Régimen Penal Juvenil: el protocolo para que directivos de escuelas de CABA denuncien a alumnos
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo protocolo en el que sugiere que los directos de las escuelas porteñas tienen el “deber” de denunciar a sus estudiantes mayores de 14 años en casos que puedan enmarcarse dentro del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia este mes. Según la directriz, queda habilitada la intervención policial dentro de los establecimientos en casos considerados “urgentes”, como la sospecha de portación de armas u hechos que atenten contra la integridad psicofísica de las personas presentes en la institución.
La medida fue oficializada el lunes pasado mediante la Resolución Conjunta N°1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. El fin de semana Federico Puy, secretario general adjunto de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), difundió el documento en su cuenta de Twitter y advirtió que el nuevo protocolo “obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que podrían estar cometiendo un delito”.
Para Puy, el reglamento "constituye una clara persecución a los jóvenes". La Resolución lleva la firma de los Ministerios de Educación, Justicia y Seguridad de CABA, además del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que acordaron la aprobación de los siguientes dos documentos: “Lineamientos generales sobre el impacto del régimen penal juvenil en el ámbito educativo” y “Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal”.
En los “Lineamientos” se establecen los cambios que entraron en vigencia, como la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años y que la aplicación del régimen puede resultar aplicable con independencia del tipo de delito o de la pena prevista, entre otros. El documento también indica que “todos los delitos previstos en el Código Penal de la Nación o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro podrán dar lugar a responsabilidad penal desde esa edad, incluso aquellos que bajo el régimen anterior no resultaban punibles para los adolescentes”.
Sintonía con el gobierno nacional de Milei
En consonancia con el mandato del actual gobierno nacional y del operativo “Tormenta Negra” que asuela los asentamientos pobres porteños, el Gobierno de Jorge Macri -quien realmente hace honor a la historia familiar- implementa los cambios de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil incorporando a las instituciones educativas en el entramado penalizador.
La escuela es uno de los pocos ámbitos que conserva aún cierta referencia en los y las jóvenes frente al desmantelamiento sin pausa que han ido sufrido las instituciones estatales que atienden a los sectores empobrecidos en un país que se fue moldeando, a partir de la última dictadura militar, al servicio del capital.
Aun así, malherida y maltrecha, la escuela sobrevive como puede, sabiendo que la historia que cada joven porta en su espalda es una pequeña muestra del país que hemos visto y vemos con el corazón en franca retirada. Esa ola arrasadora, que implacablemente durante décadas fue dejando a millones de niños, niñas y jóvenes de familias empobrecidas a la intemperie sin futuro alguno que no sea la brutal naturalidad de la sobrevivencia diaria, atravesó la institución escolar y colocó a los docentes en una situación difícil de dirimir.
La consigna es denunciar a los y las alumnas, sumergir a los directivos en la delación y abrir el ingreso a la policía al interior de las escuelas. Para el Gobierno de la Ciudad la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil necesita una escuela sumisa, auxiliar de la policía y la Fiscalía. Nada les basta para saciar al capital hambriento que necesita controlar las aguas tormentosas de una juventud insurrecta. Por eso, ahora apela al saqueo de la conciencia humana inscripta en el vínculo pedagógico que une a los educadores y educadoras con sus educandos y educandas para convertirlos en cómplices necesarios de su latrocinio.
Todos y todas sabemos que los territorios donde generalmente viven estos adolescentes están manejados y controlados por grandes organizaciones criminales de narcotráfico, trata de personas o simplemente delito organizado, con la anuencia fiel de una policía y una justicia que miran para otro lado y un puntero del gobierno de turno que asume el canal con el poder político que encubre. En los centros de salud no suele haber médicos suficientes, ni medicamentos, ni insumos y los hospitales a donde se derivan a estos jóvenes están abarrotados de turnos emitidos que terminan dando siempre una respuesta tardía.
Estos adolescentes y sus familias suelen vivir amontonados y hacinados en el rincón que pueden por la falta de viviendas o alquileres imposibles de pagar. De nada de esto habla la resolución que pomposamente recita en forma verdaderamente hipócrita los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para el Gobierno de la Ciudad hay que convertir las escuelas en una especie de purgatorio del circuito de penalización.