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Jorge Sola, co secretario de la CGT, viajó a la provincia de Santa Fe para presentar el documental “Lealtad a la Justicia Social”, que fue producido por la central obrera. "El año pasado se cumplieron 80 años del 17 de octubre de 1945 y, en ese marco, la CGT nos convocó para que podamos realizar un material audiovisual frente al edificio de Azopardo. A partir de ahí, fuimos construyendo un documental para que quede un registro histórico y este año empezamos este recorrido nacional en estas funciones comunitarias", sostuvo.

El documental se presentó en la ciudad de Rosario y en Venado Tuerto junto a cientos de trabajadores que se acercaron. Sola hizo énfasis en "la necesidad de que el interior esté representado siempre"  y sostuvo que "ha sido una mirada que he llevado en mi lugar donde he estado como Secretario Gremial."

Durante su visita a la ciudad, compartió un encuentro con representantes gremiales de la CGT Rosario en la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario.

También participaron de las proyecciones los directores del proyecto, Walter Peña y Nicolás Cuiñas.

La derecha libertaria fue exitosa en su batalla cultural. Logró demonizar la palabra “kirchnerismo”, al punto de que, muchos que antes se definían más kirchneristas que peronistas, corrieron a refugiarse en el antes maldito “pejotismo” y comenzaron a autopercibirse peronistas.

Los libertarios, que han demostrado un gran dominio de las redes, aplicaron el viejo concepto militar de “al enemigo que se retira, persecución y aniquilamiento”. Y se lanzaron a una campaña feroz contra Perón, Evita y todo lo que huela a peronismo.

En 2020, escribiendo sobre los ataques al Papa Francisco, me encontré con los sitios de internet 4chan, Reddit, y los grupos Alt-Right, Qanon, Boogaloo, alentados por personajes como Steve Bannon, Peter Thiel y otros.

En nuestro país, los adelantados de la nueva derecha fueron youtubers “El Presto”, “Tipito Enojado”, Álvaro Zicarelli, y otros, con 200 o 300 mil seguidores cada uno. Fueron los verdaderos gestores de la batalla cultural, mucho antes de que Milei fuera candidato. Dicho sea de paso, hoy muchos de ellos quedaron afuera y se han transformado en duros opositores.

Recuerdo que intenté inútilmente convencer a varios referentes nacionales del kirchnerismo sobre el peligro que significaban estos muchachos, que hacían un video de YouTube y tenían 80 o 90 mil jóvenes mirando en directo. Las respuestas que encontraba eran: “yo no miro YouTube”.

Claro… un día nos despertamos y descubrimos que en San Antonio de los Cobres, en Salta —donde jamás había pisado un dirigente libertario— Milei ganó con el 63%.

¿Cómo hizo campaña?

Por YouTube, Twitter y todas esas plataformas que muchos “vivos” decían no mirar.

Esta introducción intenta llamar la atención de los compañeros sobre lo que está ocurriendo nuevamente en las redes sociales. Voy a referirme solamente a Instagram, que es la plataforma que más frecuento.

Los libertarios han emprendido una campaña feroz contra Perón, Evita, Isabel y todo lo que huela al peronismo histórico. El vocero más estridente es un personaje payasesco: Diego Recalde, pero detrás de él aparece Agustín Laje, el verdadero cerebro, un tipo inteligente, muy formado y políticamente peligroso.

La página de Diego Recalde, con 176 mil seguidores, tiene publicaciones tituladas: “Perón y las menores”; “La riqueza oculta de Perón y Eva”; “Perón fue fascista”; “El aliado nazi de Perón”; “Perón no creó el aguinaldo”; “Leyes robadas por el peronismo”; “La doble cara de Eva Perón”; “El autogolpe de Isabel”; “Videla: la represión la ordenó Perón”; “Massera era el candidato peronista”; “Crímenes de lesa humanidad del peronismo”; “Martínez de Hoz era peronista”; “Videla era peronista”; “Perón los exterminó en Ezeiza”, etcétera.

Luego aparecen otras páginas, como “Datos para variar”, con 200 mil seguidores, y muchas más que reproducen los videos de Recalde y otros personajes menores. Algunos de esos videos alcanzan niveles enormes de circulación, con 2,5 millones de visualizaciones.

Más de un compañero me repite: “yo no tengo Instagram”. Otros me dicen: “no les des bola, esas mentiras se caen solas”.

Pero yo, que - a mi edad - me puse a hacer videos en Instagram, recibo sorpresas todos los días. Por ejemplo: un video contando que las vacaciones pagas fueron establecidas por Perón tuvo 1,5 millón de vistas, y otro sobre el aguinaldo superó las 600 mil.

¿Y por qué ocurre eso?

Porque una gran mayoría de los jóvenes que miran esos videos no sabe que esas conquistas fueron obra del primer peronismo.

¿Y por qué muchos jóvenes no conocen casi nada de la obra del peronismo entre 1945 y 1955, si durante 16 años gobernamos el país y manejamos la educación, los medios públicos, las universidades, el CONICET y buena parte de los espacios donde se produce y difunde conocimiento?

La respuesta es incómoda: la mayoría de nuestros intelectuales orgánicos y cuadros culturales mostró poco interés en reivindicar y transmitir la obra del primer peronismo.

Un capítulo especial merece el relato sobre los años setenta que difundieron durante años los medios públicos y universidades, aun las creadas por nuestro gobierno. El relato del último Perón “facho”, “creador de la Triple A”, el que “traicionó a los jóvenes”, etcétera.

Un relato repetido hasta el cansancio y que funciona como justificación retrospectiva del error político de enfrentar a Perón y continuar la lucha armada entre 1973 y 1976, contribuyendo al caos que terminó debilitando y erosionando al gobierno constitucional de Isabel Perón.

Lo triste y trágico es que ahora la derecha libertaria, toma exactamente ese mismo relato, que durante años, difundieron Bonasso, Feinmann, Verbitsky y otros tantos repetidores, para golpearnos con el mismo argumento: “el Perón facho que traicionó a los jóvenes”.

Una vez más se repite la vieja historia antiperonista: izquierdas y derechas convergen para destruir la identidad peronista del pueblo argentino atacando la imagen de Perón.

Frente a este nuevo intento de destruir la memoria del peronismo, aparece la esperanza: una nueva generación sub-30, menos atravesada por el viejo relato liberal y progresista, y con ganas de recuperar la historia nacional.

En ese sentido, cobran actualidad las palabras de nuestro Papa Francisco en su mensaje a los jóvenes del 26 de mayo de 2018:

“En un joven, una utopía crece bien si está acompañada de memoria y de discernimiento. La utopía mira al futuro, la memoria mira al pasado, y el presente se discierne. El joven tiene que recibir la memoria y plantar, arraigar su utopía en esa memoria.”

“Discernir en el presente su utopía, los signos de los tiempos, y ahí sí la utopía va adelante pero muy arraigada en la memoria, en la historia que ha recibido.”

En este nuevo episodio de AGENCIA PACO URONDO Podcast, Ariel Garbarz, ingeniero en Electrónica y especialista en Inteligencia Artificia, reflexiona sobre la presencia de Peter Thiel en Argentina. Thiel es dueño de Palantir, una controversial empresa tecnológica norteamericana que se dedica a IA, la recopilación de información de los ciudadanos y tiene vínculos con empresas militares de Estados Unidos.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Todos los pueblos están bajo un estado de alienación porque la inteligencia artificial está presente en todos los celulares y la gente está la mayor cantidad de horas del día mirando y escuchando al teléfono. Percibimos una realidad que tiene que ver con el territorio digital en el que nos movemos y que está implantada por sistemas de inteligencia artificial”.

“Ahora estamos en un estadio nuevo donde hay empresas, como Palantir, que buscan reemplazar los sistemas democráticos por gobiernos de plataforma”.

“Estamos en una tercera Guerra Mundial, quizás no nos damos cuenta. Es una guerra heterogénea y fragmentada. Primero porque se da no sólo en el frente militar, sino también colonizando con inteligencia artificial la subjetividad de la gente. Luego porque se da en todo el territorio digital, aire y tierra, y no tiene un lugar geográfico específico. Hay una situación de guerra contra la democracia y los pueblos”.

“No tenemos que dejar que la inteligencia artificial nos remodele desde los intereses de afuera, sean de Palantir, de los monopolios digitales o de los servicios de inteligencia. Lo que tenemos que remodelar nosotros mismos es nuestro pensamiento en forma colectiva. ¿Cómo? Hablando, debatiendo, verificando, desconfiando de los mensajes que nos dividen, reconstruyendo inteligencia humana militante”.

“Peter Thiel es un tecno-fascista, ya vino en noviembre del 2024. Ya sabe que Javier Milei no va a volver a ser presidente y entonces le pregunta en qué le puede ayudar para que el modelo siga. Por eso se instaló, porque quiere gobernar Thiel”.

“Palantir es una plataforma que cruza bases de datos de todo tipo, entonces sabe de nosotros más que nosotros mismos. Si manejas todos los datos de una persona, automáticamente ya podes controlar a la persona”.

En el marco del 12 de mayo, “Dia Internacional de la Enfermería”, entrevistamos a una de las mayores referencias en el recorrido histórico, avances y nuevos horizontes de la enfermería argentina. La doctora y Beatriz Morrone es profesora emérita de la universidad nacional de Mar del Plata, entre otras distinciones. Es autora además de más de 15 libros entre los que se destaca "Soltando amarras. Claves para comprender la historia pendiente de la enfermería".

P: ¿Por qué recorrer todos esos caminos desde la enfermería?

R: La enfermería es una disciplina eminentemente social y en consecuencia mi inscripción es como trabajadora dentro del campo de la Salud y la Educación Pública. Esto hace que requiera, para dar cuenta de mi militancia socio-sanitaria, comprender la práctica enlazada a la investigación y a la docencia.

La investigación trae consigo a la escritora que debe dejar registro de los conocimientos obtenidos mediante la investigación y la responsabilidad en la socialización de los mismos. Un investigador que no socializa lo que produce no cumple con su responsabilidad social. No es un acto individual ni la investigación, ni la ampliación de saberes; por el contrario, es absolutamente colectiva la construcción y, en consecuencia, como trabajadora soy investigadora, escritora, docente y militante. Considero que es una responsabilidad profesional visibilizar aspectos que obstaculizan el crecimiento y contribuir a dinamizar el fortalecimiento profesional, así como propiciar los debates y generar producciones que sirvan de insumo para la reflexión colectiva en la cual estoy muy involucrada. Mi objetivo nunca fue recibir premios; vinieron como consecuencia de mi militancia por los derechos de las mujeres y la erradicación de formas violentas de atención en ámbitos sanitarios. También por mi participación activa en la producción e innovación en la formación de profesionales basada en derechos humanos.

En síntesis, creo que mi objetivo es mantener mi militancia en defensa de los derechos humanos, en la ampliación de ciudadanía y los aportes que pueda realizar, siempre entendiéndome en clave colectiva, para la construcción de una Patria más inclusiva y soberana.

P: ¿Cómo ves, en la actualidad, la profesionalización de la carrera?

R: El análisis de la profesionalización de la enfermería en nuestro país es uno de los nodos de mis investigaciones en los últimos diez años. Variables como clase y género intervienen fuertemente limitando un avance más rico y a su vez más homogéneo.

La enfermería también, por otros factores residuales del recorrido histórico, no logra superar ciertas limitaciones relacionadas con la asociación de cuidados materializados versus cuidados profesionales basados en derechos, y en donde tanto varones como mujeres ejerciendo la disciplina encuadren estas prácticas en los marcos legales, deontológicos y bioéticos, y no en mandatos sociales sellados por estereotipos de género que encorsetan a los integrantes de la profesión como limitan la calidad del cuidado a los ciudadanos destinatarios de los mismos. Considero que los planes de estudios se renuevan en los diseños, pero no así en las aulas y en las prácticas preprofesionales, en las cuales no varían sustancialmente. Indicadores de mi preocupación en este sentido son las dificultades para generar grupos de graduados activamente involucrados con los espacios en donde se recibieron, una vez que comienzan su ejercicio profesional; la baja cantidad de estudiantes de enfermería sobre el total de estudiantes en las facultades que participan en la militancia estudiantil y, posteriormente, ya graduados, en la participación gremial. El relevamiento de los temas y abordajes en las tesis de grado también evidencia una debilidad para repensar críticamente lo que la sociedad está claramente planteando que requiere de los trabajadores de la salud y de las innovaciones que estos deben generar. Otro aspecto preocupante es la formación centrada en la disciplina con poca articulación efectiva y permanente con otros estudiantes de otras carreras, con los cuales se espera y necesita que conformen equipos de trabajo. Muchos otros aspectos veo con preocupación que vienen siendo un sello distintivo desde hace muchas décadas y no se generan cambios conforme a la evolución de los reclamos y avances sociales.

P: Por estos días el pueblo argentino ha movilizado fuertemente en defensa de los derechos humanos, una vez más. ¿Qué has podido investigar sobre lo vivido por enfermeras y enfermeros durante la última dictadura militar?

R: Una de mis preocupaciones como investigadora, atravesada por una responsabilidad profesional y generacional que potencia mis inquietudes al respecto, fue rescatar la ausencia de publicaciones y el silencio que rodeó a la academia sobre la etapa de la última dictadura cívico-militar, que si bien ciertas organizaciones gremiales tomaron en parte, dando cuenta de sus afiliados desaparecidos, asesinados y/o incluso con la sustracción de menores de estos compañeros y compañeras enfermeras y estudiantes de enfermería.

Sin embargo, no solo esto, sino que el silencio también se produce en las instituciones educativas, a diferencia de lo que acontece en otras disciplinas del campo de la salud y de las unidades académicas a las cuales pertenecían. Por eso, a través de mis investigaciones, las indagaciones se centraron desde 2000 en adelante con el fin de rescatar la historia de las y los enfermeras y enfermeros desaparecidos, asesinados, y sobrevivientes de campos clandestinos de detención, y también de los que padecieron cárcel siendo presos políticos. En principio trabajé en la identificación y organización de casos, nombres, lugares y circunstancias en que fueron víctimas del terrorismo de Estado, sumado a entrevistas, análisis de los testimonios y documentación de los juicios de lesa humanidad y de los considerandos de las sentencias.

Luego, parte de esta producción fue publicada en el libro "Soltando Amarras. Claves para comprender la historia pendiente de la enfermería argentina"; también en otro libro publicado en España, artículos en revistas científicas, talleres y seminarios que dicté y dicto, así como fue insumo para el guión de la serie documental histórica "Crónicas de la Enfermería Argentina", que incluyó un capítulo destinado a las/os enfermeras/os desaparecidas/os y a la enfermería en el marco de la dictadura del '76 al '83 del siglo XX.

P: Dentro de tantas luchadoras, ¿qué nos podés decir de Irma Carrica?

R: La figura emblemática de la colega Irma Laciar de Carrica trae consigo la coherencia de vida de una militante social y política con claridad y compromiso frente a la etapa antes mencionada, y su lucha por los derechos humanos y todos aquellos que eran víctimas de la desaparición forzada por los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas al mando del gobierno de facto. Irma Carrica fue una destacada docente de la UBA en las carreras de Medicina y de Enfermería Universitaria. Integrante destacada del equipo de trabajo de Mario Testa durante su gestión como decano en la Facultad de Medicina de la UBA. Fue asimismo una comprometida militante territorial, una figura institucionalizante, ya que participó en el período fundacional de la conformación de la Federación Argentina de Enfermería y fue secretaria de Actas de la sesión en la cual se fundó. Increíblemente, o no tanto, no es mencionada por esta organización ni tampoco se resignifica su aporte a la defensa de la salud, la democracia y los derechos humanos. Fue militante sindical y ella misma víctima de desaparición forzada. Grupos de estudiantes de Enfermería y de organizaciones de graduados de profesiones de la Salud llevan su nombre, levantando y redimensionando los aportes heroicos de Irma Carrica a la Salud y a la lucha por los DDHH en nuestro país. Asimismo, cabe destacar que la Escuela de Enfermería de la UNLa lleva su nombre desde hace unos años. De todas maneras, aún no es masivo el conocimiento en todo el país de los aportes de Irma a la Enfermería Argentina y a la Salud Comunitaria. Deuda que debemos ir saldando como parte del fortalecimiento identitario que requiere la disciplina.

P: En un sistema público de salud que lleva décadas de crisis y se ha visto agravado por las políticas de desfinanciamiento de los últimos años, ¿cuál creés que debería ser el rol de la enfermería como parte del equipo de salud?

R: La enfermería siempre debe asumir colectivamente su rol en defensa del derecho a la salud, abogar por la efectiva materialización del plexo de derechos en salud y los que resguardan los cuidados asistenciales para las personas que padecen enfermedades; custodiar las condiciones de vida y de trabajo de la profesión, que constituyen la base de la salud de los trabajadores de la enfermería y la garantía de las conductas para con la seguridad en la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes dentro de las instituciones de atención públicas y privadas. Todo lo mencionado debe necesariamente articularse junto a los equipos que integra y fortalecerse en ese espacio, y siempre junto con la comunidad en la cual todo ese equipo está actuando.

P: ¿Cuáles son los obstáculos por enfrentar y los desafíos en la enfermería argentina?

R: Algunos de los principales obstáculos a enfrentar y vencer es que la enfermería se atreva a no desligar del recorrido histórico de nuestra profesión las inscripciones ideológicas subsumidas en sus decisiones, lo que equivale a vaciar de sentido cualquier análisis. Una profunda y amplia crítica a sus silencios. Asumir el daño que produjo en la identidad profesional haber eliminado, en los planes de estudios de la formación profesional, la asignatura Historia de la Enfermería, Historia Socio-cultural de la Salud. Esto proscribió, tanto para los estudiantes como para los graduados, el derecho de conocernos y reinterpretarnos. Debilitó, junto a otras variables, la motivación en la participación de los graduados en las discusiones colectivas sobre los desafíos y las responsabilidades que nos caben frente a estos.

Por lo tanto, se hace imprescindible democratizar este espacio para avanzar. Propiciar el debate historiográfico, la coherencia entre la teoría y la praxis, contrastar y redireccionar. Fundamentar profundamente los análisis y la explicitación de la ideología en que se sostienen muchas de las bases sobre las cuales se sostienen las respuestas a nuestras limitaciones y desafíos. A partir de esto, convencida de que mediante el análisis histórico socio-sanitario del camino de la profesionalización, seleccionando períodos en los cuales la enfermería generó y afianzó en sus prácticas políticas explícitas, poniéndolas en contexto dentro de la historia del país y del continente en la cual sucedieron, podremos encontrar las llaves que nos permitirán abrir los frágiles supuestos que se desvanecen ante la mínima refutación. Pero formarnos e interpelarnos fortaleciéndonos para impedir que falsos supuestos sigan siendo utilizados como válidos y reproduzcan en la formación andanadas de nuevos colegas con desconocimiento de su rica herencia de desafíos. Evitar esta debilidad frenará la manera en que se los condena al destierro de su copioso linaje de luchas. También permitirá fortalecer la responsabilidad de los enfermeros y enfermeras en tanto trabajadores sanitarios y necesariamente ejercitarnos en la tarea interdisciplinaria y transdisciplinaria. El trabajo colaborativo, el respeto por los saberes y la fortaleza que se adquiere funcionando como equipo. Tener presente la figura protagónica de la comunidad junto a la cual nuestras prácticas adquieren sentido y se resignifica nuestra misión y responsabilidad social.

En síntesis, nada menos que generar proyectos emancipadores para que la práctica de la enfermería redefina su sentido. Generar proyectos con trayectos formativos compartidos con otras profesiones con las que integrarán los equipos básicos de salud comunitaria y familiar, en principio. Para todo esto se requiere voluntad política de la enfermería para replantear críticamente el vínculo entre las diferentes escuelas, universidades, la investigación, la modalidad de enseñanza y el papel de la enfermería en la sociedad. Transformar profundamente los planes de estudio generando espacios que interpelen el sentido de la práctica aislada del compromiso social con la salud del pueblo de nuestra patria.

Podríamos arrancar hablando de Adorni, de su pileta con cascada, sus mármoles y sus 245.000 dólares en efectivo. Pero la verdad es que se zarpa. Lo interesante es lo que, sin quererlo, pone sobre la mesa: en CABA, hace ya bastante tiempo que la vivienda dejó de ser un derecho y se convirtió en un negocio.

Hay una imagen que sorprende cuando caminás por las callecitas de Palermo o Recoleta de noche: los edificios encendidos en su mitad baja —el portero, el local, el cartel de obra— y apagados en los pisos de arriba: pisos y más pisos a oscuras. No es el romanticismo de la gran ciudad ni ninguna metáfora fácil sobre la soledad urbana. Es, lisa y llanamente, un dato: en febrero de 2023 se contabilizaron 228.000 viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires; un año antes eran 200.000. Hoy son unas cuantas más. Un crecimiento del 14 por ciento en doce meses.

Para ponerlo en perspectiva: la cantidad de casas sin gente es equivalente al déficit habitacional de todo el distrito, un índice que alcanza al 11,6 por ciento de los hogares, mientras unas 300.000 personas residen en villas y asentamientos. Casas hay. El problema es quién puede vivir en ellas.

Este es el nudo de la crisis habitacional porteña. No se trata de una ciudad que no construye —las grúas son el símbolo más visible de su transformación urbana—, se trata de una ciudad que construye para el mercado financiero y no para el derecho a la vivienda. Una ciudad donde el metro cuadrado se compra en dólares y se alquila en pesos, y donde la especulación inmobiliaria convive, sin ningún pudor, con familias hacinadas a pocas cuadras.

Las viviendas vacías se concentran en el corredor norte: la Comuna 1, que abarca Puerto Madero y Retiro, encabeza el ranking con una tasa de vacancia del 13,3 por ciento; le sigue la Comuna 2, de Recoleta, con el 10 por ciento, y la Comuna 14, de Palermo. Del otro lado, las comunas con menos viviendas vacías son la 8 —Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano— y la 4, integrada por La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

La correlación es perfecta y brutal: donde más vale la tierra, más casas vacías hay. Donde menos vale, más gente apretada. No estamos ante un problema de mercado que se corrige solo. Estamos ante una forma organizada —aunque no necesariamente concertada— de sostener el precio del suelo urbano a costa del derecho a vivir de una parte de la población.

El Censo 2022 lo confirma: la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con la menor proporción de viviendas propias en todo el territorio nacional, con apenas el 52 por ciento de las viviendas particulares ocupadas en manos de sus dueños. En los últimos diez años, ese porcentaje cayó un 8 por ciento. Cada punto porcentual que cae es una familia que pasó de propietaria a inquilina, o de inquilina a algo más precario todavía.

¿Y Booking y Airbnb?

Antes de hablar del problema hay que hacer una distinción que importa. El vecino que compró un departamento con sus ahorros y lo pone en Booking cuando se va de vacaciones no es el problema. Tampoco el jubilado que alquila temporariamente su segundo ambiente para redondear la jubilación. Ese es, justamente, el relato que las plataformas venden con enorme eficacia: la imagen del pequeño anfitrión, el encuentro entre personas, la economía colaborativa. Una narrativa construida con precisión quirúrgica para bloquear cualquier discusión seria sobre regulación.

Los datos cuentan otra historia.

En octubre de 2023, mientras estaba vigente la Ley de Alquileres, en la Ciudad de Buenos Aires había 29.346 viviendas alquiladas por Airbnb. En junio de 2024 —ya derogada la ley, el mercado desregulado por el DNU 70/2023— las viviendas alquiladas ascendían a 37.000: un aumento del 26 por ciento, mientras que el precio promedio por noche trepó a 43 dólares, más de 1.800.000 pesos por mes. La desregulación no abarató el acceso a la vivienda. Engrosó la rentabilidad de los que ya tenían más.

¿Quiénes son esos que tenían más? Casi la mitad de las viviendas relevadas está en manos de "multi-anfitriones": identidades digitales que gestionan más de tres propiedades. Hay 24 entidades que ofertan entre 50 y 99 viviendas cada una, y 4 anfitriones que gestionan más de 100 anuncios. No son vecinos. Son gestores inmobiliarios corporativos que operan detrás de una pantalla, sin registro, sin control fiscal y, en muchos casos, sin siquiera residencia en el país.

El Centro de Estudios Metropolitanos alertó en 2023 que casi 1 de cada 5 ofertas activas en Airbnb en Buenos Aires son propiedades completas, disponibles más de tres meses al año y gestionadas por anfitriones corporativos: constituyen, en sus propias palabras, "un mercado inmobiliario residencial específico". No turismo. Negocio inmobiliario sin las regulaciones del negocio inmobiliario.

El análisis de datos de la plataforma ya mostraba hace años que el 10 por ciento de los anfitriones con mayores ingresos factura el 80 por ciento del total del mercado. Un mercado profundamente concentrado que se disfraza de economía horizontal y colaborativa. La plataforma les presta el relato del pequeño propietario simpático. Los grandes operadores se quedan con la rentabilidad.

¿Y el Estado?

Mientras tanto, la Ley 6.255 que regula la actividad de alquiler temporario turístico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que debería registrar esas viviendas, en la práctica parece letra muerta: de la totalidad de los alquileres temporarios que deberían estar inscriptos, la lista ni siquiera llega al millar. La astucia del capitalismo de plataformas es exactamente esa: encontrar los huecos regulatorios y operar en ellos hasta que el hecho consumado sea tan grande que revertirlo resulte políticamente costoso. Para entonces, ya habrán convencido a suficiente gente de que cualquier regulación atenta contra la libertad del pequeño propietario —que en realidad representa una porción marginal del negocio— para bloquear cualquier intento serio de control.

No es una novedad. Es el mismo manual que usó Uber para desestructurar décadas de regulación laboral en el transporte. El que usó Rappi para convertir trabajadores en "socios". El que usa Mercado Libre para procesar transacciones por miles de millones de dólares desde una jurisdicción fiscal que no es la Argentina. Las plataformas se mueven a una velocidad que las burocracias estatales —diseñadas para otro siglo— no pueden seguir. Cuando el Estado termina de entender lo que pasó, el mercado ya está diez pasos adelante.

El problema no es técnico. Es político.

Ninguno de los actores centrales de la política porteña está abordando esto con seriedad. El PRO habla de eficiencia sin discutir poder. El peronismo denuncia con acierto pero muchas veces lo hace con herramientas pensadas para una estructura económica que ya no existe. Y el libertarismo propone retirar al Estado como si el problema fuera su mera existencia, naturalizando niveles extremos de concentración privada. Ninguno está pensando de manera sistemática cómo se construye poder público en el siglo XXI.

La crisis habitacional porteña es un caso concreto y perfecto de esa ausencia. No alcanza con defender el Estado en abstracto. Tampoco alcanza con gestionarlo eficientemente. Lo que hace falta es un Estado que comprenda el funcionamiento del capitalismo digital y tenga capacidad real de regularlo. Un Estado que produzca y procese datos. Que desarrolle instrumentos fiscales que capturen parte de la renta que hoy se fuga en dólares a través de plataformas registradas en paraísos fiscales como Delaware o Ámsterdam.

La falta de planificación urbana, la escasa regulación sobre los usos del suelo y la ausencia de políticas públicas eficientes configuran en conjunto una situación de déficit habitacional crítica. Resolver eso exige distinguir entre el pequeño propietario que merece protección y el operador corporativo que merece regulación. Exige registros que funcionen, cargas impositivas progresivas sobre la vacancia especulativa y planificación urbana que subordine el negocio al derecho.

La discusión no es Airbnb sí o Airbnb no. Es quién controla el suelo urbano, a qué precio y para quién. Es si la ciudad es un activo financiero o es el lugar donde vive la gente que la hace funcionar todos los días. Hay 228.000 departamentos vacíos y hay familias en la calle a pocas cuadras. Esa distancia no es un problema técnico. Es una decisión política. Y como toda decisión política, puede cambiarse.

En el Partido Intransigente estamos trabajando exactamente sobre eso. No para administrar el problema: para disputarlo, con propuestas concretas: Registro de viviendas temporarias que funcione de verdad, carga fiscal sobre la vacancia especulativa, planificación urbana que ponga el derecho a vivir por encima de la renta del metro cuadrado. Un Estado que pueda ver lo que hoy hace la vista gorda. Esa es la política que falta en CABA.

Matías Muraca es abogado, docente universitario. Apoderado del Partido Intransigente en CABA 2027

Vengo siguiendo el rearmado del peronismo con datos en la mano y te tiro la posta de entrada: la película es más complicada que lo que se cuenta en los pasillos del Instituto Patria. El piso estructural del peronismo en octubre de 2025 fue 33,7%. Para llegar a un balotaje 2027 con chances reales hay que sumarle entre 12 y 15 puntos arriba de ese piso. Doce a quince puntos no se compran en el supermercado.

En el dashboard que vengo armando para Datacivis identificamos cuatro coaliciones teóricas sobre la mesa. Cada una tiene su matemática, sus armadores y —sobre todo— sus bloqueos. De las cuatro, una sola tiene viabilidad alta. Las otras tres están atadas con alambre.

La matemática de las cuatro

PJ Unido Histórico (36,5%, viabilidad media). La recreación del Frente de Todos 2019 bajo etiqueta UxP. Suena bien en un Excel pero choca con un muro: la inviabilidad personal entre La Cámpora y el ecosistema Kicillof está expuesta, y los gobernadores del interior no quieren volver a someterse a candidaturas bajadas desde Buenos Aires. Sólo un colapso catastrófico del oficialismo libertario podría forzarla.

PJ Federal · Primero las Ideas (25%, viabilidad media). El armado lanzado en Parque Norte el 1 de mayo —Olmos, Tolosa Paz, Michel, Achával, Félix—. Cuatro mil dirigentes, veinte legisladores, setenta intendentes. Equidistante de Cristina y Kicillof. Arranca sin candidato presidencial, le falta tracción en el conurbano profundo y corre el riesgo de quedar a mitad de camino: ni K ni LLA.

Frente Popular Ampliado · Modelo Lula (41%, viabilidad alta). Acá está el dato que tendría que hacerles ruido a todos. Kicillof articulando un frente que desborda al PJ tradicional: movimientos sociales, sindicatos, sectores progresistas del radicalismo (sí, Lousteau) e intelectuales. Es la única con viabilidad alta y la razón es poco romántica: Kicillof es hoy el único actor con caja propia y aparato institucional —la gobernación de PBA— para financiar un armado de esa magnitud. Lo que falta: que CFK lo bendiga sin imponer listas, una PASO grande que lo legitime y que Grabois entre sin condiciones.

Tercera Vía · Outsider Evangélico (14%, viabilidad marginal). El Pastor Dante Gebel sostenido por intendentes del conurbano y armadores PJ residual tipo Pichetto. No va a llegar lejos sola, pero anoten el dato que la sostiene: las iglesias evangélicas reemplazaron a los punteros políticos tradicionales en sectores de extrema pobreza. Eso es una bomba de tiempo en el conurbano, vaya o no este escenario.

Lo que puede romper el armado

Ningún escenario es lineal. El tránsito a 2027 está atravesado por cuatro vulnerabilidades que pueden detonar el armado entero.

Judicial (prob alta, impacto muy alto). El fallo de Casación sobre Causa Vialidad —embargo de 111 bienes y $685 mil millones— y la domiciliaria a CFK inauguran altísima volatilidad. Si avanza una detención efectiva (CFK o Máximo por Hotesur), todo el arco se abroquela en defensa: paraliza cualquier propuesta y ahuyenta al electorado moderado.

Fuga institucional (prob alta, impacto alto). LLA está seduciendo gobernadores —Jaldo, Jalil— y la estrategia amenaza con replicarse a nivel municipal. Los analistas trazan paralelismos con la histórica ‘Operación Punta Arenas’.

Fiscal (prob media, impacto medio-alto). Inminente fallo de la Corte Suprema por los fondos coparticipables de CABA —$530 mil millones—. Un recorte adicional forzaría a Kicillof, Quintela o Ziliotto a emitir cuasimonedas para pagar salarios. La depreciación destruiría poder adquisitivo en sus propias bases.

Sindical (prob media, impacto alto). Documento lapidario de la CGT: 24.180 empresas cerradas y caída brutal del consumo. Si Daer y Acuña dilatan paros, las bases pueden fracturar la central por izquierda. Y un peronismo sin CGT articulada es un peronismo sin músculo de presión.

La pregunta ya no es si el peronismo se arma. La pregunta es con qué piso, con qué techo y con qué heridas. Y sobre todo, si Kicillof se convierte en el primer candidato peronista en veinticinco años que llega a la general sin la bendición incondicional de Cristina. Lo que pase en los próximos noventa días va a definir el resto de la década.

Hernán Gordillo es Director de DATACIVIS.com 

El stock bruto de la deuda alcanzó un récord histórico de u$s 483.830 millones en marzo de 2026. La discusión de fondo no es solo técnica: es sobre qué se cuenta y qué se oculta.

Los números que el Gobierno no menciona

El stock de deuda pública bruta llegó a u$s 483.830 millones en marzo de 2026, el máximo histórico de la gestión libertaria. Desde diciembre de 2023, la deuda creció u$s 113.156 millones, un aumento del 30,5% en 28 meses. Solo en marzo de 2026 subió u$s 11.695 millones, el quinto mes consecutivo al alza. En el primer trimestre de 2026 el aumento fue de u$s 28.753 millones, más del 70% del total acumulado desde noviembre de 2025.

El Gobierno dice que bajó. ¿Cómo llega a ese número?

El oficialismo y un grupo de consultoras afines usan una metodología propia llamada "deuda pública consolidada neta": suman la deuda del Tesoro con los pasivos del Banco Central y luego restan ciertos activos cruzados entre ambos organismos. Con ese cálculo, concluyen que la deuda bajó casi u$s 20.000 millones desde que asumió Milei.

Cuatro problemas con ese enfoque:

- La fecha de arranque. Tomar noviembre de 2023 como punto de partida permite no contabilizar el efecto de la megadevaluación de diciembre. Esa devaluación licuó deuda en pesos equivalente a unos u$s 55.000 millones, una cifra que desaparece del cálculo oficial.

- Mezclar conceptos distintos. Los pasivos del BCRA son instrumentos de política monetaria para regular la liquidez, no deuda soberana. Sumarlos a la deuda del Tesoro es comparar peras con manzanas.

- Intereses que "desaparecen". Gran parte del aumento de la deuda no viene de nuevos préstamos sino de la capitalización de intereses: en lugar de pagarlos, se acumulan como nueva deuda. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, eso sumó u$s 89.767 millones. Este mecanismo le permitió al Gobierno mostrar superávit financiero mientras la deuda seguía creciendo.

- La elección de qué activos restar. Los neteos que reducen el número final son muy sensibles a qué se incluye, cómo se valúa y en qué moneda se mide. Pequeños cambios de criterio modifican el resultado en decenas de miles de millones de dólares.

¿De dónde viene el aumento?

El crecimiento acumulado de us 113.156 millones no vino principalmente de tomar nueva deuda en el mercado. Al contrario: en términos netos, el Gobierno pagó más de lo que pidió prestado (us 25.567 millones en pagos primarios netos). El aumento vino de otro lado:

Capitalización de intereses: +u$s 89.767 millones
Ajustes por inflación (CER y tipo de cambio): +u$s 81.636 millones
Reducción por depreciación del peso: -u$s 33.183 millones
Pagos netos primarios: -u$s 25.567 millones

Cómo cambió el perfil de la deuda

- La deuda en pesos más que duplicó su peso en el total, pasando del 28% al 46%, impulsada sobre todo por títulos ajustables por inflación (CER).

- La deuda en moneda extranjera cayó del 72% al 54%.

- Las Letras del Tesoro se sextuplicaron desde diciembre de 2023, pasando del 3% al 14% del total.

- La deuda con el FMI creció us15.800 millones y hoy asciende a 56.678 millones, el 60% de toda la deuda con organismos internacionales.

- La deuda bajo legislación argentina creció u$s 99.573 millones (+44,9%) y representa hoy el 67% del total.

El fondo de la disputa

La discusión metodológica no es inocente. La narrativa oficial del "desendeudamiento" requiere una serie de decisiones técnicas específicas que, tomadas en conjunto, producen el resultado deseado. La metodología estándar —la que publica la Secretaría de Finanzas desde hace años— muestra en cambio un aumento nominal récord. En última instancia, lo que está en juego es cuál de las dos lecturas se instala como verdad en el debate público.

La Virgen malvinera. La llaman así porque durante la guerra en las Islas Malvinas viajó con sacerdotes y el ejército argentino.

Esa imagen fue capturada por los ingleses y recién devuelta a la Argentina en el año 2019; antes pasó por el Vaticano, en Roma, y fue bendecida por el Papa Francisco. Desde entonces recorre la patria.

En esta oportunidad, el lunes 4, por la tarde, su presencia impactó en la misa mensual del sindicato de los judiciales.

En el microcentro porteño, a dos cuadras del Congreso Nacional, tiene su sede la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato.

Fue Lorenzo “Toto” Vedia quien celebró la misa junto a la imagen de la “madre malvinera” apoyada en la mesa que funciona de altar, allí en la planta baja del gremio donde se encuentra el oratorio Martín de Porres, patrono de la justicia social.

“En este mes patriótico, camino al 25 de mayo, recordando que los combates con el ejército británico iniciaron el 1 de mayo, es bien oportuno hacer una misa con nuestra querida imagen de la Virgen de Luján que nos sigue acompañando”, inició el párroco de Virgen de Caacupé en la Villa 21/24, en el barrio porteño de Barracas.

Las hermanas Espíndola -migrantes paraguayas-, con guitarra y cantando animaron toda la celebración junto a los trabajadores sindicalizados de la justicia.

“Esta imagen de la Virgen es muy significativa para la historia de nuestra patria. Es Santa María del camino, como cantábamos al inicio de la misa, porque ella caminó los duros pasos de la guerra, acompañó los pasos de los caídos, de los héroes, de los sobrevivientes, y sufrió el exilio, como la prisión, pero volvió. Como tanta gente de nuestro pueblo, que debe migrar, donde no quiso, pero la historia la llevó y como peregrinos cumplió su misión en la vida, como mucha gente de nuestros barrios que vinieron y hoy son unos verdaderos patriotas. Esto es algo que la Virgen lleva bien en su corazón. Ella sufrió el exilio cuando fue a Egipto con Jesús y José, ella volvió, ella sabe de lo que es ser peregrinos. Así que pidamos a nuestra madre, ella que fue mirada por ojos llorosos, angustiosos, aterrados por la guerra, nosotros le traemos la mirada de nuestro pueblo, que estamos en otro escenario, pero con la misma sensibilidad que nuestra patria necesita de su mano, para nuestra soberanía en cada rincón del país, no sólo en Malvinas”, predicó Vedia. 

Después de cantar y aplaudir los temas: El Señor de Galilea, Alma Misionera, Al altar del Señor, Ángeles de Dios, y celebrar dos cumpleaños, que cantaban las hermanas del ex grupo Diluvio, el Padre “Toto” alentó a los trabajadores a tomar gracia de la imagen de la madre malvinera.

Así se fueron yendo los afiliados del sindicato, con algunos ex combatientes malvineros, recordando que en el año 1630 la imagen de la Virgen María quedó a orillas del río Luján al cuidado del esclavo Negro Manuel, y desde entonces haciendo milagros por eso es reconocida como la patrona de la Argentina.

En el balance provisorio de la confrontación contra el programa de desregulación de Javier Milei, hay un dato político que el peronismo institucional todavía no termina de asumir: hasta ahora, la estrategia más eficaz para ponerle límites concretos al gobierno no vino del Congreso sino del movimiento obrero organizado. Mientras diputados y senadores del peronismo oscilaron entre derrotas parlamentarias, retrocesos tácticos, votos contradictorios y una dificultad evidente para construir una mayoría propia, la CGT logró instalar una línea de acción mucho más efectiva: paro general, conflictividad organizada y judicialización. No se trata de una consigna, sino de un hecho. La ofensiva libertaria encontró sus primeros límites reales en la calle y en los tribunales, más que en los recintos.

En ese cuadro, también conviene ordenar otra discusión: el Frente Sindical Unidad no actuó contra la CGT, sino que complementó su estrategia. Allí donde la central obrera priorizó la construcción de paros nacionales, la acumulación institucional y la batalla judicial, el Frente Sindical Unidad reforzó esa orientación con una política de mayor movilización callejera, adhesión activa a las huelgas y presencia sostenida en el conflicto. No hubo dos estrategias antagónicas, como a veces se quiso instalar, sino una división de tareas dentro del mismo campo del movimiento obrero: la CGT como gran articuladora del paro y la judicialización; el sindicalismo más combativo empujando la calle, la presión social y la densidad militante. En esa complementariedad, y no en una falsa grieta sindical, estuvo una parte importante de la eficacia.

Los resultados están a la vista, aunque haya que narrarlos con rigor y sin triunfalismo. Fue la CGT la que primero consiguió voltear el capítulo laboral del DNU 70/23 en la Justicia, en un fallo histórico que declaró inconstitucional el Título IV de la reforma laboral impulsada por Milei. Más tarde, ya sobre la nueva ley de “modernización laboral”, la central volvió a judicializar el paquete y obtuvo una cautelar que suspendió provisoriamente 82/83 artículos sensibles de la reforma, entre ellos varios vinculados a huelga, representación sindical, teletrabajo y alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque luego parte de ese freno quedó sometido a revisión en instancias superiores. Incluso el intento de trasladar competencias de la Justicia del Trabajo fue objeto de una ofensiva judicial sindical específica. Es decir: aun con fallos parciales, reversibles o en disputa, la mayor cantidad de obstáculos reales al programa laboral libertario los produjo el movimiento obrero organizado y no la oposición parlamentaria.

Por eso también resultan, muchas veces, desmedidas ciertas críticas a la CGT. Se le exige una radicalidad abstracta, como si no hubiera desplegado ya un repertorio de medidas de enorme intensidad para un gobierno con menos de tres años de mandato. Milei llegó a enfrentar un tercer paro general en tiempo récord y luego incluso un cuarto en menos de dos años, algo que lo ubica entre los presidentes que más rápidamente chocaron con la central obrera desde la recuperación democrática. A eso hay que sumar que la CGT no se limitó al paro clásico: acompañó o respaldó movilizaciones sectoriales y multisectoriales, incluyendo las vinculadas a la defensa del financiamiento universitario, además de sostener una estrategia judicial persistente. Se puede discutir ritmos, formas o alcances, pero no negar que la central ha sido, hasta acá, uno de los principales factores de resistencia real frente al proyecto libertario.

Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Trabajo recogió el guante de una discusión que Milei quiso clausurar con una falsa “modernización” sin derechos. Allí donde la reforma libertaria ignoró o degradó los problemas del trabajo en el siglo XXI, la gestión bonaerense avanzó en sentido contrario. Axel Kicillof anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales, una iniciativa que Walter Correa defendió públicamente como respuesta a la exclusión de miles de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones del marco general de protección laboral. No es un detalle menor: mientras el gobierno nacional llama modernización a la desprotección, la Provincia propone modernizar reconociendo nuevos sujetos laborales, regulando algoritmos, exigiendo seguros y ordenando un universo de autoexplotación que la crisis volvió masivo.

En la misma línea se inscribe el nuevo Consejo Bonaerense del Trabajo impulsado por Walter Correa: una mesa tripartita ampliada que busca reunir al Estado, los municipios, las organizaciones sindicales y el empresariado para discutir empleo, conflicto, producción e industria en clave estratégica. La propia resolución que lo crea permite leerlo como algo más que una instancia administrativa: es un ensayo de reconstrucción política del diálogo entre trabajo, producción y Estado, con reminiscencias explícitas al Congreso de la Productividad del primer peronismo. Si de allí surge una agenda para pensar una reforma laboral progresiva, una política industrial bonaerense y un plan de gobierno articulado con la economía real, no será exagerado decir que, en esta etapa, CGT y Ministerio de Trabajo bonaerense vienen haciendo más para enfrentar el programa de Milei que buena parte de las estructuras tradicionales del peronismo institucional. La calle, los tribunales y una nueva imaginación productiva parecen estar, por ahora, más del lado del movimiento obrero que de los bloques parlamentarios.

En este dossier vas a conocer la palabra de los principales dirigentes sindicales de Argentina. Sus estrategias, su pensamiento y las acciones concretas que viene llevando adelante que sostienen las afirmaciones que fueron volcados en esta nota. Te invitamos a que lo leas.

En diálogo con “Más o menos bien” (sábados de 18 a 20hs por Radio con vos), Julio Piumato, secretario de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), analizó diversos temas de actualidad.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“El rol del movimiento obrero en la resistencia a la dictadura y en la lucha por la recuperación de la democracia es una parte de la historia que está adrede diluida y muy poco contada porque no pudieron eliminarlo y desde los grandes medios de comunicación se terminó ninguneando eso”.

“Creo que los jueces tienen la responsabilidad de hacer respetar la Constitución Nacional, la cautelar que frena el traspaso del fuero laboral a la justicia de la Ciudad está vigente y es fundamental porque se creó para que haya una justicia que realmente equilibre una relación tan desigual como la que existe entre el capital de los patrones, cada vez más concentrado, y la figura del trabajador”.

“Está claro que toda la reforma laboral viola claramente las reglas de juego que tiene nuestra sociedad y están plasmadas en la Constitución Nacional, tanto en el Artículo 14 bis como en el Artículo 75 inciso 22 que plantean con claridad los derechos de los trabajadores y el principio de progresividad o no regresividad de los mismos”.

“Para avanzar sobre los derechos de los trabajadores tienen que avanzar sobre el movimiento obrero, nadie enfrentó este gobierno como los trabajadores organizados que frenaron, primero, el Decreto 70/23 e hicieron las grandes movilizaciones”.

“Un sector muy importante votó por este gobierno y condiciona a las organizaciones sindicales, nuestro gremio es el que más paros ha hecho desde su asunción por la perdida salarial que hemos tenido. Llevamos 49 paros de 24 horas en dos años y medio”. 

A casi dos años y medio de la llegada de Javier Milei al gobierno, la principal oposición a su programa de ajuste y desregulación ha sido el Movimiento Obrero Organizado. La Confederación General del Trabajo (CGT) logró instalar una línea de acción efectiva: paro general, conflictividad organizada y judicialización. La ofensiva libertaria encontró sus primeros límites reales en la calle y en los tribunales, más que en los recintos.

En el siguiente dossier vas a conocer la palabra de los principales dirigentes sindicales de Argentina. Sus estrategias, su pensamiento y las acciones concretas que vienen llevando adelante que sostienen las afirmaciones que fueron volcados en las diversas notas. 

"La CGT es el espacio opositor que más hizo por los trabajadores en la era Milei", por Rodrigo Lugones.

Julio Piumato: "Nadie enfrentó este gobierno como el Movimiento Obrero”.

Abel Furlán: “No quiero hablar de candidaturas, pero está claro que Kicillof es el primero en las encuestas”.

Jorge Sola: "Primero hay que definir el proyecto de país, después el candidato”.

Walter Correa: "Entre Fate y Milei o Rocca y Milei tenemos que estar del lado de la producción".

Consejo bonaerense del trabajo: la provincia ensaya una respuesta peronista a la crisis de empleo.

Fernando Barrera, dirigente de UPCN, analiza las agresiones del gobierno y la movilización del 30 de abril.

En diálogo con “Más o menos bien” (sábados de 18 a 20hs por Radio con vos), Abel Furlán, secretario general de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), analizó la actualidad del país.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“El Congreso Nacional de Delegados y Delegadas Metalúrgicos tuvo como premisa principal la aprobación de los memoria y balance del año pasado, pero también hubo un debate sumamente importante sobre las cuestiones políticas de la organización. En ese contexto, queda muy a las claras que la principal demanda fue la paritaria y el tema del salario”.

“Hay una toma de conciencia sumamente importante de los trabajadores de la situación política. Muchos votaron a Javier Milei y hoy se dan cuenta que han sido una vez más defraudados y no tenidos en cuenta, que fundamentalmente se les ha mentido porque ya son casi tres años de una gestión que ha prometido transformar Argentina para que los trabajadores estemos bien y eso no ha sucedido. Por el contrario, se ha profundizado la pérdida de empleabilidad y del poder adquisitivo”.

“Había una necesidad de explicarle a los compañeros con mayor detenimiento y profundidad porqué fuimos una de las organizaciones convocantes para tratar de que el Movimiento Obrero recupere una centralidad, rol que había perdido, en defensa no sólo de los derechos de los trabajadores sino también de lo que está sucediendo en el país. Somos el gremio más importante de Argentina en cuanto a la industria y la situación que se vive hoy no nos puede pasar por el costado”.

“Hoy la principal disputa que hay entre Estados Unidos y China es quién se queda con el trabajo calificado. No se puede seguir tomando decisiones ignorando lo que ocurre en este mundo global”.

“La estrategia de paro y movilización o la judicialización no creo que sean contradictorias. Sí pensamos que no podemos estar dependiendo de un juez que dictamine a favor o en contra”.

“No quiero discutir candidato, por supuesto que Axel Kicillof está hoy en las encuestas como uno de los más preponderantes. A mí me parece lo que hay que discutir es el modelo de país. Después sí buscaremos el candidato, pero acá primero hay que pararle la mano a este gobierno que está dejando un país devastado”.

En diálogo con “Más o menos bien” (sábados de 18 a 20hs por Radio con vos), Jorge Sola, secretario general del gremio del Seguro y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) explicó el plan de lucha de cuatro pasos que derrotó al gobierno nacional en torno a la reforma laboral.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“La reforma laboral es uno de los aspectos donde el gobierno ha tratado de avanzar, con el aval del poder legislativo, pero hay por lo menos un juez que ha dicho que van a pararla hasta tanto se aclaren las inconstitucionalidades que se visibilizan o se previsibilizan que pueden suceder”.

“Estamos convencidos de que el camino que llevamos adelante, y que advertimos mientras se trataba la ley, es que este proyecto era en muchos aspectos inconstitucional. Tenemos confianza en que así lo va a dictaminar la justicia”.

“La ley, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, está tan cuestionada que no creo que haya ningún empleador que se anime a aplicarla y mucho menos que la justicia lo avale”. 

"Esta judicialización pone en debate lo que se trató en el recinto legislativo y ahí está la responsabilidad política, sobre todo de los legisladores que era, a todas luces y a sabiendas de lo que les había dicho la Confederación General del Trabajo, inconstitucional. Inclusive de aquellos que son afines ideológicamente a las propuestas de la CGT”.

“El Decreto 70/23 todavía está detenido en la Corte Suprema de Justicia y hace más de dos años que fue dictaminado como inconstitucional”.

“Nosotros representamos intereses de los trabajadores, que no necesariamente tienen una ideología o afinidad política. Hicimos 15 movilizaciones y 4 paros. Le hemos dicho al gobierno que lo que está llevando adelante como política de ancla económica va encontrar de los trabajadores”.

“Íbamos a seguir una estrategia de tres pasos: el reclamo en la calle, que lo hicimos, a cada uno de los legisladores, y judicial, que es lo que nos está dando resultado. Falta un cuarto paso, que es mucho más importante y más colectivo, que es crear un proyecto que pueda emocionar al resto de la ciudadanía y vaya en contra de un gobierno que a los trabajadores no los tiene como el objetivo final de la economía sino como un engranaje más”.

“No se trata de buscar un candidato que sea presidenciable, sino que primero hay que encontrar un proyecto que luego un candidato pueda llevar adelante. Para eso creo que es importante una mirada mucho más amplia que el peronismo, que me parece imprescindible pero no basta”.  

El dirigente sindical y el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, visitó APU en Radio con vos para reflexionar sobre la actualidad de los trabajadores. 

APU: ¿Qué pensás de la reforma laboral que finalmente se aprobó?

WC: Es un retroceso, más allá de todo lo que se pueda decir de los cambios reales en el mundo de los trabajadores. En la Argentina preperonista se trabajaba a destajo y ahora se implementa de nuevo. 

APU: ¿Qué es el trabajo a destajo?

WC: No tenés horarios, ingresos ni premios definidos. Vos tenés que hacer determinada cantidad de cosas y cobrás si realizás ese objetivo. Esa fue la Argentina pre-peronista. Es un retroceso muy grande, de 80 años. Hay que recuperar la agenda de los trabajadores. 

APU: Desde la provincia de Buenos Aires trabajaron en un proyecto para regular a los trabajadores de plataformas. ¿En qué consiste?   

WC: Hablan de modernidad y lo más moderno que se legisló  fue la ley de teletrabajo y la sacó el peronismo. En esta reforma la borraron. En provincia de Buenos Aires estamos trabajando de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando se discutió en la OIT, las potencias se unieron en recomendaciones no tan favorables para los trabajadores. Ahí se unieron China y Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros elaboramos un proyecto de ley en provincia de Buenos Aires teniendo en cueta esas recomendaciones. Desarrollamos una artículación entre el ministerio de Salud, de Seguridad, Transporte y Trabajo. Ahora esperemos que los diputados y los senadores puedan aprobarlo. 

APU: Hay trabajadores informales que te dicen sobre la reforma laboral: "A mi qué me importa si yo ya no tengo derechos". ¿Qué se dice ante eso?

WC: Se habla desde el peronismo cuya esencia es el trabajo y los derechos. Esta ley le saca derechos al que los tiene pero también afecta al que hoy no tiene derechos, porque manda toda la discusión al pre-peronismo. Hay que volver al peronismo revolucionario, no el de la rosca o la interna. El peronismo que transformó la vida de los trabajadores. 

APU: Lula se acaba de sacar una foto con Paolo Rocca. ¿Qué pensás de lo que debe ser la agenda del peronismo en relación a los empresarios y a la explotación de los recursos naturales?

WC: El peronismo transformó un país agroexportador en uno industrial. Esa es nuestra esencia. Nos quieren llevar otra vez a esa Argentina exportadora de recursos naturales. 

APU: ¿En la pelea de FATE con Milei o Rocca con Milei hay que defender a los empresarios?

WC: Hay que defender a la industria nacional como buenos peronistas que somos. Tenemos recursos naturales y tenemos una gran capacidad de nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores trabajan más que los japoneses. Hay muchos mitos en estos temas. La provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de la producción nacional. No se puede insultar a un empresario que produce en Argentina. Yo quiero empresarios que produzcan en Argentina con trabajadores argentinos. El peronismo debe dejar de ser el partido de los militantes para ser el partido del movimiento de los trabajadores. 

APU: ¿Qué te genera la frase "la CGT no hace nada"?

WC: El peronismo perdió el sujeto social, que son los trabajadores. Hay que recuperar al sujeto trabajador y su agenda. Yo estoy seguro que nosotros hubiéramos estado el 17 de octubre de 1945 pero muchos que forman parte hoy del peronismo no. No pueden caminar por la calle. 

APU: ¿Axel Kicillof lo ve de la misma manera?

WC: Me banca a mi, así que sí (risas). La semana pasada pudimos cerrar una paritaria difícil como la de los docentes. Nosotros podemos decir con orgullo que en provincia de Buenos Aires no se echó a ningún trabajador. Y eso es muy importante en este contexto donde el gobierno de Milei se jacta de echar a compatriotas. 

En tiempos de recesión, despidos y ofensiva contra los derechos laborales, la provincia de Buenos Aires acaba de dar un paso político que excede largamente la formalidad administrativa de una resolución.

Mediante la Resolución N° 37-MTGP-2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa oficializó la creación del Consejo Bonaerense del Trabajo: un nuevo ámbito institucional que reunirá al Estado provincial, los 135 municipios, las organizaciones sindicales, las cámaras empresariales y otros actores del mundo productivo para debatir políticas laborales, conflictividad sectorial, empleo e industria.

A primera vista puede leerse como un organismo consultivo. En una lectura más profunda, aparece como otra cosa: el intento de la Provincia de empezar a ordenar, desde abajo y con los actores de la economía real, una respuesta peronista a la crisis del trabajo argentino.

La resolución define al Consejo como un “espacio institucional de participación multisectorial” orientado a generar consulta, cooperación y articulación para el diseño de políticas públicas laborales con enfoque territorial. No es un detalle menor. En el mismo momento en que el gobierno nacional insiste con una reforma laboral pensada para debilitar la organización colectiva, abaratar costos y reducir el alcance protectorio del Estado, Buenos Aires elige una dirección inversa: más institucionalidad, más diálogo social y más presencia concreta de quienes producen, trabajan y gobiernan.

El Consejo funcionará bajo modalidad de asamblea, con integrantes ad honorem, presidido por el ministro de Trabajo, y tendrá entre sus funciones la elaboración de recomendaciones, informes y propuestas para otras áreas del Ejecutivo e incluso para instancias legislativas. Es decir: no sólo podrá discutir. También podrá producir política.

La primera sesión ya tiene fecha y lugar: será los días 28 y 29 de mayo en el Hotel Provincial de Mar del Plata. El dato, confirmado por la propia cartera laboral, no es menor. Mar del Plata condensa, como pocas ciudades, la tensión entre la matriz productiva bonaerense, la estacionalidad del empleo, la precarización creciente y la persistencia de un movimiento obrero con densidad histórica. No es casual que allí arranque este proceso. Y tampoco es casual que el reglamento permita la creación de comisiones permanentes y transitorias: si el Consejo encuentra método, continuidad y dirección política, podría dejar de ser una simple foto tripartita para convertirse en una verdadera mesa de poder social.

Hay una secuencia que ayuda a leer el movimiento. En enero, el Ministerio lanzó “Trabajo Bonaerense 2026”, un operativo de inspección intensiva en comercio, hotelería, gastronomía, nocturnidad, balnearios y transporte en la Costa Atlántica, es decir, allí donde el trabajo estacional suele convivir con informalidad, abuso y fragilidad contractual. En febrero, aceleró la digitalización de trámites con el nuevo Portal de Trabajo, con la promesa de menos papeleo, más rapidez y mayor transparencia. Y en abril celebró un fallo de la Suprema Corte bonaerense que confirmó multas aplicadas a dos empresas de plataformas, ratificando la capacidad de la Provincia para intervenir allí donde las corporaciones digitales pretenden esconder relaciones laborales bajo el ropaje de un vínculo “comercial”. No son hechos aislados: son piezas de una misma orientación. La Provincia no se retira del mundo del trabajo; lo inspecciona, lo regula, lo moderniza y lo disputa.

Esa orientación tiene además un contenido doctrinario que vale la pena subrayar. El gobierno de Axel Kicillof, con Walter Correa como uno de sus cuadros más nítidos en materia laboral, viene construyendo una posición que no se limita a resistir la reforma libertaria. Busca algo más ambicioso: reponer una discusión de fondo sobre qué modelo productivo, qué tipo de relaciones laborales y qué forma de Estado necesita la Argentina. En esa línea, el Ministerio ya había presentado meses atrás un documento de unas 60 páginas contra la llamada “modernización laboral” del oficialismo nacional, junto a Carlos Bianco, con participación de sindicatos, cámaras empresarias, PYMEs y especialistas. El Consejo Bonaerense del Trabajo aparece, entonces, como la institucionalización de esa hipótesis: que la discusión sobre el trabajo no puede quedar en manos de tecnócratas del ajuste ni de CEOs, sino que debe volver a ser un problema político a resolver de cara al pueblo organizado.

En el peronismo, el trabajo nunca fue una variable más. Fue el gran organizador de la vida social, la base material de la movilidad ascendente, el vínculo entre dignidad y ciudadanía, el corazón de una idea de Patria. Por eso la mesa tripartita entre Estado, sindicatos y empresarios tiene una resonancia inevitable con las experiencias históricas del primer peronismo: no como postal nostálgica, sino como recordatorio de que la productividad, el salario, la tecnología, la industria y la justicia social forman parte de una misma discusión. El contexto actual, por supuesto, es mucho más fragmentado: cadenas globales, plataformas, empleo informal, tercerización, caída del mercado interno, endeudamiento social. Pero la intuición de fondo sigue siendo válida: no hay salida nacional posible si quienes producen, quienes trabajan y quienes gobiernan no vuelven a sentarse a discutir el destino común de la Patria bajo una misma concepción de Proyecto Nacional.

Por eso el Consejo puede ser leído como algo más que una herramienta bonaerense. Puede ser el primer ensayo serio, todavía embrionario, de una reforma laboral progresiva del peronismo para el siglo XXI. No una reforma para quitar derechos en nombre de la eficiencia, sino para actualizar marcos, ordenar nuevas formas de empleo, reconocer sujetos laborales emergentes y volver a ligar trabajo con desarrollo industrial. En los pasillos del oficialismo provincial ya lo dicen, aunque todavía en voz baja: de esta mesa podrían salir insumos para una agenda de gobierno nacional futura. La frase no suena exagerada. Si la reforma nacional intenta imponer una modernización sin protección, la Provincia parece ensayar otra fórmula: modernizar sin desregular, producir sin precarizar, ordenar sin flexibilizar. Pensar un futuro con derechos, alejándonos de la idea de futuro como proceso que nos lleva inevitablemente al colapso.

Queda, claro, la prueba decisiva: que el Consejo no termine en el ritual conocido de muchos organismos consultivos, la foto correcta y el documento que nadie vuelve a abrir. Pero también es cierto que en la Argentina de hoy casi no existen espacios institucionales que se animen a pensar el conflicto laboral como parte de una estrategia de desarrollo, y no como un obstáculo que hay que barrer. Si logra consolidarse como un ámbito real de escucha, elaboración y construcción de acuerdos, el Consejo Bonaerense del Trabajo puede convertirse en algo poco frecuente en este tiempo: una respuesta política con densidad histórica, una herramienta de la comunidad organizada y un primer gesto serio para volver a discutir, desde la provincia más importante del país, qué hacer con el trabajo, qué hacer con la industria y qué hacer con la Patria.

En su reciente presentación ante la Cámara de Diputados el jefe de gabinete anunció que a la fecha se habían presentado al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) un total de 35 proyectos que sumaban inversiones por un total de US$ 94.965 millones, de los cuales ya estaban aprobados 13 grandes proyectos de inversión por un total de US$ 27.210 millones; los otros 22 proyectos se encuentran en proceso de evaluación y totalizan US$ 67.755 millones adicionales.

Detrás de estos anuncios espectaculares se esconde una realidad mucho más modesta que es necesario tomar en cuenta, incluyendo el avance efectivo de esos proyectos, los beneficios que ofrece, las contraprestaciones delos inversores, la oportunidad del régimen y algunos cambios que resultarían necesarios a futuro.

Los proyectos aprobados

Según lo analizado los 13 proyectos aprobados corresponden a inversiones industriales y de infraestructura logística; inversiones mineras e inversiones energéticas, que totalizan los siguientes valores:

• 2 proyectos industriales o de logística, con una inversión total de US$ 563 millones; generarían 13.500 puestos de trabajo (23,98 puestos de trabajo/millón US$ invertido).

• 7 proyectos minería, con una inversión total de US$ 8.104 millones; generarían 18.880 puestos de trabajo (2,33 puestos de trabajo/millón US$ invertido).

• 4 proyectos energéticos, con inversión total de US$ 18.543 millones; generarían 4.490 puestos de trabajo (0,24 puestos de trabajo/millón US$ invertido).

Los detalles de cada proyecto incluyendo inversores, inversión comprometida, puestos de trabajo que se generarían y su relación con el capital a invertir, son los siguientes:

1) YPF Luz – Parque solar fotovoltaico “El Quemado”: Parque solar en Mendoza, inversión de USD 211 millones. Potencia instalada de 305 MW; generación de 200 MW y creará 384 empleos entre directos e indirectos (1,82 empleos/MMUS$ invertido).

2) Vaca Muerta Sur (VMOS) – Consorcio liderado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: Oleoducto e infraestructura en Río Negro para duplicar las exportaciones de petróleo; inversión inicial de USD 2.900 millones. Capacidad de 700.000 barriles diarios; exportaciones estimadas en USD 16.600 millones anuales. creará 3.108 empleos (1,07 empleos/MMUS$ invertido).

3) Southern Energy – Proyecto GNL - Propiedad de Pan American Energy y Golar LNG: Barcaza en el Golfo de San Matías para producir Gas Natural Licuado; inversión total de USD 15.156 millones. Creará 836 empleos (0,06 empleos/MMUS$ invertido).

4) Rincón – Río Tinto: Ampliación a 60.000 toneladas anuales de litio grado batería de su proyecto de litio en Salta; inversión USD 2.744 millones. Creación de 1.985 empleos (0,72 empleos/MMUS$ invertido).

5) Sidersa: Planta siderúrgica de última generación en San Nicolás (Buenos Aires) que producirá 360.000 toneladas anuales de aceros largos con enfoque en acero “verde”. Inversión USD 286 millones. Generará 3.800 empleos (13,29 empleos/MMUS$ invertido).

6) Parque eólico Olavarría – PCR y Acindar: Parque eólico en Buenos Aires; en su primera etapa producirá 180 MW. Inversión de USD 276 millones;creará 165 empleos (0,60 empleos/MMUS$ invertido).

7) Hombre Muerto Oeste – Galán Lithium: Producción en Catamarca de cloruro de litio de alta calidad; proyecta exportaciones por USD 374 millones anuales; inversión USD 292 millones Generará 670 empleos (1,79. empleos/MMUS$ invertido).

8) Proyecto Los Azules – McEwen Copper: Explotación de cobre en San Juan; inversión USD 2.672 millones. Generación de  7.391 empleos (2,76 empleos/MMUS$ invertido).

9) Terminal Multipropósito Timbúes: Terminal portuaria en Santa Fe. Contará con dos muelles y capacidad para agrograneles, cargas generales y líquidos.erminales; inversión USD 277 millones.  Generará 9.700 empleos (35,02 empleos/MMUS$ invertido).

10) Nuevo Gualcamayo – Minas Argentinas: Reactivación de a mina de oro Gualcamayo en San Juan; inversión USD 665 millones. Generación de  4.500 empleos (6,77 empleos/MMUS$ invertido).

11) Veladero – Ampliación - Consorcio Minera Andina (Barrick Gold y Shandong Gold): Ampliación de la producción en San Juan. Se estiman exportaciones por USD 3.800 millones; Inversión USD 436 millones. Generará 1.048 empleos (2,40 empleos/MMUS$ invertido).

12) Diablillos – AbraSilver: Proyecto de oro y plata en Salta y Catamarca. Inversión USD 764 millones. Generará 2.013 empleos (2,63 empleos/MMUS$ invertido).

13) Expansión Fénix Fase 1B – Río Tinto: Ampliación de producción de litio en Catamarca. Inversión USD 531 millones. Generará 1.273 empleos (2,40 empleos/MMUS$ invertido).

Hasta aquí la información oficial proporcionada. Interesa ver la realidad de lo realmente ejecutado hasta el momento, según la información disponible:

1. Hombre Muerto Oeste, es el más adelantado con avance del 92%

2. El proyecto YPF Luz – Parque solar fotovoltaico “El Quemado” presenta un avance de obra superior al 80%;

3. Vaca Muerta Sur, con un avance de obra informado superior al 51%;

4. Sidersa, avance de obra del 15%

5. Terminal Multipropósito Timbúes, informa el inicio de la ejecución

6. Nuevo Gualcamayo, en etapa de ejecución de la ingeniería

Los 7 proyectos restantes no habrían comenzado la ejecución o se encontrarían en etapas de evaluación final o búsqueda del financiamiento.

El estimado de las inversiones ya ejecutadas roza los US$ 2.000 millones, un 7,4% del total comprometido, un valor que puede ser considerado razonable tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la presentación de los proyectos aprobados.

Análisis del régimen y de las incógnitas que plantea

A continuación y sobre la base de los proyectos aprobados y los presentados evaluaré el nivel de los beneficios que conceden; los requisitos y los compromisos que deben asumir los inversores; el valor agregado y la mano de obra que generan, concluyendo con respecto a la oportunidad del RIGI.

Nivel de los beneficios que concede

Según lo establece el decreto reglamentario Nº 749/2024 de la ley Nº 27.743, los principales beneficios son:

1. Estabilidad Normativa y Fiscal: Garantía de 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria, lo que implica que las normas no cambiarán a regímenes más restrictivos durante ese periodo.

2. Incentivos Cambiarios: Libre disponibilidad de divisas para la exportación. Los proyectos podrán disponer del 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercer año, facilitando la remisión de utilidades.

3. Beneficios Fiscales:

• Impuesto a las Ganancias: Reducción de la alícuota general al 25%.

• Amortización Acelerada: Sistema que permite deducir los bienes de capital más rápido.

• Quebrantos: Los quebrantos impositivos no prescriben y, tras 5 años, pueden ser transferidos a terceros.

• IVA: Posibilidad de cancelar obligaciones con Certificados de Crédito Fiscal.

4. Beneficios Aduaneros: Exención de derechos de importación y tasas asociadas para el 80% de la maquinaria y bienes de capital necesarios para el proyecto.

5. Seguridad Jurídica: Creación de un panel para resolver disputas (arbitraje internacional).

Requisitos y compromisos de los inversores

1. Montos Mínimos de Inversión: En general los proyectos deben superar los US$ 200 millones en activos computables, con excepciones específicas: US$ 300 millones para transporte y almacenamiento de petróleo/gas; y US$ 600 millones para explotación y producción de petróleo/gas de exportación.

2. Orígen nacional para el 20% de la maquinaria y los bienes de capital necesarios para el proyecto

3. Sectores Estratégicos: Las inversiones en sectores clave como minería, energía (incluidas renovables), petróleo y gas, infraestructura, tecnología, siderurgia, forestoindustria y turismo.

4. Plazos y Solicitud: La adhesión al régimen está disponible hasta el 8 de julio de 2027.

5. Comercialización: Se requiere que los proyectos tengan un enfoque en la generación de valor, el desarrollo económico y la exportación de productos.

Valor agregado y mano de obra que genera

• El régimen plantea la necesidad de generar valor, pero no de generar valor agregado ni de generar empleo. Con ello se promueve la exportación de bienes primarios sin procesar.

• El régimen no diferencia entre proyectos con elevada generación de empleo, notoriamente los industriales y de infraestructura logística de los proyectos energéticos de mínima generación de empleo

• Tampoco diferencia localizaciones más favorecidas por la mejora de la densidad productiva

Los proyectos en evaluación

Entre los 22 proyectos que fueron presentados y se encuentran en evaluación se diferencian 3 proyectos industriales o de infraestructura, con inversiones estimadas en US$ 2.960 millones (4,4% del total en evaluación); 12 proyectos mineros, con inversiones por US$ 39.172 millones (57,8% del total); y 7 proyectos energéticos con inversiones estimadas en US$ 25.602 millones (37,9% del total en evaluación).

Estos 22 proyectos en evaluación más los 13 proyectos aprobados totalizan los casi US$ 95.000 millones anunciados en el informe presentado por el jefe de gabinete a la Cámara de Diputados.

A la fecha no se han presentado proyectos de foresto industria, de tecnología ni de turismo, también contemplados en el RIGI.

Oportunidad del RIGI

Con la sola excepción de los 5 proyectos industriales o de infraestructura (2 aprobados y 3 en evaluación), con inversiones totales estimadas en US$ 3.523 millones, apenas un 3,7% del total presentado a la fecha, el RIGI parece carecer de sentido.

Esta conclusión se fundamenta en el hecho que las oportunidades en que se fundamentan los proyectos mineros y los proyectos energéticos (96,3% del total de inversiones presentadas) se originan y están indisolublemente unidos a dos factores: el primero, la existencia de recursos naturales en cantidades muy importantes a nivel mundial; y el segundo, las ventajas de competitividad que presentan las explotaciones de esos recursos con respecto a otras localizaciones en el resto del mundo.

En otras palabras, esos proyectos y otros de similares características se presentaron o se presentarán en el futuro aún en ausencia del RIGI.

A ello se une el hecho de que los beneficios establecidos por el RIGI superan a los beneficios establecidos por otros mecanismos de promoción de inversiones vigentes en nuestro país.

Hacia el futuro

Tomando en consideración la falta de oportunidad y en la gran mayoría de los casos la falta de necesidad del RIGI, parece indispensable una profunda revisión del régimen, lo que muy probablemente deberá esperar a la instalación de un próximo gobierno.

A modo de antecedente de los cambios que se vienen sugiriendo, cabe tener en consideración los aportes a una política de promoción laboral y productiva, que toma en cuenta al trabajo y a las pequeñas, medianas y grandes inversiones; esos aportes fueron elaborados por un equipo de trabajo conjunto integrado por 11 miembros del Movimiento Productivo 25 de Mayo y de la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria.

Partiendo del hecho que la producción y el empleo están indisolublemente unidas las políticas sugeridas incluyen la necesidad de no promover aisladamente a la producción sino también promover en simultáneo a la generación de empleo.

Asimismo esas propuestas diferencian la magnitud de los beneficios a conceder en función de las características del sector de actividad, de la localización y del tamaño de los inversores; por otra parte, los aportes propician la necesidad de establecer compromisos de cumplimiento obligatorio por parte de los inversores como contraprestación al conjunto de la sociedad por los beneficios recibidos.

Para salir de la profunda crisis en que nos encontramos sería de fundamental importancia que el empleo, la producción y la soberanía, junto al respeto irrestricto de los derechos humanos, se constituyan en los ejes centrales de las futuras políticas.