Perfil de Boquín: la fiscal que evitó el pago del acuerdo de los $70 mil millones perdonados a la familia Macri

Por Redacción APU

La fiscal general ante la Cámara de Apelaciones del fuero Comercial de Capital Federal y la titular del Programa de Defensa de los Derechos del Consumidor de la Procuración General de la Nación, Gabriela Boquín (47), emitió tres dictámenes, a partir del 31 de diciembre del año pasado que desataron un terremoto político en la gestión del presidente Mauricio Macri.

Tras la conferencia de prensa del viernes pasado donde Macri reconoció su “error” en el acuerdo firmado por el Gobierno por la deuda de Correo Argentino, queda por verse como se expedirá la Cámara Comercial sobre lo actuado por el Gobierno. La cámara ahora debe expedirse sobre la homologación del acuerdo denunciado por la fiscal donde el Estado argentino le condonaba el 98.8% (70 mil millones de pesos al 2033) de la deuda del grupo familiar Macri.

A pesar de las tentativas de “tercera líneas” del Gobierno por asociar a la fiscal con la agrupación Justicia Legitima, el intento no fue fructífero. A tal punto que en la conferencia de prensa del viernes, el presidente en ningún momento objetó la investigación de la fiscal. Por el contrario, el presidente reconoció que  es “falible” y “que no es un mago”. 

Las operaciones mediáticas de intentar “kirchnerizar” a la fiscal no se condecían con el perfil de Boquín, que fue formada en la conservadora Universidad Católica Argentina, donde además dicta clases. Por otro lado, la magistrada tuvo una participación en la investigación que realizó la Justicia Federal sobre la quiebra de Ciccone Calcográfica, que había sido hasta el momento su caso más resonante. En el pasado, Boquín trabajó en la Inspección General de Justicia (IGJ) como asesora y también en el Colegio de Abogados de Capital Federal donde ejerció varios cargos.

Las consecuencias de denunciar a un presidente

Los dictámenes presentados objetando como “abusivo” el acuerdo del Gobierno por la deuda del Correo tuvieron consecuencias impensadas para la seguridad de la fiscal. El 17 de febrero trascendió la denuncia de Boquín ante la Procuración General, señalando que la custodia designada para su seguridad por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, se ausentó por un lapso de 10 horas sin dar explicaciones. La custodia había sido asignada en diciembre pasado por una serie de amenazas recibidas por Boquín en otras causas. La ausencia de la custodia se daba justo cuando se había hecho pública la resolución del Ministerio Público Fiscal

No es la primera vez que la fiscal recibe presiones. Diversos estudios jurídicos del conservador Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, vienen hace tiempo realizando lobby para intentar desplazar a la magistrada. Es que Boquín tuvo intervenciones judiciales en conflictos de fábricas recuperadas por los trabajadores. Para algunos de los estudios jurídicos nucleados en “el Colegio de la Calle Montevideo” las intervenciones de la fiscal “son un problema”.  Concretamente, en junio del año pasado, la fiscal había logrado tras su intervención que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fallé a favor de los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Cueroflex Ltda.  En esa ocasión “los magistrados de Cámara decidieron hacer lugar a la apelación planteada por la Cooperativa y dejar sin efecto lo planteado por el juez de primera instancia”, destacaron desde el MPF.