Las causas de la proscripción a Cristina: ante una Corte subordinada al poder económico

Como es sabido el triunvirato que integra la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin considerar el fondo, las irregularidades o la carencia de pruebas de la causa denominada “Vialidad”, confirmó la condena a prisión, la inhabilitación a perpetuidad para ejercer la función pública y la proscripción electoral de la Presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, luego de que hiciera pública su candidatura a legisladora de la Provincia de Buenos Aires.

La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Ronsencrantz es injusta, violenta los derechos de los ciudadanos electores y hiere de gravedad a la democracia,  al vulnerar el “principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” que establece en su Artículo 33 la Constitución Nacional.

Resulta muy claro que estos tres jueces están convalidando el armado de causas judiciales, con el fin de erosionar la imagen pública, perseguir, condicionar, o incluso imponer la muerte política y jurídica, de gobernantes, funcionarios públicos, dirigentes, integrantes y estructuras de organizaciones políticas, sindicales, sociales, promotores de una economía con justicia social, que defienden el trabajo, la producción, los recursos y la soberanía de nuestro país, frente a la voracidad sin límite del poder económico- financiero y las apetencias de potencias extranjeras.

Las causas de la condena a Cristina Fernández de Kirchner residen en que presidió gobiernos que recuperaron la economía con una más justa distribución de la riqueza y ampliación de derechos. Ese castigo, fue exigido desde siempre por los dueños de la prensa hegemónica, socios de la Asociación Empresaria Argentina, y de otros representantes de las grandes corporaciones económicas y financieras que actúan en nuestro país. E incluso reclamada en forma descarada por los voceros mediáticos de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por si esto fuera poco, en una abierta intromisión en los asuntos propios de nuestro país, el fallo fue anticipado por una inaceptable sanción del Gobierno de Donald Trump prohibiéndole a quien fue Presidenta de los argentinos la entrada a los Estados Unidos. 

Tal como señalamos entonces esa sanción fue adoptada, por ese gobierno extranjero, tras la decisión del Partido Justicialista de respaldar una carta del Bloque de Senadores de Unión por la Patria a los miembros del FMI, en relación al préstamo convenido en un “Acuerdo de Servicio Ampliado" antes de su aprobación en abril de este año. Ese escrito advirtió sobre “la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas”, y sostuvo, con razón, que “firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina, no solo acarreará su absoluta nulidad, sino que, como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado Argentino”.

En conclusión, como sucede con el Poder Ejecutivo, la Corte está subordinada al poder económico y al FMI, que hoy cogobierna nuestro país en nombre de los acreedores financieros. Y es funcional a sus intereses.

De allí la manifiesta inacción judicial en cuanto a las causas referidas al fraudulento, impagable, e ilegal endeudamiento de nuestro país con ese Fondo, por los gobiernos de Mauricio Macri y ahora de Javier Milei. Así se oculta la estafa criminal que sostiene este esquema económico inviable, basado en la especulación financiera, que nos llevan a deliberadamente a un nuevo quebranto, la miseria de nuestra sociedad, y a la cesión de nuestros recursos naturales estratégicos.

O ante la usurpación ilegal por parte del Poder Ejecutivo de las facultades legislativas del Congreso de la Nación, vía Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Así Milei se autoriza a sí mismo, e impone un brutal ajuste para cumplir con las condiciones de los acreedores. Un ajuste que pagan las y los jubilados, los niños, los discapacitados, los trabajadores, la salud, la educación, la mayoría de las empresas del mercado interno; que determina la caída de sus ingresos, derechos y patrimonio, de la actividad y el empleo. Esto mientras, con esos mismos decretos ilegales, libera de cargas a quienes se benefician con el brutal endeudamiento de nuestro país.

O en relación al intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, o al apaleamiento sistemático de jubilados que reclaman ante la negación sus derechos a los alimentos y la salud, o al ataque salvaje a periodistas que registran la crueldad de las fuerzas de seguridad.

O, por citar otros de muchos ejemplos de corrupción y tráfico de influencias, en cuanto a las causas judiciales relativas a la falta de pago de los cánones del Correo Argentino, o a los negociados con los parques eólicos o las empresas de peajes. 

No dudamos que este momento de la crisis institucional, económica y social que atravesamos exige reclamar:

• El juicio político por mal desempeño de sus funciones a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que promueve la Asociación Argentina de Juristas.
• Como ciudadanos electores la libertad y anulación de la proscripción como candidata de Cristina Fernández de Kirchner.
• El cese de toda acción represiva del derecho constitucional a manifestarse por el reclamo de Justicia Social y en defensa de la Democracia.

Y también, pues el castigo que exige el poder real - en función de sus intereses - es también social, económico y alcanza a la mayoría de los argentinos:

• El cese de los despidos, de la apertura de las importaciones, de las políticas de ajuste que hunden la economía, la salud y la educación.
• La inmediata recuperación del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, salario social complementario, y asignaciones familiares, imprescindible para mejorar las condiciones de vida e incentivar la demanda interna.
• La anulación de todos los Decretos de Necesidad y Urgencia del Gobierno de Javier Milei, así como la denominada Ley de Bases y toda otra normativa que vulnere derechos laborales y constitucionales o ceda recursos naturales estratégicos.

Con el compromiso de unidad en el estado de movilización popular por estos reclamos, ante las próximas elecciones legislativas nacionales, reiteramos la necesidad de acordar un plan común que represente la participación, derechos y objetivos de los trabajadores, junto a los de otros sectores vinculados al mercado interno y al interés nacional, construyendo la fuerza necesaria para superar este desastre.

FORO ECONOMIA Y TRABAJO 

Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Hugo Castro, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti,   José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Felisa Miceli, Nicolás Malinovsky, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Tomás Raffo, Andrés Repar, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Eduardo Berrozpe (coordinador).

Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com