Últimas noticias | RSS

Tomás Orihuela, de 19 años, fue encontrado sin vida con signos de ahorcamiento dentro de una celda de la Comisaría Sexta en el barrio General Paz, Córdoba, tras ser alojado de manera provisoria en el marco de un procedimiento policial. El hecho ocurrió durante los últimos días de abril y, por el momento, la justicia provincial mantiene a cinco efectivos bajo investigación.

Orihuela había sido detenido en dos oportunidades en menos de 48 horas tras cumplir una condena de cuatro meses. Según lo informado, se vincularon a pedidos de captura antiguos que aún figuraban en los sistemas, y en ambos casos derivaron en su liberación. Durante la segunda detención, cuando estaba próximo a ser liberado, fue alojado en un calabozo, del cual saldría en coma. Horas después falleció en el Hospital Eva Perón y la familia denunció de inmediato que se trata de un caso de violencia institucional. 

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la intervención de las autoridades: “Mandamos como siempre a los directores que estén de turno y el órgano de control de conducta de la fuerza policial se pone en conocimiento”. A su vez, negó que haya lugar para el encubrimiento y garantizó el acceso a las pruebas: “Hay cámaras que tienen que haber registrado lo que sucedió y se secuestraron los celulares de los policías involucrados”. Por último, Quinteros reconoció que el caso expone posibles fallas en los controles: “Nos obliga a revisar protocolos internos de la policía sobre alojamiento y estadía de los detenidos”.

De acuerdo con la versión policial, el joven fue hallado colgado dentro de la celda. No hay cámaras en el interior de los calabozos, por lo que lo ocurrido no quedó registrado. La familia rechaza la hipótesis de suicidio y sostiene que no tenía motivos para quitarse la vida, ya que estaba a punto de recuperar la libertad.

Familiares y vecinos llevaron a cabo el martes 5 de mayo una protesta afuera de Tribunales II exigiendo avances en la investigación. En una reunión con el fiscal Andrés Godoy, a cargo de la causa, presentaron audios atribuidos a Orihuela en los que manifestaba temor hacia la policía. La querella insiste en una posible instigación al suicidio y privación ilegítima de la libertad. Por su parte, el poder judicial analiza los celulares de los efectivos involucrados y busca esclarecer por qué fue detenido sin orden vigente y alojado en una dependencia no adecuada.

Luego del encuentro, la abogada defensora Marta Rizzotti confirmó que el funcionario incorporó al expediente dos audios que Tomás le envió a su mamá días antes de morir donde expone situaciones de violencia policial. La autopsia reveló que murió por asfixia y en su cuerpo hay signos de ahorcamiento. En ese marco, pidió al fiscal que ordene la detención de los efectivos implicados: dos agentes que lo detuvieron en la calle y tres que se encontraban en la comisaría esa noche, pero hasta el momento no hay imputaciones. 

En el marco de la concentración, Mariana, hermana del joven, se expresó ante los medios de comunicación presentes: "Queremos sólo pedir justicia por Tomás. No creemos que se haya ahorcado, las pruebas y los testigos van a demostrar qué es lo que pasó realmente". Además, sostuvo que Tomás era objeto de hostigamiento por parte de la policía, lo que él expresa en los audios que envió a su mamá cuando fue detenido. Por último, exigió que sean imputados los efectivos involucrados.

Desde las luchas revolucionarias y los procesos de paz en América Central hasta las iniciativas de integración económica, concertación diplomática y articulación de movimientos sociales desarrolladas entre las décadas de 1980 y 1990, América Latina atravesó profundas transformaciones políticas y geopolíticas. En un escenario marcado por las transiciones democráticas, el avance del neoliberalismo, la injerencia de Estados Unidos y las dificultades para consolidar espacios de cooperación regional, persistieron diversos esfuerzos orientados a sostener y reconfigurar el horizonte de la unidad latinoamericana tras el ciclo revolucionario y el fin de la Guerra Fría. En ese marco, el regionalismo abierto, los parlamentos regionales y nuevas modalidades de integración expresaron las búsquedas de articulación y cooperación que atravesaron a la región durante este período.

Internacionalismo revolucionario y diplomacia de la paz

La década de 1970 fue un período profundamente convulsionado en América Latina: años de intensa lucha social, política y armada; de grandes esperanzas y profundas frustraciones; de utopías, represión y desapariciones. En América Central, tras las huellas de Farabundo Martí, Jacobo Árbenz y Augusto César Sandino, emergieron poderosos movimientos guerrilleros en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Influenciadas por la Revolución Cubana, estas organizaciones impulsaron procesos insurreccionales que, en el caso nicaragüense, lograron tomar el poder en 1979 y que, en Guatemala y El Salvador, llegaron a poner en jaque a los respectivos regímenes.

La triunfante Revolución Sandinista se desarrolló a lo largo de toda la década de 1980 y tuvo un enorme impacto internacional, en un contexto marcado por el repliegue de las luchas revolucionarias en América Latina y el mundo. En momentos en que el neoliberalismo y la globalización comenzaban a expandirse, la revolución impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional parecía reactivar una experiencia política “a la vieja usanza”, despertando enormes entusiasmos y renovadas esperanzas colectivas. Cientos de personas provenientes de distintos países de la región y del mundo se incorporaron como voluntarias a brigadas solidarias de trabajo e incluso como combatientes en apoyo al proceso revolucionario nicaragüense. Entre ellos había mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, costarricenses, panameños, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, uruguayos, cubanos y brasileros, en una clara expresión del sentimiento de unidad latinoamericana.

En sus primeros años, la revolución convocó a un espectro político y social muy amplio, que abarcó desde guerrilleros marxistas hasta sacerdotes católicos —tanto vinculados a la Teología de la Liberación como provenientes de tradiciones doctrinarias más conservadoras—, además de representantes de la pequeña burguesía y de sectores del empresariado nacional. Esa amplitud inicial facilitó la adhesión de diversos sectores políticos, lo que alimentó también los intentos de articulación y unidad entre exiliados de distintos países latinoamericanos, que buscaban organizar la resistencia frente a las dictaduras de la “seguridad nacional” que dominaban gran parte de la región.

El triunfo sandinista generó un renovado ímpetu revolucionario en diversos movimientos armados de América Latina y el Caribe. Ese “desorden” en su “patio trasero” resultaba inadmisible para los Estados Unidos, ya que ponía en evidencia las fragilidades de su control sobre el hemisferio occidental. Así, desde la Casa Blanca, y en continuidad con las lógicas represivas desplegadas por la Operación Cóndor en el Cono Sur, se promovió y financió una violenta ofensiva contrarrevolucionaria.

En Nicaragua, además de impulsar el aislamiento y el boicot al gobierno sandinista, Estados Unidos apoyó militarmente a la “Contra”. En Guatemala, respaldó una represión brutal que derivó en un verdadero genocidio, con un saldo estimado de alrededor de 200.000 muertos, en su mayoría indígenas mayas. En El Salvador, por su parte, la violencia represiva alcanzó uno de sus símbolos más dramáticos con el asesinato de Óscar Arnulfo Romero, ultimado a balazos mientras oficiaba misa en San Salvador. Canonizado décadas más tarde por Pope Francis, Romero se convirtió en un símbolo del martirio de los pueblos de Nuestra América. Al mismo tiempo, Estados Unidos invadió militarmente Granada en 1983, donde gobernaba desde 1979 el líder socialista Maurice Bishop, y en 1989 ocupó Panamá, consolidando nuevamente su control estratégico sobre el canal bioceánico.

Este injerencismo recargado, acompañado por algunos gobiernos alineados con los Estados Unidos, debilitó y, en muchos casos, desarticuló las instancias de articulación regional. La retirada de países, la paralización de organismos y la reorientación de las políticas exteriores hacia acuerdos bilaterales erosionaron los espacios de concertación. No obstante, el ciclo integracionista no se detuvo, sino que fue reconfigurado a partir de la confluencia de dos procesos: por un lado, uno de carácter político, orientado a garantizar las transiciones democráticas y los procesos de paz en América Central; por otro, uno de tipo económico, dirigido a enfrentar de manera conjunta las negociaciones derivadas de la crisis de la deuda y a impulsar nuevas formas de integración.

Las transiciones democráticas, así como la intensidad de las guerras civiles y movimientos revolucionarios en Centroamérica impulsaron instancias de concertación política autónoma orientadas a resolver los conflictos regionales y afirmar una diplomacia latinoamericana más independiente. En ese marco, el Grupo de Contadora, creado en 1983 por México, Colombia, Venezuela y Panamá, promovió el diálogo y la negociación para reducir la injerencia externa, limitar la militarización y favorecer la paz en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Aunque no logró por sí solo resolver los conflictos, sentó bases decisivas para los acuerdos de paz posteriores y constituyó una expresión significativa de autonomía regional.

Poco después, en 1985, se conformó el Grupo de Apoyo a Contadora con el objetivo de reforzar y ampliar la iniciativa orientada a la paz en América Central. Estuvo integrado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, que se sumaron a los esfuerzos de México, Colombia, Venezuela y Panamá. Su propósito fue otorgar mayor peso político regional a las negociaciones, respaldar las soluciones pacíficas a los conflictos centroamericanos y fortalecer una posición latinoamericana más autónoma. La articulación entre ambos grupos dio lugar al llamado Grupo de los Ocho, antecedente directo del posterior Grupo de Río.

Este último fue creado en 1986 y se constituyó como un espacio de concertación política latinoamericana que retomó y amplió las experiencias previas de cooperación, con el objetivo de fortalecer el diálogo regional, coordinar posiciones en política exterior y afirmar una mayor autonomía frente a las tensiones de la Guerra Fría. A diferencia de esquemas más institucionalizados, funcionó de manera flexible y sin estructura permanente, privilegiando las cumbres periódicas de jefes de Estado y cancilleres como ámbito de consenso político. Esto le permitió intervenir en temas como la promoción de la democracia, la resolución pacífica de conflictos y la cooperación regional; aunque careció de mecanismos vinculantes, su importancia radicó en consolidar una práctica de concertación latinoamericana que luego influiría en las instancias surgidas en la primera década del siglo XXI.

Finalmente, hay que destacar los Acuerdos de Esquipulas firmados en 1986 y 1987 por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica con el objetivo de poner fin a los conflictos armados en América Central. Incluían una serie de compromisos de los cuales el momento clave fue Esquipulas II en 1987, que estableció un plan integral de paz basado en el cese de hostilidades, la reconciliación nacional, la democratización, la convocatoria a elecciones libres y el fin del apoyo a fuerzas irregulares, aunque sin poder desprenderse totalmente de la dinámica de la Guerra Fría y la injerencia imperial.

Cabe señalar que estos acuerdos, impulsados por el presidente costarricense Óscar Arias, retomaron y profundizaron los esfuerzos diplomáticos previos del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo. Aunque su implementación fue gradual y enfrentó dificultades, los Acuerdos de Esquipulas resultaron fundamentales para avanzar hacia la pacificación de Nicaragua y sentaron las bases de los Acuerdos de Chapultepec, que lograron la paz en El Salvador en 1992 y los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1996.

Los compromisos de pacificación en América Central, firmados entre fines de los años ochenta y mediados de los noventa, marcaron el cierre de prolongados conflictos armados en la región y dieron cumplimiento a los objetivos que habían impulsado las iniciativas de concertación regional. Asimismo, el fin de la Guerra Fría, tras la disolución de la Unión Soviética, contribuyó decisivamente a la resolución de estos enfrentamientos, ya que desapareció el mundo bipolar que los sustentaba. No obstante, la consecución de la paz no implicó la superación de los problemas sociales y estructurales que habían dado origen a los conflictos y procesos revolucionarios en la región, ni de las graves injusticias sociales que aún perduran.

Regionalismo abierto e integración económica

El otro factor que impulsó procesos de unidad en los años ochenta y noventa fue de carácter económico. Por un lado, estuvo orientado a enfrentar de manera conjunta las negociaciones derivadas de la crisis de la deuda; por otro, respondió a la búsqueda de nuevas formas de integración en un contexto de liberalización económica y progresivo abandono de las políticas proteccionistas. Así, la década de 1980 se presenta como una etapa de transición en la que coexistieron las estrategias de industrialización por sustitución de importaciones con el emergente enfoque neoliberal de apertura al mercado mundial. Recién hacia fines de los años ochenta y durante los noventa, de la mano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un nuevo modelo de integración —conocido como regionalismo abierto— se consolidó como doctrina.

A diferencia de los modelos anteriores —más cerrados y orientados a la sustitución de importaciones—, el regionalismo abierto proponía combinar la integración regional con la apertura al mercado mundial. Es decir, no se trataba de formar bloques proteccionistas, sino de utilizar los acuerdos regionales como plataformas para mejorar la competitividad internacional, atraer inversiones y facilitar la inserción en la economía global. En la práctica, esta orientación se tradujo en la proliferación y reformulación de acuerdos orientados a la modernización de esquemas previos y la firma de tratados de libre comercio tanto dentro como fuera de la región. El énfasis estuvo puesto en la reducción de aranceles, la liberalización comercial y la convergencia con las reglas del sistema multilateral, en sintonía con el clima de reformas estructurales de la época. Si bien contribuyó a dinamizar el comercio intrarregional y a insertar a algunos países en cadenas globales, también produjo impactos profundamente negativos, acentuando la desigualdad entre economías de distintos países y dentro de cada país, así como limitando la capacidad para promover un desarrollo industrial autónomo.

Dentro de estas coordenadas generales, puede identificarse un primer hito en la creación en 1980 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que reemplazó a la ALALC con el objetivo de promover una integración económica más flexible y gradual entre los países de América Latina. A diferencia de su antecesora fundada en 1960, la ALADI abandonó la idea de un mercado común uniforme y adoptó un esquema basado en acuerdos parciales y diferenciados, que permitía a los países avanzar a distintos ritmos según sus capacidades y prioridades. Este enfoque buscó compatibilizar la diversidad económica de la región con la expansión del comercio intrarregional, sentando además bases jurídicas e institucionales para futuros procesos de integración.

Poco después, en 1984, se constituyó el Grupo de Cartagena como un intento de articular una respuesta regional frente a la crisis de la deuda externa que afectaba a buena parte de América Latina. Impulsado inicialmente por países como Argentina, Brasil, México y Colombia, el espacio buscó coordinar posiciones para negociar en mejores condiciones con los acreedores internacionales y con organismos como el Fondo Monetario Internacional. Más que constituirse como un bloque formal, funcionó como un mecanismo flexible de consulta y concertación política, donde se compartían diagnósticos y se promovía la idea de que la deuda era un problema estructural —y no meramente nacional— que requería soluciones colectivas, incluyendo la reestructuración de pagos y la revisión de las condiciones financieras internacionales.

Sin embargo, el Grupo de Cartagena enfrentó límites que impidieron su consolidación como una estrategia efectiva de acción conjunta. Las diferencias en los perfiles de endeudamiento, las prioridades económicas y las coyunturas políticas de cada país dificultaron sostener posiciones comunes en el tiempo. A ello se sumaron las fuertes presiones del sistema financiero internacional, que incentivaba negociaciones bilaterales y programas de ajuste diferenciados, debilitando cualquier intento de coordinación regional. Aunque el grupo no logró imponer una agenda común ni alterar sustancialmente la relación de fuerzas con los acreedores, dejó como legado una experiencia temprana de concertación latinoamericana en torno a un problema compartido, anticipando debates posteriores sobre integración regional y autonomía económica.

Por otro lado, desde mediados de los años ochenta se produjo un acercamiento entre los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney, que se plasmó en la firma de la Declaración de Foz de Iguazú (1985). Dio inicio a un proceso de integración bilateral orientado a fortalecer la cooperación económica, política y estratégica entre Argentina y Brasil, dejando atrás décadas de desconfianza y rivalidad y dando lugar al Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE). Este acercamiento estratégico entre las dos principales economías de Sudamérica sentó las bases para la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur). Constituido con la firma del Tratado de Asunción en 1991, e integrado también por Uruguay y Paraguay, se consolidó como el principal bloque subregional.

Paradójicamente, en años marcados por el auge del neoliberalismo, el Consenso de Washington y las políticas de apertura económica, se formó un proceso de integración regional de gran alcance. El Mercosur surgió como un acuerdo comercial orientado a consolidar un mercado común, mediante una unión aduanera —que, a diferencia de una mera zona de libre comercio, exige la negociación conjunta y unánime con otros países o bloques—, con el fin de facilitar el intercambio y fortalecer las economías regionales en un contexto de globalización acelerada. Aunque nacido en un clima ideológico proclive a la liberalización, el bloque sentó bases institucionales que trascendieron ese marco y abrieron la puerta a una integración de mayor densidad política.

También en 1991 se constituyó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) como organismo regional con el objetivo de promover la integración política, económica, social y cultural de los países de América Central. Surgió en el contexto de los procesos de paz que pusieron fin a los conflictos armados en la región, retomando y ampliando iniciativas previas de integración centroamericana. Sus Estados miembros incluyen a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, además de Belice y República Dominicana como miembros posteriores. El SICA articula diversas instituciones y consejos sectoriales para coordinar políticas en áreas como comercio, seguridad, medio ambiente y desarrollo social, con el propósito de consolidar una región más integrada, democrática y en paz. Aunque ha tenido avances en cooperación y coordinación regional, también enfrenta desafíos vinculados a las asimetrías entre países, la debilidad institucional y las tensiones políticas internas.

Unos años más tarde, el Pacto Andino creado en 1968 se reformuló como Comunidad Andina, a partir de la firma del Protocolo de Trujillo. Este cambio producido en 1996 no fue sólo nominal, sino que implicó una redefinición profunda del esquema de integración, adaptándolo al nuevo contexto regional e internacional posterior a la Guerra Fría y a las reformas económicas de orientación liberal. La transformación significó el paso de un modelo centrado en la planificación industrial y la sustitución de importaciones hacia otro más flexible y orientado al mercado. Se fortaleció la institucionalidad del bloque —con la creación del Sistema Andino de Integración—, se buscó dinamizar el comercio intrarregional y se promovió una mayor apertura externa. En este sentido, la nueva Comunidad Andina se alineó con el enfoque del “regionalismo abierto”, priorizando la competitividad, la liberalización comercial y la inserción en la economía global.

Mientras tanto, en 1991 surgieron las Cumbres Iberoamericanas, cuya primera edición se celebró en Guadalajara. Este espacio reúne a jefes de Estado y de gobierno de América Latina, e incorporó de manera significativa a Cuba —aún bloqueada y sin haber ingresado todavía a la ALADI—, junto con España y Portugal. Su impacto sobre el regionalismo fue ambivalente. Por una parte, fortalecieron las prácticas de concertación política y el multilateralismo, ampliando los espacios de diálogo más allá del ámbito estrictamente latinoamericano y favoreciendo la cooperación en áreas como educación, cultura y cohesión social. Por otra parte, al incorporar a actores extrarregionalas como España y Portugal, estas instancias tendieron a diluir la especificidad de los proyectos de integración latinoamericana, desplazando parcialmente el eje hacia una comunidad iberoamericana más amplia y atravesada por intereses geopolíticos divergentes. Estas tensiones se hicieron particularmente visibles en el enfrentamiento verbal entre el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el rey de España, Juan Carlos I, durante la Cumbre de 2007 en Chile.

Por último, como contracara de estas iniciativas de integración intrarregional, es necesario considerar dos procesos en sentido inverso. Por un lado, en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo marcó un giro significativo hacia esquemas de integración orientados al mercado y estrechamente vinculados a Estados Unidos, influyendo en los debates regionales sobre los modelos de desarrollo e inserción internacional. Fue el primer tratado de libre comercio integral entre Estados Unidos y un país latinoamericano, y se convirtió en un antecedente clave para las iniciativas posteriores orientadas a subordinar a otros países —e incluso a la región en su conjunto— mediante acuerdos similares. De este modo, constituyó un primer paso en la reformulación económica del panamericanismo del siglo XIX, entendido como expresión del proyecto de hegemonía de Estados Unidos sobre el continente.

En conjunto, el regionalismo latinoamericano de los años noventa se configuró en una clave ambivalente: mientras el fin de los conflictos armados en América Central cerró una etapa de violencia y abrió paso a la institucionalización democrática, el predominio del enfoque del regionalismo abierto, si bien alentó procesos de unidad, orientó la integración hacia la liberalización y la inserción en la economía global. En paralelo, que las Cumbres Iberoamericanas ampliaron los espacios de diálogo político en un marco más amplio que el estrictamente latinoamericano, mientras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte reforzó la gravitación de Estados Unidos como polo hegemónico. Así, la región combinó avances en la cooperación y la estabilidad política con una integración económica más abierta y, en muchos casos, menos orientada a la construcción de un proyecto autónomo de unidad regional.

Parlamentos regionales

Un rasgo característico de los años ochenta y noventa fue el impulso a los parlamentos regionales como espacios de representación política y diálogo entre los países de la región. Ciertamente, existían antecedentes que se remontan a la década de 1960. En particular el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), creado en 1964. Pero cuya institucionalización efectiva se produjo recién en 1987 cuando se estableció su sede permanente en Panamá, retomando simbólicamente el ideal integracionista de Simón Bolívar. En la misma línea, comenzó a funcionar en 1984, con sede en Bogotá, el Parlamento Andino, creado en 1979 como parte del proceso de integración entre Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

Por su parte, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) se puso en marcha en 1991, reuniendo a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en el marco de los procesos de paz y democratización en América Central. Mientras que en 1994 se constituyó la Asamblea Parlamentaria del Caribe (CPA, por sus siglas en inglés) como un espacio de diálogo entre legisladores de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). No obstante, esta asamblea tuvo un desarrollo limitado y no llegó a consolidarse, disolviéndose en 1999.

Ya en la primera década del siglo XXI, se crearon nuevas instancias parlamentarias vinculadas a los esquemas de integración regional: el Parlamento del Mercosur (Parlasur), iniciado en 2007 como órgano de representación del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con sede permanente en Montevideo, ha continuado en funcionamiento hasta la actualidad, si bien con alcances limitados.

En síntesis, las iniciativas de parlamentos regionales en América Latina y el Caribe reflejan el intento de dotar a la integración regional de una dimensión política y representativa más profunda. Entre sus principales logros, se destaca la creación de espacios institucionales de diálogo entre legisladores de distintos países, lo que contribuyó a fortalecer una cultura de concertación política regional y a incorporar agendas comunes en temas como democracia, derechos humanos, integración económica y cooperación. Además, estos parlamentos ayudaron a visibilizar la dimensión ciudadana de la integración, superando —al menos en el plano simbólico— su carácter predominantemente intergubernamental.

Sin embargo, sus limitaciones han sido significativas. En general, carecen de competencias legislativas vinculantes, lo que reduce su capacidad de incidir efectivamente en las políticas regionales. A ello se suman problemas de legitimidad —derivados en muchos casos de la designación indirecta de sus miembros—, debilidades institucionales, recursos limitados y escasa articulación con los poderes ejecutivos nacionales, que siguen siendo los actores centrales de la integración. En consecuencia, aunque han contribuido a consolidar prácticas de diálogo político, su impacto real en la profundización de los procesos de integración ha sido acotado y desigual.

Otras formas de integración

La unidad latinoamericana buscó encauzarse, con sus contradicciones, no solo en el plano económico y diplomático, sino también en ámbitos científicos, tecnológicos y estratégicos vinculados a la soberanía, así como en lo político-ideológico.

En el ámbito científico, la creación de la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) en 1990 constituyó un paso significativo hacia la coordinación regional en la Antártida. Este espacio permitió articular esfuerzos entre los países latinoamericanos con presencia en el continente blanco, promoviendo la cooperación científica, la optimización de recursos logísticos y una proyección conjunta en un territorio de creciente importancia geopolítica.

En lo tecnológico, destacaron iniciativas vinculadas a la cooperación nuclear entre Argentina y Brasil, que culminaron en la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). Se convirtió en un caso único a nivel mundial de salvaguardias administradas de manera conjunta por dos países y es considerada un ejemplo exitoso de cómo la cooperación científico-tecnológica puede contribuir a la paz, la integración regional y la autonomía estratégica.

En el mismo sentido, la Escuela Latinoamericana de Informática (ESLAI), creada en 1986 en Argentina, fue una iniciativa regional orientada a formar recursos humanos de alto nivel en informática y promover capacidades tecnológicas autónomas en América Latina. Con sede en Bariloche y el apoyo de organismos internacionales, reunió estudiantes y docentes de distintos países en un modelo académico de excelencia. Su experiencia fue breve —cerró hacia 1990 por falta de financiamiento—, pero dejó un legado significativo como intento temprano de integración científico-tecnológica regional.

En materia estratégica, destacó la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS). Establecida en 1986 por iniciativa de Brasil, expresó la voluntad de los países ribereños de América del Sur —Argentina, Brasil y Uruguay— junto a 21 países africanos, de consolidar el Atlántico Sur como una región libre de armas nucleares y orientada a la cooperación. Este mecanismo interregional reforzó la idea de que la integración también debía pensarse en términos de seguridad y soberanía compartida, en un espacio clave para los intereses estratégicos latinoamericanos. Asimismo, constituyó una experiencia de cooperación Sur-Sur que contribuyó a respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

En el plano político-ideológico, la fundación del Foro de São Paulo en 1990 abrió un ámbito de articulación entre partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe. Impulsado inicialmente por el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Foro buscó repensar estrategias comunes tras el fin de la Guerra Fría, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción de agendas compartidas frente a los desafíos del neoliberalismo. Asimismo, contribuyó a sostener vínculos políticos en un contexto de repliegue de las izquierdas y sentó bases para la posterior reconfiguración del mapa político regional a comienzos del siglo XXI.

Asimismo, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, en el sur de México, en coincidencia con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se convirtió en un hito de fuerte resonancia latinoamericana. Más allá de su dimensión local, el zapatismo —con figuras como el Subcomandante Marcos— reintrodujo en la escena regional la centralidad de las luchas indígenas, la crítica al orden neoliberal y la reivindicación de formas alternativas de organización política y social, al tiempo que innovó en el uso de redes globales de comunicación y articulación con movimientos sociales de distintos países.

También fue significativa, como hecho de unidad, la solidaridad continental con Cuba, que atravesaba su llamado “Período Especial” tras la disolución de la Unión Soviética. En ese contexto, se multiplicaron las Casas de Solidaridad con el país caribeño, no sólo en América Latina sino también en otros continentes, muchas veces articuladas en torno a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), surgida de la Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966. Estas redes contribuyeron a sostener apoyos políticos y materiales en un contexto de fuerte aislamiento internacional.

En el ámbito de los movimientos sociales, la creación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC–Vía Campesina) constituyó un hito en la articulación continental del campesinado. Si bien su nacimiento formal tuvo lugar en el I Congreso realizado en Lima, Perú, en 1994, con la participación de 84 organizaciones, su gestación se remonta a años previos. Surgió del impulso de organizaciones no afiliadas internacionalmente que coincidían en la necesidad de construir un espacio propio y autónomo, proceso que se vio fortalecido por la Campaña Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Esta campaña —con encuentros en Colombia, Guatemala y Nicaragua— no solo abrió un espacio de resistencia en un contexto adverso para las organizaciones populares, sino que también funcionó como un laboratorio político y organizativo desde el cual se proyectaron nuevas estrategias de articulación regional.

Estos procesos evidencian que, aun en un contexto dominado por las reformas de mercado, persistieron y se renovaron diversas iniciativas de integración que abarcaron dimensiones científicas, tecnológicas, estratégicas y políticas, contribuyendo a sostener viva la perspectiva de una construcción latinoamericana común en múltiples planos. La irrupción de Hugo Chávez en Venezuela tras las movilizaciones del Caracazo en 1989, los levantamientos indígenas en Ecuador, las marchas de cocaleros en Bolivia encabezados por Evo Morales, las luchas por la reforma agraria en Paraguay y Guatemala, el accionar del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y la irrupción de los piqueteros en Argentina, así como el masivo triunfo en Uruguay del referéndum contra la ley privatizadora de empresas públicas, expresaron distintas formas de resistencia social frente al neoliberalismo en América Latina.

Desde fines de los años noventa, estos procesos de movilización contribuyeron a abrir una etapa posneoliberal, marcada por la reemergencia de actores populares, el cuestionamiento del modelo de ajuste y la búsqueda de nuevas formas de integración social y política en la región. En ese contexto, resultaron significativos el triunfo presidencial de Hugo Chávez en 1998 y la incorporación de Cuba a la ALADI en los últimos meses de 1999, como anuncio del inicio de una nueva etapa.

Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, visitó la provincia de Santa Fe para presentar el documental Lealtad a la Justicia Social, una producción audiovisual impulsada por la central obrera en el marco de los 80 años del 17 de octubre de 1945. Las proyecciones se realizaron en las ciudades de Rosario y Venado Tuerto y contaron con la participación de los directores del proyecto, Walter Peña y Nicolás Cuiñas, además de cientos de trabajadores y trabajadoras que se acercaron a las funciones.

“El año pasado se cumplieron 80 años del 17 de octubre y, en ese contexto, la CGT nos convocó para realizar un material audiovisual frente al edificio de Azopardo. A partir de ahí, fuimos construyendo este documental con el objetivo de dejar un registro histórico y este año comenzamos un recorrido nacional con funciones comunitarias”, explicó uno de los directores.

El documental recupera la historia de una gesta fundacional para el peronismo a través de la voz de dirigentes gremiales, artistas y distintas personalidades de la cultura argentina. En ese marco, Sola remarcó: “No hay libertad posible cuando las familias trabajadoras no llegan a fin de mes. La libertad sin justicia social no existe”.

Durante su visita, el dirigente sindical también mantuvo un encuentro con representantes gremiales de la CGT Rosario en la Asociación de Empleados de Comercio de la ciudad, donde destacó “la necesidad de que el interior esté siempre representado” y aseguró que esa mirada lo acompañó a lo largo de toda su trayectoria sindical.

La derecha libertaria fue exitosa en su batalla cultural. Logró demonizar la palabra “kirchnerismo”, al punto de que, muchos que antes se definían más kirchneristas que peronistas, corrieron a refugiarse en el antes maldito “pejotismo” y comenzaron a autopercibirse peronistas.

Los libertarios, que han demostrado un gran dominio de las redes, aplicaron el viejo concepto militar de “al enemigo que se retira, persecución y aniquilamiento”. Y se lanzaron a una campaña feroz contra Perón, Evita y todo lo que huela a peronismo.

En 2020, escribiendo sobre los ataques al Papa Francisco, me encontré con los sitios de internet 4chan, Reddit, y los grupos Alt-Right, Qanon, Boogaloo, alentados por personajes como Steve Bannon, Peter Thiel y otros.

En nuestro país, los adelantados de la nueva derecha fueron youtubers “El Presto”, “Tipito Enojado”, Álvaro Zicarelli, y otros, con 200 o 300 mil seguidores cada uno. Fueron los verdaderos gestores de la batalla cultural, mucho antes de que Milei fuera candidato. Dicho sea de paso, hoy muchos de ellos quedaron afuera y se han transformado en duros opositores.

Recuerdo que intenté inútilmente convencer a varios referentes nacionales del kirchnerismo sobre el peligro que significaban estos muchachos, que hacían un video de YouTube y tenían 80 o 90 mil jóvenes mirando en directo. Las respuestas que encontraba eran: “yo no miro YouTube”.

Claro… un día nos despertamos y descubrimos que en San Antonio de los Cobres, en Salta —donde jamás había pisado un dirigente libertario— Milei ganó con el 63%.

¿Cómo hizo campaña?

Por YouTube, Twitter y todas esas plataformas que muchos “vivos” decían no mirar.

Esta introducción intenta llamar la atención de los compañeros sobre lo que está ocurriendo nuevamente en las redes sociales. Voy a referirme solamente a Instagram, que es la plataforma que más frecuento.

Los libertarios han emprendido una campaña feroz contra Perón, Evita, Isabel y todo lo que huela al peronismo histórico. El vocero más estridente es un personaje payasesco: Diego Recalde, pero detrás de él aparece Agustín Laje, el verdadero cerebro, un tipo inteligente, muy formado y políticamente peligroso.

La página de Diego Recalde, con 176 mil seguidores, tiene publicaciones tituladas: “Perón y las menores”; “La riqueza oculta de Perón y Eva”; “Perón fue fascista”; “El aliado nazi de Perón”; “Perón no creó el aguinaldo”; “Leyes robadas por el peronismo”; “La doble cara de Eva Perón”; “El autogolpe de Isabel”; “Videla: la represión la ordenó Perón”; “Massera era el candidato peronista”; “Crímenes de lesa humanidad del peronismo”; “Martínez de Hoz era peronista”; “Videla era peronista”; “Perón los exterminó en Ezeiza”, etcétera.

Luego aparecen otras páginas, como “Datos para variar”, con 200 mil seguidores, y muchas más que reproducen los videos de Recalde y otros personajes menores. Algunos de esos videos alcanzan niveles enormes de circulación, con 2,5 millones de visualizaciones.

Más de un compañero me repite: “yo no tengo Instagram”. Otros me dicen: “no les des bola, esas mentiras se caen solas”.

Pero yo, que - a mi edad - me puse a hacer videos en Instagram, recibo sorpresas todos los días. Por ejemplo: un video contando que las vacaciones pagas fueron establecidas por Perón tuvo 1,5 millón de vistas, y otro sobre el aguinaldo superó las 600 mil.

¿Y por qué ocurre eso?

Porque una gran mayoría de los jóvenes que miran esos videos no sabe que esas conquistas fueron obra del primer peronismo.

¿Y por qué muchos jóvenes no conocen casi nada de la obra del peronismo entre 1945 y 1955, si durante 16 años gobernamos el país y manejamos la educación, los medios públicos, las universidades, el CONICET y buena parte de los espacios donde se produce y difunde conocimiento?

La respuesta es incómoda: la mayoría de nuestros intelectuales orgánicos y cuadros culturales mostró poco interés en reivindicar y transmitir la obra del primer peronismo.

Un capítulo especial merece el relato sobre los años setenta que difundieron durante años los medios públicos y universidades, aun las creadas por nuestro gobierno. El relato del último Perón “facho”, “creador de la Triple A”, el que “traicionó a los jóvenes”, etcétera.

Un relato repetido hasta el cansancio y que funciona como justificación retrospectiva del error político de enfrentar a Perón y continuar la lucha armada entre 1973 y 1976, contribuyendo al caos que terminó debilitando y erosionando al gobierno constitucional de Isabel Perón.

Lo triste y trágico es que ahora la derecha libertaria, toma exactamente ese mismo relato, que durante años, difundieron Bonasso, Feinmann, Verbitsky y otros tantos repetidores, para golpearnos con el mismo argumento: “el Perón facho que traicionó a los jóvenes”.

Una vez más se repite la vieja historia antiperonista: izquierdas y derechas convergen para destruir la identidad peronista del pueblo argentino atacando la imagen de Perón.

Frente a este nuevo intento de destruir la memoria del peronismo, aparece la esperanza: una nueva generación sub-30, menos atravesada por el viejo relato liberal y progresista, y con ganas de recuperar la historia nacional.

En ese sentido, cobran actualidad las palabras de nuestro Papa Francisco en su mensaje a los jóvenes del 26 de mayo de 2018:

“En un joven, una utopía crece bien si está acompañada de memoria y de discernimiento. La utopía mira al futuro, la memoria mira al pasado, y el presente se discierne. El joven tiene que recibir la memoria y plantar, arraigar su utopía en esa memoria.”

“Discernir en el presente su utopía, los signos de los tiempos, y ahí sí la utopía va adelante pero muy arraigada en la memoria, en la historia que ha recibido.”

En este nuevo episodio de AGENCIA PACO URONDO Podcast, Ariel Garbarz, ingeniero en Electrónica y especialista en Inteligencia Artificia, reflexiona sobre la presencia de Peter Thiel en Argentina. Thiel es dueño de Palantir, una controversial empresa tecnológica norteamericana que se dedica a IA, la recopilación de información de los ciudadanos y tiene vínculos con empresas militares de Estados Unidos.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Todos los pueblos están bajo un estado de alienación porque la inteligencia artificial está presente en todos los celulares y la gente está la mayor cantidad de horas del día mirando y escuchando al teléfono. Percibimos una realidad que tiene que ver con el territorio digital en el que nos movemos y que está implantada por sistemas de inteligencia artificial”.

“Ahora estamos en un estadio nuevo donde hay empresas, como Palantir, que buscan reemplazar los sistemas democráticos por gobiernos de plataforma”.

“Estamos en una tercera Guerra Mundial, quizás no nos damos cuenta. Es una guerra heterogénea y fragmentada. Primero porque se da no sólo en el frente militar, sino también colonizando con inteligencia artificial la subjetividad de la gente. Luego porque se da en todo el territorio digital, aire y tierra, y no tiene un lugar geográfico específico. Hay una situación de guerra contra la democracia y los pueblos”.

“No tenemos que dejar que la inteligencia artificial nos remodele desde los intereses de afuera, sean de Palantir, de los monopolios digitales o de los servicios de inteligencia. Lo que tenemos que remodelar nosotros mismos es nuestro pensamiento en forma colectiva. ¿Cómo? Hablando, debatiendo, verificando, desconfiando de los mensajes que nos dividen, reconstruyendo inteligencia humana militante”.

“Peter Thiel es un tecno-fascista, ya vino en noviembre del 2024. Ya sabe que Javier Milei no va a volver a ser presidente y entonces le pregunta en qué le puede ayudar para que el modelo siga. Por eso se instaló, porque quiere gobernar Thiel”.

“Palantir es una plataforma que cruza bases de datos de todo tipo, entonces sabe de nosotros más que nosotros mismos. Si manejas todos los datos de una persona, automáticamente ya podes controlar a la persona”.

En el marco del 12 de mayo, “Dia Internacional de la Enfermería”, entrevistamos a una de las mayores referencias en el recorrido histórico, avances y nuevos horizontes de la enfermería argentina. La doctora y Beatriz Morrone es profesora emérita de la universidad nacional de Mar del Plata, entre otras distinciones. Es autora además de más de 15 libros entre los que se destaca "Soltando amarras. Claves para comprender la historia pendiente de la enfermería".

P: ¿Por qué recorrer todos esos caminos desde la enfermería?

R: La enfermería es una disciplina eminentemente social y en consecuencia mi inscripción es como trabajadora dentro del campo de la Salud y la Educación Pública. Esto hace que requiera, para dar cuenta de mi militancia socio-sanitaria, comprender la práctica enlazada a la investigación y a la docencia.

La investigación trae consigo a la escritora que debe dejar registro de los conocimientos obtenidos mediante la investigación y la responsabilidad en la socialización de los mismos. Un investigador que no socializa lo que produce no cumple con su responsabilidad social. No es un acto individual ni la investigación, ni la ampliación de saberes; por el contrario, es absolutamente colectiva la construcción y, en consecuencia, como trabajadora soy investigadora, escritora, docente y militante. Considero que es una responsabilidad profesional visibilizar aspectos que obstaculizan el crecimiento y contribuir a dinamizar el fortalecimiento profesional, así como propiciar los debates y generar producciones que sirvan de insumo para la reflexión colectiva en la cual estoy muy involucrada. Mi objetivo nunca fue recibir premios; vinieron como consecuencia de mi militancia por los derechos de las mujeres y la erradicación de formas violentas de atención en ámbitos sanitarios. También por mi participación activa en la producción e innovación en la formación de profesionales basada en derechos humanos.

En síntesis, creo que mi objetivo es mantener mi militancia en defensa de los derechos humanos, en la ampliación de ciudadanía y los aportes que pueda realizar, siempre entendiéndome en clave colectiva, para la construcción de una Patria más inclusiva y soberana.

P: ¿Cómo ves, en la actualidad, la profesionalización de la carrera?

R: El análisis de la profesionalización de la enfermería en nuestro país es uno de los nodos de mis investigaciones en los últimos diez años. Variables como clase y género intervienen fuertemente limitando un avance más rico y a su vez más homogéneo.

La enfermería también, por otros factores residuales del recorrido histórico, no logra superar ciertas limitaciones relacionadas con la asociación de cuidados materializados versus cuidados profesionales basados en derechos, y en donde tanto varones como mujeres ejerciendo la disciplina encuadren estas prácticas en los marcos legales, deontológicos y bioéticos, y no en mandatos sociales sellados por estereotipos de género que encorsetan a los integrantes de la profesión como limitan la calidad del cuidado a los ciudadanos destinatarios de los mismos. Considero que los planes de estudios se renuevan en los diseños, pero no así en las aulas y en las prácticas preprofesionales, en las cuales no varían sustancialmente. Indicadores de mi preocupación en este sentido son las dificultades para generar grupos de graduados activamente involucrados con los espacios en donde se recibieron, una vez que comienzan su ejercicio profesional; la baja cantidad de estudiantes de enfermería sobre el total de estudiantes en las facultades que participan en la militancia estudiantil y, posteriormente, ya graduados, en la participación gremial. El relevamiento de los temas y abordajes en las tesis de grado también evidencia una debilidad para repensar críticamente lo que la sociedad está claramente planteando que requiere de los trabajadores de la salud y de las innovaciones que estos deben generar. Otro aspecto preocupante es la formación centrada en la disciplina con poca articulación efectiva y permanente con otros estudiantes de otras carreras, con los cuales se espera y necesita que conformen equipos de trabajo. Muchos otros aspectos veo con preocupación que vienen siendo un sello distintivo desde hace muchas décadas y no se generan cambios conforme a la evolución de los reclamos y avances sociales.

P: Por estos días el pueblo argentino ha movilizado fuertemente en defensa de los derechos humanos, una vez más. ¿Qué has podido investigar sobre lo vivido por enfermeras y enfermeros durante la última dictadura militar?

R: Una de mis preocupaciones como investigadora, atravesada por una responsabilidad profesional y generacional que potencia mis inquietudes al respecto, fue rescatar la ausencia de publicaciones y el silencio que rodeó a la academia sobre la etapa de la última dictadura cívico-militar, que si bien ciertas organizaciones gremiales tomaron en parte, dando cuenta de sus afiliados desaparecidos, asesinados y/o incluso con la sustracción de menores de estos compañeros y compañeras enfermeras y estudiantes de enfermería.

Sin embargo, no solo esto, sino que el silencio también se produce en las instituciones educativas, a diferencia de lo que acontece en otras disciplinas del campo de la salud y de las unidades académicas a las cuales pertenecían. Por eso, a través de mis investigaciones, las indagaciones se centraron desde 2000 en adelante con el fin de rescatar la historia de las y los enfermeras y enfermeros desaparecidos, asesinados, y sobrevivientes de campos clandestinos de detención, y también de los que padecieron cárcel siendo presos políticos. En principio trabajé en la identificación y organización de casos, nombres, lugares y circunstancias en que fueron víctimas del terrorismo de Estado, sumado a entrevistas, análisis de los testimonios y documentación de los juicios de lesa humanidad y de los considerandos de las sentencias.

Luego, parte de esta producción fue publicada en el libro "Soltando Amarras. Claves para comprender la historia pendiente de la enfermería argentina"; también en otro libro publicado en España, artículos en revistas científicas, talleres y seminarios que dicté y dicto, así como fue insumo para el guión de la serie documental histórica "Crónicas de la Enfermería Argentina", que incluyó un capítulo destinado a las/os enfermeras/os desaparecidas/os y a la enfermería en el marco de la dictadura del '76 al '83 del siglo XX.

P: Dentro de tantas luchadoras, ¿qué nos podés decir de Irma Carrica?

R: La figura emblemática de la colega Irma Laciar de Carrica trae consigo la coherencia de vida de una militante social y política con claridad y compromiso frente a la etapa antes mencionada, y su lucha por los derechos humanos y todos aquellos que eran víctimas de la desaparición forzada por los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas al mando del gobierno de facto. Irma Carrica fue una destacada docente de la UBA en las carreras de Medicina y de Enfermería Universitaria. Integrante destacada del equipo de trabajo de Mario Testa durante su gestión como decano en la Facultad de Medicina de la UBA. Fue asimismo una comprometida militante territorial, una figura institucionalizante, ya que participó en el período fundacional de la conformación de la Federación Argentina de Enfermería y fue secretaria de Actas de la sesión en la cual se fundó. Increíblemente, o no tanto, no es mencionada por esta organización ni tampoco se resignifica su aporte a la defensa de la salud, la democracia y los derechos humanos. Fue militante sindical y ella misma víctima de desaparición forzada. Grupos de estudiantes de Enfermería y de organizaciones de graduados de profesiones de la Salud llevan su nombre, levantando y redimensionando los aportes heroicos de Irma Carrica a la Salud y a la lucha por los DDHH en nuestro país. Asimismo, cabe destacar que la Escuela de Enfermería de la UNLa lleva su nombre desde hace unos años. De todas maneras, aún no es masivo el conocimiento en todo el país de los aportes de Irma a la Enfermería Argentina y a la Salud Comunitaria. Deuda que debemos ir saldando como parte del fortalecimiento identitario que requiere la disciplina.

P: En un sistema público de salud que lleva décadas de crisis y se ha visto agravado por las políticas de desfinanciamiento de los últimos años, ¿cuál creés que debería ser el rol de la enfermería como parte del equipo de salud?

R: La enfermería siempre debe asumir colectivamente su rol en defensa del derecho a la salud, abogar por la efectiva materialización del plexo de derechos en salud y los que resguardan los cuidados asistenciales para las personas que padecen enfermedades; custodiar las condiciones de vida y de trabajo de la profesión, que constituyen la base de la salud de los trabajadores de la enfermería y la garantía de las conductas para con la seguridad en la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes dentro de las instituciones de atención públicas y privadas. Todo lo mencionado debe necesariamente articularse junto a los equipos que integra y fortalecerse en ese espacio, y siempre junto con la comunidad en la cual todo ese equipo está actuando.

P: ¿Cuáles son los obstáculos por enfrentar y los desafíos en la enfermería argentina?

R: Algunos de los principales obstáculos a enfrentar y vencer es que la enfermería se atreva a no desligar del recorrido histórico de nuestra profesión las inscripciones ideológicas subsumidas en sus decisiones, lo que equivale a vaciar de sentido cualquier análisis. Una profunda y amplia crítica a sus silencios. Asumir el daño que produjo en la identidad profesional haber eliminado, en los planes de estudios de la formación profesional, la asignatura Historia de la Enfermería, Historia Socio-cultural de la Salud. Esto proscribió, tanto para los estudiantes como para los graduados, el derecho de conocernos y reinterpretarnos. Debilitó, junto a otras variables, la motivación en la participación de los graduados en las discusiones colectivas sobre los desafíos y las responsabilidades que nos caben frente a estos.

Por lo tanto, se hace imprescindible democratizar este espacio para avanzar. Propiciar el debate historiográfico, la coherencia entre la teoría y la praxis, contrastar y redireccionar. Fundamentar profundamente los análisis y la explicitación de la ideología en que se sostienen muchas de las bases sobre las cuales se sostienen las respuestas a nuestras limitaciones y desafíos. A partir de esto, convencida de que mediante el análisis histórico socio-sanitario del camino de la profesionalización, seleccionando períodos en los cuales la enfermería generó y afianzó en sus prácticas políticas explícitas, poniéndolas en contexto dentro de la historia del país y del continente en la cual sucedieron, podremos encontrar las llaves que nos permitirán abrir los frágiles supuestos que se desvanecen ante la mínima refutación. Pero formarnos e interpelarnos fortaleciéndonos para impedir que falsos supuestos sigan siendo utilizados como válidos y reproduzcan en la formación andanadas de nuevos colegas con desconocimiento de su rica herencia de desafíos. Evitar esta debilidad frenará la manera en que se los condena al destierro de su copioso linaje de luchas. También permitirá fortalecer la responsabilidad de los enfermeros y enfermeras en tanto trabajadores sanitarios y necesariamente ejercitarnos en la tarea interdisciplinaria y transdisciplinaria. El trabajo colaborativo, el respeto por los saberes y la fortaleza que se adquiere funcionando como equipo. Tener presente la figura protagónica de la comunidad junto a la cual nuestras prácticas adquieren sentido y se resignifica nuestra misión y responsabilidad social.

En síntesis, nada menos que generar proyectos emancipadores para que la práctica de la enfermería redefina su sentido. Generar proyectos con trayectos formativos compartidos con otras profesiones con las que integrarán los equipos básicos de salud comunitaria y familiar, en principio. Para todo esto se requiere voluntad política de la enfermería para replantear críticamente el vínculo entre las diferentes escuelas, universidades, la investigación, la modalidad de enseñanza y el papel de la enfermería en la sociedad. Transformar profundamente los planes de estudio generando espacios que interpelen el sentido de la práctica aislada del compromiso social con la salud del pueblo de nuestra patria.

Podríamos arrancar hablando de Adorni, de su pileta con cascada, sus mármoles y sus 245.000 dólares en efectivo. Pero la verdad es que se zarpa. Lo interesante es lo que, sin quererlo, pone sobre la mesa: en CABA, hace ya bastante tiempo que la vivienda dejó de ser un derecho y se convirtió en un negocio.

Hay una imagen que sorprende cuando caminás por las callecitas de Palermo o Recoleta de noche: los edificios encendidos en su mitad baja —el portero, el local, el cartel de obra— y apagados en los pisos de arriba: pisos y más pisos a oscuras. No es el romanticismo de la gran ciudad ni ninguna metáfora fácil sobre la soledad urbana. Es, lisa y llanamente, un dato: en febrero de 2023 se contabilizaron 228.000 viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires; un año antes eran 200.000. Hoy son unas cuantas más. Un crecimiento del 14 por ciento en doce meses.

Para ponerlo en perspectiva: la cantidad de casas sin gente es equivalente al déficit habitacional de todo el distrito, un índice que alcanza al 11,6 por ciento de los hogares, mientras unas 300.000 personas residen en villas y asentamientos. Casas hay. El problema es quién puede vivir en ellas.

Este es el nudo de la crisis habitacional porteña. No se trata de una ciudad que no construye —las grúas son el símbolo más visible de su transformación urbana—, se trata de una ciudad que construye para el mercado financiero y no para el derecho a la vivienda. Una ciudad donde el metro cuadrado se compra en dólares y se alquila en pesos, y donde la especulación inmobiliaria convive, sin ningún pudor, con familias hacinadas a pocas cuadras.

Las viviendas vacías se concentran en el corredor norte: la Comuna 1, que abarca Puerto Madero y Retiro, encabeza el ranking con una tasa de vacancia del 13,3 por ciento; le sigue la Comuna 2, de Recoleta, con el 10 por ciento, y la Comuna 14, de Palermo. Del otro lado, las comunas con menos viviendas vacías son la 8 —Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano— y la 4, integrada por La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

La correlación es perfecta y brutal: donde más vale la tierra, más casas vacías hay. Donde menos vale, más gente apretada. No estamos ante un problema de mercado que se corrige solo. Estamos ante una forma organizada —aunque no necesariamente concertada— de sostener el precio del suelo urbano a costa del derecho a vivir de una parte de la población.

El Censo 2022 lo confirma: la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con la menor proporción de viviendas propias en todo el territorio nacional, con apenas el 52 por ciento de las viviendas particulares ocupadas en manos de sus dueños. En los últimos diez años, ese porcentaje cayó un 8 por ciento. Cada punto porcentual que cae es una familia que pasó de propietaria a inquilina, o de inquilina a algo más precario todavía.

¿Y Booking y Airbnb?

Antes de hablar del problema hay que hacer una distinción que importa. El vecino que compró un departamento con sus ahorros y lo pone en Booking cuando se va de vacaciones no es el problema. Tampoco el jubilado que alquila temporariamente su segundo ambiente para redondear la jubilación. Ese es, justamente, el relato que las plataformas venden con enorme eficacia: la imagen del pequeño anfitrión, el encuentro entre personas, la economía colaborativa. Una narrativa construida con precisión quirúrgica para bloquear cualquier discusión seria sobre regulación.

Los datos cuentan otra historia.

En octubre de 2023, mientras estaba vigente la Ley de Alquileres, en la Ciudad de Buenos Aires había 29.346 viviendas alquiladas por Airbnb. En junio de 2024 —ya derogada la ley, el mercado desregulado por el DNU 70/2023— las viviendas alquiladas ascendían a 37.000: un aumento del 26 por ciento, mientras que el precio promedio por noche trepó a 43 dólares, más de 1.800.000 pesos por mes. La desregulación no abarató el acceso a la vivienda. Engrosó la rentabilidad de los que ya tenían más.

¿Quiénes son esos que tenían más? Casi la mitad de las viviendas relevadas está en manos de "multi-anfitriones": identidades digitales que gestionan más de tres propiedades. Hay 24 entidades que ofertan entre 50 y 99 viviendas cada una, y 4 anfitriones que gestionan más de 100 anuncios. No son vecinos. Son gestores inmobiliarios corporativos que operan detrás de una pantalla, sin registro, sin control fiscal y, en muchos casos, sin siquiera residencia en el país.

El Centro de Estudios Metropolitanos alertó en 2023 que casi 1 de cada 5 ofertas activas en Airbnb en Buenos Aires son propiedades completas, disponibles más de tres meses al año y gestionadas por anfitriones corporativos: constituyen, en sus propias palabras, "un mercado inmobiliario residencial específico". No turismo. Negocio inmobiliario sin las regulaciones del negocio inmobiliario.

El análisis de datos de la plataforma ya mostraba hace años que el 10 por ciento de los anfitriones con mayores ingresos factura el 80 por ciento del total del mercado. Un mercado profundamente concentrado que se disfraza de economía horizontal y colaborativa. La plataforma les presta el relato del pequeño propietario simpático. Los grandes operadores se quedan con la rentabilidad.

¿Y el Estado?

Mientras tanto, la Ley 6.255 que regula la actividad de alquiler temporario turístico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que debería registrar esas viviendas, en la práctica parece letra muerta: de la totalidad de los alquileres temporarios que deberían estar inscriptos, la lista ni siquiera llega al millar. La astucia del capitalismo de plataformas es exactamente esa: encontrar los huecos regulatorios y operar en ellos hasta que el hecho consumado sea tan grande que revertirlo resulte políticamente costoso. Para entonces, ya habrán convencido a suficiente gente de que cualquier regulación atenta contra la libertad del pequeño propietario —que en realidad representa una porción marginal del negocio— para bloquear cualquier intento serio de control.

No es una novedad. Es el mismo manual que usó Uber para desestructurar décadas de regulación laboral en el transporte. El que usó Rappi para convertir trabajadores en "socios". El que usa Mercado Libre para procesar transacciones por miles de millones de dólares desde una jurisdicción fiscal que no es la Argentina. Las plataformas se mueven a una velocidad que las burocracias estatales —diseñadas para otro siglo— no pueden seguir. Cuando el Estado termina de entender lo que pasó, el mercado ya está diez pasos adelante.

El problema no es técnico. Es político.

Ninguno de los actores centrales de la política porteña está abordando esto con seriedad. El PRO habla de eficiencia sin discutir poder. El peronismo denuncia con acierto pero muchas veces lo hace con herramientas pensadas para una estructura económica que ya no existe. Y el libertarismo propone retirar al Estado como si el problema fuera su mera existencia, naturalizando niveles extremos de concentración privada. Ninguno está pensando de manera sistemática cómo se construye poder público en el siglo XXI.

La crisis habitacional porteña es un caso concreto y perfecto de esa ausencia. No alcanza con defender el Estado en abstracto. Tampoco alcanza con gestionarlo eficientemente. Lo que hace falta es un Estado que comprenda el funcionamiento del capitalismo digital y tenga capacidad real de regularlo. Un Estado que produzca y procese datos. Que desarrolle instrumentos fiscales que capturen parte de la renta que hoy se fuga en dólares a través de plataformas registradas en paraísos fiscales como Delaware o Ámsterdam.

La falta de planificación urbana, la escasa regulación sobre los usos del suelo y la ausencia de políticas públicas eficientes configuran en conjunto una situación de déficit habitacional crítica. Resolver eso exige distinguir entre el pequeño propietario que merece protección y el operador corporativo que merece regulación. Exige registros que funcionen, cargas impositivas progresivas sobre la vacancia especulativa y planificación urbana que subordine el negocio al derecho.

La discusión no es Airbnb sí o Airbnb no. Es quién controla el suelo urbano, a qué precio y para quién. Es si la ciudad es un activo financiero o es el lugar donde vive la gente que la hace funcionar todos los días. Hay 228.000 departamentos vacíos y hay familias en la calle a pocas cuadras. Esa distancia no es un problema técnico. Es una decisión política. Y como toda decisión política, puede cambiarse.

En el Partido Intransigente estamos trabajando exactamente sobre eso. No para administrar el problema: para disputarlo, con propuestas concretas: Registro de viviendas temporarias que funcione de verdad, carga fiscal sobre la vacancia especulativa, planificación urbana que ponga el derecho a vivir por encima de la renta del metro cuadrado. Un Estado que pueda ver lo que hoy hace la vista gorda. Esa es la política que falta en CABA.

Matías Muraca es abogado, docente universitario. Apoderado del Partido Intransigente en CABA 2027

Vengo siguiendo el rearmado del peronismo con datos en la mano y te tiro la posta de entrada: la película es más complicada que lo que se cuenta en los pasillos del Instituto Patria. El piso estructural del peronismo en octubre de 2025 fue 33,7%. Para llegar a un balotaje 2027 con chances reales hay que sumarle entre 12 y 15 puntos arriba de ese piso. Doce a quince puntos no se compran en el supermercado.

En el dashboard que vengo armando para Datacivis identificamos cuatro coaliciones teóricas sobre la mesa. Cada una tiene su matemática, sus armadores y —sobre todo— sus bloqueos. De las cuatro, una sola tiene viabilidad alta. Las otras tres están atadas con alambre.

La matemática de las cuatro

PJ Unido Histórico (36,5%, viabilidad media). La recreación del Frente de Todos 2019 bajo etiqueta UxP. Suena bien en un Excel pero choca con un muro: la inviabilidad personal entre La Cámpora y el ecosistema Kicillof está expuesta, y los gobernadores del interior no quieren volver a someterse a candidaturas bajadas desde Buenos Aires. Sólo un colapso catastrófico del oficialismo libertario podría forzarla.

PJ Federal · Primero las Ideas (25%, viabilidad media). El armado lanzado en Parque Norte el 1 de mayo —Olmos, Tolosa Paz, Michel, Achával, Félix—. Cuatro mil dirigentes, veinte legisladores, setenta intendentes. Equidistante de Cristina y Kicillof. Arranca sin candidato presidencial, le falta tracción en el conurbano profundo y corre el riesgo de quedar a mitad de camino: ni K ni LLA.

Frente Popular Ampliado · Modelo Lula (41%, viabilidad alta). Acá está el dato que tendría que hacerles ruido a todos. Kicillof articulando un frente que desborda al PJ tradicional: movimientos sociales, sindicatos, sectores progresistas del radicalismo (sí, Lousteau) e intelectuales. Es la única con viabilidad alta y la razón es poco romántica: Kicillof es hoy el único actor con caja propia y aparato institucional —la gobernación de PBA— para financiar un armado de esa magnitud. Lo que falta: que CFK lo bendiga sin imponer listas, una PASO grande que lo legitime y que Grabois entre sin condiciones.

Tercera Vía · Outsider Evangélico (14%, viabilidad marginal). El Pastor Dante Gebel sostenido por intendentes del conurbano y armadores PJ residual tipo Pichetto. No va a llegar lejos sola, pero anoten el dato que la sostiene: las iglesias evangélicas reemplazaron a los punteros políticos tradicionales en sectores de extrema pobreza. Eso es una bomba de tiempo en el conurbano, vaya o no este escenario.

Lo que puede romper el armado

Ningún escenario es lineal. El tránsito a 2027 está atravesado por cuatro vulnerabilidades que pueden detonar el armado entero.

Judicial (prob alta, impacto muy alto). El fallo de Casación sobre Causa Vialidad —embargo de 111 bienes y $685 mil millones— y la domiciliaria a CFK inauguran altísima volatilidad. Si avanza una detención efectiva (CFK o Máximo por Hotesur), todo el arco se abroquela en defensa: paraliza cualquier propuesta y ahuyenta al electorado moderado.

Fuga institucional (prob alta, impacto alto). LLA está seduciendo gobernadores —Jaldo, Jalil— y la estrategia amenaza con replicarse a nivel municipal. Los analistas trazan paralelismos con la histórica ‘Operación Punta Arenas’.

Fiscal (prob media, impacto medio-alto). Inminente fallo de la Corte Suprema por los fondos coparticipables de CABA —$530 mil millones—. Un recorte adicional forzaría a Kicillof, Quintela o Ziliotto a emitir cuasimonedas para pagar salarios. La depreciación destruiría poder adquisitivo en sus propias bases.

Sindical (prob media, impacto alto). Documento lapidario de la CGT: 24.180 empresas cerradas y caída brutal del consumo. Si Daer y Acuña dilatan paros, las bases pueden fracturar la central por izquierda. Y un peronismo sin CGT articulada es un peronismo sin músculo de presión.

La pregunta ya no es si el peronismo se arma. La pregunta es con qué piso, con qué techo y con qué heridas. Y sobre todo, si Kicillof se convierte en el primer candidato peronista en veinticinco años que llega a la general sin la bendición incondicional de Cristina. Lo que pase en los próximos noventa días va a definir el resto de la década.

Hernán Gordillo es Director de DATACIVIS.com 

El stock bruto de la deuda alcanzó un récord histórico de u$s 483.830 millones en marzo de 2026. La discusión de fondo no es solo técnica: es sobre qué se cuenta y qué se oculta.

Los números que el Gobierno no menciona

El stock de deuda pública bruta llegó a u$s 483.830 millones en marzo de 2026, el máximo histórico de la gestión libertaria. Desde diciembre de 2023, la deuda creció u$s 113.156 millones, un aumento del 30,5% en 28 meses. Solo en marzo de 2026 subió u$s 11.695 millones, el quinto mes consecutivo al alza. En el primer trimestre de 2026 el aumento fue de u$s 28.753 millones, más del 70% del total acumulado desde noviembre de 2025.

El Gobierno dice que bajó. ¿Cómo llega a ese número?

El oficialismo y un grupo de consultoras afines usan una metodología propia llamada "deuda pública consolidada neta": suman la deuda del Tesoro con los pasivos del Banco Central y luego restan ciertos activos cruzados entre ambos organismos. Con ese cálculo, concluyen que la deuda bajó casi u$s 20.000 millones desde que asumió Milei.

Cuatro problemas con ese enfoque:

- La fecha de arranque. Tomar noviembre de 2023 como punto de partida permite no contabilizar el efecto de la megadevaluación de diciembre. Esa devaluación licuó deuda en pesos equivalente a unos u$s 55.000 millones, una cifra que desaparece del cálculo oficial.

- Mezclar conceptos distintos. Los pasivos del BCRA son instrumentos de política monetaria para regular la liquidez, no deuda soberana. Sumarlos a la deuda del Tesoro es comparar peras con manzanas.

- Intereses que "desaparecen". Gran parte del aumento de la deuda no viene de nuevos préstamos sino de la capitalización de intereses: en lugar de pagarlos, se acumulan como nueva deuda. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, eso sumó u$s 89.767 millones. Este mecanismo le permitió al Gobierno mostrar superávit financiero mientras la deuda seguía creciendo.

- La elección de qué activos restar. Los neteos que reducen el número final son muy sensibles a qué se incluye, cómo se valúa y en qué moneda se mide. Pequeños cambios de criterio modifican el resultado en decenas de miles de millones de dólares.

¿De dónde viene el aumento?

El crecimiento acumulado de us 113.156 millones no vino principalmente de tomar nueva deuda en el mercado. Al contrario: en términos netos, el Gobierno pagó más de lo que pidió prestado (us 25.567 millones en pagos primarios netos). El aumento vino de otro lado:

Capitalización de intereses: +u$s 89.767 millones
Ajustes por inflación (CER y tipo de cambio): +u$s 81.636 millones
Reducción por depreciación del peso: -u$s 33.183 millones
Pagos netos primarios: -u$s 25.567 millones

Cómo cambió el perfil de la deuda

- La deuda en pesos más que duplicó su peso en el total, pasando del 28% al 46%, impulsada sobre todo por títulos ajustables por inflación (CER).

- La deuda en moneda extranjera cayó del 72% al 54%.

- Las Letras del Tesoro se sextuplicaron desde diciembre de 2023, pasando del 3% al 14% del total.

- La deuda con el FMI creció us15.800 millones y hoy asciende a 56.678 millones, el 60% de toda la deuda con organismos internacionales.

- La deuda bajo legislación argentina creció u$s 99.573 millones (+44,9%) y representa hoy el 67% del total.

El fondo de la disputa

La discusión metodológica no es inocente. La narrativa oficial del "desendeudamiento" requiere una serie de decisiones técnicas específicas que, tomadas en conjunto, producen el resultado deseado. La metodología estándar —la que publica la Secretaría de Finanzas desde hace años— muestra en cambio un aumento nominal récord. En última instancia, lo que está en juego es cuál de las dos lecturas se instala como verdad en el debate público.

La Virgen malvinera. La llaman así porque durante la guerra en las Islas Malvinas viajó con sacerdotes y el ejército argentino.

Esa imagen fue capturada por los ingleses y recién devuelta a la Argentina en el año 2019; antes pasó por el Vaticano, en Roma, y fue bendecida por el Papa Francisco. Desde entonces recorre la patria.

En esta oportunidad, el lunes 4, por la tarde, su presencia impactó en la misa mensual del sindicato de los judiciales.

En el microcentro porteño, a dos cuadras del Congreso Nacional, tiene su sede la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato.

Fue Lorenzo “Toto” Vedia quien celebró la misa junto a la imagen de la “madre malvinera” apoyada en la mesa que funciona de altar, allí en la planta baja del gremio donde se encuentra el oratorio Martín de Porres, patrono de la justicia social.

“En este mes patriótico, camino al 25 de mayo, recordando que los combates con el ejército británico iniciaron el 1 de mayo, es bien oportuno hacer una misa con nuestra querida imagen de la Virgen de Luján que nos sigue acompañando”, inició el párroco de Virgen de Caacupé en la Villa 21/24, en el barrio porteño de Barracas.

Las hermanas Espíndola -migrantes paraguayas-, con guitarra y cantando animaron toda la celebración junto a los trabajadores sindicalizados de la justicia.

“Esta imagen de la Virgen es muy significativa para la historia de nuestra patria. Es Santa María del camino, como cantábamos al inicio de la misa, porque ella caminó los duros pasos de la guerra, acompañó los pasos de los caídos, de los héroes, de los sobrevivientes, y sufrió el exilio, como la prisión, pero volvió. Como tanta gente de nuestro pueblo, que debe migrar, donde no quiso, pero la historia la llevó y como peregrinos cumplió su misión en la vida, como mucha gente de nuestros barrios que vinieron y hoy son unos verdaderos patriotas. Esto es algo que la Virgen lleva bien en su corazón. Ella sufrió el exilio cuando fue a Egipto con Jesús y José, ella volvió, ella sabe de lo que es ser peregrinos. Así que pidamos a nuestra madre, ella que fue mirada por ojos llorosos, angustiosos, aterrados por la guerra, nosotros le traemos la mirada de nuestro pueblo, que estamos en otro escenario, pero con la misma sensibilidad que nuestra patria necesita de su mano, para nuestra soberanía en cada rincón del país, no sólo en Malvinas”, predicó Vedia. 

Después de cantar y aplaudir los temas: El Señor de Galilea, Alma Misionera, Al altar del Señor, Ángeles de Dios, y celebrar dos cumpleaños, que cantaban las hermanas del ex grupo Diluvio, el Padre “Toto” alentó a los trabajadores a tomar gracia de la imagen de la madre malvinera.

Así se fueron yendo los afiliados del sindicato, con algunos ex combatientes malvineros, recordando que en el año 1630 la imagen de la Virgen María quedó a orillas del río Luján al cuidado del esclavo Negro Manuel, y desde entonces haciendo milagros por eso es reconocida como la patrona de la Argentina.

En el balance provisorio de la confrontación contra el programa de desregulación de Javier Milei, hay un dato político que el peronismo institucional todavía no termina de asumir: hasta ahora, la estrategia más eficaz para ponerle límites concretos al gobierno no vino del Congreso sino del movimiento obrero organizado. Mientras diputados y senadores del peronismo oscilaron entre derrotas parlamentarias, retrocesos tácticos, votos contradictorios y una dificultad evidente para construir una mayoría propia, la CGT logró instalar una línea de acción mucho más efectiva: paro general, conflictividad organizada y judicialización. No se trata de una consigna, sino de un hecho. La ofensiva libertaria encontró sus primeros límites reales en la calle y en los tribunales, más que en los recintos.

En ese cuadro, también conviene ordenar otra discusión: el Frente Sindical Unidad no actuó contra la CGT, sino que complementó su estrategia. Allí donde la central obrera priorizó la construcción de paros nacionales, la acumulación institucional y la batalla judicial, el Frente Sindical Unidad reforzó esa orientación con una política de mayor movilización callejera, adhesión activa a las huelgas y presencia sostenida en el conflicto. No hubo dos estrategias antagónicas, como a veces se quiso instalar, sino una división de tareas dentro del mismo campo del movimiento obrero: la CGT como gran articuladora del paro y la judicialización; el sindicalismo más combativo empujando la calle, la presión social y la densidad militante. En esa complementariedad, y no en una falsa grieta sindical, estuvo una parte importante de la eficacia.

Los resultados están a la vista, aunque haya que narrarlos con rigor y sin triunfalismo. Fue la CGT la que primero consiguió voltear el capítulo laboral del DNU 70/23 en la Justicia, en un fallo histórico que declaró inconstitucional el Título IV de la reforma laboral impulsada por Milei. Más tarde, ya sobre la nueva ley de “modernización laboral”, la central volvió a judicializar el paquete y obtuvo una cautelar que suspendió provisoriamente 82/83 artículos sensibles de la reforma, entre ellos varios vinculados a huelga, representación sindical, teletrabajo y alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque luego parte de ese freno quedó sometido a revisión en instancias superiores. Incluso el intento de trasladar competencias de la Justicia del Trabajo fue objeto de una ofensiva judicial sindical específica. Es decir: aun con fallos parciales, reversibles o en disputa, la mayor cantidad de obstáculos reales al programa laboral libertario los produjo el movimiento obrero organizado y no la oposición parlamentaria.

Por eso también resultan, muchas veces, desmedidas ciertas críticas a la CGT. Se le exige una radicalidad abstracta, como si no hubiera desplegado ya un repertorio de medidas de enorme intensidad para un gobierno con menos de tres años de mandato. Milei llegó a enfrentar un tercer paro general en tiempo récord y luego incluso un cuarto en menos de dos años, algo que lo ubica entre los presidentes que más rápidamente chocaron con la central obrera desde la recuperación democrática. A eso hay que sumar que la CGT no se limitó al paro clásico: acompañó o respaldó movilizaciones sectoriales y multisectoriales, incluyendo las vinculadas a la defensa del financiamiento universitario, además de sostener una estrategia judicial persistente. Se puede discutir ritmos, formas o alcances, pero no negar que la central ha sido, hasta acá, uno de los principales factores de resistencia real frente al proyecto libertario.

Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Trabajo recogió el guante de una discusión que Milei quiso clausurar con una falsa “modernización” sin derechos. Allí donde la reforma libertaria ignoró o degradó los problemas del trabajo en el siglo XXI, la gestión bonaerense avanzó en sentido contrario. Axel Kicillof anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales, una iniciativa que Walter Correa defendió públicamente como respuesta a la exclusión de miles de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones del marco general de protección laboral. No es un detalle menor: mientras el gobierno nacional llama modernización a la desprotección, la Provincia propone modernizar reconociendo nuevos sujetos laborales, regulando algoritmos, exigiendo seguros y ordenando un universo de autoexplotación que la crisis volvió masivo.

En la misma línea se inscribe el nuevo Consejo Bonaerense del Trabajo impulsado por Walter Correa: una mesa tripartita ampliada que busca reunir al Estado, los municipios, las organizaciones sindicales y el empresariado para discutir empleo, conflicto, producción e industria en clave estratégica. La propia resolución que lo crea permite leerlo como algo más que una instancia administrativa: es un ensayo de reconstrucción política del diálogo entre trabajo, producción y Estado, con reminiscencias explícitas al Congreso de la Productividad del primer peronismo. Si de allí surge una agenda para pensar una reforma laboral progresiva, una política industrial bonaerense y un plan de gobierno articulado con la economía real, no será exagerado decir que, en esta etapa, CGT y Ministerio de Trabajo bonaerense vienen haciendo más para enfrentar el programa de Milei que buena parte de las estructuras tradicionales del peronismo institucional. La calle, los tribunales y una nueva imaginación productiva parecen estar, por ahora, más del lado del movimiento obrero que de los bloques parlamentarios.

En este dossier vas a conocer la palabra de los principales dirigentes sindicales de Argentina. Sus estrategias, su pensamiento y las acciones concretas que viene llevando adelante que sostienen las afirmaciones que fueron volcados en esta nota. Te invitamos a que lo leas.

En diálogo con “Más o menos bien” (sábados de 18 a 20hs por Radio con vos), Julio Piumato, secretario de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), analizó diversos temas de actualidad.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“El rol del movimiento obrero en la resistencia a la dictadura y en la lucha por la recuperación de la democracia es una parte de la historia que está adrede diluida y muy poco contada porque no pudieron eliminarlo y desde los grandes medios de comunicación se terminó ninguneando eso”.

“Creo que los jueces tienen la responsabilidad de hacer respetar la Constitución Nacional, la cautelar que frena el traspaso del fuero laboral a la justicia de la Ciudad está vigente y es fundamental porque se creó para que haya una justicia que realmente equilibre una relación tan desigual como la que existe entre el capital de los patrones, cada vez más concentrado, y la figura del trabajador”.

“Está claro que toda la reforma laboral viola claramente las reglas de juego que tiene nuestra sociedad y están plasmadas en la Constitución Nacional, tanto en el Artículo 14 bis como en el Artículo 75 inciso 22 que plantean con claridad los derechos de los trabajadores y el principio de progresividad o no regresividad de los mismos”.

“Para avanzar sobre los derechos de los trabajadores tienen que avanzar sobre el movimiento obrero, nadie enfrentó este gobierno como los trabajadores organizados que frenaron, primero, el Decreto 70/23 e hicieron las grandes movilizaciones”.

“Un sector muy importante votó por este gobierno y condiciona a las organizaciones sindicales, nuestro gremio es el que más paros ha hecho desde su asunción por la perdida salarial que hemos tenido. Llevamos 49 paros de 24 horas en dos años y medio”. 

A casi dos años y medio de la llegada de Javier Milei al gobierno, la principal oposición a su programa de ajuste y desregulación ha sido el Movimiento Obrero Organizado. La Confederación General del Trabajo (CGT) logró instalar una línea de acción efectiva: paro general, conflictividad organizada y judicialización. La ofensiva libertaria encontró sus primeros límites reales en la calle y en los tribunales, más que en los recintos.

En el siguiente dossier vas a conocer la palabra de los principales dirigentes sindicales de Argentina. Sus estrategias, su pensamiento y las acciones concretas que vienen llevando adelante que sostienen las afirmaciones que fueron volcados en las diversas notas. 

"La CGT es el espacio opositor que más hizo por los trabajadores en la era Milei", por Rodrigo Lugones.

Julio Piumato: "Nadie enfrentó este gobierno como el Movimiento Obrero”.

Abel Furlán: “No quiero hablar de candidaturas, pero está claro que Kicillof es el primero en las encuestas”.

Jorge Sola: "Primero hay que definir el proyecto de país, después el candidato”.

Walter Correa: "Entre Fate y Milei o Rocca y Milei tenemos que estar del lado de la producción".

Consejo bonaerense del trabajo: la provincia ensaya una respuesta peronista a la crisis de empleo.

Fernando Barrera, dirigente de UPCN, analiza las agresiones del gobierno y la movilización del 30 de abril.