liderado por especialistas del INTA analizó la dinámica de los incendios en el país a lo largo de dos décadas. Registró que 3 millones de hectáreas pasaron posteriormente de coberturas naturales a usos agrícolas, ganaderos o forestales, lo que representa el 26% de todas las conversiones registradas en el país durante las últimas dos décadas. Las áreas donde hubo quemas mostraron una frecuencia de transformarse en campos productivos 3,3 veces mayor que el promedio del territorio nacional, exponiendo un patrón estadístico innegable entre el paso del fuego y el avance de la frontera agropecuaria. 

También se formulan modificaciones al Registro de la Propiedad Inmueble que apuntan a una mayor digitalización y modernización de los procesos, la fijación y reducción de plazos y una mayor integración entre Nación y provincias, la ventanilla única federal inmobiliaria.

Por qué existe la Ley de Tierras Rurales

Si bien todas las modificaciones preocupan, la que mantiene en asamblea y alerta permanente a un sector de la comunidad nacional son los cambios en la denominada habitualmente “Ley de Tierras Rurales” N° 26.737.

La Ley 26.737 fue promovida por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, como respuesta, por un lado, al escenario internacional de “acaparamiento de tierras” y, por el otro, a la “extranjerización”, que junto con la concentración “en pocas manos”, eran y son, entre otros, los problemas estructurales de la tierra rural en la Argentina.

El proyecto de ley remitido en ese momento por el Poder Ejecutivo al Congreso asimiló a la legislación vigente en otros países como Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia y se respaldó en un fuerte consenso social: se estimaba que 9 de cada 10 argentinos estaban de acuerdo en ponerle límites al proceso de extranjerización de tierras y sintetizó varios de los 20 proyectos previamente presentados en el Congreso Nacional por legisladores de distintos bloques, oficialistas y opositores, 11 de ellos que en ese momento tenían estado parlamentario.

El proceso de “acaparamiento de tierras” se desencadenó en 2008, a partir de la crisis alimentaria producida por la suba de los precios de los alimentos. Dicho acaparamiento estuvo determinado primero por la inseguridad alimentaria en los países centrales o con fuerte crecimiento económico, o países con mucha liquidez; segundo, por el agotamiento de fuentes de energía no renovables; y tercero, por el oportunismo económico de inversionistas y especuladores, los fondos de inversión.

Grandes economías estatales, y países con fuerte liquidez, pero con poca superficie (los países árabes, por ejemplo), salieron a la compra de grandes extensiones de suelo productivo para garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones.

El aumento de precios de los alimentos se planteó a raíz de la creciente disparidad entre oferta y demanda de alimentos en aumento y consolidó la hipótesis de aumentos a largo plazo, estimulando a las empresas productoras de alimentos a apropiarse de suelo productivo para ser menos vulnerables a los vaivenes de los precios, integrándose verticalmente producción, comercialización y distribución, reconfiguración que las convirtió en otro de los actores en este contexto de voracidad por la tierra.

El petróleo es una fuente finita de energía y en este marco los agrocombustibles jugaban, juegan y jugarán un papel cada vez más protagónico en el mundo energético del planeta junto a otras energías alternativas. Entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio (parte de América Latina, toda el África Subsahariana y buena parte de Asia), está la tierra, el agua, el sol y la mano de obra barata, y en el norte está el capital, en donde se consumen y se derrochan, gran parte de esas energías.

Otro de los protagonistas del “acaparamiento de tierras”, por lo tanto, son los agrocombustibles desarrollados hasta el momento, que ocupan tierras destinadas a los cultivos para la alimentación, disputan espacio de la agricultura tradicional y hacen que aumente el precio de los alimentos y de las tierras.

Otro de los grandes participantes en el acaparamiento de tierras es el oportunismo económico de inversionistas y especuladores. Son empresas privadas de algunos estados y grupos financieros, que operaban en el mercado accionario y se desplazaron al mercado global de la tierra porque vieron un negocio más seguro y menos sujeto a los vaivenes de la bolsa.

La crisis de los créditos, el alto riesgo y el derrumbe de la bolsa de Wall Street en el 2007 hicieron que enormes cantidades de capital se desplazaran del mercado accionario clásico, o del mercado inmobiliario, al refugio de los alimentos. Son sociedades que no cotizan en bolsa y cuyas inversiones privadas apuestan a altas rentabilidades en corto plazo. Así es que, a 2016 y según un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales al que accedió Página/12, las empresas extranjeras radicadas en guaridas fiscales eran propietarias de 1 de cada 16 hectáreas de la tierra extranjerizada (1,1 millones de hectáreas).

Esta Ley de Protección del Dominio Nacional fue expresión del gobierno de Cristina Fernández que, interpretando lo que pensaba una abrumadora mayoría de su pueblo, estableció defensas a ese proceso de extranjerización.

El objetivo fue garantizar que la mayor parte de un recurso natural no renovable y estratégico, como es la tierra, siguiese en manos de los argentinos sin que eso signifique desalentar las inversiones. Otro objetivo fue realizar un relevamiento nacional de información catastral y dominial.

El dominio se preservó para el pueblo argentino, no para el Estado, y definió a la tierra como un recurso no renovable y a la tierra rural como el territorio que no se encuentra dentro de ejidos urbanos. Se consideró extranjero a las personas físicas no nativas o jurídicas (con más del 51% de capital) públicas y privadas.

Limitó al 15% la tierra rural que puede estar en manos extranjeras, límite que rige tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio por separado. Dentro de ese 15%, los titulares de una misma nacionalidad no pueden quedarse con más del 30% —esto es, un 4,5% del total— y ningún propietario extranjero puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente. La restricción no alcanzaría a los extranjeros con una permanencia en el país de más de 10 años.

Los relevamientos del Registro Nacional de Tierras Rurales muestran una tendencia a la baja en la superficie extranjerizada desde la sanción de la Ley: de cerca de 15 millones de hectáreas en 2017 a 13,2 millones al 6 de agosto de 2025. Parte de esa reducción responde a transferencias efectivas a titulares argentinos por su aplicación, y parte a modificaciones en la base de cómputo introducidas por el decreto 820/2016. 

También limitó la especulación financiera que ejercían las empresas multinacionales sobre las tierras productivas, que aprovechaban la compra de suelos como garantía de capital, sin que hubiera en ellas una inversión productiva.

La Ley de Tierras Rurales, la joya de la corona en el paquete legislativo

Es el capítulo más resistido. El proyecto elimina los topes y restricciones vigentes de la Ley de Tierras Rurales. Pero en su dictamen el Senado le dio la facultad a las provincias para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.
Por otro lado, fija límites para los Estados extranjeros y sus instrumentos (organismos, empresas públicas, fondos fiduciarios estatales), a los que les prohíbe adquirir tierras. Sin embargo, hay una excepción: admite que esa prohibición puede levantarse si el Ejecutivo determina que la operación no representa un “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”.

Macri ya se había propuesto “flexibilizar” por decreto a la Ley 26.737 que le ponía límite a la “extranjerización” del suelo productivo y al “acaparamiento de tierras” que se está produciendo internacionalmente. El Decreto 820/16 de Macri, aún vigente, sustituye el interés nacional por el de los negocios, oscureció los procedimientos, otorgó protagonismo a las inmobiliarias vinculadas a los inversores internacionales, habilitó la elusión y la evasión a través de la participación de los fondos offshore y redujo exigencias.

Era una medida más de la Alianza de Juntos por el Cambio para “insertar al país en el mundo”, aprovechando las ventajas comparativas —según le gustaba decir a Macri—, exportando materias primas y recursos naturales. Este proyecto de país entusiasmaba a los agronegocios, a los países con liquidez pero sin seguridad alimentaria, a los grandes propietarios nativos, a los capitales especulativos y preocupaba a la comunidad que hoy se moviliza contra el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

A través del DNU 70/2023, el gobierno de Javier Milei intentó derogar por completo la Ley de Tierras con el objetivo de liberar el mercado inmobiliario rural para los compradores extranjeros. Esta iniciativa quedó trunca en marzo de 2024, cuando la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo 154 del decreto al considerar que el Poder Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones. El fallo judicial, impulsado por una presentación del CECIM La Plata en defensa de la soberanía territorial, restableció las restricciones y topes vigentes a la extranjerización, forzando al debate a trasladarse al ámbito del Congreso Nacional.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, los datos nacionales y por provincia actuales son los siguientes:

●    4,97% de tierra extranjerizada
●    13.262.725,64 hectáreas. No se contabiliza la superficie de las Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas, Georgias y Sandwich), de alrededor de aproximadamente 1.500.000 has.

Hay cuatro casos (Lácar en Neuquén), General Lamadrid en La Rioja y Molinos y San Carlos en Salta) donde la extranjerización supera por mucho el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%. 

El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos.

En la actualidad, la presión de los actores internacionales a los que apuntaba Mauricio Macri se amplió, porque además de tener capacidad para producir alimentos para 500 millones de personas garantizando 2000 calorías diarias, tenemos lo que necesita el mundo para sostener las necesidades energéticas a través de combustibles convencionales, petróleo, gas, carbón, hidroeléctricas, y también para garantizar la transición energética con litio, cobre y minerales críticos para baterías.

Para desarrollar distintas estrategias de inteligencia artificial, tenemos amplios territorios en zonas frías que son soportes aptos para desplegar esa infraestructura tecnológica en gran escala, y también tenemos inmensas reservas de agua dulce para enfriar los dispositivos y para otras actividades extractivas. Disponemos también de energía de uso masivo convencional y no convencional (solar, eólica, biomasa renovable de restos agrícolas, forestales, desechos animales).

El eje decisivo del proyecto no es el porcentaje: es el traslado a las provincias de la autoridad de aplicación, presentado como concesión para reunir los votos de los gobernadores. Bajo ese esquema, cada jurisdicción determinaría por su cuenta cuánta tierra puede adquirirse, dónde y bajo qué condiciones.

La tierra rural no se distribuye de manera pareja, ya que las jurisdicciones que concentran los recursos más buscados son también las que tienen menos margen fiscal para rechazar una oferta. Si cada una fija sus propias condiciones, la que ofrezca menos restricciones capta la inversión, y las demás quedan obligadas a igualarla. 

Nuestros propios datos muestran dónde se concentran hoy los valores más altos de extranjerización: zonas de frontera, cordillera y corredores fluviales; territorios con agua dulce, minerales críticos o ventajas logísticas.

El peligro de este escenario es que cada jurisdicción resuelve sobre el área de su competencia, y el resultado sobre el territorio nacional termina siendo el efecto no deliberado de decisiones provinciales sin coordinación ni proyecto.

El debate sobre este proyecto de ley se realizó de la misma manera en la que se abordaron la Ley de Glaciares y el RIGI: se planeó en el marco de un federalismo de fragmentación, y no en el marco del federalismo de concertación original de nuestra patria.

Concentración y expulsión, otra de las facetas

La extranjerización no opera sola, sino que avanza sobre una estructura agraria que ya venía concentrándose y expulsando población, y por eso su impacto no se mide solo en el porcentaje de tierra transferida.

Entre 1988 y 2018 desaparecieron 171.558 explotaciones agropecuarias. La superficie relevada, en cambio, apenas se movió, con una caída del 12,8%. Es decir que la tierra siguió produciendo, pero la cantidad de manos que decidían sobre ella se redujo casi a la mitad. La consecuencia es el cuarto panel: la superficie promedio por explotación pasó de 421 a 620 hectáreas, un crecimiento del 47,3%. No es que el campo argentino se haya modernizado hacia unidades más grandes; es que se repartió entre muchos menos.. 

El dato más severo es el del trabajo, una pérdida del 59,3% en tres décadas. Esa brecha entre lo que se contrajo el empleo y lo que se contrajo la superficie —casi cinco veces más— resume el modelo que se consolidó en el período. El censo lo confirma desde otro ángulo: de las 210.664 explotaciones cuyo titular es una persona humana, el productor residió en el establecimiento en apenas 112.925 casos. En casi la mitad de los campos argentinos, quien decide sobre la tierra no vive en ella.

Las cifras provienen de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988, 2002 y 2018. El INDEC advierte que los censos agropecuarios argentinos se ejecutaron en intervalos irregulares y con diversos cambios metodológicos, por lo que las comparaciones intercensales deben tomarse como aproximaciones a una tendencia y no como mediciones estrictamente equivalentes.

Las actividades extractivistas y los agronegocios ocupan poca mano de obra. En esta línea, se profundiza un modelo que necesita cada vez menos gente para funcionar. 

Llamado a la defensa del territorio

Desde el punto de vista geopolítico debemos ser conscientes de que tenemos una salida natural al Atlántico Sur y corredores bioceánicos al Pacífico, y que estamos cerca de la Antártida, el territorio de reserva del futuro. La Argentina Bicontinental es muy grande, hay bajas hipótesis de conflictos sociales en grandes extensiones, es la séptima en superficie del mundo y somos pocos.

Los herederos de grandes familias terratenientes nativas tienen lo que el mundo necesita, la tierra, y los fondos inversores del mundo tienen lo que los “dueños de la tierra” pretende, las divisas. Los dos sectores están apurados, son miles de hectáreas a cambio de millones de dólares. El gobierno también está apurado, porque puede significar un ingreso de dólares que alivie la macro.

Eliminar los límites de la superficie extranjerizada significará el avance del capital extranjero extractivista, expansionista, que generará más injusticia social espacial, más desintegración territorial, más desequilibrios poblacionales y menos sustentabilidad en todos los sentidos en nuestro país.
El 78 % de los lagos, el 63 % de los ríos y el 41 % de las nacientes de agua quedarán expuestas a quedar en manos de extranjeros. En el suelo extranjerizado no se van a producir los alimentos que necesitamos los argentinos, y los excedentes producidos no se van a reinvertir en nuestro país.
Lugares estratégicos están en venta. Tenemos todo lo que necesita el “mundo”: recursos, territorio, ubicación estratégica, condiciones geográficas muy buenas para desarrollar infraestructura tecnológica en gran escala: redes, hardware, software, centro de datos, clusters de servidores y sistemas de refrigeración avanzados.

En un contexto global signado por la disputa por alimentos, agua dulce, minerales críticos para la transición energética y capacidad territorial para el desarrollo tecnológico de la Inteligencia Artificial, desmantelar los límites a la extranjerización de tierras equivale a rematar los activos más valiosos de la Nación y desertar sobre nuestra capacidad soberana de decidir y defender nuestro territorio.

Compatriotas, los poderosos de la tierra están pensando en Argentina. Pensemos nosotros en nuestra querida patria.

Ruben Pascolini es Subsecretario de Habitat del ministerio de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y director del Instituto de Formación Política Arturo Sampay del Frente Grande.

Se cumplen 9 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El 1 de agosto de 2017 en el contexto de la represión ilegal desatada por Gendarmería Nacional en la localidad de Cushamen, Chubut, fue visto por última vez con vida. El cuerpo del joven fue hallado, tras 78 días, el 17 de octubre en el Río Chubut, en un lugar que ya había sido rastrillado. La causa naufragó por un laberinto judicial, en un escenario total impunidad, pero sigue abierta y tramita en la actualidad en el Juzgado Federal de Ushuaia, a la espera de nuevas medidas de investigación.

En abril de este año Sergio, su hermano, comentó algunas actualizaciones, a raíz de su presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires: “Ordenaron distintas pericias, de las cuales una hay que hacerla en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero con todo lo está pasando, está muy complicado (…) Ahora están recurriendo a peritos en Brasil, así que estamos a la espera de eso”. “Todos es tarde, a destiempo y mal hecho”, sentenció.

A su vez, alertó sobre dos situaciones que atentan contra el esclarecimiento de los hechos. Por un lado, uno de los gendarmes que participaron del operativo vive en España, mientras la investigación no tomó declaraciones a los involucrados en todo este tiempo. Por otro, el lugar podría cambiar su fisionomía, ya que capitales qataríes están próximos a construir tres termoeléctricas en la naciente del Río Chubut.

A su vez, hay algunas cuestiones que es conveniente volver a destacar. En primer lugar, el informe -que puede descargarse-llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEEI) de Chile, Colombia y México, convocado por la familia, que, entre otros aspectos, evidencia las omisiones en la materia que hay en nuestro país. Tal como planteó la abogada de la familia, Verónica Heredia en su momento: “No conocemos la fecha de muerte, es una de las medidas que la Cámara de Casación Penal ordenó hacer”. Ante la falta de avances, el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía está en curso.

Por otra parte, el juez federal Daniel Rafecas archivó la causa en la que Sergio Maldonado denunció haber sido objeto de espionaje ilegal durante el macrismo, lo que legitima el accionar de las fuerzas estatales. “La impunidad garantiza la repetición de los hechos”, aseguró Heredia y agregó: “Va a continuar habiendo desapariciones forzadas, detenciones y procedimientos ilegales, como el que todos vimos de Gendarmería el 1 de agosto de 2017”. 

A seis años del hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro, las irregularidades en la causa que investiga las condiciones de su muerte se siguen repitiendo. La Justicia Federal de Bahía Blanca informó que el certificado de defunción del joven está perdido y nunca fue anexado al expediente principal. Ahora se debe establecer si extraviado, retenido o enviado a un destino incorrecto para poder finalizar el trámite administrativo por su fallecimiento.

La investigación del hecho quedó a cargo del juez Walter López Da Silva, que a su vez pidió la intervención de los fiscales Horacio Azzolín, Alberto Gentile e Iara Silvestre, para reconstruir las actuaciones realizadas después de la autopsia y determinar quién debía conservar la documentación y completar los trámites oficiales. El certificado debía utilizarse para completar la inscripción oficial del fallecimiento, lo que nunca se concretó, por lo tanto, la muerte de Facundo Astudillo Castro no figura en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El magistrado Da Silva, antes que solicitar una nueva orden para completar la inscripción y corregir la omisión administrativa, dispuso investigar primero el destino del documento original, ya que considera que la resolución dictada en 2020 todavía se encuentra vigente. La Cámara Federal de Bahía Blanca respaldó su posición, entendiendo que la irregularidad no puede quedar reducida a una mera demora administrativa. Al formar parte de un expediente penal, obliga a revisar los mecanismos de entrega y custodia, y sobre todo a por qué su faltante no fue advertido durante todos estos años.

El Cuerpo Médico Forense confeccionó el certificado después de la autopsia realizada en 2020. Sin embargo, nunca fue incorporado al expediente judicial y su ubicación actual es desconocida. Los registros indican que fue entregado el 3 de septiembre a la médica Virginia Creimer, perito de la querella, con la autorización de la entonces jueza federal María Gabriela Marrón. Los abogados de Cristina Castro, madre del joven, solicitaron la documentación. 

La pesquisa deberá precisar quién fue la última persona responsable de custodiar el documento, revisando constancias del Cuerpo Médico Forense, registros del juzgado y comunicaciones con la querella. Creimer ya había quedado imputada por falso testimonio agravado por presuntas irregularidades vinculadas con su intervención. A su vez, otro de los peritos, el instructor de perros Marcos Herrero, fue condenado por falso testimonio agravado por haber incorporado pruebas falsas. La sentencia pone un manto de duda sobre el funcionamiento del poder judicial en general, dada su participación en otras causas similares.

Facundo Astudillo Castro salió de Pedro Luro el 30 de abril de 2020 con destino a Bahía Blanca durante las restricciones por la pandemia. Fue interceptado por oficiales de la Policía Bonaerense, quienes lo notificaron por incumplir las medidas de circulación y, en teoría, lo mandaron de regreso. La familia perdió contacto y, tras más de cien días, su cuerpo apareció el 15 de agosto Villarino Viejo. Los restos fueron identificados mediante estudios forenses.

La autopsia determinó que murió por asfixia por sumersión, pero no pudieron definir si fue un accidente, un suicidio o un homicidio. La madre sostiene desde el inicio la hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte, responsabilizando a la fuerza provincial. Desde entonces, no hubo avances sino irregularidades en casi todas las facetas de la investigación. 

El teólogo y pastor evangelista Néstor Miguez le envió una carta abierta al presidente Javier Milei, en el que reflexionó sobre los valores de la tradición judeocristiana en función de la política libertaria. La carta completa. 

De mi consideración:

En sus recientes intervenciones públicas expresó Ud. reiteradamente su disposición a defender los valores de la tradición judeocristiana. Es en la Biblia donde esta tradición se expresa original y más claramente. Así, en mi condición de creyente evangélico y estudioso de los escritos bíblicos, le propongo repasar algunos de esos valores, en temas que son de la actualidad de nuestro país. 

Uno de los temas que está en debate es la propiedad de la tierra. Las diversas variantes de la fe de Israel y del cristianismo coinciden en que la tierra tiene solo un dueño y Señor: su Creador: “De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos” (Libro de los Salmos: 24,1-2). Por eso nunca se puede poseer ni vender en forma absoluta y a perpetuidad. Tanto es así que Moisés expresa la ley de Dios: "La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí” (Libro 3° de Moisés – Levítico [Lev] 25,23). El ser humano solo la ocupa a título precario para cuidarla y producir su sustento para toda la humanidad. Dice Moisés: “la tierra te dará de comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al extranjero que habite contigo” (Lev 25:6).

Cada 50 años (año del jubileo) la tierra debe volver a repartirse entre las familias originarias. “En el año del jubileo se devolverá la tierra a aquel de quien la adquirió, es decir, al verdadero heredero de la tierra” (Lev 27,24). Cabe recordar que los poseedores originarios de estas tierras no fueron ni Martínez de Hoz, ni Benetton ni Lewis, sino los tehuelches y mapuches, ranqueles y huarpes, coyas, diaguitas, wichi, Qom y guaraníes, entre otros, a quienes se les despojó violentamente. Cuando la reclaman no son usurpadores ni terroristas, piden que se cumpla la ley divina.

Sobre la acumulación de tierras en pocas manos advierte el profeta Isaías: “¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda hasta ocuparlo todo! ¿Habitarán solos en medio de la tierra?” (Isaías [Isa] 5,8).

Otro tema que aflige a gran parte del pueblo argentino es el endeudamiento. Dice el 5° libro de Moisés “Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que en efecto necesite” (Deuteronomio [Deu] 15,7-8). Pero previendo que ello puede generar deudas insostenibles, señaló: “Cada siete años harás remisión. En esto consiste la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo; no lo demandará más a su prójimo, o a su hermano”. (Deu 15,1-2). Y agrega, advirtiendo ya hace tres mil años: “Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio” (Deu 15:6). 

El perdón de las deudas también fue parte del mensaje de Jesucristo en el Padrenuestro “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Evangelio de Mateo [Mat] 6, 12).

Nuevamente es el profeta Isaías quien advierte a quienes dictan leyes que desconocen estos derechos: “¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas y robar a los huérfanos!”  (Isa 10,1-2).

Será la virgen María, en su canto de alabanza cuando recibe el mensaje que será madre del Cristo, quien recuerda que Dios “Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.  Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos” (Evangelio de Lucas [Luc] 1:51-53). 

El mismo Jesús dirá entonces: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos” (Luc 4:18-19). Pobres, personas con discapacidad, enfermos y angustiados, presos y oprimidos son el objeto de su misión.

Ya cercano a su muerte, Jesús señala a quienes hay que servir en su nombre: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí […] en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mat 25,35-36, 40). La consigna de repartir a cada uno según su necesidad nace hace 2000 años con la primera comunidad cristiana: “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno” (Hechos de los Apóstoles 2:44-45). 

Por otro lado el evangelio también señala que no es con agresiones ni insultos que se hace justicia. Dice San Pablo: “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber” (Carta a los romanos 12,17-20).

Por cierto, la justicia y la libertad son los valores que inspiran estas conductas. El apóstol Pablo señala, justamente, el valor supremo de la libertad: “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros” (Carta a los gálatas 5:13-15). Este es el sentido cristiano de la libertad, no el egoísmo de una ilimitada satisfacción personal ni el individualismo desbocado, sino la posibilidad de la solidaridad, del servicio y del amor.

Estos son los valores judeocristianos según quienes los establecen por inspiración divina: Moisés y los profetas de Israel, Jesucristo, su madre y sus apóstoles. Espero que Ud., entonces, quiera defender esta tradición.

Si tuviere Ud. cualquier duda sobre esto, o quisiere ampliar y profundizar, queda a su disposición por cualquier consulta.

Lo saludo respetuosamente

N.B. Todas las citas de la Biblia son de la antigua traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera (1602), revisión de 1960. 

Sergio Escalante, secretario general de del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), analizó las consecuencias de las políticas económicas de Javier Milei y la necesidad de que los sindicatos elaboren un programa económico. 

Escalante dialogó el sábado 25 de julio con "Más o menos bien" (Radio Con Vos, sábados de 18 a 20hs). A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Nos está golpeando mucho la contracción de la economía, la apertura indiscriminada de las importaciones. Lo estamos sintiendo. Nuestra actividad no es igual que otras, que están más golpeadas, pero de todas maneras se siente”.

“Creemos que la solución es política y que, independientemente de las discusiones que damos en la puja distributiva, en la mirada del gobierno, en las marchas reclamando, también hay que hablarle de la sociedad y mostrarle cuál es el futuro”.

“Nosotros creemos que tenemos que hablar de política más que de políticos. Nosotros hicimos un programa productivo, sobre el modelo de país y lo importante de una matriz productiva (…) Estamos planteando justamente incorporar una mirada que, por lo menos, creo que ya se debería haberse mirado, que es que la matriz tiene que ser una matriz productiva moderna”.

Más de 2.600 integrantes de la comunidad científica internacional, entre ellos 25 premios Nobel, reclamaron al gobierno de Javier Milei que detenga el “desmantelamiento” del sistema de ciencia y tecnología.

A través de una carta abierta dirigida al Presidente, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a las autoridades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, el grupo advirtió sobre el “colapso” del sector por los recortes presupuestarios, la pérdida de personal y el cierre o debilitamiento de organismos públicos.

"La comunidad científica internacional les solicita nuevamente el cese al desmantelamiento del Sistema Argentino de Ciencia, Tecnología e Innovación. A través de una carta firmada por 68 ganadores del Premio Nobel, la comunidad ya ha manifestado su preocupación al respecto de cómo la Ciencia y la Tecnología argentinas se acercaban a un “peligroso precipicio”, enfatizando el impacto que esto tiene sobre la sociedad mundial. Desgraciadamente, lejos de revertirse, aquellas preocupaciones se han profundizado, excediendo límites impensados incluso en aquel entonces", advirtieron. 

Quiénes firmaron la carta

La iniciativa fue impulsada por el biólogo molecular Alberto Kornblihtt y la física y diputada nacional Adriana Serquis, y fue firmado por 25 premios Nobel:  Phillip A. Sharp (1993), Andrew Fire (2006), H. Robert Horvitz (2002), Victor Ambros (2024), Steven Chu (1997), Roald Hoffmann (1981), Françoise Barré-Sinoussi (2008), Aaron Ciechanover (2004), Michel Mayor (2019), Michael Rosbash (2017), Roger Kornberg (2006), Thomas Cech (1989), Richard Roberts (1993), Barry Marshall (2005), David Politzer (2004), Paul Modrich (2015), Craig Mello (2006), Edvard Moser (2014), May-Britt Moser (2014), Ferenc Krausz (2023), Paul Nurse (2001), Lou Ignarro (1998), Martin Chalfie (2008), David Wineland (2012), Harvey Alter (2020), Takaaki Kajita (2015), Brian Kobilka (2012) y Sheldon Lee Glashow (1979).

Los científicos afirmaron que la inversión pública en ciencia cayó al 0,14% del PBI de la Argentina y que el sector pierde “casi 8 puestos de trabajo por día” desde diciembre de 2023.

También mencionaron la disolución o reducción de organismos científicos y tecnológicos, el congelamiento de salarios y la paralización de proyectos estratégicos. En ese sentido, apuntaron contra despidos, hechos de represión e incursiones de fuerzas de seguridad en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) —que sufrirá un nuevo recorte tras el Decreto 655/2026, publicado el 24 de julio—, el INTI y el CONICET.  "Argentina atraviesa un retroceso en materia salarial, presupuestaria, y dotacional en el sector: la inversión en la función Ciencia y Técnica de la Argentina se redujo al 0.14% de su PBI, con consecuencias como la pérdida de casi 8 puestos de trabajo por día desde Diciembre de 2023", advirtieron. 

La carta completa: 

La comunidad científica internacional les solicita nuevamente el cese al desmantelamiento del Sistema Argentino de Ciencia, Tecnología e Innovación. A través de una carta firmada por 68 ganadores del Premio Nobel, la comunidad ya ha manifestado su preocupación al respecto de cómo la Ciencia y la Tecnología argentinas se acercaban a un “peligroso precipicio”, enfatizando el impacto que esto tiene sobre la sociedad mundial. Desgraciadamente, lejos de revertirse, aquellas preocupaciones se han profundizado, excediendo límites impensados incluso en aquel entonces.

   Argentina atraviesa un retroceso en materia salarial, presupuestaria, y dotacional en el sector: la inversión en la función Ciencia y Técnica de la Argentina se redujo al 0.14% de su PBI, con consecuencias como la pérdida de casi 8 puestos de trabajo por día desde Diciembre de 2023, la disolución del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional del Agua (INA) y del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET); la reducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); la reducción de personal y remate de tierras en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); los 26 meses de ingresos congelados, sin recibos y por debajo de la línea de la pobreza en la Agencia I+D+i, y la suspensión de la cobertura médica del sector en buena parte del país. Nos preocupa cómo la pérdida fondos y dotaciones mínimas comprometen la sostenibilidad de organismos como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Fundación Miguel Lillo, Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Como parte del sistema, también están en riesgo las actividades de Investigación y Desarrollo en las Universidades Nacionales, donde trabaja el 80% de quienes hacen Ciencia en la Argentina. 

Nos consterna cómo, además de padecer el mismo desmantelamiento, algunos organismos científicos han sido militarizados en el último tiempo en escenas descritas como una “nueva Noche de los Bastones Largos”. Nos solidarizamos con quienes sufrieron despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y consideramos inadmisible el posterior bloqueo de los accesos al edificio por parte de miembros de la Gendarmería Nacional. Reprobamos la creciente militarización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la represión sufrida por estos organismos y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que protestaba pacíficamente contra 379 despidos y el desmantelamiento de las Carreras de Personal de Apoyo y de Investigador. Estas son escenas inéditas a nivel mundial: resulta impensable recuperar ejemplos de gobiernos que violenten físicamente a sus científicos.

   Esto no impacta únicamente sobre quienes integran la comunidad científica, sino a sus capacidades acumuladas: son ejemplos de esto la eliminación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), reemplazados por un nuevo instrumento de la Agencia I+D+i que nunca fue ejecutado, la paralización de programas clave para el desarrollo nacional como el Reactor CAREM, la planta de producción de radioisótopos del Reactor Argentino Multipropósito RA-10 y del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART).

En la citada carta se destacan contribuciones de la ciencia argentina como la identificación de causas y tratamientos contra enfermedades insidiosas; tecnología alimenticia; políticas efectivas para la conservación de la naturaleza; conocimiento sobre física de partículas, virus, y genética; la formación de los Andes y la fauna que habitó el continente hace millones de años (lo que explica su riqueza en minerales y petróleo), entre otros. Argentina ocupaba el décimo lugar en el mundo por número de empresas de biotecnología, destacándose cómo con fondos públicos ha desarrollado exitosas variantes genéticas de trigo resistentes a la sequía. Sumamos además que Argentina sigue siendo parte de un reducido grupo de países con capacidades propias en materia satelital y de energía nuclear, y tiene una alta capacidad de elaboración de políticas públicas eficientes basadas en conocimiento en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

Estos son solo algunos ejemplos de articulación de la Ciencia y la Tecnología argentina con el desarrollo productivo del país y el mundo. La universalidad de estos desarrollos hace que la totalidad de quienes habitan el planeta se beneficien con el legado científico-tecnológico argentino, y atentar contra sus organismos impacta sobre la soberanía e independencia económica del país. 

Instamos firme y respetuosamente al resguardo de las capacidades acumuladas y al mantenimiento y sostenibilidad en los organismos del sector. De lo contrario, se avizora la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del cual se benefició la humanidad en su conjunto, y que requeriría muchos más años para ser reconstruido.

Atentamente,

En el santuario del patrono del pan y del trabajo, UPCN a través de su Secretaría de Cultura de seccional CABA y la Agrupación Peronista Blanca convocaron a una misa por el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón. Entre liturgia, fe y militancia, quedó claro que Evita no es una fecha en el calendario: es una tarea vigente.

Hay lugares que no se eligen al azar. La Iglesia de San Cayetano, es desde hace décadas el punto cardinal donde la fe popular y la cultura del trabajo se entrecruzan. Allí, donde todos los 7 de agosto miles de trabajadores y desocupados hacen fila para pedir "paz, pan y trabajo", la Secretaría de Cultura de UPCN CABA y la Agrupación Peronista Blanca decidieron convocar a una misa en conmemoración del 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón. No fue un gesto protocolar. Se trata, una vez más de la reafirmación de que la organización gremial y el peronismo entiende que la memoria de Evita se cuida, se transmite y se hace cuerpo en comunidad en momentos tan difíciles.

El gremio de los estatales, con su Secretario General Andrés Rodríguez volvió a demostrar que la organización de los trabajadores del Estado no separa la reivindicación gremial del compromiso con la historia. Recordar a Evita en San Cayetano significa una forma de decir que la lucha por los derechos laborales no puede desprenderse de sus raíces: la Justicia Social no fue un slogan, es y será una construcción colectica concreta que empezó con nombre y apellido.

La religiosidad de Evita, lejos de la devoción individual y privatizada que el sentido común contemporáneo suele reservarle a lo espiritual, fue una fe que se volcó en obra, en fundación, en ayuda social, en la construcción de un Estado que mirara de frente al que sufre. En esa clave debe leerse su vínculo profundo con la Doctrina Social de la Iglesia: no como una cita erudita, sino como una matriz ética que legitimaba, desde el cristianismo más elemental, la idea de que ningún trabajador puede ser tratado como mercancía y que ninguna necesidad humana puede quedar sin respuesta.
Es en esa tradición donde se inscribe la frase que resume, mejor que cualquier tratado, el sentido de su obra: "Donde hay una necesidad, nace un derecho". No es una consigna poética. Es la traducción política de un principio que la Iglesia había enunciado desde la Rerum Novarum y que Evita, con la urgencia de quien conocía la injusticia de cerca, convirtió en política de Estado. La Fundación Eva Perón, los hogares de tránsito, los derechos de la ancianidad, el voto femenino, la dignificación del trabajo doméstico, su vínculo con la CGT: todo eso fue la Justicia Social bajando de la doctrina a la vida cotidiana del pueblo. Fue la fe hecha praxis, y la praxis hecha derecho.

Por eso San Cayetano no es un lugar cualquiera para este homenaje. El santo del pan y del trabajo condensa en su culto dialogan con la misma síntesis que Evita encarnó en su acción política: la certeza de que la dignidad humana no se mendiga, se conquista, y que el trabajo es un derecho para los hombres y mujeres que viven en comunidad. Que estatales y militantes de la Agrupación Peronista Blanca se reúnan a recordar a Evita, es sostener viva esa síntesis en tiempos donde se pretende disociar la fe de la justicia, y la justicia del trabajo organizado.

Porque no es casual que este homenaje se dé en un contexto donde los derechos conquistados por generaciones de trabajadores están bajo ataque sistemático. Cuando se ataca al Estado, cuando se precariza el empleo, cuando se intenta convencer al pueblo que debe subsumirse en el individualismo y cuando se bastardea la frase: donde hay una necesidad hay un derecho, la vigencia de Evita se vuelve trinchera necesaria. Recordarla en San Cayetano no es nostalgia: es una forma de resistencia doctrinaria frente a un tiempo que quiere borrar la memoria de que otro modelo de país fue posible, y que puede volver a serlo.

Evita no envejece porque no es un recuerdo: es un mandato. Cada vez que un convoca a su gente a rezar, a cantar, a recordar bajo la advocación del santo del trabajo, está diciendo que la Justicia Social no es tema de museo sino de agenda, es una necesidad. Setenta y cuatro años después de su paso a la inmortalidad, Evita sigue viva donde siempre estuvo: en el pueblo organizado, en el sindicato que no negocia su identidad, en la fe que se hace derecho y en el derecho que nunca deja de ser, ante todo, una necesidad del pueblo trabajador.